CSJ - SL2070-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2070-2023 Radicación n.°94008 Acta 27 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ISIDRO PIMIENTA RUIZ, contra la sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 31 de mayo de 2021, en el proceso que instauró el recurrente contra C.I. PRODECO S.A. y fue llamada como litis consorcio necesario (f.189) la aseguradora SEGURO DE

VIDA SURAMERICANA S.A.

I. ANTECEDENTES Isidro Pimienta Ruiz llamó a juicio a C.I. PRODECO S.A. con el fin de que se declare que la pasiva tenía la obligación de mantener suscrito un seguro de vida para ampararle el valor de 24 salarios básicos mensuales, cuya cobertura comprende el pago de una indemnización por muerte e

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Radicación n.° 94008 incapacidad permanente total o parcial durante la vigencia de la convención. Igualmente, el actor solicitó se declare que las partes celebraron un contrato de transacción el 3 de febrero de 2016, en el cual se pactó la continuidad del seguro de vida por seis meses y en donde se amparaba los riesgos por «incapacidad total y permanente, enfermedades graves y doble indemnización por muerte accidental». Como también que COLPENSIONES S.A. (sic) le declaró una pérdida de capacidad laboral de 59.78%, de origen común y con fecha

de estructuración 5 de junio de 2016. En consecuencia, el accionante pretendió condena por la indemnización prevista en el parágrafo primero del artículo décimo primero de la convención colectiva de trabajo equivalente a $80.885.904, junto con los intereses corrientes y moratorios por el no pago oportuno de la indemnización, desde su exigibilidad, más la indexación a que hubiere lugar. En lo que interesa al recurso extraordinario, las pretensiones fueron fundamentadas en que existió un contrato de trabajo entre las partes desde el 11 de febrero de 1999 hasta el 3 de febrero de 2016, cuando ellas celebraron una transacción y acordaron la terminación del vínculo de mutuo acuerdo. El último salario devengado fue la suma de $3.370.246. En la demanda, también se afirmó que, en la convención de la empresa con SINTRACARBON, se estipuló

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Radicación n.° 94008 que la empresa mantendrá una póliza de seguro de vida para amparar a sus trabajadores, por 24 salarios básicos mensuales, como también que, en la cláusula 2ª de la transacción, fue acordado que el seguro de vida se extendía desde el 4 de febrero hasta el 3 de agosto de 2016, pero que, antes de vencerse dicho plazo, la empresa desafilió al trabajador de la aseguradora. Según el actor, el 1 de julio de 2016, fue calificado por Colpensiones con el 59.78% de pérdida de capacidad laboral de origen común. La póliza a la que se hizo referencia en la

cláusula 2ª de la transacción fue tomada por la empresa con SURAMERICANA S.A., inicialmente la constituyó en el 2000 y la prorrogó hasta el 24 de noviembre de 2016, por virtud de la convención colectiva. El accionante manifestó que los riesgos amparados por el seguro de vida estaban señalados en el párrafo segundo del parágrafo primero del artículo décimo primero de la convención y no podían ser modificados unilateralmente por una de las partes. El 15 de julio de 2016, le comunicó a la empresa y a SURAMERICANA su pérdida de capacidad laboral calificada por Colpensiones, ya que él estaba amparado por la póliza no. 046972-6 con la cobertura de «incapacidad permanente parcial». Sostuvo que la aseguradora le respondió que algunos de los diagnósticos por los que le fue calificada la invalidez hacían parte de las exclusiones estipuladas en las condiciones particulares de la póliza y le trascribió el texto

