CSJ - SL2075-2023

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de Casaclin Laboral

Sala de Descengastlin N: 3

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2075-2023 Radicación n.°94755 Acta 30 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

JOAQUÍN BERNARDO MURILLO VALENCIA,J OSÉ ELMER

CASTILLO, JESÚS ALEXANDER MURILLO BERMÚDEZ, OMAR RODRIGO JOSA TIMANA y JOSÉ BRAULIO DÍAZ DÍAZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 8 de abril de 2022, en el proceso que adelantaron contra INGENIO

PICHICHI SA.

Se acepta el impedimento del Magistrado Donald José Dix Ponnefz, presentado el pasado 31 de julio. Se reconoce personería adjetiva al abogado Rigoberto Echeverri Bueno, para actuar como apoderado de Ingenio Pichichi SA, en los términos del poder conferido.

SCLAPT-10 V.00

Radicación n.°94755

I. ANTECEDENTES En lo que interesa al recurso extraordinario, Joaquín

Bernardo Murillo Valencia, José Elmer Castillo, Jesús Alexander Murillo Bermúdez, Omar Rodrigo Josa Timaná y José Braulio Díaz Díaz, demandaron al Ingenio Pichichi para que se declarara que: existió un contrato realidad a término indefinido, fueron enviados en misión al aludido Ingenio, por

parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Practicaria, Crecivalores SAS, Cooperativa de Trabajo Asociado Azurcoop, Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar, Cooperativa de Trabajo Asociado Suricaria, Cooperativa de Trabajo Asociado Aldia, Cooperativa de Trabajo Asociado Fuerza Interactiva, Serviasociados SAS, Cooperativa de Trabajo Asociado Fe y Esperanza, para efectuar labores de corte de caria. Consecuentemente, pidieron condenar a la llamada a juicio, de acuerdo al tiempo trabajado por cada uno, a pagarles: auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud, riesgos laborales, indemnización por despido sin justa causa, sanción del artículo 65 del CST y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, los perjuicios morales por 500 salarios mínimos, la indexación, lo extra y ultra petita, además de las costas. Como fundamento de las pretensiones, relataron que: prestaron sus servicios a la demandada como trabajadores

SCLAPT-10 V.00 2

Radicación n.°94755 asociados a las CTA y las SAS citadas, pero fueron remitidos en misión en labores de cortar caria, actividad que desarrollaron así: Omar Rodrigo Josa Timaná desde el 18 de julio de 2006 hasta el 29 de febrero de 2012; Joaquín Bernardo Murillo Valencia del 5 de diciembre de 2005 al 29 de febrero de 2012; José Braulio Díaz Díaz desde 25 de junio

de 2004 hasta el 29 de febrero de 2012; Jesús Alexander Murillo Bermúdez del 16 de marzo de 2004 al 29 de febrero de 2012 y, José Elmer Castillo entre el 5 de diciembre de 2005 y el 29 de febrero de 2012. Informaron que, durante el periodo laborado, la llamada a juicio no pagó las prestaciones sociales, las vacaciones, los intereses a la cesantía, ni el auxilio de transporte, les sufragó un salario inferior al de los trabajadores de planta, quienes estaban cobijados por la convención colectiva, y además, las Cooperativas y la SAS les efectuaron descuentos del salario. Dijeron que la actividad como corteros de caria, fue desarrollada en los predios del Ingenio Pichichi, con una jornada que iniciaba 6:00 a.m. y terminaba 3:00 p.m., de lunes a domingo y festivos, sin descanso, bajo las órdenes de los supervisores, cabos o monitores de corte del ingenio. Sostuvieron que el Ingenio Pichichi SA, se encargó de la información de cada trabajador, especialmente en cuanto a días laborados, corte de caria por el número de tajos, especificación del producto, toneladas cortadas y tarifa. Estos datos eran remitidos a las Cooperativas y SAS citadas, para que efectuaran el pago.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.°94755 Adujeron que la demandada para poder ingresar a sus instalaciones los obligó a afiliarse a las Cooperativas y SAS enunciadas, las que no eran dueñas de las herramientas con las que se efectuó el trabajo, no cumplieron funciones

