CSJ - SL2069-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2069-2023 Radicación n.° 92944 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 12 de agosto de 2021, en el proceso que instauró MARÍA MAGDALENA ECHEVERRY CÁCERES en representación de MAYRA EFIGENIA ECHEVERRY ECHEVERRY, en contra de la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Mayra Efigenia Echeverry Echeverry, representada legalmente por su progenitora María Magdalena Echeverry Cáceres, demandó a la sociedad antes mencionada, con el fin de que se le reconozca como única beneficiaria de la pensión

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Radicación n.° 92944 de sobrevivientes de José de Jesús Echeverry, en calidad de hija, desde la fecha de fallecimiento del pensionado, que lo fue el 22 de mayo de 2008, junto con los intereses moratorios, las mesadas indexadas, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas procesales. Fundó sus pretensiones, básicamente, en que al causante José de Jesús Echeverry se le reconoció pensión de jubilación vitalicia mediante la Resolución 1802 del 2 de diciembre de 1991, a partir del 16 de octubre del mismo año;

que en el acto administrativo quedó plasmado que la pensión estaba a cargo de Electrolima hasta que el señor Echeverry cumpliera los requisitos de edad y tiempo para que la obligación fuera subrogada por el ISS. Que mediante Resolución 551 del año 2000, el Instituto de Seguros Sociales le otorgó la de vejez; y que, a partir de ese momento, la primera entidad se hizo cargo del mayor valor, conforme lo señala el acto administrativo 054 del 2 de marzo del año 2000. Aseveró ser hija del causante y que este, desde la suscripción de la póliza de renta vitalicia, la designó como beneficiaria en caso de su fallecimiento; que realizó la reclamación de la prestación de sobreviviente ante la demandada, quien se la negó bajo el argumento de la inexistencia de «parentesco que la acredite como beneficiaria». Al dar respuesta a la demanda, la sociedad accionada

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Radicación n.° 92944 se opuso a las pretensiones (f.º 148 tomo 3) y en cuanto a los hechos adujo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que la señora Judith Elena Vizcaíno Varela también había demandado, en calidad de compañera permanente, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, ante el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de Ibagué despacho judicial que ordenó vincular a Mayra Efigenia Echeverry Echeverry y determinó que esta última no era beneficiaria en calidad de hija del señor Echeverry Ayala, «comoquiera que resultaba incomprensible

que la misma fuera procreada por el mismo señor Echeverry Ayala con su propia hija»; por tanto, en sentencia ejecutoriada el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, se había considerado que las actuaciones del finado resultaban fraudulentas.

Acto seguido indicó:

8. El causante, sin serlo, registró a la hija (Mayra Efigenia Echeverry Echeverry) de su hija (María Eugenia Echeverry Cáceres), lo que pudiera significar una de dos cosas: O que ocurrió el hecho típico contemplado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000 (incesto), o lo que no es menos grave, la del artículo 288 del mismo estatuto (obtención de documento público falso, pues desde la vigencia del artículo 30 de la Ley 45 de 1936, en la legislación civil colombiana no existen los hijos alimentarios) ninguna de las cuales puede generar derechos.

Pero sin duda, y al margen de lo anterior, la situación de la menor Mayra Eugenia Echeverry Echeverry fue resuelta en el proceso ya anotado, sin que haya lugar a reabrir la discusión sobre la procedencia de la sustitución respecto de ella, pues en el mencionado trámite judicial quedó definido con efectos de res iudicata […] En su favor propuso las excepciones de mérito que

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Radicación n.° 92944 tituló: acto ilícito, cosa juzgada, ausencia de calidad de beneficiario y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín,

mediante fallo del 3 de septiembre de 2020, resolvió: Primero: declarar que la joven Mayra Efigenia Echeverry Echeverry no es beneficiaria de la pensión de sobrevivencia del señor José de Jesús Echeverry Ayala, por los motivos indicados en la parte argumentativa de esta sentencia.

Segundo: absolver a la sociedad demandada Seguros de vida Suramericana S. A. de la pretensión de la joven Mayra Efigenia Echeverry Echeverry […] de obtener pensión de sobrevivencia por la muerte del señor José de Jesús Echeverry Ayala.

