CSJ - SL2094-2021

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2094-2021 Radicación n.° 83020 Acta 16 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ENKA DE COLOMBIA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en el proceso que le instauró RAFAEL ANTONIO

REYES PATIÑO.

AUTO Se reconoce personería al doctor, Jaime Humberto Salazar Botero con Tarjeta Profesional n.º 66.272 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Rafael Antonio Reyes Patiño, en los términos y para los efectos del poder conferido.

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I. ANTECEDENTES Rafael Antonio Reyes Patiño demandó a Enka de Colombia S. A., para que se declarara que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 23.85 %, con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2013; que su contrato de trabajo finalizó por despido sin justa causa.

En consecuencia, pidió que, en forma principal, se condenara a la demandada a reintegrarlo en un cargo de igual o superior jerarquía, pagándole los salarios, incrementos legales y convencionales, las prestaciones sociales legales y extralegales, los aportes a seguridad social

y «los demás beneficios laborales compatibles con el reintegro, debidamente indexados», más las costas. Reclamó que, en subsidio, se ordenara el pago de las indemnizaciones del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la prevista en el CST para el despido injusto, así como la indexación y las costas. Narró que el 12 de julio de 2009 suscribió con la demandada, un contrato de trabajo a término indefinido; que desempeñó el cargo de operario misceláneo, teniendo como función «laborar en diferentes máquinas para hacer lona de llantas y redes de pesca en la misma área o en la misma planta, cuya labor exigía estar de pie o agachado en la planta Girardota». Dijo que en ejecución de su labor, el 6 de febrero de

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Radicación n.° 83020 2013, mientras manipulaba o cargaba la producción de las máquinas «saurer-allma12A», sufrió un dolor muscular muy fuerte «(espasmo - cervicalgia)», que le produjo molestias en su columna; que se encontraba «reducido laboralmente por su estado físico»; que comunicó a su empleadora el percance, por lo que fue remitido a urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa. Contó que desde esa fecha presentó problemas de salud, que condujeron a que se le expidieran incapacidades, terapias, citas por ortopedista, resonancias y algunas recomendaciones médicas; que luego de varios procedimientos, el 11 de diciembre de 2013, la EPS SURA lo calificó un 22.05 % de PCL, con fecha de estructuración el

11 de diciembre de 2013, de origen común; que «la ARL tuvo como fecha de estructuración la de realización de su evaluación médica y no la del hecho que dio lugar a la patología». Afirmó que debido a los recursos interpuestos contra esa experticia, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, le determinaron una PCL del 23.85 %, de origen común, con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2013. Manifestó que desde la ocurrencia del accidente de trabajo, fue incapacitado «por espacio de 9 meses», encontrándose en tratamiento médico desde el 6 de febrero de 2013; que el 13 de noviembre de 2013, la empleadora lo despidió, interrumpiendo su atención en salud y no acatando

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Radicación n.° 83020 la orden de reubicación; que la finalización de su vínculo fue debido a su discapacidad, pues aquella tenía conocimiento de su tratamiento y las recomendaciones médicas; que ésta no solicitó autorización al Ministerio del Trabajo. Adujo que su despido era ineficaz, por lo que tiene derecho al reintegro, con el consecuente pago de créditos salariales y de seguridad social o, subsidiariamente, la indemnización de 180 días de salario, sin perjuicio de la por terminación injusta (f.° 3 a 10, cuaderno n.° 1). Enka Colombia S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó: i) la relación laboral; ii) el reporte del accidente ocurrido el 6 de febrero de 2013, el cual fue

atendido por la dependencia de salud ocupacional y, posteriormente, remitido a la ARL; iii) que el trabajador fue calificado por la EPS SURA y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes expidieron dictámenes en los términos descritos en la demanda; iv) que fue citada ante el Ministerio del Trabajo a celebrar audiencia de conciliación el 10 de agosto de 2009, lo que interrumpió la prescripción hasta la misma fecha del 2012.

