CSJ - SL2081-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2081-2023 Radicación n.° 94931 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por el BANCO DE LA REPÚBLICA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral instaurado por RICARDO CALDERÓN TOSCANO contra el recurrente y la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES-.

I. ANTECEDENTES El demandante referido llamó a juicio al Banco de la República y a Colpensiones, para que se condene a reconocerle la sustitución pensional originada en el deceso de su cónyuge Olga María Galindo Garay, a partir del 30 de agosto de 2018, junto al retroactivo, la indexación y las costas del proceso.

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Radicación n.° 94931 Como fundamento de sus pretensiones, relató que a partir de agosto de 2012 empezó a convivir con la causante mencionada en unión marital de hecho y, el 30 de diciembre de 2015 contrajeron nupcias; que si bien tenían domicilios diferentes, ello obedeció a que se encontraba cursando estudios universitarios de derecho subsidiados por su esposa; que dicho vínculo se mantuvo hasta el 30 de agosto de 2018, data del fallecimiento de ella, quien en vida fue

trabajadora de la entidad bancaria y, desde 2003 ostentaba la calidad de pensionada de Colpensiones. Manifestó que a ambas enjuiciadas les solicitó que le reconocieran la «pensión de sobrevivientes»; sin embargo, la negaron por falta de acreditación del requisito de convivencia con la pensionada. El Banco de la República contestó la demanda oponiéndose al éxito de las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la data del deceso de la causante, quien fue su trabajadora; que la afilió a Colpensiones, entidad que le concedió una pensión por vejez, al igual que los relativos a las reclamaciones que formuló el actor para obtener la prestación por sobrevivencia y su respuesta negativa; de los demás, dijo que no le constaban. En su defensa, argumentó que al accionante no le asistía el derecho reclamado dado que no demostró el periodo mínimo de cohabitación requerido según el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 94931 Formuló las excepciones de buena fe, falta de título y causa, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación pretendida, carencia del derecho, prescripción y la genérica. Colpensiones también respondió el escrito introductorio con oposición a la prosperidad de las súplicas. Frente a los supuestos de hecho reconoció los atinentes al fallecimiento de la causante; que tenía la calidad de pensionada por esta entidad, que el accionante reclamó la pensión, pero que le

fue negada. De los demás, expresó que no eran ciertos unos y que no le constaban otros. En su defensa, sostuvo que en la investigación administrativa que realizó pudo corroborar que, si bien el demandante convivió con la causante, ello ocurrió desde el matrimonio celebrado en el año 2015; de manera que, si se tenía en cuenta que el deceso tuvo lugar en el año 2018, era claro que no se demostró el periodo mínimo de convivencia de cinco años de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de carencia del derecho reclamado, prescripción, imposibilidad de costas y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, quien conoció el asunto en la primera instancia, mediante fallo del 11 de diciembre de 2020,

resolvió:

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Radicación n.° 94931

Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar al Banco de La República a reconocer y pagar al señor Ricardo Calderón Toscano la sustitución pensional a la cual tiene derecho en virtud del fallecimiento de la señora Olga María Galindo Garay desde el 30-08-2018 en cuantía para ese tiempo de $4.400.755, la cual seguirá siendo compartida con la otorgada con Colpensiones, y cuyo retroactivo hasta el mes de noviembre del año 2020 es de $ 141.886.889 sin perjuicio de las

mesadas que se sigan causando hasta que se haga la inclusión en nómina respectiva y debidamente indexada al tiempo de su pago.

Tercero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensionesa sustituir a favor del señor Ricardo José Calderón Toscano la mesada pensional devengada por la señora Olga María Galindo Garay desde el 30-08-2018 en cuantía para esa fecha es de $3.912.450 cuyo retroactivo generado hasta el mes de noviembre del año 2020 es de $ 126.143.201 sin perjuicio de las mesadas pensionales que se sigan generando hasta que se haga la inclusión en nómina respectiva y debidamente indexada.

