CSJ - SL2135-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2135-2023 Radicación n.° 94743 Acta 27 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso que le instauró AURISTELA ESTER JIMÉNEZ MASSI y al que fue vinculada en calidad de litis consorte necesario la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S. A.

Se reconoce personería al abogado Juan Francisco Hernández Roa, como apoderado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

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Radicación n. ° 94743

S. A., en los términos del escrito obrante en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Auristela Ester Jiménez Massi llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que fuera condenado al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al retroactivo correspondiente a partir del 23 de diciembre de 2016, junto con los intereses moratorios y la indexación, teniendo en cuenta para ello que el último salario devengado y el promedio de lo devengado en los últimos 10 años asciende a la suma de $5.400.000; así como

lo que resulte probado ultra y extra petita y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó los siguientes servicios: Entidad Fecha inicial Fecha final Total Hospital 28-05-1986 28-05-1987 1 año y 1 día Regional II nivel San Marcos Hospital 1-07-1988 9-03-2007 19 años, 2 Regional II nivel meses y 3 San Marcos días Independiente Marzo-2009 Agosto-2017 8 años 5 meses Que realizó los siguientes aportes a pensión:

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Radicación n. ° 94743 Entidad Caja-Fondo Días Semanas Hospital Cajanal 3.221 460.29 Hospital Porvenir 1.190 162.85 Hospital Horizonte 2.370 338.57 Hospital ISS 399 57.00 Independiente Colpensiones 2.970 424.28 Caja-Fondo Fecha inicial Fecha final Caja Nal Previsión 28-05-1986 27-05-1987 Caja Nal Previsión 1-07-1988 30-04-1996 Caja Nal Previsión 1-05-1996 30-06-1999 Caja Nal Previsión 1-07-1999 31-01-2006 Porvenir S. A. 1-05-1996 30-06-1999 Horizonte S. A. 1-07-1999 31-01-2006 ISS 1-02-2006 9-03-2007 Colpensiones Marzo-2009 Diciembre 2016 Total días Total semanas 10.099 1442.69 Aseguró que en la actualidad cuenta con 58 años.

Manifestó, que el 15 de junio de 2017, peticionó el reconocimiento de la prestación junto con el bono, la cual fue despachada desfavorablemente por Colpensiones a través de la Resolución n.° SUB 150023 del 8 de agosto de 2017, argumentando para ello la falta de requisitos básicos para el efecto y «tramitó el bono pensional». Relató, que contra el anterior acto administrativo interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente a través de las Resoluciones n.°

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Radicación n. ° 94743 SUB299295 de diciembre de 2017 y DIR1153 de enero 18 de 2018, arguyendo que la demandante cumplía con el requisito de la edad, pero no con la densidad de semanas exigidas. Indicó, que en cada una de las resoluciones expedidas por Colpensiones se hace alusión a un número diferente de aportes realizados y en todo caso el cómputo hecho por esta, no coincide con el tiempo trabajado. Acotó que, de acuerdo a las certificaciones laborales expedidas por el Hospital Regional de II nivel de San Marcos (Sucre), realizó contribuciones a pensión equivalentes a 7.129 días, para un total de 1018.41 semanas, además de que aportó de manera independiente por espacio de 10.099 días, para un total de 1442.69 septenarios. Informó, que de acuerdo a las constancias expedidas en especial las expedidas para el bono pensional, dadas por el Hospital Regional nivel II de San Marcos (Sucre), tan solo se presentó una interrupción laboral no remunerada desde el 6

de marzo de 2006 hasta el 3 de junio del mismo año, equivalente a 90 días. Anotó, que el último salario devengado ascendió a la suma de $5.400.000, monto que coincide con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años (f.° 1 a 4 del cuaderno principal). Colpensiones se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó que la demandante prestó servicios para

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Radicación n. ° 94743 el Hospital Regional de II nivel de San Marcos (Sucre), los aportes efectuados a la entidad de manera individual e independiente, las cotizaciones realizadas a la Caja Nacional de Previsión desde el 28 de mayo de 1986 al 27 de mayo de 1987 y del 1° de julio de 1988 al 30 de abril de 1996, la edad de la actora, la reclamación del reconocimiento de la prestación, la negativa de la misma, los recursos interpuestos y la resolución de los mismos, así como el monto del último salario devengado. Respecto de los demás manifestó no constarle. En su defensa propuso como excepciones de mérito las de inexistencia del derecho reclamado y la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y la genérica (f.° 85 a 96, ib.). El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante auto de 12 de septiembre de 2018, dispuso integrar al proceso a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. (f. ° 126). Porvenir S. A., frente a las pretensiones, argumentó que

la demandante no se encuentra afiliada a ella, por lo que la entidad llamada a resolverla es Colpensiones, toda vez que existe una migración válida de la actora a ésta última, el 1° de febrero de 2005, junto con todos los saldos acumulados en su cuenta individual de ahorro, incluyendo los rendimientos financieros. En cuanto a los hechos, aceptó que el Hospital Regional de San Marcos, Sucre, realizó pago de aportes pensionales a favor de la demandante hasta el mes

