CSJ - SL2130-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2130-2023 Radicación n.° 92595 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CERRO MATOSO S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le adelantó ABELARDO

DE JESÚS CALY VEGA.

I. ANTECEDENTES Abelardo de Jesús Caly Vega llamó a juicio a Cerro Matoso S. A., para que se declarara la nulidad del proceso disciplinario efectuado por la empresa, que concluyó con la terminación del contrato laboral, por habérsele violado el debido proceso (cuaderno digital del Juzgado, tomo I).

En consecuencia, se condene al reintegro efectivo y permanente sin solución de continuidad, en el mismo cargo que venía desempeñando antes de que se le notificara la

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Radicación n. ° 92595 terminación del contrato de trabajo o en uno de mayor jerarquía, el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales, los intereses moratorios, los aportes al sistema general de seguridad social, la indexación de las condenas, entre la fecha del retiro y la del reingreso, lo ultra y extra petita y costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que

trabajó para Cerro Matoso S. A. desde el 8 de marzo de 1982, con un contrato laboral a término indefinido; que ingresó al sindicato de trabajadores de la empresa el 7 de julio de 1982 y que era «MANTENEDOR MECÁNICO EN PREPARACIÓN DE

MINERAL».

Relató, que en la empresa, una de las regulaciones de los turnos de trabajo se encuentra consignada en el reglamento interno de trabajo, en el artículo 19, numeral 2), literal d), que establece 3 turnos rotativos de 8 horas diarias por trabajador. Informó, que éstos laboraban los turnos de 8 horas, realizaban sus funciones en un ciclo de 5 días continuos de noche y 1 día de descanso; 5 días continuos de tarde y un 1 día de descanso y luego, 5 días en el día y 3 días de descanso para retornar el ciclo nuevamente. Reseñó, que la empresa, de manera unilateral, modificó la jornada laboral e instauró 2 turnos rotativos de 12 horas diarias por trabajador durante 4 días continuos seguidos de 4 días de descanso. Que a partir de la modificación unilateral a la jornada de trabajo, la Asociación Sindical Sintracerromatoso convocó

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Radicación n. ° 92595 a una asamblea general ordinaria de afiliados, mediante la Resolución 01 del 12 de marzo de 2015, para el 27 de marzo de ese mismo año, en la que debía aprobarse el presupuesto para el 2015 y votarse un eventual cese de actividades. Señaló, que Sintracerromatoso sustentó la votación de

la posible huelga en el cambio unilateral por parte de Cerro Matoso S. A. de la jornada laboral y el establecimiento de los 2 turnos de 12 horas por 4 días continuos y 4 días de descanso. Arguyó que, en la asamblea del 27 de marzo de 2015, se aprobó la huelga, habida cuenta de que de los 1.042 trabajadores de la empresa, 526 hacían parte del sindicato, haciéndolo mayoritario; que se fijó el inicio del cese de actividades para las 15:00 del 14 de abril de 2015 y, que el 22 de abril de 2015 ésta presentó demanda solicitando que se declarara la ilegalidad de la huelga. Apuntó, que el cese de actividades se mantuvo desde el 14 de abril de 2015 hasta el 1º de mayo de 2015, cuando se suscribió el acta de levantamiento entre Sintracerromatoso y Cerro Matoso S. A. Señaló, que el acta indicada consagró lo siguiente: SEXTO: La Empresa y Sindicato se comprometen a acatar y a cumplir el fallo de última instancia del proceso judicial promovido por la Empresa, para que se declare la ilegalidad del cese de actividades realizado por SINTRACERROMATOSO. No habrá lugar a procesos disciplinarios sobre los hechos relacionados con el cese, hasta tanto se profiera sentencia de última instancia en firme […] (subraya y negrilla de la demanda). Refirió que el 2 de julio de 2015, la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