Cuarto: Absolver a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

Quinto: Si esta decisión no fuere apelada, consúltese de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del CPTSS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar los recursos de apelación que ambas demandadas formularon y surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor del «Banco de la República y la

Administradora Colombiana de PensionesColpensiones» la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla a través de sentencia del 31 de marzo de 2022, decidió: 1.° ADICIONAR y MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por

RICARDO CALDERÓN TOSCANO contra BANCO DE LA

REPÚBLICA y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

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Radicación n.° 94931 PENSIONESCOLPENSIONES, los cuales quedarán de la siguiente manera: “SEGUNDO: CONDENAR al Banco de La República a reconocer y pagar a favor del señor Ricardo Calderón Toscano la sustitución pensional a la cual tiene derecho en virtud del fallecimiento de la señora Olga María Galindo Garay desde el 30 de agosto de 2018 en cuantía para ese tiempo de $4.400.755, la cual seguirá siendo compartida con la otorgada por Colpensiones, y cuyo retroactivo hasta el mes de febrero de 2022 es de $190.276.911 sin perjuicio de las mesadas que se sigan causando hasta que se haga la inclusión en nómina respectiva y debidamente indexada al tiempo de su pago. Autorizar descontar de dicho retroactivo aquí liquidado y el que se siga causando hasta la inclusión en nómina el 12% por concepto de cotizaciones para salud.

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones a sustituir a favor del señor Ricardo José Calderón Toscano la mesada pensional devengada por la señora Olga María Galindo Garay desde el 30 de agosto de 2018 en cuantía para esa fecha es de $3.912.450 cuyo retroactivo generado hasta el mes de febrero de 2022 es de $170.882.738 sin perjuicio de las mesadas pensionales que se sigan generando hasta que se haga la inclusión en nómina respectiva y debidamente indexada. Autorizar descontar de dicho retroactivo aquí liquidado y el que se siga causando

hasta la inclusión en nómina el 12% por concepto de cotizaciones para salud.” 2° CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 3° Costas a cargo de las demandadas. (Lo subrayado es de la Corte) En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal indicó que el problema jurídico se contraía a establecer si al actor le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada y, si los descuentos con destino al sistema de salud eran procedentes. Precisó que, no se discutía la data del fallecimiento de Olga María Galindo Garay ocurrida el «30 de agosto de 2018»; que en vida prestó servicios al Banco de la República y, que mediante Resolución 3120 de 2003, Colpensiones le concedió

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Radicación n.° 94931 una pensión de vejez a partir del 20 de marzo de 2001 de carácter compartida. Indicó que, dada la fecha del deceso de la causante, las disposiciones aplicables al asunto correspondían a las previstas en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003. Al respecto, puntualizó que, en el caso de la muerte del pensionado, dichos preceptos establecen que el cónyuge supérstite es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, y puede acceder a ella cuando acredite el tiempo mínimo de convivencia de cinco años previos a la fecha del deceso. Señaló que, en este caso, el demandante demostró una relación sentimental con la pensionada, con «vocación de

familia» desde 2012. Explicó que los «testimonios practicados» dieron cuenta de que «la convivencia se dio en dos viviendas diferentes, ubicadas en Barranquilla y Sincelejo», pero que la pareja transitaba entre una y otra ciudad sin permanecer en una sola, «lo cual fue confirmado con los numerosos tiquetes de trasporte aportados de la empresa Expreso Brasilia». Al respecto, anotó que ello obedecía a que el accionante estudiaba en la primera ciudad mencionada, situación ratificada por «Silvana Patricia González Ibáñez», quien era compañera de él en la universidad. Enseguida se valió de la jurisprudencia de esta Sala contenida en el fallo CSJ SL1510-2014, para sostener que el requisito de convivencia no se desdibuja cuando la pareja separada de manera temporal por la fuerza de las