Tercero: conceder el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante […] Cuarto: declarar que sale próspera la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de sobrevivencia a la demandante por la demandada […]. No se declara probada la excepción de cosa juzgada, pues no quedó probada. Las demás excepciones quedan resueltas conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

Quinto: costas procesales a cargo de la parte vencida en juicio

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante proveído el 12 de agosto del 2021, decidió: […] revoca la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por María Magdalena Echeverry Cáceres, en representación de su

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Radicación n.° 92944 entonces hija menor Mayra Efigenia Echeverry Echeverry, en contra de la sociedad Seguros de Vida Suramericana S.A., para en su lugar, declarar a Mayra Efigenia Echeverry Echeverry, beneficiaria de la sustitución pensional generada por el deceso de José de Jesús Echeverry Ayala y en consecuencia condenar a la sociedad Seguros de Vida Suramericana S.A., a pagarle las mesadas causadas a partir del 23 de mayo de 2008, en los términos acordados en el contrato de Renta Vitalicia Inmediata pensión con conmutación número 088020000560 del mes de diciembre de 2006, con renta mensual para el año 2008 de $4.311.641,oo, hasta el 13 de diciembre de 2019, cuando arribó a la edad de 18 años, y en adelante, hasta los 25 años, siempre y cuando acredite, en los términos de ley, la condición de estudiante, con intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre los montos adeudados, aplicados a partir del 23 de julio de 2008. Se autoriza a la sociedad demandada a descontar del monto de las mesadas adeudadas, el aporte a salud a cargo de la joven Mayra Efigenia Echeverry Echeverry. En los términos del numeral 4 del artículo 365 del C. G. del Proceso, las costas en ambas instancias corren a cargo de la sociedad demandada y a favor de la demandante. En esta se fijan agencias en derecho en la suma de $1.817.052,oo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó los problemas jurídicos a: i) determinar si se configuraba o no la cosa juzgada al haberse promovido acción judicial por parte de la señora Judith Elena Vizcaíno Varela en la que se dispuso la integración de la parte activa con la menor Mayra Efigenia Echeverry Echeverry sin que esta compareciera a aquél proceso; y en caso de darse respuesta negativa, ii) definir si había o no lugar al reconocimiento de la sustitución pensional, junto con los intereses moratorios e indexación. En primer lugar, adujo que del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la aseguradora demandada se infería que la Electrificadora del Tolima S. A.

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Radicación n.° 92944 ESP, le otorgó pensión de jubilación convencional al causante José de Jesús Echeverry Ayala, mediante Resolución del 2 de diciembre de 1991, con la salvedad de que una vez cumplidos los requisitos para obtener pensión de vejez del ISS, la empresa únicamente estaría a cargo del mayor valor; que posteriormente, el 28 de enero del año 2000, el ISS le confirió la prestación bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 22 de junio de 1995, según Resolución 00551 de 2000; y que con acto administrativo 0054 del 2 de marzo del año 2000, Electrolima

S. A. ESP decretó la compartibilidad pensional y fijó el mayor valor a reconocer.

Adujo que la obligación pensional de la Electrificadora

fue conmutada con Seguros de Vida Suramericana S. A., mediante póliza suscrita el 29 de diciembre de 2006, en la que se relacionaron como asegurados y/o beneficiarios el causante y Mayra Efigenia Echeverry Echeverry, con «parentesco hija». Agregó que estaba demostrado que el 10 de enero del año 2002 se inscribió el nacimiento de la demandante por parte del señor José de Jesús Echeverry Ayala como padre y María Magdalena Echeverry Cáceres como madre, según constaba en el registro civil (f.° 4); y que también estaba probado que el causante falleció el 22 de mayo de 2008. Acotó que con ocasión al deceso del señor Echeverry Ayala se presentaron Mayra Efigenia, en calidad de hija, y la señora Judith Elena Vizcaíno Varela, en calidad de

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Radicación n.° 92944 compañera permanente, a solicitar la sustitución de pensión que aquel disfrutaba desde diciembre de 2006, bajo el contrato de renta vitalicia inmediata, con conmutación número 088020000560. Añadió que la entidad accionada les negó el derecho, a la primera por «no existir vínculo de parentesco que la acredite como beneficiaria», conclusión a la que arribó con fundamento en la investigación administrativa adelantada por la sociedad Consultando Ltda. en la que se estableció que aunque la menor estuvo vinculada como beneficiaria en salud del pensionado fallecido para el 24 de mayo del 2002, de acuerdo con certificación expedida por el Seguro Social el

