CSJ - SL2113-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2113-2023 Radicación n.° 87786 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por DARÍO ALBERTO GONZÁLEZ ORJUELA y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que el primero le instauró a la segunda, al igual que a la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A. EN LIQUIDACIÓN, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES así como a la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al que se vinculó como litis consortes necesarios a la FIDUCIARIA

LA PREVISORA S. A. - FIDUPREVISORA S. A.

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87786 y a ASESORES EN DERECHO SAS, como mandataria con representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA.

I. ANTECEDENTES Darío Alberto González Orjuela llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

Primero. […] que cumplió los requisitos exigidos por el Seguro Social para acceder a la pensión de vejez por aportes, a partir del 18 de junio de 2006. Segundo. […] que es beneficiario del régimen de transición establecido en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993. Tercero. […] que la normatividad aplicable es la establecida en el Acuerdo 049 de 1990 ratificado por el Decreto 758 de 1990, Reglamento interno del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES aplicable a quienes son beneficiarios del régimen de transición. Cuarto. […] fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación obligatoria (negrilla del texto original). Como consecuencia, solicitó que se condenara a la Flota Mercante Grancolombiana S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. en liquidación a cancelarle a Colpensiones el cálculo actuarial por el tiempo que le prestó servicios; que esta última procediera a la reliquidación del IBL de su pensión de vejez con una tasa de remplazo del 90 % desde el 18 de julio de 2006 con los incrementos legales a que hubiere lugar y a cancelarle los perjuicios morales y materiales, los intereses moratorios y, todo lo que resultare probado en proceso más las costas.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87786 En forma subsidiaria, solicitó que el reconocimiento del título pensional se le impusiera a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café

o a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 8 de junio de 1946 se creó la Flota Mercante Grancolombiana

S. A., compañía en la que la aquella tenía una participación del 45 %, el cual se incrementó al 80.07 % para el año 1954; afirmó que el 100 % de ese capital eran «recursos públicos parafiscales que pertene[cían] a la cuenta Fondo Nacional del Café» cuyo titular era la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público pero que era administrada por la federación.

Indicó que, dentro de las obligaciones de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., se encontraban la de pagar las prerrogativas pensionales, efectuar el aprovisionamiento para realizar los aportes a seguridad social y hacer las reservas de las cuotas proporcionales que debía cancelar por las labores prestadas por sus trabajadores hasta que el Instituto de Seguros Sociales asumiera tal compromiso. Informó que dicha entidad cambió su nombre al de Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., «la cual [era] filial» de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en la medida que esta obraba como administradora del Fondo Nacional del Café. Anotó que ejecutó servicios a la Flota Mercante Grancolombiana S. A., en virtud de un contrato de trabajo

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87786 que se desarrolló desde el 1º de abril de 1970 hasta el 22 de julio de 1985, que equivalía a 753.28 semanas que debieron haber sido cotizadas; que como último cargo ocupó el de

«aceitero a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana», devengado un salario básico mensual de U$379.14; que en la calenda del finiquito contractual celebró una conciliación en la que nada se dijo respecto de su derecho pensional en la medida que no había cumplido los requisitos para su configuración y que laboró a favor de otras entidades, tanto en el sector público como privado donde aportó 1084 semanas. Esgrimió que, en la referida compañía existió la Unión de Trabajadores de la Industria de Transporte Marítimo y Fluvial - Unimar de la cual fue miembro; organización sindical con la que se suscribieron las Convenciones Colectivas de Trabajo 1985-1988 y 1988-1991 y que la cláusula 20 de esta última dispuso la continuación e incorporación de las normas extralegales que no le fueran contrarias. Anotó que la Corte Constitucional le ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, «matriz y controlante de la Flota Mercante Grancolombiana S. A.» que proporcionara los dineros necesarios para el pago de las pensiones a sus servidores. Apuntó que el 3 de enero de 2008 solicitó al entonces ISS el reconocimiento de su prestación, entidad que profirió

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87786 la Resolución n.°04663 del 29 de enero de 2008, en la que se le otorgó la de vejez, a partir del 1º de febrero de dicho año, a pesar de que ha debido otorgarla desde el 16 de junio de

