CSJ - SL212-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL212-2023 Radicación n.° 93645 Acta 03 Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JULIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 15 de abril de 2021, dentro del proceso que promovió en contra

del CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Julio Vásquez González demandó al Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. (en adelante C.D. La Equidad), con el fin de que se declarara que existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 2 de enero de 1986 hasta el 26 de noviembre del 2015, y que su despido fue injusto e ilegal.

En consecuencia, solicitó que se condenara a la demandada al pago indexado de la indemnización por despido injusto y la

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Radicación n.° 93645 sanción moratoria por «[…] falta de pago de salarios y liquidación final de prestaciones sociales y cesantías definitivas». Como fundamento de sus pretensiones, señaló que se vinculó a la sociedad La Equidad Seguros Generales O.C. el 2 de enero de 1986; que fue enviado por su empleador para que asistiera como representante legal, a las reuniones de la junta directiva del C.D. La Equidad, tal como se constata en las actas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los años 2012 y 2013; que en el acta n.º

13 del 1º de noviembre de 2013, se propuso en el orden del día «[…] realizar la sustitución patronal del accionante y otro trabajador, la cual fue aprobada por unanimidad», quedando a cargo de esta empresa el valor de las prestaciones sociales y siendo designado como gerente, con un salario mensual de $14.200.000. Narró que el presidente de la junta directiva del C.D. La Equidad, Carlos Mario Zuluaga Pérez, lo autorizó para que firmara la cesión de su contrato con La Equidad Seguros O.C, documento que fue suscrito por las tres partes el 1º de octubre de 2013; que el C.D. La Equidad adelantó una auditoría externa entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2015, de cuyo contenido fue notificado; que el 25 de junio del mismo año dio respuesta aclarando los interrogantes surgidos y que el 2 de junio de 2015 le comunicaron que disponía de 70 días de vacaciones acumuladas, las cuales disfrutaría a partir del 17 de julio y hasta el 29 de octubre de 2015. Manifestó que en esta fecha fue notificado de la investigación disciplinaria que se estaba adelantando en su contra y que su empleador, atendiendo lo previsto en el artículo

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Radicación n.° 93645 140 del Código Sustantivo del Trabajo, continuaría pagando el salario, a pesar de relevarlo de la obligación de prestar el servicio personal hasta el 3 de noviembre siguiente. Agregó que fue citado a rendir descargos el 4 de noviembre, fecha en que le comunicaron que «[…] continuaba relevado de la

obligación de prestar sus servicios personales». Aseguró que era objeto de persecución laboral por sus superiores «[…] quienes le infundían miedo, intimidación, terror, angustia, llevándolo a relevarlo de sus funciones»; que el 11 de noviembre formuló solicitud de investigación, por acoso laboral, ante el Ministerio de Trabajo, la que también radicó ante su empleador en la misma fecha. Adicionó que el 17 de diciembre de 2015 fue informado por este, sobre la asignación de un funcionario que investigaría su denuncia. Explicó que, dadas estas circunstancias, contaba con la garantía de estabilidad laboral reforzada, por lo cual su despido, que se produjo a partir del 27 de noviembre de 2015, fue ilegal e injusto. Agregó que la demandada canceló su último salario el día 15 de diciembre y que la liquidación final del contrato de trabajo fue pagada el día 28 de enero de 2016. Al dar respuesta a la demanda, el C.D. La Equidad se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, no admitió ninguno, pues consideró que algunos no eran ciertos en la forma en la que estaban redactados y otros no le constaban. Aseguró que el demandante hizo referencia a la sociedad La Equidad Seguros Generales O.C, la cual es un tercero ajeno al

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Radicación n.° 93645 proceso y que erró al considerar que, en la cesión del contrato de trabajo celebrada el 1º de octubre de 2013, operó una sustitución patronal, pues no se acreditaron los requisitos establecidos los

artículos 67 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Manifestó que con la diligencia de descargos rendida por el trabajador el 4 de noviembre de 2015, de forma previa a la culminación de la relación laboral, se salvaguardó el derecho de defensa pues se recibió su versión sobre las presuntas omisiones en las que habría incurrido en desarrollo de sus funciones como gerente del club deportivo. Así mismo, recordó que el 9 de febrero de 2016 el Ministerio de Trabajo emitió un auto declarando fracasada la etapa de conciliación y resaltó que luego de la investigación realizada, «[…] no se profirió […] auto de imputación de cargos, ni sanción alguna en contra de la sociedad». Consideró que no se cumplieron los requisitos legales y jurisprudenciales para la configuración de la estabilidad laboral reforzada, derivada del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, pues su fundamento obedeció al llamado a descargos, situación que no constituía «[…] per se acoso laboral». Citando el numeral 1º de la misma norma, en el que se consagran las garantías contra las actitudes retaliatorias, afirmó que la «[…] supuesta estabilidad a la que hace referencia el accionante, jamás nació a la vida jurídica», pues el amparo invocado no era provocado por la simple queja de acoso laboral.

