CSJ - SL214-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL214-2023 Radicación n.° 92912 Acta 03 Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLÓREZ y RAFAEL ANDRADE BARRIOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 2 de febrero de 2021, en el proceso que instauraron contra HELIODORO, HERNÁN, CARLOS

ARTURO y FABIO GÓMEZ REYES.

I. ANTECEDENTES

Elisa Esther de las Salas Flórez y Rafael Andrade Barrios demandaron a Heliodoro, Hernán, Carlos Arturo y Fabio Gómez Reyes, con el propósito de que se declarara que entre ellos existió un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual terminó por decisión unilateral de los

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Radicación n.° 92912 demandados; y que, a consecuencia de ello, se les adeudaba $11.000.000 y una prima de éxito en los términos del «Otro si (sic) No 1 de fecha 11 de septiembre de 2014». Fundamentaron sus peticiones, en que suscribieron el contrato citado con Heliodoro Gómez Reyes, el 15 de noviembre de 2013, que tuvo por objeto su representación ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante Incoder), con el fin de lograr la clarificación del derecho de propiedad del predio «POTRERO CUARENTA Y CINCO y LAS

YEGUAS» y/o la revocatoria directa de la Resolución n.º 504 del 10 de Mayo de 1995, mediante la cual dicha entidad lo adjudicó como baldío en favor de terceros. Agregaron que los demás demandados participaron de la celebración del contrato por intermedio del primero, quien contaba con poder general. Indicaron que se pactó una remuneración inicial de $30.000.000, más una prima de éxito equivalente al 10% del valor comercial de 36 hectáreas del predio; acuerdo que fue modificado mediante otrosí de 11 de septiembre de 2014, donde se conservó la cifra fija pero se ajustó la prima de éxito, en el 43% «[…] del valor comercial de los terrenos reclamados ante el INCODER del inmueble denominado potrero “EL CUARENTA Y CINCO” el cual forma parte de los terrenos denominados “EL CUARENTA Y CINCO y LAS YEGUAS” y/o “PARCELACION (sic) LOS LAURELES” con matricula (sic) inmobiliaria 303-59580». Acotaron que, de dichos honorarios, sólo fueron pagados $19.000.000.

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Radicación n.° 92912 Informaron que durante el desarrollo del mandato «[…] adelantado por la abogada ELISA DE LAS SALAS FLOREZ (sic)», se encontró que el predio en disputa no fue incluido en la sucesión de su causante, Fernando Gómez García, de quien eran herederos los demandados; por lo que Heliodoro Gómez Reyes le otorgó poder para que, en su representación y la de sus hermanos, realizara los trámites pertinentes para

la adjudicación del bien y para la revocatoria directa de la Resolución n.º 504 del 10 de Mayo de 1995 del Incoder. Manifestaron que tales gestiones se adelantaron, quedando pendiente la firma de su protocolización y la decisión del instituto sobre la revocatoria. Afirmaron que luego que el Incoder emitiera concepto técnico el 10 de febrero de 2015, en el cual señaló que el predio en disputa era privado y le correspondía a los demandados; Heliodoro Gómez Reyes, a través de comunicación de fecha 4 de mayo de 2015, les revocó inconsultamente el poder otorgado. Añadieron que en el auto n.º 67 de 24 de agosto del mismo año, el instituto ratificó el derecho de dominio y declaró que no había lugar a iniciar el proceso de clarificación de la propiedad del inmueble. Señalaron que luego de conocida la decisión, ella reiteró la petición de revocatoria de la Resolución n.º 504 de 1995, «[…] solicitada con memorial de fecha 21 de Enero de 2015 y reiterada el 22 de Octubre de 2015», a la cual dio respuesta

