CSJ - SL2116-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2116-2023 Radicación n.° 96210 Acta 23 Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HUMBERTO AGUILAR GAVIRIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de agosto de 2021, en el proceso adelantado contra CBI COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL y solidariamente la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S., trámite al que fueron llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y

la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -CONFIANZA

S.A. AUTO Conforme al poder allegado con el escrito de réplica, se reconoce personería jurídica para actuar como apoderado de Liberty Seguros S.A., al abogado Héctor Mauricio Medina Casas,

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Radicación n.° 96210 identificado con C.C. n.º 79.795.035 y T.P. n.º 108.945 del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES Humberto Aguilar Gaviria demandó a CBI Colombiana S.A. en liquidación judicial (en adelante CBI S.A.) y solidariamente a la Refinería de Cartagena S.A. -hoy Refinería de Cartagena S.A.S.- (en adelante Reficar S.A.S.), para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la primera de ellas,

comprendido entre el 10 de mayo de 2012 y el 29 de abril de 2015. De igual forma, pidió que se declarara la ineficacia del «[…] pacto de exclusión salarial contenido en [el] contrato de trabajo» y del acordado en la Convención Colectiva de Trabajo, teniendo como salario lo percibido por incentivos HSE, productividad, progreso general y de tubería, prima técnica, auxilio de movilización, de gastos de transferencia bancaria y lavandería. Al no tenerse en cuenta como factor de salario los anteriores pagos, pidió que se condenara a CBI S.A. y solidariamente a Reficar S.A.S., a pagar la nivelación salarial originada en los auxilios de transferencia bancaria y lavandería y la diferencia por concepto de cesantías y sus intereses, primas de servicios y vacaciones disfrutadas, así como las indemnizaciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Como sustento de sus peticiones informó que suscribió con CBI S.A. un contrato de trabajo a término fijo para desempeñarse

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Radicación n.° 96210 como tubero A, el cual inició el 10 de mayo de 2012 y finalizó el 29 de abril de 2015. Relató que durante el desarrollo de la relación laboral devengó habitualmente un bono de asistencia, el cual se pagó como contraprestación directa de sus servicios. También, que recibió mensualmente el pago de auxilios de movilización, de transferencias bancarias y de lavandería; incentivos de productividad, HSE, de progreso general y de tubería y prima

técnica, no obstante, mediante pactos de exclusión salarial, se estimó que aquellos no iban a ser considerados factores salariales al momento de liquidar el contrato. Explicó que Reficar S.A.S. estaba encargada de expandir la refinería de Cartagena, para lo cual celebró un contrato de obra con la empresa CBI Colombiana S.A., cuyo propósito era que esta contratista desarrollara el proyecto, de manera que su labor correspondía y no era extraña a las del giro ordinario de la empresa contratante. Al dar respuesta a la demanda, CBI S.A. no se opuso a la pretensión de declarar la existencia del contrato de trabajo, pero sí a las restantes. En cuanto a los hechos, aceptó la celebración del contrato de trabajo, el cargo desempeñado, el salario estimado en $2.533.410 y la fecha de terminación, por la renuncia voluntaria del demandante. También aceptó que se suscribió la Convención Colectiva de Trabajo con la organización sindical USO, de la cual era beneficiario el señor Aguilar Gaviria; que pagó los incentivos de

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Radicación n.° 96210 progreso y de tubería, HSE Convencional y prima técnica, en la forma como fueron especificados en la demanda. Rechazó los demás fundamentos fácticos, argumentando que estos conceptos eran beneficios de orden extralegal, por lo que no fueron concebidos como una contraprestación directa del trabajo desempeñado. En su defensa propuso las excepciones que denominó buena fe, inexistencia de las obligaciones, «ausencia de presupuestos para solicitar nivelación salarial», prescripción y

pago. Por su parte, Reficar S.A.S al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones y en lo referente a los hechos no aceptó ninguno o consideró que no le constaba. Expuso que no tuvo una relación con el demandante y por lo tanto no se podría predicar la solicitada responsabilidad solidaria, dado que no se configuraban los presupuestos que se encuentran consagrados en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Como excepciones de fondo, planteó las de inexistencia de las obligaciones y prescripción. Mediante auto del 9 de agosto de 2017, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena admitió el llamamiento en garantía hecho por Reficar S.A.S., de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. (en adelante Confianza S.A.) y de Liberty Seguros S.A.