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Radicación n. ° 92595 Montería declaró la ilegalidad del cese de actividades. La decisión fue apelada por Sintracerromatoso y confirmada el 8 de marzo de 2017, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante proveído con radicación 72304. Precisó, que la sentencia se notificó por edicto el 27 de abril de 2017; que el 3 de mayo de 2017 Sintracerromatoso solicitó aclaración y complementación del fallo, solicitud negada por el auto CSJ AL4950-2017, que se notificó por estado el 9 de agosto y quedó en firme el 14 de agosto de 2017. Manifestó, que Sintracerromatoso le solicitó a la secretaría de esta Sala, el 27 de septiembre de 2017, una certificación en la que constara la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Aquélla expidió la Certificación fechada el 26 de octubre de 2017, manifestando que el fallo quedó en firme el 27 de abril de 2017. Expresó, que Sintracerromatoso radicó el 2 de noviembre de 2017, una solicitud de corrección de la fecha de firmeza de la providencia de segundo grado, advirtiendo que se había solicitado aclaración y complementación de la providencia. El 20 de noviembre de 2017, la secretaría de la Sala Laboral, corrigió la del 26 de octubre de 2016, precisando que la sentencia había quedado en firme el 14 de agosto de 2017 a las 5:00 p.m. Anotó, quela empresa le notificó la citación a descargos

el 3 de mayo de 2017, es decir, con anterioridad al 14 de agosto de 2017, data en la cual quedó en firme el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

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Radicación n. ° 92595 Manifestó que, la diligencia de descargos tuvo lugar el día 10 de mayo de 2017, en las instalaciones de la compañía, esto es, antes de que quedara en firme el 14 de agosto de 2017, la providencia de esta Corporación. En la diligencia, expresó que no pertenecía ni ejercía acciones de líder sindical, por el contrario, reiteró que su participación se había limitado a arribar a las instalaciones de la compañía y al encontrarse el bloqueo de las puertas con los sellos de Cerro Matoso S. A. a partir de su problema de columna y frente a la imposibilidad que tiene de permanecer mucho tiempo de pie, procedió a sentarse en una de las sillas dispuestas a la entrada de las instalaciones, sin que con ello pueda indicarse que participó activamente en el cese como se le imputa. Indicó, que el 18 de mayo de 2017, se le informó la terminación del contrato de trabajo con justa causa, de acuerdo con los descargos rendidos, y supeditando el retiro a la ejecutoria de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Adujo, que contra esa decisión, interpuso el recurso convencional de reconsideración el 22 de mayo de 2017, ante su jefe inmediato, el señor Santiago Isaza, supervisor de la unidad de mantenimiento plata área 200, alegando en todo

momento, entre otras cosas, que su participación jamás fue activa, que las circunstancias de su enfermedad, la cual es progresiva, le impiden mantenerse de pie por un periodo de tiempo prolongado. Acotó, que dicho recurso fue decidido el 30 de mayo de 2017, de parte del señor Jerson Lindao, como gerente

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Radicación n. ° 92595 delegado, manteniendo en firme la decisión de terminar el contrato de trabajo, una vez quede en firme la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que pone fin al proceso de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades promovido por Cerro Matoso S. A. Rememoró, que incoó el recurso de reconsideración ante el Comité de Relaciones Laborales el 1° de junio de 2017, con el objetivo de que el organismo colegiado accediera a su solicitud y dejara sin efectos el despido comunicado. Mencionó, que el comité extraordinario del 7 de junio de 2017, ratificó la decisión sometida a reconsideración e, igualmente, supeditó la efectividad de la desvinculación a la firmeza del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se le notificó el 8 de junio de 2017, mediante «comunicación final – terminación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo», firmada por el superintendente de relaciones laborales, Honorio Castañeda Crespo. La comunicación anterior, lo exoneró de la prestación del servicio desde su notificación hasta que quedara en firme la sentencia de segunda instancia. Aclaró, que había recibido incapacidades

concomitantes a la fecha del despido, que eran conocidas por el empleador, así: - Por tres días, a partir del 9 de agosto de 2017. - Por treinta días, a partir del 14 de agosto del 2017. - Por treinta días, a partir del 14 de septiembre de 2017. - Por treinta días, a partir del 13 de octubre de 2017. - Renovada, por treinta días, hasta el 14 de noviembre de 2017.

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Radicación n. ° 92595 Adujo, que en la realización del proceso disciplinario no hubo intervención del Ministerio del Trabajo. Sintetizó, que buscó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, asociación sindical, estabilidad laboral reforzada, sindicalización, al trabajo y a la igualdad, por vía de tutela, en cuanto el proceso disciplinario que se adelantó en su contra «adolece de insaneables vicios en el trámite», por haber iniciado antes de que quedara ejecutoriada la sentencia que facultaba a la empresa a realizar los procesos sancionatorios, como lo disponían la ley y el acta para levantamiento de cese de actividades. Destacó, que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano amparó sus garantías de manera transitoria el 9 de noviembre de 2017, y la entidad accionada le comunicó el comienzo de los trámites administrativos para llevar a cabo el cumplimiento de la orden; sin embargo, se abstuvo de reintegrarlo efectivamente, por consiguiente, radicó solicitud de cumplimiento ante el juzgado, la cual le

fue resuelta de manera negativa, desatando la impugnación interpuesta por Cerro Matoso S. A. Finalizó aseverando, que estaba en vigor la Convención Colectiva suscrita por Sintracerromatoso y Cerro Matoso S.

