CSJ - SL2140-2023

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de CasachIn Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2140-2023 Radicación n.° 96409 Acta 30 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por BONEM S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de mayo de 2022 complementada el 10 de agosto de 2022, en el proceso que instauró en su contra

EDINSON GUTIÉRREZ DUQUE.

I. ANTECEDENTES Edinson Gutiérrez Duque demandó para que se declarara que fue despedido «sin justa causa e ilegal», que se ordenara su reintegro al mismo cargo que desempeñaba sin solución de continuidad, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, y se condenara al pago de salarios, reajustes, prestaciones legales y extralegales dejadas de

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Radicación n.° 96409 percibir, la indemnización del artículo 64 del CST, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas. Como fundamento de sus peticiones, señaló que el 16 de marzo de 2015, celebró contrato de trabajo con la accionada para desempeñar el cargo de operario de producción, que para el momento del despido devengaba un salario de $1.403.875, que el 12 de enero de 2018 solicitó la

afiliación al «SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA

INDUSTRIA METALMECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA,

SIDERÚRGICA, ELECTROMECÁNICA, FERROVIARIA,

COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES Y SIMILARES DEL SECTOR SINTRAIME SUBDIRECTIVA MEDELLÍN», que fue aceptada el mismo día por la junta directiva de la organización. Contó que el 21 de enero de 2018 se celebró asamblea de los trabajadores de la empresa accionada, en la que se aprobó denunciar el laudo vigente para los arios 2015 y 2017 e iniciar un conflicto colectivo de trabajo; que el 2 de febrero de ese mismo ario, esa organización sindical presentó a la empresa pliego de peticiones; que la etapa de arreglo directo inició el 15 de febrero y se extendió hasta el 6 de marzo de la misma calenda, pero no hubo acuerdo entre las partes, por ello el 14 de marzo del mismo ario, decidieron que el conflicto colectivo de trabajo se definiera por un Tribunal de Arbitramento Obligatorio. Indicó que el 10 de marzo de 2020, el Tribunal de Arbitramento profirió el laudo correspondiente y, la empresa

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Radicación n.° 96409 accionada presentó el recurso de anulación contra dicha decisión; aseguró que al momento de presentación de la demanda, así como en la fecha del despido, el conflicto colectivo de trabajo no había finalizado, por cuanto la Corte

Suprema de Justicia no había proferido decisión. Narró que en el desarrollo del conflicto colectivo, el 8 de octubre de 2019, se le realizó una prueba de consumo de marihuana o TCH a las 2:00 pm., esto es, previo al inicio de su jornada de trabajo, que resultó positiva; resaltó que la persona responsable por parte de la compañía fue la asistente de seguridad y salud en el trabajo y, que nadie le impidió continuar en su jornada laboral. Subrayó que pese al desempeño normal de sus actividades, al día siguiente fue citado para rendir descargos, que pidió el aplazamiento, pero no fue concedido por el empleador; aseguró que en dicha diligencia se le vulneró su derecho al debido proceso. Afirmó que los representantes del sindicato pidieron copias de las pruebas médicas, que la empresa no las entregó, tampoco les explicó por qué no accedió al aplazamiento de la diligencia; que pese a lo irregular de los descargos, se le terminó el contrato de trabajo el 11 de octubre de 2019; que no se alegó una justa causa para despedirlo, en los términos del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, pues a pesar del resultado positivo en la prueba de toxicología, ello no implicaba que estuviera bajo los efectos de la sustancia cuando se presentó a su puesto de trabajo;

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Radicación n.° 96409 y, como sustento, se refirió a la comunicación del 17 de octubre de 2019, emitida por la Corporación Centro Cita Salud Mental. Narró que en providencia CC-C-363-2016, se adoctrinó

que el numeral 2 del artículo 60 del CST constituía una facultad disciplinaria de empleador, de manera que al no presentarse novedades o daños durante la jornada laboral, no se configuraba la justa causa para despedir; que para el momento del finiquito gozaba del fuero circunstancial luego de la presentación de un pliego de peticiones (f.° 3 a 14). Al contestar la accionada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto los hechos, admitió la celebración del contrato de trabajo, el cargo desempeñado por el actor, la presentación del pliego; y, que el conflicto se sometió a un Tribunal de Arbitramento. Aseveró que no procedía el reintegro y que el demandante no era beneficiario de ninguna protección especial, conforme con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965; que tampoco había lugar al pago de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, menos aún a la indexación e indemnización por despido sin justa causa. Describió cómo se hizo una selección de algunos trabajadores para la toma de las pruebas, que la practicada al accionante salió positiva, que la encargada omitió retirarlo de sus labores, en contravía de la Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco, falta 4

