CSJ - SL2119-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2119-2023 Radicación n.° 96919 Acta 31 Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA ARNULFA TORRES, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de mayo de 2022, en el proceso que instauró contra el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

I. ANTECEDENTES María Arnulfa Torres demandó al Departamento del Valle del Cauca, con el propósito de que, previa declaración de la existencia de la relación laboral que unió a las partes, se estableciera la ineficacia de su retiro y su condición de beneficiaria de los efectos de la sentencia del 22 de mayo de

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Radicación n.° 96919 2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En consecuencia, requirió que se ordenara su reintegro sin solución de continuidad y se condenara a la entidad al pago, «[…] a título de indemnización», de los salarios, prestaciones legales y convencionales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral dejados de percibir, todo ello debidamente indexado. De forma subsidiaria, solicitó que se le reconociera la pensión de jubilación consagrada en el artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el departamento y su sindicato de trabajadores. Fundamentó sus peticiones en que fue vinculada a la

entidad en el cargo de «Auxiliar de Servicios Varios» mediante Decreto 1042 del 4 de junio de 1993, posesionándose el 17 del mismo mes y año según acta n.º 1018. Luego, por medio de Decreto 0523 de 5 de abril de 1994, fue nombrada en propiedad en el cargo de «Obrero», del cual tomó posesión el 14 de ese mes y año según acta n.° 0311. Afirmó que este último puesto fue catalogado como trabajador oficial en el artículo 2 del Decreto 1617 de 1977 de la Gobernación del Valle del Cauca y en la Ordenanza n.º 17 de 1989, que adicionó el Decreto 298 de 1989 y que tuvo vigencia a partir del 30 de noviembre de dicho año.

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Radicación n.° 96919 Contó que el 17 de febrero de 1998, la Gobernación del Valle del Cauca y el sindicato de trabajadores suscribieron una Convención Colectiva de Trabajo para la vigencia comprendida entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, la que fue debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo. Reseñó que mediante el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, el gobernador estableció la nueva estructura administrativa y la planta global de los cargos del nivel central del departamento y que el 24 de diciembre de 1999, se logró un acuerdo de revisión convencional entre la entidad y el sindicato, con fundamento en «[…] una gravísima situación económica y financiera» del ente territorial, que le

impedía «[…] cumplir con sus obligaciones corrientes». Informó que este fijó unas tablas de jubilación anticipada, condicionadas al tiempo de servicios y edad, así como de retiro con indemnizaciones especiales para aquellas personas que no cumplieran estos requisitos. Adicionó que los interesados debían manifestar su intención de acogerse a ellos, junto con su carta de renuncia, antes del 31 de diciembre de 1999. Afirmó que «[…] no presentó y tampoco diligenció el formato de renuncia calendado del 30 de diciembre de 1999, manifestado (sic): “... Ojo no es voluntario mi retiro. Me veo en la obligación de hacerlo pero no conforme...”».

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Radicación n.° 96919 Agregó que ese mismo día radicó un memorial donde daba alcance a aquella, «[…] en virtud a la confusión de la interpretación al proceso de retiro de la entidad y en especial a la presión sicológica que ha creado en estos días por parte de la administración», añadiendo que el convenio alcanzado con el sindicato reñía con los principios laborales y violaba «[…] todo (sic) los procedimientos legales, convencionales, estatutario y administrativos para llegar a dichos acuerdos». Apuntó que el Decreto 0015 de 2000 determinó la escala de salarios para los diferentes niveles de la planta central del departamento; que su vinculación con la demandada comprendió desde el 17 de junio de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1999, para un total de 6 años, 6 meses y 15 días y que mediante sentencia de 22 de mayo de 2014,

el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos de 1999 y de 2000, al considerar que no hubo un estudio técnico que soportara la expedición de los actos anulados en cumplimiento de los requisitos de ley, en particular los fijados por el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998. Añadió que el 15 de junio de 2017 elevó derecho de petición, «[…] tendiente a obtener el reconocimiento de los efectos ex tunc», que fue contestada desfavorablemente mediante oficio del 9 de agosto del mismo año. Al dar respuesta a la demanda, la entidad territorial se opuso a todas las pretensiones, salvo a la existencia de la relación laboral, que aceptó en los extremos y según los cargos señalados en la demanda.