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Radicación n. ° 94743 de mayo de 2005, fecha en que se realizó el traslado de la señora Jiménez Massi a la citada administradora del RPMPD donde actualmente se encuentra adscrita; respecto de los demás manifestó no constarle o no ser ciertos. En su defensa propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia de derecho, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 140 a 154, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 14 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la señora AURISTELA JIMÉNEZ MASSI cumple a cabalidad con los requisito establecido en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 para adquirir la pensión de vejez, derecho que se estructuró a partir del 22 de diciembre 2016, fecha en que cumplió los 57 años y ya acreditaba haber cotizado al sistema pensional, y como estuvo cotizando hasta el

31 de agosto 2017 adquirió el derecho de dicha pensión a partir del 1° de septiembre 2017 en cuantía equivalente de $3.778.759 pesos, más la mesada adicional de diciembre tal como quedo establecido en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR a la administradora de pensiones Colpensiones a reconocerle y pagarle a la señora AURISTELA ESTHER JIMÉNEZ MASSI la pensión en los términos antes señalados y a pagarle el retroactivo pensional causado a partir del 1 de septiembre 2017 de forma vitalicia y mientras subsista el derecho, retroactivo pensional que para una condena en concreto liquidamos a 31 de enero de 2020, y que por concepto de mesada ordinaria suman un total $111.015.433.32, más la mesada adicional de diciembre de los años 2017, 2018 y 2019 suman un total $11.770.458.78.

TERCERO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a descontar del retroactivo de las mesadas ordinarias el 12% por cotizaciones de salud a cargo de la demandante que sobre el retroactivo aquí liquidado asciende a la suma de $13.321.852 quedando un saldo

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Radicación n. ° 94743 insoluto a pagar a favor de la demandante y a cargo de la demandada por concepto de mesadas ordinarias la suma de $97.693.581,32, valor al cual le sumamos las mesadas adicionales $11.770.458.78, nos da un saldo neto a pagar a 31 de enero de 2020 de $109.464.040.10, sin defecto de las mesadas

que se sigan causando hasta la inclusión en nómina de pensionados de la demandante.

CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocerle y pagarle los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir del 16 de octubre de 2017, tal como quedó expuesto en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada Colpensiones que denominó INEXISTENCIA

DEL DERECHO RECLAMADO Y LA OBLIGACION, COBRO DE

LO NO DEBIDO, PRESCRIPCION, COMPENSACION,

INNOMINADA Y GENERICA.

SEXTO: ORDENAR a Colpensiones a emitir el acto administrativo de reconocimiento y pago de la pensión en los términos antes señalados e incluirla en nómina de pensionados.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a Colpensiones por salir vencida en este Juicio.

OCTAVO: ABSOLVER a PORVENIR S.A de todas las pretensiones incoadas y por sustracción de materia nos abstendremos a pronunciarnos respecto a las excepciones planteadas por esta. (f.° 267-268, cuaderno del Juzgado).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandada Colpensiones y en grado jurisdiccional de consulta en favor de esta misma entidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 29 de octubre de 2021, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada por el Juzgado

Quince Laboral del Circuito de Barranquilla el catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020), en cuanto a su numeral primero, en el sentido que la mesada pensional para el año 2017 asciende a la suma de $3.778.759 (sic); y el numeral cuarto, para indicar