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Radicación n.° 94008 pertinente donde se dice que el seguro no cubre «la invalidez o pérdida de capacidad laboral que sean consecuencia directa o indirecta, en todo o en parte, de patologías osteomusculares o de trastornos». El actor alegó que esto constituía una alteración abrupta de lo pactado convencionalmente entre la empresa y SINTRACARBÓN, en lo referente a la cobertura del riesgo amparado, fs. 1 al 10. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la

relación laboral y afirmó que el último salario devengado fue $ 3.370.246. Sobre el seguro de vida relacionado con las pretensiones de la demanda, relató lo referente a la firma de la convención colectiva con SINTRACARBON, el 19 de diciembre de 2013, con vigencia desde el 24 de noviembre de 2013 hasta el 23 de noviembre de 2016. Seguidamente, sostuvo que el inciso 2° del parágrafo primero del art. 11 de la convención colectiva 2013-2016, establece: […] La empresa mantendrá la suscripción de una póliza de seguros de vida que amparará sus trabajadores por un valor equivalente a veinticuatro (24) salarios básicos mensuales, cuya cobertura incluye pago de indemnización por muerte natural y doble indemnización por muerte accidental, incluyendo reconocimiento por incapacidad permanente total o parcial durante la vigencia de la presente convención. Manifestó que, en virtud de lo anterior, la empresa suscribió un contrato de seguro con Suramericana S.A. para amparar esos riesgos, del cual el actor, como afiliado a

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Radicación n.° 94008 SINTRACARBÓN y beneficiario de la convención colectiva 2013-2016, fue asegurado y beneficiario de dicha póliza. Sobre la terminación del contrato, la empresa informó que ocurrió por mutuo acuerdo el 3 de febrero de 2016, mediante un contrato de transacción, en cuya cláusula segunda, las partes acordaron que «(…) Adicionalmente, la empresa otorgará por un término de seis (6) meses contados

a partir de la fecha de retiro del extrabajador, un seguro de vida que, además, cubrirá los riesgos de incapacidad total y permanente, enfermedades graves y doble indemnización por muerte accidental». Negrilla y resaltado de la demandada. Lo anterior, no obstante, lo previsto en el art. 467 del CST que señala que los acuerdos convencionales se aplican a los contratos de trabajo durante su vigencia, por lo que, una vez terminado el contrato de trabajo, dejan de ser aplicables los beneficios convencionales, alegó la empresa. La pasiva agregó que, de acuerdo con la transacción, la terminación del contrato de trabajo se hizo efectiva el 3 de febrero de 2016, por lo que los seis meses adicionales a la cobertura de la póliza de seguro de vida prevista en la convención colectiva 2013-2016 se extendió hasta el 2 de agosto de 2016; por esta razón, el 26 de julio de 2016, le solicitó a la aseguradora el retiro del actor en la póliza de vida. La demandada aseveró que, conforme con lo pactado en la convención, la copia de la póliza debía ser entregada al

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Radicación n.° 94008 sindicato y así lo hizo. Que el espíritu de la póliza de seguros de vida previsto en la anterior cláusula convencional es amparar los riesgos de muerte e invalidez derivados de la relación de trabajo, es decir, cuyo origen es laboral. Negó que hubiera modificado unilateralmente la obligación convencional en cuestión y afirmó que la organización sindical había aceptado las condiciones de la póliza.

Por último, la entidad recurrente invocó la cosa juzgada con fundamento en la transacción, donde se dijo que se conciliaba toda controversia que se derivara de la relación de trabajo, como también para precaver cualquier litigio eventual o diferencia que pudiera derivarse de la misma relación, y, en ese orden, se pactó el pago de $106.000.000 para compensar cualquier reclamación en el futuro, sin que se afectaran derechos ciertos e indiscutibles. En su defensa, la pasiva propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, de prescripción, compensación y de cosa juzgada, fs. 122 al 144. Por su parte, SURAMERICANA, en calidad de litis consorcio necesario, respondió que no le constaban los hechos referentes al contrato de trabajo entre las partes. Sobre la póliza, aceptó que expidió la correspondiente al seguro de vida, grupo no contributivo, no. 083-1004433, en la cual funge el empleador demandado como tomador, quien, en dicha calidad, asume el pago de las primas y negocia con el asegurador lo correspondiente a coberturas, amparos,

