CSJ - SL2128-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2128-2023 Radicación n.° 80922 Acta 31 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte profiere la sentencia de instancia en el proceso ordinario laboral instaurado por MARÍA FERNANDA

FAJARDO DEL CASTILLO, contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

I. ANTECEDENTES De manera sucinta ha de recordarse que la actora demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones

(Colpensiones), a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y a la Administradora

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 80922 de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., con el fin de que se declare la «nulidad» de la afiliación a la última AFP mencionada efectuada en enero de 1996, por existir «asalto en su buena fe» en el traslado de régimen pensional; y, a su vez, la «nulidad» de la vinculación efectuada a la AFP Horizonte S. A. hoy Porvenir S. A. realizada en noviembre de 1998. En consecuencia solicitó se condene a Colpensiones: i) a registrar su afiliación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) como si nunca se hubiera

trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), ii) reconocerle la pensión de jubilación por aportes a partir del 23 de diciembre de 2012, bajo los parámetros y condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta para el efecto una tasa de reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación de los aportes efectuados durante los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Seguridad Social. Por último, pretendió el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 23 de diciembre de 2012, la indexación de las condenas, las costas y agencias en derecho y lo que resulte probado ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la Secretaría Distrital de Integración Social de

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 80922 Bogotá desde el 23 de marzo de 1983 hasta el 30 de diciembre de 1995, es decir durante 4662 días, periodo durante el cual sus aportes a pensión fueron efectuados a la Caja de Previsión Social de Bogotá, Foncep, hasta que, a finales del año 1995, asesores de la AFP Horizonte motivaron su traslado del RPM al RAIS «bajo un acoso sistemático», al ofrecerle beneficios superiores a los que podría obtener en el Foncep; unido a que le dijeron que accedería a una pensión sin importar la edad, que obtendría una mesada mayor, así

como la devolución de su dinero si quería pensionarse antes; además que el Estado «iba a acabar con el Seguro Social y con las Cajas de Previsión Social» de manera que era riesgoso continuar vinculada a esta; hechos que respaldaban las declaraciones extrajuicio rendidas por Néstor Raúl Chacón Cristancho y Gladys Rodríguez Mateus. Que, así las cosas, sufrió engaño y asalto en su buena fe, no solamente por la falta de información, sino porque en ningún momento se le señaló que el hecho de trasladarse le generaría la pérdida del régimen de transición. Sostuvo que, dada la afiliación a Horizonte S. A., hoy Porvenir S. A., en diciembre de 1995, empezó a cotizar a tal AFP a partir del 1 de enero de 1996, al continuar vinculada con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá lo que ocurrió hasta el 30 de octubre de 1998, esto es, durante 1020 días. Adujo que el 30 de diciembre de 1996 le solicitó a Horizonte S. A. que «la devolviera sin solución de continuidad

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 80922 al ISS» al evidenciar que el traslado de régimen le causaba un perjuicio, sin que tal administradora diera respuesta al respecto. Puso de presente que el 5 de septiembre de 1997 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante comunicado 045833 le indicó que si el traslado realizado le había causado un perjuicio frente al régimen del cual provenía, podía devolverse «una vez la administradora de

pensiones correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes a su solicitud, se lo señale», más cuando para estar incurso en el régimen de transición solo requería cumplir 35 años de edad o 15 años de servicio a 1 de abril de 1994. Afirmó que en noviembre de 1998 se trasladó a la AFP Colmena, que en la actualidad es Protección S. A., oportunidad en la que continuaba prestando sus servicios a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, vínculo que perduró hasta el 30 de abril de 2002; lo que significa que laboró un total de 1260 días, lapso en el que sus aportes a pensión se efectuaron a favor de la mencionada administradora. Acotó que en mayo de 2002 «se devolvió del RAIS al RPM administrado por el ISS», en el que aportó hasta septiembre de 2002 un total de 121 días como trabajadora dependiente y como independiente 178 comprendidos del 1 de septiembre de 2002 al 28 de febrero de 2003. Arguyó que el 6 de junio de 2013 radicó solicitud de