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Radicación n.° 94931 circunstancias mantiene el auxilio mutuo, consistente en el apoyo económico y espiritual. Así, estimó que el hecho de que los esposos residieran en ciudades diferentes no implicaba que «no estuvieran acreditando una convivencia, en términos del máximo órgano». Destacó la declaración de Margarita Lucía Bolaño, «amiga cercana de la fallecida, quien al igual que los demás», refirió que la convivencia «fue incluso antes [de que] el demandante y la señora Galindo contrajeran matrimonio en el año 2015, arribando la misma al año 2012». Concluyó que la exigencia que la demandada echaba de

menos, sí se cumplió y extendió a partir de 2012 a 2018 y, agregó que la historia clínica de la de cujus, permitía observar que el Calderón Toscano estuvo al lado de su cónyuge «hasta el final de su vida, pues, aparece como acompañante en cada cita y procedimiento que se le realizó a la finada en virtud de la enfermedad que esta padecía»; de ahí, también coligió que el actor tenía derecho a la prestación desde el 30 de agosto de 2018. En relación con la liquidación pensional, dijo que la causante en vida disfrutaba de una pensión de naturaleza compartida, lo que extrajo de los comprobantes de pago de junio y agosto de 2018 la entidad bancaria, vistos a folios 222 y 223, «en los que figura que, la mesada cancelada por dicha entidad a la causante fue de $4.400.755»; que así mismo, a folios 224 a 226 y 227 a 229, obraban los actos administrativos mediante los cuales Colpensiones señaló «que la mesada cuando se retiró de nómina la señora OLGA MARIA GALINDO GARAY […], esto es, en el año 2018, fue de

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Radicación n.° 94931 $3.912.450»; de ahí, que «cada una de ellas otorgaba tales mesadas, sin que obre documental alguna que demuestre lo enunciado por las recurrentes, en cuanto existía pago uniforme». Frente a la liquidación de la pensión, expuso: Por ende, resulta claro para esta Corporación que la liquidación de las prestaciones, al tener cada una de las demandadas una

obligación a su cargo, correspondiéndole el mayor valor al empleador, en este caso el BANCO DE LA REPÚBLICA, debe liquidarse individualmente teniendo en cuentas las pruebas allegadas al proceso. Así entonces, con ayuda del contador asignado a este Tribunal, se procedió a liquidar, hasta el 28 de febrero de 2022, el retroactivo a cargo de cada una de las llamadas a juicio, lo que arrojó una suma de $190.276.911 a cargo del BANCO DE LA REPÚBLICA y, un valor de $170.882.738 a cargo de COLPENSIONES, precisándose que, sobre las cotizaciones a la salud, ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte, en la sentencia de 14 de febrero de 2012, radicación No. 47.378, citando las sentencias de 6 de mayo de 2009, Rad. 34601, 3 de mayo de 2011, Rad. 47246, y del 21 de junio de 2011, Rad. 48003, entre otras, que “…siendo una disposición inherente al otorgamiento de la pensión y legalmente obligatoria, el juez en el momento del reconocimiento de la prestación debió facultar a la entidad pagadora para realizar el descuento de los aportes al sistema general de seguridad social en salud.” En consecuencia, se autorizará a la demandada para deducir del retroactivo a pagar el importe para el pago de las cotizaciones a salud a favor de la E.P.S. en la cual se encuentre afiliada la demandante. (Lo subrayado es de la Corte) En tal sendero, adicionó y modificó la sentencia de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el Banco de la República,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 94931 El recurrente pretende que la Sala case la sentencia del ad quem, «en cuanto confirmó la condena monetaria al pago del retroactivo prescindiendo de la condición de compartida de la pensión» a cargo del banco, para que, en sede de instancia, lo absuelva. Con tal propósito plantea dos cargos por la causal primera de casación; siendo el primero formulado de manera principal y el segundo, como subsidiario. Estos son replicados por el demandante. La Sala los abordará en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 46, 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003 y, 260 del CST y, en la modalidad de violación medio de los artículos 60 y 61 del CPTSS.

Refiere que dicha vulneración ocurrió por los errores ostensibles de hecho en que el ad quem incurrió, consistentes en, dar por demostrado, pese a no estarlo, que la causante y el actor convivieron a partir del año 2012 y hasta el 30 de agosto de 2018 y, no tener por establecido, aun cuando lo estaba, que la comunidad de vida de dicha pareja empezó en el 2015. Enlista como pruebas no valoradas, las siguientes:

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1. Comunicación del Banco de la República del 7 de noviembre de 2018 (fs. 44 a 46).