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Radicación n.° 94008 exclusiones y valores asegurados, renovación y demás elementos esenciales del contrato; y el actor, como asegurado, desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 1 de agosto de 2016, por retiro por parte del empleador. Relacionó que los amparos básicos de la póliza fueron: vida, invalidez, desmembración, o inutilización por accidente o enfermedad; y que los amparos adicionales fueron

indemnización adicional por muerte accidental, enfermedades graves, bono para gastos funerarios, bono canasta. La aseguradora también explicó que la definición de tales amparos estaba incluida en el condicionado general, contenido en el formato proforma no. F-02-83-282. Además, en las «pólizas de vida no contributivas», el tomador y la aseguradora pactan condiciones particulares sobre los amparos y exclusiones aplicables dentro de determinada vigencia temporal, en este caso, las comprendidas entre el 1 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016. Respecto del estado de invalidez del actor, la aseguradora admitió el dictamen de Colpensiones sobre la enfermedad de origen común, con pérdida de capacidad laboral del 59.78%, con fecha de estructuración 21 de junio de 2016 y, para cuya calificación, fueron tenidas en cuenta diversas patologías osteomusculares y mentales que fueron expresamente excluidas en las condiciones particulares de la póliza de seguro de vida grupo No. 1004433-8. Para corroborar su dicho, trascribió el ítem 2.2.1. sobre las

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Radicación n.° 94008 exclusiones que dice: […] Este seguro no cubre la invalidez o pérdidas de capacidad laboral que sean consecuencia directa o indirecta, en todo o en parte, de patologías osteomusculares o de trastornos mentales, cuyo origen sea determinado como COMUN […]. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, inexistencia

de cobertura por exclusión convencional del riesgo y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 22 de mayo de 2019, declaró probadas las excepciones de cosa juzgada e inexistencia de la obligación, y absolvió a C.I. PRODECO S.A. y a SURAMERICANA (fl.

389).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante fallo de 31 de mayo de 2021, decidió confirmar la sentencia (fs. 40 al 50 de la segunda instancia).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que debía resolver si había operado o no la cosa juzgada, y si había lugar al pago de la indemnización

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Radicación n.° 94008 señalada en el contrato de transacción. El juez colegiado relacionó las pruebas documentales que fueron allegadas, consistentes en el certificado de existencia y representación legal, fs. 12-40, 126-154, 230258 y 417-436 del PDF; el contrato de transacción, fs. 41-44 y 188-192 del PDF; plan de vida Suramericana, fs. 45-53 del PDF); constancia del seguro de vida y vigencias, fs. 54-55 del PDF; convención colectiva de trabajo 2013-2016, fs. 56-77 y 199-2019 (sic) del PDF; depósito de la convención colectiva,

fs. 78-80 del PDF; certificado de la convención colectiva, fs. 81 del PDF; dictamen PCL, fs. 82-87 y 352-357 del PDF; reclamación de póliza, fs. 88-89, 275-276 y 350 del PDF; solicitud de pago de póliza, f.90 del PDF; derecho de petición, fs. 91-94 del PDF; Resolución No. 189-15, fs. 96-103 del PDF; Resolución No. 074, fs.104-108 del PDF; contrato individual de trabajo y certificado, fs. 180-182 del PDF; carta de renuncia voluntaria, fs. 183-185 del PDF; pagos al sistema de seguridad social en salud, fs. 186-187 del PDF; liquidación de contrato, fs. 193-194 del PDF; constancia seguro de vida, fs. 273 - 274 del PDF; seguro de vida, fs. 277298 y 327-348 del PDF); certificado, fs. 301-304 del PDF; historia clínica, fs. 359 - 365 del PDF; y acta No. 010, fs. 446449 del PDF. Luego de citar la mencionada documental, el juez colegiado hizo lo propio con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte del actor; tomó las versiones de cada uno y procedió a analizar si había operado o no la cosa juzgada.