Negó: i) que el demandante haya desempeñado un cargo que requiriera estar agachado y de pie todo el tiempo, puesto que lo primero se realizaba por espacios cortos y en el turno podía caminar, hacer pausas activas, descansar, tomar tinto e ingerir alimentos por 30 minutos durante la jornada; ii) que hubiera sufrido un accidente de trabajo, porque, a pesar de que el 6 de febrero de 2013 se dejó reporte acerca de un

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Radicación n.° 83020 percance muscular, que fue comunicado a la ARL Sura, el director de división medicinal laboral de esa entidad, señaló que su enfermedad no era de origen laboral y que la sintomatología no tuvo relación con el servicio prestado.

Indicó que era falso: iii) que a la fecha de despido tuviera conocimiento sobre calificación de PCL del servidor, puesto que fue realizada con posterioridad a la terminación del vínculo; iv) que hubiera presentado incapacidades ininterrumpidas, puesto que «en el desarrollo del contrato [el trabajador] presentó varias […] no continuas, por diferentes motivos como: traumatismos no especificados del hombro y

brazo, infección intestinal, hemorroides no especificada, entre otras».

Refirió que tampoco era cierto: v) que finalizara el contrato, motivado por el estado de salud del reclamante, pues el despido fue consecuencia de las dificultades económicas de la empleadora; vi) que hubiese incumplido las recomendaciones médicas, puesto que el accionante fue «reubicado […] en el oficio encomendado a partir del 26 de febrero de 2013, fecha en que tuvo su primera incapacidad», además, porque la empresa realizó entrenamiento a su puesto de trabajo, seguimiento a estudios y entregó los elementos de protección.

Expuso que no le constaban las referencias a la historia clínica del accionante, por ser reservada; así como que algunos hechos eran pretensiones o alegaciones subjetivas.

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Radicación n.° 83020 Formuló como excepciones perentorias las de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, cumplimiento del derecho y buena fe (f.° 140 a 148, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el 16 de febrero de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLÁRASE ILEGAL la terminación del contrato de trabajo que vinculó a las partes, al señor RAFAEL ANTONIO REYES PATINO […] y ENKA DE COLOMBIA S. A. como empleador entre el 12/07/09 y 13/11/13 por lo expuesto en la parte motiva

de esta Sentencia. Como consecuencia de ello, a la luz del art 20 de la L. 361/97 al no haber mediado autorización para la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, habrá de condenarse a ENKA DE COLOMBIA S. A. a reconocer y pagar a título de indemnización la suma de $5.088.492. Suma que deberá indexar o actualizar al momento del pago efectivo, conforme a lo indicado en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: ABSUÉLVASE a la Sociedad ENKA DE COLOMBIA S.

A. por los demás cargos instaurados en la demanda, según lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

TERCERO: CONDÉNESE en costas a la parte demandante y a favor de cada una de las demandadas el valor de $763.274.

CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de apelación y de no ser apelada se remitirá ante el Superior en el grado jurisdiccional de Consulta […] (CD de f.° 174, en relación con los f.° 175 a 176 y los anexos de f.° 177 a 200, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 23 de agosto de 2018, al decidir la

apelación de ambas partes, resolvió:

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Radicación n.° 83020 Revoca la decisión conocida por apelación de fecha y procedencia indicada y, en su defecto, se ordena el reintegro del señor Rafael Antonio Reyes Patiño al cargo que venía desempeñando en la demandada u otro de igual categoría, junto con el pago de

salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, así como los aportes para la seguridad social durante todo el tiempo que dejó de prestar los servicios. Igualmente se revoca la imposición de la indemnización por el despido legal, por la que se absuelve a la demandada ENKA de Colombia S. A. Se autoriza a la demandada para compensar de las condenas ahora impuestas, las sumas pagadas a la terminación del contrato al actor por salarios prestaciones e indemnizaciones. Costas de primera instancia a cargo de la demandada, en estas no se causaron […]. Advirtió que determinaría si el demandante al momento del despido, gozaba de protección especial por su estado de discapacidad y si la demandada requería autorización del Ministerio del Trabajo para desvincularlo. Dijo que estaba probado que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, del 12 de julio de 2009 al 13 de noviembre de 2013, fecha en que el trabajador fue despedido. Precisó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consagraba una garantía de estabilidad laboral reforzada para las personas que tuviesen una limitación moderada, severa y profunda de orden físico y/o sensorial; que ésta consistía en que el empleador no pudiese terminar su contrato de trabajo por razones de la limitación, salvo que el Ministerio del Trabajo lo autorizara, so pena de que tuviese que pagar una indemnización de 180 de salario, sin perjuicio

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Radicación n.° 83020 de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiese lugar.

Puntualizó que en la sentencia CSJ SL1360-2018, la Corte determinó que el despido de un trabajador en estado de discapacidad, debe presumirse como discriminatorio a menos que el dador del empleo demuestre la ocurrencia de la causa alegada; que, en ese contexto, correspondía al demandante probar que al momento de su desvinculación se encontraba en ese estado. Señaló que «de acuerdo a la narración del actor y la prueba aportada a este proceso», el 6 febrero del 2013, éste realizó gran esfuerzo físico en la empresa, al cargar una mercancía, lo que le ocasionó un fuerte dolor muscular denominado «espasmo cervical cervicalgia»; que a partir de ese suceso, presentó diferentes molestias en la columna que le redujeron laboralmente, según lo informa la documental de folio 30, ibidem, mediante la cual la empleadora lo remitió a la EPS Sura, luego de haber sido atendido «en primeros auxilios», debido a su intenso dolor. Argumentó que ante la evidente desmejora de su salud, el trabajador recibió varias atenciones médicas, que dieron lugar a las siguientes incapacidades: […]  Del 6 de febrero al 15 de febrero del 2013, por 10 días folios 25 y 35.  Del 16 de febrero al 20 de febrero del 2013, por 5 días folio 21.  Del 21 de febrero al 25 de febrero del 2013, por 5 días folio 22.

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Radicación n.° 83020  Del 15 de marzo al 24 de marzo del 2013, por 10 días folio 23.

 Del 25 de marzo al 27 de marzo del 2013, por 3 días folio 182.  Del 28 de marzo al 1° de abril del 2013, por 5 días folio 24.  Del 2 de abril al 4 de abril del 2013, por 3 días folio 184.  Del 6 de abril del 2013 por el término de 3 días folio 80.  Del 8 de abril al 10 de abril por el termino de 3 días folio 185.  Aparecen dos incapacidades diferentes: Del 9 de abril del 2013 por el término de 8 días folios 26 y 105 y del 9 de abril al 11 de abril del 2013 por tres días folios 186.  Del 12 al 21 de abril del 2016 por el término de 10 días folio 187.  Del 16 de abril al 21 de abril de 2013 folios 104.  Del 22 de abril al 28 de abril del 2013, por el término de 7 días folios 188.  Del 29 de abril al 8 de mayo del 2013 por el término de 10 días folios 189.  Del 10 de mayo al 19 de mayo del 2013 por el término de 10 días folio 190.  Del 13 de junio al 15 de junio del 2013, por el término de 3 días folios 73 y 191.  De igual manera, se observa en la historia clínica incapacidad del 1° de abril del 2013 al 17 de junio de 2013, sin que se relacione el número de días, folio 82 y 72.  Del 19 de junio del 2013 se prorroga incapacidad por 3 días

