CSJ - SL2071-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2071-2023 Radicación n.° 93031 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación que interpusieron la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. y la demandante MARÍA RUBIELA AGUDELO BEDOYA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de diciembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que promueve la última de las mencionadas contra la AFP, también recurrente, y en el cual se vinculó como tercera ad excludendum a NATALIA

ARANGO VILLEGAS.

Previamente se reconoce personería adjetiva al abogado Gustavo José Gnecco Mendoza con tarjeta profesional n.º 44.192 del C. S. de J., como apoderado de Protección S. A.

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Radicación n.° 93031

I. ANTECEDENTES La accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del afiliado Jesús Antonio Arango, quien falleció el 9 de mayo de 2005, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

En subsidio de estos requirió la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia definitiva, al momento de efectuarse la satisfacción de la obligación.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que convivió con el causante de manera permanente y singular; compartieron techo, lecho y mesa durante los últimos seis años antes de que por causas violentas perdiera la vida. Agregó que aquel era afiliado a Protección S. A. y sufragó el número de semanas requeridas para que ella accediera a la prestación que reclama en calidad de compañera permanente. Narró que el 14 de julio de 2016 solicitó a la demandada el beneficio pensional pero no obtuvo respuesta (f.os 1 a 6). En el auto admisorio de 28 de noviembre de 2016 (f.° 32) el juez ordenó notificar la demanda inicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social. Al dar respuesta a la demanda inicial, Protección S. A.

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Radicación n.° 93031 se opuso a las pretensiones. Admitió la fecha del fallecimiento del causante; que era su afiliado y que sufragó el número de semanas necesario para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación por muerte. Las demás situaciones fácticas las negó. Adujo que la convocante no acreditó el requisito de convivencia con el afiliado durante el tiempo mínimo de cinco años continuos con anterioridad al deceso, tal como se constató en la investigación y visita domiciliaria llevada a cabo el 27 de agosto de 2016 por la empresa Alianza, contratada por aquella. Expuso que el causante tenía una hija llamada Natalia Arango «Giraldo», que eventualmente podría reclamar

también la prestación, dado que al parecer era estudiante cuando murió su progenitor. Aclaró que dio respuesta negativa a la solicitud pensional de la promotora del litigio mediante comunicación de 3 de octubre de 2016. Propuso como excepción previa la de no comprender la demanda inicial a todos los litisconsortes necesarios – intervinientes ad excludendum, y como medios defensivos de mérito, los de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción de las mesadas pensionales, buena fe y prescripción (f.os 42 a 48). Mediante providencia de 2 de junio de 2017 (f.° 63), el

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Radicación n.° 93031 juez dispuso integrar al proceso a Natalia Arango «Giraldo», hija del causante en calidad de tercera ad excludendum y a quien se le nombró curador ad litem. Este último presentó demanda contra Protección S. A. y pretendió que se declare que la señorita Arango «Giraldo», es beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes en calidad de hija del fallecido. En consecuencia, requirió se condene a la AFP a reconocerle la prestación en un porcentaje no inferior al indicado, más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y en subsidio, la indexación de las condenas; las costas procesales y lo que se demuestre ultra o extra petita Apoyó las pretensiones en que el causante falleció «el 9 de mayo de 2015», por causas de origen común; que ella es

hija del difunto y «al parecer es estudiante universitaria»; que no ha presentado reclamación económica alguna a Protección S. A. y que en caso de acreditarse que es estudiante, y «es menor de 25 años» tiene derecho a la pensión de sobrevivientes (f.os 77 a 80). Protección respondió el escrito de la interviniente ad excludendum y no se opuso al reconocimiento pensional en su favor, aclarando que ello sería así siempre que probara las exigencias para ser beneficiaria, es decir, que a la muerte de su padre estaba incapacitada para laborar, en razón de sus estudios, para lo cual se debía aportar la respectiva certificación expedida por la entidad de educación. Rechazó las peticiones relativas a los intereses moratorios, la indexación, la condena en costas y la aplicación de los principios de ultra y extra petita.

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Radicación n.° 93031 En cuanto a los hechos aceptó que la joven Natalia Arango «Giraldo» no ha reclamado el derecho a la prestación periódica por la muerte del afiliado; precisó que el asegurado falleció el 9 de mayo de 2005. Así mismo manifestó no constarle que la reclamante fuera la hija del señor Jesús Antonio Arango como tampoco que tuviera la calidad de estudiante, por lo que estas situaciones fácticas debían ser acreditadas. Expuso en su defensa que Natalia Arango no había solicitado a esa AFP la pensión de sobrevivientes, ni la devolución de saldos como tampoco demostrado la calidad de descendiente del causante.