autogestionarias, el precio de corte lo fijaba el ingenio Pichichi, al igual que el control de los asalariados, y fue el aludido ingenio quien dispuso la disolución y liquidación de las Cooperativas, pagó los costos que este proceso implicó; que en octubre de 2008 participaron en una huelga, lo que costó que algunos de ellos fueran procesados y finalmente absueltos. Manifestaron que, en el último ario, percibieron los siguientes salarios: Omar Rodrigo Josa Timaná $536.000; Joaquín Bernardo Murillo Valencia $1.114.46.66; José Braulio Díaz Díaz $871.333.33; Jesús Alexander Murillo Bermúdez $797.833.33 y José Elmer Castillo $1.316.166.66. Para finalizar aseveraron que, las Cooperativas y SAS nunca realizaron laboral autogestionarias, la demandada se encargaba de imponer el precio de corte de caria, que durante la relación laboral sufrieron perjuicios morales y que en las cartas de renuncia que firmaron, no medió su voluntad, pues de no hacerlo no habrían sido incorporados a la empresa Pichichi Corte SA, que es propiedad de la encausada (f.° 6 a 32 cuaderno 1). El Ingenio Pichichi SA, se opuso a las pretensiones y negó los hechos. Propuso las excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del /itis consorcio necesario

SCLAPT-10 V.00 4

Radicación n.°94755 y por falta de los requisitos formales, la de mérito de prescripción y, las que llamó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de

legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, pago, compensación, ilegitimidad de personería sustantiva y buena fe. Adujo que con los demandantes jamás ha existido relación laboral ni vínculo alguno, por el contrario, debían tenerse en cuenta las expresiones que constituían confesión, en cuanto a que estuvieron vinculados a las Cooperativas de Trabajo Asociado y SAS citadas en la demanda, con las que suscribió contratos civiles de ofertas mercantiles, en las que se evidencia que aquellas desarrollaban sus actividades con autonomía técnica y administrativa (f.° 159 a 179 cuaderno 1).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, concluyó el trámite y emitió fallo el 23 de septiembre de 2019

(CD a f.° 3372 cuaderno 12), en el que absolvió a la demandada e impuso costas a los promotores del juicio. Inconformes, los accionantes apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, profirió fallo el 8 de

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.°94755 abril de 2022, en el que confirmó la de primer grado e impuso costas a los recurrentes. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el ad quem precisó que centraría su estudio en verificar si existieron verdaderos contratos de trabajo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, con el fin de desarrollar la inconformidad presentada en el recurso de

apelación, que fundamentaron principalmente en que entre la demandada y las Cooperativas y las SAS existió tercerización laboral, para burlar los derechos de los demandantes. Dijo que la afirmación de los promotores del proceso en cuanto a que sus servicios fueron prestados para la demandada y que por tal motivo se deducía el vínculo laboral, fue negado con sustento en que ningún vínculo existió entre ellos, que los servicios que alegaron fueron para las CTA y SAS enunciadas con quienes el Ingenio suscribió contratos civiles o comerciales. Se remitió a las historias de aportes a la Seguridad Social en Pensiones de los demandantes (f.° 48 a 81), las cuales exhiben las cotizaciones por cuenta de diferentes empresas entre las que no aparece el Ingenio demandado; dice que en el cuaderno No. 1 obra Acta de Acuerdo de 21 de junio de 2005, entre directivos de la demandada y un grupo de personas que expresan tener representación de algunas CTA que prestan apoyo en labores de corte de caria, pacto en

SCLAPT-10 V.00 6

Radicación n.°94755 el que dispuso que la empresa no contrataría de manera directa el corte manual de caria, que en cooperación con el SENA daría capacitación en cooperativismo a los asociados y garantizaría que las mismas se formaran y organizaran de acuerdo a la ley para presentar ofertas mercantiles; que también aparecían actas de verificación del mentado acuerdo. También se refirió a las diferentes ofertas mercantiles, sus aceptaciones, contratos de prestación de servicios y demás documentos, las que dijo daban cuenta de la relación comercial suscitada entre las Cooperativas y SAS citadas

entre los arios 2006 y 2011, todas con el fin de realizar corte manual y siembra de caria en predios del Ingenio demandado o de terceros, que además reposaban las copias de los estatutos, actas de asamblea, facturas y recibos de pago, al igual que toda la documental que relativa la vinculación de los demandantes con las mentadas Cooperativas. En punto a la prueba testimonial acudió a la versiones rendidas por William de Jesús Calvo Acevedo, José Lubin Cobo Saavedra y Amparo López Espejo, los dos primeros afirmaron haber sido empleados del Ingenio Pichichi e informaron que nadie de la citada empresa emitía ordenes al personal de las cooperativas, que la única comunicación que existía era entre el jefe de cosecha y los representantes de las CTA y SAS, su relación fue siempre con los gerentes o representantes de las citadas, más no con los corteros; la tercera declarante informó que su relación con las