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Radicación n.° 96409 por la que se le inició proceso disciplinario con copia a su hoja de vida; que no se podía hablar de daños ocasionados por parte del trabajador, sino del incumplimiento de sus labores. Citó las sentencias CSJ SL4911-2020, CSJ SL12262018. Resaltó que las actividades de la compañía de metalmecánica eran de alto riesgo, que exigía que los trabajadores prestaran sus servicios «con los cinco sentidos»; que al estar bajo los efectos de sustancias psicoactivas aumentaba el riesgo para la ocurrencia de siniestros; negó la protección por fuero circunstancial, en la medida que la finalización de su contrato fue por justa causa, por ello no debía adelantarse un debido proceso; subrayó que el trabajador conocía, que no debía presentarse a sus actividades laborales, bajo el efecto de sustancias psicoactivas, conforme al reglamento interno de trabajo Propuso las excepciones de «EXISTENCIA DE UNA JUSTA

CAUSA PARA TERMINAR EL CONTRATO - IMPROCEDENCIA DEL

REINTEGRO Y DE LA INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 64 DEL CST»,

«IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO A FAVOR DEL SEÑOR EDISON GUTIERREZ DUQUE», «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN», «FALTA DE CAUSA Y COBRO DE LO NO DEBIDO», buena fe, prescripción, compensación y la «GENÉRICA».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia calendada el 21 de febrero de 2022 (f.°

334 expediente digital), resolvió:

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5 Radicación n.° 96409

PRIMERO: ABSOLVER a la sociedad BONEM S.A. de las pretensiones incoadas en su contra por el Sr. EDINSON

GUTIÉRREZ DUQUE (...)

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción denominada "ausencia de derecho sustantivo", de cara a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: COSTAS a cargo del demandante como vencido en juicio y en favor de la demandada. Se fijan agencias en derecho en la suma de $200.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, profirió sentencia el 31 de mayo de 2022 (f. expediente digital), en la que resolvió 1.- Se REVOCA la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral de Circuito de Medellín, el 25 de mayo del 2021, en el proceso ordinario instaurado por el señor EDINSON GUTIÉRREZ DUQUE en contra de BONEM S.A. y en su lugar: a) Se condena a la sociedad BONEM S.A. a pagar al demandante

la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($4.740.414)

b. Se condena a la accionada al pago de la indexación causada entre el 10 de octubre de 2022 y la fecha en la cual se efectué el pago de la obligación, aplicando el IPC certificado por el DANE, y la siguiente formula: I = índice inicial valor a indexar - valor a indexar/ índice final. 2.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de $1.000.000.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen. 6

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Radicación n.° 96409 El Tribunal profirió sentencia complementaria, el 10 de agosto de 2022, en la que decidió, 1.- Se REVOCA la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral de Circuito de Medellín, el 25 de mayo del 2021, en el proceso ordinario instaurado por EDINSON GUTIÉRREZ DUQUE en contra de BONEM S.A. y en su lugar: a) Se condena a la sociedad BONEM S.A. a reintegrar al demandante al cargo que desempeñaba al momento del despido, sin solución de continuidad, a partir del 11 de octubre de 2019. b) Se condena a la accionada al pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, causados entre la fecha del despido, 11 de octubre de 2019 y la fecha en la cual se efectúe el reintegro. c) Se condena al pago de la indexación de la condena. 2.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de $1.000.000. Aseguró que son hechos fuera de controversia: - Que entre las partes se suscribió un contrato de trabajo a término indefinido, el 16 de marzo de 2015, para desempeñarse el demandante como operario de producción, cuya copia obra a folio 38 del documento ContestaciónDemanda.pdf - Que el actor fue despedido en forma unilateral y aduciendo

justa causa el 11 de octubre de 2019, según comunicación glosada a folio 71 del documento 2.Demanda y anexos.pdf Como problemas jurídicos a resolver señaló, ¿Si es procedente revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió a la sociedad demandada del reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, verificando para tal fin, si la sociedad BONEM S.A. finalizó el contrato de trabajo al demandante, amparado en una justa causa?