folio 69.  Del 22 de junio del 2013 incapacidad por 3 días folio 68.  Del 5 de julio al 7 de julio del 2013 incapacidad por 3 días folio 66 y 192.  Del 8 de julio al 14 de julio del 2013 por 7 días folios 193.  Del 15 de julio del 2013, se prorroga la incapacidad sin especificar número de días folio 63.  Del 23 de julio del 2013, se prorroga incapacidad por 10 días folio 62.  El 10 de agosto del 2013, se prorroga la incapacidad sin especificarse el número de días folios 60.  Del 11 al 20 de agosto del 2013 por 10 días folio 194.  Del 21 al 30 de agosto del 2013 por 10 días folio 195.  Del 31 de agosto al 9 de septiembre del 2013 por 10 días folio 196.  Del 10 de septiembre al 19 de septiembre del 2013 por 10 días folio 197.  Del 20 de septiembre al 29 de septiembre del 2013 por 10 días folio 198.  Del 13 de septiembre al 1° de octubre del 2013 por el termino de 2 días folio 199. Resaltó que estas, en principio, fueron calificadas como consecuencia del «movimiento brusco que realizó por el

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Radicación n.° 83020 sobrepeso» el subordinado, pero posteriormente fueron consideradas como «enfermedad de cervicalgia, […] de carácter común»; que, sin embargo, «toda la fuente de esas

incapacidades, fue el exceso de peso y el movimiento inadecuado que le produjeron dolores lumbares y la cervicalgia». Arguyó que también existían las siguientes recomendaciones médicas: «del 5 de abril del 2013 por espacio de 6 semanas (folio 82), […] del 1° de octubre del 2013 por espacio de 4 semanas, (folio 103) y […] del 12 de noviembre del 2013 por espacio de tres meses (folios 27 y 102)»; que era «demasiado diciente», que después de haber realizado el «movimiento brusco e indebido», el trabajador no haya podido superar «sus dolencias», requiriendo asistencia médica continua, que condujo a constantes incapacidades. Razonó que, el «malestar físico», condujo a que «el 30 de octubre del 2013 (folios 55 y 56), [el servidor visitara] nuevamente al médico por dolor de espalda y en el pecho, sin que se le incapacitara y [regresara] el 12 de noviembre del 2013 (folio 102), refiriendo dolor lumbar en espalda y cervical, en caderas y miembros inferiores»; que en aquella fecha fueron entregadas recomendaciones para salud ocupacional según las cuales, en razón a su diagnóstico de «cervicodorsolumbalgia», debía «evitar movimientos repetitivos de flexión extensión del tronco y cuello, evitar levantar o trasladar objetos pesados, debe tener cuidados posturales, las anteriores recomendaciones durante tres meses en la

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Radicación n.° 83020 medida que mejore el dolor y movilidad puede ir retomando

sus actividades habituales». Precisó que aunque el recurrente dijo haber entregado tales recomendaciones al representante legal de la demandada, resultaba razonable inferir que ello no había ocurrido, puesto que fueron expedidas a las 4:13 p.m. del día anterior al despido. Lo anterior, toda vez que el señor Francisco Luis Gaviria Osorio, no había sido contundente en el conocimiento de la recepción de ese documento y que los testigos de la empresa, que fueron el jefe en seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente y el jefe de producción de pos tratamiento y los industriales, negaron enfáticamente haberlas recibido. Refirió que, sin embargo, conforme a las incapacidades y recomendaciones foliadas, era posible inferir que el convocante había acreditado el debilitamiento de la salud y el conocimiento de la empleadora (principalmente por las incapacidades continuas durante el último año de servicio), con la precisión de que para […] La Sala con esa documental, se establece que el demandante se encontraba discapacitado, tanto que se sugirió por el último galeno que lo revisó la modificación de las actividades que desarrollaba, petición que no se cumplió por que se truncó el contrato por la decisión unilateral de la accionada. Aseguró que lo dicho permitía dar lugar a la presunción de que el despido tuvo por causa la discapacidad, invirtiendo en la empleadora la carga de la prueba; que, a pesar de que