2. Comunicación del Banco de la República del 4 de diciembre de 2018 (f. 34).

3. Resolución SUB 115627 del 14 de mayo de 2019 de Colpensiones (fs. 224 y ss).

4. Resolución SUB 183425 del 12 de julio de 2019 de Colpensiones (fs. 227 y ss).

5. Resolución DPE 7668 del 9 de agosto de 2019 de Colpensiones

(fs. 230 y ss).

6. Confesión del demandante contenida en su declaración ante el Notario 1º de Sincelejo el 12 de septiembre de 2018 (Anexo a la contestación de la demanda del Banco de la República, sin foliatura visible en el expediente, pero en el folio 23 de la numeración del cuaderno virtual que contiene dicha contestación).

[…]

1. Declaración del señor Álvaro de Jesús Falcon M. ante el Notario 1º de Sincelejo del día 12 de septiembre de 2018 (anexo de la contestación de la demanda del Banco de la República)

2. Declaración de la señora Yasmira Pérez Solar ante el Notario 1º de Sincelejo del día 12 de septiembre de 2018 (anexo de la contestación de la demanda del Banco de la República) Y como pruebas y piezas procesales estimadas con

error:

1. Escrito de demanda como pieza procesal hechos 3º y 4º (fs. 1 y ss).

[…]

1. Declaración de Juan Carlos Berrocal ante el Notario 9º de

Barranquilla del 14 de noviembre de 2018. (f. 233).

2. Declaración de Giovanni Lancini ante el Notario 9º de Barranquilla del 10 de noviembre de 2018. (f. 234).

3. Declaración de Silvana P. González ante el Notario 2º de Barranquilla del 13 de noviembre de 2018. (f. 235).

4. Declaración de Margarita Polo Bolaño ante el Notario 9º de Barranquilla del 10 de noviembre de 2018. (f. 236).

5. Declaración de Janet Bolaño ante el Notario 9º de Barranquilla del 13 de noviembre de 2018. (f. 237).

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6. Testimonios rendidos en audiencia por los 4 últimos declarantes de la relación precedente.

En la demostración expresa que el juez plural no advirtió que el demandante en la declaración extraproceso que rindió ante notario, confesó que la convivencia con la pensionada se extendió del 30 de diciembre de 2015 al 30 de agosto de 2018, como tampoco vio «las comunicaciones» de folios 34 y 44 a 46, cuyo contenido le permitía concluir que la pareja en cuestión no convivió en los cinco años anteriores a la fecha de la muerte de la causante. Encuentra que el Tribunal tampoco apreció los actos administrativos que Colpensiones emitió, pues en ellos «se dan argumentos contundentes en cuanto al incumplimiento del actor del requisito de convivencia», en especial en el que se

remite a la investigación administrativa que arrojó como resultado que la causante y el actor solo convivieron tres años. Señala que el colegiado no valoró con rigor el escrito introductorio en los hechos cuarto y quinto, pues en ellos, el accionante reconoció que él y su consorte tenían domicilios diferentes, aspecto que pone en entredicho la comunidad de vida en los términos descritos en la sentencia confutada y, precisa que «la distancia impide que esa comunidad de vida se logre cumplir con los requisitos que el propio Ad quem destacó». En tal dirección, sostiene que lo que debe darse por establecido es que la pareja empezó a convivir el 30 de agosto de 2015 y culminó con la muerte de la de cujus.