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Radicación n.° 96210 La primera, se abstuvo de pronunciarse frente a las pretensiones, por cuanto desconocía sus fundamentos. De los hechos manifestó que ninguno le constaba, aunque dijo que la póliza n.º 01 EX000898, cuya existencia admitió, «[…] única y exclusivamente cubre la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST; contrario sensu, la póliza no cubre indemnizaciones de otro tipo como indemnizaciones moratorias, verbi gratia, la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST». Adicionalmente, recordó que la póliza fue expedida en coaseguro, donde Liberty Seguros S.A. tenía un 19,30% de participación y ella el 80,70% restante, siendo coaseguradora

líder y que la vigencia del amparo de salarios venció el 29 de agosto de 2018. Relacionó como excepciones las que denominó «falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de Reficar S.A.», «ausencia de cobertura de cualquier otra indemnización diferente a la del despido sin justa causa (art.64 CST)», «ausencia de cobertura de prestaciones laborales de tipo extralegal» y «coaseguro». Liberty Seguros se opuso a todas las pretensiones que resultaran contrarias a sus intereses, expresando que no le constaban los hechos. Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de solidaridad, «improcedencia de incluir en la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones, el valor reconocido por bonificación y demás

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Radicación n.° 96210 acreencias no salariales», «improcedencia de sanción moratoria del art. 65 CST» y «prescripción». Al responder puntualmente el escrito de llamamiento en garantía, reconoció el contenido de la póliza n.º EX000898 y explicó que había asumido el 19.3% del riesgo, que equivalía a US$ 15.015.399, y el cual correspondía al máximo valor asegurado en caso de sentencia condenatoria. Propuso las excepciones de «Falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento EX000898», Improcedencia del pago del siniestro por parte de Liberty Seguros SA. A Reficar S.A.», «Improcedencia al pago de sanción moratoria a cargo de la aseguradora», «Suma asegurada como límite máximo

de la responsabilidad de la aseguradora», «Disminución del valor asegurado de la póliza Nº EX000898 expedida por Confianza S.A.», «Límite del porcentaje de riesgo a cargo de Liberty Seguros S.A.» y «La responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 31 de octubre de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, y en consecuencia ABSOLVER a CBI COLOMBIANA S.A. de las pretensiones de la demanda formulada por HUMBERTO

AGUILAR GAVIRIA.

Dicha absolución se extiende a la codemandada REFINERIA (sic) DE CARTAGENA S.A. REFICAR S.A. y las llamadas en garantía LIBERTY

SEGUROS S.A. y ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo del 13 de agosto de 2021, confirmó la sentencia proferida por el juzgado.

Como problema jurídico a resolver consideró que debía esclarecer i) si la bonificación de asistencia tenía o no carácter salarial. De ser así, establecer si había lugar a las reliquidaciones

pretendidas; ii) si los bonos convencionales tenían incidencia salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales y vacaciones y iii) si había lugar a las indemnizaciones moratorias reclamadas previstas en los artículos 65 del CST y numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Recordó que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, disponía que era salario todo aquello que recibía el trabajador en dinero o especie, como reconocimiento directo del servicio, de suerte que era la «[...] contraprestación patrimonial que recibe el trabajador por el trabajo subordinado». Aludió que el artículo 128 del mismo estatuto, regulaba los pagos que no eran considerados salario, al señalar que no gozaban de tal connotación los rubros ocasionales que otorgaba el empleador a sus colaboradores por mera liberalidad, o con el objetivo de que pudieran desempeñar cabalmente sus funciones. También detalló que no reconocían el servicio las prestaciones sociales, los pagos laborales que por disposición legal no lo eran, al no ser retributivos y aquellos auxilios «[…]