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Radicación n.° 94008 El juez de la alzada manifestó que las partes estuvieron regidas por un contrato de trabajo que terminó a través de un contrato de transacción, el 3 de febrero de 2016. Expresó que, del contenido de este contrato, se desprendía que no

versó sobre derechos ciertos, pues, en lo que respecta a la suma de $106.000.000 que le fue pagada al actor a título de «bonificación por transacción», en la cláusula segunda, las partes enfatizaron que tranzaban cualquier derecho incierto y discutible, y para precaver cualquier litigio eventual o diferencias que pudieran surgir en el futuro. El colegiado igualmente entendió que esa suma correspondía a la liquidación por el tiempo laborado en la empresa demandada. Sobre lo cual, consideró, el trabajador estuvo de acuerdo, según la demanda y el interrogatorio de parte, min. 22:20 a 22:40 del audio no. 5. El sentenciador agregó que, como lo había dicho el accionante, en efecto, en la transacción le fue otorgado un beneficio adicional correspondiente a extender, por un término de seis meses (contados a partir del 3 de febrero de 2016), la póliza de seguro de vida prevista o determinada en la convención colectiva 2013-2016, parágrafo primero del artículo décimo primero, el cual estipula una «póliza de seguros de vida que ampara a sus trabajadores por un valor equivalente a veinticuatro salarios básicos mensuales, cuya cobertura incluye el pago de indemnización por muerte natural y doble indemnización por la misma causa o accidental, incluyendo reconocimiento por incapacidad permanente total

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Radicación n.° 94008 o parcial durante la vigencia de la presente convención». El Tribunal estableció que la póliza de la transacción era la misma de la convención colectiva, con base en los interrogatorios que, conjuntamente, refirieron que el

trabajador era beneficiario de la convención colectiva y de una póliza de vida extendida por seis meses más al momento de terminar la relación laboral. No obstante, el Tribunal determinó que el citado beneficio había excluido «la invalidez o pérdidas de capacidad laboral que sean consecuencias directas o indirectas, en todo o en parte, de patologías osteomusculares o de trastornos mentales cuyo origen sea determinado como común», según f. 275, pag. 328 del PDF, cuaderno del juzgado. En ese orden, el sentenciador manifestó que, si bien el actor había sido calificado por COLPENSIONES con PCL superior al 50%, el 5 de junio de 2016, por «trastornos depresivos recurrentes, episodios depresivos graves, presente sin síntomas psicóticos, hipoacusia, no especificada, coxartrosis primaria bilateral, asma, glaucoma, no especificado», concluyó que tales patologías no fueron objeto de cobertura por la póliza de vida vigente al momento en que feneció la relación laboral del trabajador, mediante el contrato de transacción, donde se le extendió el beneficio del seguro de vida por seis meses más. Lo anterior llevó al juez de la alzada a determinar:

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Radicación n.° 94008 […] por no encontrarse en el presente asunto obligaciones pendientes a cargo de la empresa demanda (sic), toda vez que, como se dijo anteriormente, el acuerdo transaccional surtió plena validez y no se afectaron los derechos mínimos e irrenunciables de trabajador; y, que tampoco fue beneficiario de la póliza de vida contenida en el acuerdo en mención y de ello dan cuenta los

documentos visibles a folios 327 a 348 del documento PDFCuaderno del juzgado, específicamente folio 328, en cual se indican las exclusiones por determinadas enfermedades, por ello ha de confirmar la providencia objeto de apelación, tal cual lo consideró la a quo. Destaca la Sala.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el 31 de mayo de 2021, y, en sede de instancia principal, revoque la de primera instancia y, en su lugar, condene a la compañía de Seguros de Vida SURAMERICANA S.A., vinculada como litis consorte necesario, al pago del seguro de vida a su favor, es decir, los 24 meses de salario básicos mensuales, más los intereses desde que se hizo exigible la obligación y hasta que se materialice su pago, las costas y las agencias en derecho de la primera instancia.

En subsidio, persigue condena contra CI PRODECO S.A., al pago del seguro de vida a su favor, más los intereses

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Radicación n.° 94008 desde que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se materialice el pago. Con tal propósito, el recurrente formuló un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado conjuntamente por la parte pasiva.

