CSJ - SL2127-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2127-2023 Radicación n.° 96102 Acta 31 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por SOFÍA ELEINE HERNÁNDEZ REYES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de enero de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP, trámite al que fue vinculada RUBY CECILIA PINEDA SALCEDO como litisconsorte necesaria, y al que se acumuló el proceso ordinario laboral seguido por esta última contra la UGPP, en el que se llamó como litisconsorte necesario a SOFÍA ELEINE

HERNÁNDEZ REYES.

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Radicación n.° 96102

I. ANTECEDENTES Sofía Eleine Hernández Reyes promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que sostuvo una «sociedad» marital de hecho con Adolfo Padilla Rodríguez, durante más de cinco años hasta el fallecimiento de este último, ocurrido el 17 de octubre de 2017. Por tanto, solicita que se condene al pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, en calidad de «cónyuge supérstite». De manera subsidiaria, que se le otorgue dicha prestación de forma proporcional, en el 50% de la pensión que el causante

disfrutaba en vida. Como fundamento de sus pretensiones, adujo que desde septiembre de 2002 sostuvo una relación sentimental con Adolfo Padilla Rodríguez, y que a partir de esa época hasta el 17 de octubre del 2017 se mantuvo vigente la «sociedad marital de hecho» entre ellos. Explicó que convivieron en Cartagena, domicilio principal de la pareja, y que el causante adquirió el 50% de un inmueble identificado con matrícula 060-65752, ubicado en la Manzana P lote 6 Villa Rosita en esa ciudad. Indicó que Padilla Rodríguez era pensionado de la UGPP y falleció el 17 de octubre de 2017; que tuvieron tres hijos: Jerónimo, Miller Eliécer y Taliana Mileth Padilla Hernández. Adujo que el pensionado declaró, bajo la gravedad del juramento ante Notario Público, la existencia de la unión marital de hecho que sostenía con ella, con el fin de incluirla como beneficiaria de los servicios médicos.

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Radicación n.° 96102 Manifestó que en febrero de 2018 solicitó la pensión de sobrevivientes; sin embargo, el 13 de junio de ese año la entidad le negó, pero otorgó el 50% de la prestación a favor de cuatro hijos del causante y el otro 50% lo dejó supeditado a la decisión judicial que definiera el derecho de dos reclamantes que alegaron su condición de cónyuges supérstites de Adolfo Padilla Rodríguez. Dijo que con el causante y sus hijos conformaron un grupo familiar por más de 10 años, que convivieron en la

manzana P Lote 6 Villa Rosita de Cartagena, y que desde 2007 recibía los servicios médicos como cónyuge del pensionado, por parte del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia. Al dar respuesta a la demanda, la UGPP se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la relación sentimental con el causante desde el 2002, la adquisición del 50% de un bien inmueble en Cartagena, la fecha de fallecimiento de Adolfo Padilla Rodríguez, que la actora y el causante tuvieron tres hijos, que este último era pensionado de la UGPP, la declaración extrajuicio ante notario público rendida por el señor Padilla Rodríguez, la reclamación pensional y la respuesta dada por la entidad; de los demás indicó que no le constaban. Como argumento de defensa señaló que la entidad resolvió la solicitud pensional según lo dispuesto en la Ley

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Radicación n.° 96102 797 de 2003, y que no es procedente acceder a las pretensiones de la actora por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. No formuló excepciones. En audiencia celebrada el 1 de agosto de 2019, el a quo dispuso vincular al proceso a Ruby Cecilia Pineda Salcedo, como litisconsorte necesaria, quien una vez notificada, compareció al proceso y contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones y en relación con los hechos, admitió la fecha de deceso del causante, que él procreó tres hijos con Sofia Eleine Hernández Reyes, que era pensionado de la UGPP, la

reclamación administrativa de la actora y la respuesta dada por la entidad; de los demás señaló que no le constaban. Sostuvo que con el causante mantuvo un hogar por más de 29 años hasta su deceso, que tuvieron un hijo, Adolfo Padilla Pineda. Que, por el contrario, con la actora tan solo sostuvo encuentros casuales, y «aunque era una relación prolongada, no dejaba de darse en reuniones ocasionales». Por ende, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la accionante, y se adjudicara el 50% de la pensión de sobrevivientes a su favor. Propuso la excepción previa de falta de competencia por factor territorial, de la cual desistió en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS; y la excepción de mérito de inexistencia del derecho reclamado por la demandante.