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Radicación n.° 96919 En cuanto a los hechos, reconoció todos los atinentes a la normativa reseñada por la demandante; su calidad de trabajadora oficial; la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo; el acuerdo de revisión convencional al que se llegó con el sindicato; las propuestas de retiro anticipado relacionadas en la demanda; la finalización del vínculo laboral y la decisión del Consejo de Estado. Puntualizó que la relación de trabajo con la demandante terminó por su renuncia expresa, acogiéndose a la cláusula 2ª del acuerdo de revisión, sin que existiera vicio alguno que acarreara su nulidad. Aclaró que las condiciones del caso impedían la aplicación de los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado, «[…] como quiera que se trata de una

situación respecto de la cual ya se había configurado la consolidación de la situación laboral del (sic) demandante y que la señora Torres no cumplió los requisitos convencionales para el reconocimiento de una pensión de jubilación. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 1 de septiembre de 2021, absolvió a la demandada.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por la demandante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 31 de mayo de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia.

Definió como problemas jurídicos de la apelación, determinar si, i) había lugar o no a declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral por efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado; en caso afirmativo, ii) debía estudiar las demás solicitudes de la demanda, por resultar accesorias a la primera y, de ser así, operó la prescripción de la acción de reintegro; y, por último, en caso de que no prosperara la pretensión principal, iii) procedía el reconocimiento de la pensión de jubilación. Dio por probada la vinculación de la demandante al Departamento del Valle del Cauca, «[…] en el puesto de trabajadora oficial», desde el 17 de junio de 1993 hasta el 31

de diciembre de 1999 y anticipó que la terminación del contrato fue eficaz. Afirmó que no procedía la aplicación de los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado, que declaró nulos los Decretos 1867 de 1999 y 015 de 2000, ya que no existía relación entre ellos y el acuerdo de revisión convencional que se suscribió con el sindicato.

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Radicación n.° 96919 Expuso que la razón que llevó al departamento a modificar la estructura administrativa mediante el Decreto 1867 de 1999, fue la intención de establecer una organización más moderna y ágil que respondiera a los lineamientos establecidos en la Constitución Política; que el Consejo de Estado argumentó que los estudios técnicos elaborados para ello debían estar basados en las metodologías de diseño organizacional y contemplar, por lo menos, uno de los aspectos enunciados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, lo que no fue cumplido por la entidad. Además, que el acuerdo de revisión convencional, suscrito el 24 de diciembre de 1999, se celebró con fundamento en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Señaló, De las pruebas antes referidas, no encuentra la Sala relación alguna, directa o indirecta, para que deban extenderse los efectos de la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, al Acuerdo de Revisión Convencional suscrito por la entidad y su sindicato el 24 de diciembre de 1999; pues la

motivación de este no estuvo basada en la expedición de los referidos actos administrativos, sino en una situación imprevisible y de graves alteraciones a la normalidad económica, que impedía a la entidad seguir cumpliendo a cabalidad con obligaciones laborales y convencionales, para lo que ambas partes estuvieron de acuerdo y plasmaron su voluntad de adicionar la CCT, con el fin de que los trabajadores que cumplieran con los requisitos establecidos en las nuevas cláusulas, decidieran de manera voluntaria, acogerse o no, a planes de jubilación anticipada o de retiro. Lo que efectivamente hizo la actora. Revisó la carta de renuncia firmada por la trabajadora y su comunicación de alcance, concluyendo que, de ellas,

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Radicación n.° 96919 efectivamente se desprendía una manifestación de desacuerdo de la señora Torres que haría ineficaz su desvinculación «[…] por estar afectado su consentimiento», pero tal hallazgo no afectaba los resultados del proceso, dado que la acción de reintegro se encontraba prescrita «[…] por cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 15 de junio de 2017, como se observa a folios 202 a 205 del expediente del juzgado, de allí que alcanzó a trascurrir el término de los tres años previstos en el artículo 488 del C.S.T. y 151 del C.P. del T. y S.S.». Aclaró que, a juicio de la demandante, la prescripción no operó pues la petición de agotamiento de la vía gubernativa, de fecha 18 de febrero de 2000, no se resolvió,

Frente a este argumento, y con soporte en las sentencias «[…] SL3042-2021, SL4167-2021, SL4304-2021, SL4440-2021, SL029-2022, SL910-2022», dijo: […] la Sala considera que no le asiste razón por cuanto el documento referido no contiene firma ni sello de recibido por parte de la demandada ni alguno de sus representantes; o alguna marca, sello, impronta, signo físico, digital o electrónico de haberse recibido por la traida (sic) a juicio, de ahí que, no se puede tener como prueba de haberse presentado la reclamación en esa fecha. Añadió que no era cierto que la demandada hubiera desconocido el documento, sino que le faltó pronunciarse frente al mismo, dado que en la contestación de la demanda «[…] ni siquiera se hizo referencia a la pretendida reclamación».

