CSJ - SL2106-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2106-2023 Radicación n.° 91483 Acta 24 Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JESÚS HENOC BARÓN MESA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de noviembre de 2019, corregida mediante auto proferido el 28 de los mismos mes y año, dentro del proceso que instauró contra MOTOS EL CÓNDOR S.A.S.

I. ANTECEDENTES Jesús Henoc Barón Mesa demandó a Motos El Cóndor S.A.S., con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo, comprendido entre el 1º de febrero de 1991 y el 26 de octubre de 2014, que terminó por decisión unilateral e injusta del empleador.

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Radicación n.° 91483 En consecuencia, solicitó el pago de los salarios de agosto, septiembre y octubre de 2014; el auxilio de cesantías de todo el tiempo de servicio y sus intereses de 2012 a 2014; las primas de servicios de esos mismos años; la compensación de vacaciones de los cuatro últimos años de prestación del servicio; la indemnización por despido injustificado y la moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, o en subsidio la indexación de los valores adeudados. Fundamentó sus peticiones, en que ingresó a laborar al servicio de la demandada el 1º de febrero de 1991, la que se

transformó en sociedad por acciones simplificada (SAS) en septiembre de 2013, desempeñando las funciones de contador bajo las órdenes y supervisión de los directivos de la pasiva con una remuneración en los años 2012 a 2014 que ascendió, respectivamente, a $2.600.000, $2.918.000 y $2.995.000, los cuales recibió periódicamente mediante consignaciones efectuadas en su cuenta bancaria de nómina. Agregó que su contrato terminó sin que existiera causa justificada y que nunca le fueron pagados los salarios y las prestaciones, aclarando que cuando entró en vigencia la Ley 789 de 2002 tenía una antigüedad laboral superior a diez años. Al dar respuesta a la demanda, Motos El Cóndor S.A.S. se opuso a todas las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que en septiembre de 2013 se transformó en sociedad por acciones simplificada y que el demandante

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Radicación n.° 91483 desempeñó las funciones de contador, «[…] profesión liberal que no requiere subordinación alguna para su ejecución. Y tenga en cuenta el despacho que oculta la demanda, que adicionalmente a esa actividad el demandante desarrolló la revisoría fiscal de la sociedad desde el 30 de marzo de 1994». Negó los demás hechos, explicando que aquel era «totalmente autónomo» en las actividades que desarrollaba. Apuntó que este fue nombrado como revisor fiscal de la sociedad el 30 de marzo de 1994 hasta el año 2014 y que la Ley 43 de 1990 establece incompatibilidades e inhabilidades

para que un contador pueda desempeñarse como tal, asunto frente al cual transcribió los artículos 48 y 51 de la misma disposición y se apoyó en lo explicado por la sentencia de la Corte Constitucional CC C-788 de 2009, que reiteró, entre otras, las CC C-780 de 2001, CC C-621 de 2003 y CC C-559 de 2004, proferidas por la misma Corporación. En su defensa, propuso como excepciones de fondo las que denominó «inexistencia de una relación laboral» y «[…] de las obligaciones económicas pretendidas», cobro de lo no debido, falta de causa y mala fe del demandante, prescripción y buena fe. Dentro de la oportunidad legal se reformó la demanda con la inclusión de nuevos medios de prueba, a los cuales se opuso la demandada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 91483 El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 28 de mayo de 2019, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la relación laboral y de las obligaciones económicas pretendidas, cobro de lo no debido y falta de causa, absolviendo a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 27 de noviembre de 2019, corregido con auto proferido el 28 de los mismos mes y año, confirmó la decisión de primera instancia.