VI. CARGO ÚNICO La censura acusa la sentencia proferida por la Sala

Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, por haber violado los artículos 303 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 145 del Código Procesal del trabajo; 15, 55, 61, 128, 467 del Código Sustantivo del Trabajo, por vía indirecta, en la modalidad de error de hecho. Denunció, como errores de hecho, lo siguiente:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia, que las partes transaron la indemnización consagrada en el artículo segundo del contrato de transacción, en lo que hace relación a los amparos consagrados en el seguro de vida, respecto de la incapacidad permanente total y parcial.

2. Valoró de manera equivocada la cosa juzgada frente el inciso segundo del parágrafo primero del artículo décimo primero de la convención colectiva de trabajo aportada al proceso y el artículo segundo del contrato de transacción. Además, los testimonios rendidos por las siguientes personas: Sebastiana Fernández Berrio

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Radicación n.° 94008 (Jefe de Gestión Humana), Kelly Sabrina Núñez Martínez (Jefe de Seguro en CI PRODECO), Melisa Peña Castillo (Jurídica de PRODECO), así mismo, lo confesado por la demandada CI PRODECO S.A., al descorrer el hecho quinto, en el numerales v, vi y vii.

3. No haber reconocido, como en efecto se encuentra probado en el expediente, que el accionante tiene derecho al seguro de vida establecido en el inciso dos del parágrafo primero del artículo décimo primero de la convención colectiva de trabajo suscrita por la empresa C.I. PRODECO SA. y los Trabajadores del Sindicato de

la empresa SINTRACARBÓN.

4. Considerar, en contra de la evidencia, que la indemnización del seguro de vida que se estableció en la convención colectiva de trabajo de C.I. PRODECO y SINTRACARBON y se extendió en el artículo 2 del contrato de transacción suscrito por las partes es un derecho incierto y discutible.

5. Haber dado por demostrado que las patologías por las cuales mi mandante solicitó el pago de la indemnización consagrada en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo décimo primero de la CCT están excluidas de la póliza del seguro de vida, extendida en el artículo 2° del contrato de transacción.

En capítulo aparte, el recurrente denunció las siguientes pruebas como erróneamente valoradas:

1. Copia de la Convención Colectiva de Trabajo y el depósito con vigencia 2013-2016 (Folios 56 al 77 y 199

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Radicación n.° 94008 del PDF).

2. Copia de la inscripción de la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo (78 al 80 del PDF).

3. Copia del contrato de transacción suscrita por CI PRODECO y el señor ISIDRO PIMIENTA RUIZ (Folios 41 al 44 y 188 al 192 del PDF).

4. Copia de certificación donde consta que el accionante hacía parte del Sindicato de trabajadores de C.I.

PRODECO. (Folios 81 del PDF).

5. Dictamen PCL del demandante. (Folios 81 al 87, del 352 al 357 del PDF).

6. Copia de la liquidación del contrato del actor (folios 193

al 194 del PDF).

7. Copia de la certificación salarial del demandante.

8. Copia del contrato de trabajo del actor (fs. 180 al 182 del PDF).

9. Copia de la reclamación de la póliza (fs. 88 al 89, 275, 276 y 350 del PDF).

10. Solicitud de pago de la póliza (folio 90 del PDF).

11. Copia de la póliza N° 1004433-8 de la vigencia 2013.

12. Los testimonios de los señores: Sebastina Fernández

Berrío (sic), Kelly Sabrina Martínez, Melisa Peña Castillo. La censura expresó que el Tribunal incurrió en los errores de hecho señalados, al considerar que, dentro del contrato de transacción que habían suscrito las partes, fueron transados los derechos derivados de la póliza de seguro de vida de origen convencional, cuando no fue así, por lo tanto, no puede haber identidad de causa.