A. el 14 de junio de 2016, con vigencia del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, de la cual es beneficiario y en la que se pactó que: «la empresa respetará los derechos adquiridos en cláusulas, pactos, acuerdos, actas que no hayan sido modificadas, adicionadas o aclaradas por la presente convención», de forma que la empresa no podía iniciar los procesos disciplinarios antes de la ejecutoria de la

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Radicación n. ° 92595 sentencia de segunda instancia, pues la ley y el acta suscrita, disponían que era necesaria la ejecutoria de la sentencia que declara la ilegalidad de la huelga, para iniciar las acciones disciplinarias. La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el extremo inicial de la relación laboral, el tipo de contrato, la fecha de afiliación a la organización sindical, la fecha y hora en la que inició el cese de actividades, la demanda presentada por la empresa contra la organización sindical para que se declarara la ilegalidad de la suspensión, la fecha de culminación del cese de actividades, el contenido del artículo 6° en el acta de levantamiento de cese de actividades, la decisión judicial que declaró la ilegalidad del cese de actividades, la apelación presentada por el sindicato, la confirmación de la decisión

anterior por parte de esta Corporación, la correspondiente notificación, la solicitud de aclaración y complementación de la sentencia elevada por la organización sindical, la aclaración emitida por la Sala, la notificación al demandante de la terminación del vínculo laboral, el recurso convencional de reconsideración interpuesto por éste ante el jefe inmediato, la confirmación de dar por finalizado el contrato de trabajo, la interposición del recurso de reconsideración ante el comité de relaciones laborales por parte del demandante, la ratificación de la decisión sometida a reconsideración, la respectiva notificación, la exoneración de la prestación del servicio, la no intervención del Ministerio del Trabajo en el curso del proceso disciplinario, el falló de tutela de primera instancia, la respuesta negativa proporcionada por el juzgado a la solicitud de cumplimiento del mismo, la impugnación presentada por la empresa, la vigencia de la CCT suscrita por la accionada y el sindicato el

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Radicación n. ° 92595 14 de junio de 2016, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. (cuaderno digital del Juzgado, tomo II). Fundamentó su defensa, en que el contrato de trabajo terminó por la participación del demandante en el cese ilegal de actividades. Narró, que cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo; que el demandante ejerció su defensa, estuvo acompañado por el sindicato e hizo uso de todos los recursos previstos en la Convención; que a la terminación del contrato

de trabajo, ya se encontraba ejecutoriada la sentencia proferida por la CSJ que declaró la ilegalidad del cese de actividades; que el demandante erró al pretender darle al acta de levantamiento de cese de actividades el carácter de extraconvencional y que debía dársele cumplimiento a la convención colectiva de trabajo. Aseveró, que no es cierto que la intervención del Ministerio del Trabajo, constituyera un requisito previo para hacer efectiva la terminación del contrato de trabajo. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, prescripción e inexistencia del despido injusto.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n. ° 92595 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, por sentencia del 26 de febrero de 2020 (cuaderno digital del Juzgado, tomo V), decidió: Primero: Declarar ineficaz el despido efectuado por la empresa CERRO MATOSO S.A., respecto al trabajador demandante Abelardo de Jesús Caly Vega en razón de las motivaciones expresadas anteriormente.

Segundo: Como consecuencia de lo resuelto, condenar a la demandada Cerro Matoso S.A. [a] reintegrar al actor al cargo que venía desempeñando al momento de su despido o a otro de igual o superior categoría.