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Radicación n.° 94931 Aduce que el tiempo anterior al matrimonio, «puede aceptarse como demostrativo de una relación afectiva pero no como una convivencia establecida», por la potísima razón de que vivían en ciudades distintas, sin que mediara evidencia de apoyo mutuo desde las aristas emocional y económica. Aclara que es posible que dos personas en una relación marital se encuentren separadas y, aun así, mantengan su comunidad de vida; sin embargo, que este no es el caso, dado que «no se había formalizado una relación estable hasta cuando decidieron contraer matrimonio». Tras ello, sostiene que, demostrados los equívocos endilgados al juez plural en relación con los elementos de juicio calificados en casación, resulta viable abordar el estudio de los que no lo son. En ese ámbito, refiere que, si bien el Tribunal soportó

su decisión en «los testimonios», sin especificar a quiénes se refería y, que a su juicio daban cuenta de la convivencia entre los esposos durante cinco años antes de la muerte de la causante, no mencionó a aquéllos que «manifestaron que esa convivencia se inició con el matrimonio celebrado en el año 2015», esto es, Álvaro de Jesús Falcon y Yasmira Pérez Solar «a los que omitieron pedirles que ratificaran su dicho ya en el curso del proceso». Para finalizar dice que las declaraciones de los demás deponentes carecen de credibilidad, puesto que «dan versiones copiadas» y, en todo caso, si se entendiera que brindaron claridad en relación con el año 2012 como el de inicio de la vida en común de la pareja, ello no tendría mayor

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Radicación n.° 94931 peso que la confesión del demandante en la declaración extrajuicio ya mencionada.

VII. RÉPLICA El accionante se opone a la prosperidad de la acusación, para lo cual manifiesta que el Tribunal no se equivocó al concluir que en este caso se demostró el periodo mínimo de convivencia entre la pareja para obtener la prestación debatida. Al respecto, aduce que de los elementos de prueba que figuran en el expediente, emerge con claridad que cohabitó con su esposa durante los cinco años previos a su fallecimiento y, si bien hubo periodos de separación, ello no implicó la ruptura de la relación.

VIII. CONSIDERACIONES El ad quem en su decisión estimó que Ricardo Calderón Toscano y Olga María Galindo Garay tuvieron una

comunidad de vida desde el año 2012 hasta el momento del fallecimiento de ella ocurrido el 30 de agosto de 2018, de manera que, también encontró demostrado el periodo mínimo de convivencia de cinco años previos a la data del fallecimiento de la causante, necesario para alcanzar la prestación discutida. Arribó a tal conclusión tras estudiar los testimonios de Margarita Lucía Bolaño, amiga cercana de la familia y de Silvana Patricia González Ibáñez, compañera de estudios del promotor de la contienda, de cuyas declaraciones infirió que la pareja inició a convivir en el año 2012 y, si bien en un periodo residieron en ciudades diferentes, ello no implicó la

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Radicación n.° 94931 ruptura del vínculo soportado en el apoyo mutuo en los términos dados por la jurisprudencia de esta Sala, pues de ello daban cuenta los diferentes tiquetes de viaje entre las ciudades donde tenían sus domicilios, aclarando que esa circunstancia se dio por los estudios que adelantaba el actor. Inconforme con tal determinación, el Banco de la República la controvierte desde el punto de vista fáctico, atribuyéndole al Tribunal haber incurrido en diversos errores de hecho, concretamente en tener por demostrado, sin estarlo, la existencia de la convivencia con la de cujus por más de cinco años previos a la data del fallecimiento, como consecuencia de la falta de valoración de diferentes medios de prueba, en especial la confesión contenida en la declaración extrajuicio que el demandante rindió ante notario el 13 de septiembre de 2018, lo manifestado por

Álvaro de Jesús Falcon y Yasmira Pérez Solar, los testimonios, y otros documentos. Así, la Sala debe determinar desde el punto de vista de los hechos y en relación con los medios probatorios denunciados, si el ad quem se equivocó al concluir que el demandante Ricardo Calderón Toscano convivió con Olga María Galindo Garay entre el año 2012 y el 30 de agosto de 2018 y, por lo tanto, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte de la de cujus. Sin perjuicio de la senda de debate elegida, no es objeto de discusión que al momento del óbito ocurrido el 30 de agosto de 2018, la causante ostentaba la calidad de pensionada; que mediante la Resolución 003120 del 25 de octubre de 2003, Colpensiones le concedió pensión de vejez de naturaleza compartida con el Banco de la República,

