CSJ - SL2083-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2083-2023 Radicación n.° 96220 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por FIDUPREVISORA S. A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró RITA MABEL SALAZAR ROSAS contra la recurrente. La Sala se abstiene de reconocer personería adjetiva a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, quien aduce la condición de representante legal de la sociedad Distira Empresarial S. A. S., a quien le fue conferido poder por parte de Fiduprevisora S. A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de

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Radicación n.° 96220 Caprecom Liquidado. Lo anterior porque la Sala de Casación Laboral mediante auto del 8 de febrero de 2023 requirió a la mencionada togada para que, entre otros, allegara copia del certificado de existencia y presentación legal de Distira Empesarial S. A. S. y, pese a que en correo del 16 de febrero del presente año manifestó aportarlo, no adjuntó tal documento. Por sustracción de materia se abstiene de reconocer personería adjetiva a la abogada María Fernanda

Martínez Carrillo como apoderada sustituta.

I. ANTECEDENTES Rita Mabel Salazar Rosas llamó a juicio a Caprecom en Liquidación, con el fin de que se declare que existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual terminó sin justa causa por parte del empleador.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las prestaciones sociales correspondientes al tiempo laborado desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013 correspondientes a cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones y la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del CST. Para sustentar sus peticiones relató que laboró al servicio de la caja demandada desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013 desempeñando las funciones que le eran asignadas en cada uno de los contratos celebrados, dentro de las cuales la actividad más constante

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Radicación n.° 96220 fue la de realizar auditoría en los procesos de aseguramiento, servicios de salud, incluida la auditoría concurrente y médica de cuentas para la región del Valle. Sostuvo que la demandada la vinculó bajo la modalidad de contrato de orden de prestación de servicios, «con el fin de evadir la carga laboral, pero bajo los mismos requisitos de cualquier contrato laboral existente en nuestra legislación» según el artículo 23 del CST. Señaló que durante la relación laboral se celebraron distintos convenios con una asignación que oscilaba entre $1.500.000 y $4.400.000 y con la duración señalada enseguida:

No CPS/OPS (CONTRATOS) DURACIÓN 1 29 del 4 de febrero de 2004 2 meses 2 123 del 19 de mayo de 2004 6 meses 3 240 del 1 de diciembre de 2004 4 y medio meses 4 081 del 6 de mayo 6 meses 5 108 del 19 de octubre de 2005 4 y medio mes 6 RS 40 del 1 de marzo de 2006 6 meses 7 132 del 24 de agosto de 2006 4 meses 8 001 del 02 de enero de 2007 4 meses 9 158 del 02 de mayo de 2007 9 meses 10 134 del 1 de abril de 2008 9 meses 11 675 del 29 de octubre de 2008 6 meses 12 233 del 29 de abril de 2009 2 meses y medio 13 459 del 29 de octubre de 2009 3 meses 14 063 de 29 enero de 2010 2 meses 15 OR76-403 del 11 de octubre de 2012 2 meses y medio 16 OR76-061 de 2 enero de 2013 3 meses 17 OR76-207 del 1 de abril de 2013 9 meses Aseguró que sus jefes inmediatos eran Guillermo Salazar para el año 2004, Elber Díaz de 2005 a 2008, Guillermo Serrano de 2008 a 2011 y Alejandro Delgado Garcés en el año 2013.

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Radicación n.° 96220 Adujo que la empleadora le dio por terminado el contrato de trabajo sin justificación y no le liquidó las prestaciones de ley, ni canceló los aportes a salud, pensión y ARL, ni las incapacidades, las horas extras, los festivos y

dominicales, pese a que sabía que estaba configurado un contrato laboral «y siendo la vinculación disfrazada por orden de prestaciones de servicios». Reclamó la liquidación y pago de sus derechos, pero fue rechazada a través de respuesta del 21 de julio de 2016, aduciendo la extemporaneidad, situación que no podía estar por encima del estatuto laboral colombiano (f.os 2 a 9). A través de auto del 28 de junio de 2017 se dio por no contestada la demanda (f.° 63). Además, en providencia del 13 de septiembre de 2018 se ordenó tener como sucesora procesal de dicha entidad a la Fiduciaria La Previsora S. A., como vocera y administradora de PAR Caprecom Liquidado (f.° 70).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 24 de junio de 2021 absolvió a la demandada de todas las pretensiones y se abstuvo de imponer costas.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, mediante fallo del 30 de noviembre de 2021 resolvió: REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR que entre RITA MABEL SALAZAR ROJAS

y la extinta CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM, hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM, en su condición de empleador, existieron TRES contratos de trabajo a término indefinido así: Del 13 de febrero de 2004 al 12 de abril de 2004. Del 21 de mayo de 2004 al 31 de marzo de 2010. Del 11 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