Tercero. Condenar a la empresa CERRO MATOSO S.A. al pago de salarios incrementados convencionalmente, prestaciones sociales legales y extralegales, aporte a la seguridad social,

beneficios contemplados en la convención colectiva de trabajo 2016-2018 y las que puedan establecerse en convenciones futuras, desde la fecha en que se produjo el despido hasta que se haga efectivo el reintegro. Cuarto. Se declara probada la excepción denominada COMPENSACIÓN en el sentido de que la empresa queda facultada para descontar de todas las sumas que debe cancelar el valor de $22.690.116. Quinto. Las sumas a cancelar por parte de la demandada deberán ser indexadas al momento de su pago, razón por la cual no se accede a la condena de pago de intereses moratorios Sexto. Se condena en costas a la parte demandada liquídense por Secretaría e inclúyanse en ellas la suma de 8 salarios mínimos legales vigentes, como agencias en derecho a favor de la parte actora, conforme al Acuerdo PSAA16-20554 de 2016 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y de la demandada, la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante fallo del 9 de julio 2021

(cuaderno digital del Tribunal tomo II), resolvió confirmar la sentencia de primer grado.

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Radicación n. ° 92595 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que debía determinar si la demandada desconoció un acuerdo convencional al adelantar un proceso disciplinario en contra del accionante, sin encontrarse en firme la sentencia judicial que declaró la ilegalidad del cese de actividades. Así mismo, establecer si resultan procedentes

los intereses moratorios por los salarios adeudados al actor, de forma conjunta con la indexación ordenada en la sentencia de primera instancia. Dejó fuera de discusión el vínculo laboral, el cese de actividades, la pertenencia del demandante al sindicato y el acta de acuerdo para el levantamiento de cese de actividades, que reprodujo. Frente a la validez del acta de acuerdo de levantamiento del cese de actividades, y sus efectos de acta extra convencional, citó la sentencia CSJ SL8155-2016. Resaltó, que el acta fue suscrita por el suplente del comité de relaciones laborales y el presidente de Sintracerromatoso, así como por representantes del empleador. Advirtió, que dentro de las inspecciones que hizo el Ministerio del Trabajo en las instalaciones de la empresa, durante el cese de actividades, siempre solicitó la representación de los trabajadores, que la asumió el presidente del sindicato y fue él quien suscribió las diversas actas, incluyendo el acta de acuerdo de levantamiento de cese de actividades.

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Radicación n. ° 92595 Refirió, que la demandada rechazaba la validez del acta de acuerdo de levantamiento de cese de actividades, argumentando que quien la suscribió no estaba autorizado por los trabajadores. Citó, entonces, los numerales 3° y 5° del artículo 374 CST, sobre las funciones de los sindicatos. Indicó, que el numeral 6° del acta de acuerdo de levantamiento de cese de actividades, reglaba que no habría lugar a procesos disciplinarios sobre los hechos relacionados con el cese, hasta que se profiriera sentencia de última

instancia en firme. Relató, que la sentencia que declaró la ilegalidad de la huelga fue confirmada en segunda instancia por ésta Sala el 8 de marzo de 2017, y que la solicitud de aclaración de Sintracerromatoso fue desatada negativamente el 2 de agosto de 2017. Anotó, que conforme al artículo 451 CST, la sentencia que declare la ilegalidad del cese de actividades debe cumplirse una vez quede ejecutoriada. Explicó, que la ejecutoria consiste en una característica de los efectos jurídicos de las providencias que se reconocen por su imperatividad y obligatoriedad, cuando frente a dichas determinaciones: 1) no procede recurso alguno, 2) se omite su interposición dentro del término legal previsto, 3) una vez interpuestos se hayan decidido y, 4) cuando su titular renuncia expresamente a ellos. Recalcó, que el artículo 302 CGP se refiere a dos clases de providencias, las proferidas en audiencia y las dadas por escrito. Precisó, que las providencias dadas por escrito quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas cuando:

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Radicación n. ° 92595 A) Carecen de recursos. B) Han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes. C) Queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. Y si es objeto de una solicitud de aclaración o complementación, tres (3) días después de notificadas. Apuntó, que la última regla se armonizaba con el inciso tercero del artículo 285 CGP, cuando señala que: […] la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite

recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración, es decir, que una decisión escrita sobre la cual pesa una solicitud de aclaración no queda ejecutoriada con la mera resolución de la misma, sino que debe esperar que transcurran tres días para que, conjuntamente con el proveído que resolvió la aclaración, quede en firme. Sostuvo, que aplicando que con sujeción a la regla relativa a que «los recursos interpuestos se seguirán rigiendo por las leyes vigentes al momento en que [se] interpusieron», debía aplicarse el artículo 331 CPC, que disponía que, en caso de aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se produciría una vez ejecutoriada la que la resuelva, tomando en cuenta que el recurso presentado contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto en vigencia del CPC. Reiteró, que la sentencia del 2 de julio de 2015, que declaró ilegal la huelga fue apelada y, por lo tanto, cobró firmeza. Narró, que una vez proferida la sentencia de alzada, Sintracerromatoso solicitó la aclaración de esta, que se