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Radicación n.° 92912 el instituto con oficio de 28 de octubre de ese año, en el que indicó que había dado inicio al trámite correspondiente. Por último, aseguraron que cumplieron con las actividades del mandato otorgado, en tanto se determinó que el predio en disputa era propiedad de los demandados y, por ende, no había lugar a adelantar el trámite de clarificación de propiedad; que para tal efecto, desempeñaron su actividad profesional en las ciudades de Barrancabermeja, Bogotá y

principalmente en Bucaramanga y, que ejecutaron las tareas en beneficio de los señores Gómez Reyes, sin que a la fecha de la demanda se les hubiere cancelado la totalidad de los honorarios pactados. Al dar respuesta a la demanda, Heliodoro Gómez Reyes se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la suscripción del contrato inicial de prestación de servicios, el 15 de noviembre de 2013, pero negó que hubiera participado en representación de sus hermanos, sino que lo celebró exclusivamente en nombre propio. Reconoció la existencia del otrosí modificatorio de los honorarios el cual firmó sin pedir explicaciones y de buena fe. Agregó que, al revisar todos los asuntos asignados a la abogada, no obtuvo ninguna información o respuesta de ella y enfatizó que tenía más de 70 años y era discapacitado. Aclaró que solo otorgó poder en su nombre y el de sus hermanos para la atención de los trámites sucesorales planteados por la demandante; labor para la cual se pagaron

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Radicación n.° 92912 los gastos correspondientes y de cuyas gestiones solo se enteró con el texto de la demanda. Señaló que desde el año 2010 venía ejecutando acciones ante el Incoder para la clarificación de la propiedad del inmueble disputado, por lo que el concepto técnico al que hicieron alusión los demandantes fue «[…] otra actuación más dentro de la reclamación». En cuanto a la revocatoria del mandato, afirmó que, […] se dio (sic) a la pérdida de confianza por parte de mi poderdante en su abogada ELISA ESTHER DE LAS SALAS

FLORES (sic) y su arquitecto asesor RAFAEL ANDRADE BARRIOS en razón a que en varias oportunidades se le solicitó informes de los asuntos llevados en representación del señor HELIODORO GOMEZ (sic) REYES, de forma telefónica, se le envío carta por correo certificado solicitando un informe al que no se obtuvo respuesta, se le citó a una reunión a fin de conocer el estado de los procesos y solamente se obtuvo insultos por parte de los aquí demandantes, finalmente se comunicó a ella directamente la decisión también por correo certificado y todas las entidades donde a los demandantes se les había otorgado poder para actuar. Y si (sic) entender por qué en una absoluta actuación de mala fe, la abogada y su arquitecto asesor siguieron actuando ante el INCODER. Expresó que se enteró de la decisión contenida en el auto n.º 67 del 24 de agosto de 2015, dado que era el titular de la reclamación ante el Incoder. Puntualizó que no le constaba si la señora de las Salas reiteró solicitud de revocatoria de la Resolución n.º 504 de 1995 con posteridad a la emisión del auto, pero que si así fuera, lo hizo de forma ilegal ya que para dicho momento se le había revocado el poder.

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Radicación n.° 92912 Aseguró que los demandantes no cumplieron con el mandato encomendado, pues no existió prueba de las gestiones realizadas, ni se conoció producto final alguno; que en ningún caso se firmó contrato de prestación de servicios con sus hermanos y que no adeudaba ninguna suma de las

pretendidas. Por el contrario, adujo que tenía prueba, mediante recibos de pagos realizados a la señora de las Salas por las sumas $34.000.000, por honorarios profesionales; $20.584.200, por gastos demostrados y $8.500.000, por gastos no soportados. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, cobro de lo no debido y mala fe de los demandantes. Fabio y Carlos Gómez Reyes, en nombre propio y Hernán Gómez Reyes por medio de su curador Jorge Hernán Gómez Aguirre, a través de memoriales independientes pero idénticos en argumentos, contestaron la demanda sin manifestarse expresamente sobre las pretensiones. Respecto de los hechos, dijeron que no les constaba ninguno de los correspondientes al contrato de prestación de servicios ni la forma en que se ejecutó. Aseguraron que nunca otorgaron poder a la demandante y, en cuanto al asunto del trámite sucesoral, indicaron que no fueron consultados sobre el supuesto encargo, por lo que,

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Radicación n.° 92912 […] en consideración a las circunstancias a que se ve avocado como consecuencia de la presente acción de manera expresa y por mi intermedio REVOCA EL PODER A LA DOCTORA ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLORES para que en su nombre adelante los trámites de adhesión de la sucesión aludidos en el poder otorgado por el señor HELIODORO GÓMEZ REYES; es importante aclarar que mi poderdante igualmente ya revocó el poder general al citado HELIODORO GÓMEZ REYES.

