CSJ - SL2126-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2126-2023 Radicación n.° 95867 Acta 31 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por GLADIS ÁLVAREZ GARCÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de diciembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., trámite al que fueron vinculados como litisconsortes necesarios

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. y MIGUEL

ÁNGEL JARAMILLO ÁLVAREZ.

I. ANTECEDENTES Gladis Álvarez García llamó a juicio a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías

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Radicación n.° 95867 Protección S. A., con el fin de que se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Oscar Jaime Jaramillo Morales ocurrido el 22 de noviembre de 2008. En consecuencia, se ordene el pago de la prestación desde esa fecha, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación, las costas y agencias en derecho y lo que resulte ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el señor Oscar Jaime Jaramillo Morales fue su compañero

permanente durante 12 años y que de esa relación nació Miguel Ángel Jaramillo Álvarez. Por ende, convivieron por espacio superior a 5 años, de manera continua e ininterrumpida, compartiendo techo, mesa y lecho, en tanto que conformaban una familia. Aseguró que su compañero falleció el 22 de noviembre de 2008, estaba vinculado a la AFP demandada y dejó causados los requisitos para que los beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes; que el 17 de febrero de 2009 reclamó ante Protección S. A. la prestación, pero fue negada aduciendo la ausencia de convivencia para la fecha del deceso. Señaló que la relación con su compañero siempre estuvo regida por el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual de carácter permanente - características de la vida en parejapor el espacio en que se desarrolló la cohabitación de 12 años.

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Radicación n.° 95867 Aclaró que para el 22 de noviembre de 2008 la convivencia entre los compañeros «no fue posible por maltratos físicos y psicológicos que le propinaba el afiliado». Por último, informó que en la actualidad la pensión de sobrevivientes la disfrutaba el hijo, desde la fecha del deceso de su padre y en cuantía del 100% (f.os 1 a 12). Al dar respuesta a la demanda, Protección S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la afiliación del señor Jaramillo Morales y la densidad de semanas, el reconocimiento de la pensión a favor de

Jaramillo Álvarez como hijo y su disfrute. Frente a los demás supuestos fácticos dijo no constarle o no ser ciertos. Manifestó que la actora no acreditó los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de la prestación como compañera permanente, pues debía probar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y una convivencia no menor a cinco años continuos previos a la fecha del deceso. De ahí que, si los cónyuges o compañeros se separaron durante ese lapso de cinco años, no se cumplía la exigencia legal para otorgar la prestación. En su defensa propuso la excepción previa de falta de integración de la litis por pasiva y las de fondo que denominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción (f.os 30 a 54).

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Radicación n.° 95867 El juzgado, a través de auto del 12 de octubre de 2017, ordenó integrar el contradictorio con Seguros de Vida Suramericana S. A., en calidad de litisconsorte necesario (f.° 84). Seguros de Vida Suramericana S. A. se opuso a las pretensiones del escrito inicial. En cuanto a los hechos, aceptó la procreación del hijo Miguel Ángel Jaramillo Álvarez, la condición de afiliado del señor Jaramillo Morales a Protección S. A., la fecha del fallecimiento, la reclamación de la prestación por la señora Álvarez García, la respuesta negativa y que la pensión la disfrutaba el hijo en un 100%.

En su defensa dijo que cancelaba una renta vitalicia al beneficiario designado por Protección S. A. - hijo del causante-, en virtud del contrato de seguro; pago que ha realizado desde febrero de 2009 y hasta el momento de dar respuesta a la demanda, en cuantía del 100%. Adujo que no se cumplían los presupuestos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para otorgar la pensión a la promotora del proceso, dado que al momento del deceso no estaba haciendo vida marital con el afiliado y tampoco convivieron cinco años continuos hasta la fecha de su muerte. Lo anterior teniendo en cuenta que conforme a la investigación realizada por Protección S. A. el señor Jaramillo Morales para el momento de su deceso vivía solo.

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Radicación n.° 95867 Solicitó que en caso de que se aceptara a la demandante como beneficiaria de la pensión, debía ordenarse a Protección

S. A. el pago del reajuste de la prima única, para así poder incluirla, dado que «la prima que se pagó fue únicamente por los actuales beneficiarios de la pensión, de lo contrario se rompería el equilibrio contractual y la relación prima – riesgo de los contratos de seguros».

Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, falta de cumplimiento de los supuestos normativos y pago (f.os 146 a 148). El juzgado de conocimiento, a través de auto del 21 de febrero de 2019 ordenó integrar el contradictorio con Miguel Ángel Jaramillo Álvarez (f.° 224). Una vez notificado personalmente y transcurrido el término para dar respuesta al escrito inicial, a través el auto del 25 de noviembre de 2019

se dio por no contestada la demanda (f.os 255 y 256).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 2 de diciembre de 2019 resolvió: PRIMERO: DECLÁRESE que a la señora GLADIS ALVAREZ GARCÍA le asiste el derecho en forma concurrente con su hijo MIGUEL ANGEL JARAMILLO ÁLVAREZ a la pensión de sobrevivencia que dejara causada su compañero y padre respectivamente, el señor OSCAR JAIME JARAMILLO MORALES, desde el 22 de noviembre de 2008 en el equivalente al 50% y sobre el salario mínimo legal mensual vigente.

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SEGUNDO: DECLÁRESE probada la excepción de prescripción respecto del retroactivo pensional reclamado por la demandante desde el 17 de mayo de 2013, así mismo DECLÁRESE la excepción de compensación respecto al retroactivo pensional demandado por la accionante hasta el momento de la ejecutoria de esta sentencia, momento a partir del cual la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS – PROTECCIÓN S. A.- a través del contrato de aseguramiento en modalidad de renta vitalicia, es decir, obligándose así mismo a SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A. a continuar reconociendo a partir de la fecha y en favor de la demandante y de MIGUEL ANGEL JARAMILLO ALVAREZ en proporción del 50% del salario mínimo legal mensual vigente a título de pensión de

sobrevivencia y una vez extinguido el derecho del señor MIGUEL ANGEL JARAMILLO ALVAREZ deberá proceder con el acrecimiento de la prestación económica de GLADIS ALVAREZ

GARCÍA.

TERCERO: CONDÉNESE en costas a la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. fijándose como agencias en derecho la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se exonera de costas a SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A. por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia (f.os 265 a 267).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar los recursos de apelación formulados por la actora y la AFP demandada, mediante fallo del 15 de diciembre de 2021, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a Protección S. A. y Seguros de vida Suramericana S. A., de todas las pretensiones y condenó en costas de las instancias a la parte demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador plural indicó que estaba probado: i) el fallecimiento del afiliado Oscar Jaime Jaramillo Morales ocurrido el 22 de noviembre de 2008, según registro civil de defunción; ii) que el causante se trasladó a Protección S. A. el 1 de octubre de

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Radicación n.° 95867 2002, según solicitud de vinculación a la AFP; iii) que cotizó 95,71 semanas en los tres años anteriores a su muerte,

según la relación de aportes; iv) que la AFP le reconoció a Miguel Ángel Jaramillo Álvarez la pensión de sobrevivientes en el 100% y negó el reconocimiento a la accionante, por no acreditar el requisito de convivencia, según comunicación del 17 de febrero de 2009; v) que Protección S. A. realizó la correspondiente investigación administrativa, de forma previa a adoptar la decisión y vi) que se escogió la modalidad de renta vitalicia para el referido beneficiario. Señaló que los problemas jurídicos que debía resolver eran: i) determinar si la promotora del proceso era beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente; de salir avante la prestación económica, examinaría: ii) si era procedente otorgar el retroactivo pensional, los intereses moratorios o la indexación y, por último, iii) establecer qué entidad era la encargada del reconocer y pagar todas las prestaciones. Dijo que la normativa aplicable frente a los requisitos exigidos para los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 74 de Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual establecía que tenían derecho a la pensión de sobreviviente en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando, se haya acreditado que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos

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de cinco años continuos con anterioridad a tal suceso. Aclaró que, conforme a la decisión CSJ SL362-2021, la hipótesis de la convivencia de cinco años en cualquier tiempo solo era aplicable tratándose de la cónyuge, postura que no podía extenderse a la compañera permanente. Adujo que revisada la prueba documental y testimonial se advertía que la demandante no acreditó el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años de vida del afiliado. Manifestó que la promotora al absolver el interrogatorio de parte confesó que la convivencia no fue constante, en tanto que desde el 2004 hasta el 2006 se separaron debido a los malos tratos y violencia física por parte del causante, hechos que no fueron denunciados ante la autoridad competente y que, pese a que no convivían, nunca perdieron el vínculo que tenían, realizándose visitas con mucha frecuencia. Aludió al testimonio de Marisol de Jesús Montoya Acosta, ex esposa del tío del señor Jaramillo Morales, quien dijo conocer que la actora y al afiliado vivían juntos, pero que se separaron debido al maltrato porque él tenía problemas de alcohol, y que para el momento de la muerte se encontraba viviendo solo; que la reclamante no tenía una vivienda fija, sino que iba de casa en casa y que dependía económicamente del afiliado; que ocho días antes de su muerte, éste la golpeó; que en la primera comunión de su hija, la cual tuvo lugar en

