CSJ - SL2073-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casaclin Laboral Sala de Descongestión N." 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2073-2023 Radicación n.° 94600 Acta 30 Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por

la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE

COLOMBIA y MARIO FERNANDO LÓPEZ CUESTA,

CARLOS ANTONIO CADAVID RESTREPO, GILBERTO URIBE VANEGAS, Y JULIO CÉSAR MORALES RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que estos adelantaron contra la entidad recurrente y de, LA NACIÓN MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FIDUCIARIA LA

PREVISORA SA, ASESORES EN DERECHO SAS,

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Carlos Antonio Cadavid Restrepo, llamó a juicio a

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Nación

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Radicación n.°94600 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fiduciaria la Previsora SA, Asesores en Derecho SAS, Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones (f.°3 a 15, cuaderno principal), para que se declarara que: «Fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana SA (...)», por lo que la

Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA., representada por Asesores en Derecho SAS, debía expedirle la resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le corresponde por el tiempo laborado en dicha compañía. Consecuencialmente pidió se profirieran las siguientes condenas: a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA., representada por Asesores en Derecho SAS, a que expidiera «la resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le corresponde por el tiempo laborado en dicha compañía»; a Fiduciaria la Previsora, como vocera del Patrimonio Autónomo Panflota, a pagar a Colpensiones el cálculo actuarial por el tiempo laborado en la Flota Mercante; a la entidad administradora de pensiones, a tener en cuenta el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana; a todas las demandadas a pagar lo perjuicios morales y materiales por incumplimiento en el pago del cálculo actuarial; los intereses de mora y las costas. En subsidio, «Por efectos de la responsabilidad subsidiaria», la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café y como Matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, fuera condenada a pagar a la Colpensiones, el cálculo actuarial. En defecto de lo

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Radicación n.°94600 precedente, se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, como fundamentos fácticos, hizo una amplia narración de sucesos históricos y legislativos, desde la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana, hasta su liquidación; describió su situación laboral y pensional, así: a la presentación de la demanda tenía 56 arios; laboró para la Flota Mercante Grancolombiana SA, «hoy compañía de inversiones de la Flota Mercante SA», desde el 28 de noviembre de 1983 y hasta el 10 de mayo de 1990, sin que en la conciliación que celebró ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, se efectuara alusión al tiempo laborado y no cotizado. Afirmó que laboró un total de 2.274 días, para un total de 324.85 semanas, pero la empleadora no efectuó los aportes a pensión, por el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 1983 y el 10 de mayo de 1990. En armonía con lo precedente, aseveró que el último cargo que desempeñó fue el de «Marinero», a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, con un salario promedio mensual de USD936.12. Aseveró que estaba afiliado a Colpensiones pero esa administradora no reclamó el cálculo actuarial por el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana, y refirió que el 14 de noviembre de 2014, presentó reclamación administrativa ante las encartadas.

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La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones se opuso a los pedimentos en su contra, (f.°53 a 61, cuaderno principal). De los hechos solo aceptó la edad del reclamante. Sostuvo que, solo estaba compelida al reconocimiento de la pensión de vejez cuando cumpliera los requisitos de ley. Propuso la excepción de prescripción y las que llamó: carencia de causa para demandar, inexistencia del derecho y de la obligación reclamada, e inexistencia de intereses moratorios. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (f.°76 a 85Vto), manifestó que se oponía «a todas y cada una de las pretensiones de las cuales se pretenda obtener la declaratoria de responsabilidad subsidiaria». No aceptó ningún hecho atinente al vínculo de trabajo. Expuso que era «ajena al proceso de liquidación obligatoria, por ello no puede ser vencida en juicio para que reconozca subsidiariamente el presunto pasivo pensional que ahora pretende reclamar el actor», sumado a que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, era filial de la Federación Nacional de Cafeteros. Dijo que la entidad atrás aludida, no se podía oponer a la afectación de los recursos del Fondo Nacional del Café, ni invocar para excusarse el carácter parafiscal de los recursos, toda vez, que las inversiones hechas por la Federación Nacional de Cafeteros en la Flota Mercante, tuvieron como finalidad el desarrollo de