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Radicación n.° 96919 Por último, sostuvo que la demandante no tenía derecho a la pensión de jubilación como quiera que no cumplió los requisitos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo que le aplicaba, esto es, el tiempo de servicios debía ser de por lo menos diez años y laboró seis años, seis meses y cinco días. Por todo lo anterior, encontró que no procedían las pretensiones accesorias a la ineficacia del retiro y confirmó la sentencia del juzgado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por María Arnulfa Torres, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y

los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia y, constuída en instancia, revoque la de primer grado a fin de, […] declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral de la señora María Arnulfa Torres en su calidad de Trabajadora Oficial, que es beneficiaria de los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, porque la misma no se consolidó y que la entidad territorial demandada no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que se disponga el reintegro o reincorporación sin solución de continuidad en el cargo de Obrero con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales de carácter legal y convencional dejados de percibir.

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Radicación n.° 96919 Asimismo, que el tiempo transcurrido desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que se profiera sentencia definitiva dentro de este proceso es sin solución de continuidad; y que se acceda a las pretensiones subsidiarias, condenando al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo, de manera retroactiva, indexada y con los intereses moratorios. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no son replicados y se estudian en conjunto, dado que presentan argumentos complementarios y similitudes en las normas cuya violación denuncian.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar, en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, […] los artículos 13, 43, 467, 468, 469, 470, 471 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 53, 122 y 123 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 1617 del 29 de septiembre de 1977, la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 y 67 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del

Departamento del Valle del Cauca. Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que la señora María Arnulfa Torres es beneficiaria de los efectos ex tunc de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

2. Dar por demostrado sin estarlo, que la desvinculación del cargo de Obrero clasificado como de un Trabajador Oficial se consolidó con la supresión realizada en forma discrecional y

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Radicación n.° 96919 unilateral por parte del Gobernador del Departamento Valle del Cauca con efectos fiscales a partir del 01 de enero del año 2000.

3. No dar por demostrado estándolo, que ante la falta de consolidación de la reforma administrativa es ineficaz o inexistente la terminación del contrato de trabajo en calidad de trabajadora oficial ante la falta de la presentación de la renuncia en el cargo de Obrero.

4. No dar por demostrado estándolo, que la señora María Arnulfa Torres nunca se acogió a la tabla de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales.

5. No dar por demostrado estándolo, que al demandarse la nulidad de los Decretos números 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000 impidió que se consolidara la reforma administrativa mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca, y desaparecieran todos los cargos de trabajadores oficiales.

6. No dar por demostrado estándolo, que los actos y actuaciones que se realizaron para desvincular del cargo de Obrero a la señora María Arnulfa Torres, corren la misma suerte de la nulidad que se profirió en contra el Decreto No. 1867 del 22 de diciembre de 1999 (acto administrativo general y principal).

7. Dar por demostrado sin estarlo, que hubo solución de continuidad desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que fue notificada y ejecutoriada la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

8. No dar por demostrado estándolo, que el formato de la carta renuncia y que discrepó la señora María Arnulfa Torres para no acogerse a la tabla de jubilaciones anticipadas es ineficaz.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que el fundamento por el cual se motivó la reforma administrativa y la eliminación de los cargos de trabajadores oficiales no tiene o no se mantiene en el tiempo con presunción de legalidad, al declararse nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 por falsa motivación y desviación de poder por parte de la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

10. No dar por demostrado estándolo, que el Departamento del Valle del Cauca no ha dado cumplimiento a la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

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Radicación n.° 96919 Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11), en los términos del el literal k del artículo 164 de la Ley 14371 de 2011.

11. No dar por demostrado estándolo, que la señora María Arnulfa Torres tiene derecho al reintegro en el cargo de Obrero con efectos retroactivos o ex tunc desde el día 01 de enero de 2000, u otro de igual o superior categoría.

12. Omitir para dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Arnulfa Torres tiene derecho a que se reconozca y

pague a título de indemnización los salarios, prestaciones sociales (legales y convencionales) dejados de percibir desde el día 01 de enero de 2000.

13. No dar por demostrado estándolo, que el tiempo transcurrido desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que quedó ejecutoriado y en firme la sentencia es sin solución de continuidad, para efectos del tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.

14. No dar por demostrado estándolo, que se configuró el silencio administrativo negativo por la no respuesta a la discrepancia a la carta de renuncia del 30 de diciembre de 1999, al alcance a la carta de renuncia radicada en el despacho de Gobernador el día 30 de diciembre de 1999 y a la Petición como forma de Agotar la Vía Gubernativa calendo del 18 de febrero de

2000.