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 80922 pensión de jubilación por aportes ante Colpensiones y que el 3 de marzo de 2014 siguiente allegó nuevamente unas certificaciones originales requeridas por la entidad; no obstante, el 4 de abril de esa última anualidad a través de la Resolución GNR 119461 la prestación deprecada le fue negada con el argumento de no acreditar las semanas indicadas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Señaló que nació el 23 de diciembre de 1957, de manera que a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, contaba con más de 35 años de edad y que al «22» de julio de 2005 reunía más de 750 semanas de cotización de conformidad con lo exigido en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues acumulaba 1034, tal como se desprendía de los reportes de semanas cotizadas expedidos por Colpensiones el 20 de marzo de 2013 y aquel proveniente del ISS, del 12 de diciembre de 2005. Destacó que el 23 de diciembre de 2012 cumplió los 55 años y que su última cotización a pensión como trabajadora independiente la realizó el 28 de febrero de 2003. Resaltó que al «realizar la simulación de la Pensión de Jubilación por Aportes» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 71 de 1988 a partir de los 55 años obtendría una mesada pensional de $1.036.659,74. Finalmente sostuvo que agotó la reclamación administrativa a través de la presentación de un derecho de

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 80922 petición ante Colpensiones el 1 de septiembre de 2014, el cual a la data en que se promovió la demanda inicial no había sido respondido. Colpensiones al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, improcedencia del cobro de intereses e

indexación y la innominada o genérica. A su turno la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. igualmente respondió oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo como excepciones de mérito las que tituló prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación; inexistencia de vicios del consentimiento por causa de engaño o asalto a la buena fe de la demandante; inexistencia de la obligación pretendida por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y en la jurisprudencia constitucional vigente; falta de causa para pedir; buena fe; prescripción de las obligaciones laborales de tracto sucesivo; innominada o genérica. Por su parte, Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías al contestar la demanda inaugural, también solicitó no acceder a las pretensiones y enlistó como excepciones de fondo las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de prueba de causal de nulidad alguna, prescripción de la acción para solicitar la nulidad del

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 80922 traslado, buena fe, falta de los presupuestos legales y jurisprudenciales para ser merecedor de un «traslado al régimen solidario de prima media con prestación definida»; y la genérica o innominada. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de noviembre de 2016 dispuso: PRIMERO: ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones

a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. quien se identifica con NIT: 800144331-3, a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. con NIT 800138188-1 y a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, elevadas por la ciudadana demandante MARÍA FERNANDA FAJARDO DEL CASTILLO quien se identifica con C.C. 35.502.172 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: El Juez se declara relevado de manifestarse sobre las excepciones propuestas.

TERCERO: COSTAS a cargo de la demandante. Agencias en derecho por el valor de 5 SMDLV a prorrata entre las demandadas.

CUARTO: Grado jurisdiccional de consulta en favor de la ciudadana demandante si esta sentencia no fuere apelada en su nombre.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante, a través de proveído del 5 de septiembre de 2017 confirmó la sentencia de primer grado, sin imponer costas en la alzada. A través de la sentencia CSJ SL296-2023, la Corte al resolver el recurso extraordinario impetrado por la actora,

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 80922 casó la decisión de segundo grado tras considerar que si el Tribunal hubiese analizado los medios de prueba denunciados, habría advertido que soportaban las afirmaciones de la promotora de la contienda en torno a que

para el momento en que se produjo su solicitud de vinculación a Horizonte S. A. hoy Porvenir S. A., no se le proporcionaron los datos e información suficiente, clara y oportuna sobre las consecuencias de su decisión, lo que generó que su consentimiento no estuviera informado para tal efecto, pese a que estaban en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida del régimen de transición y, de contera, la posibilidad de acceder a la pensión de vejez. De manera que la demandante desconocía las implicaciones que ello significó. Para mejor proveer, y en consideración a que no existían suficientes elementos probatorios para establecer con certeza si la accionante, previamente a su afiliación al RAIS, perteneció al régimen de reparto por haber estado vinculada a una caja, fondo o institución que ya hubiera desaparecido y que en esa medida la entidad con vocación para recibirla como consecuencia de la ineficacia del traslado fuera Colpensiones, como administradora, por regla general del RPM; se dispuso que por la secretaría de la Sala se oficiara a la Secretaría Distrital de Integración Social, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certificara: i) El lapso en el que la señora María Fernanda Fajardo del Castillo prestó servicios a esa Secretaría, en qué