El Tribunal consideró como fundamento de su decisión,

que la demandada aceptó la prestación personal de servicios del demandante, entre 1994 y 2014, pero en calidad de revisor fiscal de la sociedad y no de contador. Como en desarrollo del principio de la primacía de la realidad, tenía que indagarse sobre la forma en que efectivamente se desarrolló el vínculo, partió de que el reconocimiento de la prestación de servicios, imponía aplicar la presunción de existencia del contrato de trabajo, a la luz de lo previsto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. De esa forma, y por efectos del traslado de la carga de la prueba en beneficio del demandante, le correspondía a la

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Radicación n.° 91483 entidad desvirtuar que la prestación del servicio se hubiera efectuado de manera subordinada, acreditando que se desarrolló de forma independiente y autónoma. Para establecerlo, el Tribunal enfatizó en que, si bien se admitió en la contestación del hecho tercero del escrito inaugural, pues frente a la afirmación «3.- JESÚS HENOC BARÓN desempeñó en la sociedad demandada las funciones de contador» se respondió «Es cierto y nótese la confesión que hace la demanda respecto a que el hoy demandante fungió como contador, profesión liberal que no requiere subordinación alguna para su ejecución», se aclaró que desde marzo de 1994 se desempeñó como revisor fiscal, registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá. A partir de lo anterior, concluyó que no se demostró que hubieran ejercido como contador, sino como revisor fiscal,

pues así se desprendía tanto de los interrogatorios de parte, como de los testimonios de Carlos Hernán Monroy, quien si bien afirmó que conoció al demandante, en realidad sólo asistía aproximadamente cuatro veces al mes, dada su condición de vendedor, lo que restaba credibilidad a su dicho; Luz Marina Romero Cruz, quien ratificó que era revisor fiscal, a quien nunca se le llamó la atención y que no asistía a laborar los miércoles ni sábados, limitándose a supervisar lo que hacía Gladys Cortés. Esta última, que también rindió testimonio, y Aura María Correa, para el Tribunal fueron enfáticas en señalar que el contador de la empresa era Pedro Ramírez y que el

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Radicación n.° 91483 demandante actuó como revisor fiscal de la sociedad. Entonces, aseguró que no quedaba camino diferente a «[…] prohijar lo expuesto por los deponentes», en tanto tuvieron conocimiento directo de los hechos. Por otra parte, se refirió a las documentales de folios 44 y 197 del expediente, certificaciones que acreditaban que su cargo era el de revisor fiscal; 75 y 76, donde reposaba el certificado de existencia y representación legal de la demandada, que daba cuenta de su inscripción como revisor fiscal, tras su nombramiento (folios 254 y 255) y su aceptación del cargo (folio 57). Además, menciona que a folios 259 a 261 se encontraba el balance general de la empresa, a 31 de diciembre de 2012, con el que también se certificaba su calidad de revisor fiscal. Reiteró, entonces que, si bien se demostró la prestación

del servicio, la presunción legal del artículo 24 fue «desvanecida» por la sociedad demandada, en tanto demostró que desde el año 1994 el demandante se desempeñó como revisor fiscal, ejerciendo sus funciones de manera autónoma e independiente, percibiendo honorarios de cuyo pago la demandada trajo pruebas que se encontraban en los folios 77 a 174. Agregó que aquel no recibía órdenes en cuanto a la forma de ejecutar su trabajo, que tenía libertad y autonomía para desempeñar su actividad, que el solo cumplimiento de un horario no descartaba su independencia, porque podía

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Radicación n.° 91483 ser necesario, por ejemplo, para revisar la documental que debía auditar. Por último, precisó que la existencia de un contrato de trabajo no podía extraerse de las comunicaciones dirigidas al Banco de Bogotá (folios 15 a 17), en donde se hacía referencia a una cuenta de nómina a nombre del señor Barón Mesa, pues ello corresponde a «[…] operaciones contables de la compañía». Para reafirmar lo que se extraía de la realidad del vínculo, aseguró que era necesario recordar que el cargo de revisor fiscal no podía ser ejercido por un trabajador de la sociedad a la que supervisa, por prohibirlo el artículo 205 del Código de Comercio, razón por la cual no tenía cabida el argumento que indicaba que era a la vez contador y dicho cargo. Apoyó su aserto en la sentencia CSJ SL19843-2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en la

forma como se presenta, y con las limitaciones y alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y que, en sede de instancia, revoque la