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Radicación n.° 95867 el año 2002, pudo presenciar cómo el señor Jaramillo

Morales golpeaba a la señora Álvarez García y que, pese a la separación, el vínculo entre ambos persistía, ya que en ocasiones regresaba a la casa de él y fue la misma accionante quien se hizo cargo de él en su enfermedad. Igualmente, dijo que se recibió la declaración de Miriam de Jesús Rendón Cano, vecina de la demandante, quien manifestó que ésta vivía con el causante, pero que se separaron por dos años debido a la violencia que este ejercía sobre ella, por su condición de alcohólico. Que en el año 2002 la promotora del proceso fue invitada a una primera comunión, en la cual tuvo que estar pendiente del afiliado, ya que este hacía sus necesidades en cualquier lugar por causa del estado de embriaguez. Que la separación de ambos se dio dos años antes de la muerte y que para este momento él se encontraba solo; que la actora se vio afectada por su fallecimiento ya que este era quien respondía económicamente por ella y su hijo. Por último, afirmó que la convocante no desamparó al señor Jaramillo Morales, pues era ella quien lo cuidaba en su enfermedad y lo visitaba. Por ello consideró que existía claridad y certeza, derivada del interrogatorio de parte de la demandante y de los testimonios, respecto a que el afiliado vivía solo para la fecha en que falleció, ya que la pareja tuvo separaciones en los últimos cinco años anteriores a la muerte.

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Radicación n.° 95867 A continuación, precisó: Ahora, es necesario aclarar que el fundamento sostenido por el juez para el reconocimiento de la prestación económica, el cual

fue con base en la sentencia SL2010 de 2019, en donde indica la Corte que "el presupuesto de la convivencia exigido legalmente no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges, específicamente en contextos en los que el supuesto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o psicológico, que lo lleva forzosamente a la separación...", en el caso de autos, si bien es absolutamente reprochable, el maltrato físico y psicológico, y que por obvias razones suspende la convivencia, con la prueba traída al proceso, no se logró acreditar que, posterior a su separación con el señor OSCAR JAIME JARAMILLO MORALES, los lazos afectivos, sentimentales, de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua continuaran vigentes, pues como se comprobó de la prueba testimonial, solo se dio claridad de la convivencia y ayuda, con anterioridad a la fecha de separación, pues las testigos dan fe únicamente de los periodos comprendidos entre el año 2000 y 2002, siendo la separación de la demandante y el causante entre los años 2004 y 2006, y valga explicar, que si bien existía un apoyo económico por parte del causante, como lo hizo ver la actora, este tendría su razón de ser en virtud de la obligación alimentaria que le asistía respecto de su hijo menor, como todo buen padre de familia. Así las cosas, estimó que la accionante no acreditó la convivencia en calidad de compañera permanente, dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento como lo exigía la norma, posición avalada por la sentencia CC SU149-2021,

razón por la cual no podía ser considerada como beneficiaria de la pensión, por lo que revocaría la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación: CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada para que una vez constituida y en virtud de su descenso como Tribunal de instancia, Confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el día 2 de diciembre de 2019, misma que accedió a las súplicas del libelo genitor del proceso en favor de quien represento.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que es replicado por Protección S. A.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión por la violación directa de la ley sustancial por la interpretación errónea del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, literal a), modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo que conllevó a la falta de aplicación de los artículos 53 y 230 de la Constitución Política, 21 del CST y 272 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración, luego de citar las normas que acusa como interpretadas erróneamente y las consideraciones de la decisión de segunda instancia, señala que se aplicó al caso «la interpretación más odiosa a los intereses del afiliado, quebrantando a lo sumo el principio pro