Como excepciones, formularon las de ilegitimidad de la personería por pasiva, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 27 de febrero de 2019, resolvió, PRIMERO: Declarar la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales entre ELISA ESTER (sic) DE LAS SALAS

FLÓREZ, RAFAEL ANDRADE BARRIOS y el señor HELIODORO

GÓMEZ REYES.

SEGUNDO: Condenar al demandado, HELIODORO GÓMEZ REYES a pagar a la demandante ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLÓREZ la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000), por concepto de honorarios profesionales, debidamente indexados a la fecha en que se efectúe su pago.

TERCERO: Absolver al demandado HELIODORO GÓMEZ REYES de las pretensiones presentadas por RAFAEL ANDRADE BARRIOS, y de las demás pretensiones de ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLÓREZ, por las razones antes expresadas.

CUARTO: Absolver a los demandados FABIO GÓMEZ REYES, HERNÁN GÓMEZ REYES Y CARLOS ARTURO GÓMEZ de todas las pretensiones presentadas por ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLÓREZ Y RAFAEL ANDRADE BARRIOS, por las razones expresadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 92912 Interpuesto recurso de apelación por los demandantes,

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 2 de febrero de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia. Definió como problema jurídico de la apelación, establecer i) si el juez acertó al absolver a los demandados de la reclamación de honorarios de Rafael Andrade Barrios; ii) del pago de la prima éxito y iii) de la responsabilidad solidaria pretendida. Dio por probado que i) mediante escritura pública n.º 363 del 8 de febrero de 2008, Fabio, Hernán y Carlos Arturo Gómez Reyes confirieron poder general a Heliodoro Gómez Reyes para que adelantara las actuaciones allí descritas; ii) que el 15 de noviembre de 2013, ellos y los demandantes suscribieron contrato de prestación de servicios, para la clarificación de la propiedad del inmueble descrito en la demanda y/o la revocatoria de la Resolución n.º 504 de 1995 del Incoder; iii) que para tales efectos, se pactaron los honorarios reseñados en la demanda, tanto en el contrato inicial como en el otrosí modificatorio de 2014; iv) que el 4 de mayo de 2015, el apoderado Gómez Reyes, mediante escrito dirigido al instituto y a la demandante, revocó el mandato otorgado y, v) que mediante auto n.º 064 del 24 de agosto de 2015, el Incoder –Regional Santander– determinó que el predio era privado, pertenecía a los demandados y, por ende, no había lugar a iniciar dicho procedimiento administrativo. También encontró demostrado que,

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Radicación n.° 92912 v) De las Salas Flórez, ejecutó el contrato de prestación de servicios contratado por Heliodoro Gómez Reyes, conforme lo devela el expediente administrativo adelantado ante el INCODER, visible a folio 115 a 479, actuación que inició el 20 de agosto de 2014 -fl. 479-, con la solicitud de clarificación de la propiedad del predio Indicado y revocatoria directa de la la (sic) Resolución No. 504 del 10 de mayo de 1995 -fl. 953 y 1063 a 1064-, petición resuelta el 19 de noviembre de 2014, por autoridad administrativa, indicando fecha de inicio del procedimiento para el año 2015 -fl. 115-, inclusive ejecutó actividades en favor del segundo, luego que le fuera revocado el poder -fl. 237-; vi) a la demandante, le fue cancelado a título de honorarios por el demandado Heliodoro Gómez Reyes, la suma de $19.000.000, conforme se confesó espontáneamente en el libelo introductorio y en el interrogatorio de parte por la demandante. Anticipó que la sentencia de primera instancia debía confirmarse por las razones que pasó a explicar. En cuanto al primer problema jurídico, recordó la definición de contrato del artículo 1495 del Código Civil, así como la obligación de acreditar que prestó servicios personales en favor de los demandados. Señaló que no fue aportada prueba alguna, ni siquiera sumaria, de tales servicios y que la referencia en apelación a una supuesta ejecución de actividades «[…] por intermedio de terceras personas», era un hecho nuevo no expuesto en la demanda original y, por ende, no fue sujeto de análisis ya

que no se puso a disposición de la contraparte para su controversia. Agregó que el interrogatorio practicado al señor Andrade Barrios no constituía confesión en su favor, toda vez que para tener tal calidad, debía desprenderle efectos adversos; y que del contrato de prestación de servicios y su adición (fls. 12 a 14) pudo verificarse que –salvo su