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Radicación n.° 94008 También refirió que el Tribunal consideró que los amparos de la póliza fueron transados, cuando en realidad lo que se transó fue el término de vigencia de dicho beneficio convencional, puesto que, al terminar el contrato de trabajo, el accionante dejaría de gozar del beneficio convencional establecido en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo undécimo de la CCT, denominado póliza de seguro de vida, siendo este un derecho cierto e indiscutible, como también lo eran los amparos cobijados de incapacidad permanente total o parcial, amparado por un valor equivalente de 24 salarios básicos mensuales, durante la

vigencia de la convención, tal como lo establece el artículo precitado, tan es así que, en el contrato de transacción, se estableció que el seguro de vida además cubriría los riesgos de incapacidad total y permanente. Por lo anterior, argumentó que la transacción versó sobre la vigencia del seguro de vida en el tiempo, extendiéndola por seis meses, contados a partir del 3 de febrero de 2016 al 2 de agosto del mismo año, más no, por los beneficios amparados, tal como podía evidenciarse en la parte final del artículo segundo del contrato de transacción aportado como prueba (folio 41 al 44, y 188 al 192 del PDF). El recurso estimó que, al momento de configurarse la incapacidad total y permanente del trabajador, esto es, el 1 de julio de 2016, solo habían transcurrido cuatro meses desde la firma del contrato de transacción, por tanto, la prórroga de la póliza y los amparos consagrados en la

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Radicación n.° 94008 convención y el contrato de transacción se encontraban vigentes, pudiendo hacerse exigible el pago del valor amparado correspondiente a 24 salarios básicos mensuales, pues su exigibilidad no dependía de la modificación o de la exclusión de los amparos dentro de la póliza, así hubiese sido realizada entre el tomador y el asegurador, con anterioridad al contrato de transacción, toda vez que ese derecho o beneficio es un derecho cierto e indiscutible, entre otras cosas, porque su fuente es la CCT vigente, y esta y sus beneficios, derechos y garantías no podían ser modificados.

La censura también señaló que la póliza estableció unas exclusiones, dentro de ellas, las patologías del accionante, pero se lamentó de que el Tribunal ignorara que las condiciones de la póliza tienen su génesis en la convención colectiva del periodo 24 de noviembre de 2013 al 23 de noviembre de 2016, y estas no podían ser modificadas por el tomador y el asegurador y/o uno de ellos. Por último, la censura se quejó por la manera equivocada como el juez de la alzada apreció las pruebas aportadas, toda vez que no las apreció en conjunto, ni analizó cada una de las pruebas antes descritas, ya que, si se observa la documentación que se encuentra en los folios 41 al 42, 56 a 77, 78 al 80, 188 al 192, 199, se puede concluir que, en ningún momento, ese derecho fue objeto de transacción por las partes, por cuanto lo que se transó fue el termino de vigencia de la póliza, más no el derecho en sí mismo amparado.

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Radicación n.° 94008 Señaló que, en el peor de los eventos, si así hubiese sido, ese derecho no era objeto de transacción, por cuanto era un derecho cierto e indiscutible, tal como lo ha establecido la sentencia de 11 de abril de 2018, radicación No 49725, y se podía apreciar en el siguiente texto: Asimismo, en torno a las condiciones necesarias para que un derecho se torne cierto e indiscutible, la Corte ha establecido que los beneficios y garantías que pueden recibir dicho rótulo no son

exclusivamente los contemplados en normas legales, sino que también pueden hacer parte de dicho conjunto los contemplados en convenciones, laudos o cualquier otro instrumento colectivo vinculante. (CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19672). Del mismo modo, ha dicho la Sala que para que un derecho pierda la calidad de cierto e indiscutible, no basta con que el empleador lo cuestione en el curso de un proceso, de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciable por el trabajador, so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento, por lo que, ha discernido, «...un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad...» (CSJ SL, 14 dic. 2007, rad. 29332 y CSJ SL4464-2014, entre otras). En virtud de lo anterior, la Corte considera preciso destacar que la cualificación de un derecho, beneficio o garantía, como derecho cierto e indiscutible, depende de las circunstancias particulares de cada caso y el respectivo análisis debe estar mediado, entre otras cosas, por factores tales como la fuente del derecho, la estructura normativa a partir de la cual se define y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su causación. Bajo este entendido, la censura concluyó que era claro que las partes nunca transaron la cesación de la póliza ni los amparos asegurados, por lo tanto, no operó la cosa juzgada.

