CSJ - SL2086-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2086-2023 Radicación n.° 96560 Acta 29 Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS CARDONA ATEHORTÚA contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 15 de junio de 2022, dentro del proceso que les sigue a la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES (COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES

Accionó Juan Carlos Cardona Atehortúa contra Skandia S.A., Protección S.A., Porvenir S.A., y Colpensiones,

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Radicación n.° 96560 para que se declarara la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Consecuentemente, solicitó que se condene a la primera a depositar a Colpensiones el monto total de sus aportes en su cuenta pensional y, a la última, a recibirlos. Fundó sus peticiones en que nació el 30 de abril de 1957; que estuvo afiliado al ISS hasta el 15 de abril de 1998, fecha en que se trasladó al RAIS administrado por Porvenir

S.A.; que en ese momento, le manifestaron que el ISS iba a desaparecer, que su mesada pensional sería mayor en el RAIS, y omitieron informarle las consecuencias de su desvinculación al RPM, las desventajas y ventajas del traslado, así como la diferencia entre los montos pensionales de cada régimen; que el 15 de julio de 2015 se vinculó a Old Mutual S.A., entidad que, al estar próximo a pensionarse, realizó una proyección de la mesada, y fue ahí cuando pudo conocer que en el RAIS le correspondería la suma de $1.683.558, mientras que en el RPM sería de $4.697.976. Relató que el 31 de marzo de 2017 requirió a Colpensiones el traslado de régimen, y le fue negado con el argumento de que le restaban menos de 10 años para pensionarse. Al contestar el libelo inicial, las demandadas se opusieron a las pretensiones. Frente a los hechos, Colpensiones aceptó que el actor cotizó al ISS, y que se trasladó a Old Mutual S.A., así como

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Radicación n.° 96560 las respuestas que le dio a las solicitudes que hizo. Dijo que no le constaban los demás enunciados fácticos. Propuso las excepciones perentorias de inexistencia de la obligación demandada y prescripción. Porvenir S.A. también aceptó el traslado del ISS al RAIS, la vinculación a Old Mutual S.A., la solicitud efectuada y la respuesta dada. Negó que su traslado se hubiera realizado por medio de engaños, y aclaró que no omitió otorgar la

información necesaria en ese momento, e incluso se le advirtió al accionante que no era posible determinar con exactitud el valor de su mesada pensional, pero en todo caso para la época del cambio de régimen sí eran más altas las mesadas en el RAIS, en comparación con las del RPM. Presentó las excepciones de mérito que denominó «validez de la afiliación a Porvenir e inexistencia de vicios en el consentimiento», «saneamiento de la supuesta nulidad relativa», pago, compensación, prescripción y buena fe. Seguidamente, Old Mutual S.A. admitió que el actor cotizó en el RPM, que se trasladó a Porvenir S.A., y después a aquella AFP, hoy Skandia S.A. También reconoció lo relativo a las proyecciones financieras realizadas. Negó que el demandante solo tuviera conocimiento de sus condiciones pensionales hasta estar próximo a cumplir la edad para acceder a la prestación. Afirmó que no le constaba nada más. Planteó las excepciones de fondo de «validez de la afiliación a Old Mutual e inexistencia de vicios en el consentimiento», «saneamiento de la supuesta nulidad relativa», prescripción y buena fe.

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Radicación n.° 96560 Por último, Protección S.A. solo aceptó la fecha y lugar de nacimiento del accionante, pues dijo que no le constaba nada más. Formuló las excepciones de prescripción, buena fe, compensación, exoneración de condena en costas, inexistencia de la obligación, «falta de legitimación en la causa y/o ausencia de personería sustantiva por pasiva de mi

representada», inexistencia de la fuente de la obligación, «inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad», «ausencia de perjuicios morales y materiales irrogados por parte de esta entidad llamada a juicio», «afectación de la estabilidad financiera del sistema en caso de acceder al traslado», «excepción de mérito seguro previsional» y «excepción de mérito cuotas de administración».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia pronunciada el 20 de enero de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, y las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR SA., OLD MUTUAL S.A. hoy Skandia S.A y PROTECCION (sic) S.A., conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por la señora (sic) JUAN CARLOS CARDONA ATEHORTUA (sic) el 15 de abril 1998, a través de la

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS (sic)

COLPATRIA hoy PORVENIR S.A.