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Radicación n.° 91483 proferida por el juzgado y, en su lugar, acceda a las peticiones de la demanda inicial. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, replicados y que se resuelven en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, de las siguientes normas: […] artículos 13, 14, 19, 22, 23, 24, 47, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 127, 134, 186, 189, 249 y 306 del C.S.T., 5º, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965, 3º de la Ley 48 de 1968, 1o de la Ley 52 de 1975, 1º, 2º, 5º, 6º, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, 28 y 29 de la Ley 789 de 2002, 13, 29 y 53 de la C.P., 8º de la Ley 153 de 1887, 1494, 1613, 1614 y 1615 del C.C., 205, 207(4), 208 y 209 del Co. Co., 13, 44 y 51 de la Ley 43 de 1990, 77 y 145 del C.P.T.S.S., 11 de

la Ley 1149 de 2007 y 191, 196 y 372 del C.G.P. Asegura que se produjo por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho: 1.- No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que JESÚS HENOC BARÓN desempeñó como trabajador al servicio de la sociedad demandada el cargo de CONTADOR. 2.- Dar por demostrado, contra la evidencia, que JESÚS HENOC BARÓN trabajó para la sociedad demandada como contratista independiente en condición de REVISOR FISCAL. 3.- No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que JESÚS HENOC BARÓN trabajó al servicio de MOTOS EL CONDOR S.A.S. en forma personal, en cumplimiento de un horario de trabajo preestablecido, en las instalaciones de la demandada y con los elementos de trabajo suministrados por la demandada. 4.- No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la remuneración del trabajo ejecutado por JESÚS HENOC BARÓN le fue cancelada por MOTOS EL CONDOR S.A.S. al demandante

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Radicación n.° 91483 mediante pago por nómina en cuantías fijas y por periodos vencidos. 5.- No dar por demostrado en consecuencia, estándolo evidentemente, que la relación de trabajo personal que existió entre JESÚS HENOC BARÓN y la sociedad MOTOS EL CONDOR S.A.S. estuvo regida por un contrato de trabajo. Indica que los anteriores errores de hecho fueron consecuencia de: I) Pruebas indebidamente apreciadas: 1) La demanda inicial del proceso y su contestación (folios 2

a 11 y 58 a 71 del expediente físico). 2) La fijación del litigio efectuada por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá (folios 205 a 208 del expediente físico y minutos 6:14 a 6:23 del archivo de audio terminado en 001 del C.D. de folio 204 ibidem). 3) El interrogatorio de parte absuelto por el demandante (Minutos 34:40 a 01:08:52 del C.D. de folio 243 del expediente físico). 4) Los documentos de folios 15, 16, 17, 44, 75, 76, 77 a 174, 197, 254, 255, 257 y 259 a 261 del expediente físico.

1. Los testimonios de Luz Marina Romero Cruz, Aura María

Correa Moreno, Gladys Emilia Cortés y Carlos Hernán Monroy.

1. Pruebas dejadas de apreciar: 1) El interrogatorio de parte absuelto por la demandada

(Minutos 00:08:39 a 00:34:15 del C.D. de folio 243 del expediente físico). 2) Los documentos de folios 18 a 23, 27 a 42, 192 y 195 del expediente físico. Para la demostración del cargo, plantea diez argumentos de la siguiente forma: 1.- Que en el hecho 3º de la demanda, se afirmó que había desempeñado las funciones de contador de la sociedad demandada y en su contestación, esta confesó que era cierto, lo cual ratificó, además, al contestar los hechos 5º, 12 y 18.