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actividades inherentes al fomento y/o beneficio del sector cafetero. Planteó la excepción de prescripción, y las que denominó: inexistencia de obligación alguna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y falta de legitimación en la causa. La Fiduciaria la Previsora SA - Fiduprevisora SA., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, al contestar la demanda (f.°98 a 117, cuaderno principal), expresó que se oponía a las peticiones. De los hechos, aceptó la radicación de la reclamación administrativa. Invocó algunas cláusulas del contrato de fiducia 3-10138 de 2006, suscrito entre esa sociedad y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. Con sustento en el aludido contrato, alegó que actuaba «exclusivamente como una Fiducia de administración y fuente de pagos». Argumentó que de acuerdo con las normas mercantiles, su responsabilidad estaba limitada por el contrato de fiducia, por ende, no asumía obligaciones directamente con su patrimonio. Como excepción previa, propuso la de falta de legitimación en la causa por pasiva. De mérito invocó la de inexistencia de la obligación. Asesores en Derecho SAS (f.°142 a 164, cuaderno principal), en su condición de mandataria con representación

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Radicación n.°94600 del Patrimonio Autónomo - Panflota, se opuso a las peticiones formuladas en su contra. Del fundamento fáctico,

asintió: edad del accionante, los extremos temporales, y la reclamación administrativa. Sostuvo que no le asistía derecho al reconocimiento y pago del cálculo actuarial, porque en la fecha en la que se prestaron los servicios a favor de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, es decir, entre el 28 de noviembre de 1983 y 10 de mayo de 1990, no existía obligación legal forzosa de afiliación para los trabajadores marítimos. Alegó excepción previa de cosa juzgada, de mérito prescripción y las que llamó: inexistencia de la obligación, para el tiempo de vigencia del vínculo laboral no existían figuras como cuotas partes pensionales o bono, imposibilidad jurídica, y buena fe. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su condición de administradora del Fondo Nacional del café (cuaderno anexo 3), se resistió a las peticiones. Del sustento fáctico asintió la reclamación que radicó el accionante. Aseveró que la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz, se abría camino únicamente en el evento que estuvieran cumplidas copulativamente, las siguientes condiciones: la situación de concordato haya sido por causa de las actuaciones de la controlante; las actuaciones se hubiesen realizado en virtud de la subordinación ejercida por la matriz en su interés o de otra de las subordinadas; y que

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Radicación n.°94600 las actividades se efectuaran en contra de la sociedad en concordato. Propuso excepción que tituló ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza de la Federación

Nacional de cafeteros de Colombia. En proveído del 10 de mayo de 2016 (f.°360, cuaderno principal), el juez de primer grado dispuso acumular a este, los expedientes de Mario Fernando López Cuesta, Gilberto Uribe Vanegas, y Julio César Morales Rodríguez, quienes convocaron a las mismas entidades, formularon pretensiones similares, con base en diferentes periodos en los cuales requerían el pago del cálculo actuarial. En cuanto a los fundamentos fácticos de sus demandas, se destacan los relativos a la situación laboral de cada uno, así: Gilberto Uribe Vanegas (f.1 a 15, C.15), describió que a la presentación de la demanda tenía 56 arios, laboró para la Flota Mercante Grancolombiana mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 4 de septiembre de 1979 y hasta el 3 de julio de 1990, para un total de 3.810 días, equivalentes a 544 semanas de cotización, con un promedio salarial de USD1.054.42. Alegó que la empleadora no efectuó los aportes a pensiones por el tiempo comprendido entre el 4 de septiembre de 1979 y el 3 de julio de 1990, pero como trabajó con otras empresas, acreditó al ISS 647.43 semanas. Aseveró que radicó la correspondiente reclamación administrativa ante cada una de las demandadas.