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Radicación n.° 96409 Previo a resolver, indicó que: El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual no se acredita la justeza del despido del demandante, habida cuenta que si bien la conducta está tipificada como falta grave que da lugar al despido en el contrato de trabajo, el reglamento interno de trabajo y la Política de Prevención del Consumo Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco de la empresa, cuya actividad puede ser clasificada como de alto riesgo, tal previsión no está en consonancia con el tratamiento que da el ordenamiento jurídico al consumo de sustancias alucinógenas que corresponde al de una enfermedad, razón por la cual la sanción del despido no puede ser la primera medida adoptada por el empleador. En consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA. Expuso que en el ordenamiento laboral colombiano no se consagró el derecho a la estabilidad laboral absoluta, por lo que el empleador está facultado para terminar el contrato

sin justa causa, con el correspondiente pago de la indemnización tarifada, fijada por el legislador en el artículo 64 del CST o, con justa causa conforme con el artículo 62 literal a) del CST. Citó como apoyo las sentencias CC-T-4452014, y CSJ SL131-2021. Trascribió el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 sobre las justas causas para despedir, así como el numeral 2 del artículo 60 que enuncia las prohibiciones de los trabajadores. Se refirió a la comunicación del despido de fecha 11 de octubre de 2019, en la que se le endilgó al actor haberse presentado al lugar de trabajo bajo los efectos de la marihuana, hecho en que se fundó la decisión de dar por terminado el contrato.

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Radicación n.° 96409 Memoró que en el recurso de apelación, no se controvirtió que al accionante de forma aleatoria se le realizó una prueba de THC el 8 de octubre de 2019, con su pleno consentimiento, previo al inicio de turno laboral por parte de la Corporación Centro CITA Salud Mental, en el marco de la Política de Prevención del Consumo Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco de la empresa, y «arrojó un resultado superior de 50 nanogramos por milimitro, que comporta un resultado positivo para el consumo de marihuana.( véasef olio 13 y 14 documento 2.Demanda y anexos.pdj)». Describió los instrumentos normativos en los que la anterior falta se consagró como justa causa para despedir: en la cláusula sexta del contrato de trabajo se indicó «d) El

hecho de que el trabajador llegue embriagado o bajo el efecto de estupefacientes o drogas enervantes, o ingiera bebidas embriagantes, estupefacientes o drogas enervantes en el sitio de trabajo». Que, así mismo, (...) el numeral 13 de artículo 43 del Reglamento Interno de Trabajo se consagra como obligación especial del trabajador "No presentarse al trabajo en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Y en el numeral 9 del artículo 45 ibídem establece como prohibición al colaborador" Ingerir dentro de las instalaciones de la empresa, bebidas alcohólicas o embriagantes o sustancias narcóticas o tóxicas de cualquier clase, o elementos sólidos o líquidos que indirecta o directamente produzcan o induzcan a estados que de cualquier manera constituyan alteración del ánimo o la conciencia, presentarse a las instalaciones de la compañía bajo los efectos de las mismas, así como recomendar, patrocinar o promover, por sí o por interpuesta persona, entre sus compañeros de trabajo o demás personal del establecimiento, tales conductas

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Radicación n.° 96409 Señaló que en la Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco, que fue dada a conocer al trabajador, se estableció que, Para el caso de las pruebas con resultados positivos, para proteger la vida e integridad fisica del trabajador y del personal cercano, el empleado deberá suspender su jornada laboral y posteriormente se realizará el debido proceso disciplinario respectivo, en el cual se dará por terminado el contrato laboral

por justa causa. "(folios 177 06.Contestación Demanda.pdf.) Razonó que la falta, no solo se encontraba calificada por el empleador como grave, sino también en los instrumentos normativos internos como justa causa de despido, por lo que en principio, no se podría omitir la «valoración del empleador, quien tiene la facultad legítima de configuración de las faltas para mantener el orden y la seguridad interna»; que sin embargo, al tratarse de conductas consistentes en presentarse a trabajar bajo los efectos de sustancias alucinógenas, el caso debía analizarse bajo los postulados de la providencia CC-C-636-2016, y a la luz de los «precedentes de la Corte Suprema de Justicia». Recordó que según la postura de la Corte Constitucional, la falta reseñada se justificaba en las actividades en las cuales existe un riesgo mayor de lesiones y accidentes de trabajo, en atención a la seguridad, lo que resultaba aplicable en el sub lite, pues si bien no se probó la clasificación del riesgo en la compañía, de conformidad con el Decreto 1607 de 2002, si era riesgosa, además, al revisar el certificado de existencia y representación, en su objeto 10