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Agrega que también admitió que «[…] durante los años en que éste fungió como contador público y revisor fiscal de la demandada, […] era el encargado de elaboración, contabilización y supervisión de las cuentas de la empresa demandada», información que reiteró en los numerales 28, 29 y 30 de los hechos, razones y fundamentos de la defensa (folios 66 y 67 ibidem). 2.- Que en su sentencia, el Tribunal dejó constancia de que «[…] en el escrito introductorio afirma que entró a laborar al servicio de la demandada para desempeñar las funciones de contador, hecho tercero de la demanda (folio 3), aspecto que fue aceptado por la pasiva y excluido del debate probatorio» (minutos 9:45 a 10:06 del C.D. de folio 279), pero a pesar de ello, consideró que no encontraba medio probatorio que corroborara lo dicho por él respecto a que ocupó el cargo de contador de la compañía. (Minutos 10:29 a 10:35 ibidem). Y al efecto, dijo: […] al fijar el objeto del litigio en la audiencia celebrada el 5 de junio de 2017 (minutos 6:14 a 6:23 del archivo de audio terminado en 001 del C.D. de folio 204 del expediente físico) el Juzgado del conocimiento excluyó del debate probatorio el hecho 3º de la demanda correspondiente a las funciones desempeñadas por el actor como contador de la empresa, exclusión que consta asimismo en el acta correspondiente a la audiencia (folio 206 ibidem). En la audiencia de trámite y fallo de segunda instancia el Tribunal acusado había sido advertido por el apoderado del actor

sobre la violación del derecho de defensa que ocurriría si el cargo y las funciones desempeñadas por el demandante al servicio de la demandada fueran materia de nueva revisión debido a su exclusión del debate probatorio. Dijo así el apoderado del demandante en esa oportunidad: «si el cargo de contador que realmente desempeñó el actor no hubiera sido excluido del debate probatorio y aun asumiendo el supuesto que hubiera sido, aunque

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Radicación n.° 91483 no lo fue, el revisor fiscal, mi representado habría podido demostrar que en esa condición su vinculación mediante contrato de trabajo no estaba prohibida […]» (minutos 4:11 a 4:30 del C.D. de folio 279). Y no obstante la anterior advertencia, el Tribunal desacató el mandato legal y violando el derecho de defensa del demandante y alterando por consiguiente la igualdad de las partes que estaba obligado a garantizar, concluyó que el cargo y funciones desempeñadas por el actor al servicio de la demandada no habían sido los establecidos en la fijación del litigio mediante providencia que causó ejecutoria. Añade que el Tribunal incurrió en un garrafal error al valorar la fijación del litigio, pues si su cargo y las funciones habían sido excluidos del debate probatorio, no era lógicamente posible que hubiera afirmado que «[…] no encontró medio alguno que corrobore lo afirmado por el actor». Resalta que los hechos que se encuentran fuera del debate probatorio no requieren prueba posterior, cualquier intento de hacerlo deberá ser rechazado por el juez por redundante y atentatorio de la lealtad procesal, la igualdad

de las partes y el debido proceso. 3.- En su interrogatorio de parte declaró que siempre fue el contador de la empresa y que en 1994 el gerente de la compañía, don Ovidio, le pidió que firmara con otra calidad, pues «[…] para una firmita no necesitaban conseguir un Revisor Fiscal», petición a la que accedió, pero que nunca actuó como tal porque, al tener el primer cargo no podía revisar lo que él mismo hacía (minutos 44:28 a 45:36 del C.D. de folio 243).

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Radicación n.° 91483 Sostuvo que en su momento advirtió a la gerencia de la posible irregularidad en que incurriría, pues no podía designarlo sino después de transcurridos seis meses desde su desvinculación, pero que la empresa insistió pues se trataba simplemente de imponer una firma en las declaraciones que así lo ameritaban. Por ello, sostiene: No es cierto, entonces, que en el interrogatorio que absolvió el demandante hubiera aceptado que fue realmente el Revisor Fiscal de la demandada como creyó el Tribunal. Bien al contrario, negó esa calidad con el argumento incontrovertible de que no podía al mismo tiempo trabajar como contador y como revisor de sus labores de contador. Muy mal apreció el Tribunal el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, pues la aceptación de haber firmado como “Revisor Fiscal” solo podía constituir confesión en la medida que el juzgador la aceptara con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho declarado (art. 196 del C.G.P.). y con mucha mayor razón si se trataba de un hecho ya inequívocamente determinado desde la fijación del litigio.