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Radicación n.°94600 Julio César Morales (f.°3 a 14 Vto. C.14), narró que tenía 51 arios de edad, prestó sus servicios a la Flota

Mercante Grancolombiana, desde el 1 de agosto de 1983 y hasta el 7 de julio de 1997, con un salario promedio en el último ario de servicios de USD1631.37. Resaltó que prestó sus servicios 4943 días, para un total de 706.14 semanas, pero la sociedad subordinante, no realizó los aportes durante 2.548 días, es decir, 364 semanas. Detalló que elevó sendas reclamaciones administrativas ante las convocadas al litigio. Mario Fernando López Cuesta (f.°506 a 517 Vto., C. 16), adujo que tenía 58 arios de edad, estuvo vinculado con la Flota Mercante Grancolombiana, mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 23 de marzo de 1982 y hasta el 30 de enero de 1992, es decir, un total de 3507 días, que correspondía a 501 semanas, con un salario en el último ario de servicios de USD937.02. Destacó que la compañía subordinante, no realizó los aportes a pensión por el tiempo comprendido entre el 23 de marzo de 1982 y hasta el 3 de septiembre de 1990. Apuntó que elevó reclamaciones administrativas a cada encartada. La Federación Nacional de Cafeteros, La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, La Fiduciaria la Previsora SA, Asesores en Derecho SAS, y Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, se opusieron a las pretensiones elevadas en contra de cada una de ellas y, se valieron de los mismos argumentos y mecanismos de defensa propuestos en el proceso promovido, al que fueron

acumulados.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 4 de abril de 2019 (CD. f.°643), en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA SA - ya liquidada, y los señores demandantes Carlos Antonio Cadavid, Mario Fernando López Cuesta, Gilberto Uribe Vanegas, Julio César Morales, existieron contratos de trabajo para los periodos comprendidos: para el señor Carlos Antonio Cadavid, del 28 de noviembre del 83 al 10 de mayo de 1990; para Mario Fernando López Cuesta, del 23 de marzo de 1982 al 30 de enero de 1992; para Gilberto Uribe Vanegas del 4 de septiembre de 1979 al 3 de julio de 1990, y para Julio César Morales del 1 de agosto de 1983 al 7 de julio de 1997.

SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES, a rehacer o corregir el cálculo actuarial presentado ante este proceso, folio 548 a 572, correspondiente a los tiempos laborados por cada uno de los demandantes señalados en el numeral anterior, debidamente actualizados teniendo en cuenta los topes máximos de cotización para las fechas en que terminaron las relaciones laborales de cada trabajador y excluyendo de dicho cálculo los tiempos que la Flota Mercante Grancolombiana, haya cotizado y pagado oportunamente a cada trabajador dentro de los tiempos

laborados según la historia laboral.

TERCERO: CONDENAR a las demandadas FIDUPREVISORA y Asesores en Derecho, como mandataria con representación de PANFLOTA o a quien haga sus veces a remitir a COLPENSIONES la información necesaria para la elaboración del cálculo que se ordena.

CUARTO: se CONDENA a Fiduciaria La Previsora, a pagar los cálculos actuariales correspondientes al tiempo laborado por los demandantes de acuerdo con lo resuelto en el numeral primero de la resolutiva a Colpensiones, con los recursos del Patrimonio Autónomo o en su defecto con los recursos que debe aportar la

Federación Nacional de Cafeteros.

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QUINTO: se ABSUELVE a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: SE ABSUELVE al Ministerio de Hacienda de todas las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: se DECLARAN no probados los medios de defensa propuestos por Colpensiones, Asesores en Derecho, y la Federación nacional de Cafeteros, Fiduciaria la Previsora, y se declaran probadas las excepciones propuestas por la Nación

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

OCTAVO: Las costas son a cargo de la Federación Nacional de cafeteros de Colombia, Fiduciaria La Previsora y Asesores en Derecho y a favor del demandante las agencias en derecho (...) igualmente el demandante debe pagar COSTAS PROCESALES A

FAVOR DEL MINISTERIO de Hacienda (...).

NOVENO: ORDÉNESE la consulta de esta sentencia a favor de

Colpensiones (...).

Disconformes, la parte demandante, Asesores en Derecho SAS, Fiduprevisora SA, y la Federación Nacional de Cafeteros apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 16 de julio de 2019 (CD a f.°668), en el que decidió: PRIMERO: MODIFICAR el punto segundo del fallo apelado en el sentido de indicar que la demandada Colpensiones deberá elaborar y no corregir el cálculo actuarial.

SEGUNDO: ADICIONAR, el punto segundo, del fallo apelado en el sentido de indicar que el cálculo corresponderá únicamente al porcentaje de cotización a cargo del empleador y del mismo, se excluirán los periodos en que los demandantes disfrutaron de licencias o interrupciones en el contrato de trabajo.