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Radicación n.° 96409 social se dedicaba a la industria metalúrgica, manufactura de piezas de maquinaria agrícola. Agregó, que el accionante en el interrogatorio de parte, admitió que recibió las capacitaciones de los riesgos sobre el consumo de sustancias alucinógenas para el desempeño de sus labores, incluso el daño que podría ocasionarse a un

compañero; que para el momento del despido era líder de seguridad y realizaba varias funciones y era el encargado del horno. Señaló que los testimonios fueron coincidentes en manifestar, que el accionante realizaba varias funciones, entre esas, manejar el horno a temperaturas superiores a 800 grados, por lo que coligió que, las actividades eran de alto riesgo. En lo concerniente a las normas sobre el tratamiento de sustancias psicoactivas, se refirió a los artículos 1 y 6 de la Ley 1566 de 2012, en los cuales se asignó al Estado, la dirección de las políticas públicas para la prevención de drogadicción y, aseguró que debían ser implementadas por las administradoras de riesgos profesionales; aludió al estudio de la OIT, a la sentencia CC-C-221-1994, sobre el consumo de la dosis personal, a lo adoctrinado por esta Corporación, en cuanto a que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud, no de conducta, por «lo que los empleadores no podían aplicar sanciones

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Radicación n.° 96409 disciplinarias, sin dar la oportunidad de rehabilitación o tratamiento». Bajo el escenario descrito, advirtió que el resultado positivo en una prueba, no conllevaba la terminación del contrato de trabajo, máxime cuando en este caso, (...) no se presentaron otras situaciones como ausentismo, el déficit de rendimiento, el incumplimiento en la prestación del servicio o la ocurrencia de un incidente o accidente laboral, como se relieva en el debate probatorio y fue declarado por los testigos,

(...) pues al trabajador, no obstante, el resultado positivo, se le permitió continuar prestando el servicio sin que se presentara ninguna afectación en su desempeño laboral. Resaltó, que el empleador ano estableció que el trabajadorf uera un consumidor habitual o compulsivo ni que no fuera posible su rehabilitación». Determinó que las normas internas que fijaron la justa causa no estaban en consonancia con el ordenamiento jurídico, por lo tanto, la decisión unilateral del empleador fue sin justa causa. Precisó que, por regla general, el despido no era sanción, pero en este caso, la Política de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco, lo tenía así previsto, de modo que debía agotarse un debido proceso disciplinario, que se desarrolló por parte de la empresa.

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Radicación n.° 96409 Destacó que los artículos 49 y 50 del Reglamento Interno de Trabajo, reguló el trámite disciplinario, fue realizado a cabalidad por la empresa, no admitió los argumentos de disenso expuestos en la apelación; adicionó, que el trabajador fue evasivo en la diligencia de descargos, bajo la premisa de que tenía derecho a no inculparse. Memoró que no fue materia de inconformidad, (...) la existencia del fuero circunstancial alegado en el libelo incoativo de la demanda para solicitar el reintegro y por ende la Sala no tiene competencia para pronunciarse al respecto. En consecuencia, para esta Sala de Decisión, el despido produce efectos y no hay lugar a ordenar el reintegro solicitado, en

consecuencia (sic), se accederá a la pretensión subsidiaria de la indemnización por despido sin justa causa. Por lo dicho, descendió al estudio de la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del CST y fulminó condena debidamente indexada. El 10 de agosto de 2022, se profirió sentencia complementaria, en virtud de la solicitud que elevó el demandante. El Tribunal concluyó que el actor sí contaba con fuero circunstancial, pero negó las pretensiones al existir justa causa; esgrimió la finalidad del recurso de apelación, para ello acudió a lo adoctrinado en la providencia CSJ SL3040-2021 y, adujo que si bien contaba con un marco de competencia, dicha protección debía considerarse como un tema «inherente al debate». Citó la sentencia CSJ SL2300-2021.