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Radicación n. ° 94743 que los intereses moratorios se generan a partir del 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció, que el problema jurídico a resolver era determinar si la demandante había acreditado los presupuestos para ser acreedora de la prestación de vejez. En tal virtud, precisó que quedó acreditado que la señora Jiménez Massi nació el 22 de diciembre de 1959, por lo que cumplió 55 años en la misma calenda del 2014, sin embargo, para ese momento ya se aplicaba el incremento en la edad, y obtuvo los 57 años el 22 de diciembre de 2016, fecha para la cual se encontraba cotizando a Colpensiones según la historia aportada al plenario, en la cual aparecen 1232,15 semanas cotizadas con la última efectuada en agosto de 2017. Dicha cantidad resultaba insuficiente para adquirir el derecho pensional, al exigir la Ley 100 de 1993 modificada por la 797 de 2003 para esa data, 1300 semanas. Adujo que, sin embargo, una vez examinadas las pruebas aportadas al plenario, entre las que se encontraba

la certificación de la E.S.E. Hospital Regional de II nivel de San Marcos, el certificado de información de tiempos cotizados a cajas públicas diferentes del ISS y el historial de vinculaciones de Asofondos, se pudo evidenciar que en la historia laboral de Colpensiones existían ciclos con días cotizados inferiores a los reportados, con la observación «valor devuelto del régimen de ahorro individual por pago al

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Radicación n. ° 94743 fondo, algunos con valor en la columna de cotización mora sin intereses», durante los cuales se acreditó que la actora mantuvo contrato de trabajo vigente entre 1998 y 2006. Señaló que, de acuerdo con los antecedentes normativos y jurisprudenciales, era claro que en cabeza de la AFP radicó la obligación de realizar las acciones de pago de los aportes a pensión al empleador ESE Hospital Regional de II nivel de San Marcos, en el momento de entrar en mora, y si existieron pagos incompletos mientras la actora estuvo inscrita a Porvenir S. A.; que ésta entidad administradora no podía asumir una actitud pasiva en la función de exigir al empleador el pago de las cotizaciones y beneficiarse de dicha actitud en detrimento del derecho del afiliado. Recalcó que si bien Colpensiones recibió de Porvenir S.

A. las contribuciones de la demandante al realizar el traslado de régimen, tal cual los había recaudado esta última, quien en su momento no realizó las acciones de cobro, lo cierto era que sobre la trabajadora no podía recaer las consecuencias de la falta de la acción coactiva, siendo que esas obligaciones

radicaban en cabeza de las AFP y eran éstas las responsables de reconocer las prestaciones ante la deuda del empleador, y que como Colpensiones es la entidad a la que se encuentra afiliada, era la responsable del pago de la prestación, sin perjuicio de las acciones que tuviera a su cargo. Acudió a las semanas en mora que sumadas a las ya reconocidas por Colpensiones, arrojaban un total de 1411,38

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Radicación n. ° 94743 semanas, que resultaban suficientes para adquirir el derecho a la prestación pretendida. Por todo lo anterior, concluyó que dicha prestación se causó a partir del cumplimiento de los 57 años, el 22 de diciembre de 2016, en tanto, para esa calenda, la actora ya contaba con las semanas requeridas, pero como continuó cotizando como independiente, la prestación debía pagarse a partir del día siguiente a su retiro del sistema o última cotización, 1° de septiembre de 2017, conforme el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. Procedió a la realización de los cálculos aritméticos de rigor y obtuvo que el monto de la pensión de vejez de la actora ascendía al 64,585 %, que al aplicarlo al IBL arrojaba una primera mesada, a 1° de septiembre de 2017, de $3.729.285,21, suma inferior a la calculada por el a quo, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta, modificó la decisión. En lo que a la prescripción, indicó que como la primera mesada pensional se causó en septiembre de 2017 y presentó

la demanda ordinaria laboral el 23 de abril del 2018 según acta de reparto, esto es dentro del término legal, la excepción no estaba llamada a prosperar. En lo que atañe a los intereses moratorios, adujo que la demandante presentó reclamación el 15 de junio de 2017, por lo que la demandada contaba con 4 meses para pagar la prestación, sin embargo, la actora no se había retirado del

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Radicación n. ° 94743 sistema, siendo su última cotización el 31 de agosto de 2017. Por lo tanto, se contaría a partir de esa data los 4 meses, generándose los mismos a partir del 31 de diciembre de 2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado, para en su lugar, absuelva a la administradora del RPMPD de todas las pretensiones incoadas en su contra o en el menor de los casos, ordene al fondo privado el traslado de las sumas no cobradas.