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TERCERO: ADICIONAR el punto tercero del fallo apelado, en el sentido de indicar que las demandadas FIDUPREVISORA y Asesores en Derecho deberán remitir a Colpensiones la información necesaria para la elaboración del cálculo actuarial, señalando mes a mes los salarios devengados por los demandantes y los factores que lo constituyen. Así mismo, a discriminar las fechas de introducción de la relación por licencias no remuneradas.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, el fallo apelado.

QUINTO: sin costas en esta instancia, esta decisión se notifica en estrados a las partes y sus apoderados.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, comenzó por dirimir los planteamientos del recurso de apelación de la Federación Nacional de Cafeteros. Destacó que esa compañía, a través de comunicación del 29 abril de 1998, informó a la Cámara de Comercio de Bogotá que, en condición de administradora del Fondo Nacional del Café, con recursos de éste, tuvo el 80% de las acciones de la sociedad, denominada compañía de inversiones de la flota mercante SA., por lo que ésta última se hallaba en la situación de subordinación establecida en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. De la responsabilidad subsidiaria a cargo de la sociedad matriz, explicó que, el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, establecía que «se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada por causa diferente». En armonía con lo SCLAJPT-10 V.00 II Radicación n.°94600 precedente, afirmó que la sociedad controlante no había logrado infirmar la presunción, lo que conlleva condenarla en virtud de la responsabilidad subsidiaria a «reconocer y pagar el título pensional reclamado por los demandantes, como acertadamente concluyó el a quo». Expresó que, en otro punto de apelación, la Federación alegó que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no era procedente reconocer aportes a quienes no estaban vinculados con la Flota Mercante a la entrada en

vigencia de dicha disposición, y que en la alzada también precisó que, en todo caso, no omitió vincular a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales, pues en el caso de trabajadores del mar, el llamamiento solamente se dio en el ario 1990. Para resolver apuntó que, según el Código Sustantivo de Trabajo, las pensiones estarían a cargo del empleador hasta que el Seguro Social asumiera el riesgo correspondiente y lo subrogara en la obligación, lo que se dio a partir de 1 de enero de 1967, con la expedición del Acuerdo 224 del 1966, aunque esa subrogación no fue inmediata, ello no podía derivar en el desconocimiento de los derechos de los demandantes. En cuanto a la afirmación según la cual, no tenía la obligación de cotizar al ISS, debido a la falta de cobertura, agregó que, aunque existían diversas tesis, lo procedente era seleccionar la más favorable, lo que implicaba acoger la postura de esta Corporación que, gen sentencia del 16 dej ulio

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Radicación n.°94600 2014, con radicado 41745 (...) expuso (...) que (...) el patrono debe responder al ISS por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues solo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía (...)». Refirió que dando alcance a este criterio jurisprudencial, aunque los demandantes Mario Fernando López Cuesta, Carlos Antonio Cadavid Restrepo y Gilberto Uribe Vanegas, dejaron de prestar servicios con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, y la empleadora solamente

estaba obligada a realizar la afiliación al ISS a partir del 15 de agosto de 1990, ello no la exoneraba de la obligación de responder por los periodos en que los demandantes efectivamente trabajaron, pues iría en detrimento del derecho a la Seguridad Social en pensiones de los subordinados, por lo que no era procedente en este punto, modificar el fallo de primera instancia. Aludió al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, literales c) y d) de su parágrafo, y argumentó que no obstante lo allí dispuesto, de acuerdo con fallo CSJ SL14215-2017, «el vocablo omisión, en su interpretación debe ser desprovisto de elementos subjetivos de culpa, pues con él se busca darle validez a todos los tiempos laborados sin otro tipo de consideraciones», por ende, no era de recibo el argumento de apelación de la Federación, pues como se vio, el deber de sufragar el cálculo actuarial, «no surge necesariamente de la conducta dolosa del empleador».

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Radicación n.°94600 Recordó que la Federación Nacional de Cafeteros, también expuso que «solo es procedente ordenar el pago de los aportes que falten para que los demandantes alcancen el derecho pensional» y con el salario mínimo. El Tribunal rechazó este argumento porque no había razón que justificara hacer gravosa la situación pensional de los demandantes, disminuyendo el valor de su ingreso base de liquidación y el número de semanas que necesariamente incidirán en la tasa de reemplazo con la cual le será eventualmente reconocida la pensión de vejez.