Pareciera como si el Tribunal hubiera querido revivir un asunto ya definido en el proceso para hacer prevalecer una simple formalidad (la firma) sobre la realidad ya plena y definitivamente establecida, contrariando así lo ordenado en el artículo 53 de la Constitución. 4.- De los certificados de existencia y representación legal de la demandada (folios 75, 76, 254, 255 y 257) el Tribunal dedujo que se desempeñó desde el año 1994 como revisor fiscal, ejerciendo su función de manera autónoma e independiente y que no había una directriz para desarrollar la labor para la cual fue contratado. Pero destaca que de esas pruebas no hay cómo inferir que ejerció sus funciones así, pues en ellas nada se dice al respecto y obviamente nada podía constarle a la Cámara de Comercio sobre su autonomía e independencia y muchísimo

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Radicación n.° 91483 menos que hubiera sido contratado para cumplir labores distintas a las de contador de la empresa. Apunta que figuraba en los certificados de la Cámara de Comercio como revisor fiscal de la demandada, pero por la razón que expuso al absolver el interrogatorio de parte, es decir, por la necesidad de continuar trabajando en la empresa, situación que debería ser comprendida por los jueces laborales. Y remata indicando que si se tratara solamente de la confesión contenida en la contestación de la demanda, sobre las funciones y el cargo que cumplió, era claro que la misma podría admitir prueba que la desvirtuara (artículo 196 del

Código General del Proceso), pero en este caso los hechos fueron excluidos expresamente del litigio, por lo que no podían admitir pruebas en contra ni que los confirmaran (artículo 77, parágrafo 1º, numeral 3º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), habida cuenta de que ello constituiría una violación evidente de los principios de preclusión de las etapas procesales, del derecho de defensa, de la igualdad de las partes, de la lealtad, de la buena fe y por consiguiente, del debido proceso. 5.- Su firma como revisor fiscal en el balance general de la empresa a diciembre de 2012 demuestra que, tal como lo manifestó al contestar su interrogatorio de parte, acató la solicitud del representante legal de la demandada.

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Radicación n.° 91483 Asegura que ello, sin embargo, no desvirtúa la confesión de la demandada desde la misma contestación, respecto del cargo y las funciones de contador que desempeñó, aspecto que fue excluido del debate probatorio. Y muchísimo menos constituye la prueba de que hubiera desempeñado las propias del cargo de revisor fiscal desde 1994 hasta 2014, vinculado por un contrato de prestación de servicios, como equivocadamente dedujo el Tribunal del citado balance contable. Concluye que la equivocada apreciación de la demanda y su contestación, de la fijación del litigio efectuada por el juez, de su interrogatorio de parte y de los documentos de folios 75, 76, 254, 255, 257 y 259 a 261 condujo al Tribunal a inferir, contra la evidencia, que no estaba demostrado que

se desempeñó, como trabajador al servicio de la sociedad demandada, en el cargo de contador y que había sido un contratista independiente en condición de revisor fiscal, incurriendo así en los dos primeros errores de hecho indicados al comienzo del cargo. 6.- En el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, el Tribunal dejó de apreciar, que confesó (i) que la asistente contable de la empresa, elaboraba la nómina que era verificada por Jesús Barón (respuesta a la pregunta 5º. minutos 15:20 a 15:37 del C.D. de folio 243); (ii) que el gerente firmó la comunicación de folio 17 dirigida al Banco de Bogotá, donde lo reconoce como empleado de la demandada (respuesta a las preguntas 8 y 9 minutos 18.20 a 18:43 y 20:05 a 20:26 ibidem); (iii) que las

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Radicación n.° 91483 funciones asignadas por la demandada, debían ser ejecutadas en forma personal (respuesta a la pregunta 11, minutos 21:44 a 23:18 ibidem). Además, también confesó (iv) que la sociedad demandada le asignó un espacio dentro de las instalaciones de la empresa con computador, escritorio, calculadora, línea telefónica (respuesta a la pregunta 13, minutos 24:57 a 26:14 ibidem); (v) que en el año 2014 le pagó su remuneración para que se mantuviera mientras se recuperaba su salud, (respuesta a la pregunta 15, minutos 27:22 a 27:58 ibidem), y (vi) que solo en octubre de 2014 se

nombró su reemplazo en la empresa (respuesta a la pregunta 19, minutos 29:37 a 31:47 ibidem).