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Radicación n. ° 92595 resolvió en el auto CSJ AL4950-2017 del 2 de agosto de 2017, que se notificó por estado el 9 de agosto de 2017, quedando ejecutoriado el 14 de agosto del 2017, fecha en que quedó ejecutoriado tanto el auto, como la sentencia del 2 de julio de 2015. Concluyó, que antes de la firmeza de la providencia, la

ilegalidad de la huelga era un hecho incierto sin ningún efecto jurídico, de modo que las consecuencias de la ilegalidad de la huelga no surgirían sino hasta la firmeza de la sentencia de primera instancia. Hizo alusión, entonces, a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-036-1999, respecto a los efectos de la ilegalidad de la huelga, que incluyen la facultad de despedir a los trabajadores que intervinieron o participaron en el cese. En el asunto, el proceso disciplinario que culminó con el despido del demandante, se llevó a cabo antes de la ejecutoria de la providencia que declaró la ilegalidad del cese de actividades. Reprodujo, los numerales 1° y 7° del artículo 16 de la Convención Colectiva, así: [numeral 1]: El llamado a descargo de un trabajador lo hará por escrito el jefe inmediato o el Gerente de la unidad de Negocios en horas laborales del trabajador en las instalaciones de trabajo de la Empresa, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la comisión de la presunta falta, con copia al sindicato y al comité de Relaciones Laborales. […] [numeral 7]: no producirá efecto legal alguno la sanción disciplinaria o el despido impuesto con la violación del procedimiento señalado en el presente artículo. La empresa acatara[sic] la determinación de la justicia ordinaria laboral.

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Radicación n. ° 92595 Finalizó, que atendiendo a que el proceso disciplinario en contra del demandante inició con la citación a descargos

el 3 de mayo de 2017 y culminó con su despido el 18 de mayo de 2017, antes de la ejecutoria de la sentencia que declaró la ilegalidad de la huelga -14 de agosto de 2017-, quedaba en evidencia que se desconoció lo dispuesto en la convención colectiva y en el acta de levantamiento de cese de actividades, que establecía que los proceso disciplinarios solo iniciarían una vez se quedara en firme la sentencia de última instancia. Por lo expuesto, halló que el despido no estaba llamado a producir efectos y se tornaba viable el reintegro. Por otra parte, en cuanto a la reclamación de los intereses moratorios invocados por el demandante, concomitante con la indexación ordenada por el a quo, advirtió que ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral la incompatibilidad entre uno y otro. Por lo que, determinó que no estaban llamados a salir avante los intereses moratorios invocados por la parte accionante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Cerro Matoso S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

(cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoquen las condenas de primer

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Radicación n. ° 92595 grado, se absuelva a la recurrente de las pretensiones incoadas en su contra y se provea en costas como en derecho corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal

primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Acusa que la sentencia, […] incurrió en violación medio de los artículos 285, 302 y 627 del Código General del Proceso; 331 del Código de Procedimiento Civil; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 29 de la Constitución Política, lo que condujo al quebrantamiento , de los artículos 27, 37, 39, 47, 186, 249, 306, 307, 450, 451, 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 1° y 99 de la Ley 50 de 1990; 26 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo reproduce los apartes pertinentes de la sentencia de alzada, para explicar, posteriormente, que el Tribunal erró al concluir que, como la sentencia CSJ SL3195-2017 fue proferida por la Corte Suprema de Justicia, y se solicitó una aclaración, su ejecutoria se produjo tres días después de notificado el auto CSJ AL4950-2017, es decir, el 14 de agosto del 2017. Alega, que la correcta hermenéutica del artículo 302 CGP, indica que una vez emitida la providencia que resuelve sobre la aclaración o complementación, queda ejecutoriada la sentencia: […] máxime cuando contra ésta no procede recurso alguno, por lo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, que confirmó la ilegalidad del cese de