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Radicación n.° 96210 acordados convencional o contractualmente […] otorgados en forma extralegal, cuando las partes así los hayan dispuesto expresamente». Citó la sentencia CSJ SL5159-2018 para recordar que por decisión de las partes no puede «desalarizarse» o despojarse de su connotación salarial a un pago que tiene esa naturaleza, y que incluso aquellos que generalmente no se consideraban salario, como la alimentación o prima de navidad, entre otros, debían

analizarse, pues si no se ha realizado el pacto de exclusión, puede dar lugar a que se discuta esa calidad. Añadió que, por regla general, los ingresos que recibían los trabajadores eran salario, a menos que el empleador demostrara su destinación específica, es decir, que su entrega obedecía a una causa distinta a la prestación del servicio. Del análisis de la cláusula 4ª del contrato de trabajo, extrajo que la remuneración del demandante consistía en percibir un salario fijo y «[…] una bonificación mensual cuya causación estaría determinada por dos indicadores i) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y ii) el desempeño del empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE)». Además, dedujo que el bono de asistencia se causaba, por el cumplimiento del cronograma de trabajo, así como de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre la bonificación por asistencia, concluyó que al reconocer la entidad el carácter retributivo del servicio de dicho pago, quedaba demostrado que este concepto era de naturaleza salarial. De igual forma, recalcó que de las pruebas se

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Radicación n.° 96210 evidenciaba que el demandante recibió el pago, cumpliéndose entonces con el presupuesto de habitualidad. En relación con la existencia y validez del pacto de exclusión, expresó que la entidad demandada no desconoció el carácter salarial de algunos conceptos sino que los excluyó de la base de liquidación de trabajo suplementario y vacaciones

disfrutadas en tiempo, lo cual era permisible a la luz de la jurisprudencia de esta Corte, que se ha referido al alcance de la parte final del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo entonces un pacto válido y vinculante para ambas partes. Estableció que, bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, si se acordaba que un determinado rubro no sería tenido en cuenta como un factor salarial, para efectos de la liquidación de algunas acreencias, ello debería avalarse siempre y cuando no implicara un menoscabo de los derechos de los trabajadores. Citó la sentencia CSJ STL11582-2020 para afirmar que la Corte, en sentencia de tutela, analizó un caso de similares contornos en donde concluyó que no resultaba «descabellada» esta interpretación, pues se había fundado en las pruebas aportadas, las normas que regulaban el asunto y la jurisprudencia de esta Corte y constitucional, relacionada con la interpretación del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que lo condujo a sostener que el pacto de exclusión salarial del bono de asistencia era válido, pues con él «[…] no se pretendió quitar el carácter de salario a un pago que por esencia tenía esa naturaleza, sino excluir el mismo de la base para liquidar trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo».

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Radicación n.° 96210 Así, ratificó que era ajustado a derecho que las partes pudieran restarle incidencia salarial a un determinado rubro, para efectos de liquidar ciertas acreencias. Por otra parte, para el análisis de los incentivos

convencionales de progreso y de tubería, HSE y prima técnica, expuso que la cláusula 12 de la Convención Colectiva de Trabajo, dispuso que los salarios y las bonificaciones se concederían en los términos del anexo 1º, denominado «Tabla de salarios y Bonificaciones», en el cual se pactó que no tendrían incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales, lo cual encontraba respaldo en sentencias tales como la CSJ SL, 5 febrero 1999, radicación 11389, CSJ SL, 7 septiembre 2010, radicación 37970, de las cuales transcribió algunos apartes. Afirmó que la negociación colectiva tenía como propósito esencial que las partes llegaran a acuerdos que permitieran mejorar las condiciones laborales y la productividad, para lo que se requería que realizar concesiones, pues no «[…] tendría sentido que el empleador, acepte conceder beneficios superiores a los legales, pero no pueda convenir sobre los efectos o la incidencia salarial que estos tendrán». Por tanto, estableció que el pacto de exclusión salarial, celebrado entre CBI S.A. y la USO, era válido, pues fue producto de ese acuerdo colectivo, del cual dijo «[…] solo podría ser cuestionada su validez a través de la denuncia de la misma, y no a través del proceso ordinario».

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Radicación n.° 96210 Finalmente, ante la imposibilidad de condenar a la demandada CBI S.A. por concepto de salarios y prestaciones sociales, se relevó del análisis de las indemnizaciones moratorias.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y

admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y conforme a las limitaciones y alcance del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, al no tener la prima técnica, los incentivos de progreso y de tubería, productividad, HSE, ni el bono de asistencia como salariales para la «[...] liquidación de acreencias laborales a favor del actor».