Y después indica: La falta de apreciación del interrogatorio de parte absuelto por la demandada, le impidió ver al Tribunal que esa prueba demostraba, con alcance de confesión, que el actor era quien verificaba los trabajos contables que efectuaba la auxiliar de contabilidad de la empresa, que el actor debía cumplir sus funciones en forma personal, dentro de las instalaciones de la empresa, con los elementos de trabajo suministrados por MOTOS EL CONDOR (sic) y que el representante legal de la demandada suscribió las comunicaciones dirigidas al Banco de Bogotá reconociendo la calidad de empleado que tenía el demandante para el pago de su remuneración por nómina. Si el Tribunal hubiera examinado esa prueba no habría incurrido en el tercer error de hecho indicado en el presente cargo. 7.- En los documentos de folios 15, 16 y 17 del expediente físico figuran las comunicaciones dirigidas por el gerente y representante legal de la demandada al Banco de Bogotá, en las que solicita la apertura de una cuenta de nómina a su nombre, quien labora en la demandada (folio

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Radicación n.° 91483 15), la revisión de las cuentas de los empleados de la empresa y entre ellos la suya (folio 17) y relaciona los colaboradores de la empresa que se encontraban en nómina, incluyéndolo (folio 16). De estos documentos, el Tribunal dedujo contraevidentemente que obedecían a operaciones contables de la compañía, siendo, en cambio irrefutable que

demostraban que la demandada lo reconoció como uno de los empleados y que figuraba como tal en la nómina de la empresa, que el pago de su remuneración, al igual que la del resto de trabajadores, se hacía con la misma periodicidad de los demás. 8.- En los documentos de folios 18 a 23 del expediente físico, que el Tribunal no apreció, figuran los extractos de su cuenta de ahorro en el Banco de Bogotá, en los cuales constan los abonos por pago de nómina que la sociedad demandada le hizo. Y en el de folio 192, también dejado de apreciar, el Citibank certifica que la cuenta de ahorros, se abrió en cumplimiento del convenio para recibir la nómina de la empresa Motos El Cóndor SAS. Además, que a folios 27 a 42 aparecen las constancias de las consignaciones efectuadas por la demandada en dicha cuenta y en cumplimiento del referido convenio. Por tanto, aduce que, si el Tribunal hubiera apreciado esos documentos, «[…] habría visto que la remuneración pagada por MOTOS EL CONDOR a JESÚS HENOC BARÓN se

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Radicación n.° 91483 efectuaba por quincenas y mensualidades vencidas, en cuantías uniformes a través de cuentas de nómina en los bancos con los cuales la demandada suscribió acuerdos para su pago». 9.- En los folios 44 y 197 aparecen las certificaciones laborales expedidas por el gerente de Motos el Cóndor S.A.S., en las que consta que ha prestado sus servicios a esa empresa desde el 1º de febrero de 1991 y que en el año 2011

su salario ascendía a la cantidad mensual de $ 2’570.000 mientras que para el 2012 era de $2’720.000. De estas certificaciones, el Tribunal solamente vio la anotación del cargo de revisor fiscal que allí apuntó el gerente de la demandada, pero omitió observar que la remuneración pagada se efectuaba como salario, con periodicidad uniforme en su cuantía y frecuencia, características propias y típicas de la retribución del trabajo subordinado. 10.- En los folios 77 a 174 aparecen los comprobantes de la remuneración pagada por la demandada en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2009 (folio 174) y julio de 2014 (folio 77), que ratifica que la remuneración se pagaba por la demandada en forma periódica —quincenal—, y de manera uniforme en cada uno de los meses del respectivo año. Y aunque en su mayoría figuran como pagos por «honorarios», los de folios 84 y 85 corresponden a «asesoría contable». El de folio 87 registra el desembolso por un