2006, pero que, además, no tuvo en cuenta el tiempo trabajado a favor de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., motivo por el cual elevó Reclamación ante la administradora de pensiones el 23 de enero de 2011; que lo mismo hizo respecto de la Federación Nacional de Cafeteros y la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público (f.°5-43 primera instancia, tomo I, expediente digital). Colpensiones se opuso a las pretensiones y frente a los supuestos fácticos dijo que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción, caducidad, compensación, cosa juzgada, inexistencia del derecho y de la obligación por falta de causa y título para pedir, cobro de lo no debido, no configuración del derecho al pago del IPC, indexación o reajuste; de la indemnización moratoria, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos y, la genérica (f.°388-394 primera instancia, tomo I, expediente digital). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, negó todo lo peticionado y, frente a los hechos, aceptó los concernientes a la existencia de la Flota Mercante, los demás relativos a dicha sociedad, la situación laboral del demandante y los esgrimidos respecto del ISS dijo que no los conocía.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87786 Alegó como medios exceptivos perentorios los de inexistencia de la responsabilidad subsidiaria y de la obligación, buena fe, prescripción y falta de legitimación en la causa (f.°400-413 primera instancia, tomo I, expediente

digital). La Compañía de Inversiones Flota Mercante Grancolombiana S. A. en liquidación obligatoria solicitó que no se le diera prosperidad a los pedimentos del actor, en cuanto a las situaciones por él aseguradas reconoció las tocantes a la relación laboral. Precisó que la entidad reconoció las pensiones de aquellos trabajadores que tuvieran 15 años de servicios y cumplieran con la edad de jubilación; que no efectuó la afiliación al demandante al ISS porque el llamado solo se hizo hasta 1990. En cuanto a las demás señaló que no eran ciertos o que tenía que ver con conductas de un tercero. Como mecanismo de defensa de fondo acudió a inexistencia de la obligación y falta de causa (f.°3-11, primera instancia, tomo II, expediente digital). El juzgado de conocimiento por auto dictado el 25 de septiembre de 2012 tuvo por no contestada la demanda por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f.°53-54, primera instancia, tomo II, expediente digital). Así mismo, en proveído del 1º de junio de 2017, ordenó integrar como litis consorte necesario al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Flota Mercante, a través de la Fiduciaria la

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87786 Previsora S. A. Fiduprevisora S. A. y a Asesores en Derecho SAS en condición de mandataria con representación del PAR Panflota (f.°465-467, ibidem).

Asesores en Derecho SAS respecto de las pretensiones relativas al pago del cálculo actuarial se opuso. En relación con los hechos anotó que no le constaban la mayoría o que no eran ciertos, pero indicó que la obligación de afiliar a los trabajadores marítimos al ISS solo se configuró el 15 de agosto de 1990. Presentó las excepciones perentorias de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial, prescripción, buena fe y la innominada (f.°473-515 primera instancia, tomo II, expediente digital). La Fiduciaria la Previsora S. A. solicitó que las reclamaciones dirigidas en su contra fueran rechazadas y en lo tocante a las situaciones fácticas expresó que no se trataban de tales o que no tenía conocimiento. Acudió a los medios de defensa de fondo denominados falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de sustitución patronal, de la obligación y de falta de prueba de los perjuicios pretendidos, así como buena fe y la genérica (f.°521-549, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87786 El Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de noviembre de 2017 (f.°666 Cd y 667-669 acta, tomo II, expediente digital) resolvió: PRIMERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción formulada por la demandada Colpensiones,

respecto de las mesadas pensiónales del demandante del 18 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2007. Probada la excepción de inexistencia del derecho y de la obligación por falta de causa y título para pedir respecto del reconocimiento de perjuicios morales y materiales de que trata el artículo 446/98 (sic) y probada la excepción de no configuración del derecho al pago de indemnización moratoria respecto de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Así mismo declarar probadas la excepción de inexistencia de la obligación formulada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, probada la excepción de inexistencia de derechos a satisfacer por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las consideraciones expuestas. SEGUNDO. CONDENAR a Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes Panflota a efectuar el pago del cálculo actuarial del bono pensional con ocasión de los servicios prestados por él señor González Orjuela para la Flota Mercante Gran Colombiana por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 1970 al 23 de julio de 1985, cálculo actuarial que deberá ser trasladado a Colpensiones a nombre del actor. TERCERO. CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez al demandante Darío Alberto González, a partir del 1° de enero de 2008 y de igual manera condenar a