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Radicación n.° 96409 Con fundamento en lo anterior, copió el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y trajo al debate las providencias CCSU-432-2019 y CSJ SL3317-2019, en las que se esbozó que esta figura involucraba una garantía de estabilidad laboral reforzada, con el fin de evitar la persecución sindical, que permitía que los interlocutores participaran en el diálogo social sin «temor a represalias». Al estudiar si el demandante estaba cobijado por la protección foral, describió el proceso de la negociación colectiva y coligió que para la fecha del despido se encontraba en curso el conflicto colectivo, que le daba la

estabilidad laboral reclamada. Con sustento en la providencia CSJ SL2170-2022, indicó que esta garantía operaba con la sola afiliación a la organización sindical que presentara pliego de peticiones, con independencia si el trabajador participó o no en la Asamblea que lo aprobó. Adujo que si bien, se evidenciaba que existió una prolongación del conflicto, cerrada la etapa de arreglo directo, dado que la convocatoria al Tribunal de Arbitramento se realizó 33 meses después del cierre de la primera etapa, esta situación no podría ser calificada como decaimiento del conflicto, porque no se estableció que la mora obedeciera a la «falta de interés de la organización sindical que promovió la negociación, en tanto designados ambos árbitros correspondía a la autoridad administrativa emitir la correspondiente resolución de convocatoria». Como apoyo citó la providencia CSJ SL2330-2022.

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Radicación n.° 96409 Para concluir, aseveró que al solicitarse el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, dicho reconocimiento no era posible al carecer de facultades extra petita.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a esta Corporación que case la sentencia impugnada, la principal y la complementaria, para que en su lugar, confirme la del juzgado, absuelva a la sociedad y provea en costas.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados. Dado que

comparten elenco normativo, se sustentan en argumentos similares y persiguen idéntico objetivo, se analizarán de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Ataca la sentencia por la « vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965, aparte a., numeral 6° y 64,

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Radicación n.° 96409 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965». No discute los supuestos fácticos dados por ciertos por el ad quem y resalta, que si bien, el juzgador citó en el fallo 0 atacado el artículo 62 del CST, subrogado por artículo 7 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, literal a), numeral 6, olvidó que este contempla: (...) dos (2) hipótesis de justa causa de despido diferentes y autónomas, separados entre sí por la conjunción "o", disyuntiva, que señala o marca alternativa, esto es, que cada una de ellas tiene igual alcance e independencia para finiquitar válidamente el contrato de trabajo por justa causa, sin que se puedan traslapar, confundir o superponer entre ellas, a saber: 1. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del trabajo, o (resalto

fuera de texto) 2. Cualquier falta grave calificada como tal en pactos, o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Sostiene que el sentenciador negó la existencia de la justa causa de despido, pese a que reconoció que la falta imputada se encuentra calificada como grave en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo y en la Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaco, (...) de donde deviene desacertado exigir que la justa causa de despido argumentada por la llamada ajuicio debía estar asociada a otras conductas como el ausentismo, el déficit de rendimiento, el incumplimiento en la prestación del servicio, la ocurrencia de un incidente o accidente laboral que impida continuar prestando el servicio, al acreditarse la presentación al trabajo bajo los efectos de la marihuana, que se estableciera que el trabajador fuera un consumidor habitual o compulsivo, que no fuera posible su rehabilitación y que no se debía permitir que continuara laborando, todo lo cual llevó al fallador a considerar en forma

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Radicación n.° 96409 equivocada que, la decisión unilateral del empleador de despedir el trabajador fue sin justa causa, cuando real y efectivamente se demostró fehacientemente la justeza de la misma, a la luz de la disposición acusada de aplicación indebida.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por la vía directa, (...) en la modalidad de aplicación indebida del artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable al Código Procesal del