15. Conforme a lo anterior, dar por demostrado que no ha operado la prescripción extintiva de los derechos laborales ante la falta de respuestas y a la configuración del silencio administrativo negativo, por la peticiones y solicitudes presentadas el día 30 de diciembre de 1999 y 18 de febrero de

2000. Alega que los yerros se presentaron por la apreciación indebida de las siguientes pruebas,

1. Copia del Decreto Extraordinario número 1617 del 29 de septiembre de 1977.

2. Copia de la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989, por la cual se adiciona el artículo primero del Decreto 0298 de

1989.

3. Copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle del Cauca, con la

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Radicación n.° 96919 respectiva nota o constancia de depósito del 24 de febrero de 1998.

4. Copia del Decreto número 1867 del 22 de diciembre de 1999, por la cual se establece la estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones.

5. Copia del Acuerdo de Revisión Convencional del 24 de diciembre de 1999.

6. Copia de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

7. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora

María Arnulfa Torres.

8. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Arnulfa

Torres.

9. Copia del formato de hoja de datos personales de la señora

María Arnulfa Torres.

10. Copia del Decreto número 1042 del 04 de abril de 1993, por la cual se realiza el nombramiento de la señora María Arnulfa Torres en el cargo de Obrero.

11. Copia del Acta de Posesión No. 1018 del 17 de junio de 1993.

12. Copia del Acta de posesión No. 0311 del 14 de abril de 1994.

13. Oficios del 30 de diciembre de 1994 mediante el cual se da alcance a la renuncia.

14. Copia de la petición como forma de agostar vía gubernativa, calendado del 18 de febrero de 2000.

15. Copia de las constancias de tiempos de servicios y salarios.

16. Derecho de petición en interés particular radicado con el número consecutivo 44743 el día 15 de junio de 2017 en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.

17. Oficio No. 0102-035-01-1092782 del 09 de agosto de 2017, expedido por el Subdirector de Gestión Humana del Departamento Administrativo de desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.

18. Carpeta de la Historia Laboral de la señora María Arnulfa Torres, allegado por la parte demandada con el escrito de la contestación de la demanda.

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Radicación n.° 96919 Como fundamento del cargo reitera lo que persigue de forma principal y subsidiaria; los hechos que lo sustentan; la clasificación como trabajadora oficial y la normativa que lo soporta. También recuerda que no presentó renuncia y que dejó la constancia de ello; el contenido de su carta de renuncia; la presentación de un derecho de petición «[…] como forma de agotar la vía gubernativa» ante el «[…] el yerro de guardar silencio» de la entidad y la aceptación masiva de las renuncias que se presentaron. A continuación, alega: A pesar de inducirse en un error a la señora María Arnulfa Torres, como a los demás trabajadores oficiales para que manifestaran

su consentimiento en el sentido que la reforma administrativa basada en un estudio técnico era en su momento válido o con presunción de legalidad por estar inmersa en un acto administrativo de carácter general, está probado que ella manifestó de manera inmediata su discrepancia y solicitó su reintegro que hasta la fecha no se ha pronunciado la entidad demandada, como tampoco en cuanto al cumplimiento de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11), en los términos del el literal k del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Con el argumento anteriormente expuesto, está probado y demostrado que mi mandante no presentó su renuncia, probándose que el derecho no se consolidó porque se presentó demanda contencioso administrativo en ejercicio de la acción de nulidad contra el acto administrativo general contenido en los Decretos números 1867 del 22 de diciembre de 1999, mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca, y 0015 del 21 de enero de 2000 por el cual se determinó la escala de salarios para los grados de remuneración de los cargos de los diferentes niveles de la administración central del Departamento del Valle del Cauca, estos fueron el fundamento principal de la reforma administrativa, y la motivación la desvinculación del servicio de todos los trabajadores oficiales en el Departamento del Valle del Cauca.

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Radicación n.° 96919 Aunado a lo anterior, es de reiterar que está demostrado que el derecho no se consolidó porque no presentó la renuncia, se dejó en evidencia la existencia de una inducción al error, a la fuerza bajo un manto de la posición dominante y al dolo por parte del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, además, ella presentó demandas las cuales cursaron y fueron de conocimiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior, con la radicación: 76001 31 05 006 2003 00 325 01, donde los jueces de instancias denegaron sus pretensiones […]. Lo anterior, tuvo Salvamento de Voto por uno de los magistrados que conformaron la Sala Laboral de Decisión, y luego cuando en el año 2014 se declaran nulos los decretos por medio de los cuales se dispuso la reforma administrativa, este es el fundamento principal para suprimirle el cargo a mi mandante y retirarla del servicio como trabajadora oficial, todo lo anterior demuestra que estamos ante un choque de principios, como es el de cosa juzgada y seguridad jurídica versus el de equidad y justicia, pero en concordancia con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo donde en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad, porque el derecho no se consolidó en cuanto se refiere a la señora María Arnulfa Torres, porque ella acudió a la justicia ordinaria laboral para rebatir su renuncia, lo inoportuno de la reforma administrativa, así como su derecho pensional por derecho a la igualdad con aquellos que accedieron a una