Colpensiones a recibir el cálculo actuarial al que se hizo referencia en el numeral anterior y una vez cumplido esto a satisfacción proceda a reliquidar la primera mesada pensional del demandante, teniendo en cuenta para la determinación del IBL, lo devengado por el demandante durante los 10 años anteriores al reconocimiento de su pensión de vejez o durante toda su vida laboral según el IBL que le sea más favorable. CUARTO. CONDENAR a Colpensiones, a pagar al demandante las eventuales diferencias que resulten a favor del demandante en caso de que proceda la reliquidación de su mesada pensional desde el 1° de enero de 2008 hasta que sea incluido en nómina de pensionados el nuevo valor de la pensión de vejez del demandante, pago que deberá hacerse de manera indexada al momento de su pago definitivo.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87786 QUINTO. ABSOLVER a la demandada Colpensiones de las demás pretensiones incoadas en su contra al igual que absolver a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las demás pretensiones incoadas que se formularon en contra de esta. SEXTO. Condenar en costas a Colpensiones y al Patrimonio Autónomo de Remanentes Panflota a favor del demandante […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al estudiar el recurso de apelación propuesto por el promotor del juicio y al surtir el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, por

sentencia del 4 de abril de 2019 (f.° 26 Cd, 28-40 acta segunda instancia, expediente digital), decidió: PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE los ordinales primero y quinto de la sentencia impugnada en tanto se absolvió a la demandada Federación Nacional de Cafeteros, para en su lugar, DECLARAR que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA asume la condición de garante frente a las obligaciones de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante

S. A de acuerdo con lo indicado en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal 4º de la sentencia impugnada en cuanto ordenó el pago de las mesadas causadas desde el 1° de enero de 2018, para en su lugar ABSOLVERLA de esta pretensión. TERCERO. MODIFICAR el ordinal 4º de la sentencia impugnada en el sentido de ORDENAR el reconocimiento de las diferencias causadas con ocasión a la reliquidación de la prestación de vejez a partir del 1° de febrero de 2008. […] En lo que interesa al medio extraordinario, el juzgador estimó como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a estudiar eran:

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87786 […] si [era] procedente ordenar el pago del cálculo actuarial a favor de Colpensiones respecto de los aportes al sistema de pensiones por el periodo en que el demandante prestó servicios personales a favor de la extinta Flota Mercante Gran Colombiana

y, de ser así establecer cuál de las demandadas de[bía] asumir su pago. Así mismo, se ha[bría] de analizar si [era] procedente ordenar el reajuste y el pago del retroactivo de la prestación de vejez que percibe el demandante por parte de Colpensiones. Para dar respuesta a las anteriores problemáticas, precisó que no era objeto de controversia que: i) el actor sostuvo un contrato de trabajo con la Flota Mercante entre el 1º de abril de 1970 y el 22 de julio de 1985; ii) durante ese interregno no se realizaron aportes al ISS y, iii) Colpensiones le reconoció pensión de vejez desde el 1º de abril de 2008. Seguidamente procedió a dar respuesta a las cuestiones controvertidas, así:

1. Del pago de las cotizaciones respecto de las relaciones laborales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Memoró que, a partir de la sentencia CSJ SL, 27 ene.2009, rad.32179, esta Sala estableció que las consecuencias de la ausencia de afiliación al sistema de seguridad social debían regirse por las normas que estuviesen produciendo efectos al momento en que se causaba la respectiva prestación, en razón a la cual en proveído CSJ SL4388-2015 se sostuvo que acorde a los mandatos establecidos en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el precepto 17 del Decreto 3798 de 2003 la mejor solución a tal situación, en

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87786

tratándose de personas cuyo contrato de trabajo había finalizado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, era «el reconocimiento del tiempo servido por el trabajador, para el reconocimiento de la prestación de vejez, con el consecuente traslado del cálculo actuarial a cargo de la entidad empleadora». En tal virtud, estimó acertado el actuar del juzgado cuando ordenó el pago de los aportes en pensión para el periodo que el accionante ejecutó labores a favor de la Flota Mercante S. A., puesto que este «consolidó su derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, cálculo actuarial que conforme con la doctrina probable en cita se [debía] determinar en la forma como lo establece el Decreto 1887 de 1994, teniendo en cuenta para tal efecto los salarios percibidos entre 1° abril de 1970 y el 22 de julio de 1985».

2. De los factores salariales a incluir para la elaboración del cálculo actuarial.

Esgrimió que, además de la asignación básica, solo era posible observar: […] los valores que percibió el actor por concepto de trabajo extra y suplementario, así como el 75% de los viáticos percibidos, concepto este último al que se le dio la connotación de salario en la referida proporción, en la Convención Colectiva de Trabajo que la empleadora suscribió con la organización Sindical Unimar, vigente para el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1985 y el 20 de mayo de 1988 […].