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Radicación n.° 93645 En lo referente a la mora en el pago de la liquidación final de acreencias laborales, expresó que se debió «[…] única y exclusivamente a la negativa del mismo de acercarse a las instalaciones del Club a reclamar el pago» situación que obligó a

la sociedad a consignarle en una cuenta bancaria lo adeudado, dejando constancia de las comunicaciones que reflejaban su buena fe. Finalmente, aseguró que el salario «[…] se reconocía mensualmente en la modalidad de salario integral». Propuso las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, falta de título y causa en el demandante, buena fe, pago, prescripción, compensación y «falta de competencia-caducidad de la acción».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 6 de agosto de 2019, resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a la demandada CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte del señor JULIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR probados los hechos sustento de las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y casusa en el demandante y buena fe, propuestas por la pasiva, declarándose relevado del estudio de las demás.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación interpuesta por el demandante, la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

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Radicación n.° 93645 D.C., mediante fallo del 15 de abril de 2021, confirmó la sentencia proferida por el juzgado. Aseguró que no fue objeto de discusión, i) que Julio Vásquez

González laboró para el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A., mediante contrato de trabajo a término indefinido; ii) que los extremos temporales de la relación laboral fueron el 2 de enero de 1986 y el 26 de noviembre de 2015; iii) que su último cargo fue el de gerente general con un salario integral final de $15.433.000 y, iv) que el vínculo contractual laboral fue finalizado por la empleadora alegando justa causa. Añadió que estos se soportaban en el contrato de trabajo y el acuerdo de cesión, la carta de terminación, la autorización de retiro del Fondo Mutuo de Inversión, las liquidaciones de vacaciones, la orden del examen médico de retiro, las planillas de autoliquidación de aportes a la seguridad social de agosto a octubre de 2015, las certificaciones de afiliación al sistema, los desprendibles de nómina de octubre de 2013 a noviembre de 2015, la certificación expedida por el Director de Talento Humano de La Equidad Seguros OC y la liquidación final. Frente a la indemnización por terminación del contrato de trabajo citó la sentencia CSJ SL, 20 febrero 2019, radicación 73969, para asegurar que la jurisprudencia ha advertido que, para el evento del despido, «[…] al trabajador le corresponde demostrar que la iniciativa de ponerle fin a la relación provino del empleador y, a éste le incumbe acreditar la justificación del hecho o hechos que lo originaron».

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Radicación n.° 93645 Por ello, citó lo consignado por la empleadora en la carta de terminación del contrato de trabajo, en la que se precisó que

mediante informe de auditoría AIG-06182015–AIV-06182015, de junio de 2015, del cual se le dio traslado al demandante para que ejerciera su derecho de defensa, se tuvo conocimiento de las irregularidades en el manejo del club deportivo, que básicamente consistieron en que: i) Omitió realizar contratación de los proveedores, dejando de manera escrita las condiciones del servicio requerido, así como las condiciones de pago. ii) Omitió su deber de control y vigilancia respecto del manejo de la escuela de Formación, específicamente lo relacionado con la contratación del personal de la escuela iii) Omitió su deber de control y seguimiento a los ingresos de la Escuela de Formación, específicamente al recaudo de matrículas y mensualidades de los alumnos. Se refirió enseguida a las actas de la junta directiva del club, al informe de la auditoría interna efectuado entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2015, en el cual se hacen recomendaciones para la adecuada administración de los proveedores y el cumplimiento de las obligaciones con terceros para «[…] mitigar los riesgos reputacionales y cobros de intereses». Destacó que en él se señaló que no se contaba con un detalle actualizado y unificado de la estructura organizacional, pues no se identificaban todas las novedades de personal, razón por la cual se sugería la creación de una base de datos organizada y automatizada que controlara la cantidad de personal, roles, funciones, responsabilidades, novedades, estadísticas de accidentes de trabajo y demás controles legales y administrativos de personal.