prestación económica de jubilación anticipada sin cumplir con el lleno de requisitos en términos de ecuanimidad y equilibrio entre los trabajadores oficiales, proceso que fue de conocimiento por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Recuerda los antecedentes que fijó en la demanda sobre el contenido de la sentencia del contencioso administrativo, enfatizando que esa providencia fue notificada, por edicto, el 13 de junio de 2014, el cual fue desfijado el 17 del mismo mes y año y confirma que presentó su reclamación administrativa el día 15 de junio de 2017. Indica que según el artículo 2536 del Código Civil, el término de prescripción ordinaria es de diez años, en concordancia con el literal k) del 164 de la Ley 1437 que

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Radicación n.° 96919 dispone un término de cinco años para buscar la ejecución de una decisión proferida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Dice que los efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos generales tienen efectos erga omnes, es decir para todos, cobijando a quienes fungieron o tuvieron la calidad de trabajador oficial en el departamento, lo que implica que la cosas o situaciones particulares y concretas vuelven a su estado anterior (efectos ex tunc), siendo procedente su reintegro, resultando la sentencia CSJ SL4782-2018 aplicable. Solicita la ineficacia de la terminación del contrato laboral, no que el despido hubiera sido con o sin justa causa,

habida cuenta de que con el acuerdo de revisión convencional se indujo a error a los trabajadores oficiales, vulnerando sus derechos mínimos según lo dispuesto en los artículos 13 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo. Señala que, […] mal puede considerarse que si el trabajador oficial en su momento hubiere aceptado voluntariamente una situación ineficaz a través del adefesio de una reforma administrativa, posteriormente calificada con falsa motivación y desviación de poder, mal puede hacer inocuo lo estipulado por la ley y la jurisprudencia, sin desconocer los derechos y garantías aplicables por el bloque de constitucionalidad. Asegura que la falta de solución de continuidad que se reclama, fundamenta el reconocimiento y pago retroactivo de la pensión de jubilación, toda vez que el tiempo que ha estado desvinculada debe integrarse al cómputo del plazo requerido

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Radicación n.° 96919 para acceder al beneficio previsional, «[…] infiriendo que […] [la Convención] ha estado incólume». Para finalizar, concluye: De haber valorado los medios de pruebas documentales allegados al expediente en debida forma, el Tribunal habría concluido que al Departamento del Valle del Cauca nunca se le consolidó la reforma administrativa, que suprimió todos los cargos de trabajadores oficiales de manera ilegal, pese que a través de la sentencia del 22 de mayo de 2014, la sección segunda del Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, que fue el fundamento principal de la reforma

administrativa, las situaciones particulares y concretas no han vuelto a su estado anterior ante el reiterativo incumplimiento de la sentencia objeto determinante en este litigio, lo que permite que el actora sea reintegrada sin solución de continuidad con el pago de los salarios y prestaciones sociales, o en su defecto se reconozca la pensión de jubilación convencional.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, denuncia la interpretación errónea, […] de los artículos 13, 43, 467, 468, 469, 470, 471 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo, 1508 del Código Civil y los artículos 53, 122 y 123 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 1617 del 29 de septiembre de 1977, la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 y 67 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle del Cauca.

Como fundamento del cargo, reitera los elementos planteados en la demanda; luego anota que, en su caso, el término de prescripción estaba suspendido de manera indefinida por la falta de respuesta de la entidad a la petición del 18 de febrero de 2000. Declara que,

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Radicación n.° 96919 La interpretación errónea en la que incurrió la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, fue que nunca

valoró de manera racional las consecuencias de la anulación de actos administrativos generales, que hoy motivan las pretensiones de la demanda, insistiendo que existe un silencio administrativo de la administración departamental que se ha sostenido en el tiempo, situaciones que no pueden ser ajenas al momento de proferir una sentencia de segunda instancia de la que se pide que se quiebre o parta la sentencia del ad quem por parte de esta corporación judicial, porque en últimas el juez colegiado en segunda instancia con la sentencia hoy impugnada están realizando una reproducción de actos administrativos anulados y descritos a l