TERCERO: ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías OLD MUTUAL S.A. hoy Skandia S.A trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES todos los aportes que reposen en la cuenta de ahorro individual de la parte demandante, junto con los intereses, rendimientos financieros,

bonos pensionales y restituir con cargo a sus propios recursos,

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Radicación n.° 96560 el valor que durante todo el tiempo de vinculación a dicho fondo del demandante destinó a financiar los gastos de administración, las primas que respaldan la garantía de pensión mínima y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, debidamente indexadas.

CUARTO: ORDENAR a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES los valores correspondientes a los gastos de administración y los pagos de los seguros de invalidez y sobrevivientes debidamente indexadas, durante el tiempo que estuvo afiliado a cada uno de los fondos el demandante el señor

JUAN CARLOS CARDONA ATEHORTUA (sic).

QUINTO: SE ORDENA librar comunicación de esta decisión a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que, en caso de haber emitido el bono pensional, proceda con la anulación del mismo mediante trámite interno, aplicando lo previsto en el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 hoy recopilado en el Decreto 833 de 2016.

SEXTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES proceder sin dilaciones a aceptar el traslado del señor JUAN CARLOS CARDONA ATEHORTUA (sic).

SEPTIMO: DECLARAR que el señor JUAN CARLOS CARDONA

ATEHORTUA (sic), conserva válida y vigente su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, dada la declaratoria de ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

OCTAVO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS (sic) PORVENIR SA, a pagarle al demandante las costas procesales generadas en primera instancia a su favor. Para la correspondiente liquidación que realice la Secretaría del Juzgado en su momento, se debe incluir la suma de $5.000.000, que corresponde a las agencias en derecho.

NOVENO: ABSTENERSE de imponer condena al pago de costas procesales a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, OLD MUTUAL S.A. hoy Skandia S.A y Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. conforme a lo dicho en la parte motiva.

[…].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver en grado jurisdiccional de consulta y los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, la

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Radicación n.° 96560 Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a través de fallo del 15 de junio de 2022, revocó el del a quo, y en su lugar las absolvió de la totalidad de las pretensiones. El ad quem estimó que el problema jurídico consistía en determinar si fueron probados los supuestos de los artículos 13 -literal b)- y 271 de la Ley 100 de 1993, para declarar la

ineficacia del traslado al RAIS. Adujo que esta Corporación ha considerado que son ineficaces los traslados de régimen pensional con ocasión a la falta de información suministrada por la AFP. Asimismo, que en las sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, formuló reglas frente a la carga probatoria, aplicación de la ineficacia respecto a afiliados amparados y no cobijados por el régimen de transición. En desarrollo de las mencionadas reglas, expuso que la indebida información ofrecida al afiliado al momento del cambio de régimen, o la ausencia de ella, es un supuesto fáctico que debe ser abordado desde la institución de la ineficacia, con base en los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, de manera que el acto jurídico de traslado nunca produjo efecto alguno, motivo por el cual, no le es aplicable la prescripción, a diferencia de los derechos y obligaciones que derivan de ella, los cuales sí pueden verse afectados por dicha figura. Seguidamente, planteó que el deber de información a cargo de las AFP, les es exigible desde su creación, en razón a que son instituciones financieras

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Radicación n.° 96560 profesionales y cuentan con posición predominante frente a los usuarios. A ello sumó que la exigencia de la obligación ha sido paulatinamente elevada hasta llegar al deber de la doble asesoría. Recordó que en las sentencias CSJ SL 9 sep. 2008, rad.