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Radicación n.° 83020 la sociedad adujo que la terminación del vínculo se debió a la difícil situación económica por la que estaba atravesando, la cual se veía reflejada en sus estados financieros, no allegó

ese medio de convencimiento. Indicó que, por ende, ante la situación de salud del trabajador, que implicaba su inminente reubicación laboral, era necesario que la empleadora obtuviera autorización del Ministerio del Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo, máxime si en diciembre del 2013, la EPS Sura calificó al trabajador una PCL del 22.05 % y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, lo incrementaron a 23.85 %. Denotó que a pesar de que los dictámenes «fueron practicados con posterioridad al retiro del trabajador, ello no la habilitaba para eximirse de la obligación de solicitar la autorización para el despido, porque era ampliamente conocedora del estado de salud del actor que se veía desmejorado todo ese año de 2013». Concluyó que, en consecuencia, carecía de validez y eficacia el despido del reclamante, por lo que procedía su reintegro; que «como quiera que la indemnización por el despido fue solicitada de manera subsidiaria, se [encontraba] relevada de su estudio» (CD de f.° 205, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el

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Radicación n.° 83020 Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la segunda decisión, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y le absuelva de las pretensiones (f.° 6 a 7, cuaderno de casación).

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Cuestiona la legalidad de la segunda sentencia, de ser violatoria de la Ley […] por la vía indirecta, por infringir el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que condujo a violar los artículos: 29, 83, 113, 114 y 230 de la Constitución Nacional; artículo 34 de la Ley 23 de 1981; artículos 66 y 769 del Código Civil; artículos 164, 166, 167, 173 y 176 del Código General del Proceso, aplicable por la analogía prevista en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, estos últimos como infracción de medio.

Asevera que el Tribunal incurrió en esa afrenta normativa al haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO se encontraba discapacitado para la fecha de terminación del contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO no estaba discapacitado para la fecha de terminación del contrato de trabajo.

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3. Dar por demostrado, sin estarlo, que ENKA DE COLOMBIA S.

A. conocía la condición de discapacidad del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, al momento de la ruptura del contrato de trabajo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. no conocía la condición de discapacidad del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, al momento del fenecimiento del contrato de trabajo.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que ENKA DE COLOMBIA S.

A. terminó el contrato de trabajo del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO por actos discriminatorios, por razón de su condición de discapacidad.

6. No dar por demostrado, estándolo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. no terminó el contrato de trabajo del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO por actos discriminatorios, por razón de su condición de discapacidad.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que ENKA DE COLOMBIA S.

A. no acreditó como sustento del despido del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, dificultades económicas.

8. No dar por demostrado, estándolo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. acreditó como sustento del despido del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, dificultades económicas.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que ENKA DE COLOMBIA S.

A. requería permiso de la Oficina de Trabajo para fenecer el contrato de trabajo del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO.

10. No dar por demostrado, estándolo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. no requería permiso de la Oficina de Trabajo para fenecer el contrato de trabajo del señor RAFEAL ANTONIO REYES PATIÑO

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. conocía la historia clínica del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, al momento del fenecimiento del contrato de trabajo.

12. No dar por demostrado, estándolo, que ENKA DE COLOMBIA

S. A. no conocía la historia clínica del señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, al momento de finalizar el contrato de trabajo.

13. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, no podía desarrollar sus funciones en condiciones regulares, al momento de la finalización del contrato de trabajo.