8 de julio del 2008, el señor José de Jesús únicamente había procreado seis hijos con la señora Efigenia Cáceres; y que la menor Mayra Echeverry Echeverry realmente era nieta del de cujus, «la cual fue reconocida por EL. La menor es hija de la señora MARÍA MAGDALENA ECHEVERRI CÁCERES, hija del pensionado». Respecto de la segunda reclamante, Judith Elena Vizcaíno Varela, encontró que se le negó porque en el informe se concluyó: Así las cosas, y con base en los testimonios anteriores, así como en los documentos recopilados, podemos establecer que para la fecha del deceso del señor Echeverry, su estado civil era viudo, que estuvo casado con la señora EFIGENIA CÁCERES, con quien tuvo seis hijos que son mayores de edad. […] Con respecto a la presunta convivencia del señor Echeverry, con la señora Judith, se establece que se trató de una figura que idearon algunos hijos del pensionado, para no perder la pensión

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Radicación n.° 92944 que recibía el señor Echeverry antes del deceso. Así mismo, el Tribunal encontró que la señora Judith Elena Vizcaíno promovió demanda laboral contra Seguros de Vida Suramericana S. A., pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, quien en su momento adujo ser compañera permanente del causante; que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, en sentencia del 29 de agosto de 2012, desestimó las pretensiones,

decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante providencia del 11 de julio de 2013. Al respecto transcribió la parte resolutiva de esta última decisión, así: PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia del 29 de agosto de 2012, proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, mediante la cual decidió, no acceder a las pretensiones incoadas por la demandante JUDITH ELENA VIZCAÍNO VARELA, identificada con cédula número c. c. 57.403.922 en contra de la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE

SEGUROS DE VIDA S.A.

Con relación al argumento del apoderado de la demandada, según el cual la aquí demandante fue citada como litisconsorte necesaria al proceso antes mencionado, consideró que no le asistía la razón por cuanto una cosa era la calidad de compañera permanente invocada por Judith y otra, la de hija del fallecido, pues para ser titulares de la prestación se «requería la acreditación de presupuestos diferentes». Añadió que al oír con detenimiento la audiencia en la

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Radicación n.° 92944 que se dispuso la vinculación de la menor, se advertía que se le llamó para integrar la parte actora y de esa manera formulara la pretensión correspondiente, pero que en dicho proceso guardó silencio, pues su condición no era de litisconsorte necesaria sino de «interviniente excluyente», como equivocadamente lo plateó el juez de primer grado y lo

quería hacer valer el apoderado, pues aunque en las consideraciones de la providencia se indicó que en realidad no era la hija sino la nieta del pensionado fallecido, «ningún análisis se hace sobre su derecho, lo que resulta lógico, pues si así se hubiese procedido sería evidente la violación al debido proceso». Argumentó el hecho de no haber comparecido a dicho proceso, tampoco se podía entender como «renuncia al derecho pensional» por no ser susceptible de ello, máxime que se trataba de una menor de edad; por tanto, no se estructuraban los supuestos de la cosa juzgada. Que además, en el proceso iniciado por la señora Judith Elena Vizcaíno Varela, no se había definido que la menor no fuera la hija del causante sino su nieta, pues ninguna alteración se había hecho en el registro civil de nacimiento, y que no era la justicia laboral la competente para definir el asunto. Con los anteriores argumentos desestimó la excepción de cosa juzgada. En segundo lugar, adentrándose en la definición de si la menor Mayra Efigenia Echeverry Echeverry cumplía los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente,

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Radicación n.° 92944 consideró que, de acuerdo con la fecha de fallecimiento del causante, la norma aplicable era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Luego dijo lo siguiente: Pues bien, en la investigación adelantada por la firma contratada por la accionada con ocasión de la reclamación de la pensión, se estableció que en realidad la menor Mayra Efigenia es nieta del

señor José de Jesús Echeverry Ayala, lo que incluso fue confesado por su progenitora en el interrogatorio de parte practicado por el juzgado, y al indagársele sobre su real padre dijo ser un episodio de su vida que no quiere recordar; ratificándose por el testigo José Jairo Echeverry Cáceres, que Mayra es hermana mía porque mi papá le dio el apellido, reclamando la pensión en tal condición. (negrillas y cursivas del texto). Afirmó que no se podrían aplicar las reglas jurisprudenciales para los hijos de crianza (CSJ SL19392020) ni tampoco era viable analizar el estudio del tema «en relación con los nietos», por cuanto el fallecido efectuó el reconocimiento expreso como hija, tal como se evidenciaba en el registro civil de nacimiento, «que goza de presunción de legalidad al no haber sido atacado y desvirtuado por los medios legalmente previstos para ello, ni pesar sobre el mismo medida cautelar alguna». En cuanto a los argumentos de la sociedad demandada, según los cuales la reclamación fue fraudulenta porque se registró como hija a quien en realidad no lo era; o que se produjo una «relación incestuosa», indicó que ninguna de las hipótesis tenía respaldo de una decisión judicial, máxime que el nacimiento se dio el 13 de diciembre de 2001, el reconocimiento por parte del de cujus se hizo el «17» (sic) de