VII. RÉPLICA La demandada C.I. PRODECO y la llamada en garantía

se opusieron conjuntamente a la prosperidad del cargo. Replicaron que la demanda de casación tenía deficiencias de

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Radicación n.° 94008 técnica, como fue incluir normas procesales en la proposición jurídica, sin invocar la violación medio, y esta no se podía deducir de la argumentación expuesta, pues tampoco hizo tal referencia frente a las reglas procedimentales reseñadas en el cargo. Reprocharon que el cargo expuso de forma indiscriminada argumentos fácticos y jurídicos, pese a haberse formulado por la vía indirecta, lo que representa una mixtura de las vías de ataque que no es técnicamente admisible, pues estimó censurable afirmar que «ese derecho no era objeto de transacción, por cuanto era un derecho cierto e indiscutible, tal como lo ha establecido la sentencia de 11 de abril de 2018, radicación 10 No 49725». Igualmente, la parte pasiva alegó que el embate formulado por el actor referente a que el Tribunal concluyó lo que no debía, no tenía fundamento, porque la censura no demostró cómo las piezas citadas acreditaban sus apreciaciones de cara al objeto del litigio, ni mucho menos dirigió alguno de sus argumentos a evidenciar la violación normativa, sino que, al contrario, indicó únicamente su opinión sobre las pruebas en un discurso alternativo que no atiende a los fines de la casación. Le reprocharon al recurrente que no formulara ningún ataque contra el argumento basilar de la sentencia definitiva de instancia, y manifestó que la falta de ataque a los pilares

que soportaron la decisión impugnada trae como consecuencia que esta se mantenga incólume, amparada por

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Radicación n.° 94008 la doble presunción de legalidad y acierto. Sobre el fondo del asunto, la réplica manifestó que el espíritu de la póliza de seguros de vida previsto en la cláusula convencional en cuestión es amparar los riesgos de muerte e invalidez derivados de la relación de trabajo, es decir, cuyo origen es laboral. Tan es así, que una vez se constituyó la póliza de seguro ordenada por la CCT y dando cumplimiento a la obligación convencional, se remitió copia de la misma a SINTRACARBÓN, organización sindical que aceptó las condiciones de la respectiva póliza, lo que quiere decir que PRODECO no modificó de manera unilateral ni arbitraria la obligación convencional de marras, por el contrario, dio cumplimiento a la misma y constituyó la póliza, copia de la cual se entregó a SINTRACARBÓN, organización sindical que aceptó las condiciones de la misma. Aseveraron que lo anterior estaba ratificado por los testigos Sebastiana Fernández Berrío, Kelly Sabrina Martínez, Jesús Antonio Rada y Melisa Peña Castillo, pruebas que, además de no ser calificadas, no fueron confutadas por la parte recurrente. Finalmente, resaltaron que el juez del trabajo está protegido por el principio de libertad probatoria y no está sometido a una tarifa legal de pruebas, de manera que puede otorgarles mayor valor a unas en perjuicio de otras. Es por lo

anterior que la jurisprudencia de la Corte ha sido incisiva en

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Radicación n.° 94008 cuanto a predicar el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, en atención a lo preceptuado por el artículo 61 del CPTSS y a lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución, de manera que solo cuando la equivocación del juez de apelaciones se exhiba irracional y desafiante del sentido común y de las reglas de la sana crítica, podrá la Corte rectificar el desafuero, en perspectiva de lograr el imperio del orden jurídico y de reparar el perjuicio irrogado al recurrente, situación que acá no se configura.

VIII. CONSIDERACIONE