14. No dar por demostrado, estándolo, que el señor RAFAEL ANTONIO REYES PATIÑO, desarrollaba sus funciones en

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Radicación n.° 83020 condiciones regulares, al momento de la finalización del contrato de trabajo. Expone que aquellos defectos fácticos ocurrieron por la falta de apreciación de la Recomendación médica del 5 de abril de 2013 (f.° 32, cuaderno principal), el informe de presunto accidente de trabajo (f.° 37 a 38, ibidem), el certificado de existencia y representación de Enka de Colombia S. A. (f.° 126 a 134 ib) y la comunicación de la ARL SURA de folio 155, ibidem. Así mismo, por la errónea valoración de la Recomendación del 12 de noviembre de 2013 (f.° 27, ib), la remisión a la EPS SURA (f.° 31, que el fallo lo refiere como f.° 30, ibidem), la historia clínica del convocante (f.° 33 a 36 y

53 a 108, ib), el formulario de dictamen para calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez (Resolución 01971 del 19 de agosto de 1999) integrante de la calificación de pérdida de capacidad realizada por la ARL SURA (f.° 39 a 40, ibidem), el Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (f.° 43 a 46, ib), el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de invalidez (f.° 47 a 52, ibidem) y los documentos entregados en el interrogatorio de parte, de folios 178 a 199, ib. Igualmente, por la errónea apreciación de los testimonios de Francisco Luis Gaviria Osorno y Humberto Palacio y la pretermisión de la declaración de Mauricio Wiedemann Patiño.

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Radicación n.° 83020 Señala que los anteriores medios de convicción «desdicen» la conclusión del Tribunal de hallar demostrada «la condición de debilidad manifiesta, que trasmuta a discapacidad» y el conocimiento de la empleadora al momento de la finalización del contrato, por cuanto el formulario de «dictamen para la calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez» de folios 39 a 40, ibidem, daba cuenta de que el 27 de noviembre de 2013, se radicó solicitud de calificación; que la evaluación se efectuó el 11 de diciembre de 2013 y el dictamen se profirió el día 18 de ese mes y año, determinándose que la enfermedad del trabajador tenía origen común, con fecha de

estructuración el 11 de diciembre de 2013, esto es, días después del finiquito contractual. Refiere que las experticias de la Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, calendadas respectivamente, el 15 de mayo de 2014 y el 17 de diciembre del mismo año, ratifican la anterior conclusión, por lo que no podía tener conocimiento de la discapacidad el 13 de noviembre de 2013, como con error lo concluyó el Colegiado. Arguye que éste pasó por alto que, conforme al artículo 34 de la Ley 23 de 1981, la historia clínica es reservada, por lo que correspondía al trabajador demostrar que su empleador conoció de ella, sin que pudiese presumirse ese hecho; que tal situación condujo a la errónea apreciación de las incapacidades de folios 60, 62, 63, 68, 69, 73, 80, 82 y 104, ib, «[…] que no fueron reportadas al empleador, ni tampoco se acreditó su conocimiento por parte de éste»; que,

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Radicación n.° 83020 además «dio, […] por existentes incapacidades con base en los folios 72 y 105, sin que la historia clínica las refiera». Afirma que también se equivocó al Juzgador al tener por «existente una incapacidad del 1° de abril al 17 de junio, con apoyo en los folios 72 y 82 del expediente», a pesar de que no existe anotación en tal sentido, así como al hallar acreditadas las citas médicas, los diagnósticos y tratamientos practicados del trabajador «a cuyo conocimiento era ajena la

demandada para el momento de fenecer el contrato de trabajo, por ser asuntos reservados, íntimos del deprecante, a los que no tenía acceso, ni le fueron dados a conocer». Agrega que, contrariando las reglas de la lógica y la experiencia, se calificó como extremo el hecho de que el servidor haya acudido a una «consulta médica el 30 de octubre», pese a que no le fueron expedidas incapacidades; que el documento de folio 56, ibidem, describe las citas o consultas del 10 y 19 de septiembre de 2013 y no la calenda previamente citada; que la recomendación que el Tribunal folió como «55 y 56», corresponde a la de folio 27 ib, la cual está señalada del 12 de noviembre de 2013, por lo que, como se aceptó en la sentencia, no fue entregada a la empresa. Expone que en el fallo recurrido se magnificaron inapropiadamente las incapacidades del trabajador, «presentándolas en forma caótica, como continuas y por un número mayor de días a aquél a que corresponden, desconociendo paladinamente su discontinuidad y creando artificiosamente la percepción de una situación catastrófica».