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Radicación n.° 93645 En cuanto a la escuela deportiva, el informe de la auditoría interna advirtió que no se tenía identificada la cartera, no existía convenio con alguna entidad financiera que permitiera el recaudo de matrículas y pensiones y no existía documentación que estipulara las condiciones contractuales entre los padres y el club. El Tribunal se refirió también a la respuesta del funcionario frente a este, donde admitió que no se contaba con una herramienta tecnológica para los recaudos y que el control se hacía mediante las consignaciones que los profesores debían reclamar a los alumnos. Igualmente, tuvo en cuenta los balances generales de diciembre de 2014 a julio de 2015, el estado de resultados de la misma fecha, la comunicación mediante la cual se concedieron vacaciones desde el 17 de julio hasta el 28 de octubre de 2015, la liquidación de ese descanso remunerado, el oficio del 29 de octubre de 2015, mediante el cual se le informó a Vásquez González que se estaba adelantando una investigación disciplinaria y por tanto, quedaba relevado de prestar sus servicios, con pago de salario, hasta el 3 de noviembre del mismo año, prorrogado bajo las mismas condiciones, y acta de descargos, de la cual transcribió las respuestas a las preguntas 3, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 84 y 85. Se refirió también a la carta suscrita por el demandante,

mediante la cual pidió que se le informara clara y concretamente por qué se le estaba investigando, a las respuestas emitidas por el club, a los contratos de prestación de servicios incorporados

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Radicación n.° 93645 en el expediente, al proceso penal que se instauró por el presunto delito de administración desleal, el cual se encontraba en etapa de investigación, y a los estatutos del C.D. La Equidad, de los cuales destacó el artículo 39 que dispone que «La sociedad tendrá un Gerente quien será el representante legal del Club para todos los efectos. El Gerente deberá obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés del Club, teniendo en cuenta los intereses de sus socios» y el 40, en el que se individualizan las funciones del gerente. Después de analizar los documentos, así como los interrogatorios de cada una de las partes y el testimonio de Carlos Mario Zuluaga Pérez, concluyó que, […] Julio Vásquez González como Gerente General del Club Deportivo no efectuó la contratación de los proveedores de manera escrita, incumplió su deber de controlar y vigilar la contratación del personal de la escuela de formación, así como el control y seguimiento del pago de matrículas y mensualidades de los alumnos, situaciones fácticas de las que dan cuenta la auditoría de 28 de abril a 05 de mayo de 2015, el acta de descargos y lo manifestado por el deponente Carlos Mario Zuluaga Pérez; circunstancias que generaron un detrimento en ingresos a la empleadora e, incluso una multa impuesta por la DIAN.

Cabe resaltar, que en la diligencia de descargos, Julio Vásquez González aceptó que sus funciones eran «ejercer la administración del club con la debida diligencia y las funciones consagradas en el estatuto del club», además, en el interrogatorio de parte confesó que sus actividades consistían en coordinar el personal de la empresa, contrataba proveedores y profesores, verificaba el cumplimiento de las funciones del coordinador de la escuela siendo su deber el recaudo de matrículas y mensualidades. Actividades propias de su cargo, sin que le fuera dable excusarse en que había delegado algunas de sus funciones al director o coordinador de la escuela, en tanto, conforme al artículo 40 de los estatutos le correspondía controlar la contabilidad, vigilar la actividad de los empleados del club y, reglamentar el manejo de las cuentas bancarias. Respecto de las omisiones en que incurrió el trabajador, mencionó que fueron acreditadas con el informe de auditoría que

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Radicación n.° 93645 determinó que «[…] no se contaba con un detalle actualizado y unificado de la estructura organizacional pues, no se identificaban todas las novedades del personal del Club, advirtiendo que se carecía de una herramienta tecnológica que identificara la cartera» y que tampoco existía convenio con una entidad financiera que permitiera el recaudo de pensiones y matrículas de la escuela, ni documentos que concretaran las condiciones contractuales entre los padres y el club. Agregó que, en la diligencia de descargos, el señor Vásquez González afirmó que no tenía claro el número de profesores vinculados, pese a que suscribía los contratos de prestación de