SEGUNDO: CONDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORAFIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM LIQUIDADA - PAR CAPRECOM, a pagar a favor de RITA MABEL SALAZAR ROSAS, las siguientes sumas y conceptos, por el último contrato de trabajo declarado, así: a. Cesantías $5.738.093,67 b. Compensación de Vacaciones $2.869.046,83 c. Indemnización moratoria $156.308.997,91

TERCERO: ABSOLVER a la FIDUCIARIA LA PREVISORAFIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM LIQUIDADA - PAR CAPRECOM, de las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera a cargo de la demandada. (f.° 152 a 162).

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Radicación n.° 96220 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión que, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y al entendimiento jurisprudencial y doctrinal de tal disposición, no importaba la denominación que al contrato le asignen las partes, pues primaba la realidad sobre las formas, principio que resultaba predicable no solo a los trabajadores particulares, sino también a los servidores del Estado. Refirió el contenido del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y precisó que las expresiones relacionadas con que «las actividades no puedan realizarse con personal de planta» y el no generar en ningún caso «relación laboral y prestaciones sociales» fueron declaradas exequibles condicionalmente, siempre y cuando no se acredite la existencia de una relación laboral subordinada (CC C154-1997). Dijo que resultaba completamente posible que las entidades de derecho público celebraran contratos de prestación de servicios en aquellos casos en que la actividad de la administración no pudiera ser ejecutada por personas vinculadas a ella o cuando se necesitaran conocimientos especializados; acuerdos cuyas características eran la autonomía técnica y científica del contratista, la obligación de hacer, la duración por tiempo limitado y el pago de honorarios. Luego de citar los artículos 1 de la Ley 6 de 1945, 1, 2 y 3 del Decreto 2127 de 1945, señaló que Caprecom fue creada mediante la Ley 82 de 1912 como un establecimiento

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público, transformado posteriormente en empresa industrial y comercial del Estado, razón por la cual sus funcionarios ostentaban la condición de trabajadores oficiales por regla general, según el artículo 5 inciso 3 del Decreto 3135 de 1968, salvo las excepciones allí señaladas. Lo anterior también lo apoyó en decisión CSJ SL, 3 mar. 2006, rad. 26446. Expresó que la demandante suscribió diferentes vinculaciones jurídicas con Caprecom, desde el 4 de febrero de 2004, por medio de contratos y órdenes de prestación de servicios tal como se verificaba de las certificaciones visibles a folios 35 a 46, 47, 48, 49 a 52, 53, 54 y 55. Se refirió a las declaraciones extraprocesales rendidas por Elvira María Banguero Orejuela, Julieta Eugenia Enríquez Bedoya y María Elena Moreno Upegui, las que tenían valor probatorio porque las declarantes se refirieron a situaciones que les constaban directamente y si bien al tenor del artículo 188 del CGP requerían de ratificación, lo cierto era que no fue solicitada por la convocada a juicio. Agregó que ante la ausencia de pronunciamiento por parte del PAR Caprecom frente a los hechos y pretensiones que sustentaban la acción, aplicaría la sanción prevista en el parágrafo 2 del artículo 31 del CPTSS, esto es, tener esta omisión como un indicio grave en su contra, coligiéndose de estas circunstancias y de las pruebas, la prestación personal del servicio, generándose a favor de la actora la presunción legal de que el vínculo estaba regido por un contrato de