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Radicación n.° 92944 enero de 2002, y el deceso del pensionado acaeció el 22 de

mayo de 2008; que la tuvo como beneficiaria en salud desde el año 2002; y que en igual condición la reportó al tomar la póliza por Electrolima S. A. ESP para la conmutación del mayor valor a cargo de la compañía demandada. Frente a la filiación, transcribió apartes jurisprudenciales de decisiones de las salas civil y penal de esta Corte y de la Corte Constitucional (CJS SL, 26 sep. 2005, rad. 1999 0137; CSJ SL2229-2019 y CC T207-2017). De la primera providencia destacó el siguiente fragmento: De manera, pues, que el único camino que tiene la persona que ha reconocido a otra como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no saber su progenitor, es el de impugnar el reconocimiento en los términos y condiciones a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 75 de 1968, toda vez que, en últimas, por más que se pretenda calificar esa circunstancia como falta de causa, causa irreal u objeto ilícito, lo que se habrá cuestionado por el demandante de la filiación paterna, asunto que tiene reservada una acción especial para esos fines, que no puede ser desconocida o soslayada, so capa de acudir al régimen general de las nulidades sustanciales. De la segunda sentencia, reprodujo lo que sigue: Dicho precedente permite arribar a una conclusión del todo relevante de cara al asunto sub examine: dada la naturaleza especial de la inscripción del nacimiento -acto definitorio del estado civil-, ésta tiene una vocación de perpetuidad, que solo puede ser aniquilada por la vía legal establecida para ello

(impugnación de la filiación), siempre y cuando se accione oportunamente. Si transcurren los plazos máximos para impugnar, no solo opera la caducidad como fenómeno procesal, sino que, en lo sustancial, por razones de orden superior, como la preponderancia del derecho fundamental a la filiación y del estado civil, se consolida la afiliación así lograda y, por consiguiente, siguen produciéndose los efectos jurídicos de aquélla derivados, expresados en derechos y obligaciones. […]

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Radicación n.° 92944 En esa dirección, a pari ratione, mal podría admitirse que, por la vida penal, se declarará un efecto de nulidad de la afiliación lograda mediante reconocimiento voluntario, alegando un objeto delictual, pasando por alto que, por la especialísima naturaleza de la institución jurídica de la filiación, la única vía para trastocar esta es la impugnación de paternidad o de maternidad. (negrillas de la sentencia) Acto seguido, analizó que en el registro civil de nacimiento de Mayra Efigenia Echeverry Echeverry, figuraba que el 13 de diciembre de 2001 el causante, José de Jesús Echeverry Ayala, había reconocido expresamente la paternidad el 10 de enero de 2002; también reparó en la afiliación al sistema de salud que realizó como hija, reportándola en igual calidad a la sociedad convocada al proceso para el momento de la conmutación de la mesada pensional a cargo de Electrolima S. A. ESP. Iteró que no había una «decisión judicial que alterara la filiación, ni proceso

en trámite tendiente a ello», por lo que no era dable restarle validez al registro civil. Arguyó que tampoco existía prueba de la que se pudiera inferir ánimo de fraude contra el sistema pensional, pues se desconocía las razones por las que se efectuó tal reconocimiento; que como la accionante tenía siete años para la fecha del deceso del causante, no había lugar a exigir dependencia económica ni convivencia. En consecuencia, dijo, debía revocar la decisión del juez unipersonal y ordenar el pago de las mesadas causadas a partir del día siguiente del fallecimiento del señor José de Jesús, esto es, desde el 23 de mayo del 2008 hasta el 13 de diciembre de 2019, fecha en la que la demandante cumplió

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Radicación n.° 92944 la mayoría de edad y en adelante, hasta su cumpleaños número 25 siempre y cuando acreditara la condición de estudiante. Para justificar la decisión anterior, anotó que aplicaba la suspensión de la prescripción por cuanto la beneficiaria era una menor de edad, citando al efecto aparte de la sentencia CSJ SL14847-2014 Agregó que también había lugar a condenar por los intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 23 de julio de 2008, pues no existía «fundamento para desconocer la filiación de la menor, ni prueba de ánimo fraudulento», y tampoco se afectaba su pago por el fenómeno extintivo de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Seguros de Vida Suramericana S. A.,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de

Medellín. Con tal propósito formula cinco cargos por la causal primera de casación, frente a los cuales Mayra Efigenia

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Radicación n.° 92944 Echeverry Echeverry presenta oposición. Por razones de método se resolverá inicialmente el tercer ataque, luego conjuntamente, los dos primeros, por cuanto acusan similares disposiciones, persiguen el mismo fin y su argumentación se complementa; finalmente, de ser necesario, se hará lo propio respecto de los restantes.

VI. CARGO TERCERO Acusa por la vía indirecta la «aplicación indebida y como violación de medio» del artículo 83 del Decreto 1400 de 1979, modificado por el artículo 1 numeral 35 del Decreto 2282 de 1989 (CPC); el artículo 53 ibídem; 4 de la Ley 1285 de 2009; 63 y 145 del CPTSS; y los artículos 303 y 328 de la Ley 1564 de 2012, en consonancia con el artículo 13 literal c de la Ley 797 de 2003; y 8 numeral 1, inciso 3 del Decreto 1889 de

1994. Endilga al Tribunal la comisión de los siguientes errores: a) No dar por demostrado, estándolo, que las pretensiones de la demandante Mayra Efigenia Echeverry ya habían sido objeto de

pronunciamiento definitivo y definitorio por la justicia laboral en el proceso radicado 73001310500620100069000 que culminó con la sentencia ejecutoriada proferida por la Sala Uno de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, datada el 11 de julio de 2013, configurando de esta suerte la excepción de cosa juzgada. b) Dar por demostrado, sin estarlo y como su contracara, que las pretensiones de Mayra Efigenia Echeverry no habían sido objeto de pronunciamiento judicial vinculante y ejecutoriado y, por ende, escapando del fenómeno de la cosa juzgada, habilitando al Tribunal a resolver nuevamente el asunto en relación con la posición de la demandante como aspirante a beneficiaria de la sustitución de la pensión de José de Jesús Echeverry Ayala.

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Radicación n.° 92944 c) No dar por demostrado, estándolo, que la justicia laboral ya había determinado con efectos de cosa juzgada y para los efectos propios de esta jurisdicción, que el registro civil de nacimiento contenía información fraudulenta en relación con la persona de José de Jesús Echeverry Ayala como padre de la demandante. La primera prueba denunciada como indebidamente valorada corresponde a «la audiencia que el Juez Sexto Laboral de Ibagué denominó como “preliminar” y en la que decidió la vinculación en calidad de litisconsorte […] de la señorita Mayra Efigenia Echeverry». La segunda prueba de la que endilga valoración indebida es la «sentencia de primera instancia del 29 de

agosto de 2012 proferida por el Juzgado 6° Laboral del Circuito de Ibagué Piloto de Oralidad, en el proceso radicado 73001310500620100069000 obrante en audio». El tercer medio de convicción acusado como mal valorado es la «sentencia de segunda instancia que fue proferida por la Sala Uno de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, datada el 11 de julio de 2013, radicado 73001310500620100069001 que confirmó la sentencia de primer grado». Frente a esta última providencia, dice, no modificó lo resuelto por el juzgado de primera instancia en relación con la «posición en juicio de Mayra Efigenia Echeverry», quedando confirmada la decisión en cuanto a que no se accedió a las pretensiones de la litisconsorte. Manifiesta que juez plural erró al considerar que podía

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Radicación n.° 92944 «revocar» la decisión en firme tomada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, quien no es superior funcional, la cual fue proferida en un proceso finalizado, en el que se vinculó a Mayra Efigenia Echeverry Echeverry como litisconsorte necesario; providencia que no fue recurrida por aquella y, además, la figura de la intervención ad excludendum «es violatoria del interviniente, no es compulsoria por el juez y ello no fue lo que ocurrió»; infringiendo por indebida ampliación su competencia (artículo 328 del CGP), la que no «se extiende a revocar o dejar sin efecto decisiones ejecutoriadas en procesos finalizados»,