servicios; admitió que el recaudo lo hacían los profesores y el coordinador y, manifestó que desconocía el número de alumnos que habían sufragado la matrícula, pues «[…] siendo 2.300 solo se había recaudado lo de 971» y que no implementó medida alguna; situación que acreditaba que no actuó con la debida lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995. De igual forma, consideró que se demostró que la falta de vigilancia y control por parte del señor Vásquez González, generó pagos desproporcionados, como lo indicó Carlos Mario Zuluaga Pérez, ya que existía un contrato de proveedor de canchas por el doble del valor real, que el club tuvo que sufragar, pese a que no existió un contrato que indicara las condiciones pactadas. Así mismo, tuvo que pagar una multa impuesta por la DIAN, pues no estaba ajustada la declaración de renta y que, en el año siguiente al despido, la sociedad tuvo ingresos superiores a los recaudados en el año anterior.

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Radicación n.° 93645 Aclaró que, si bien el revisor fiscal no evidenció las irregularidades por parte del aquí demandante, dicha circunstancia no subsanaba la responsabilidad, pues sus funciones debían ser «[…] continuamente diligentes para el cumplimiento de las disposiciones legales e intereses de la sociedad», así, se hubiera evitado que por una auditoría externa se acreditara el desorden administrativo que afrontaba el Club Deportivo La Equidad.

Por todo lo anterior, aseguró que la empleadora acreditó los motivos que originaron el despido del demandante, pues se demostró el incumplimiento de las funciones, con la entidad suficiente para configurar la justa causa de terminación del contrato de trabajo, conforme al artículo 62, literal A), numeral 6º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 7º del Decreto 2351 de 1965, esto es, la violación grave de las obligaciones o prohibiciones que con arreglo a lo previsto en los artículos 58 y 60 ibídem le correspondía atender al trabajador. En lo relacionado con la queja sobre acoso laboral, analizó el tema a la luz del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 y la jurisprudencia de esta Sala (sentencia CSJ SL, 14 octubre 2015, radicación 53083) en donde se menciona que es necesario, para que procedan las «[…] prerrogativas por retaliación a las víctimas de acoso laboral, entre ellas, dejar sin efecto la desvinculación contractual laboral», que la autoridad administrativa o judicial verifique la efectiva ocurrencia de los hechos denunciados. Luego de efectuar la valoración conjunta de los medios de prueba relacionados con esta circunstancia (carta de despido,

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Radicación n.° 93645 queja presentada ante el empleador el 11 de noviembre de 2015, solicitud de investigación por acoso laboral radicada ante el Ministerio de Trabajo el 11 y 25 de noviembre de 2015, acta de no conciliación suscrita entre las partes el 9 de febrero de 2016

y actas del comité de convivencia fechadas el 2 y 20 de noviembre y el 17 de diciembre de 2015) el Tribunal concluyó que «[…] para que obrara a su favor la presunción que la terminación del contrato fue consecuencia de la queja por acoso laboral instaurada, debía demostrar la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad administrativa, pero, no lo hizo». En lo referente al proceso disciplinario, citó la sentencia CSJ SL, 17 junio 2020, radicación 77578. En ese sentido y aunque la finalización del contrato de trabajo no estaba sometida a un trámite disciplinario específico, resultaba evidente que la sociedad demandada puso en conocimiento del demandante la auditoría que generó la investigación disciplinaria y luego lo citó a descargos con suficiente antelación para que presentara las pruebas que pretendía hacer valer, sin que en ninguna de las oportunidades en que se pronunció hiciera reparos sobre el lugar en que se realizó la diligencia. Al contrario, en el interrogatorio de parte aceptó que «[…] leyó el acta de descargos e, incluso que había respondido los interrogantes de las auditorías». Por último, recordó que el Ministerio de Trabajo en auto del 9 de febrero de 2016, informó al demandante que podía acudir a la justicia ordinaria en procura de sus derechos y pretensiones, sin que lo hubiera hecho y sin que demostrara, la ocurrencia de conductas constitutivas de acoso laboral.