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Radicación n.° 96220 trabajo. Estimó que atendiendo la ventaja probatoria prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, por haberse acreditado la prestación del servicio y como la demandada no desplegó actividad alguna tendiente a demostrar que la actora desarrolló sus funciones de manera autónoma e independiente, la verdadera relación jurídica que existió entre las partes contradecía lo que informaban las certificaciones de los contratos de prestación de servicios suscritos, las que «no opaca[ba]n la realidad de lo vivido», lo que llevaba a concluir que el nexo estuvo regido por una verdadera relación de trabajo. Sobre la aplicación de la presunción legal refirió la decisión CSJ SL965-2021. Aclaró que aunque la demandante fundó sus pretensiones en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo relativas a la existencia del contrato de trabajo, particularmente en los artículos 22 y siguientes de dicho estatuto, estos no eran aplicables a los trabajadores oficiales, y puntualizó que la escogencia de la norma que verdaderamente regulaba el asunto, conforme al principio iura novit curia, correspondía al juzgador, quien era el conocedor del derecho y el llamado a aplicar la preceptiva que regulaba la controversia, incluso si no ha sido la invocada por las partes, sin que ello implicara la vulneración del principio de congruencia desde el plano eminentemente jurídico. Sobre el particular citó la decisión CSJ SL177412015.

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Radicación n.° 96220 Así, encontró que se celebraron 18 contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios, ejecutados entre el 4 de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2013, así: No CPS/OPS INICIO FIN REMUNERACIÓN 1 00029 DEL 4 DE FEBRERO DE 2004 13/02/2004 12/04/2004 $900.000 2 00123 DEL 19 DE MAYO DE 2004 21/05/2004 20/11/2004 $1.800.000 3 0240 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 3/12/2004 18/04/2005 $1.800.000 4 0057 DEL 28 DE MARZO DE 2005 28/03/2005 27/07/2005 $1.800.000 5 00081 DEL 5 DE MAYO DE 2005 6/05/2005 26/09/2005 $1.860.000 6 108 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2005 19/10/2005 4/03/2006 $1.832.444,44 7 40 DEL 1 DE MARZO DE 2006 1/03/2006 31/08/2006 $2.400.000,00 8 00132 DEL 24 DE AGOSTO DE 2006 1/09/2006 30/01/2007 $2.400.000,00 9 001 DEL 2 DE ENERO DE 2007 2/01/2007 1/05/2007 $2.500.000,00 10 00158 DEL 22 DE MAYO DE 2007 23/05/2007 30/03/2008 $2.500.000,00

11 134 DEL 1 DE ABRIL DE 2008 1/04/2008 31/12/2008 $2.642.250,00 12 675 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 29/10/2008 28/04/2009 $3.800.000,00 13 233 DEL 29 DE ABRIL DE 2009 29/04/2009 28/10/2009 $3.800.000,00 14 459 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009 29/10/2009 28/01/2010 $3.800.000,00 15 063 DEL 29 DE ENERO DE 2010 29/01/2010 31/03/2010 $3.800.000,00 16 OR076-403 DEL 11 DE OCTUBRE DE 11/10/2012 31/12/2012 $4.989.646,67 2012 17 OR76-061/13 DEL 10 DE ENERO DE 10/01/2013 31/03/2013 $4.989.645,56 2013 18 OR76-207/13 DEL 1 DE ABRIL DE 2013 1/04/2013 31/12/2013 $4.490.682,00 Sin embargo, destacó que no hubo continuidad del contrato, como quiera que se acreditaron varias interrupciones, así: del 12 de abril de 2004 al 21 de mayo de 2004 (39 días); del 20 de noviembre de 2004 al 3 de diciembre de 2004 (13 días); del 26 de septiembre de 2005 al 19 de octubre de 2005 (23 días); del 1 de mayo de 2007 al 23 de mayo de 2007 (22 días); del 31 de marzo de 2010 al 11 de

octubre de 2012 (911 días) y del 31 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013 (10 días). Expuso que, si bien algunas de ellas no superaban los 30 días, siendo estos insuficientes para tener por interrumpida la relación laboral, no ocurría lo· mismo con aquellas comprendidas entre el 12 de abril y el 21 de mayo de 2004; y del 31 de marzo de 2010 al 11 de octubre de 2012,

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Radicación n.° 96220 debido a que su duración constituía solución de continuidad entre la terminación de un vínculo y el surgimiento del otro contrato. Por lo anterior, anunció que declararía la existencia de tres contratos de trabajo, así: i) del 13 de febrero de 2004 al 12 de abril de 2004; ii) del 21 de mayo de 2004 al 31 de marzo de 2010 y iii) del 11 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Explicó que, conforme al criterio expuesto en decisiones CSJ SL14208-2017 y CSJ SL1674-2019, cuando aparecían acreditadas varias vinculaciones y en la demanda inicial se postulaba la existencia de un solo contrato, se debía analizar la última, en este caso la del 11 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Halló que, según las órdenes de servicios, el salario promedio para 2012 correspondió a $4.989.646,67 y para 2013 la suma de $4.615.423,17. Liquidó las cesantías y la compensación en dinero de las vacaciones. Precisó que no había lugar a reconocer la

prima de servicios, porque el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 solo la preveía a favor de los empleados públicos del orden nacional, naturaleza que no ostentaba la actora, así como los intereses, dado que la ley no los consagraba como una prestación de los trabajadores oficiales.