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Radicación n.° 96102 Mediante auto del 14 de febrero de 2020, el juez de primer grado ordenó acumular a este trámite, el proceso 47001310500520190005201, seguido por Ruby Cecilia Pineda Salcedo contra la UGPP y en el cual se vinculó a Sofia Eleine Hernández Reyes como litisconsorte necesaria. En dicho trámite, del que estaba conociendo el Juzgado Segundo Laboral de Cartagena, la señora Pineda Salcedo solicitó en su demanda el reconocimiento y pago a su favor de la sustitución de la pensión que disfrutaba en vida Adolfo Enrique Padilla Rodríguez, desde la fecha del deceso de este, debidamente indexada, así como los intereses de mora y las

costas del proceso. Sustentó esta pretensión en que a Padilla Rodríguez le fue otorgada una pensión de invalidez a partir del 9 de febrero de 1993 por la empresa Puertos de Colombia, y falleció el 17 de octubre de 2017. Explicó que convivió con el pensionado por más de 29 años y producto de dicha unión marital procrearon un hijo, Adolfo Enrique Padilla Pineda; además, aclaró que ella dependía económicamente del causante. Indicó que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional ante la entidad demandada, quien dio respuesta de manera desfavorable, con fundamento en que existía un conflicto de intereses con otra reclamante. La UGPP contestó esta demanda con oposición a lo reclamado. Frente a los hechos, aceptó el otorgamiento de la pensión de invalidez a favor de Adolfo Padilla Rodríguez y la fecha de su muerte, que el pensionado tuvo un hijo con Ruby

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Radicación n.° 96102 Cecilia Pineda Salcedo, la reclamación administrativa y la respuesta de la entidad; de los demás señaló que no le constaban. En su defensa explicó que no era posible efectuar el otorgamiento pensional reclamado, sin que la interesada demostrara el hecho de la convivencia con el causante en los términos de la Ley 797 de 2003. Además, existía otra potencial beneficiaria de la pensión, quien también la reclamó invocando la condición de compañera permanente, por lo que la entidad debía dejar en suspenso hasta que dicha

controversia fuera definida por la justicia ordinaria laboral. Formuló las excepciones de fondo denominadas falta de competencia de la administración para decidir de fondo por disposición de la Ley 1204 de 2008, imposibilidad de condenar a intereses moratorios y costas y prescripción. Sofía Eleine Hernández Reyes también se pronunció frente a la demanda, y se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos, admitió el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor del señor Padilla Rodríguez, que él tuvo un hijo con la señora Pineda Salcedo, la solicitud pensional y la respuesta dada por la UGPP; de los demás señaló que no le constaban. En su defensa sostuvo que Ruby Pineda Salcedo no tenía derecho a la prestación reclamada puesto que con quien el pensionado mantuvo una relación sentimental fue

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Radicación n.° 96102 con ella -y no con la señora Pinedo Salcedo-, la cual existió desde el año 2002 y hasta el momento de su deceso, además, tuvieron tres hijos. No formuló excepciones. Adicionalmente, en dicho trámite procesal, inicialmente conocido por el Juzgado Segundo Laboral de Cartagena, esta litisconsorte necesaria solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, petición que sustentó en los mismos hechos narrados en la demanda principal formulada ante el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de

Bogotá, mediante sentencia proferida el 8 de septiembre del 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que a las señoras RUBY CECILIA PINEDA SALCEDO y SOFIA ELEINE HERNANDEZ REYES, les asiste el derecho a que la UGPP, le reconozca la pensión de sobrevivientes derivadas del deceso de Adolfo Padilla Rodríguez, al haber acreditado los presupuestos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 del 2003 para acceder al reconocimiento pensional reclamado.

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, reconocerle y pagarle a RUBY CECILIA PINEDA SALCEDO y SOFIA ELEINE HERNANDEZ REYES, la pensión de sobrevivientes en condición de compañeras permanentes supérstites del pensionado ADOLFO PADILLA RODRÍGUEZ, a partir del 17 de octubre del 2017, en porcentajes del 31.79% para la primera y del 18.21%, para la segunda, respecto de la mesada pensional que venía percibiendo el de cujus, junto con los

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Radicación n.° 96102 correspondientes reajustes de ley, debiendo sufragarse las mesadas ordinarias adicionales a que haya lugar, sin perjuicio del acrecimiento de la prestación en las proporciones reseñadas en la medida en que los demás beneficiarios vayan perdiendo sus

derechos y en el orden de prelación respectivo. Teniendo en cuenta que procede reconocimiento de mesadas pensionales retroactivas a las demandantes en los porcentajes reseñados los valores respectivos deberán ser indexados tomando para el efecto el IPC que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de acuerdo con la fórmula: VH = IPCF/IPCI Como índice inicial se deberá tomar el correspondiente al del mes de causación de la respectiva mesada y como índice final el del mes en que se verifique el pago por parte de la accionada.

TERCERO: AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, para que descuente del retroactivo de mesadas pensionales indexadas a que tienen derecho las demandantes, el porcentaje que en derecho corresponde los aportes pertinentes con destino al Sistema de Seguridad Social en salud.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás súplicas incoadas en su contra. Lo anterior por lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: EXCEPCIONES dadas las resultas del juicio el Despacho declara no probadas las propuestas respecto de las determinaciones adoptadas y frente a la absolución que procede, el Despacho se considera relevado del estudio de las propuestas.

SEXTO: COSTAS Sin costas en la instancia.

SEPTIMO: Si no fuere apelada oportunamente la presente sentencia, consúltese con el Superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció el recurso de apelación

presentado por la demandada UGPP, así como el grado

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Radicación n.° 96102 jurisdiccional de consulta a su favor, y mediante sentencia dictada el 31 de enero de 2022 resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que únicamente le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora RUBY CECILIA PINEDA SALCEDO, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR a la UGPP a reconocer y pagar a RUBY CECILIA PINEDA SALCEDO, la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante Adolfo Padilla Rodríguez, a partir del 17 de octubre de 2017, en porcentaje del 50% de la mesada pensional, con los reajustes de ley, mesadas ordinarias y adicionales a que haya lugar y con derecho a acrecimiento.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás. […] Precisó que, además de los motivos objeto de alzada, estudiaría las condenas impuestas a la UGPP en grado jurisdiccional de consulta a su favor.

Aclaró que no eran objeto de debate las siguientes conclusiones fácticas del juez: i) Alfonso Padilla Rodríguez falleció el 17 de octubre de 2017; ii) mediante Resolución 144661 de 1993, la sociedad Puertos de Colombia le reconoció a este una pensión de invalidez a partir del 1 de

marzo de 1993 en cuantía inicial de $972.820,55; iii) a través de Resolución RDP 006972 de 2018, la UGPP otorgó la pensión de sobrevivientes a favor de los hijos del causante: Adolfo Padilla Pineda, Miller Eliécer, Taliana y Jerónimo Padilla Hernández, en un porcentaje del 12,5% para cada uno, y dejó en suspenso el otro 50% controvertido entre Sofía Elaine Hernández Reyes y Ruby Cecilia Pineda Salcedo.

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Radicación n.° 96102 Adujo que en atención a la fecha de fallecimiento del pensionado, las normas que regulaban el reconocimiento pensional eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; disposiciones que prevén que en caso de muerte de pensionado, el cónyuge o compañera permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que hubiese convivido con él no menos de cinco años continuos previos a la fecha del deceso. En ese orden constató si cada una de las accionantes había acreditado la convivencia real y efectiva con el pensionado, durante el lapso antes señalado. Luego de recordar algunos apartes de la sentencia CSJ SL1730-2020 sobre el requisito mencionado, relacionó y describió el contenido de las pruebas documentales obrantes de folios 12 a 21, 60 a 71, 348 a 355 referentes entre otras, a declaraciones extraprocesales, certificado de tradición y

libertad del inmueble con matrícula 060-65752, expediente administrativo, historia clínica del pensionado y facturas de servicios públicos en Santa Marta. Además, relató lo manifestado por cada una de las accionantes en sus interrogatorios de parte, así como lo dicho por los testigos Loly Inés Padilla Jiménez, Giovanni Alberto Padilla Valencia, Ivette Sofía Padilla Rodríguez, Judith María Valencia Salazar y Alicia Inés Socarrás de Sánchez.

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Radicación n.° 96102 Concluyó que del análisis conjunto de las anteriores pruebas no era posible establecer los presupuestos legales exigidos para considerar a Sofía Elaine Hernández Reyes como beneficiaria de la pensión reclamada, toda vez que no se demostró la convivencia real y efectiva con el causante por lo menos durante los cinco años inmediatamente anteriores a su muerte. Aclaró que se aportaron dos declaraciones extrajuicio rendidas por el pensionado los días 14 de noviembre de 2006 y 22 de enero de 2016 en las cuales afirmó que vivía en unión marital con Sofía Eleine Hernández Reyes bajo el mismo techo y que ella dependía económicamente de él; sin embargo, estas pruebas no fueron precisas en señalar las circunstancias particulares de los compañeros y tan solo se hizo referencia a una convivencia de la pareja hasta el 22 de enero 2016. Por tanto, resultaban insuficientes. Además, recordó que no se practicó ninguno de los testimonios solicitados por la demandante Hernández Reyes y que pudieran dar cuenta de los pormenores de la convivencia

alegada, lo que impedía acceder a sus pretensiones. Resaltó que en el informe de seguridad del 20 de marzo de 2018 obrante en el expediente administrativo allegado por la UGPP con su contestación de demanda, se encontraba una declaración rendida por la señora Hernández Reyes a instancias de la investigación adelantada por la entidad accionada, y en ella manifestó que convivió con el causante desde 2001, pero que se separaron entre marzo 2013 y

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Radicación n.° 96102 febrero de 2015, fecha a partir de la cual reanudaron su vida marital hasta octubre de 2017 cuando el pensionado falleció. Así, el Tribunal adujo que de tal manifestación se podía evidenciar que su último periodo de convivencia no alcanzó los cinco años previos a la fecha de la muerte del señor Padilla Rodríguez. Aclaró que no compartía las apreciaciones del juez, pues la referida demandante no aportó ninguna prueba que soportara sus afirmaciones; además, si bien los testigos Loly Inés Padilla Jiménez, Giovanni Alberto Padilla Valencia, Ivette Sofía Padilla Rodríguez, Judith María Valencia Salazar y Alicia Inés Socarrás de Sánchez, manifestaron que la conocían y que sabían que tuvo una relación sentimental con el causante, con quien procreó hijos, también señalaron que no tenían información sobre el hecho de su convivencia, sin que la circunstancia de que el pensionado viajara a Cartagena para obtener servicios médicos y en esas ocasiones se viera con Sofía Elaine Hernández, evidencie la vida marital en los términos que ha precisado la jurisprudencia.

Indicó igualmente, que el haber sufragado los gastos exequiales del causante era un hecho que por sí mismo no permitía concluir que durante los cinco años anteriores al fallecimiento de este, se hubiese presentado una verdadera relación de convivencia.

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Radicación n.° 96102 De otra parte, estimó que, en relación con la demandante Ruby Pineda Salcedo, los testigos antes referidos coincidieron en afirmar que el pensionado convivió con ella de manera permanente durante al menos 29 años en Santa Marta, que nunca se separaron, que tuvieron un hijo, se ayudaron y apoyaron mutuamente hasta el día de la muerte del señor Padilla Rodríguez. Aseguró que lo manifestado por estos declarantes gozaba de plena credibilidad, pues sus dichos no fueron contradictorios, se mostraron espontáneos, coincidentes y expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las situaciones descritas en sus relatos, conocidas de manera directa y personal en razón a la relación cercana con la pareja surgida por su vínculo familiar y de amistad; además, vivían en Santa Marta y dieron cuenta de sus visitas periódicas a la vivienda de estos compañeros. Agregó que los declarantes fueron contestes al señalar que el causante tenía un solo hogar conformado con Ruby Pineda Salcedo en Santa Marta, hasta el día de su muerte, afirmaciones que encontraban sustento en la prueba documental aportada, por ejemplo, las facturas de servicios públicos a nombre de Adolfo Padilla correspondientes al inmueble ubicado en dicha ciudad, así como los formularios

de crédito a su nombre en los que relacionaba a esta demandante como su compañera permanente.

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Radicación n.° 96102 Consideró entonces que Ruby Pineda Salcedo demostró que hizo vida en común con el pensionado durante al menos cinco años continuos inmediatamente anteriores a su fallecimiento, es decir entre el 17 de octubre de 2012 y el 17 de octubre de 2017, por lo que se cumplían las exigencias legalmente previstas para acceder al reconocimiento pensional. En ese orden concluyó que revocaría la decisión de primer grado y en su lugar, otorgaría el 50% de la mesada pensional a la referida accionante a partir del 17 de octubre de 2017 con los ajustes legales y mesadas ordinarias y adicionales a que hubiese lugar. Encontró viable la indexación de las mesadas pensionales adeudadas, como quiera que era necesario actualizar la obligación por el paso inexorable del tiempo. Aclaró que esta actualización no buscaba resarcir un perjuicio económico en estricto sentido, sino atender la realidad económica del país y mantener la capacidad adquisitiva. Finalmente aclaró que la entidad demandada no formuló la excepción de prescripción al momento de dar respuesta a las demandas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante Sofía Eleine Hernández Reyes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La censura pretende que esta corporación case parcialmente la sentencia del colegiado, en cuanto revocó la

decisión de primer grado en relación con el reconocimiento pensional a su favor, y en sede de instancia, confirme la sentencia del a quo. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que son replicados por la UGPP y por Ruby Cecilia Pineda Salcedo. Por razones de metodología, la Sala estudiará inicialmente el cargo segundo.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión del Tribunal por transgredir la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de interpretación errónea de la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 del 2003.

Afirma que la norma denunciada es susceptible de dos interpretaciones: una restrictiva y otra que garantiza la protección del derecho a la seguridad social en pensiones. En virtud de la primera, el requisito de convivencia durante los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte se analiza de manera literal, se toma la fecha del

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Radicación n.° 96102 deceso y se cuenta hacia atrás el tiempo previsto en la disposición legal. En ese orden cualquier interrupción por un solo día o mes rompe el criterio jurídico de los cinco años de convivencia y por ende el derecho pensional desaparece de manera inmediata. Esta fue la intelección que el colegiado aplicó en la decisión impugnada. Al contrario, la segunda interpretación parte del principio pro persona y comprende la evolución del derecho constitucional en torno al ser humano. Por tanto, cualquier restricción hermenéutica que sustente «el negacionismo del

derecho humano fundamental» es considerada como una afrenta a la progresividad de los derechos humanos y sociales. En virtud de esta intelección de la norma es dable establecer el parámetro de los cinco años de convivencia, efectuando una sumatoria del tiempo desde que comenzó a estructurarse dicha vida marital en el tiempo. Agrega que la existencia de hijos procreados dentro de los dos años anteriores a la muerte del causante, constituye una excepción a la exigencia jurídica de los cinco años continuos de convivencia y, por ende, es dable acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como se precisó en sentencia CC SU461-2020 y en la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Considera que una correcta interpretación de la norma denunciada permite colegir que:

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Radicación n.° 96102 […] la condición jurídica como regla de los 5 años continuos como mínimo, habría que analizarla en la demostración probatoria que desde la fecha en que se prueba la existencia e inicio de la convivencia marital de hecho hasta el día de la muerte del causante no debe existir menos de este tiempo, en el sentido que lo importante es demostrar con los tiempos demostrables probatoriamente o con la demostración de hijos mayores en edad a ese tiempo exigido, que se cumple con el requisito exigido. Advierte que la interpretación efectuada por el Tribunal es restrictiva, en la medida en que para contabilizar los cinco años de convivencia cuenta dicho tiempo de manera consecutiva y toma una «fecha lineal» hacia atrás partiendo del momento de la muerte del causante, por lo que el lapso

exigido legalmente lo analiza a partir de octubre de 2012, lo que constituye un «criterio de injusticia» frente al derecho pensional y desconoce la postura expuesta en decisión CC SU453-2019.

VII. RÉPLICA La UGPP aduce que se plantean argumentos de instancia y se pretende reabrir el debate probatorio en sede extraordinaria, lo cual es improcedente. En todo caso, afirma que en la sentencia impugnada se efectuó un adecuado análisis probatorio, sin que se hubiese equivocado el fallador al concluir que la recurrente no había acreditado los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Así, advierte que no se establecieron las condiciones en que pudo desarrollarse la alegada convivencia, si se trató de una vida en común, con un

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Radicación n.° 96102 proyecto de vida, ayuda mutua y vocación de familia, de ahí que no era dable acceder a sus pretensiones. Ruby Cecilia Pineda Salcedo se opone con fundamento en que resulta ilegal y antijurídico pretender que el tiempo de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 pueda contarse de manera interrumpida, pues la norma establece inequívocamente que los cinco años de vida marital deben ser continuos.