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 80922 dependencia y el cargo que desempeñó; ii) si durante ese tiempo fue afiliada a alguna entidad de seguridad social para

cubrir el riesgo de pensiones de origen común, y en caso contrario, a cargo de qué entidad o institución estaba la cobertura en pensiones de dicha servidora; iii) si la accionante fue afiliada a una Caja de Previsión Social y/o al Foncep y en caso negativo, explicara la razón. Si le ha reconocido algún derecho o beneficio pensional a la demandante; bono o título pensional y en caso afirmativo, envíe el respectivo acto o documental que lo respalde; iv) igualmente, para que envíe la información relevante de la Caja de Previsión Social a la que estuvo afiliada la actora, así como del Foncep, referente a su naturaleza jurídica, actos de creación y de reformas, y si estaban autorizados antes o después de la vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, para gestionar el régimen de reparto y/o el Régimen de Prima Media y a través de qué acto o actos administrativos, remitieron sus copias a esta corporación. Así mismo se dispuso oficiar a Colpensiones a fin de que certificara si la señora Fajardo del Castillo, se encontraba afiliada a esa entidad, a partir de qué fecha y su razón y en caso de encontrarse pensionada remitiera copia del respectivo acto administrativo. Al proceso se allegaron los correos electrónicos dando respuesta a los anteriores requerimientos, de la siguiente manera. El 21 de marzo de 2023 por parte de la Administradora

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 80922 Colombiana de Pensiones (Colpensiones), se dijo que se

adjuntaba el «expediente administrativo en medio magnético […] y certificado expedido por la Dirección de Nomina de Pensionados» correspondiente a la actora; certificación en la que se da cuenta de que se encuentra afiliada a dicha entidad desde el 1 de junio de 2002; así como comunicación de fecha 10 de marzo de 2023 en la que indicó lo siguiente: […] En atención a lo requerido en oficio de fecha 7 de marzo de 2023 […] es procedente informar lo siguiente: Revisada la base de datos de la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, se determinó que a la señora FAJARDO DEL CASTILLO MARIA FERNANDA, quien se identifica con Cédula de ciudadanía No. 35502172, le fue reconocido un PAGO ÚNICO por concepto de

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

Dicha prestación ingresó en Nómina de Pensionados en el período de marzo de 2019. […] Cordialmente, Firma DORIS PATARROYO PATARROYO Directora de Nómina de Pensionados El 27 de marzo del año en curso la Secretaría de Integración Social de Bogotá certificó que la promotora de la contienda estuvo vinculada con dicha entidad desde el 23 de marzo de 1983 al 1 de septiembre de «2022» (sic), fecha en la que mediante Resolución 0656 del 13 de agosto de 2002 se le aceptó la renuncia al cargo de «Instructor código 415, grado 10»; igualmente reporta que desempeñó las siguientes funciones:

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 80922 Año 1983 Nombramiento mediante Decreto 0362 del 07 de marzo de 1983.

Cargo: Profesor II, Grado 6

Funciones: Sudirección Operativa – División Jardines Infantiles.

Año 1986 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Decreto 0402 de 1986.

Cargo: Profesor III

Funciones: subdirección Operativa – División Jardines

Infantiles. Año 1987 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Decreto 0750 del 26 de febrero de 1987.

Cargo: Técnico Administrativo III

Funciones: sudirección Operativa – División Jardines Infantiles.

Año 1989 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Decreto 595 del 29 de diciembre de 1989.

Cargo: Auxiliar Administrativo III Funciones: Profesor Año 1992 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Decreto 259 del 26 de mayo de 1992.

Cargo: Auxiliar Técnico IV A Funciones: Profesor Año 1994 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Decreto 753 de 1994.