operario – favorabilidad -», desconociendo que ante dos

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Radicación n.° 95867 interpretaciones sobre la misma disposición legal debía aplicarse la más favorable. Explica que el literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, permite dos intelecciones: la primera, consistente en que para que la compañera acceda a la prestación por muerte del afiliado se requiere una convivencia continua y permanente durante los cinco años anteriores a la muerte y acreditar, en caso de separación, vigencia de los lazos afectivos, sentimentales, apoyo, solidaridad, ayuda mutua y acompañamiento espiritual. La segunda, consistente en que, en caso de muerte del afiliado, no se requiere un requisito de tiempo mínimo de convivencia, ya que éste solo fue instituido en caso de fallecimiento del pensionado, conforme a la decisión CSJ SL5270-2021. En tal dirección, plantea que existen casos especiales en donde la separación deviene por causas que lo justifican como son el maltrato físico o psicológico, sustentada en el ejercicio legítimo de conservación de la vida e integridad personal. De ahí que existen casos excepcionales en donde la separación deviene por razones laborales, salud, embriaguez, entre otros, en donde la convivencia puede verse afectada en la unión física por existir circunstancias justificantes (CSJ SL2010-2019, CSJ SL648-2018, CSJ

SL1227-2020 y CSJ SL27665-2006).

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Radicación n.° 95867 Sostiene que el colegiado no aplicó el artículo 230 de la Constitución Política, en concordancia con las decisiones CC C634-2011 y CC T737-2015, al desconocer la fuerza vinculante de la jurisprudencia de esta Corte, según la cual, tratándose de afiliado no es necesario la convivencia por espacio de cinco años, de ahí que, apartarse del precedente vulnera la seguridad jurídica y la igualdad. En apoyo de lo anterior cita en extenso la decisión CSJ SL5270-2021. Asegura que el juez de segundo grado desconoció aquellos eventos o situaciones especiales en donde no es posible cohabitar bajo un mismo techo por circunstancias que lo hacen inviable. Al respecto, destaca que en decisión CSJ SL2010-2019 se consideró que la convivencia no se puede descartar por la simple separación de cuerpos de la pareja cuando la renuncia a la cohabitación se encuentra justificada por los malos tratos y obedece al legítimo ejercicio de sus derechos a la vida e integridad personal. También apoya su postura en CSJ SL1727-2020. Plantea que el Estado, la sociedad y la administración de justicia no deben avalar que una persona sea sometida a violencia por su compañero y que tenga que seguir soportando tratos humillantes, de ahí que deben propiciar la erradicación definitiva de todos los matices de violencia de género en contra de las mujeres. Dice que al estar demostrada su calidad de compañera permanente «separada de hecho para proteger su vida e

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Radicación n.° 95867 integridad personal a causa del maltrato físico y psicológico derivados del afiliado Oscar Jaime Jaramillo Morales», debió concluirse que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en consideración a la circunstancia especial que justificaba la no cohabitación bajo un mismo techo.

VII. RÉPLICA Protección S. A. se opone al cargo, para lo cual en lo fundamental afirma que la excepción consistente en que la separación por causas ajenas no imputables a la pareja no implica la pérdida del derecho a la sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes solamente se ha predicado respecto de los cónyuges, pues así ha sido prevista normativamente esa excepción al requisito de la convivencia, como se desprende de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1160 de 1989.

Agrega que si bien en postura reciente (CSJ SL28332022) se explicó que respecto del fallecimiento del afiliado no hay que acreditar cinco años de convivencia, sí es necesario probar la existencia de un núcleo familiar vigente, en este entendido, no se requiere demostrar un tiempo mínimo de convivencia, sino la conformación de un núcleo familiar con vocación de permanencia y que este se encuentre vigente para el momento de la muerte. Estima que es cierto que en las sentencias CSJ «SL20202019» (sic) y CSJ «SL727-2020» se hicieron precisiones sobre

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Radicación n.° 95867 los efectos de la separación de cara a la convivencia como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes, cuando

tal separación obedece a los malos tratos recibidos. Pero los criterios allí sentados no son forzosamente aplicables al presente caso, por cuanto los supuestos fácticos difieren de los debatidos en el presente proceso. Al respecto, dice que en ambos casos se trataba de cónyuges y no de compañeras permanentes, lo cual marca una diferencia importante. Además, en el caso que dio origen a la sentencia CSJ SL1727-2020 la demandante, pese a que ya no convivía con el causante, lo atendía y velaba por él, lo que no se presentó en este proceso. Por último, indica que la censura acusa al Tribunal de no haber aplicado el principio del in dubio pro operario que, de haberlo hecho, habría permitido acoger la interpretación normativa que plantea, pero aún de aceptarse que los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 admiten las dos interpretaciones a las que se alude en el cargo y que la propuesta por el impugnante es razonable, ello no sería razón suficiente para que el fallador debiera haber dado aplicación al citado principio por cuanto faltó un elemento indispensable para ello: la duda en ese intérprete u operador judicial.