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Radicación n.° 91483 préstamo, «[…] difícilmente concebible como hecho por una empresa a quien se desempeña solamente como su revisor fiscal “independiente y autónomo”». Expone que la equivocada apreciación de estos documentos, condujo al Tribunal a deducir que la palabra «honorarios», que aparece en los comprobantes, demuestra por sí sola que los pagos se hicieron «[…] por el desarrollo de sus actividades como revisor fiscal independiente» (minutos

17:23 a 17:26 del C.D. de folio 279), con lo cual se hace prevalecer la forma sobre la realidad. Reitera que, si el Tribunal hubiera apreciado debidamente los documentos mencionados, habría visto que la remuneración pagada se hacía por quincenas vencidas y a través del desembolso en cuentas de nómina en los bancos con los cuales la demandada suscribió los respectivos acuerdos de pago y no habría podido concluir que dicha remuneración del trabajo podía corresponder a los honorarios propios de una verdadera revisoría fiscal, independiente y autónoma. Por tanto, tampoco habría incurrido en el 4º error de hecho que se denuncia en el cargo. Como conclusión de lo expuesto, señala: La apreciación indebida y la falta de apreciación de los medios de prueba individualizados en la demostración de este cargo determinó que el Tribunal no advirtiera que la relación de trabajo que existió entre JESÚS HENOC BARÓN y la sociedad MOTOS EL CONDOR (sic) S.A.S. estuvo en forma evidente regida por un contrato de trabajo, pues quedó demostrado que el demandante fue el contador de la empresa y desempeñó las funciones propias de dicho cargo en forma personal, dentro de las instalaciones de la compañía, con los elementos suministrados por MOTOS EL

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Radicación n.° 91483 CONDOR (sic) y que su remuneración se le pagaba por nómina, al igual que el (sic) de los demás trabajadores de la demandada, en forma quincenal y uniforme en su cuantía, de manera que sin lugar a duda se reunieron los elementos exigidos por el artículo

23 del C.S.T. sin que apareciera el menor indicio real de la autonomía o independencia del trabajador. Incurriendo así el Tribunal en el quinto (5º) error de hecho denunciado al comienzo de este cargo. Menciona que al quedar demostrados los errores con la prueba calificada, permite corroborarlos con el examen de la prueba testimonial, que sintetiza así: Luz Marina Romero Cruz declaró que trabajaba en la sociedad demandada desde hacía 23 años desempeñándose como secretaria, que el demandante iba a trabajar a MOTOS EL CONDOR (sic) los días lunes, martes, jueves y viernes, desde las nueve de la mañana hasta la una o dos de la tarde; que tenía un espacio y un escritorio donde trabajaba, que tenía un computador y que su auxiliar contable de nombre Gladys, era quien le imprimía los documentos que requería el demandante; que el demandante revisaba todo lo que hacía Gladys como auxiliar contable, o lo hacía él directamente; que las liquidaciones de prestaciones sociales de los trabajadores las hacía Gladys o directamente el demandante, que eso lo sabe porque era ella quien pagaba dichas liquidaciones, las que estaban efectuadas o bien directamente por don Jesús o con su visto bueno, que don Jesús era el encargado de efectuar las liquidaciones de impuestos y ordenaba el pago de los mismos y estaba pendiente de las fechas de sus vencimientos; que para fijar la remuneración de don Jesús al principio de cada año, el demandante se reunía con don Ovidio y después le pasaba un papelito en que constaba lo que debía pagársele, que la

contabilidad de la empresa no la entregó don Jesús porque estaba enfermo y que la contabilidad se hacía a mano por el demandante, que como consecuencia de que el demandante se enfermó y no pudo volver a trabajar en MOTOS EL CONDOR (sic) se contrató a Aura María Correa que entró como contadora y hacía lo mismo que realizaba el actor (minutos 1:10:14 a 1:41:34 del C.D. de la audiencia de 22 de noviembre de 2017, folio 243). Aura María Correa Moreno, quien reemplazó al actor, declaró que es la jefe de contabilidad y la responsable del área contable de MOTOS EL CONDOR (sic); que empezó a prestar sus servicios en mayo de 2014 sin que nadie le entregara la contabilidad de la empresa; que no conoce a JESÚS HENOC BARÓN; que todo lo que sabe de él es por documentos q