Subrayó que la Federación afirmó que si se ordenaba el pago de una provisión en la aplicación del artículo 72 de la Ley 90 del 1946, debía darse aplicación completa a esta norma, por lo que, no era posible disponer una provisión en aplicación de la ley 797 de 2003, sumado a que la relación laboral de tres, de los cuatro accionantes, finalizó con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y en aquella época, el ingreso base de cotización ascendía al 6.5% a cargo del empleador, no superaba el 66%, situación que cambió con la ley 100 de 1993, que la estableció en un 75%. Para decidir este reclamo, mencionó que, en observancia de los principios de universalidad e integralidad, las normas para resolver el reclamo, deben ser las vigentes en el momento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, pues ha existido una evolución legislativa tendiente a reconocer esas «contrariedades de manera tal que las pueda asumir el sistema de Seguridad Social, pero sin que

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Radicación n.°94600 afecten su sostenibilidad financiera» (SL2731-2015 y SL14388-2015). No obstante lo anterior, encontró que la acusación estaba fundada «como quiera que los afiliados al ISS desde la expedición del decreto 3041 del 66, tenían a su cargo la obligación de asumir un porcentaje de la cotización para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte», por ende, aunque la entidad no lo afilió, debido a que no estaba obligada a

hacerlo, «no encuentra la sala motivo alguno para eximir (...) a los demandantes de asumir el porcentaje que por ley les corresponde», en consecuencia, en este punto concreto modificaría la sentencia del a quo, «en el sentido de indicar que el cálculo actuarial corresponderá únicamente al porcentaje del aporte a cargo del empleador». Refirió que la Federación razonó que si bien, la Corte Constitucional sentencia SU1023 de 2001, impuso una orden transitoria en su contra dicha corporación indicó que la orden debía ser confirmada por la justicia ordinaria y no existían sentencias en las que «la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia», hubiese definido que la «Federación debe responder por las obligaciones de la Flota Mercante». Aludió a la sentencia de amparo atrás citada, indicó que efectivamente la protección allí dispuesta era transitoria, y enunció que no era indispensable que esta Corporación hubiese emitido un fallo previo, máxime que realizado el análisis probatorio, «tanto el a quo, como este Tribunal determinó la responsabilidad de la Federación respecto a las

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Radicación n.°94600 obligaciones a cargo de la flota mercante. Adicionalmente, el juzgado laboral primera instancia y este Tribunal hacen parte de la jurisdicción ordinaria». Más adelante, del recurso de la parte demandante, disertó: En segundo lugar, argumenta la parte demandante que el cálculo no está sometido a topes como quiera que la ley que se debe aplicar es la vigente al momento que se vaya a definir el derecho pensional al respecto, entiende el Tribunal que el a quo, no limitó

de manera alguna el valor del cálculo actuarial, sino los salarios base de cotización a tener en cuenta los demandantes para determinar el monto de dicho título pensional, lo que tiene sentido, pues de conformidad con los Decretos 2630 del 83 y 2610 del 89, se fijó el salario máximo asegurable para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales y se estableció la tabla de categorías salariales, las que contienen unos topes que no pueden ser desconocidos. Así las cosas, como en el presente asunto no se han establecido los salarios de cada demandante y esa es una tarea ordenada, a Fiduciaria y asesores en derecho de resultar el mismo superior en algún caso los topes establecidos por el ISS deberán ajustarse a los mismos, como acertadamente concluyó el a quo, por lo que no se modificará la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes y la Federación Nacional de Cafeteros, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver,

en primer lugar el de:

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE

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COLOMBIA

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia se revoque el del a quo, en cuanto la condenó y declaró probadas las excepciones propuestas por la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su lugar «hacer el pronunciamiento que corresponde con referencia a la responsabilidad subsidiaria que se le imputa a la Nación, como titular jurídico de los recursos parafiscales del Fondo