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Radicación n.° 94931 efectiva a partir del 20 de marzo de 2001; que se encontraba casada con el aquí accionante desde el 30 de diciembre de 2015 y que, por tal virtud sí convivieron desde esta última data hasta el momento de la muerte de ella, debatiéndose en consecuencia, el lapso de 2012 a 2015. De manera previa a emprender el análisis, debe recordarse en lo relativo al requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, lo dicho en sentencia CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, reiterada en la CSJ SL12029-2016, oportunidad en que esta Sala de la Corte trajo a colación varios apartes

jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que dé la plena sensación de que no ha sido la intención de la pareja finalizar por completo su unión, sino que, por situaciones ajenas a su voluntad, en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar. Así, en sentencia CSJ SL1399-2018, la Sala señaló que la convivencia real y efectiva implica: Una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

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Radicación n.° 94931 De igual modo, en fallo CSJ SL3202-2015 esta Sala adoctrinó que, en la familia como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que no tienen consecuencias en el mundo de lo jurídico, como cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan que, transitoriamente no compartan el mismo

techo, pero se mantengan, de manera patente, otros aspectos que indiquen inequívocamente que no les interesa acabar con la relación, es decir, que el vínculo permanece. En similar sentido, la jurisprudencia laboral ha sostenido que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de los compañeros o esposos si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre ellos y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio. En efecto, en sentencia CSJ SL14237-2015, reiterada en CJS SL6519-2017, la Corte reivindicó este criterio en los siguientes términos: Y es que, ciertamente, en sentencia CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la

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Radicación n.° 94931 continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente

que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar. Igualmente, la Corte, en sentencia CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, señaló que debía entenderse por cónyuges, «a quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia». Y en sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 27665, reiteró la anterior orientación, estimando que era razonable «que en circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o compañeros no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el

día permanecía con su compañero». Se trae a colación lo anterior, para precisar y reiterar que la convivencia entre esposos o compañeros permanentes puede verse afectada en la unión física, es decir, por no convivir bajo un mismo techo, por circunstancias que la justifiquen pero que no den a entender que el vínculo matrimonial o de hecho ha finalizado definitivamente. Es del caso precisar que el criterio vigente de esta Sala en torno al tiempo de convivencia que se debe acreditar por quien aspire a obtener la pensión de sobrevivientes ante la muerte de un pensionado, ya sea como compañero (a) o cónyuge, según la redacción del precepto legal, el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es de cinco años, lapso que se advierte con suma claridad y contundencia de la redacción de la disposición citada, por lo que en este caso, ese es el lapso temporal de convivencia que debía ser acreditado por

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Radicación n.° 94931 el actor (CSJ SL5270-2021), exigencia legal frente a la cual no hubo discusión entre las partes. Teniendo en cuenta ese contexto, la Sala abordará el estudio de los elementos de juicio denunciados en casación según pasa a verse. 1.Declaración extrajucio del demandante rendida ante Notario Frente a esta declaración, la entidad bancaria recurrente estima que el ad quem incurrió en el equívoco de obviar su valoración, pues en ella el accionante «confesó» que la convivencia con su consorte fallecida se extendió

únicamente desde el matrimonio celebrado en el 2015, hasta el deceso de aquella que tuvo lugar en el 2018, esto es, por un lapso inferior al exigido por el legislador para acceder al disfrute del derecho prestacional debatido. Frente a dicho medio de prueba, se advierte que no es prueba calificada en casación, pues conforme con el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, solo tienen tal connotación la inspección judicial, el documento auténtico y la confesión judicial. En tal dirección, resulta pertinente aclarar que la confesión que es hábil en casación es la rendida ante el juez laboral, luego, la aquí denunciada se trataría a lo sumo de una confesión extrajudicial, la cual no es prueba idónea en casación del trabajo, por lo que no podría estructurarse un error de hecho manifiesto con base en ella.

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Radicación n.° 94931 En efecto, así lo ha precisado esta Sala de antaño (SL 26 de enero de 1996, radicación 7992) y ha mantenido esa postura pacífica, (CSJ S