31989, CSJ SL19447-2017 y CSJ SL1688-2019, esta Sala enseñó que el deber de información es exigible, téngase o no un derecho consolidado, o beneficio transicional, esté o no próximo a pensionarse, puesto que la transgresión de dicha obligación afecta directamente la validez del acto jurídico de traslado. Con relación al formulario de afiliación, esgrimió que es insuficiente para otorgar eficacia al traslado de régimen, pues no da cuenta del consentimiento informado (CSJ SL16882019 y SL19447-2017). Finalmente, al alegarse por parte del afiliado la falta de información al momento del cambio de régimen, la carga de probar que sí se brindó la asesoría correspondiente recae en las AFP. A pesar de lo expuesto, dijo que esta Corte ha planteado que los actos de relacionamiento impiden la declaratoria de la ineficacia del traslado, en tanto tales comportamientos acreditan la voluntad consciente del afiliado de permanecer en el RAIS. Expresó que tal teoría fue expuesta en la sentencia CSJ SL413-2018, donde estableció que más allá de las formalidades, existían señales nítidas que demostraban la voluntad de los trabajadores de trasladarse, como pueden

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Radicación n.° 96560 ser los aportes, solicitudes de información de saldos, actualización de datos, o la asignación y cambio de claves. Aseguró que dicha tesis fue plasmada por esta Sala en las sentencias CSJ SL4420-2021, CSJ SL2753-2021, CSJ SL1061-2021 y CSJ SL3752-2020, en las que se adicionaron

los traslados horizontales como expresión de la voluntad del afiliado de permanecer en el régimen de ahorro individual, pero también advirtió que en las providencias CSJ SL0802022 y CSJ SL085-2022, esta Corporación determinó que aquellos no poseen la potencialidad de ratificar que el traslado fue efectuado con los parámetros informativos suficientes, ni mucho menos puede entenderse que sea subsanada la omisión del deber de información. Así concluyó el Tribunal que existieron actos de relacionamiento que permiten evidenciar la intención del afiliado de permanecer en el RAIS, pero que debía estudiar si fue superada la asimetría de la información. De esa manera, sostuvo que en el caso en concreto, el afiliado se trasladó en varias ocasiones a diferentes administradoras del RAIS, sumado a que en su interrogatorio de parte manifestó que le fue brindada información durante 3 días previos a su traslado. Del restante material probatorio evidenció que se presentaron actos de relacionamiento que permitían vislumbrar la voluntad permanecer en el RAIS, como lo fueron la actualización de sus datos, el recibo de los extractos, y la radicación de una petición de proyección de su mesada pensional. En estas condiciones, supuso superada la asimetría de la información, toda vez que de los

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Radicación n.° 96560 actos del trabajador era posible demostrar su conocimiento de la estructura, funcionamiento y características del sistema.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Juan Carlos Cardona Atehortúa, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede

a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el juzgado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados por Colpensiones, Old Mutual, hoy Skandia S.A. y Porvenir S.A. Se resuelven conjuntamente, toda vez que persiguen idéntica finalidad, y se fundan en una argumentación que se complementa.

VI. CARGO PRIMERO Por la senda jurídica, recrimina la decisión del juez de la alzada, por la interpretación errónea de los artículos 11, 13, 33, 113, 114, 271 de la Ley 100 de 1993; 48, 53 y 230 de la CP; 2º de la Ley 797 de 2003; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 11 del Decreto 692 de 1994; 97 del Decreto 663 de 1993; 8º de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 1502, 1508, 1509, 1510, 1515, 1604, 1757 del CC; 167 del CGP; 3º y 11 de la Ley 1328 de 2009; 31, 48, 61 y 145 del CPTSS; inciso 1º del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