De manera subsidiaria, solicita que la Corte case parcialmente la sentencia del ad quem en lo que corresponde a la confirmación del pago de los intereses moratorios, para que una vez se constituya en sede de instancia revoque el numeral cuarto de la sentencia del a quo y absuelva a Colpensiones del reconocimiento y pago de dichas sumas. Con tal propósito formula dos cargos por la causal

primera de casación, los cuales fueron replicados y se pasan a estudiar.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 -al exceder el alcance del precepto-, yerro que lo condujo a la infracción directa del artículo 12 y 13 del Decreto 1161 de 1994 y 101 del CPACA, así como a la aplicación indebida de los artículos 9° de la Ley 797 de 2003, 142 de la Ley 100 de 1.993, 19 del CST, 1.609 y 1.965 del

CC. Para la demostración del cargo, señaló que no es motivo de controversia la edad de la actora y la acreditación de 1232 semanas en su historia laboral; la afiliación a Porvenir S. A. desde el 31 de julio de 1996 a febrero de 2005, entidad en donde efectuó aportes producto de la relación de trabajo con el Hospital San Marco de Sucre, misma que encontró efectivamente acreditada con las pruebas obrantes en el plenario; que no es beneficiaria del régimen de transición, por lo que el estudio de su prestación se efectuó correctamente conforme a la Ley 797 de 2003 y que se trasladó a Colpensiones en febrero de 2005, existiendo «periodos en mora entre esa data y 1998 (hacía atrás)», los cuales no fueron perseguidos por la administradora del RAIS, conforme a las facultades atribuidas en el artículo 24 de la Ley 100 de

1.993. Expuso, que reprochaba al Tribunal el excesivo alcance que le otorgó al artículo en cita, conforme al cual aceptó el

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Radicación n. ° 94743 incumplimiento de Porvenir S. A., en ejercer las acciones de coactivas, pero trasladó a Colpensiones las consecuencias de dicho incumplimiento, haciéndola responsable del reconocimiento de la prestación, teniendo en cuenta los periodos dejados de perseguir. Adujo, que erró gravemente el colegiado al considerar, pese a que encontró acreditado y no se discutió, que Porvenir

S. A., dejó de efectuar las acciones de cobro que le correspondía, que debía ser la administradora pública la que asumiera las consecuencias de dicha omisión, reconociendo la prestación y persiguiendo el pago de las contribuciones.

Arguyó, que al trasladarse la demandante del régimen de ahorro individual al de prima media, solo le remitieron a Colpensiones lo ahorrado en la cuenta y que al traducirse a semanas, sumaban un total de 1232, como lo aceptó el fallador y no se discutió. Mismas que resultaban insuficientes para acreditar el reconocimiento de la prestación de conformidad con la Ley 797 de 2003 - como también lo adujo el Colegiado. Advirtió, que de conformidad con lo señalado por el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, la administradora donde se encontraba inscrita la trabajadora, víctima de la ausencia de pago de sus cotizaciones, debía iniciar las

acciones coactivas dentro de los tres meses contados a partir de que inició la mora, lo que estructuraba un tipo de caducidad expresamente consagrada en esa norma. Una vez iniciado el trámite dentro de los términos, este debía concluir

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Radicación n. ° 94743 con la elaboración de la liquidación del pasivo que constituía el título ejecutivo apto para efectuar el cobro, labor que, a su vez, generaba resolución indispensable para iniciar la cobranza reclamada por el artículo 101 del CPACA. Precisó que, si este no se inició dentro de los términos establecidos por la ley (3 meses) no sería posible hacer la liquidación del crédito a cargo del empleador moroso y por lo tanto, tornaba la obligación en imposible de cobrar coactivamente por parte de Colpensiones, quien debía reconocer una prestación y terminar financiándola con los dineros del fondo común de los demás afiliados al régimen. Refirió, que el traslado del RAIS al RPMPD, constituía una cesión de obligaciones y créditos. Que dichos créditos no serían otra cosa que el monto de los aportes captados por la entidad cedente que se trasladaban a la cesionaria con sus rendimientos e intereses. Sin embargo, cuando existían cotizaciones pendientes por pagar sin que la entidad cedente hubiera surtido los pasos necesarios para cobrar los aportes no sufragados como era su obligación, ya caducaba para la cesionaria la posibilidad de realizar dichos cobros, la obligación de asumir las obligaciones derivadas del pago efectivo de aquellas simplemente desaparecería para la

cesionaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 1965 del CC. Aludió, que como el crédito ya era inexistente al momento de la cesión, precisamente por la ausencia de cobro de las cotizaciones en mora, Porvenir S. A. no lo transfirió y