Cargo: Auxiliar Técnico IV A Funciones: Profesor COL Suba Año 1999 Incorporación a la planta de personal del D.A.B.S, mediante Resolución 00465 del 18 de agosto de

1999.

Cargo: Instructor código 415 Grado 10

Año 2002 Aceptación renuncia al cargo de Instructor código 415 Grado 10, mediante Resolución 0656 del 13 de agosto de 2002. Por otro lado, aportó certificación electrónica de tiempos

laborados CETIL, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 8 de marzo de 2023, a través de la que se da cuenta que realizó aportes a pensión a favor de la demandante ante la Caja de Previsión Social del Distrito, desde el 23 de marzo de 1983 al 31 de diciembre de «1996»

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 80922 (sic), al Régimen de Ahorro individual y al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones y, precisó que «la Secretaría Distrital de Integración Social, no reconoce prestaciones económicas correspondientes a pensiones o bonos pensionales». En cuanto a las cotizaciones efectuadas a la Caja de Previsión Social del Distrito señaló: […] es preciso señalar que conforme los Decretos Distritales 348, 349 y 1068 de 1995 mediante los cuales se declaró la insolvencia de la Caja de Previsión Social del Distrito para darle entrada en vigencia al Sistema General de Pensiones dispuesto en la Ley 100 de 1993, frente a la escogencia de régimen pensional (Régimen de Prima Media – RPMadministrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad – RAISadministrado por fondos privados), a partir del 1 de enero de 1996 los servidores públicos de la entidad debían manifestar su voluntad de afiliarse a los fondos privados y al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones. […] Finalmente remitió reseña histórica frente al FONCEP, como entidad encargada del reconocimiento de las cesantías y pensiones de los afiliados que cotizaron a la Caja de

Previsión Social del Distrito, en la que se trae a colación los Decretos distritales 552 y 952 de 1974 con los que se creó el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI), así como el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 en el que este se transformó en el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones (FONCEP). Corrido el traslado de rigor, Colpensiones, mediante correo electrónico del 13 de abril de 2023 allegó escrito en el que precisó que de conformidad con los documentos e

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 80922 información allegada era dable sostener que la demandante antes de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones no estuvo afiliada al ISS, de ahí que no fuera posible activar su afiliación en Colpensiones; que aquella ya había recibido el pago de la indemnización sustitutiva en los términos consignados en la Resolución SUB61974 y que aun considerando que fuera beneficiaria del régimen de transición no acreditaba el tiempo requerido para causar la prestación pretendida de conformidad con la Ley 71 de 1988. A su turno la parte demandante presentó memorial fuera del término concedido, razón por la que no se registra su contenido.

II. SENTENCIA DE INSTANCIA El juez de primera instancia como fundamento de su decisión señaló que dentro de la historia laboral remitida por la demandada «se tenían por incorporados los tiempos que fueron cotizados al RAIS y que aparecían por traslado aprobado», de manera que como la actora se encontraba dentro del RPM, no era posible declarar la «nulidad» de una

vinculación «que al momento de proferir esta sentencia no mantiene efecto alguno». A renglón seguido indicó que por la anterior razón estudiaría «los presupuestos de la ciudadana demandante si se cumplen bajo el régimen de transición», teniendo en cuenta la certificación remitida por «el Distrito Capital» conforme a la cual laboró para «las secretarias» de este, antes de su traslado

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 80922 de régimen pensional como funcionaria pública. Sostuvo que a pesar de que «normalmente» contabilizaba las semanas como las presentaba Colpensiones, procedería a contar los tiempos de cotización como días calendario, dado que «así no están sujetos a ninguna ficción y se protege de mejor forma una situación real por la que las personas se afilian al sistema como es la protección del riesgo de vejez». Afirmó que para el caso en concreto, por los tiempos en que Fajardo del Castillo laboró en la «Secretaría Distrital», del 23 de marzo de 1983 al 1 de septiembre de 2002, «aunque algunas certificaciones que están en el expediente lo datan al último día de agosto del año 2002», en días calendario encontraba «el equivalente sobre 7 a 1014,71 semanas», las que al ser sumadas con las cotizaciones como independiente correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, así como enero y febrero de 2003, en su equivalente a días calendario, arrojaban un total de 1040,43 semanas. Puso de presente que en la medida que antes de la

entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la actora en su condición de empleada del ámbito territorial no tuvo cotizaciones por empleadores privados, el régimen de transición al que podría acceder correspondía bien al previsto en la Ley 33 de 1985 o en el artículo 7 de Ley 71 de 1988. Indicó que toda vez que había computado las semanas como días calendario, le correspondía proceder de la misma

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 80922 manera frente a los años «es por eso que se multiplica 365,20 e incluso no se está considerando la fracción de los días 29 de febrero que hayan ocurrido en ese transcurso y arroja el valor de 7300 días, sobre 7, son 1042,85 semanas», de manera que para el caso en concreto «aun contabilizando todo el tiempo como calendario», la demandante no alcanzaba a lograr la pensión de jubilación por aportes «antes de la pérdida del régimen de transición o del decaimiento del mismo conforme el Acto Legislativo 01 de 2005». Por lo expuesto acotó que era claro que «aún en gracia de discusión que se considerara que no ha perdido el régimen de transición» no logró reunir el tiempo suficiente para acceder a la prestación pensional deprecada. En cuanto a la posibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, el juez de primer grado aseveró que los tiempos públicos no podían considerarse para efectos de verificar si se completaron los requisitos del artículo 12, toda vez que aquel «obedecía a la naturaleza del ISS como fue subrogar las pensiones de jubilación de los empleadores del sector privado

o de trabajadores oficiales de empresas industriales y comerciales conforme se fueran afiliando al mismo» por lo que no incursionó en su estudio. Inconforme con la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación a través del cual solicitó se revocara en su totalidad, para en su lugar, declarar la «nulidad» de la afiliación con la «AFP Porvenir», así como aquella efectuada de manera posterior a Protección, y en su

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 80922 lugar se condenara a Colpensiones a recibirla «en virtud del regreso automático» y se reconociera a su favor la pensión pretendida bajo los parámetros del régimen de transición en concordancia con lo establecido en la Ley 71 de 1988, y se declare que tiene derecho a la aplicación de una tasa de reemplazo equivalente al 75% del IBL de los aportes efectuados en los últimos 10 años, así como al pago de los intereses moratorios generados por la demora injustificada en el otorgamiento de la prestación, a partir del 23 de diciembre de 2012. Aseguró que estaba demostrado el engaño y asalto en su buena fe derivado de la falta de suministro de información en torno a la pérdida del régimen de transición al momento en que se efectuó el traslado de régimen pensional con lo que se configuró la «nulidad» alegada. En cuanto a las consideraciones relativas a que no alcanzó a reunir «los 20 años» para ser beneficiaria de la Ley 71 de 1988, manifestó «que según el conteo hecho por este Juzgado» lograba un total de 1042,85 semanas, lo que «si se

cuenta 360 días para completar los 20 años daría un total de 1028 semanas, si se cuenta 365 días para los mismos 20 años daría 1042 semanas», motivo por el que sí tenía cotizados «los 20 años que se necesitan para ser acreedora a los beneficios de este régimen». Frente a la decisión de no incursionar en el estudio de las pretensiones teniendo en cuenta el régimen de transición en concordancia con el Decreto 758 de 1990 «ya que mi

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 80922 poderdante tiene cotizados tiempos públicos y privados y no puede contabilizarlos», señaló que, según la sentencia CC SU769-2014 en la que se unificó la jurisprudencia en relación con las diversas formas de aplicar el cálculo de las semanas necesarias para tener derecho a la pensión, y lo relativo a la posibilidad de sumar cotizaciones a diferentes fondos y a tener en cuenta los tiempos laborados, pero no cotizados a una entidad de previsión social, argumentó que también le podrían ser contabilizados todos los tiempos cotizados y debería reconocerse su derecho a la prestación implorada. Pues bien, previo a resolver la alzada, y desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala abordará dos temas en especial; el primero relativo a la declaratoria de ineficacia y luego el de la pensión que a la actora pudiera corresponderle. De la ineficacia. Ante todo, es preciso destacar, como se hizo en sede extraordinaria, que aun cuando las pretensiones de la demanda se dirigieron a la declaratoria de «nulidad del acto

de traslado», la sustentación de esta se hizo en relación con el engaño derivado de la falta de información, lo que lleva a que sea desde esa óptica, esto es, desde la ineficacia, que se analice el presente asunto, atendiendo que dicha súplica es imprescriptible, conforme lo ha orientado esta corporación

(CSJ SL2601-2021).

Ahora, ha de enfatizarse en que para que el traslado de un régimen pensional a otro sea eficaz, es indispensable que

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 80922 previamente a ello el eventual afiliado haya sido informado de manera precisa y particular sobre las ventajas y desventajas de aquellos, a efectos de que libre y voluntariamente seleccione el que considere que más le conviene. Así lo asentó la Sala en proveído CSJ SL373-2021, al adoctrinar: En efecto, en sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada entre otras, en CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, la Corte puntualizó que la obligación de dar información necesaria en los términos del numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, hace referencia «a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado».

En cuanto a la transparencia, la Corte especificó que dicha obligación consistente en el deber de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios». Según esta Sala, «la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro» (CSJ SL14522019). De igual forma, esta Corte ha identificado que ese deber de información, a cargo de las administradoras de pensiones, ha sido diferente, dependiendo del período en que el traslado se dé, esto es, si ocurrió entre 1994 y 2009, entre 2009 y 2014, o desde este último año en adelante, deberes que en la sentencia CSJ SL1452-2019 se sintetizan así:

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 80922 Normas que obligan a las Contenido mínimo y Etapa administradoras de alcance del deber de acumulativa pensiones a dar información información Arts. 13 literal b), 271 y 272 Ilustración de las de la Ley 100 de 1993 características, Art. 97, numeral 1 del condiciones, acceso, Decreto 663 de 1993, efectos y riesgos de cada modificado por el artículo 23 uno de los regímenes

Deber de de la Ley 797 de 2003 pensionales, lo que información Disposiciones incluye dar a conocer la constitucionales relativas al existencia de un régimen derecho a la información, no de transición y la eventual menoscabo de derechos pérdida de beneficios laborales y autonomía pensionales personal Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los Deber de regímenes pensionales, a Artículo 3, literal c) de la Ley información, fin de que el asesor o 1328 de 2009 asesoría y promotor pueda emitir un Decreto 2241 de 2010 buen consejo consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, información, Artículo 3 del Decreto 2071 lleva inmerso el derecho a asesoría, de 2015 obtener asesoría de los buen consejo Circular Externa n. 016 de representantes de ambos y doble 2016 regímenes pensionales. asesoría. En ese orden de ideas y de acuerdo con la fecha en que la demandante pasó del RPM administrado por la Caja de Previsión del Distrito al RAIS, esto es, 12 de diciembre de 1995, la obligación de la AFP Horizonte S. A. hoy Porvenir S.

A. consistía en brindar a la interesada información clara y transparente acerca de los dos regímenes pensionales (CSJ

SL1688-2019). Aquí, bien vale la pena memorar que, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 6 de 1945, el sistema pensional que allí se implementó atendió los lineamientos o reglas del

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 80922 sistema de seguro social, característico de un esquema de prestación definida en proporción a la contribución del afiliado, esto es, un régimen de prima media, por lo que se concluye que este no solo estuvo administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales, sino por las diferentes cajas de previsión de orden nacional, departamental o municipal (CSJ SL3031-2022). En ese sentido, desde la decisión CSJ SL 31 en. 2012, rad. 48031, reiterada en las sentencias CSJ SL2696-2022 y CSJ SL1464-2023, esta corporación ha adoctrinado que las Cajas de Previsión del orden territorial se entienden como entidades administradoras del RPM. Así se dijo puntualmente en la primera jurisprudencia de las mencionadas, en los siguientes términos: En segundo lugar, el hecho de que la deman