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Radicación n.° 96560 Reprocha que a pesar de que el juzgador cuenta con autonomía en la toma de decisiones, es necesario que justifique de forma suficiente su separación del criterio

imperante en la jurisprudencia, pues de lo contrario se vulnerarían los principios de seguridad jurídica, igualdad y justicia material. Invoca la sentencia de la Corte Constitucional CC C6212015, en la que expuso que a los jueces solo les era posible apartarse de las líneas jurisprudenciales trazadas por los órganos de unificación en caso de ausencia de identidad fáctica, discrepancia con la regla de derecho, o desacuerdo respecto a las interpretaciones normativas. Arguye que el Tribunal interpretó de forma errada las normas sustantivas referentes a la acción de ineficacia, fundamentando su decisión en jurisprudencia que no guarda siquiera identidad fáctica con el supuesto en discusión. Resalta que esta Sala, en sentencias CSJ SL1564-2022, CSJ SL1055-2022, CSJ SL2877-2020, adoctrinó que los actos de relacionamiento no ratifican la voluntad de permanencia en el RAIS, pues con ellos no se desvirtúa el incumplimiento del deber de información. A la vez indica que esta Corte ha sostenido que la transgresión a la obligación de información debe ser analizada desde la figura de la ineficacia, y no desde el régimen de nulidades del Código Civil, en la medida en que el análisis no se limita al consentimiento libre de vicios, sino que se hace sobre el deber de información y buen consejo a cargo de las administradoras de fondos de pensiones.

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VII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de del mismo elenco normativo relacionado en el embate previo,

al que le añade los artículos 4º del Decreto 656 de 1994 y 12 del Decreto 720 de 1994. Le endilga al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la decisión de traslado de Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de mi poderdante, señor JUAN CARLOS CARDONA ATERHORTÚA, fue una decisión libre y voluntaria, precedida de una información clara, completa, oportuna, suficiente, veraz y comprensible otorgada por la administradora.

2. No dar por probado, estándolo, que la afiliación del señor JUAN CARLOS CARDONA ATEHORTÚA al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad mediante la vinculación a la AFP PORVENIR S.A. no constituyó un acto libre y voluntario, pues no estuvo precedido de un consentimiento informado que lo hiciera eficaz.

3. Dar por probado, sin estarlo, que la AFP PORVENIR S.A. asesoró al demandante de manera clara, completa, oportuna, suficiente, veraz y comprensible de los beneficios, ventajas y desventajas del traslado con la proyección efectuada en abril de 1998.

Como pruebas apreciadas en forma indebida relaciona el interrogatorio de parte que él rindió, los formularios de traslado entre fondos privados, los extractos de pensión, las actualizaciones de datos, y el derecho de petición de proyección de su mesada pensional. En la demostración arguye que el ad quem no realizó una hermenéutica adecuada del artículo 13 -literal bde la

Ley 100 de 1993, toda vez que, para que la decisión de traslado sea libre y voluntaria, debe estar precedida de información clara, cierta, comprensible y oportuna sobre las

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Radicación n.° 96560 características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias de dicho acto, de tal forma que se ponga en conocimiento al afiliado de las implicaciones de su elección. Asevera que el Tribunal debía verificar si el traslado de régimen estuvo antecedido del cumplimiento del deber de información, como lo estipula el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, lo que en todo caso debe ser demostrado por la entidad sobre la cual recae dicha obligación, pues las administradoras desarrollan una actividad profesional en virtud de la cual responden por omisiones y errores. Cita, en este aspecto, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994. Aduce que bajo lo preceptuado en los artículos 167 CGP y 1604 del CC, en casos como el presente la carga de la prueba recae en las administradoras de fondos de pensiones, quienes deben acreditar su diligencia frente la obligación de información. Expresa que de los documentos enunciados no fue posible acreditar que recibió oportuna y debida asesoría, ni que conociera la estructura y funcionamiento del RAIS, como erradamente concluyó el juez plural, a la vez que resalta que en el interrogatorio de parte solo fueron confirmados los hechos de la demanda y fue constatado su desconocimiento del funcionamiento del RAIS. Pese a ello, el colegiado se equivocó al darle carácter de confesión a su declaración, sin

confrontarla con el resto de los medios de prueba. Repara en que el ad quem le otorgó un alto valor probatorio a documentos que consideró que demostraban los

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Radicación n.° 96560 supuestos actos de relacionamiento, sin detenerse a verificar si de esas pruebas era posible concluir la omisión de asesoría adecuada y oportuna por parte de los fondos en los términos exigidos por la ley

VIII. RÉPLICA Colpensiones, en lo tocante al primer cargo, arguye que el Tribunal no incurrió en los dislates que le achaca el recurrente, toda vez que interpretó correctamente los parámetros establecidos por esta Corporación sobre la acción de ineficacia, además de que cada uno de los tópicos fue analizado a la luz del precedente vigente y bajo la figura de la ineficacia de traslado, no de la nulidad, como de forma incorrecta reprocha el demandante.

