CSJ - SL2131-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL2131-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2131-2023 Radicación n.° 93085 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AMPARO CARVAJAL CASTAÑO como interviniente ad Excludendum, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que instauró ALEIDA VALENCIA TONUSCO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, al que fue vinculada GLORIA AMPARO ZAPATA PEREIRA en calidad de litisconsorte necesaria. Se reconoce personería para actuar en nombre y representación de Colpensiones a la sociedad Soluciones Jurídicas de la Costa SAS, asimismo a su representante
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Radicación n.° 93085 legal, abogado Carlos Rafael Plata Mendoza, en los términos y para los fines del poder general conferido.
I. ANTECEDENTES Aleida Valencia Tonusco llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente del fallecido pensionado Hember Otero Salcedo. En consecuencia, se ordenara el pago de las mesadas causadas a partir del 9 de junio de 2015 debidamente indexadas y costas.
Fundamentó sus peticiones, en que convivió con el
causante desde que tenía 19 años, esto es, desde 1987, en unión libre y en forma ininterrumpida hasta su fallecimiento; que al mismo le fue reconocida por parte del ISS pensión de vejez mediante Resolución n.° 002592 del 1º de enero de 1995; que su compañero falleció el 9 de junio de 2015; que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional el 17 de junio del mismo mes y año; que por Resolución GNR 272007 del 4 de septiembre de 2015 su petición fue negada con argumentos de que no pudo determinar de manera exacta la convivencia y que los recursos en contra de aquella se resolvieron a través de las Resoluciones GNR 344254 del 3º de octubre de 2015 y VPB 668 del 7 de enero de 2016, confirmando la inicial.
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Radicación n.° 93085 Afirmó, que la cohabitación con su compañero permanente se prolongó aproximadamente por 28 años; que procrearon una hija en 1989; que su convivencia fue estable y siempre se brindaron apoyo y ayuda mutua; que siempre dependió económicamente de aquél; que al igual que su descendiente fueron sus beneficiarias ante el sistema general en salud; y, que vivían en una casa de propiedad del fallecido, misma que, para la presentación de la demanda se hallaba a su nombre en virtud de un fideicomiso que el fenecido dejó en su favor. Sostuvo, que el causante además de ser médico también se dedicó a la fabricación de artesanías de madera que él mismo realizaba, que comercializaba los productos en la
ciudad de Panamá razón por la cual viajaba constantemente; que la actividad que inició como entretenimiento comenzó a generar una rentabilidad tal que en 2007 se registraron como establecimiento; que sus traslados fuera del país además de obedecer a su actividad comercial, atendían a las visitas que realizaba a su hija, quien, desde temprana edad fue enviada a dicho país a adelantar sus estudios; que sus viajes eran sufragados por el causante; que su domicilio principal nunca dejó de ser la casa de habitación con el fenecido en Tuluá y que judicialmente, mediante sentencia del 14 de junio de 2013 proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, Hember Otero Salcedo obtuvo de Colpensiones el reconocimiento del incremento del 14 % por compañera permanente a cargo, reconociéndola expresamente en tal calidad.
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Radicación n.° 93085 Describió que, dadas las dificultades económicas por las que atravesaba la familia en 2012, se comprometió a ayudar a solventar las obligaciones económicas y, en junio de dicha calenda convinieron con su compañero hipotecar su casa de habitación; que se vio obligada a incrementar sus viajes a Panamá para la venta de artesanías y para atender a su hija, debiendo trabajar incluso preparando comidas para eventos; que por contar el fallecido con un puesto fijo de trabajo no era posible que pudiera trasladarse con ella, pero que siempre estuvo pendiente de él; que nunca dejaron de convivir; que en 2014 al ser más estable su situación económica sus desplazamientos disminuyeron; que vigiló y
atendió la enfermedad pulmonar de su pareja, originada en el consumo de cigarrillo; que ello fue de público conocimiento entre amigos, vecinos y familiares; que su relación sentimental fue exclusiva; que hasta los últimos días se hizo cargo de todas las gestiones médicas y funerarias del causante, y que no reconocía a Gloria Amparo Zapata Pereira quien también reclamaba su condición de compañera permanente de Otero Salcedo ante la administradora de pensiones y que, por el contrario, aquella persona ejerció fraude en contra del fallecido (f.° 1 a 13 del cuaderno digital del juzgado). La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó lo relacionado a la calidad de pensionado del causante, la solicitud y consiguiente negación de la sustitución pensional.