Apunta que, [...] en el evento en que se declare como próspera esta Demanda de Casación, ello implica que se dicte sentencia sustitutiva y se analice y valore, que en las condenas impuestas sea declarado solidariamente responsable la sociedad comercial REFICAR SAS y que se condene a las codemandadas a la indemnización moratoria prevista en el art. 65 del Código Sustantivo de Trabajo y la prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta pues contienen una proposición jurídica similar, se fundan en argumentos semejantes y persiguen la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos: […] 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con el 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del

Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política. Para sustentarlo, indica que el Tribunal incurrió en error por violación de normas de derecho sustancial, debido a la interpretación efectuada frente a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que, según aquél, «[…] la convención colectiva de trabajo tiene la virtualidad de permitir cualquier cláusula de desalarización sobre los beneficios extralegales que en ella se reconoce». Señala que este considera que «[…] la presencia de una exclusión salarial en una convención colectiva de trabajo, per se implica un análisis diferencial en cuanto a su validez, dado que inciden en su celebración móviles diferentes en cuanto a las condiciones laborales y el aumento de la productividad», razón por la que el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo tendría que prever «No obstante cuando los pactos de exclusión salarial estén contenidos en convenciones colectivas son plenamente válidos y su discusión solo será posible via (sic) denuncia de la convención». Añade que también se equivoca, al establecer que la discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, debe

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Radicación n.° 96210 hacerse procedimentalmente a través de la denuncia de la convención.

Ello porque la última es posible en la medida en que su discusión gire en torno a conflictos de orden o de intereses económicos, pero no existe una norma especial que indique que también así será cuando se trate de reproches de índole jurídico del texto extralegal, lo que se materializa en el presente asunto, porque lo que se persigue desde la demanda es que se declare que los beneficios que fueron objeto de exclusión salarial sean tenidos en cuenta al momento de liquidar las acreencias laborales, y si ello fuera posible, sus efectos serán inter partes, es decir, no afecta a la convención en un sentido general, sino de manera particular.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación indirecta, por error «[…] de hecho.

Ausencia de valoración probatoria».

Explica: En línea de principio, con el argumento inmediatamente reseñado anterior, si para el despacho era diametralmente importante establecer o hacer un análisis de proporcionalidad y calidad de los pagos recibidos por parte del trabajador, dentro del análisis de interpretación de los artículos 127 y 128 del código Sustantivo del Trabajo, entonces ha debido tener en cuenta las pruebas solicitadas con la demanda y que fueron aportadas por la demandada, que dan cuenta de los volantes de pago durante la relación laboral.

Reproduce el contenido de los comprobantes de nómina y menciona: De todos los cálculos descritos, tenemos que para el mes de marzo de 2015, el trabajador devengo (sic) como ingresos retributivos del

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Radicación n.° 96210 servicio la suma de $2.850.095 (no se tiene en cuenta auxilios no

retributivos del servicio), de ese total de ingresos el SALARIO BASICO (sic)+ BONO DE ASISTENCIA+HORAS EXTRAS, ascendió al monto de $3.990.129, por el contrario los beneficios distintos a los previamente referenciados, ascendían a la suma de $3.613.512. Dice que lo anotado, permite dilucidar que, si se hubieran analizado los documentos, era posible concluir que «[…] no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con incidencia salarial». Reprocha al Tribunal no haber estudiado si los incentivos de progreso y de tubería, HSE y prima técnica, identificados en la Convención Colectiva de Trabajo como no salariales, remuneraron realmente los servicios prestados, al bastarle simplemente que así fue plasmado en el texto extralegal.

VIII. CARGO TERCERO Acusa un «error de derecho por vía indirecta» y expone: Sobre el pago de PRIMA TECNICA (sic) CONVENCIONAL, el ad quem

(sic) dio un alcance probatorio que no otorga la ley sustancial, en el entendido que dio por demostrado sin estarlo, que la presencia de la Convención Colectiva de Trabajo implica la virtualidad de validez total sobre pactos de exclusión de factores salariales, aspecto que no se encuentra previsto en la Ley.