Indica que, en todo caso, a pesar de relacionar los múltiples traslados al interior del RAIS, el ad quem fundó su fallo en el deber de información, acogiendo el criterio de esta Sala, solo que formó libremente su convencimiento a partir de las pruebas practicadas en el juicio. En cuanto al segundo cargo, sostiene que su estructura da a entender que la acusación es fáctica, pero en la demostración enarbola argumentos netamente jurídicos, mixtura que veda la posibilidad de su estudio en casación. Aunado a ello, señala que la única prueba singularizada es el interrogatorio de parte, que no es calificada en casación. También resalta que al momento de analizar lo expuesto por

el trabajador, el fallador de la alzada pudo determinar que fue informado en debida forma al llevarse a cabo su cambio

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Radicación n.° 96560 de régimen. Old Mutual S.A., hoy Skandia S.A., explica que la conclusión de los actos de relacionamiento en la sentencia atacada no fue producto de la interpretación de una norma legal, sino de la experiencia y sana crítica, con base en las pruebas obrantes en el proceso, por lo que el primer embate debió perfilarse por la senda fáctica. Agrega que ese cargo inicial no demuestra desaciertos interpretativos, pues concuerda con que los conocimientos del régimen al que se encuentra afiliado un trabajador pueden ser adquiridos con posterioridad a la vinculación, sumado a que los traslados sucesivos demuestran el interés de aquel de permanecer en el RAIS, todo lo cual se soporta en los indicios obtenidos del interrogatorio de parte del demandante. Respecto del segundo ataque, destaca que el recurrente no se refiere a los documentos en los que constan los actos de relacionamiento, pues se limitó a traer argumentos de naturaleza jurídica, sin demostrar un yerro fáctico ostensible. De igual forma, pone de presente que la prueba usada por el Tribunal fue la indiciaria a partir del interrogatorio de parte, que no es calificada en casación. Por último, Porvenir S.A. sostiene que el Tribunal no se apartó del criterio jurisprudencial adoptado por esta Sala, puesto que concluyó que los actos de relacionamiento permiten evidenciar la voluntad de permanencia del afiliado,

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Radicación n.° 96560 mas no impiden per se la declaración de la ineficacia. En todo caso, continúa, sus conclusiones frente a este tipo de actos son de índole fáctica, lo que no puede ser discutido por la vía del derecho, aunado a que la misma no es equivocada, dado que los comportamientos del actor permiten develar su voluntad de seguir vinculado al régimen, por lo cual, toda insuficiencia en la información puede ser suplida con posterioridad, pues nada indica que el deber solo pueda cumplirse al suscribirse el traslado, ya que, aunque no es posible convalidar la decisión, sí puede sanearse al obtener elementos suficientes para decidir si mantiene o no lo inicialmente adoptado. Sobre la segunda acusación, manifiesta que las consideraciones expuestas en el cargo son de índole jurídica, a pesar de haberse orientado por la vía de los hechos. Reprocha que no se singularizaron las pruebas que dan cuenta de los actos de relacionamiento, lo que fuerza a concluir que no existe sobre ellos desacierto alguno. Esgrime que a la fecha del traslado de régimen el deber de información se entendía satisfecho con comunicarle al afiliado los requisitos para obtener la prestación, las distintas modalidades pensionales, sus derechos y obligaciones. Resalta que a partir del interrogatorio de parte solo se extrajeron indicios, mas no una confesión, lo que no es un medio idóneo en casación. Asimismo, señala que el cumplimiento del consentimiento informado dependerá de las condiciones

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Radicación n.° 96560 personales del afiliado, a la vez que las obligaciones

profesionales de la AFP no excusan el deber del actor de indagar sobre las implicaciones de su cambio de régimen. Sostiene que las afirmaciones del accionante en el libelo inicial no son negaciones indefinidas que conlleven al traslado de la carga probatoria, y que es menester demostrar los hechos que permitan determinar la ineficacia del acto jurídico. Aduce que, en caso de ser declarada, no procede la devolución de los gastos de administración y primas de seguros previsionales, pues dichos montos cumplieron su destinación específica, en los términos previstos en la ley. Finalmente, apunta que la acción está prescrita.