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Radicación n.° 93085 En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; prescripción; buena fe y la innominada (f.° 177 a 184 del mismo cuaderno). Gloria Amparo Zapata Pereira, vinculada como litisconsorte necesaria mediante providencia del 14 de noviembre de 2017 (f.° 169, ibídem), a través de curador ad litem designado por auto del 18 de mayo de 2018 (f.° 191), se negó a las pretensiones y, referente a los hechos, aceptó la presentación de la demanda, el fallecimiento del causante, su estatus pensional, la existencia de la hija en común con la demandante, así como la denegación de la solicitud de
sustitución pensional ante Colpensiones. No presentó excepciones de fondo (f.° 208 a 211, ibídem). Amparo Carvajal Castaño como interviniente ad excludendum, integrada por providencia del 22 de enero de 2019 (f.° 220 a 221), no formuló pretensiones en contra de la accionante o el demandado, pero contestó la demanda inicial, en el sentido de que Aleida Valencia Tonusco tenía como actividad económica ser chef; que no era cierta la convivencia que aducía en la demanda; que como compañera permanente, ella era la persona que realmente cohabitó con el fallecido desde 1994 hasta sus últimos días; que se oponía a las pretensiones; que Colpensiones, por Resolución SUB 132380 del 21 de julio de 2017, a partir del 1º de julio del mismo año, le reconoció la pretendida prestación económica de sobrevivencia por la muerte de Hember Otero Salcedo, al acreditar la convivencia exigida y, alegando que en ningún
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Radicación n.° 93085 momento la demandante compró sus viajes a Panamá mediante la aportación de su pasaporte. Excepcionó, la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; falta de legitimación por activa; buena fe; y, prescripción (f.° 226 a 237).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tuluá, por sentencia del 27 de febrero de 2020 (f.° 359 Cd del cuaderno digital del Juzgado), decidió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de fondo
propuestas por la parte demandada y por la interviniente excluyente, conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – a reconocer y pagar en favor de la demandante, señora ALEIDA VALENCIA TONUSCO, identificada con […], dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la pensión de sobrevivientes, causada con ocasión del fallecimiento del pensionado HEMBER OTERO SALCEDO, equivalente al 100% de la mesada pensional que percibía, a partir del 10 de junio de 2015, en cuantía de $1.157.877.oo, la mesada pensional inicial, junto con las dos mesadas adicionales por año, debiéndose reajustar conforme a las norma legales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONESa reconocer y pagar a la señora ALEIDA VALENCIA TONUSCO, por concepto de retroactivo por las mesadas ordinarias y adicionales causadas y no pagadas desde el 10 de junio de 2015 y hasta el 31 de enero de 2020, la suma de $86.197.778.oo, que luego de ser indexada cada mesada pensional, asciende a la suma de $93.464.987.oo, sin perjuicio de las mesadas que se causen con posterioridad y los descuentos de ley que deban hacerse por aportes al SSSS, así como la liquidación que deba actualizarse al momento de real pago y
reconocimiento de estas mesadas pensionales.
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CUARTO: Sin costas en esta instancia a cargo del fondo demandado. CONDENAR en costas a las llamadas a integrar el contradictorio como litisconsorcio necesario e interviniente excluyente, incluyendo por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000.oo en favor de la demandante, de acuerdo a lo considerado en esta providencia.
QUINTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, de las demás pretensiones de la demandante y de la totalidad de las pretensiones de las llamadas a integrar al contradictorio, como litisconsorcio necesario e interviniente excluyente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEXTO: Por haber resultado condenada una entidad de seguridad social de naturaleza pública de la cual Estado es garante, como es COLPENSIONES, CONSÚLTESE la presente decisión […].
SÉPTIMO: LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, queda en libertad para ejercer la acción de lesividad o la que considere pertinente, en contra de la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO, en los términos expuestos en la parte considerativa de este proveído.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Colpensiones y de Amparo Carvajal Castaño, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 22 de julio de 2021
(cuaderno digital del Tribunal), resolvió:
PRIMERO: REVOCAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de la sentencia APELADA y CONSULTADA proferida el día 27 de febrero de 2020, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tuluá (V.), siendo demandante la señora ALEIDA VALENCIA TONUSCO, identificada […] la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-, obran como vinculadas las señoras AMPARO CARVAJAL CASTAÑO y GLORIA AMPARO ZAPATA PEREIRA; para en su lugar, ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONESde todas las pretensiones formuladas en su contra por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta sentencia.