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87786 Lo anterior, porque no observó norma legal o extralegal

que le otorgara incidencia salarial a las primas de antigüedad y de servicios. Para efectos de la elaboración del título pensional, advirtió que en el expediente no reposaban la totalidad de los soportes de la remuneración devengada por el petente durante toda la relación contractual, motivo por el cual ordenó a la Fiduprevisora S. A., como administradora del PAR Panflota, que remitiera a Colpensiones « certificación de salarios y los factores antes señalados devengados por el demandante entre el 1° abril de 1970 y el 22 de julio de 1985».

3. Responsable del pago del cálculo actuarial.

Explicó que, como consecuencia de la liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., se suscribió el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora

S. A., en virtud del cual dicha entidad en principio sería la llamada a reconocer el cálculo actuarial. No obstante, anunció que: […] en el último otrosí en la modificación que se introdujo al numeral 16º de la cláusula cuarta, está el de pagar las obligaciones siempre que el Patrimonio Autónomo cuente con los recursos suficientes y en tal sentido en tanto, tal como lo indicó el apoderado de la parte actora, en sentencia SU 1023 de 2001 la Corte Constitucional reconoció que la Federación Nacional de Cafeteros es la matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante […].

Por tales razones y en armonía con la presunción establecida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87786 1995, acotó que «la Federación Nacional de Cafeteros asu[mió] la condición de garante frente a las obligaciones de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., en virtud de la responsabilidad subsidiaria de la matriz de las obligaciones adquiridas por la sociedad subordinada». Resaltó que, la premisa regulada en la disposición atrás citada podía ser desvirtuada en el caso en que « la matriz o controlante, de[mostrara] que el estado de liquidación fue ocasionado por una causa diferente»; pero que ello no había ocurrido en el examine. Frente Asesores en Derecho SAS, indicó que su obligación era expedir cualquier acto administrativo «relacionado con el reconocimiento, sustitución, o cualquier trámite pensional de los extrabajadores de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A». Respecto de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no existía precepto que le endilgara responsabilidad frente a las obligaciones de la Flota Mercante

S. A., en la medida en que «el control y administración del Fondo Nacional del Café se en[contraba] a cargo de la

Federación Nacional de Cafeteros».

4. De la reliquidación de la pensión de vejez.

Apuntó que no había reparo alguno en lo atinente a la elaboración del cálculo actuarial y la consecuente reliquidación, pero anotó, en cuanto a la data de

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87786 reconocimiento del derecho, que acorde con la Resolución n.° 004663 del 29 de enero de 2008, el petente acreditó los requisitos para acceder a este el 18 de junio de 2006, en la medida en que la prestación se otorgó con 982 semanas. Así las cosas, teniendo en cuenta la excepción de prescripción, estimó que a la luz del artículo 151 del CPTTS, el término podía ser «interrumpido por una sola vez», motivo por el cual: […] dado que conforme con el acto administrativo mediante el cual se reconoció el derecho pensional, el actor reclamó la prestación el 3 de enero de 2008, contrario a lo que consideró el servidor judicial de primer grado, no es procedente imponer condena en contra de esta entidad respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 1° de febrero de 2008, pues entre la fecha en que se le reconoció la prestación y la data de la presentación de la demanda, que lo fue el 31 de mayo de 2012 transcurrió un término superior a tres años, sin que [fuera] posible tener en cuenta el término que sobre el particular establece el Acuerdo 049 de 1990, conforme con el criterio pacífico y reiterado por la máxima Corporación de Justicia Laboral entre otras en sentencias del 5 de noviembre de 2008, radicado 32749, del 10 de marzo de 2009, en radicado 35506 y en sentencia del 23 de octubre de 2012 dentro del 46.312 en las que expresó: Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de que la prescripción del artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990,

opera para las reclamaciones ante el Instituto de Seguros Sociales y no para acudir ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se aplica el término de prescripción de tres años previsto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Finalmente, en lo que tiene que ver con las diferencias pensionales causadas, dijo que no se encontraban afectadas por el paso del tiempo habida cuenta que las mismas surgían