VIII. CONSIDERACIONES El debate propuesto en este proceso laboral desde su inicio, y, por ende, también en sede extraordinaria, fue la titularidad del 50% de la pensión de sobrevivientes que dejó en suspenso la UGPP por existir controversia entre compañeras permanentes, sin que hubiese hecho parte del

litigio el otro 50% del derecho pensional ya reconocido por esta entidad a los hijos del causante. Partiendo de esta precisión, y para responder al cuestionamiento aquí planteado, se debe recordar que el colegiado indicó que el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplicable al presente asunto, establece que, cuando la pensión de sobrevivientes surge por muerte de pensionado, el cónyuge o compañero permanente del causante debe acreditar que convivió con él hasta su muerte y por lo menos durante cinco años continuos inmediatamente anteriores a dicho momento. De ahí que para que las accionantes

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Radicación n.° 96102 pudiesen adquirir la calidad de beneficiarias de esta prestación debían demostrar una convivencia real y efectiva con Adolfo Padilla Rodríguez, durante el lapso antes indicado. La censura estima que esa interpretación legal del Tribunal es restrictiva, pues exige cumplir los cinco años de convivencia de manera continua con el causante e inmediatamente antes de la fecha de su muerte, cuando una intelección garantista de los derechos fundamentales permite establecer dicho tiempo de manera interrumpida, desde el momento mismo en que la vida marital pudo haber iniciado. Además, refiere que el hecho de haber procreado hijos con el pensionado constituye una excepción al deber de probar la continuidad de la convivencia por el lapso indicado en la norma denunciada. Bajo este planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el juez de la alzada incurrió en error jurídico al

considerar que la convivencia exigida por el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para obtener la pensión de sobrevivientes por muerte de pensionado, correspondía a la sostenida con éste hasta su muerte y durante al menos cinco años «continuos inmediatamente anteriores» a ese hito; y si la procreación de hijos exoneraba de probar tal requisito. La norma cuya interpretación errada se denuncia,

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Radicación n.° 96102 establece lo siguiente: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. (subraya la Sala) La convivencia, que consagra la norma denunciada, «se caracteriza por el ánimo o la voluntad de construir un proyecto de vida común basado en el apoyo mutuo, afectivo y la solidaridad entre los miembros de la pareja» (CSJ SL36932021), y para que la cónyuge o compañera permanente del

pensionado pueda acceder a la pensión de sobrevivientes, dicha vida marital debe tener lugar hasta la muerte de este y durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a su deceso; salvo en la hipótesis de la cónyuge separada de hecho, quien sí puede acreditar los cinco años en cualquier momento, pero que no es el caso aquí analizado, pues la recurrente invocó su condición de compañera permanente. Así, es preciso en señalar que el hecho de la convivencia, según el texto legal denunciado del que se deriva la pensión de sobrevivientes, debe sostenerse durante «no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte». Ese fue el entendimiento que expresó el colegiado por lo que no incurrió en el error denunciado al considerar

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Radicación n.° 96102 que el mencionado tiempo debía ser continuo, sin que pueda admitirse la tesis de la recurrente, en cuanto a que los cinco años a los que alude la norma puedan contabilizarse de manera interrumpida. La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido la exigencia de la continuidad de la convivencia durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte, que es la hipótesis legal aquí discutida, hasta el punto de que solamente ha admitido, de manera excepcional, que puedan existir interrupciones siempre que obedezcan a circunstancias relevantes que impidan la cohabitación de la pareja bajo el mismo techo, por razones de salud, oportunidades laborales, la situación económica o fuerza mayor, por ejemplo, que justifiquen la residencia en lugares

distintos. Tal salvedad es admisible únicamente bajo el entendido de que a pesar de esa falta de cohabitación persista la vocación de convivencia, esto es, la intención de la pareja de mantener vivo y actuante su vínculo y su comunidad de vida, el auxilio mutuo, acompañamiento espiritual, apoyo económico, lazos afectivos, sentimentales y so