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SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, entre estos los numerales QUINTO Y SÉPTIMO que absolvieron de las demás pretensiones de la demandante y de la totalidad de las pretensiones de las llamadas a integrar el contradictorio como litisconsorte necesario e interviniente excluyente. Enunciando la acción de lesividad o las que COLPENSIONES considere pertinentes contra la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO.
TERCERO. Costas en primera instancia a cargo de la demandante ALEIDA VALENCIA TONUSCO y señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO, siendo acreedora de estas COLPENSIONES, agencias en derecho tásense por el juzgado de
origen. Sin costas en esta instancia, dado que el asunto también devino junto al grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con el numeral 8º del artículo 365 del CGP. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico se centraría en analizar la coexistencia del causante con Aleida Valencia Tonusco, así como, la eventual cohabitación simultánea de éste con Amparo Carvajal Castaño y Gloria Amparo Zapata Pereira, bajo los presupuestos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Parte del hecho indiscutido de la condición de pensionado por vejez de Hember Otero Salcedo por parte del ISS, conforme a la Resolución 002592 del 28 de marzo de 1995 y su deceso el 9 de junio de 2015 según el folio 31. Adujo que, luego de evaluada la prueba practicada en el curso del proceso, no quedó demostrada la existencia de una convivencia simultánea por espacio de 5 años del causante con Aleida Valencia Tonusco y las vinculadas Gloria Amparo Zapata Pereira y Amparo Carvajal Castaño.
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Radicación n.° 93085 Precisó en relación a Aleida Valencia Tonusco que, en las declaraciones rendidas en su favor por Gloria Ruth Marín Villamil (minuto 1:08:58 a 1:31:40), Fabiola Valencia Tonusco (minuto 01:32:49 a 01:57:34) y Arnulfo Ramírez Jaramillo (minuto 01:59:07 a 02:12:22), se afirmó de manera
unísona, que conocieron a la pareja conformada por Aleida Valencia Tonusco y Hember Otero Salcedo, quienes tuvieron una relación sentimental y de familiaridad, hasta el momento del deceso del pensionado; sin embargo, debía señalar que aquellos ofrecieron duda respecto del término mínimo de convivencia, por cuanto dentro de los últimos 5 años anteriores a la muerte de Otero, concretamente entre el año 2010 y 2015 para cuando ocurrió el deceso, no se logró comprobar la convivencia real y efectiva, porque no expresaron cómo era el vínculo para esa época; pues si bien expresaron que durante el último año de vida fue Aleida quien estuvo pendiente del causante, frente a los años anteriores no se pudo establecer lazos de solidaridad, acompañamiento mutuo, que permitieran establecer la comunidad de pareja. Indicó que estos dijeron que la demandante se ausentaba por diversos periodos a Panamá para estar al pendiente de su hija que se encontraba cursando estudios universitarios, así como también de trabajar en el vecino país, para solventar los problemas económicos que tuvieron en la familia; sin embargo, Gloria Ruth Marín Villamil (minuto 1:08:58 a 1:31:40) y Fabiola Valencia Tonusco (minuto 01:32:49 a 01:57:34) dada su condición de vecina y hermana, expresaron conocer la relación de pareja desde
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Radicación n.° 93085 1987, fueron evasivas al contestar desde que fecha se encontraba fuera de la ciudad la señora Aleida, es decir, ausente del hogar, expresando sutilmente que ella iba y venía
continuamente, sin constarles desde cuándo o incluso, que no estaba por largos lapsos, siendo su objetivo principal el estar pendiente de los avances de su hija y posteriormente en el 2012, la necesidad de brindar sustento económico al hogar. Dijo que la actora, en su interrogatorio (minuto 24:44 a 50:50), manifestó circunstancia similares, empero, su valoración en conjunto con las antes reseñadas no permitían llegar a un convencimiento favorable, porque Aleida se ausentó de su hogar desde el año 2001, con el fin de desplazarse a Panamá, desconociendo ciertamente las razones para ello, tiempo para el cual estuvo 2 años consecutivamente en el vecino país, como se evidenciaba del registro de movimientos migratorios allegado al proceso; posteriormente continuó con sus viajes, pernotando en Colombia por periodos inferiores a los que mantenía en Panamá; y, aunque para aquella época no resultaba pertinente el análisis de convivencia, era necesario resaltar que ello no coincidía con lo expuesto por la demandante quien dijo no recordar muy bien cuándo fue su primer viaje, pero viajó en 2010, 2011, 2012, para buscar universidad a su hija; que ella se quedó allá porque su hija presentaba problemas de comportamiento; que ellos se enviaban dinero; y, como Otero hacía pesebres, ella los llevaba y vendía en la ciudad de Panamá; que en el 2012, tuvieron una crisis económica, iban a perder la casa y él la mando para Panamá