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Radicación n. ° 94743 mal podía asumir las consecuencias de ello y reconocer una prestación, que no cumplía con el requisito de densidad de aportes, mucho menos con el valor de estas para financiarla. Le correspondía al fallador en todo caso y con ocasión de la omisión que aceptó en cabeza del fondo, hacerlo responsable por dichas sumas, de ser necesario, con su propio patrimonio. Adicionó, que existieron diferentes mecanismos para que durante el periodo de afiliación de la actora al fondo privado se hubieren podido cobrar dichas contribuciones; que si Porvenir S. A. hubiere actuado de manera acertada, de acuerdo con lo advertido en el artículo 12 del Decreto 1161 de 1994, habría tenido que informar a la reclamante que se había dejado de efectuar unos pagos y esta a su vez, habría podido poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo el asunto, con miras a corregir la ausencia de aportes. Manifestó, que ante la imposibilidad de tener por acreditadas todas las semanas en la historia laboral de la reclamante, de efectuar las acciones de cobro a la fecha y de asumir el pago de la prestación sin duda alguna se había generado por la omisión de Porvenir S. A., de ejercer todas las acciones que tenía -por determinado tiempopara

perseguir los dineros. Estimó, que no desconocía la conclusión a la que arribó el sentenciador respecto a la imposibilidad de trasladar los efectos de la mora en las cotizaciones y la ausencia en el ejercicio de la acción de cobro a la reclamante, de acuerdo

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Radicación n. ° 94743 con lo advertido por esta Corporación, entre otras providencias, en la aducida por el sentenciador para respaldar la sentencia reprochada (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 44202). Sin embargo, ello tampoco significaba que como administradora del régimen de prima media, obligada a recibir las contribuciones y activar la afiliación de la actora, debía reconocer una mesada pensional sin el lleno de requisitos legales, máxime si la ausencia de los aportes se atribuía única y exclusivamente a la ausencia en el ejercicio del deber por parte de Porvenir S. A. de cobrar los dineros que fueron dejados de cobrar por el empleador.

VII. RÉPLICA La señora Auristela Ester Jiménez Massi, manifiesta que el cargo se ha planteado con deficiencias de orden fáctico y probatorio.

Alega, que el recurrente se limitó a señalar el por qué se debe acoger sus pretensiones en casación, sin tener en cuenta el sustento jurídico base de sus pretensiones. Que tampoco señala el por qué sus argumentos debían ser acogidos por esta Corte, ya que la jurisprudencia relativa al tema que se debate ha sido clara en señalar que la deuda del empleador no puede ser cargada al beneficiario de la

pensión, pues las administradoras tienen sus medios y la obligación de hacer el cobro respectivo.

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Radicación n. ° 94743 Resalta, que el artículo 1965 del CC fue mal interpretado por la censura, ya que el crédito en efecto le pertenece a Porvenir S. A. al momento del traslado a Colpensiones y que si ese crédito tuviese vicios, hubiese caducado o estuviese prescrito no era cuestión para ventilar en este juicio, ni mucho menos sería una circunstancia que se debía cargar al afiliado futuro beneficiario. Adiciona que no se puede hablar de inexistencia del crédito en cuestión cuando el mismo reposaba en cabeza de Porvenir S. A. quién lo trasladó a Colpensiones. A su turno la AFP Porvenir S. A. sostuvo que quien debía cubrir las secuelas dañinas de su negligente actuar era el empleador y más cuando su obrar no se alejó del marco conceptual establecido por ésta Corporación en aquel entonces. Expresa, que es indudable que no por el hecho de que el empleador reconozca los intereses moratorios que establece la ley cuando deposite tardíamente los aportes a la seguridad social con ello se exime de que se le impongan otras sanciones, entre las cuales, desde luego, está la de atender con sus propios recursos el siniestro no asumido por dicho sistema a causa del retardo patronal en la consignación de las cotizaciones, reiterando que tal pago es un deber forzoso del aludido empleador y quien lo ha de acatar en forma oportuna y permanente durante toda la

vigencia del nexo laboral.

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Radicación n. ° 94743 Asegura que, de acuerdo al artículo 1609 en concordancia con el artículo 259 numeral 2° del Código Sustantivo del Trabajo, fácilmente se entiende que las pensiones sólo se subrogarán en el sistema de seguridad social cuando el empleador se someta a todo aquello que la ley le haya exigido para tal efecto, viniendo como derivado de su desobediencia que tenga que responder con su propio patrimonio por todo lo que el dicho sistema de seguridad social no erogue a causa del atraso en la cancelación de los aportes.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de la aplicación indebida del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 - al exceder el alcance del precepto -, 9° de la Ley 797 de 2003, 142 de la Ley 100 de 1.993, 19 del CST, 1609 y 1965 del Código Civil y la infracción directa del artículo 12 y 13 del Decreto 1161 de 1994 y 101 del CPACA.