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Radicación n.° 92912 designación como «Arquitecto Asesor»– no se relacionaron las actividades asignadas para su realización, habida cuenta de que el grueso de servicios contratados era de carácter eminentemente jurídico. En relación con la prima de éxito, concluyó que no había lugar a su reconocimiento, pues no se cumplió la condición exigida para su causación, según lo dispuesto en la cláusula tercera del otrosí al contrato de prestación de servicios. Anotó el Tribunal, Indica lo anterior [texto de la cláusula tercera del otrosí], que el pago del 43% por concepto de prima de éxito, quedo (sic) supeditado por partes, en el ejercicio de la voluntad contractual, a dos condiciones, cuales son i) que el INCODER emitiera acto administrativo donde dejara sin efectos, la ya conocida en este estadio del proceso Resolución No. 504 del 10 de mayo de 1995, por la cual adjudicó, como bien baldío, a terceros ajenos al proceso, el predio El Cuarenta y Cinco y Las Yeguas; ii) readjudicado el bien, el pago de la prima de éxito, se sujetó a la venta del inmueble. Aspecto que, contrastado con la prueba y lo manifestado por la misma censura, devela que a la fecha de

revocatoria (sic) poder, a la presentación de la demanda y al momento de proferir sentencia de primer grado, la actuación administrativa objeto de condición para el pago de la obligación no se ha surtido. En esa medida, no erró la sentenciadora de primer grado, al denegar el pago de la prima de éxito, rogada por la apelante, máxime cuando a la fecha la condición descrita en el contrato no se ha cumplido. Por último, en cuanto a la solidaridad, citó el contenido de la sentencia que citó CSJ SL Rad. 14271 de 2002 e invocó los artículos 1155 y 1162 del Código Civil. Luego revisó el contrato de prestación de servicios y los «[…] memoriales

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Radicación n.° 92912 poder que reposan en el dossier –fl. 16 a 19–» y, al tenor de ellos, decretó que el negocio jurídico fue celebrado exclusivamente entre los demandantes y el señor Heliodoro Gómez Reyes, quien según tales documentos, actuó en nombre propio y no en favor de la sucesión. Al finalizar, adujo, Ergo, ninguna obligación puede recae (sic) sobre los referidos codemandados, cuando el (sic) Heliodoro Gómez Reyes, como contratante se obligó frente a los contratistas, hoy demandantes, a título personal y no en favor de los otros sucesores, es decir, la calidad de deudor frente a las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios profesionales, se reputan exclusivamente frente a quien se obligó en el mismo, y no frente a terceros ajenos al negocio jurídico. Ahora, cosa distinta es que sus actuaciones repercutieran en

favor de aquellos, lo cual no es óbice, para que, dentro de la sucesión, las obligaciones que se impusieron en cabeza del hoy obligado, puedan repetirse como deuda a cargo del patrimonio autónomo que comporta la masa sucesoral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se sirva, […] CONDENAR a los demandados: CARLOS ARTURO GOMEZ

(sic) REYES, HELIODORO GOMEZ (sic) REYES, FABIO GOMEZ

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Radicación n.° 92912 (sic) REYES, HERNAN GOMEZ (sic) REYES, a pagar el 43% de la prima de éxito del valor comercial de los terrenos reclamados ante el INCODER del inmueble denominado potrero “EL CUARENTA Y CINCO” el cual forma parte de los terrenos denominados "EL CUARENTA Y CINCO y LAS YEGUAS" y/o “PARCELACION LOS LAURELES” con matrícula inmobiliaria 303-59580, a favor de los demandantes. Con tal propósito formulan tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y estudiados en conjunto, dada la complementariedad y conexidad de sus argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de, […] haber infringido indirectamente, por aplicación indebida, los