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Radicación n.° 96220 Respecto de la indemnización moratoria, manifestó que se regulaba por el Decreto 797 de 1949 y no en el artículo 65 del CST y procedía cuando el empleador no pagaba los salarios y prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo, correspondiéndole en consecuencia al juzgador analizar el material probatorio, para así determinar si existían razones atendibles frente a los motivos que tuvo para no pagar o hacerlo de manera extemporánea que revelen buena fe en su comportamiento. Precisó que no operaba automáticamente, pues, debía analizarse el elemento buena o mala fe, incluso tratándose de trabajadores oficiales. Adujo que la conducta de Caprecom durante la ejecución del contrato de trabajo no podía considerarse como demostrativa de buena fe, pues «abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar las verdaderas relaciones de trabajo», por lo que no podía entenderse que hubiera actuado de buena fe. Precisó que dicha indemnización empezaba a causarse 90 días calendario después de la terminación del contrato de trabajo (CSJ SL981-2019 y CSJ SL2584-2019). Encontró que, como el último contrato finalizó el 31 de

diciembre de 2013, el plazo de gracia de 90 días comenzaba a contarse a partir del día siguiente (1 de enero de 2014), día a día, por lo que la sanción corría del 1 de abril de 2014 hasta el 27 de enero de 2017, fecha en que se suscribió el acta

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Radicación n.° 96220 final del proceso liquidatorio de Caprecom, teniendo en cuenta la nueva postura expuesta en decisión CSJ SL1942019, en donde se explicó que con la extinción definitiva de la entidad la obligación se tornaba de imposible ejecución, por lo que se configuraba el fenómeno de inimputabilidad de la mora. Concluyó que la deuda por indemnización moratoria correspondía a la suma de $156.308.997,91, por el lapso comprendido del 1 de abril de 2014 al 27 de enero de 2017 (1016 días), a razón de un salario diario de $153.847,44.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia en los temas que le fueron desfavorables, para que, en sede de instancia, confirme la decisión absolutoria de primera instancia y condene en costas a la demandante.

Además, pide que: […] si se confirma la decisión de existir contrato de trabajo se revoque lo correspondiente a los extremos de la relación de acuerdo con las mismas tesis sostenidas por el Honorable

Tribunal y se modifique la condena por concepto de cesantías y

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Radicación n.° 96220 compensación de vacaciones. Con tal propósito, y aun cuando la parte recurrente enuncia el planteamiento de seis cargos en su demanda extraordinaria, contentiva de 34 folios, en realidad formula cinco por la causal primera de casación, los que no son replicados. Serán resueltos en ese orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por la vía indirecta, por la indebida aplicación del artículo 303 del CGP y de la falta de aplicación de los artículos 74, 76, 87 y 88 del CPACA, que llevó a inaplicar el artículo 29 de la CP.

Indica que se cometieron los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que entre la demandante la señora Salazar ya existió un proceso administrativo por los mismos hechos que aquí se discuten el que ya fue resuelto por la autoridad administrativa y estaríamos frente a un doble juzgamiento por el mismo hecho, contrario a lo establecido al derecho a no ser juzgado por segunda vez por el mismo hecho establecido en el artículo 29 de la Carta Fundamental.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el tema objeto de la presente demanda ya fue resuelto dentro del proceso de liquidación de Caprecom con la presentación de la correspondiente reclamación administrativa la cual fue resuelta por la Resolución 04437 del 20 de junio de 2016 y de acuerdo a las normas del CPACA se encuentra en firme y hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo al artículo 303 del CGP.

3. No dar por demostrado, estándolo, que, la demandante, señora Salazar no realizó actuación legal alguna contra el acto administrativo contenido en la Resolución 04437 del 20 de junio de 2016, el cual se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad.