Esgrimió como excepciones de fondo las de inexistencia actual de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (f.os 90 a 94).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de abril de 2019 (f.os 132 y 133, y CD),

decidió:

PRIMERO: ABSUÉLVASE a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S. A., de todos los cargos formulados en la demanda tanto por la señora MARÍA

RUBIELA AGUDELO BEDOYA, la joven (sic) NATALIA ARANGO

VILLEGAS.

SEGUNDO: CONDENA en costas a la parte actora MARÍA RUBIELA AGUDELO BEDOYA, y a favor de PROTECCIÓN S. A. fijando como agencias en derecho la suma de $300.000.

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Radicación n.° 93031

TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación y de no ser impugnada por la parte actora, ni por la interviniente ad-excludendum, se dispondrá su remisión por la vía jurisdiccional de CONSULTA a la Sala Laboral del Distrito

Judicial de Medellín.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que conoció en virtud de la apelación de la demandante, mediante fallo del 16 de diciembre de 2020, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de abril de 2019

apelada por la parte demandante, y en su lugar CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., a reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora MARIA RUBIELA AGUDELO BEDOYA, a partir del 14 de junio de 2013, en cuantía de un SMLMV, y las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, junto con los aumentos legales a futuro decretados por el Gobierno Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago de la suma de $75.150.492 por concepto de mesadas pensionales de la pensión de sobrevivientes causadas entre el 14 de junio de 2013 y el 30 de noviembre de

2020. A partir del 1° de diciembre de 2020, la entidad demandada deberá continuar pagando a la demandante la suma de $877.803 mensuales por concepto de la mesada pensional, sin perjuicio de las mesadas adicionales de junio y diciembre y de los aumentos legales a futuro decretados por el Gobierno Nacional.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a descontar del retroactivo pensional acá reconocido a la demandante por mesadas pensionales ordinarias, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS de preferencia de los pensionados.

CUARTO: Condenar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., a reconocer la

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Radicación n.° 93031 INDEXACIÓN sobre el retroactivo de las mesadas pensionales causadas y no pagadas, esto es retroactivo, para lo cual se atenderá a la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia. Disponer que, sobre el porcentaje del aporte al sistema de salud, que se autoriza descontar de las mesadas pensionales de las que se produjo la condena, no se liquidan (sic) la indexación a favor de la demandante.

QUINTO: Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción e improbadas las demás, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de $877.803=.

SÉPTIMO: Se absuelve a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., de las demás pretensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

El juez plural señaló que el problema jurídico consistía en determinar si la actora acreditó los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003, para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del afiliado Jesús Antonio Arango Arango. Previamente anotó que, la hija del causante Natalia Arango «Giraldo» se vinculó al proceso como una interviniente y no como litisconsorte necesaria; por tanto, no había lugar a nombrarle curador ad litem toda vez que, en los términos

del artículo 29 del CPTSS ello procede cuando no es posible la notificación a algún demandado. Agregó que, dado que a esta persona no se le reconoció derecho alguno, la decisión frente a ella no hacía tránsito a cosa juzgada, por lo que estaba habilitada para acudir a la jurisdicción en procura de sus eventuales derechos como beneficiaria del finado.

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Radicación n.° 93031 Referente a la prestación de sobrevivientes señaló que tanto esta corporación como la Corte Constitucional han precisado que, por regla general y salvo ciertas excepciones, dicha prestación se regula por la normativa vigente al momento del deceso del afiliado o del pensionado. Adujo que, el de cujus falleció el 9 de mayo de 2005, por lo que las normas aplicables eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. En lo atinente al requisito de número de semanas a que alude el primer canon citado, lo encontró satisfecho pues «según se advierte de su historia laboral», el afiliado sufragó 53 semanas de cotización «entre el 9 de mayo de 2002 junio de 2003» (sic). En lo relativo a la exigencia del tiempo de la convivencia señaló que, la nueva postura de la Sala de Casación Laboral expuesta desde la sentencia CSJ SL1730-2020, indicaba que la correcta interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, conducía a entender que, el tiempo mínimo de cinco años de vida en común para que el cónyuge o compañero (a) permanente acceda a la prestación por

muerte, se exige «únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado» mas no cuando muere el afiliado. Precisó que esa diferenciación no era discriminatoria a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre

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Radicación n.° 93031 iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales, lo que ocurría en estos eventos, puesto que el afiliado sufraga el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte porque no tiene el derecho pensional consolidado. En cambio, el pensionado ya ostenta la prerrogativa y a su vez la deja estructurada a los miembros de su núcleo familiar cuando ocurre el deceso, por lo que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, para evitar fraudes al sistema pensional. Expresó que, la anterior postura se reiteró en las sentencias CSJ SL3626-2020, CSJ SL3785-2020 y CSJ SL4008-2020, de las cuales transcribió apartes. Posteriormente verificó si en el sub lite se acreditó la vida en común entre la señora Agudelo Bedoya y el causante, entendida como la conformación de una familia «con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte». Para el efecto, adujo que la declaración de la testigo Patricia Arteaga Valencia carecía de validez debido a su total incoherencia, pues indicó que tomó en alquiler una habitación en la casa de la actora desde el año 2002 hasta

principios del 2005 y que allí esta última vivía con el causante quien falleció en el año 1999 según le había contado la arrendadora, cuando en realidad el hecho luctuoso ocurrió en el 2005. Después el juez plural analizó el testimonio de la señora

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Radicación n.° 93031 Martha Isabel Grisales Cárdenas, quien manifestó que la pareja Arango – Agudelo convivió desde comienzos del año 1999 hasta el 2005 y que residió en la vivienda de ellos desde el 2001 hasta el 2003, lo que le permitió darse cuenta de que tenían una excelente relación y compartían habitación y lecho. Asimismo, se refirió a las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Nancy Copete Castañeda y Gema Patricia Mira Arango el 3 de junio de 2016, en las cuales se informó sobre la existencia de una unión marital de hecho entre la demandante y el causante del 5 de enero de 1999 al 9 de mayo de 2005 e indicaron que durante ese lapso convivieron bajo el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida sin separación alguna hasta el día del fallecimiento del afiliado Arango Arango. También aludió a las versiones de Gustavo García García, Pedro Chávez, Alejandra Alaria Daza Agudelo, Ángela Ospina Guarín, Alba Hincapié Echeverry, Marina Echeverry y Luz Eleidy Bedoya obrantes a folios 15 al 22 contenidas en las «ENTREVISTAS VISITA DOMICILIARIA CONVIVENCIA» que hacen parte de la investigación que realizó Protección,

quienes fueron contestes en afirmar que, la convocante y el de cujus convivieron seis años de manera continua hasta el deceso del afiliado Arango Arango. Manifestó que esos medios demostrativos tenían mérito probatorio y que no era necesaria la ratificación según lo previsto en el artículo 220 del CGP, pues no se había

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Radicación n.° 93031 solicitado por la demandada. Aludió a la facultad que artículo 61 del CPTSS concede a los juzgadores de instancia para formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, salvo en los casos en que la ley exige determinada solemnidad para la validez del medio demostrativo. Concluyó que, pese a que las citadas declaraciones tenían valor probatorio, carecían de fuerza demostrativa para acreditar la convivencia de la pareja Agudelo – Arango, pues los expositores no explicaron la razón de su dicho. Además, las versiones rendidas ante notario por las señoras Copete Castañeda y Mira Arango, se habían hecho en forma conjunta, es decir, en un acto único, lo que atentaba contra la espontaneidad de sus dichos e impedía considerarlas como admisibles para probar la vida en común de la reclamante con el afiliado. No obstante, expresó que las señoras Alejandra María Daza Agudelo y Marta Isabel Grisales Cárdenas en sus declaraciones sí habían dado razón de su conocimiento, y

que esos elementos de juicio le daban certeza respecto a la vida en común de la promotora con el causante al momento del deceso de éste y durante un lapso considerable, específicamente entre el año 1999 y el 9 de mayo de 2005.

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Radicación n.° 93031 En lo relativo a la prescripción, luego de referirse a los artículos 488 y 489 del CST, y 151 del CPTSS expresó que como en este caso el fallecimiento del afiliado ocurrió el 9 de mayo de 2005 y la reclamación se presentó por la actora el 14 de junio de 2016 y la acción judicial se incoó el 11 de noviembre de esta última anualidad; el retroactivo debía reconocerse a partir del 14 de junio de 2013, toda vez que las mesadas causadas con anterioridad a esa data se encontraban prescritas. Más adelante el colegiado fijó el monto de la prestación en el salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad, dado que por expresa disposición de la ley no podía haber pensiones inferiores a dicho valor. Reconoció igualmente las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, pues el derecho se acusó antes del 31 de julio de 2011 y en todo caso, antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. El retroactivo del 14 de junio de 2013 al 30 de noviembre de 2020, lo fijó en la suma de $75.150.492. Dijo que el valor de la mesada a partir del 1 de diciembre de 2020 era de $877.803. Autorizó a Protección S. A. a efectuar los

descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud, de conformidad con el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 precisó que, pese a que tienen carácter resarcitorio y no sancionatorio, de manera excepcional no