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Radicación n. ° 92595 actividades, adquirió firmeza con la notificación por Estado del auto que resolvió la solicitud de aclaración y adición, que tuvo lugar el 9 de agosto de 2017. Se refiere, entonces, al artículo 331 CPC, que regulaba la ejecutoria de las providencias y resalta de este que «No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva». Sin embargo, sostiene, que el CPC fue derogado con la Ley 1564 de 2012 (CGP), que entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2016. El artículo 302 CGP, afirma, introdujo una modificación sustancial sobre este punto, al señalar que: «[…] No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud». Así, la nueva regulación determinó que basta con que se expida y notifique la providencia que resuelve la adición o aclaración para que adquiera ejecutoria la providencia objeto de la solicitud. Explica, que la ejecutoria de la segunda providencia no condiciona la firmeza de la primera y que no se puede asimilar el contenido del artículo 302 CGP con el del artículo 331 CPC pues: […] tanto en la legislación anterior, como en la actual, las sentencias o autos escritos pueden ser aclarados de oficio o a solicitud de parte cuando tal solicitud se hace dentro del término de ejecutoria, esto es, dentro de los tres días posteriores a su notificación y su ejecutoria se configura pasados 3 días a partir

de la notificación de la providencia que resuelva la aclaración o complementación. Resalta, que conforme al artículo 285 CGP, «la sentencia

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Radicación n. ° 92595 no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció»., por lo que la decisión judicial tiene plena certeza y no es modificable de fondo. Cita, la sentencia CC C548-1997, de la que subraya: «por cuanto esa permisión permite mantener incólume el contenido del fallo proferido, dotando de certeza la decisión». Argumenta, que el artículo 285 CGP no podría interpretarse de otra forma, pues se aclara lo que suscita duda, es ambiguo, lo que causa perplejidad o hesitación y, solamente respecto de la parte resolutiva o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en ella, manteniendo incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida. Asevera, que no es cierta la conclusión del Tribunal, en el sentido de que la sentencia que confirmó la declaratoria de ilegalidad de la huelga: «fue imperativa y obligatoria a partir de la firmeza de la sentencia que resuelve la solicitud de aclaración y adición solicitada, antes de ello la ilegalidad de la huelga era un hecho incierto […]» pues, lo ajustado a derecho y a la lógica elemental, es que la ilegalidad era un hecho cierto e indiscutible en la medida en que aun si la Corte hubiera accedido a la aclaración, no podía por ello revocar ni reformar la decisión de ilegalidad de la huelga

contenida en la parte resolutiva. Hace alusión a lo expuesto por la Sala de Casación Civil, en sentencia CSJ CS2776-2018, que sobre la interpretación del artículo 302, precisó: […] su ejecutoria se predica una vez notificado el proveído y finiquitado el término previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para solicitar la corrección, la aclaración o la

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Radicación n. ° 92595 complementación del veredicto, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida la decisión correspondiente. Infiere, que una vez emitida la providencia que resuelve sobre la aclaración o adición, queda ejecutoriada la sentencia, máxime cuando no procede recurso alguno contra esta; por esta razón, el ad quem no podía concluir que la ejecutoria de la sentencia CSJ SL3195-2017 se configuró el 14 de agosto de 2017. Proclama, que resulta un contrasentido afirmar que, si la providencia no es susceptible de ataque por medio de ningún recurso ordinario, queda en firme ipso jure, pero que, si se pide oportunamente su aclaración o adición, su firmeza se posterga hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la solicitud (tres días después de notificado el acto). Expone, que debe aplicarse la misma consecuencia ante la misma situación, de forma que contra la providencia que resuelve sobre la aclaración o complementación no procede recurso alguno, una vez emitida la providencia que resuelve la solicitud, queda ejecutoriada la sentencia. Plantea, que la violación de las normas procesales

indicadas sirvió como instrumento o medio para aplicar indebidamente las demás disposiciones enlistadas en la proposición jurídica, que fueron el fundamento incorrecto para imponer las condenas y que para el 10 de agosto de 2017 estaba ejecutoriada la providencia, en los términos del artículo 451 CST. Concluye citando el concepto que rindió el tratadista Jairo Parra Quijano, sobre la interpretación del artículo 302 CGP, que corrobora la sustentación de la acusación.

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VII. RÉPLICA Abelardo de Jesús Caly, se opone al cargo, señalando inicialmente que la argum