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Radicación n.° 96220 Los errores de hecho que le atribuye a la sentencia se produjeron por no apreciar: i) la reclamación administrativa presentada el 11 de abril de 2016 (f.os 26 a 31) y ii) la Resolución 004437 del 20 de junio de 2016 (f.os 11 a 25). En la demostración del cargo dice que la actora, el 11 de abril de 2016 presentó una «reclamación administrativa» ante la liquidación de Caprecom, en la cual solicitó el reconocimiento de un contrato de trabajo y el pago de las prestaciones sociales, con fundamento en que laboró desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013, mediante contratos de prestación de servicios, labores que en realidad se habían desarrollado como un contrato de trabajo. Señala que el 20 de junio de 2016 dentro del trámite liquidatorio de Caprecom se expidió la Resolución 004437 en la que se resolvió esa reclamación rechazándola totalmente por las causales 1.1, 1.10, 1.12, 3.1 y 3.2, y reseña en extenso su contenido; acto administrativo contra el cual, aclara, no se presentó recurso de apelación, por lo que se encuentra en firme.

A continuación, refiere el escrito inicial, sus pretensiones y los hechos que lo soportaron, dice que de acuerdo al artículo 303 del CGP, son tres las condiciones para que exista cosa juzgada, esto es, identidad de objeto, causa y partes. Asegura que en este caso se configura por las siguientes razones: i) las partes son las mismas, corresponde a una demanda entre la señora Salazar y Caprecom, hoy

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Radicación n.° 96220 representado por el PAR Caprecom liquidado; ii) los hechos y las pretensiones de la reclamación administrativa y la demanda inicial son iguales, y iii) los hechos y las pretensiones de la reclamación administrativa ya fueron resueltos mediante el acto administrativo 04437 del 20 de junio de 2016, el que se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad. Manifiesta que el fallo cuestionado simplemente «revivió lo que ya había sido negado por el proceso de liquidación», violando con ello el principio del debido proceso y el derecho a no ser juzgado por segunda vez por el mismo hecho.

VII. CONSIDERACIONES En lo fundamental, la censura le endilga al Tribunal no haberse percatado de la existencia de cosa juzgada, con ocasión de la reclamación presentada por la actora ante la liquidación de Caprecom y la expedición de la Resolución 004437 del 20 de junio de 2016, la cual, asegura, coincide en las partes, el objeto y la causa del presente trámite judicial.

Conforme a ello, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado pasó por alto la existencia de pruebas que

evidenciaban la configuración del fenómeno de cosa juzgada. Pues bien, mediante el escrito del 11 de abril de 2016 dirigido por la actora al agente liquidador de la demandada,

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Radicación n.° 96220 aquella reclamó el pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Ello con fundamento en que laboró para Caprecom desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013, bajo la modalidad de orden de prestación de servicios con el fin de evadir la carga laboral, el cual constituyó un verdadero contrato laboral (f.os 26 a 31). A través de la Resolución AL-04437 del 20 de junio de 2016 se rechazó totalmente la «acreencia presentada de manera extemporánea por RITA MABEL SALAZAR ROSAS» por las causales 1.1, 1.10, 1.12, 3.1 y 3.2. Allí, como consideraciones iniciales se precisó que, en contra de las decisiones del liquidador solo procedía el recurso de reposición y, en cuanto a la naturaleza de los actos emitidos por el referido funcionario, se puntualizó que conforme al numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las impugnaciones y objeciones que se originaran en las decisiones relativas a la aceptación, rechazo y prelación de créditos y en general las que por su naturaleza constituyeran actos administrativos, correspondía dirimirlos a la jurisdicción contencioso administrativo (f.os 11 a 25).

Como soporte de la decisión se indicó: 1.1. Falta de legitimación en la causa. NO se acreditó la calidad en que aduce actuar, entre otras, las siguientes: No presentó documento de identidad del reclamante. 1.10. Con la reclamación no se allegan contratos, certificaciones u otro tipo de documento que revelen la existencia de la relación jurídica alegada, las pretensiones, la cuantía el incumplimiento o la obligación de pagar a cargo de la entidad.