circunstancia que lo llevó a aplicar indebidamente la norma que consagra la pensión de sobrevivientes. Afirma que la decisión de integrar como litisconsorte necesaria a Mayra Efigenia era recurrible únicamente en el proceso en el que se produjo, aspecto que no ocurrió y, por tanto, quedó debidamente ejecutoriada; que en el referido expediente precluyó la oportunidad de discutir la naturaleza de la vinculación, por lo que la definición respecto de la procedencia del derecho subjetivo adquirió firmeza, pues allí se definió si la aquí demandante tenía o no la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional, aspecto que fue denegado expresamente en la sentencia de primera instancia y confirmado por el Tribunal. Itera que en ese asunto se resolvió el derecho subjetivo de la menor accionante. Señala que lo único que podía deducirse de la valoración de las pruebas acusadas era que, en el proceso tramitado en el Distrito Judicial de Ibagué, «la entonces

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Radicación n.° 92944 menor Mayra Efigenia Echeverry fue convocada al proceso bajo la égida del art. 83 del decreto 1400 de 1970, modificado por el art. 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 1989», y que la decisión de vincularla como litisconsorte exigía que el pronunciamiento de fondo la cobijara. Argumenta que en los dos procesos hay identidad de objeto (sustitución pensional derivada de la muerte de José de Jesús Echeverría Ayala); identidad de causa (Mayra

Efigenia Echeverry fincó la calidad de consanguíneo en primer grado, línea descendente respecto del interfecto José Jesús Echeverry Ayala); e igualdad de partes (Mayra obro como litisconsorte activa en ambos y contra la misma demandada).

VII. RÉPLICA La demandante se opone a la prosperidad del cargo arguyendo que en el proceso tramitado en el Distrito Judicial de Ibagué se reclamó y debatió el derecho pensional de la señora Judith Elena Vizcaino y no se hizo análisis alguno sobre el derecho que ella tenía en calidad de hija del causante, de manera que sus pretensiones no han sido objeto de pronunciamiento definitivo, por lo que los procesos relacionados no comparten identidad jurídica.

VIII. CONSIDERACIONES Resulta necesario recordar que el Tribunal consideró que no era dable declarar próspera la referida excepción, por cuanto si bien en el proceso que instauró la señora Judith

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Radicación n.° 92944 Elena Vizcaíno contra Seguros de Vida Suramericana S. A., en el que pretendió el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué ordenó citar a Mayra Efigenia en calidad de litisconsorte necesaria, lo cierto era que tanto la demandante (Judith) como la actora del presente proceso (Mayra), para ser titulares de la prestación debían acreditar presupuestos diferentes. Añadió que a pesar de que se llamó a la menor para que

integrara la parte actora y «de esa manera formulara la pretensión correspondiente», ella guardó silencio; que su condición no era de litisconsorte necesaria, como equivocadamente lo señaló el juez, sino la de «interviniente excluyente»; que aunque en las consideraciones de la providencia se indicó que en realidad Mayra no era la hija sino la nieta del pensionado fallecido, «ningún análisis se hace sobre su derecho, lo que resulta lógico, pues si así se hubiese procedido sería evidente la violación al debido proceso». Agregó que tampoco se podía entender que como no compareció a ese trámite judicial, se había dado «renuncia al derecho pensional», por no ser susceptible de ello, máxime que se trataba de una menor de edad; por tanto, no se estructuraban los supuestos de la cosa juzgada. Iteró que no era cierto que allí se hubiera definido que la menor no era hija sino nieta del causante.

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Radicación n.° 92944 Por su parte, la recurrente aduce que el Tribunal erró al no dar por demostrado que las pretensiones de la demandante Mayra Efigenia Echeverry ya habían sido objeto de pronunciamiento definitivo en el proceso que culminó con la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, datada el 11 de julio de 2013, por lo que se configuraban los presupuestos que daban lugar a declarar probada la excepción en comento. Antes de incursionar en el análisis de los medios de convicción acusados, recuerda la Sala que para que se

configure este medio exceptivo, deben concurrir los siguientes presupuestos: i) igualdad de objeto o cosa pedida, esto es, del beneficio jurídico que se solicita o reclama; ii) identidad de personas o sujetos, de modo que se trate del mismo demandante y del mismo demandado; y iii) identidad de causa para pedir, es decir, el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado (CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366; CSJ SL14063-2016 y CSJ SL1705-2017). Estos requisitos están previstos en la norma que consagra dicha institución jurídica, esto es, el artículo 303 del Código General del Proceso, antes artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes». Se itera que lo que garantiza la cosa juzgada es que las decisiones judiciales, luego de los trámites y recursos

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Radicación n.° 92