IX. RÉPLICAS Liberty Seguros S.A. asegura que su situación «[…] solo es susceptible de ser analizada si llega a prosperar la demanda de casación», toda vez que en sede de instancia, se debería absolver a la entidad, dado que no se cumplen los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, para endilgar

responsabilidad jurídica alguna a Reficar S.A.S.

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Radicación n.° 96210 Subraya que no se interpretaron erróneamente los artículos 127 y 128 del estatuto del trabajo, sino que, por el contrario, el fallo cuestionado se ajustó a lo adoctrinado por esta Corporación sobre la validez de los pactos de exclusión salarial. Destaca, en cuanto a la acusación por la vía indirecta, que no tiene proposición jurídica y no indica el submotivo de casación. Además, que la lectura y revisión de los volantes de pago en nada cambian el resultado de la decisión, toda vez que de los rubros allí contenidos no se concluye que la exclusión salarial que se discute era improcedente. Reficar S.A.S. subraya que no se exponen razones puntuales frente a lo dicho por el juzgador frente al bono de asistencia y que siendo el de casación un recurso rogado, ningún impulso pueda darse a esa omisión del recurrente. En concreto, frente al cargo por la vía directa, el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 no fue una norma aplicada, ni expresa ni tácitamente, por el Tribunal, luego mal podría invocarse una interpretación errónea de ella. Además, y con la misma consecuencia, tampoco acudió a los artículos 22, 24, 37, 39, 64, 65, 108 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto al segundo, considera que los volantes de pago son a lo sumo una prueba indiciaria y no una documental, y que no revelan el carácter salarial o no de los pagos allí contenidos.

Además, que el Tribunal bien pudo omitir su análisis, pues no se ha demostrado que hubiera interpretado mal las normas con que se integró la proposición jurídica del primer cargo, luego «[…]

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Radicación n.° 96210 ningún sentido poseía el descender a la observación juiciosa de esos medios de convicción».

X. CONSIDERACIONES Es cierto, como se resalta en las réplicas, que el recurso de casación tiene errores de técnica, tanto en el alcance de la impugnación, como en el desarrollo de los cargos, que lo harían inestimable si no fuera porque al resolverlos conjuntamente, la Sala comprende que lo perseguido es la casación total del fallo proferido por el Tribunal y la posterior revocatoria de la sentencia de primera instancia, para proceder a condenar conforme a las pretensiones de la demanda inicial.

Bajo esa comprensión, la Sala resolverá de fondo el recurso extraordinario, lo que no le impide señalar que el segundo cargo, orientado por la vía indirecta, en realidad no pasa de ser un alegato de instancia en el que no se cumplen las exigencias técnicas previstas por los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues no se individualizan los presuntos errores de hecho, no se precisan las pruebas que fueron dejadas de valorar y no se incluye una proposición jurídica concreta; además, no se indica la modalidad por la cual se violó la ley sustancial, si bien es claro que la que generalmente se admite por esta vía es la aplicación indebida. Por su parte, el cargo tercero tampoco está técnicamente propuesto, porque se denuncia un presunto «error de derecho»

frente al alcance probatorio que el Tribunal le dio a la Convención Colectiva de Trabajo, olvidando que este yerro difiere del de hecho, pues mientras el primero se refiere a los casos en que la

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Radicación n.° 96210 ley exige una determinada solemnidad para la validez del acto que pretenda demostrarse, el segundo se atiene a aquellos casos en que no es necesario acreditarla. Superadas esas deficiencias, la Sala deberá definir, acorde con el alcance de la impugnación y la sustentación del recurso, si los pagos por concepto de incentivos HSE convencional, de progreso convencional, de progreso tubería y la prima técnica convencional, son constitutivos de salario o fueron válidamente excluidos de tal connotación, en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por la USO y CBI Colombiana S.A. No es competente para esclarecer si tienen incidencia salarial, el bono de asistencia, el incentivo de productividad y los auxilios de movilización, gastos de transferencias bancarias y lavandería, pues no fueron objeto de reproche dentro del escrito con el cual se sustentó el recurso extraordinario, y ello conduce a que tales aspectos de la sentencia permanezcan sin modificación alguna, bajo la presunción de acierto y legalidad con la que viene revestida. Reiteradamente esta Sala ha reflexionado sobre el deber del recurrente, de controvertir todas las inferencias fácticas y jurídicas que sostienen la providencia impugnada, pues de no hacerlo, esta subsiste (CSJ SL1452-2018 y CSJ SL1927-2021).