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87786 con el pago del cálculo actuarial que se estaba ordenando con el proceso.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA) Por cuestiones de método, se resolverá inicialmente el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Indica que, principalmente, lo que pretende es que se case la sentencia gravada y, en sede de instancia, se confirme la del juzgado en cuanto absolvió a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café pero, además, en su lugar: […] revocar la absolución de las pretensiones que impartió con relación a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y, consecuencialmente, hacer el pronunciamiento que frente a esta corresponda con fundamento en la responsabilidad subsidiaria que se le imputa al tenor del artículo 148 de la Ley 222 de 1995,

y con referencia al concepto del Consejo de Estado a que se alude en hecho “39” de la demanda ordinaria con que se inició este proceso. En forma suplementaria solicita quebrar la providencia del juez de alzada: […] en cuanto revoca la decisión de primera instancia en lo que respecta a absolver a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, a

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87786 pagar el cálculo actuarial que se liquide por Colpensiones y correspondiente al periodo no cotizado durante la vinculación laboral del demandante para la Flota Mercante Grancolombiana

S. A., Y en sede instancia, habrá de confirmar absolución dispuesta por el juzgado del conocimiento Como segundo alcance subsidiario, requiere: […] casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A (f.°

9-10 del cuaderno de la Corte, demanda de casación FNC, expediente digital). Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica únicamente por parte del demandante y Colpensiones, pasando la Sala a estudiar a continuación el primero y de forma conjunta los restantes por soportarse en similar elenco normativo, ofrecer argumentos afines y buscar igual objetivo.

VI. CARGO PRIMERO Se acusa a la decisión del sentenciador de segundo grado de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87786 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Nacional», lo que a su vez condujo a: […] la indebida aplicación de: el inciso 2º del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3141 del mismo año, artículos 3º y 38, 59 a 61; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año; artículos 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 de la Ley 90 de 1946. Advierte que, en el presente asunto, la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sí

puede ser discutida en la medida en que el colegiado efectuó un pronunciamiento expreso al respecto y porque al haber sido absuelta por el juzgado no estaba legitimada para interponer recurso de apelación. Resalta que no es objeto de controversia la conclusión del operador judicial relativa a que no se desvirtuó «la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, para la matriz o controlante de la sociedad subordinada que entra en situación de concordante o liquidación obligatoria»; que el distanciamiento parte de tres argumentos esenciales: […] 1) La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, está vinculada a este proceso como administradora del Fondo Nacional del Café, y en esa condición se le impone la condena que se pide anular; 2) que la condición de Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, es admitida en el fallo gravado cuando se expresa por qué “no es procedente condena alguna contra el Ministerios de Hacienda y Crédito Público”, como también que en este se alude a la sentencia SU 1023 del 2001 de la Corte Constitución, en que analiza dicha situación, como también se

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87786 reconoció la naturaleza parafiscal de los recursos del Fondo Nacional del Café. 3) Que la lógica consecuencia de ser el Fondo Nacional del Café, por creación legal, una cuenta corriente de naturaleza parafiscal, su “dueño”, así sus recursos, por mandato constitucional y legal, tengan una destinación específica, es el Estado Colombiano, y ello significa que, el aludido Fondo, no es

persona; y solo las personas naturales o jurídicas son sujetos de derecho y obligaciones, también, en cierto casos, los denominados patrimonios autónomos, condición de la carece el Fondo Nacional del Café. Acota entonces que lo que se discute son las consecuencias e implicaciones que como administradora del Fondo Nacional del Café debe asumir. En otras palabras, se duele de que el colegiado no hubiese determinado «quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario». Explica que al evidenciarse que el Fondo Nacional del Café carece de personería jurídica y que los recursos con que se adquirieron las acciones en la Flota Mercante S. A. provienen de aquel, debe concluirse que es la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la llamada a responder pues como mandante le encomendó su administración a la Federación. Señala que el referido tópico fue abordado en la sentencia CC SU1023-2001 de la que trascribe un fragmento para aducir que lo planteado no debe ser desestimado por lo señalado en tal providencia, pues, por el contrario, en dicho fallo se resaltó que la medida allí establecida era transitoria frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, porque era el juez ordinario a quien le correspondía

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 87786 establecer de forma definitiva la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, sin que se

hubiese descartado de plano que esta fuera adjudicada en cabeza de la Nación. De igual manera, recordó que, acorde con las decisiones de la Corte Constitucional, los recursos del Fondo Nacional del Café son de naturaleza pública al nutrirse de contribuciones parafiscales (CC C-840 del 2003), escenario bajo el cual: […] si el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; si sus recursos que provienen de una contribución parafiscal, son de índole pública, inclusive lo advierte la sentencia gravada; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia actúa como administrador de dicho Fondo, siendo su mandante el