Trabajo y de la Seguridad Social, por la remisión ordenada por el artículo 145 de este último estatuto adjetivo, como violación de medio, lo que llevó a infringir directamente el artículo 285 del Código General del Proceso y como consecuencia de ello, a aplicar indebidamente el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7°, aparte a, numeral 6° del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y el artículo 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y, además, a inaplicar el artículo 303 del Código General del Proceso (norma sustantiva) y los artículos 29 y 330 de la Constitución Nacional. Sostiene que la adición o la complementación de la providencia «no permite modificar lo resuelto», cita la providencia CSJ SC-AC-2830-2018; asegura que la sentencia complementaria, como la original, conforman un todo que no puede ser contradictorio con lo ya decidido; reprocha que el juzgador modificara su propia decisión lo que está proscrito en el ordenamiento jurídico. Aduce que la conducta del juzgador conllevó aplicar indebidamente el artículo 287 del CGP e infringir directamente el artículo 285 ibídem. Expone que si bien en la demanda inicial se presentaron pretensiones principales y subsidiarias, el Tribunal en ejercicio de la «discrecionalidad que le confiere la forma de

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17 Radicación n.° 96409 presentación de las pretensiones (...) e scogió la secundaria»; se refiere a la prohibición del artículo 303 del CGP, sobre la modificación de la cosa juzgada y dice que al haber procedido

a espaldas de esta norma, vulneró el 29 superior, así como lo esbozado en la providencia CC-C-548-1997. Manifiesta que el Tribunal en la providencia del 31 de mayo de 2022, se pronunció sobre todos los extremos de las pretensiones, por lo que no era posible dictar una adición que ordenara el reintegro, pues existió una justa causa de despido, además porque ninguna omisión existió. puntualiza en que una «cosa diferente es que el fallo que se pretendió adicionar, fuera desafortunado, lo cual no faculta a quien lo profirió REVOCARLO». Indica que el reintegro no fue desatendido, sino que fue negado y obajo elf also amparo de la adición de la sentencia el sentenciador terminó revocándola. En otras palabras, aplicó el artículo 287 del CGP a un hecho no contemplado en él (...)». Reitera argumentos de la anterior acusación.

VIII. CONSIDERACIONES Al analizar la Sala los cargos conjuntamente, lo primero que debe despejarse, es si el juzgador modificó su propia sentencia, cuando profirió decisión complementaria y, con ello vulneró la intangibilidad de la cosa juzgada.

Luego de proferirse el fallo del 31 de mayo de 2022, la 18

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Radicación n.° 96409 parte demandante solicitó complementación de la sentencia y expuso, que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la pretensión principal de reintegro. El juez plural decidió analizar «nuevamente el asunto», y con apoyo en la providencia CSJ SL2300-2021, determinó

que no estaba impedido para abordar temas inherentes al debate, que constituían «eje medular», aunque «no hayan sido el sustento de las alegaciones del apelante». Observa la Sala que el demandante al advertir que el juzgador no había realizado un pronunciamiento sobre todas las pretensiones, recurrió a los remedios procesales (CSJ SL 2604-2021). El Tribunal al analizar las peticiones, arribó a la sentencia complementaria, que conforma con la decisión primigenia un todo. Esta Corporación ha decantado que si no se individualizan las peticiones iniciales en el escrito de apelación, el referido medio de impugnación presenta falencias y si la decisión del a quo fue totalmente adversa a sus intereses, el juez colegiado debe adoptar las medidas necesarias para abordar el conocimiento del asunto a través del grado jurisdiccional de consulta, consagrado en el artículo 69 del CST. Siguiendo ese derrotero, era pertinente abordar el estudio de las pretensiones de la demanda, una de ellas, la derivada del despido en caso de fuero circunstancial, por lo que no es acertado razonar que modificó su propia decisión.

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Radicación n.° 96409 Se evidencia entonces que el juzgador no modificó su propia decisión, por el contrario, resolvió un punto que era transcendental para el debate, para lo cual siguió el derrotero planteado por el actor, bajo el hilo adjetivo del artículo 287 del CGP. En ese entendido, no se advierte el quebrantamiento de la disposición en comento.

En lo que concierne al primer cargo, en el que se endilga el posible quebrantamiento de las disposiciones que establecen las justas causas para despedir, dada la senda sobre la cual se edifican las acusaciones, no se cuestiona la decisión de dar por terminado el contrato, las causales invocadas por la empresa para dicho finiquito, ni la conclusión que para «la fecha del despido se encontraba en curso el conflicto colectivo de trabajo». Es patente entonces, que el Tribunal le dio efectividad a la garantía contemplada para el derecho a la negociación colectiva, artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en el sentido de que los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación de