CSJ - SL2136-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2136-2023 Radicación n.° 95879 Acta 27 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MELQUISEDEC VÉLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Melquisedec Vélez llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión vejez con fundamento en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, a partir del 16 de junio de 2010 junto con el retroactivo pensional.

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Radicación n.° 95879 Fundó sus peticiones, básicamente, en que nació el 16 de junio de 1950, en el municipio de Calima (Valle del Cauca) y cuenta con 69 años; que para el 1º de abril de 1994, tenía 43 de edad y 311 semanas cotizadas, sin contar con el tiempo de servicios que prestó en la Caja Agraria, del 12 de mayo de 1971 al 1º de agosto de 1994 y en la Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente (Cafioccidente), desde julio de 1967 hasta noviembre de 1970, entidades que tenían la

obligación de afiliar a sus trabajadores; que también laboró para la empresa privada denominada Integral Ltda. Servicios y Suministros, para un guarismo de 165 septenarios. Dijo, que fue beneficiario del régimen de transición, el cual conservó para cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, pues para esa época había cotizado más de 750 semanas que corresponde a la sumatoria de los tiempos públicos y privados y tenía 55 años; que cumplió con los requisitos del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 para optar a la pensión de jubilación; que el 18 de octubre de 2016, solicitó a la convocada el reconocimiento de la misma y aportó a su vez para el cobro coactivo las respectivas certificaciones que daban cuenta de los periodos laborados con las entidades mencionadas o en su defecto para que desplegara la petición de redención de bono pensional que correspondiera. Indicó, que trascurrido más de dos años sin obtener respuesta de la demandada, el 13 de febrero de 2019 incoó una acción constitucional y en virtud a ella por Resolución n.º 2018_15325431 se le negó la prestación perseguida con

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Radicación n.° 95879 el argumento de que «la liquidación y cobro de bonos pensionales, se dan luego del reconocimiento de la prestación», cuando es necesario que este se liquide para acreditar el número de cotizaciones y cumplir con la densidad requerida para el amparo del régimen anterior (f.º 80 a 93, del cuaderno principal).

Colpensiones, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de natalicio del demandante y la expedición del acto administrativo por medio del cual resolvió la solicitud del actor. Sobre las demás afirmaciones indicó que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de causa para demandar, prescripción, buena fe, inexistencia de intereses moratorios e indexación, compensación y la genérica o innominada (f.º 98 a 107, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 17 de junio de 2020, (f.º 127 a 129, en lo que respecta al acta y CD, del cuaderno principal), dispuso: PRIMERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a corregir la historia laboral del señor MELQUISEDEC VÉLEZ e incluir el periodo comprendido de agosto de 1996 y el 30 de septiembre de 1999 con un salario de $300.000 m/cte.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de causa para demandar prestación pensional solicitada y se declaran no probadas las excepciones de buena fe, inexistencia de intereses moratorios e indexación, compensación o genérica.

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Radicación n.° 95879

TERCERO: ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de las solicitudes incoadas en su contra por parte del señor MELQUISEDEC VÉLEZ en el proceso.

CUARTO: COSTAS. Lo serán a cargo de la demandada

COLPENSIONES. Tásense conforme el Acuerdo SAA16-10554 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura en la suma de SMLMV.

QUINTO: Si no es apelada esta decisión se dispone consultarla ante al H. Sala Laboral del Superior del Distrito Judicial de Bogotá conforme el artículo 69 del C.P.L.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 30 de noviembre de 2021 (f.º 140 a 144, del cuaderno principal), confirmó la sentencia del a quo.

En virtud al principio de consonancia, determinó como problema jurídico a definir si a aquél le asistía el derecho a que el tiempo laborado en la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del 12 de mayo de 1971 al 1º de agosto de 1974, se contabilice y con ello establecer si era beneficiario o no del régimen de transición, y en caso positivo, precisar si le asistía o no al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme a lo establecido en la Ley 71 de 1988. Destacó, que no realizaría pronunciamiento alguno en relación al servicio prestado por el actor y no cotizado para el empleador Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle, entre julio de 1967 y 9 de noviembre de 1970, el cual

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Radicación n.° 95879 no tuvo en cuenta el a quo para realizar el computo de semanas, en tanto que no fue objeto apelación.

Del cómputo de semanas

1. Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación Refirió que en la demanda se predicó que el actor laboró para esa entidad entre el 12 de mayo de 1971 al 1º de agosto de 1974 y que, como pruebas relevantes para tal efecto, se allegaron al proceso: i) Certificación expedida por la Caja Agraria, en la que se precisó que laboró para ella mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 12 de mayo de 1971 hasta el 1° de agosto de 1974 (f.º 19); ii) Comunicación de 7 de febrero de 2008, expedida por esa misma entidad, en la que se le informó al accionante, entre otros, que: Es decir que el periodo que Usted laboró en la Caja Agraria y en los cuales no se haya cotizado al I.S.S., Usted tiene derecho al bono pensional que por ley solo se reconoce y se cancela al I.S.S. o a un Fondo Privado de Pensiones, en el momento en que alguna de estas Entidades lo vaya a pensionar, esto es, cuando Usted cumpla los requisitos de ley para tener derecho a la pensión (...)»

(f.º 17 a 18). Recordó, lo expuesto en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, que exige 60 años, si es hombre, y 20 de aportes sufragados en cualquier tiempo en el ISS y en el sector

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Radicación n.° 95879 público, ya sean cotizados o no en entidades de previsión social y, rememoró sobre el tema lo dicho en la sentencia CSJ SL1981-2020. Advirtió, acorde con lo anterior, que en este asunto se

debía tener en cuenta dentro del cómputo de semanas, el periodo laborado por el accionante en la Caja Agraria, aun cuando no se haya efectuado cotizaciones en los términos certificado por esa entidad, pues no se podía desconocer los lapsos de servicios prestados por un trabajador en una entidad pública que no realizó contribuciones al ISS, por falta de cobertura, toda vez que existe dentro del ordenamiento jurídico mecanismos para la financiación de aquellos interregnos sin cotización, como lo son los bonos pensionales o cuotas partes. Señaló, que por dicho periodo laborado no cotizado correspondía a 165,57 semanas.

2. Integral Ltda.

Indicó, que el actor adujo, en el libelo demandatorio, que laboró para la citada empresa entre el 1º de agosto de 1996 al 30 de septiembre 1999 y, que ante la demandada radicó los documentos respectivos sin que se haya iniciado las acciones de cobro coactivo pertinentes contra esa sociedad. Adujo, que:

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Radicación n.° 95879 i) en el expediente administrativo, obraba copia de la liquidación del contrato efectuado por dicho empleador, por el interregno comprendido entre el 1º de febrero de 1996 y el 30 de septiembre 1999; y ii) conforme al reporte de semanas expedido por Colpensiones, el 31 de diciembre de 2014, aparece afiliación en febrero de 1996 y en agosto de 1996 hasta septiembre de 1999, y registra observación «su empleador presente deuda por no pago». Anotó, que no existía dentro del referido expediente

actuación alguna por parte de la convocada tendiente a obtener algún tipo de gestión frente al empleador moroso y contrario a ello, se patentizaba inconsistencias en las historias laborales del actor y, que en el reporte de semanas cotizadas, de 9 de agosto de 2019 (f.º 113 a 117), fueron suprimidos aquellos periodos en mora, sin que la demandada hubiese acreditado, de manera clara, porqué fueron eliminados, cuando le atañía el deber legal de tener la custodia de los aportes efectuados a favor del afiliado, máxime que el interesado evidenció las imprecisiones en su historia laboral, debiendo la entidad verificarlas y no aducir la inexistencia de afiliación al sistema, cuando en realidad existió y sin que se realizara el correspondiente recobro. Asentó, que la Corte en sus pronunciamientos, ha admitido los argumentos expuestos, estableciendo que cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de

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Radicación n.° 95879 cotizaciones, la información allí plasmada se presume cierta y veraz, a la vez es vinculante. Dijo, que: […] no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada. Ya que al hacerlo transgrede la confianza depositada por los afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social le son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos (SL 51702019). Recordó lo dicho en la CC T343-2014, sobre el deber de

custodia, conservación y guarda de la información concerniente al SSSI, definiendo que: […] como las entidades administradoras de fondos de pensiones, sin excepción, tienen a su cargo el manejo de las base datos contentivas de la información que comprende la do la historia laboral de los afiliados, tiene el deber de garantizar el adecuado manejo y conservación de los datos correspondientes a aquellos, a tal punto que puedan entrar a responder por una determinada prestación económica, cuando quiera que no aportan los elementos de juicio suficientes que justifiquen un cambio brusco en dicha información, o que simplemente no justifique su pérdida total, o parcial y, en general, deterioro. Determinó que, en concordancia con lo señalado por el a quo, se debían computar dentro de la historia laboral del demandante los ciclos 08-1996 a 09-1999, los cuales corresponden a 162,71 semanas cotizadas. Del régimen de transición

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Radicación n.° 95879 Evocó, que conforme el artículo 36 de la Ley100 de 1993, se debe cumplir con los requisitos de edad mínimos exigidos tratándose si es hombre o mujer (40 o 35 años, respectivamente), o el de tiempo cotización o prestación de servicios, todos ellos verificables al momento de entrar en vigencia dicha ley (1° de abril de 1994). Señaló, que para esa data el actor contaba con más de 40 años, puesto que su natalicio ocurrió el 16 de junio de 1950 (f.º 9), por lo que precisó que, en principio era beneficiario del sistema anterior. Trajo lo expuesto en el parágrafo transitorio 4º, del Acto

Legislativo 01 de 2005, en punto a que este régimen de transición no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para las personas que tuviera en su haber 750 semanas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigor de dicho mandato constitucional, a quienes se les mantendría el referido régimen hasta diciembre de 2014. Concluyó que, acorde con lo discurrido, el señor Melquisedec Vélez no conservó la transición, por lo que no era acreedor de la prestación perseguida, puesto que, cuando entró en vigencia el citado acto legislativo no contaba con las 750 semanas cotizadas, toda vez que según la documental de f.º 113 a 117, registraba 713,73, incluyendo las 168,14 septenarios que laboró para la Caja Agraria, y los ciclos 081996 al 091999, que no fueron contabilizados por encontrarse en mora y que fueron excluidos, que ascienden

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Radicación n.° 95879 a 165 semanas, por lo que el mismo no se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Melquisedec Vélez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primera instancia, y se reconozca la pensión de vejez conforme a la Ley 71 de 1988 o el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de

transición, en atención al principio de favorabilidad. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se pasan a estudiar en forma conjunta porque persiguen complementarios propósitos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, por «infracción directa» la sentencia impugnada por ser violatoria de la ley, a consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 11 y 281 del CGP, 21 del CST, 13, 29, 43, 48 y 53 de la CP, 7° de la Ley 71 de 1988, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 1°, 2°, 3°, 11, 31, 33, 35, 36, 48, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, Acto Legislativo 01 de 2005 y 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Radicación n.° 95879 En la demostración del cargo dice que combate la conclusión del ad quem de la falta de apelación sobre la negativa del a quo de tener en cuenta el tiempo de servicios a la Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente, entre julio de 1967 a 9 de noviembre de 1970, cuando la realidad procesal es otra, puesto que desde la demanda y de las sucesivas intervenciones orales y escritas, se enfatizó sobre la necesidad de reconocer aquel tiempo, incluyendo en los alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia, se hizo alusión a ese tema y reprodujo lo que en esa oportunidad se plasmó. Destaca, lo consagrado en el artículo 281 del CGP, y el

aforismo que dice “dadme los hechos y yo os daré el derecho”, como también lo establecido en el 66A del CPTSS, que regula la consonancia, y dice que tal regla debe ceder ante lo dispuesto en los preceptos 11 y 281 del Estatuto Procesal Civil, por los intereses que abriga el derecho pensional y su carácter fundamental e irrenunciable. Exalta, que dicha posición ha sido acogida en las sentencias CC T-699-2017 y CSJ SL3210-2016, en cuanto a las implicaciones del principio de consonancia de cara a las garantías y beneficios reconocidos a los trabajadores o afiliados, acopiando las partes pertinentes de estas providencias. Pone de presente lo expuesto en los hechos segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo de la demanda, para

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Radicación n.° 95879 mostrar que, para hacerse acreedor de la prestación pensional, reclama los lapsos laborados en la citada Cooperativa con independencia de la mención general que se hizo al interponer y sustentar la apelación, y que si bien no se refirió expresamente aquel interregno era importante para la sumatoria de la densidad exigida por la ley y reproduce los aludidos hechos. Insiste, que el periodo prestado en aquella siempre fue objeto de controversia judicial, en tanto que este tiempo le servía para el propósito perseguido, esto es, la prestación económica que reclama, sin que se aprecie una conducta procesal de abandonar tal reclamo por ese periodo. Reitera, que pese a que el mandatario judicial en ese entonces al sustentar la apelación haya pasado deprisa el

lapso prestado en la entidad solidaria no es menos cierto que el motivo del recurso fue el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el derecho pensional, para lo cual se instó en los momentos por él laborados y las cotizaciones efectuadas al régimen de prima media con prestación definida. Dice que solo bastaba con mencionar que recurría la decisión del juez singular por ser contraria a las pretensiones de la demanda, pero siempre con la vista puesta en los tiempos laborados para la Caja Agraria y la Cooperativa. Acentúa, que en la intervención de la audiencia se defendió su situación jurídica, se refutó la decisión del a quo, ya que la petición se sustentaba en el reconocimiento de aquellos

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Radicación n.° 95879 interregnos los cuales se encuentran demostrados en el proceso. Anota, que la materia del recurso fue el derecho a que le asistía a la pensión y la circunstancia de no haberse hecho mención puntual al período laborado por la Cooperativa, constituía una razón más para optar en forma favorable a esa pretensión, en tanto que: […] no suponía un desafuero al principio de consonancia de la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, no limitaba al superior para pronunciarse acerca de la mentada circunstancia; más aún cuando tal aspecto tocaba el fondo del asunto objeto del proceso, vinculado con el derecho pensional. Lo anterior sin dejar al lado la competencia funcional del superior no se circunscribe a los argumentos que el recurrente expuso para sustentar el recurso, sino al objeto del recurso y del fondo del asunto litigioso, para lo cual, sin hesitación alguna al

respecto, inexorablemente debe dar aplicación a las normas que en el particular caso lo gobierna y dar la solución jurídica más apropiada. (Resaltado y subrayado en el texto). Dice, que el ad quem desconoció lo dispuesto en el artículo 11 del CGP, según el cual el juez debe abstenerse de exigir formalidades innecesarias, por lo que lo expuesto por dicho funcionario constituye un «exceso de ritual manifiesto a la hora de analizarse el alcance de la impugnación de la sentencia de primera instancia» y sacrificó lo que representaba el derecho pensional (demanda de casación, expediente digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa, por «infracción directa» la sentencia acusada por ser violatoria de las normas de derecho sustancial, a

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Radicación n.° 95879 consecuencia de la «interpretación errónea» de los artículos , 21 del CST, 13, 29, 43, 48 y 53 de la CP, 71 de la Ley 71 de 1988, 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), 1°, 2°, 3°, 11, 31, 33, 35, 36, 48, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, Acto Legislativo 01 de 2005 y 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los precedentes fijados en las providencias CC C-789-2002, CC T021-2013, CC SU-769-2014, CC T-370-2016, CC T-5222020, CSJ SL1457-2014, CSJ SL1457-2014 y CSJ SL19812020. Trae a colación el razonamiento expuesto por el Tribunal que lo llevó a concluir por qué no conservó el régimen de transición de cara a lo expuesto en el Acto Legislación 01 de 2005 y arguye que es desafortunado su análisis debido al carácter fundamental, universal e irrenunciable que tiene la pensión así como al principio según el cual el trabajo constituye la esencia del derecho a esa prestación, por lo que las cotizaciones al RPMPD y el tiempo de servicios prestados al sector público son acumulables no solo para lograr la extensión del régimen de transición sino para acreditar las semanas exigidas por la ley y se apoya en lo dicho al respecto en las sentencias CSJ

SL4457-2014, CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020.

Refiere, que en su caso nació el 16 de junio de 1950 y para el 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años, por lo que era inicialmente beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia le era aplicable, ya sea, la Ley 71 de 1988 o el Decreto 758 de 1990,

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Radicación n.° 95879 lo que era incontestable que el tiempo servido a Cafioccidente, de julio de 1967 a 9 de noviembre de 1970, equivalente a semanas para efectos pensionales, debían reconocerse para la prolongación de dicho beneficio en los

términos del parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005. Precisa, que si se incluye a los tiempos laborados y reconocidos tanto por el a quo como por el ad quem, el correspondiente al prestado en Cafioccidente, resultaba incuestionable que contaba con más de 750 septenarios, lo que le permita que el derecho transicional se le extendiera hasta diciembre de 2014. Refiere, que es protuberante el yerro del juez de la alzada, al no considerar por la vía que fuera, el interregno trabajado y acreditado con la citada Cooperativa, que no tiene manto de duda y con el cual se demuestra la densidad de cotizaciones exigidas para extender la transición, por lo que si para el 29 de julio de 2005, tenía en su haber 713.73 semanas y se le adiciona los ciclos de julio de 1967 a noviembre de 1970, refulgía la acreditación de las cotizaciones requeridas para que se le extendiera el mismo como erradamente lo entendieron los jueces de las instancias. Detalla que, conforme a esto último, el asunto litigioso debía ventilarse por el sendero de la Ley 71 de 1988 o bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, siendo este más beneficioso en razón a la tasa de reemplazo. Reitera, a lo largo

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Radicación n.° 95879 del cargo el cumplimiento de la densidad de semanas, advirtiendo que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, cotizó al ISS y prestó sus servicios al sector público, por lo

que resulta aplicable a su caso el citado acuerdo. Indica, que acorde con las normas que gobierna la transición pensional, es decir, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 4° transitorio del A. L. 01 de 2005, 7° de la Ley 71 de 1988 y 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, así como las demás normas denunciadas, pone en evidencia el grave error interpretativo en incurrió el juez de apelación, pues omitió pronunciarse y con ello, el no tener el tiempo laborado en la Cooperativa como acumulable para conservar el beneficio de la transición, terminó afectando su derecho a la prestación económica pretendida. Recuerda que el mismo tiene como característica la protección de la expectativa pensional de los afiliados, el cual no puede ser afectado por el ingreso al tráfico jurídico de normas restrictivas, por imposición de nuevos derroteros de tiempo o edad, lo cual permitía que pudieran gozar de las prerrogativas del sistema bajo el cual venían vinculados. Trae lo expuesto en la sentencia CC C-789-2002, sobre la transición pensional, en la que se advirtió que se trata de: […] un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplidos los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por

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estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo. Refiere, que contaba con la edad para ser beneficiario del sistema previo y con las cotizaciones requeridas para su conservación hasta diciembre de 2014 y que ante la conclusión del ad quem en punto a que no estaba cobijado por ese régimen, erró en entendimiento de las normas denunciadas al limitar su beneficio solo hasta el 31 de julio de 2010, siendo un desafuero que lesiona su derechos y garantías de obtener y de gozar de una pensión, así como el desconocimiento de las normas que se enlistaron como infundidas por el Tribunal, «debacle a la cual arribó a consecuencia de la errada interpretación de los contenidos normativos que disciplinan el régimen transicional en Colombia». Expresa, que para el 31 de diciembre de 2014, ya contaba con el tiempo y la edad para hacerse acreedor de la pensión pretendida, contenida en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, cuyo texto trascribió, puesto que cumplió los 60 años el 16 de junio de 2010 y para cuando expiró el beneficio de la transición, contaba con más de 20 de aportes, es decir, con 1028 semanas, la cual se deriva de la situación factico jurídica antes descrita. Señala que si no cumple con las exigencias de la citada ley se deba aplicar el Decreto 758 de 1990, por ser el régimen que le resulta más favorable, en razón a la tasa de reemplazo, respecto de la cual reprodujo el precepto 12, máxime que

para cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, venia cotizando

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Radicación n.° 95879 al ISS, en tanto que cumplía con 60 años y 500 semanas durante los ultimo 20 años anteriores a la satisfacción de la edad o 1000 en cualquier tiempo, para lo cual es acumulable el periodo de servicios a entidades públicas y privadas, por lo que es innegable el reconocimiento a la pensión de vejez y cita las sentencias CC SU-769-2014, CC T-370-2016, CC T522-2020 y CC T-021-2013. Precisa, que tiene en su haber 1041,85 semanas incluyendo las de Cafioccidente, por lo que sin duda alguna le asistía el derecho a la pensión (demanda de casación, expediente digital de la Corte).

VIII. CARGO TERCERO Atribuye, la infracción indirecta a la sentencia fustigada, por ser violatoria de las normas sustanciales, a causa del error de hecho por falta de apreciación de un medio calificado de prueba y la estimación errada de otros probanzas, por el desconocimiento de los artículos 21 del CST, 13, 29, 43, 48 y 53 de la CP, 71 de la Ley 71 de 1988, 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), 1°, 2°, 3°, 11, 31, 33, 35, 36, 48, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, Acto Legislativo 01 de 2005 y 22 y 25 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos.