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Radicación n.° 93031 proceden cuando la entidad administradora de pensiones no paga la prestación, porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente y la concesión del derecho procede por un cambio de postura jurisprudencial. Argumentó que en este caso no procedía la condena por ese concepto, toda vez que, existía un cambio de precedente en el sentido de que ya no se exige a la compañera permanente del afiliado acreditar un lapso de convivencia de mínimo cinco años con anterioridad al deceso y que una de las pruebas que contribuyó a formar el convencimiento judicial fue obtenida dentro del proceso. Por el contrario, concedió la indexación, pese a la «falta de pretensión expresa en el libelo demandatorio», aduciendo razones de justicia y equidad, dado que se trataba de reconocer la pérdida de valor de la moneda por el paso del tiempo. Ante la formulación de sendos recursos de casación, la Sala por cuestión de método iniciará por el que instauró la AFP demandada quien pretende la absolución de la pasiva, y luego, de no prosperar éste, se ocupará del presentado por la demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE

DEMANDADA Interpuesto por la AFP Protección S. A., concedido por

el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la impugnante que la Corte case totalmente la sentencia del ad quem y, en instancia, pide que se confirme la providencia de primer grado y se provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula un ataque, por la causal primera de casación, que se replica únicamente por la accionante, pues la interviniente ad excludendum Natalia Arango Villegas no presentó oposición.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el 13 de la Ley 797 de 2003; 230 y 241 de la Constitución Política; y por la infracción directa de los artículos 13 y 48 ibídem.

En la demostración esgrime el censor que no discute que la actora y el afiliado convivían maritalmente al momento del deceso de este último. Explica que el desacuerdo con el fallo del Tribunal se centra en que no haya exigido que la vida en común de la pareja perdurara por un lapso superior a los cinco años anteriores al deceso del causante. Afirma que en el plenario no hay prueba de que la

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Radicación n.° 93031 convivencia de los compañeros por ese término mínimo que contempla la ley, dadas las deficiencias que presentan las declaraciones de quienes en el proceso afirmaron que la señora Agudelo Bedoya y el de cujus convivieron por más de

seis años, lo cual no pasó desapercibido para el juez plural que encontró que los exponentes no explicaron la razón de sus afirmaciones y se trató de una declaración conjunta. Señala que, por ese motivo, el colegiado se apoyó en el testimonio de Alejandra María Daza Agudelo y María Isabel Grisales, quienes no se refirieron al término de cinco años de vida en común, pero sí a que ésta estaba vigente a la data del deceso. Luego indica que desde el punto de vista jurídico el Tribunal fundamentó su razonamiento en la sentencia CSJ SL1730-2020, motivo por el cual orienta el ataque esencialmente, por la modalidad de interpretación errónea de la ley sustancial. Asevera que, también acusa la infracción directa de preceptos constitucionales, toda vez que, si la colegiatura los hubiera tenido en cuenta habría concluido que, en este caso se debía cumplir el requisito de mínimo cinco (5) años de convivencia entre la convocante y el afiliado fallecido. Más adelante solicita a la corporación que revise el criterio en que se fundamentó el Tribunal, expuesto entre otras, en la sentencia CSJ SL2820-2021, pues no corresponde a una correcta lectura de los artículos 47 y 74

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Radicación n.° 93031 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y comportan un desconocimiento de mandatos constitucionales. Argumenta que los citados preceptos no establecen respecto del requisito de convivencia una diferenciación

porque se trate de la muerte de un afiliado o del pensionado lo que sería discriminatorio, pues lo que pretendió el legislador fue enfatizar en el cumplimiento del requisito en el caso de quien tuviera el estatus de pensionado, pero sin excluir la hipótesis del óbito del afiliado y aludió a la anterior línea jurisprudencial de la Sala contenida en la providencia CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, reiterada en la CSJ SL140682016 de la cual transcribió algunos apartes. Manifiesta que de la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, no se puede extraer la intención del legislador respecto a una diferenciación entre el afiliado y el pensionado en lo que atañe al requerimiento de la convivencia. El objetivo que se perseguía consistía en evitar situaciones fraudulentas para facilitar el acceso a las pensiones de sobrevivientes que si bien, se daban mayoritariamente en los eventos de deceso de pensionados también ocurrían cuando el causante era un afiliado. Adiciona que una hermenéutica distinta desconoce el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues no hay ninguna razón objetiva que justifique esa diferenciación.