IX. CONSIDERACIONES El principal reparo que las opositoras hacen a la técnica del recurso, tiene que ver con que los cargos contienen una combinación inadmisible de argumentos fácticos y jurídicos.

Aunque su crítica es aparentemente fundada, no impide la decisión de fondo del recurso, pues tal desafuero viene remediado con el examen conjunto de las acusaciones. Dicho esto, en casación no se discuten los siguientes hechos: i) el demandante nació el 30 de abril de 1957 (f.º 26); ii) cotizó al ISS desde el 1º de julio de 1987 (f.º 177), el 15 de abril de 1998 se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A. (f.º 15), el 1º de noviembre de 2005 se trasladó a Protección S.A. (f.º 86) y el 15 de julio de 2015 nuevamente

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Radicación n.° 96560 pasó a Old Mutual, hoy Skandia S.A. (f.º 147); y iii) no es beneficiario del régimen de transición. Así, le corresponde a la Sala determinar si erró el Tribunal al desestimar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, por considerar que el accionante ejecutó actos de relacionamiento que permitían inferir su voluntad de permanecer en el RAIS. Desde ya se advierte el éxito de las acusaciones, pues, ciertamente, el trasegar del accionante por diferentes administradoras del Régimen de Ahorro Individual, trasladándose entre ellas, no significa que ello vaya a dar al traste con la ineficacia de la primera mutación de regímenes, tal como lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL3199-2021, en la que reiteró la explicación vertida en el proveído CSJ SL2877-2020, así: […] los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida

laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos

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Radicación n.° 96560 prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989). De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones. Conforme a la jurisprudencia de la Sala, lo que hace que el traslado de régimen sea eficaz es que la AFP haya cumplido

con su deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional (CSJ SL1452-2019, reiterada en la CSJ SL1197-2021, entre muchas otras). Evidentemente, ese deber no se entiende suplido porque el actor se haya trasladado entre distintas AFP del régimen, ni mucho menos porque haya solicitado la actualización de sus datos o la proyección de su mesada pensional, o porque hubiera recibido los extractos, pues para que se entienda cumplido tal deber, es menester que se verifique en el momento en que se hace el cambio del régimen, no después, ya que el afiliado requiere, para tomar decisiones, de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Por si fuera poco, es cierto que el demandante aceptó en su interrogatorio que recibió una información, pero no dijo que hubiera sido la necesaria para comprender de manera

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Radicación n.° 96560 clara y sin dudas las ventajas y desventajas de cada régimen, sus características, y demás condiciones que le habrían permitido tomar una decisión que mejor se adecuara a sus condiciones particulares. En ese orden, es claro para la Sala que el Tribunal incurrió en el yerro jurídico que le imputa la censura, en tanto que la decisión de segunda instancia no se encuentra en sintonía con el precedente jurisprudencial de la Corte. Los cargos prosperan y, en consecuencia, se casará la

sentencia impugnada. Sin costas, debido al éxito del recurso.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA En orden a lo resuelto en casación, procede la Sala a conocer del grado jurisdiccional de consulta y las apelaciones de las demandadas.

Pues bien, bastan las mismas consideraciones expuestas en casación para confirmar lo resuelto por el a quo en todas sus partes, toda vez que, al revisar el expediente, no se observa ninguna prueba que acredite que Porvenir S.A. brindó una asesoría adecuada al accionante. Dicho deber no se entiende satisfecho con el formulario de afiliación, pues el instrumento referido solo dice que Juan Carlos Cardona Atehortúa aceptó las co