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.°94755 Cooperativas y SAS fue para efectos de realizar el trámite de disolución y liquidación a través de un contrato de prestación de servicios, supo que los trámites disciplinarios frente a los corteros de caria los asumía directamente la Cooperativa o la SAS a la que se pertenecían. Entonces, expuso: [...] Del análisis de las posturas detalladas, se obtiene con claridad, que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caria de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHÍ S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes

a la encartada; empresas que según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes. También quedó probado, que a INGENIO PICHICÍ S.A., se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las empresas oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalice su legalidad, pues no se evidencia objeto o causa ilícita como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización; por el contrario, se patentiza un negocio jurídico válido entre varias empresas con ánimo de lucro; en la que las CTA'S tenían su personal directivo, así como sedes propias donde ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente le imponía, no encontrando la Sala indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades cooperativas. Agregó que conforme las pruebas recaudadas no se evidenciaba que los demandantes fueran subordinados del Ingenio, que ni siquiera se acreditó la prestación de servicios

SCLAPT-10 V.00 8

Radicación n.°94755 como corteros de caria en el tiempo que afirmaron o que tal labor fuera continuada en el tiempo, pues todas fueron

labores propias de cosecha, actividad o tarea que no requería trabajo continuo, que si bien la empresa tenía contratos civiles o comerciales con las Cooperativas y SAS en las que prestaban servicios, no había prueba que permitiera afirmar que cada uno de los demandantes trabajó o prestó servicios en virtud de dichos contratos. Reprodujo el artículo 6 del Decreto 4558 de 2006 y apartes de la sentencia de esta Sala CSJ SL4479-2020, para concluir que la demandada hizo uso de una facultad legal sin incurrir en tercerización al no ejercer poder subordinante de cara a la actividad de corte que desarrollaron los demandantes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La censura solicita a la Corte casar la sentencia del Tribunal, en sede de instancia revocar la de primer grado, en su lugar acceder a las pretensiones e imponer costas como corresponde.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.°94755 Con tal propósito presenta 5 cargos que recibieron réplica, de los cuales, la Sala estudiará el 1 y luego en conjunto el 2, 3, 4 y 5 dada la identidad de cuerpo normativo acusado y argumentación, así como su igual propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de «los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990, 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Artículo

63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la GP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 19900. Como causa eficiente de la trasgresión normativa, cita los siguientes errores: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caria de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada a juicio esto es para las CTASs y SAS. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, las CTAs y SAS según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las CTAs y SAS que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de indeterminación. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que en efecto los demandantes recibieron órdenes impartidas en el campo por los cabos o capataces del INGENIO PICHICHI S.A.

SCLAPT-10 V.00 10

Radicación n.°94755

5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación del servicio como corteros de Caria, el mismo no se encuentra propiamente determinado en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como cortero[s] en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes fueron trabajadores asociados voluntariamente de las CTAs y SAS. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no existió subordinación o dependencia de los demandantes con la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes prestaron personalmente sus servicios a favor de la demandada INGENIO PICHICHI S.A. 9.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs y SAS no adelantaron labores de cooperativas de trabajo asociado con plena autonomía administrativa y financiera. 10.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs y SAS nunca organizaron las actividades a desarrollar por parte de los demandantes asociados. 11.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs y SAS realizaron sus actividades como con las herramientas de la contratante INGENIO PICHICHI S.A. 12.- No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. fue quien suministró las dotaciones a los asociados en las CTAs y SAS, realizó el pago de incapacidades,

compensaciones, pago la seguridad social y dio donaciones para vivienda, además de ordenar la disolución y liquidación de las mismas. 13.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación de servicios personales como corteros de caria de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda. 14.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la labor como corteros de caria de azúcar no fue continua en el tiempo. SCLAJPT-10 V.00 II Radicación n.°94755 Dice que los yerros fueron consecuencia de la errónea apreciación de: las historias laborales de los demandantes (f.° 48 a 81); actas de acuerdo y verificación firmadas por directivos del Ingenio demandado con un grupo de personas que afirmaron tener representación de los asociados de las Cooperativas (cuaderno 1 y f.° 85 a 94, cuaderno pruebas f.° 1 al 113); las ofertas mercantiles y aceptaciones realizadas por las Cooperativas y SAS, al igual que los demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscrita para realizar el corte manual de caria (f.° 184 y ss, aceptaciones 193 y ss), las pruebas de los restantes cuadernos que conforman el expediente, entre ellas contrato con abogada para liquidar las Cooperativas y SAS y, los demás relacionados con la vinculación de los actores a dichas entidades. Además, de la preterición de: certificado de existencia y representación legal de Ingenio Pichichi (f.°33 a 37); la demanda y su contestación (f.°6 a 32 y 159 a 179).

El sustento, comienza por reproducir apartes de la sentencia del Tribunal y argumenta, que se equivocó al creer que las CTA y SAS fueron empresas totalmente independientes, autogestionarias y que tenían sus propios gerentes, pues eso no fue lo que realidad ocurrió, las citadas dependían del Ingenio demandado quien incluso dispuso su liquidación, que conforme las ofertas mercantiles y sus aceptaciones (f.° 184 y ss y 193 y ss), se comprueba que las labores realizadas por los demandantes fueron las de corte de caria, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, fumigación entre otras, esto es, las mismas actividades del

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.°94755 objeto social de la demandada (f.° 33 a 37) y, por tal motivo no podía intermediar sus actividades misionales, lo que permite inferir que si fue el verdadero empleador de los demandantes. Agrega que de la documental a la que alude, se determina que el Ingenio suministraba dotaciones y herramientas a los socios de las Cooperativas y SAS contratadas, podía exigir el retiro o prohibir el ingreso de aquellos a sus instalaciones, existió la obligación de suministrar la información de los afiliados, sus antecedentes judiciales y disciplinarios, además les donó sumas de dinero con destino al fondo de solidaridad con el fin de atender la solvencia de aquellos e igualmente se obligó a entregar $420.000 por cada asociado, como apoyo a los procesos de producción, pruebas con las que dice, se demuestra que la demandada fue el auténtico empleador.

Manifiesta que de las referidas ofertas mercantiles, se puede concretar que la demandada se obligó con las Cooperativas y SAS a permitir que los asociados usaran el transporte que tienen para los trabajadores directos, también se comprometió a prestar apoyo con el suministro de un salario mínimo para el pago del cabo, ayudar con la carga laboral de la abogada contratista y a pagar incapacidades, lo que ratifica que los demandantes estuvieron subordinados a las condiciones del Ingenio demandado. Sostiene que también erró por la mala apreciación del cuaderno 1 y siguientes, concretamente las actas de acuerdos en los que el Ingenio se comprometió a reubicar a

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.°94755 los asociados en otras labores cuando estuvieran incapacitados, a pagar las compensaciones, la seguridad social, a dar capacitación en cooperativismo y entregar sumas de dinero para desarrollar programas de vivienda y educación, con lo que se comprueba que las Cooperativas y SAS no fueron autogestionarias. Refiere que, de la respuesta a la demanda, se comprueba que prestaron servicios en labores propias del corte de caña durante el período enunciado, actividades que realizaron continuamente a través de las Cooperativas y SAS enunciadas, las que el Ingenio creó y, luego disolvió y liquidó según contratos suscritos con Amparo López Espejo y Licenia Galindo por valor de $159.000.000, lo que patentiza una verdadera simulación y ausencia total de autogestión. Considera que el Tribunal, debió darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica como lo

dicen los documentos señalados, motivo por el cual se debe casar la sentencia cuestionada.

VII. RÉPLICA Afirma que se denuncian normas que no pudieron ser infringidas por el fallador de alzada (artículo 2 del Decreto 2025 de 2011), pues cuando se profirió la decisión de segundo grado ya habían sido declaradas nulas; considera que el Tribunal no incurrió en equivocación alguna en la valoración de las pruebas que denuncian los recurrentes, pues de ninguna de ellas se demuestra la prestación de los

SCLAPT-10 V.00 14

Radicación n.°94755 servicios por cada uno de los demandantes y mucho menos del poder de subordinación por parte de la enjuiciada, que lo probado en ese asunto no es otra cosa que la contratación de servicios con algunas CTA y una SAS para efectuar el corte de caria y otras labores conexas.

VIII. CONSIDERACIONES La Sala centrará su estudio en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio y general de documentos, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de algunas de ellos.

Lo anterior, considerando que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda fáctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148 y CSJ SL2814-2019). Antes de analizar los planteamientos del recurso, se recuerda que para confirmar la sentencia absolutoria de

primer grado, el colegiado se sustentó en que una vez analizada la prueba incorporada al proceso, se obtenía «que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes,f ueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHÍ S.A.,

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.°94755 cuando sí, que los mismosf ueron para entidades diferentes a la encartada», aunado a que no había demostración que desnaturalizara el vínculo comercial celebrado entre la demandada y las Cooperativas y SAS citadas. A lo anterior, agregó que la testimonial allegada daba cuenta de que ni el Ingenio demandado ni tampoco algunos de sus trabajadores impartían órdenes al personal de las Cooperativas, la única comunicación era entre el jefe de cosecha y los representantes de las CTA y SAS, así que era deber de los demandantes demostrar la prestación de servicios en favor de la demandada, carga que no se cumplió en este asunto y mucho menos los extremos temporales. En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, aluden a las historias laborales, actas de acuerdo y verificación, ofertas mercantiles, al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas y SAS «realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO», por lo que las mismas resultaron ser meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación, pues aseguran, las Cooperativas y SAS a las que pertenecieron no tenían independencia financiera ni administrativa y que el Ingenio

fue quien las disolvió y liquidó. De esta primera acusación, sustentada en los folios 33 a 37, no encuentra la Sala elemento que demuestre que 16

SCLAPT-10 V.00

Radicación n.°94755 efectivamente los actores desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la encartada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las Cooperativas y SAS hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios y SAS fueron simples intermediarios. En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes (f.°184 y siguientes), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas y las SAS, con la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el registro de asociados que debía entregar las Cooperativas a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada ajuicio a favor de la cooperativa y SAS para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos.

Así, de ninguna de estas pruebas se colige, que efectivamente los accionantes hayan prestado su fuerza de trabajo al aludido Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente

SCLAWT-10 V.00 17

Radicación n.°94755 lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos podría colegirse, que las Cooperativas y SAS tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa y, que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en la administración y liquidación del ente solidario, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y SAS y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron. En los documentos de folios 240, 241, 290, 291, 375, 376,4 67 y468 del expediente, se encuentra que la compañía llamada a juicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual «para pago de servicios del cabo de campo», así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las CTA y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del ingenio, pues en ellos se hace

alusión particular a ese denominado «cabo de campo» de quien no se acreditó la prestación del servicio a favor del

SCLAPT-10 V.00 18

Radicación n.°94755 Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal. Acusan la documental que aparece a folios 244, 245, 285, 286, 328, 329, 390 y 391, con apoyo en los cuales aseveran que se prueba, que el ingenio autorizó a la cooperativa, que utilizara el mismo medio de transporte que suministraba a sus trabajadores directos, así como que de las documentales de folios 184 y ss, se comprometió a suministrar «cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable, canillera, machetes etc», razonamientos que, como se ha dicho, no apuntan a dilucidar el vínculo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, sino que ilustran los acuerdos entre éste último y las Cooperativas y SAS enunciadas con quienes los suscribieron, sin que en ninguno de esos folios se aluda o se deduzca de alguna manera que los accionantes efectivamente desplegaron su fuerza de trabajo en las instalaciones de la enjuiciada, por ende, nada aporta a los reclamos de los actores, las aseveraciones atrás

esbozadas. A folios 88 y ss, se aprecia el acta de reunión del 28 de agosto de 2010, en donde se menciona que en materia de

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.°94755 «Salud: El ingenio continúa cumpliendo con el compromiso de asumir seguridad social de las personas que no alcancen a devengar el mínimo debido a que estén incapacitados, diferente a los que son por inasistencia». Allí se encuentra que ese aporte era para un grupo determinado, es decir, quienes por estar incapacitados no lograran el ingreso mínimo, sin que se mencione a los demandantes, ni se colija del mismo, que hubieran prestado un servicio personal a la enjuiciada. No pasa desapercibido para la Sala que la censura pretende cuestionar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que la realidad de la contratación debe derivarse de la inexistencia de un real empleador en cabeza de las Cooperativas y SAS, por considerar que éstas no son verdaderamente autogestionarias y que no tienen autonomía financiera; no obstante, como se indicara líneas atrás, no se desconoce que en las ofertas mercantiles adosadas al plenario se consagró: DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA INGENIO PICHICHI S.A. SE OBLIGARÍA A: 1. Pagar cumplidamente, dentro de los plazos establecidos, los valores que adeude al OFERENTE por el servicio eje