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Radicación n.° 93085 con la hija, además porque los habían amenazado; que regresó hasta el 2014 junto a su hija; sin embargo, se corroboraba desde el 2001 la demandante se encontraba fuera del país, lo que no había sido confirmado, notándose la intención de ocultar información. Adicionó que a pesar de que la justificación del inicio de los viajes fue la universidad de la hija, según el certificado expedido por el ente de educación superior en el vecino país (f.° 102), los estudios se cursaron entre 2012 y 2015, quedando carente de razón los traslados por 2 años entre 2001 y 2003, así como el de 4 años entre 2007 y 2011, unido a la afirmación del hijo del causante en el sentido de que nunca vio a su padre con aquéllas porque vivían en Panamá desde hacía más de 14 años. Recalcando que, en todo caso, de ser cierto que para el último año de vida de Otero 20142015, la demandante demostró a través de sus viajes continuos, fotografías, videos, declaraciones, actos de confianza como los poderes otorgados, o el fideicomiso de la casa realizado a su favor, e incluso el haber estado pendiente del mismo a la hora de su muerte, realizar las diligencias funerales y declaración de renta post mortem, estos hechos, no resultaban determinantes para contemplar una cohabitación continua e ininterrumpida durante los últimos 5 años de vida del causante. Razonó que, unido a lo anterior, según la historia clínica la acudiente del fenecido fue su hija (f.° 141) y no la
accionante, quien salió del país desde diciembre de 2014, desconociéndose su regreso. Así para el fallecimiento todavía
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Radicación n.° 93085 se encontraba inscrita como beneficiaria en salud y, obraran declaraciones extrajuicio del causante en 1992 y 2007. Lo propio en lo concerniente a la sentencia proferida el 14 de junio de 2012, por el Juzgado 15 Laboral Adjunto del Circuito de Cali, que concedió el incremento pensional del 14% por su compañera Aleida Valencia Tonusco, porque al revisar el contenido de la audiencia única en folio 106, se evidenciaron contradicciones entre las salidas del país y la dependencia económica. Dedujo frente a Amparo Carvajal Castaño que, pese a que Colpensiones le reconoció el 100 % la pensión de sobrevivientes por Resolución SUB 132380 del 21 de julio de 2017, no fue posible constatar la convivencia con Hember Otero Salcedo dentro de los 5 años anteriores a su muerte, porque los testigos Ana Milena Castro Castillo, Gloria Amparo Hernández Guerrero y Luis Otero Baraldi fueron contradictorios en sus expresiones sobre su condición de vecina, amistad y familiaridad respecto a su hijo, pero, no en lo tocante a la pareja Otero-Carvajal, catalogándolos como no elocuentes sobre el tema o la permanencia de la convivencia. Descartó igualmente el convencimiento extractado del testimonio del hijo Otero Baraldi quien, si bien afirmó la existencia de una relación sentimental de la interviniente ad
excludendum con su padre, no supo establecer los extremos temporales de la pareja, […] pese a que por cuenta de la señora Carvajal, se obtuvo en su declaración que habían vivido juntos, para la época en que su madre se había ido a Italia; quedaban en duda los supuestos
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Radicación n.° 93085 lazos estrechos de familiaridad de este con su padre, con quien compartía de manera ocasional, cuando viajaba a la ciudad de Tuluá, sin que conociera ciertamente con quien convivía, pues tampoco aseguró que lo hiciera con la señora Carvajal; además dijo que no recordaba fecha de fallecimiento de su padre, pero que días antes de la muerte, sabía que este no permanecía con la señora Carvajal, sino en la casa en donde vivía con la señora Aleida. El testigo estuvo renuente frente a algunas preguntas de la apoderada judicial de la demandante, demostrando el interés en favor de la señora AMPARO CARVAJAL, pero ni siquiera fue determinante en exponer al juzgado la existencia de la relación de la pareja, el conocimiento que tenía sobre la convivencia entre ellos, ni el estado de salud de su padre. Así lo expuesto por los declarantes, junto con el interrogatorio rendido por la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO, no permiten colegir la convivencia entre la pareja durante 5 años anteriores al deceso del señor OTERO; compartiendo la posición del a quo, respecto de que, si bien no se puede negar que, entre la pareja existió una relación, esta no se consolidó en el tiempo final de vida del señor OTERO, concretamente no quedó