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Radicación n.° 93031 Aduce que la actual postura de la Sala de Casación Laboral es contraria a la de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia CC SU-149-2021. Alega que la interpretación que acogió el Tribunal que coincide con el actual criterio de la Sala de Casación Laboral,

también afecta el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones consagrado en el artículo 48 de la Carta Política, al reducir las exigencias para la obtención de las prestaciones económicas por muerte e incrementar el número de posibles beneficiarios sin respaldo legal.

VII. RÉPLICA El apoderado de la demandante esgrime que, el ad quem no concluyó que la convivencia entre la pareja Arango – Agudelo fue inferior a cinco años, toda vez que, entre 1999 y el 2006, transcurrieron más de seis anualidades.

Indica que, la vía directa no es la adecuada para controvertir el análisis que efectuó el juzgador de segundo grado de la prueba testimonial. Expone que, el criterio jurídico que esgrimió el colegiado está acorde con la postura vigente de la Sala de Casación Laboral descrita en la sentencia CSJ SL5270-2021.

VIII. CONSIDERACIONES No se discuten en casación los siguientes hechos que

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Radicación n.° 93031 estableció el ad quem, consistentes en que: i) Jesús Antonio Arango Arango falleció el 9 de mayo de 2005; ii) él era afiliado a Protección S. A. y cotizó a esa AFP 53 semanas entre el 9 de mayo de 2002 y junio de 2003 y, iii) la convocante presentó reclamación de la prestación periódica por muerte a la AFP accionada, el 14 de junio de 2016. De conformidad con el cargo que construyó la AFP demandada por la vía directa, el problema jurídico que le corresponde definir a la Sala consiste en determinar si el

Tribunal erró en la interpretación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al estimar que en el caso del fallecimiento de un afiliado se exige que la convivencia con la cónyuge o la compañera permanente esté vigente al momento del deceso del causante, sin que se requiera un lapso de vida en común de mínimo cinco años anteriores a la muerte como sí ocurre cuando quien fallece es un pensionado. En esa dirección precisa la Sala que en ninguna equivocación jurídica incurrió el juez plural, pues el criterio actualmente vigente en la corporación se acompasa con el expuesto por la colegiatura en el fallo gravado, como pasa a explicarse. El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 regula los requisitos que deben cumplir el (la) cónyuge o compañera (o) permanente para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos: ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

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Radicación n.° 93031 Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido

con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). (Los apartes subrayados fueron declarados exequibles mediante sentencia CC C1094 de 2003). Inicialmente, esta Sala de la Corte estimó en lo relacionado con el literal a) del precepto en cita que es el que interesa a la controversia, que el requisito de convivencia efectiva, real y material entre la pareja por el lapso mínimo de cinco años continuos con anterioridad al deceso se exigía tanto si se trataba de la muerte del afiliado como del pensionado. En esos términos se planteó la postura entre otras en la providencia CSJ SL343-2013, en la que se asentó: Así las cosas, si por virtud de la aplicación inmediata de la ley y del efecto retrospectivo que caracteriza a las disposiciones laborales, la fecha de la muerte del afiliado o del pensionado es la que determina por lo general la norma que ha de regular la sustitución pensional y el derecho a la pensión de sobrevivientes,

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Radicación n.° 93031 surge claro que el requisito mínimo de convivencia que exige el

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es de 5 años bien se trate de la muerte del pensionado o del afiliado […]. No obstante lo anterior, la corporación en un nuevo estudio del tema varió la línea jurisprudencial y estableció que el correcto entendimiento del precepto conlleva a que los cinco años de convivencia continuos previos al deceso que el legislador requiere al cónyuge y a la compañera (o) permanente para acceder a la pensión de sobrevivientes solo se exigen en los eventos de la muerte de un pensionado, mas no cuando quien fallece es el afiliado. Para ilustrar el tema conviene hacer alusión a la sentencia CSJ SL5270-2021, en la que la Corte explicó lo siguiente: […] De la redacción del precepto legal, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada. […] Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de

afiliados al sistema no pensionados, y la de pensionados, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión. La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima

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Radicación n.° 93031 finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el ente