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Radicación n.° 83020 Indica que, «contraviniendo las normas sobre el decreto y práctica de las pruebas, el fallador adoptó como tales las arrimadas por el actor al plenario al absolver el interrogatorio de parte», a pesar de que había precluido la oportunidad procesal para solicitar su incorporación, sin que se decretaran de manera oficiosa, pues el primer Juez «se limitó a indicar que se apreciarían en el fallo en su valor legalinexistente-»; que, por ende, tales documentos no podían ser valorados, puesto que, conforme al artículo 221 del CGP, su aportación estaba limitada a los testigos, no a las partes, quienes sólo podían reconocerlos, según el inciso final del artículo 203, ibidem. Razona que, con todo, los citados medios de prueba no informaban sobre la continuidad de las incapacidades ni condición de debilidad manifiesta, ni la trascendencia de la condición de salud del actor, como tampoco del conocimiento de la empleadora; que, en consecuencia, […] El tribunal al valorar la documental de folios 60, 62, 63, 68, 69, 72, 73, 80, 82,104 y 105 (Historia clínica), y de folios 184 a 199 (aportados por el demandante al absolver el interrogatorio de pate), desconoció, también, que las incapacidades tuvieron interrupciones y se expidieron con diferentes diagnósticos, creando, con la cita de las que consideró válidas, sin serlo, una versión confusa e irreal de su cantidad y duración, así como de la acreditación en el proceso del conocimiento de ellas por parte de la llamada a juicio. Afirma, que las únicas incapacidades válidas, que fueron conocidas por la empleadora, corresponden a las de folios «25 (6 al 15 de febrero de 2013, diagnóstico M545; 21 (16 a 20 de febrero de 2013, diagnóstico M545); 22 (21 a 25

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de febrero de 2013, diagnóstico M545); 23, (15 al 24 de marzo de 2013, diagnóstico M541); 24 (28 de marzo al 1° de abril de 2013, diagnóstico M549), diagnóstico M545) y 26 (9 al 16 de abril de 2013)», las cuales fueron interrumpidas y por tiempo menor del indicado en la sentencia; que ellas no permiten inferir una condición de discapacidad. Arguye sobre la Recomendación del 5 de abril de 2013 (f.° 32, ib), que «la sentencia […], de forma equivocada, atribuye al folio 82 de la historia clínica», tenía una duración de seis meses y fue atendida por la empresa, por lo que no estaba vigente al momento del finiquito contractual; que las enunciadas en el fallo como obrantes a folio 87 ibidem, corresponden a siete sesiones de fisioterapia, ordenadas el 6 de abril de 2013, «que no fueron dirigidas [ni conocidas] por ENKA DE COLOMBIA S. A.» y sin que estuviesen vigentes para la finalización del vínculo; que las obrantes a folio 103, ib, corresponden a órdenes de fisioterapia y no a recomendaciones; que las del 12 de noviembre de 2013, el Tribunal reconoce que no fueron entregadas a la empleadora y la de folio 102, ibidem, del 16 de abril de 2013 hace relación « a “modalidades mecánicas de terapia física (incluye presoterapia, terapia comprensiva u otras)”, sin que [pueda atribuírsele] connotación de recomendaciones».

Así las cosas, dice que el Colegiado incurrió en varios errores que condujeron a que, al momento de expedirse las recomendaciones médicas, no estuviese vigente el contrato de trabajo, por lo que no podían servir «de soporte a la

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Radicación n.° 83020 imputación del conocimiento de la presunta discapacidad», ni de la condición de discapacidad. Asegura que «la remisión del deprecante al médico, de que da cuenta el folio 31, que el fallo cita como 30 del expediente», no acredita una condición de debilidad o discapacidad, pues conforme al documento de folio 155 ibidem existe constancia de que «el