demostrada dentro de los 5 años anteriores al deceso, como lo exige la norma, ni de manera exclusiva, ni de manera simultánea con otra persona. Sumado a que de las demás pruebas allegadas por la interviniente como son las fotografías solo dan cuenta de una relación en épocas pasadas, pues por la forma como se veían físicamente, era para alguna época de su juventud, lo que reafirma el hecho de aceptar que en tiempo pasado se hubiera sostenido una relación, que no se alargó en el tiempo para el cual se requería acreditara el derecho pensional. Aclarando que, Por lo anterior, los fundamentos de la apelación expuestos por el apoderado de la interviniente, e incluso por COLPENSIONES, respecto del derecho que le asiste a la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO, quedaron desvirtuados con cada una de las pruebas allegadas por la misma. Reconocimiento que en virtud de su integración al presente proceso, el derecho declarado por el a quo a la contraparte, quedo bajo objeto de pronunciamiento jurisdiccional, dentro del presente litigio. De allí que, establecidas las condiciones exigidas para hacerse beneficiaria de la sustitución pensional, no quedaron acreditadas a través de prueba recaudada. En ese sentido, y como la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO, le habían reconocido la sustitución pensional a través de la Resolución SUB 132380 de 21 de julio de 2017, en un porcentaje del 100%, cancelándose desde entonces el beneficio pensional, del cual se señaló en este proceso no ser beneficiaria, y no tener
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Radicación n.° 93085 derecho a la sustitución pensional, resulta procedente la facultad emitida a favor de COLPENSIONES, respecto de ejercer la acción que considere pertinente contra la misma, para obtener la devolución de las mesadas otorgadas a la señora CARVJAL
CASTAÑO.
Finalmente en grado jurisdiccional de consulta que operó no solo en favor de Colpensiones sino de Gloria Amparo Zapata Pereira, quien también elevó reclamación pensional como compañera permanente y se vinculó mediante curador, analizó que dada la imposibilidad y desconocimiento de su lugar de residencia para su notificación personal, no se obtuvieron pruebas que permitieran indicar que entre la mencionada y el causante se hubiera sostenido una relación marital durante los últimos 5 años anteriores a su deceso; que si bien se mencionó en las declaraciones la existencia de esta señora conocida de muchos años atrás, al haber sido una supuesta empleada doméstica de Otero, con quien hubo la posibilidad de que tuviera alguna relación afectiva, reflexionó que nada comprometía para indicar que durante los últimos años de vida del fenecido, aquella estuviera a su lado, como compañera permanente; incluso de la investigación administrativa adelantada por Colpensiones, se obtuvo que la señora se encuentra casada y sostiene una relación conyugal desde el año 2009 (f.° 218), situación que además se convalidó con la existencia de la copia del registro civil de matrimonio que fuera aportado al proceso a folios 168.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
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Interpuesto por Amparo Carvajal Castaño, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende de esta Corporación: […] la casación PARCIAL de la sentencia impugnada en cuanto confirmó la absolución a COLPENSIONES de la pensión de sobrevivientes a favor de mi poderdante y el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del a quo sobre la facultad que le asigna a COLPENSIONES para iniciar acción de lesividad o la que se considere pertinente en contra de mi representada; como juez de apelaciones, la Corte deberá REVOCAR la sentencia del a quo condenando a la pensión de sobrevivientes (sustitución pensional) en favor exclusivo de la interviniente, en los términos que por ley corresponda. Deberá proveerse sobre costas.
De manera subsidiaria, deberá casarse PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto confirmó el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del a quo sobre la facultad que le asigna a COLPENSIONES para iniciar acción de lesividad o la que se considere pertinente en contra de mi representada. Como juez de apelaciones, deberá REVOCARLA en ese aspecto. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar (Cuaderno digital de la Corte).
VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del Tribunal por: […] violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación
indebida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; en relación con los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993; artículos 11, 12, 13, 25, 50, 141, 142 ibídem; artículos 18 al 21 del C.S.T.; Artículos 40, 42, 48 y
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Radicación n.° 93085 53 de la Constitución Nacional; artículos 60 y 61 del C.P.T.S.S.; artículos 167, 176 y 191 del C.G.P.
Plantea como errores de hecho:
1. No dar por demostrado estándolo que la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero HEMBER OTERO
SALCEDO.