Aduce como errores de hecho los siguientes:

1. Haber dado por demostrado, sin estarlo que el actor MELQUISEDEC VÉLEZ no reunía los requisitos para mantener el régimen de transición hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el demandante MELQUISEDEC VÉLEZ no había cumplido los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión por aportes, bajo el RÉGIMEN DE TRANSICIÓN dispensado por la LEY 71 DE 1988 o a la PENSION DE VEJEZ de que trata el DECRETO 758 DE

1990.

3. No haber dado por demostrado, que el demandante MELQUISEDEC VÉLEZ, había prestado sus servicios para la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE (CAFIOCCIDENTE) en el ciclo JULIO DE 1967 A

NOVIEMBRE DE 1970.

4. No haber dado por demostrado, estándolo, que el tiempo laborado durante el ciclo JULIO DE 1967 A NOVIEMBRE DE 1970, prestados por el actor a la COOPERATIVA DE

CAFICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE

(CAFIOCCIDENTE), podía acumularse para efectos del tiempo requerido por la ley, tanto para la EXTENSION DEL REGIMEN DE TRANSCIÒN, como para ser acreedor de la prestación pensional reclamada, bajo el mismo. (Mayúsculas y resaltado en el texto). Reseña como medio probatorio dejado de estimar i) el

documento calendado 21 de abril de 2015, emitido por la Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle (Cafioccidente), en el que certifica que laboró entre julio de 1967 y el 9 de noviembre de 1970, la ausencia de afiliación (f.º 22), y ii) la demanda. Como pruebas valoradas con error señala i) el Documento BZ2G18 15409670-3724828 del 4 de diciembre de 2018 (f.º 62 a 65); ii) las Resoluciones n.º GNR 35209 de 2017 y n.º SUB 75653 de 209 (f.º 69 a 77) y iii) el reporte de semanas cotizadas (f.º 113 a 117). Aduce que respecto al medio de convicción dejado de apreciar por el ad quem, expedido por la mencionada Cooperativa que da cuenta del tiempo de servicios que prestó

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Radicación n.° 95879 a la misma y la ausencia de la obligación de afiliación, documento que emana de un tercero, que no fue tachado por la convocada, que mencionado en la demanda y decretado como prueba en la audiencia, constituía una obligación para el juez de alzada valorarlo en su contenido, el cual era trascendente para la extensión del régimen de transición y por lo mismo para el reconocimiento de la prestación de jubilación por aportes o la de vejez. Agrega que fue un desafuero del Tribunal no haberlo tenido en cuenta, pues se desconoció con ello la prestación de sus servicios para Cafioccidente, la imposibilidad de acceder a una pensión, bajo cualquier normativa aplicable

por bondad de la transición, máxime que dicha temporalidad lo fue antes de la Ley 100 de 1993, incluso del AL 01 de 2005, en cuanto al régimen de transición y su conservación. Refiere que la fuerza demostrativa de tal documental, ponía en evidencia la satisfacción del tiempo requerido por las normas aplicables a su situación para el disfrute de la mesada, tiempo que debió ser validado y con lo cual alcanzaba una densidad superior a las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60, los cuales alcanzó en el mes de junio de 2010, así como las 1000 en cualquier época. Añade, que el documento ignorado, junto con la jurisprudencia sobre la acumulación de tiempos públicos y privados, implicaba que para el 29 de julio de 2005, acreditaba por lo menos 887.46 semanas, por lo que

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Radicación n.° 95879 conservó el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014 y no como lo determinó la sentencia confutada. Insiste, que dicha prueba le permitía acreditar el lapso de servicios, ya fuera 500 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad y 1252 que superan las 20 anualidades, por lo que sin duda podía optar a la pensión por aportes o de vejez del Acuerdo 049 de 1990, pues el periodo lo cumplió el 16 junio de 2010. Aduce, que: Como ya se tiene decantado por la jurisprudencia, para efectos de la pensión, todos los tiempos son aptos para

acreditar el requisito de densidad, sin consideración a la naturaleza del vínculo o al carácter del empleador, así como con indiferencia en si el empleador tenía el deber legal a afiliar a los trabajadores y si, aun afiliánd