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Radicación n.° 96220 1.12 Falta de prueba del crédito. Con la reclamación no presentó prueba siquiera sumaria del crédito, por lo tanto, no se pudo establecer el tipo de vinculación obligacional. 3.1 Falta de competencia. Conforme al vínculo jurídico alegado en la reclamación no permite concluir la existencia de un contrato realidad, dada su naturaleza civil. El liquidador no tiene competencia para declarar la existencia de un contrato realidad y mucho menos el reconocimiento de las acreencias laborales, con fundamento en un contrato de prestación de servicios. Solo podrá hacer los reconocimientos que se hayan pactado como obligaciones en el contrato y que no se hubieran cumplido por parte de la entidad. 3.2 Contrato de prestación de servicios. De la prestación de servicios no deviene la obligación de pagos de salarios y prestaciones sociales por parte del contratante, como tampoco el reconocimiento de seguridad social y aportes parafiscales. En vista de la naturaleza de la relación jurídica, la entidad dio cumplimiento a las obligaciones adquiridas que de ninguna manera fueron laborales. La exigencia actual, estando por fuera del marco contractual, no se atempera a las condiciones en que

fue pactado y ejecutado el contrato (f.° 23 y 24). Del contenido de tal documental, se advierte que la Resolución AL-044437 de 2016 corresponde a un acto administrativo emitido dentro del trámite de liquidación de Caprecom y no a una sentencia judicial ejecutoriada. Tan evidente es ello, que en el mismo acto administrativo se puso de presente la ausencia de competencia para declarar la existencia de un contrato realidad y el reconocimiento de las acreencias laborales. Además, el artículo 8 del Decreto 2519 de 2015, que dispuso la liquidación de Caprecom, previó que: «Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación créditos y, en general, los que por su naturaleza impliquen ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la

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Radicación n.° 96220 jurisdicción de lo contencioso administrativo […]» Por ende, la decisión expedida por el liquidador de la entidad ante la reclamación presentada por la actora corresponde a un acto administrativo y no a una decisión judicial ejecutoriada, de ahí que, no configure cosa juzgada. En efecto, el artículo 303 del CGP, antes 332 del CPC, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del CPTSS, le otorga fuerza de cosa juzgada a la «sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso», «siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y

que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes». Como se advierte, la cosa juzgada se materializa por la existencia de una sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. El fenómeno de cosa juzgada es de orden público, ampara la seguridad jurídica y busca evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando ya ha sido definido por un operador judicial, de ahí que, debe tenerse por superada la controversia cuando existe la sentencia judicial en firme, y siempre que se cumpla la aludida tripe identidad.

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Radicación n.° 96220 Sobre el particular, en decisión CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366, reiterada CSJ SL12017-2016, la Corte indicó: Puestas así las cosas, importa previamente recordar que la fuerza de la cosa juzgada --denominada también ‘res iudicata’-- se impone por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto (eadem res), se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia (eadem causa petendi) y entre ambos hay identidad jurídica de partes (eadem condictio

personarum -- eadem personae). Razones de orden mayor imponen la necesidad de evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando sobre éste ya se ha asentado de manera definitiva el pensamiento de su juzgador natural, por manera que, al tenerse por superada la controversia mediante la sentencia judicial en firme, ésta adquiere las características de ‘definitividad’ e ‘inmutabilidad’, que al lado de tener por solucionado el conflicto, otorgan a las partes comprometidas certeza del derecho discutido y seguridad jurídica sobre lo decidido. (La Sala subraya) Así las cosas, al no tener la decisión adoptada en el trámite liquidatorio el carácter de sentencia judicial ejecutoriada, ni tampoco corresponder a otros acuerdos a los que la ley les impone el efecto de cosa juzgada (conciliación o transacción), se descarta la configuración de tal fenómeno, resultando inane el estudio de la demanda inicial para comparar los hechos y pretensiones allí insertos con la reclamación administrativa presentada por la actora ante el trámite liquidatorio de Caprecom. Por ende, el cargo no prospera.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 96220

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión, por la vía indirecta por falta de aplicación del artículo 281 del CGP, lo que llevó a la indebida aplicación de los artículos 4, 22 a 24, 65 del CST y del artículo 50 del CPTSS.

Lo anterior dice, fue producto de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante solicitó

la declaración de una existencia de contrato de trabajo de derecho privado con la hoy liquidada Caprecom.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el juez laboral debe proferir sus decisiones bajo el principio de congruencia establecido en el artículo 281 del CGP.

Denuncia como prueba no apreciada la demanda inicial obrante a folios 2 a 9. En la demostración del cargo, señala que de la revisión del escrito inaugural se advierte que la actora manifestó que laboró para Caprecom desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013, a través de contratos de prestación de servicios en calidad de auditora médica y que tales labores se encontraban regidas por las normas