2. No dar por demostrado estándolo que la señora AMPARO CARVAJAL CASTAÑO convivió con el causante durante más de 5 años hasta el momento de su muerte.
Con ocasión de la apreciación errónea de las siguientes pruebas:
1. Folio 266 o 265. Digital, folio 74 del Tomo 2 de primera instancia. Se repite en varios sitios del expediente, especialmente en el archivo administrativo aportado por COLPENSIONES.
Resolución SUB 132380 de julio 21 de 2017. Reconoció en sede administrativa el derecho de la interviniente a la pensión de sobrevivientes.
2. Folio digital 2, Primera
Instancia_CuadernoPrincipalTomo2_Expediente P
INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN. Con membrete de
Gerencia de Reconocimiento. Investigación-Convivencia. Colpensiones. Departamento de Investigaciones-Consorcio Cosinte-RM Nit. 900947022-1.
3. Declaración rendida por los testigos arrimados por la
interviniente CARVAJAL CASTAÑO. Se considera que el Tribunal apreció toda la prueba arrimada por cuanto así lo manifestó de manera expresa en el texto de la sentencia. Para la demostración del cargo sostiene que, aun cuando en segunda instancia se concluyó que ninguna de las compañeras permanentes demostró la convivencia con fines del reconocimiento de la prestación reclamada discutida, se equivocó al desatender el contenido de la Resolución SUB
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Radicación n.° 93085 132380 de julio 21 de 2017 mediante la cual le fue reconocida por Colpensiones la pensión de sobrevivientes, expresando que el colegiado solamente la tuvo en cuenta para decir que le fue otorgado un derecho en sede administrativa pero que, a pesar de ello, no había podido acreditarse por vía judicial. Argumenta que de la documental se corroboró una convivencia con el causante espacio de 21 años entre 1994 y el 9 de junio de 2015 en que falleció el causante; que se publicó el correspondiente edicto emplazatorio sin que nadie se presentara y que, como compañera permanente, tenía derecho al reconocimiento del 100 %. Explica que, en ese contexto, lo que verdaderamente indica el documento, es que se trata de un acto administrativo respecto al cual se presume su legalidad y que demuestra que el ente pensional administrativamente le reconoció la calidad de beneficiaria, lo que no podía ser
desconocido en sede judicial. Alude que tampoco se tuvo en cuenta el informe técnico de investigación administrativa adelantado por Colpensiones en la que se indició como objeto analizar la situación de las tres señoras solicitantes que manifestaron convivir con el pensionado fenecido, dos de ellas con investigación previa adelantada. Describe que la prueba informa que,
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Radicación n.° 93085 […] para llegar a la conclusión de que el fallecido convivió durante 21 años con la señora AMPARO CARVAJAL hasta el momento de su muerte, se cotejó documentación, se realizó trabajo de campo y se realizaron múltiples entrevistas. Se entrevistó a AMPARO CARVAJAL; en labor de campo, se entrevistaron a ALICIA CAICEDO DE OROZCO y JAVIER ANTONIO GÓMEZ; telefónicamente, se entrevistaron a ANA MILENA CASTILLO ARANGO y MARÍA ELENA MONTOYA CHALARCA; finalmente, se conversó con LUIS OTERO VARALDE (sic), hijo del causante. Este último pudo referirse con conocimiento directo, sobre cada una de las reclamantes de la pensión de sobrevivientes. Además, se indica que hablaron con el vigilante de la zona donde residía la pareja y corroboró la convivencia. Asevera que lo que verdaderamente se extrae es que Colpensiones adelantó las averiguaciones pertinentes a través de diferentes medios probatorios a fin de constatar el derecho, por lo que, en su entender, era más que suficiente para afrontar el proceso judicial instaurado por Aleida Valencia Tonusco, debiendo ser esta persona quien debía
entrar a cuestionar y demostrar algún derecho sobre la prestación ya reconocida. Acusa igualmente la indebida apreciación de los testimonios de Ana Milena Castillo, Gloria Amparo Hernández Guerrero y Luis Otero Baraldi, aportado por la recurrente, para decir que, «Aunque no con la precisión deseada, indicaron la razón de su dicho e ilustraron sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se dio la convivencia de […] con el fallecido». Afirma que, la valoración realizada por el Tribunal desconoció los matices de esas declaraciones y se concentró más en las imprecisiones que en los aciertos cuando en todas
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Radicación n.° 93085 existe coincidencia sobre la real convivencia y sus carac
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