VIII. CONSIDERACIONES Conforme a los reparos esenciales de la acusación, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado erró al

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Radicación n.° 95867 interpretar el literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al exigirle a quien reclamó la pensión en calidad de compañera permanente de un afiliado acreditar cinco años de

convivencia inmediatamente anteriores al deceso y si erró al descartar per se la existencia del requisito de convivencia por la separación física de la pareja, originada en el maltrato físico sufrido por la accionante. Dada la senda elegida, no son motivo de cuestionamientos los siguientes supuestos fácticos definidos por el juez de alzada: i) que Oscar Jaime Jaramillo Morales falleció el día 22 de noviembre de 2008; ii) que cotizó 95,71 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento; iii) que Jaramillo Morales convivió con la actora; iv) que producto de esa unión nació Miguel Ángel Jaramillo Álvarez; v) que los compañeros se separaron físicamente «entre los años 2004 y 2006» por el maltrato físico que le propinaba el causante; vi) que mediante comunicación del 17 de febrero de 2009 Protección S. A. le reconoció a Miguel Ángel Jaramillo Álvarez la pensión de sobrevivientes en condición de hijo y la negó a la demandante. Para resolver los problemas planteados la Corte analizará dos temas: i) requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes ante la muerte de un afiliado y ii) concepto de convivencia y su análisis en caso de violencia intrafamiliar.

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Radicación n.° 95867 i) Requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes ante la muerte de un afiliado Respecto a la hipótesis prevista en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la Corte en decisión CSJ

SL5270-2021 puntualizó su criterio frente al requisito de convivencia que se exige a la cónyuge o a la compañera permanente para efectos de obtener la pensión de sobrevivientes en el caso de la muerte de un afiliado, previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. De esa manera se precisó que la exigencia de la convivencia por un lapso mínimo no menor de cinco años continuos con anterioridad a la muerte del causante, únicamente se requiere cuando se trata del deceso de un pensionado. Así, para que la cónyuge o la compañera permanente acceda como beneficiario(a) a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado(a), bajo la previsión del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se debe acreditar: i) la calidad de cónyuge o compañera; ii) la conformación y pertenencia al núcleo familiar, con vocación de permanencia y iii) la «convivencia vigente para el momento de la muerte»

(CSJ SL5270-2021).

En efecto, en providencia CSJ SL5270-2021 precisó: En tal entendido, para la Sala, el juzgador de segundo grado no

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Radicación n.° 95867 incurrió en los desatinos que le enrostra el recurrente, ya que, en efecto, como lo advierte la réplica, esta Corporación revaluó el criterio según el cual la convivencia mínima de 5 años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, de cónyuge o

compañero o compañera permanente, era exigible con independencia de si el causante era un afiliado o un pensionado, acorde con lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003. Lo anterior, toda vez que, luego de analizar minuciosa y detenidamente el citado supuesto normativo, en armonía con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad referidos al mismo, esta Corporación concluyó, sin dubitación alguna, que su intelección adecuada, la que se acompasa con la Constitución y el espíritu de la ley, así como con los fines y principios del Sistema Integral de Seguridad Social, y en particular, del Sistema Pensional, lleva a concluir que, en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que cónyuge o compañero o compañera permanente, ostenten la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue instituido para el caso de muerte del pensionado, por motivos que resultan constitucionalmente válidos, como en más de una oportunidad lo analizó la Corte Constitucional. Y es que, el Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida dignas, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones,

instituido con la finalidad específica de amparar de las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, por lo que, para definir el contenido constitucional del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios, condensados en la sentencia CC C-1035-2008, así: […] Además, al analizar la constitucionalidad del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que ocupa la atención de la Sala, en lo referido al requisito de convivencia con el fallecido de no menos de 5 años continuos con anterioridad a la muerte allí prevista, en la sentencia CC C-1094-2003, la aludida Corporación señaló: […]

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Radicación n.° 95867 Para la Sala, las anteriores consideraciones permanecen incólumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, en la que tangencialmente se equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido se citó la sentencia CC C-1176-2001 y la CC C-1094-2003, en cuanto al límite temporal exigido a los beneficiarios del pensionado y su legítimo fin; empero, el análisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del último inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo

considerado en la sentencia CC C-1094-2003. De la redacción del precepto legal, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto) Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto de ley, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que “Se

regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes” (subraya y negrilla fuera de texto). Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al es