artículos 60 y 61 del C.P.L., articulo 174, 187 y 281 del Código General del Proceso de aplicación analógica conforme al artículo 145 del C. de P.L. lo que condujo a que se transgrediera por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los Artículos 1.495, 1.155, 1.162 (sic) […] Afirman que la apreciación indebida de unas pruebas y la ausencia de valoración de otras, derivaron en la comisión de los siguientes errores de hecho por parte del Tribunal, 1) Dar por demostrado, sin estarlo, que, conforme al contrato de prestación de servicios profesionales, que fue suscrito por los demandantes con el señor HELIODORO GOMEZ (sic) REYES, sus hermanos CARLOS ARTURO GOMEZ (sic) REYES, FABIO REYES GOMEZ (sic) y HERNAN GOMEZ (sic) REYES, no estaban obligados a cumplir dicho convenio. 2) No dar por demostrado, estándolo, que conforme al poder suscrito entre los demandantes y HELIODORO GOMEZ (sic) REYES, los hermanos CARLOS ARTURO GOMEZ (sic) REYES, FABIO REYES GOMEZ (sic) Y HERNAN GOMEZ (sic) REYES, no son solidarios en representación de la comunidad universal de herederos del causante FERNANDO GOMEZ (sic) REYES.

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Radicación n.° 92912 3) No dar por demostrado, estándolo, que la gestión que iban a realizar los demandantes en el contrato de prestación de servicios suscritos con el señor HELIODORO GOMEZ (sic)

REYES, para reclamar el predio rural denominado POTRERO “EL CUARENTA Y CINCO” con el fin de que se adicionara en la sucesión del causante FERNANDO GOMEZ (sic), padre de los demandados, solo aquel que suscribió el convenio, estaba obligado al pago de los honorarios pactados y no sus hermanos CARLOS ARTURO GOMEZ (sic) REYES, FABIO GOMEZ (sic) REYES y HERNAN GOMEZ (sic) REYES. 4) Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandados CARLOS ARTURO GOMEZ (sic) REYES, FABIO GOMEZ (sic) REYES y HERNAN GOMEZ (sic) REYES, se enteraron del contrato de prestación de servicios que suscribió su hermano HELODORO GOMEZ (sic) REYES, solo a partir del momento en que se notificaron de la demanda en su contra. 5) No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes podrían demandar a todos los herederos del causante FERNANDO GOMEZ (sic), por ser objeto de litigio del predio rural denominado POTRERO “EL CUARENTA Y CINCO” y que se iban a beneficiar todos los sucesores de dicho predio para ser adjudicado. 6) No dar por demostrado, estándolo, que existe prueba sumaria que solvente la prestación del servicio del señor Barrios, como arquitecto asesor del predio POTRERO “EL CUARENTA Y CINCO”. 7) No dar por demostrado, estándolo, que existe obligación de los señores FABIO, HERNAN Y CARLOS GOMEZ (sic) REYES en el contrato de prestación de servicios que suscribió HELIODORO

GOMEZ (sic) REYES con los demandantes. 8) No dar por demostrado, estándolo, que por la gestión de la abogada ELISA DE LA SALAS FLOREZ (sic), que hizo ante INCODER, así como otras actuaciones para la clarificación del predio denominado “EL CUARENTA Y CINCO” de propiedad de los demandados, tiene derecho a recibir el 43% de la prima de éxito, según contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió con el señor HELIODORO GOMEZ (sic) REYES y con la aquiescencia de sus hermanos. 9) No dar por demostrado, estándolo, que una vez se resolvió por parte de INCODER, que la decisión sobre la clarificación del predio denominado” EL CUARENTA Y CINCO, no era procedente la clarificación del predio, sino la revocatoria de la resolución No. 504 del 10 de mayo de 1995, los demandados presentaron revocatoria del mandato a la Abogada ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLOREZ (sic), para no seguir actuando en nombre y representación de los demandados. 10) No dar por demostrado, estándolo, que, por no haberse cumplido la condición de la ejecutoria de la revocatoria directa del predio denominado Potrero “EL CUARENTA Y CINCO”, conforme al contrato de prestación de servicios, los demandantes

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Radicación n.° 92912 tienen derecho a percibir la prima de éxito del 43% sobre la prima de éxito. 11) No dar por demostrado, estándolo que la gestión ejercida por los demandantes se cumplió en el 90% del contrato de

prestación de servicios profesionales. 12) No dar por demostrado, estándolo que hay mensajes de correos electrónicos y otras actuaciones entre la abogada ELISA DE LAS SALAS FLOREZ (sic) y los demandados sobre la gestión de los demandantes, para recuperar el predio denominado EL

CUARENTA Y CINCO Y LAS YEGUAS antes INCODER.