Nacional del Café». En subsidio, pide la casación en cuanto «confirma la condena al pago y reconocimiento del cálculo actuarial y los demás pronunciamientos que son consecuenciales a esta», en sede de instancia, se revoque la sentencia de primer nivel y nieguen las pretensiones. Como segundo alcance subsidiario, ruega la casación en cuanto la condena al pago del cálculo actuarial, en sede de instancia «revocar la condena del fallo de primer grado sobre el precitado punto, para, en su lugar, imponer (...) que se deberá pagar una suma equivalente a los aportes que debía hacer a esa entidad con referencia a las denominadas tablas y categorías que regían para tal data en dicha entidad». Con el anterior propósito, plantea 3 cargos que merecieron réplica de la parte actora y Colpensiones.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa aplicación indebida de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la CN, que dio lugar a la indebida aplicación del inciso 2 del artículo 259 y 260 del CST, 3, 38, 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966; 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 373 del Código de Comercio, 60 del Código de Procedimiento

Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. En el desarrollo asevera que no discute las siguientes conclusiones del fallador plural: ono se desvirtuó la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 para la matriz o controlante de la sociedad subordinada que entra en situación de concordante o liquidación obligatoria»; la Federación Nacional de Cafeteros, fue vinculada como administradora del Fondo Nacional del Café y en esa condición se impuso la condena; que el Colegiado dio por demostrado que la Federación Nacional, a través de comunicación del 29 de abril de 1998, informó a la Cámara de Comercio que había adquirido el 80% de las acciones de la sociedad denominada Compañía de Inversiones de la Flota Mercante; que de acuerdo con la sentencia CC SU1023-2001, el Fondo Nacional del Café, está compuesto de recursos parafiscales y carece de personería jurídica; y que como el fondo atrás aludido, es una cuenta

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Radicación n.°94600 corriente, de naturaleza parafiscal, su dueño es el Estado Colombiano. A continuación, expone: Basado, entonces, en las precitadas cuatro premisas, lo que se controvierte y discute, con esta acusación, es que, a la Federación (...) como administradora del Fondo Nacional del Café, que se repite, es la calidad en que se encuentra vinculada al' proceso el Tribunal haya confirmado la condena en los términos que con respecto a ella se hizo por el juzgado del conocimiento (...). Y una de esas implicaciones era y es, que esa calidad en que

actuó y actúa la Federación Nacional de Cafeteros en este proceso, le imponía, al juzgador, determinar quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena, de darse los supuestos de ley, la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario. Alega que como el colegiado no procedió de la forma aludida, incurrió en la vulneración de los artículos 822 y 1266 del Código de Comercio, y 2186 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1262 y 1263 del Código de Comercio y 2142 del CC, sumado a que, el Fondo Nacional del Café, al no ser persona jurídica, y sus recursos ser parafiscales, esta Corporación «habrá de inferir que es la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público como mandante de la Federación Nacional de Cafetero (sic)» la llamada a responder subsidiariamente. Menciona que ese tema fue analizado en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-1023-2001, duplica varios pasajes del considerando 16, y luego recuerda que en tal providencia, la citada Corporación de justicia, argumentó que las medidas que allí se tomaban eran transitorias, mientras el juez ordinario definía quién debía responder

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Radicación n.°94600 subsidiariamente según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, inclusive admitió la posibilidad que fuera la Nación, y esgrime que según providencia CC C-840-2003, el Fondo

Nacional del Café se nutre de recursos parafiscales. Para concluir, eleva algunas críticas a una providencia de otra sala de descongestión de esta Entidad y recalca que el fallo CC SU-1023-2001, adoptó una medida provisional para proteger a los trabajadores, pero ello no implica que se convierta tal solución, en definitiva. VU. RÉPLICA El apoderado del accionante, dice que «no hay lugar a cambiar el criterio pacífico delimitado por la Corte en sentencia SL1616-2022, habida cuenta que desde la misma sentencia SU-1023 de 2001, se ha excluido la responsabilidad subsidiaria de la Nación». Colpensiones, manifiesta que, aunque lo planteado en el cargo no le incumbe a esa administradora, en todo caso, el mismo no puede prosperar, porque esta Sala en fallo CSJ SL254-2023, ya se pronunció sobre lo aquí debatido.

VIII. CONSIDERACIONES En primer lugar, se encuentra que el recurso extraordinario surge como una manera de complementar el de apelación, pues en este último, en lo atinente al Ministerio de Hacienda, la ahora recurrente no planteó ningún

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