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Radicación n.° 93645 En lo que atañe a la indemnización moratoria prevista por

el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, el Tribunal citó la sentencia CSJ SL, 5 marzo 2009, radicación 32529, reiterada entre otras por las sentencias CSJ SL2402-2019 y CSJ SL2805-2020, en las que se explicó que el resarcimiento no es de carácter automático ni inexorable, de manera tal que si el empleador acredita en el proceso que su actuar estuvo revestido de buena fe, a través de medios probatorios y argumentos válidos que justifiquen su conducta, se le debe absolver. En ese contexto, aseguró que la entidad demandada acreditó la buena fe de su conducta, pues no solo cumplió con el pago de sus obligaciones legales durante la relación laboral, sino que también lo hizo al finalizarla, tal como se desprendía de los siguientes documentos que analizó: […] i) liquidación final por $8'806.533.00; (ii) comunicación de 03 de noviembre (sic) de 2015, en que el Club accionado informó al actor que su liquidación final estaba a su disposición desde 26 de noviembre de ese año en las instalaciones de la sociedad, citándolo el día 04 de diciembre siguiente, para la entrega so pena de constituir depósito judicial y; (iii) oficio de 17 de diciembre de 2015, en que el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. informó a Vásquez González que le había consignado la liquidación de sus salarios a su cuenta de ahorros el día 15 de los referidos mes y año. Por último, indicó que, pese a la existencia de las

irregularidades detectadas en la auditoría, la empleadora no finiquitó el vínculo contractual laboral, sino que inició la investigación administrativa y, aunque separó de las funciones al demandante, siempre le garantizó su salario conforme a lo dispuesto por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos que es presentado y conforme a las limitaciones del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es oportunamente replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: […] 25, 29, 38, 39, 53, 55, 58, 60, 62 numeral 6, b) parágrafo, 64 modificado por el artículo 6 de la ley 50 de 1.990, 65 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 48, 53, 83 y 335 de la Constitución Política; artículo 1, 2, 6, 7, 10, 11 de la ley 1010 de 2.006; artículos 1502, 1602, 1603, 1604, 1746 del código civil; Artículo 5 de la Ley

1314 de 2009; Artículo 8 de la Ley 43 de 1990; Artículo 9 de la Ley 43 de 1990; Artículo 80 de la Ley 190 de 1995; Código de Comercio; Artículo 38 de la Ley 222 de 1995. Como consecuencia de la anterior infracción, la sentencia recurrida también violó los artículos 8 de la ley 153 de 1.887; y de las siguientes normas procedimentales: Artículos 51, 54A, adicionado por la ley 712 de 2001, artículo 24 numeral tercero y parágrafo; artículos 60, 61 del

C. P. T., y por analogía del art. 145 de la misma obra, en relación con

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Radicación n.° 93645 los artículos 167, 191, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 259 del Código General del Proceso. Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:  Dar por demostrado, sin estarlo que, la empleadora, acreditó los motivos que originaron el despido del trabajador, ante el incumplimiento de sus funciones, configurándose la justa causa.  No dar por demostrado, estándolo, que el actor delegó sus funciones de seguimiento de pago de matrículas de los alumnos y contratación de profesores, a otros trabajadores del Club.  No dar por demostrado, estándolo que el actor, firmó contratos laborales y de prestación de servicios.  No dar por demostrado, estándolo que el actor justificó ampliamente por qué no se firmaba contrato por escrito con los

proveedores.  No dar por demostrado, estándolo que los trabajadores delegados estaban en la obligación de exigir a los alumnos de entregar los recibos de consignación, por concepto de pago de matrícula.  No dar por demostrado estándolo que, el actor fue sujeto pasivo de acoso laboral.  Dar por demostrado, sin estarlo que, la empleadora, manifestó en la carta de terminación del contrato de trabajo, lo relacionado con la multa de la DIAN, como negligencia del actor.  Dar por demostrado, sin estarlo que, la empleadora, con el informe especial de auditoria acreditó el detrimento patrimonial.  Dar por demostrado, sin estarlo que, la empleadora, obtuvo en el año siguiente al despido del actor, ingresos superiores, comparado con el año anterior.  No dar por demostrado estándolo que, las funciones de la revisoría fiscal y el contador, están reguladas por el legislador y no por las órdenes que impartiera del actor.  Dar por demostrado, sin estarlo que, la empleadora, obró de buena fe. Como pruebas no apreciadas por el Tribunal, individualiza:

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Radicación n.° 93645  Demanda formulada por el actor. (Folios 2 al 8 del cuaderno principal).  Respuestas de la demanda (Folios 167 a 190) del cuaderno principal.  Informe especial-CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD S.A. Posibles movimientos irregulares de dinero y no inscripción de estudiantes en las escuelas de futbol. Marzo de 2.016, (Folios 264 a 273) del

cuaderno principal y (Folios 7 a 16) del cuaderno de anexos de primera instancia.  Contratos de trabajo y de prestación de servicio, firmados por el actor como representante legal, (Folios 14 a 258 del cuaderno digital primera instancia).  Escrito dirigido al actor el 29 de octubre de 2.015 y del 4 de noviembre del mismo año, mediante el cual le informan que queda relevado de funciones, y de la obligación de prestar los servicios personales.  Solicitud de investigación de acoso laboral radicada por el demandante (folios 150 y siguientes). Y como pruebas erróneamente apreciadas, relaciona:  Carta de terminación del contrato de trabajo (Folios 193 a 198 del cuaderno principal.)  Interrogatorio de parte del actor en el CD, de grabación (Folio 293 del cuaderno principal).  Acta del ministerio de trabajo firmada por las partes, agotando vía administrativa en la investigación de acoso laboral. (Folios 150 del cuaderno principal primera instancia). En la demostración del cargo aduce que el Tribunal erró al afirmar que hubo negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, pues la carga de probarlo la tenía la entidad demandada y no lo hizo, dado que en el informe de la auditoría realizada en marzo de 2016 se afirmó que «Dentro del cuerpo del informe de Auditoría no hay soportes o documentos que sustenten las afirmaciones». Además, el Tribunal no apreció los contratos de trabajo y de prestación de servicios suscritos, que se encuentran en los folios 14 a 258 del cuaderno principal.

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Radicación n.° 93645

Destaca que, durante la vigencia del contrato de trabajo con la sociedad demandada, esta nunca fue objeto de investigación por parte de los órganos de control y vigilancia, tales como la Superintendencia de Sociedades, Coldeportes e internamente la revisoría fiscal. Reitera que era la entidad quien tenía la carga de probar los hechos descritos en la carta de terminación del contrato de trabajo y no lo hizo. Con relación al segundo error de hecho, adujo que en su calidad de representante legal podía delegar funciones, tal como lo hizo en cabeza de Jhon Martínez y John Faber López, para que fueran ellos quienes se encargaran de exigir la entrega de los comprobantes de pago por concepto de matrículas, de modo tal que erró el Tribunal al entender lo contrario. Sobre el tercer error de hecho, alega que la demandada aportó unos contratos de trabajo y de prestación de servicios, frente a los cuales, en su interrogatorio de parte, explicó que no se habían firmado para evitar conflictos y de manera verbal no se habían presentado problemas. Con respecto al sexto error de hecho, manifiesta que este se genera pues no se valoró la solicitud de investigación de acoso laboral. Además, expone que fue relevado del cargo y de sus funciones, y aunque recibía el salario, no asistía a las instalaciones de la empresa a prestar el servicio. Recuerda que la sociedad demandada inició un proceso disciplinario, simplemente para ponerlo «[…] en estado de preocupación» y que fue objeto de frecuentes amenazas como instrumento de presión.

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Radicación n.° 93645 Narra que radicó la queja el 11 de noviembre de 2015 y el

contrato de trabajo fue terminado el 27 siguiente, sin que hubiera finalizado la etapa de investigación de la querella, desconociendo de esta forma, tanto el empleador como el Tribunal, la protección del artículo 7º de la Ley 1010 de 2006. En respaldo cita las sentencias CSJ SL, 2 de agosto de 2011, radicación 47080 y CSJ SL4313-2021. Resalta que, en la carta de despido, nunca se hizo mención a la sanción de la DIAN, por lo que el Tribunal erró al considerar que este hecho también servía para acreditar la correspondiente justa causa, pues era posterior y no se alegó dentro de la oportunidad procesal pertinente. Considera, para explicar el décimo error denunciado, que las funciones y procedimientos propios de la contabilidad y revisoría fiscal se encuentran reguladas por el legislador, y no son propias del representante legal de la demandada, es decir, que son autónomos y su responsabilidad implica rendir informes a la asamblea general de socios y a la junta directiva de la demandada. Para ello cita las normas que definen dicha independencia, en especial en los procedimientos de revisoría fiscal, los métodos y funciones para adelantar la contabilidad, «artículo 5 de la Ley 1314 de 2009; Artículo 8 de la Ley 43 de 1990; Artículo 9 de la Ley 43 de 1990; Artículo 80 de la Ley 190 de 1995; Código de Comercio; Artículo 38 de la Ley 222 de 1995».

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Radicación n.° 93645 Lo anterior, pues el Tribunal entendió que «[…] manejaba,

impartía ordenes, normas y procedim