En cuanto a las pruebas apreciadas indebidamente, manifiestan que, i) El contrato de prestación de servicios (fls. 12 y 13) menciona que Heliodoro Gómez Reyes actuó «[…] en su representación», pero aducen que «[…] la realidad es otra». Afirman que ejecutaron sus labores en «aquiescencia» con Carlos, Hernán y Fabio Gómez Reyes quienes, en calidad de beneficiarios de la sucesión de «Fernando García Gómez», están obligados al pago de los honorarios pactados. ii) El otrosí de 11 de septiembre de 2014 fue valorado equivocadamente, ya que, [el] convenio, tenía tres etapas para su desarrollo, como se menciona con la clarificación de la propiedad del predio denominado POTRERO CUARENTA Y CINCO y/o la revocatoria directa de la resolución No 504 del 10 de mayo de 1995 y el valor comercial de los terrenos ante el INCODER terrenos denominados EL CUARENTA Y CINCO y/o parcelación LOS LAURELES». iii) No se dio validez ni efectos jurídicos, en contra de los originales demandados, al documento de revocatoria del mandato del 4 de mayo de 2015 (fl. 205), pese a que estos

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Radicación n.° 92912 incumplieron el encargo y dadas las gestiones que fueron adelantadas con ocasión del mismo. iv) Los documentos de folios 191, 206, 211 y 236, referidos a las actuaciones adelantadas por el Incoder, acreditan que no había lugar a iniciar el procedimiento administrativo de clarificación de la propiedad y que solo faltaba la petición para la revocatoria de la Resolución n.º 504 de 1995. Sin embargo, el Tribunal determinó que no fue finalizada la gestión y que, por tanto, no había lugar al pago de la prima de éxito. v) Los folios 213, 226 y 115 a 479 dan cuenta de las gestiones adelantadas para el cumplimiento del mandato. De otra parte, los recurrentes consideran que no fueron valoradas las siguientes pruebas: i) Folios 573 a 581, 664 a 667, 670 a 674, 695, 696 y 698 a 701, referidos a «[…] la contestación de la demanda por los demandados», en específico la respuesta dada por Carlos, Fabián y Hernán Gómez Reyes al hecho tercero. ii) Según el dictamen pericial sobre el precio del inmueble (fls. 758 a 771), este fue avaluado en $45.250.640.000 (fls. 1 al 23 del cuaderno anexo del peritaje) y las gestiones propias del mandato se cumplieron en un 90%, lo que daría lugar a una prima de éxito por valor de $19.457.775.200.

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Radicación n.° 92912 iii) Agregan, Se dejó de observar por el ad-quem a folio 83, mediante poder

ante Notario la abogada ELISA DE LAS SALAS FLOREZ (sic) hizo solicitud de partición adicional de la sucesión del causante FERNANDO GOMEZ (sic) GARCIA (sic), y que acompaño (sic) entre otras, copia auténtica de Escritura No. 363 del 8 de febrero de 2008 del 15 de junio de 1977 de la Notaria 17 de Medellín contentiva del poder general conferido por los hermanos al señor HELIODORO GOMEZ (sic) REYES con nota y certificado de vigencia, así como copia simple de la Escritura No. 379 del 06 de junio de 1966 de la Notaria Primera de Barrancabermeja; así también, a folio 85 se dejó de observar por el ad-quem documento de relación de trabajo de partición y adjudicación de la sucesión del causante FERNANDO GOMEZ (sic) GARCIA (sic) y que se relaciona en un terreno RURAL, con una superficie aproximada de treinta y seis hectáreas denominado potrero “EL CUARENTA Y CINCO”. iv) No se observó el correo electrónico que reposa a folio 927, de fecha 24 de julio de 2015, remitido a Fabio Gómez Reyes y que prueba que conocía las actuaciones antes de la presentación de la demanda y no con ocasión de ella, como equivocadamente sostuvo al contestarla. Sobre la validez probatoria de los mensajes de datos, reproduce apartes de una sentencia que identificó como CSJ SC Rad. 2004-0107401 de 16 de diciembre de 2010. Añaden que, si bien el juzgador tiene la facultad de

formar libremente su convencimiento, dando mayor valor a unas pruebas frente a otras, también está obligado a encontrar «[…] la verdad real del litigio», que en este caso corresponde a la posición expuesta dentro del cargo. Por último, señalan,