Así se indicó en el fallo CSJ SL3846-2021: Lo anterior significa, que el esfuerzo que el promotor hace en su disertación para tratar de acreditar unos supuestos desatinos fácticos, resulta a todas luces insuficiente, puesto que la columna argumentativa que sirvió de sustento a la decisión objeto de ataque, debió insoslayablemente cuestionarla y derruirla en su totalidad, en tanto ella es la que sostiene la misma, so pena de que permanezca inmodificable con soporte en los razonamientos inatacados, pues

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Radicación n.° 96210 contrario al cumplimiento de tal carga procesal, la impugnante se ocupó de achacarle al Tribunal unos errores de hecho, que no son del caso entrar a estudiar, dados los defectos insalvables que se observan. De ahí que al quedar incólume el argumento medular que sirvió de apoyo al ad quem para proferir su providencia y, por lo tanto, con total independencia de lo atinada que pudiera ser o no, la misma se mantiene intacta, es decir, conserva enteramente las presunciones de acierto y legalidad que la revisten. Lo advertido impone a la Corte recordar, que, para la prosperidad del recurso de casación, es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca apenas algunas razones soporte de la decisión impugnada o distintas de las expresadas por el Tribunal, como aquí se evidencia (CSJ SL643-2020) (subrayas fuera de texto). A juicio de esta Corporación, y salvo por lo anteriormente

anotado, existió la interpretación errónea señalada en el primer cargo, aspecto jurídico sobre el cual ya se pronunció esta Sala en un caso de contornos similares, dentro de un proceso promovido en contra de CBI Colombiana S.A. (CSJ SL658-2023), en el que concluyó: En lo que sí tiene razón el impugnante es sostener que erró el Tribunal al concluir que como en el texto extralegal celebrado entre la USO y la demandada, se pactó que los incentivos no tenían incidencia salarial, ello, no podía cuestionarse, salvo que ocurra «[…] dentro del marco propio de la denuncia de la norma convencional, por lo que no es admisible que por la sola pretensión del demandante se cambie la naturaleza de dichos pagos o que se declare ineficaz la cláusula convencional». En este sentido, esta Sala en múltiples oportunidades ha indicado que el binomio salario-prestación personal del servicio, es el objeto esencial del contrato de trabajo y, por consiguiente, los pagos que realiza el empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que sea evidente que su entrega obedece a una finalidad diferente (CSJ SL3272-2018 y CSJ SL4866-2020). […] Por lo que no resulta válido en uso de la facultad consagrada en el artículo 128 del estatuto del trabajo, despojar de incidencia salarial un pago claramente remunerativo, cuya causa inmediata es el servicio prestado, toda vez que la ley no faculta a las partes para que dispongan que aquello que por esencia lo es, deje de serlo (CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475).

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Radicación n.° 96210 […] Para responder esta parte de la acusación, la Corte recuerda que, conforme a su orientación doctrinaria, al amparo de la facultad contemplada en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 128 del Código Sustantivo del Trabajo, las partes no pueden desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por ley, claramente tienen tal carácter. Ello traduce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula contractual en que las partes nieguen el carácter de salario a lo que intrínsecamente lo es, por corresponder a una retribución directa del servicio, o pretendan otorgarle un calificativo que no se corresponda con esa naturaleza salarial. Carece, pues, de eficacia jurídica todo pacto en que se prive de la índole salarial a pagos que responden a una contraprestación directa del servicio, esto es, derechamente y sin torceduras, del trabajo realizado por el empleado (subrayas del texto). […] Por tanto, resulta evidente que se equivocó el Tribunal en la interpretación que hizo a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, al sostener que los incentivos HSE, de progreso, progreso de tubería y la prima técnica no son factor salarial, por cuanto así se dispuso en la Convención Colectiva de Trabajo, sin realizar un análisis de si en realidad, estos remuneraban el servicio prestado por el señor Guevara Salgado (subrayas fuera del texto). El Tribunal concluyó que para el análisis de la incidencia salarial de los incentivos convencionales de progreso y de tubería,

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