En la demostración del cargo, advierte que dicho cargo se formula en el evento de que el cargo principal no salga avante. Asegura que, desde sentencia CSJ SL787-2013, no había lugar a la imposición de los intereses moratorios, cuando se encuentre plenamente justificado la negación del derecho invocado, bien sea porque la entidad hubiera

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Radicación n. ° 94743 actuado con pleno respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en su momento pueda darse por las autoridades judiciales en su interpretación de las normas sociales. De otro lado, señala que la regla general es que estos se causan por el retraso en la concesión o pago de la pensión, sin embargo, se contemplan algunas excepciones, como por ejemplo: (i) Cuando la entidad tiene que desplegar una actuación administrativa que le permita establecer verdades en torno a la causación del derecho; (ii) Cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y en el que se adopta la decisión judicial (sentencia SL4754-2019); (iii) Cuando el reconocimiento obedece a un criterio de creación jurisprudencial y (iv) Cuando se actúe en cumplimiento estricto de la norma. Refiere que, como este evento particular, no se discute y así fue enunciado por el Tribunal que la actora acreditó 1232 semanas, que estuvo afiliada a Porvenir S. A. desde el 31 de julio de 1996 a febrero de 2005, entidad que recibió los aportes de la relación laboral con el Hospital San Marcos,

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Radicación n. ° 94743 mismos que se trasladaron a Colpensiones, existiendo periodos no pagados ni cobrados por el fondo entre 1998 y 2005, no dando cumplimiento a las 1300 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, norma aplicable al no ser la actora beneficiaria del régimen de transición.

Seguidamente, refuta que la negativa de reconocer la prestación de vejez reclamada por la actora, tuvo lugar a partir de una aplicación minuciosa de la ley, haciendo hincapié en que las cotizaciones solo se alcanzaron en el proceso, cuando el sentenciador dispuso que la ausencia en las acciones de cobro de Porvenir S. A., no podían trasladarse a la actora y sin mayores motivaciones ni respaldo legal, le traslado el deber a Colpensiones -que por demás ya caducó conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, denunciado como infringido directamente-, de reconocer la prestación y luego recobrar los aportes en mora. Concluye que, la negativa en reconocer la prestación no respondió a un capricho, ni a tozudez de la administradora, mucho menos al incumplimiento de la norma, por el contrario, se ciñó tanto a ella que encontró un incumplimiento en los requisitos exigidos para causar la prestación, por lo que resultaría excesivo por demás, condenarla al pago de una deuda que no existe.

IX. RÉPLICA

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Radicación n. ° 94743 La señora Auristela Ester Jiménez Massi, manifiesta que el cargo se ha planteado con deficiencias de orden fáctico y probatorio. Adujo que, el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 establece los intereses en caso de retardo en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, lo que tiene sustento en los criterios técnicos actuariales que deben

aplicarse en todos los casos en que deban reconocerse prestaciones económicas, sobre todo las de tracto sucesivo. En cuanto a la aplicación indebida del artículo 24 de la Ley 100 de 1.993, refiere que sus efectos, alcance y replica quedaron debidamente expuestos en el contenido de lo esbozado en cuanto al primer cargo, por lo que consideró no ser pertinente consignarlo nuevamente. Concluyó que el fallo proferido en segunda instancia se encuentra ajustado a derecho y se debe mantener en su integridad.

X. CONSIDERACIONES El recurso extraordinario de casación debe reunir unas reglas adjetivas para su planteamiento y posterior demostración, a efectos de ser estudiada de fondo, siendo necesario, conforme a las reglas procesales que la gobiernan, el cumplimiento de ciertos requisitos de técnica que de no acreditarse conducen a que el recurso sea infructuoso.

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Radicación n. ° 94743 También se ha dicho, que este medio de impugnación no le otorga a la Corte competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, puesto que la labor se limita a enjuiciar la sentencia, con la finalidad de establecer si en esta se incurrió en algún yerro, ya sea jurídico o fáctico, que amerite el quiebre de esa decisión. Lo expuesto, en atención a que, en el alcance de la impugnación se solicita de manera principal, casar parcialmente la sentencia del Tribunal, para que en sede