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Radicación n.° 92912 Como hecho sobreviniente, conforme al artículo 281 del Código General del Proceso, me permito adjuntar la comunicación emitida por la Subdirectora de la Agencia Nacional de Tierras: “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3-numeral 9, 56modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de fecha 25 de enero de 2021, 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ser el más expedito y, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo sexto del Auto Nº 20224200042509 de fecha 09 de junio de 2022, la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la Agencia Nacional de Tierras, le notifica a los Señores ELISA ESTHER DE LAS SALAS FLOREZ (sic) y RAFAEL ANDRADE BARRIOS, […], en calidad de solicitantes de la Revocatoria Directa de la Resolución de adjudicación Nº 504 de fecha 10 de mayo de 1995 proferida por el hoy extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a través de la cual se adjudicó el predio denominado “Lina María”, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, departamento Santander, el contenido del Auto Nº 20224200042509 de fecha 09 de junio de 2022 “Por medio del cual se inicia la etapa

preliminar del Procedimiento Único de Revocatoria contra la Resolución Nº 504 del 10 de mayo de 1994, del predio denominado “Lina María”, ubicado en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander se dictan otras disposiciones”.

VII. CARGO SEGUNDO Manifiestan que, El Tribunal Superior de Bucaramanga, infringió los artículos 74 y 187 del Código General del Proceso por aplicación analógica del artículo 145 del C. de P.L, en relación con el artículo 11 del CST, que conllevo a la infracción directa de los artículos 2.142, 2.149, 2.157 y 2.184 del Código Civil y articulo 25 de la Constitución.

Indican que toda actividad física o mental exige una remuneración y que quedaron demostradas las actividades que realizaron dentro del ejercicio del mandato. Copian apartes del contrato de prestación de servicios y afirman que a juicio de esta Corporación en sentencia CSJ SL208032020, cuyo texto trascriben, «[…] cuando los honorarios se

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Radicación n.° 92912 pactan a cuota litis, constituyen un alea que hace necesario el acaecimiento de un resultado favorable». Exponen aspectos referidos al perfeccionamiento del mandato por la aceptación expresa o tácita del mandatario; la posibilidad de terminarlo por mutuo acuerdo, por causas legales o por su revocatoria; de pactar un mandato gratuito o remunerado, así como la obligación de pago en el último caso y aquella que tiene el mandatario que fue revocado, de

acudir a la justicia para dirimir la controversia sobre honorarios, para lo cual citan apartes de un pronunciamiento que identificaron como «AC1361-2018 Radicación n.º 11001-31-03-014-1995-02015-01». Para concluir, alegan que, El ad-quem por su ignorancia o desconocimiento, infringió la norma acusada, siendo que la norma enjuiciada precisa que los honorarios se deben por el mandatario por el valor acordado, por tanto, ese desconocimiento de la norma, conllevo (sic) a infringir el derecho al trabajo a percibir los honorarios como contraprestación que incumplieron los demandados en el contrato de prestación de servicios profesionales, que a pesar de haber sido demostrado el despliegue jurídico y mental ante la entidad INCODER y la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS para recuperar el pluricitado bien para los demandados, con el fin de que ingresara a la sucesión, pero fue decisión unilateral de los demandados que revocaron dicho mandato, pues solo faltaba presentar la revocatoria de la resolución No o. (sic) 504 de fecha 10 de mayo de 1995. En el mismo sentido se tiene que bajo el Decreto 456 de 1956, por el cual se facilita el cobro de honorarios y otras remuneraciones de carácter privado, dispuso en su parte motiva que “las remuneraciones de los servicios personales, llámense ho