CSJ - SL2154-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2154-2023 Radicación n.° 92598 Acta 32 Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario laboral que instauró ÓSCAR AUGUSTO GONZÁLEZ JARAMILLO

contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Óscar Augusto González Jaramillo convocó a juicio a las demandadas, con el fin de que se declare la «nulidad» del

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Radicación n.° 92598 traslado del régimen pensional, por «existir vicio en el consentimiento del afiliado» y por la falta de requisitos legales. En subsidio, deprecó su ineficacia por «no estar precedida de la información suficiente y documentada bajos los criterios» establecidos en la sentencia CSJ SL12136-2014. Como consecuencia de cualquiera de las anteriores declaraciones, pidió que se establezca que está válidamente afiliado, sin solución de continuidad, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM; y que cumple con las

exigencias para acceder a la pensión de vejez. Solicitó, igualmente, que se condene a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a trasladar a Colpensiones la totalidad del dinero depositado en la cuenta de ahorro individual, y «la diferencia que existen entre los aportes» en ambos regímenes; entidad que debe reactivar la afiliación, y proceder a cancelar la pensión de vejez, a partir del 6 de abril de 2012, en cuantía mensual de $1.115.677; los intereses moratorios o, en su defecto, la indexación; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 6 de abril de 1952; que el 25 de marzo de 1974 se afilió al ISS, entidad a la cual cotizó hasta octubre de 1997 un total de 672 semanas; que se trasladó al RAIS a Colfondos S.A.; que el cambio de régimen obedeció a que inició una nueva relación laboral y en la empresa se le indicó que era la AFP que «manejaba la parte de pensiones»; y que no se le efectuó algún tipo de proyección económica ni tampoco se le

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Radicación n.° 92598 suministró información frente a las condiciones y características de ese sistema pensional. Expuso que cotizó en esa entidad 52,14 semanas; que se cambió a finales de 1998 a la AFP Colpatria, hoy Porvenir S.A., a la cual aportó 391,86 semanas hasta el 30 de julio de

2007, completando un total de 1116 en toda su vida laboral; que acudió a la última sociedad mencionada a fin de conocer su situación pensional, donde le comunicaron que solo se podría jubilar a los 66 años de edad y en una cuantía equivalente al salario mínimo; que efectuó una liquidación de la pensión en el RPM, la cual arrojó una mesada por $1.115.677, a partir del momento en que arribara a los 60 años de edad; y que ante dicha situación reclamó a Colpensiones la prestación por vejez, pero su petición fue negada. Al dar contestación a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data de nacimiento del demandante, el número de semanas cotizadas al ISS, el traslado de régimen pensional, la proyección efectuada por la AFP accionada, y la solicitud tendiente a obtener la pensión de vejez, a lo que no se accedió; y de los restantes supuestos fácticos adujo que no le constaban. En su defensa, precisó que el actor no cumplía con los requisitos legales para regresar al RPM; que no se advertía la existencia de un vicio en el consentimiento: y que el cambio

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Radicación n.° 92598 de régimen pensional al RAIS tenía plena validez y legalidad, sin que pudiera retornar, toda vez que no tenía 15 años de cotización o servicios al 1 de abril de 1994. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación demandada, prescripción y la genérica.

Por su parte, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías también se opuso a las súplicas de la demanda. Respecto a los supuestos fácticos, admitió la data de nacimiento del actor, su afiliación a esa AFP y el posterior traslado a Colpatria; de lo restantes, indicó que no le constaban o que no eran ciertos. Como razones de defensa esgrimió que el traslado de régimen fue válido, por cumplir los requisitos legales; que el accionante no hizo uso del derecho de retracto, correspondiéndole acreditar las situaciones alegadas; y que no es posible desconocer los efectos jurídicos del cambio de modelo pensional. Formuló las excepciones de validez de la afiliación, inexistencia de vicios en el consentimiento, caducidad de la acción, pago, compensación, prescripción, buena fe y la genérica. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. al contestar la demanda inaugural, se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del promotor del proceso, su afiliación al

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Radicación n.° 92598 ISS, el cambio de régimen pensional, y el número de semanas cotizadas en Colpatria S.A. Pensiones y Cesantías; y de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, sostuvo que el accionante se trasladó al RAIS de forma libre y voluntaria, tal como consta en el formulario de vinculación; que no se presentó vicio en el consentimiento; que el demandante no hizo uso del periodo

de gracia previsto en el Decreto 3800 de 2003, ni tenía 15 años servicios o cotizaciones al 1 de abril de 1994; y que al promotor del proceso le corresponde acreditar los hechos en los que soporta sus pretensiones, pues a favor de la AFP opera la presunción de buena fe. Propuso como excepciones las de prescripción, buena fe, compensación, falta de legitimación en la causa, exoneración de condena en costas, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, ausencia de perjuicios, afectación de la estabilidad financiera del sistema y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira profirió fallo el 20 de septiembre de 2019, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, y, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., conforme a lo dicho en la

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Radicación n.° 92598 parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR ineficaz el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el señor OSCAR AUGUSTO GONZÁLEZ JARAMILLO el 8 de octubre de 1997, a través de

COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías.

TERCERO: ORDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos

de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A. entidad a la que actualmente se encuentra afiliado el demandante, trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES todos los aportes que reposen en la cuenta de ahorro individual de la parte demandante, junto con los intereses, rendimientos financieros y los gastos de administración que se hayan deducido. Se ORDENA a COLFONDOS retornar a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, el valor de los gastos de administración que hayan sido descontados al demandante, durante el tiempo que fue su afiliado.

CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES proceder sin dilaciones a aceptar el traslado del señor OSCAR AUGUSTO GONZÁLEZ JARAMILLO QUINTO: DECLARAR que el señor OSCAR AUGUSTO González JARAMILLO, conserva válida y vigente su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, dada la declaratoria de ineficacia de su traslado al R.A.I.S. y conserva el beneficio del régimen de transición.

SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONESa que una vez reciba los aportes y saldos provenientes del R.A.I.S. del señor OSCAR AUGUSTO.

GONZALEZ JARAMILLO, proceda al reconocimiento y pago a su favor de la pensión de vejez de manera efectiva desde el 10 de diciembre de 2016, bajo los parámetros del Decreto 758/90, por ser beneficiario del régimen de transición y en cuantía de $1.485.867, la cual deberá ser incrementada anualmente

conforme lo determine el Gobierno Nacional, con derecho a 13 mesadas pensionales al año.

SÉPTIMO: ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión, que la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceda a efectuar el reconocimiento y pago a favor del señor OSCAR AUGUSTO GONZÁLEZ JARAMILLO del retroactivo pensional, correspondiente a las mesadas pensionales causadas a partir del 10 de diciembre de 2016 y hasta que se haga la inclusión en nómina, lo que a la fecha de este fallo asciende a la suma de

$58.356.348.

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OCTAVO: Para la expedición del acto administrativo, la inclusión en nómina del nuevo pensionado y el pago correspondiente de dicha pensión, cuenta la entidad demandada con el término de un mes contado a partir de la fecha en que el actor radique en sus instalaciones la respectiva cuenta de cobro o los documentos pertinentes, previa ejecutoria de esta decisión y la recepción de los aportes y saldos del demandante que traslade la AFP PORVENIR S.A. y su imputación a la Historia Laboral.

NOVENO: AUTORIZAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional a reconocer a favor del demandante, el porcentaje por concepto de aportes al S.S.S. en salud, le corresponde que es del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

DÉCIMO: CONDENAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y

CESANTÍAS, a pagarle a la(sic) demandante las costas procesales generadas en primera instancia a su favor. Para la correspondiente liquidación que realice la Secretaría del Juzgado en su momento, se debe incluir la suma de $4.968.696, que corresponde a las agencias en derecho.

DÉCIMO PRIMERO: SE ABSTIENE el Despacho de imponer condene al pago de costas procesales a COLPENSIONES y PORVENIR S.A., conforme a lo dicho en la parte motiva.

DÉCIMO SEGUNDO: SE ORDENA surtir el grado jurisdiccional de consulta de la presente decisión en favor de COLPENSIONES, para lo cual se debe remitir el proceso a la Sala Laboral de Honorable Tribunal de este Distrito Judicial, y remitir comunicación a los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y

Crédito Público.

DÉCIMO TERCERO: La presente sentencia queda notificada en estrados, y se les hace saber que contra la misma procede el recurso de apelación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante sentencia proferida el 19 de agosto de 2020, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el accionante y las demandadas, junto con el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones,

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Radicación n.° 92598 decidió: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 20 de septiembre de 2019, en el sentido de ORDENAR a las AFP COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a restituir con cargo a sus

propios recursos, el porcentaje destinado a financiar los gastos de administración, las primas que respaldan la garantía de pensión mínima y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, debidamente indexadas, a favor de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES.

SEGUNDO. MODIFICAR los ordinales SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia recurrida, en el sentido de ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES que una vez las AFP PORVENIR S.A. cumpla con las órdenes emitidas en la sentencia, proceda a reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez a favor del señor ÓSCAR AUGUSTO GONZÁLEZ JARAMILLO, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia, incluida, de ser el caso, la indexación de las sumas reconocidas a título de retroactivo pensional. TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida y consultada. CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a las AFP COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. en un 100% a favor del demandante, y por partes iguales. (Negrillas propias del texto) El ad quem adujo que le correspondía definir: i) quien tiene el deber legal de informar al afiliado las consecuencias del cambio de régimen pensional; ii) si es ineficaz el traslado al RAIS que hizo el demandante; iii) cuales son las sumas que deben devolver las AFP; iv) si el accionante es beneficiario del régimen de transición; v) el momento a partir del cual puede disfrutar la pensión de vejez; vi) si procede el pago de los

intereses moratorios y; vii) si hay lugar a condenar en costas a Colfondos S.A.

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Radicación n.° 92598 A fin de resolver tales cuestionamientos, aludió a la sentencia CSJ STL4759-2020 respecto a la obligación de informar sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional; y también resaltó, con apoyo en la decisión CSJ SL1452-2019, de la cual transcribió un pasaje, que ese deber siempre ha existido, aunque se ha ido incrementando con el tiempo, diferenciándose tres etapas. Indicó que la suscripción de un formulario es insuficiente para tener por cumplido ese deber legal de ilustración y que en virtud de la carga de la prueba es a la AFP a quien le corresponde demostrar el consentimiento informado. Dijo que en el plenario estaba acreditado que el promotor del proceso se vinculó al RAIS en octubre de 1997, específicamente a Colfondos S.A., y reiteró que haber signado un documento de cambio pensional no daba cuenta de que se cumplió por parte de la AFP con las obligaciones a su cargo. Aludió al contenido del interrogatorio de parte que se le practicó al actor y coligió que allí no se derivaba alguna confesión de que se le hubiera ilustrado; mencionó el testimonio de Dora Milvia Montoya Galeano, quien indicó que no tuvo injerencia en el cambio de régimen de pensión, en la medida que su actuación recayó en explicar los beneficios de trasladarse a la AFP Colpatria, hoy Porvenir S.A., lo cual se hizo por parte del demandante en el año 1998; y agregó que

las restantes probanzas no acreditaban que el cambio de

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Radicación n.° 92598 régimen hubiese sido debidamente informado, esto es, ilustrando al afiliado sobre «las ventajas y desventajas» que implicaba esa actuación, motivo por el cual debía confirmar la sentencia de primera instancia en este punto en particular por el incumplimiento de la AFP del deber de información. Resaltó que las consecuencias de la ineficacia consistían en que el traslado no produjo efectos, de modo que las AFP accionadas debían restituir todos los dineros percibidos, junto con el porcentaje destinado a gastos de administración y primas de seguro, debidamente indexados, motivo por el cual modificaría la determinación de primer grado. Resuelto lo anterior, pasó a verificar si al accionante le asistía derecho a la pensión de vejez. En dicho sentido, expresó que estaba acreditado que nació el 6 de abril de 1952, de allí que por su edad era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual se le aplicaba el Acuerdo 049 de 1990. Expresó que como el actor tenía más de 750 semanas cotizadas para el momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, conservó las prerrogativas de la transición hasta el 31 de diciembre de 2014. Destacó que estaba probado que, para el 6 de abril de 2012 cuando el accionante arribó a los 60 años de edad, tenía 1104 semanas, por lo que adquirió el derecho a la pensión de

vejez, no obstante, el juez colegiado consideró que no era

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Radicación n.° 92598 posible su cuantificación ni fijar la data de disfrute, por lo siguiente: Ahora bien, en este punto de la providencia, no puede pasarse por alto que, al momento de responder los generales de Ley, antes de iniciar con el interrogatorio de parte, el señor Oscar Augusto González Jaramillo confesó que, en su calidad de ingeniero metalúrgico, se encuentra vinculado laboralmente como docente en una institución educativa de la ciudad, situación que aunada al hecho de que en la relación histórica de movimientos de Porvenir expedida el 31 de mayo de 2017, esto es, un par de meses después de haberse iniciado la presente acción el 8 de febrero de 2017 -fl.90-, esa entidad informa, con posterioridad a la demanda, que la afiliación del actor al sistema general de pensiones se encuentra vigente, es decir, activa. Por lo anterior, coligió que debía modificarse lo resuelto en primera instancia, en el sentido de que Colpensiones liquidará la pensión de vejez, «bajo los presupuestos establecidos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993», previa desafiliación formal al Sistema por parte del promotor del proceso. Explicó que no resultaba procedente condenar al pago de los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de modo que el retroactivo causado, de existir, debería cancelarse indexado. Añadió que no había lugar a modificar las costas a cargo de Colfondos S.A. Con posterioridad, Colpensiones solicitó la adición del

fallo, con fundamento en que no se tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión al resolver la alzada, no obstante, tal pedimento fue negado.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria de primer grado y, en su lugar, se absuelva de las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados únicamente por el demandante, los cuales se resolverán de manera conjunta, por cuando se orientan por la misma vía, denuncian similar elenco normativo, se complementan entre sí y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa, por interpretación errónea del artículo 167 del CGP, como violación de medio que llevó a la aplicación indebida de los artículos 271 de la Ley 100 de 1993, en relación con las siguientes disposiciones: 13, 21, 36 y 141 ibidem; 97 y 98 del Decreto 663 de 1993; 3 de la Ley 1328 de 2009; Ley 1748 de 2014; 3 del Decreto 2071 de 2005; 2, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 2241 de 2010; 12 del Acuerdo 049 de 1990; y la infracción directa del artículo 112 de la Ley 100 de

1993.

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Radicación n.° 92598 Para demostrar la acusación, manifiesta que la carga dinámica de la prueba no puede aplicarse de forma genérica, esto es, sin un ejercicio de ponderación y en desigualdad de las partes. Explica que, conforme al artículo 167 del CGP, a cada parte le corresponde, por regla general, probar el supuesto fáctico que soporta sus pretensiones; no obstante, excepcionalmente el juez la puede invertir, a efectos que la asuma quien está en la situación más favorable para aportar evidencias. Aduce que, en los eventos de ineficacia del traslado de régimen pensional, la Corte Suprema de Justicia ha invertido la carga de la prueba, eximiendo al demandante del deber de aportar cualquier soporte que demuestre la existencia de algún vicio en el consentimiento al momento de la afiliación al RAIS. Considera que dicha tesis desconoce el principio de igualdad de las partes dentro del proceso, como también los parámetros de buena fe y lealtad procesal, pues establecer a quién le corresponde acreditar los hechos corresponde a cada caso en particular. Alude a la sentencia CC C086-2016 y expone que hasta el año 2016 los fondos privados contaban únicamente con el «consentimiento vertido» en el formulario de afiliación para probar el asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes vigentes no exigían nada diferente a la suscripción de dicho documento; de ahí que, a su juicio, a

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Radicación n.° 92598 las AFP les resulta imposible asumir cargas probatorias adicionales o diferentes. Sostiene que no puede obviarse que «la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la profesión del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario […]» son factores que «le permite escoger acertadamente el régimen pensional». Explica que no es apropiado estimar que todos los afiliados al sistema de pensiones son la parte débil, pues el ordenamiento jurídico los dotó de herramientas para que se asesoren de la mejor manera, por lo que no pueden aducir en su favor su propia culpa. Estima que la jurisprudencia de la Corte ha establecido una responsabilidad objetiva en los fondos de pensiones; reitera que los afiliados tienen unas obligaciones, tal como se colige del Decreto 2241 de 2010; que el silencio se entiende como una decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado; y que en el fallo censurado se desconoció lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 100 de 1993. En tal contexto, infiere que el Tribunal invirtió indebidamente la carga de la prueba, imponiéndole al fondo privado demostrar el cumplimiento de requisitos que no le eran exigibles, exonerando injustificadamente a la parte demandante de probar el supuesto de su pretensión.

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VII. LA RÉPLICA El accionante argumenta que el Tribunal aplicó el precedente jurisprudencial respecto a la carga de la prueba, de allí que no pudo cometer algún yerro, y cita jurisprudencia

en apoyo de tal inferencia.

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia el fallo acusado de vulnerar la ley por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 3 de la Ley 1328 de 2009; 2, 4, 6 y 7 del Decreto 2241 de 2010; Ley 1748 de 2014; y 3 del Decreto 2071 de 2015; en relación con las siguientes disposiciones: 13, 21, 36, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; lo que condujo a la infracción directa de los artículos 1495, 1503 y 1509 del CC; 11 del Decreto 692 de 1994; 29 y 334 de la CP; y el AL 01 de 2005.

Explica que el deber de información a los afiliados del sistema pensional se ha ido incrementando, al punto que han existido tres etapas, la primera regida por el Decreto 663 de 1993; la segunda por la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010; y la tercera con la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016. Considera que los casos se deben juzgar con las normas vigentes para el momento en que se suscribió el formulario de afiliación o de traslado; de allí que no era dable exigir a la AFP el cumplimiento de unas exigencias no previstas para cuando operó el cambio de régimen.

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Radicación n.° 92598 Expone que al asunto resultaba aplicable el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, el cual no exige el nivel de

información al que se requirió en el fallo confutado, aunado a que con la suscripción del formulario de afiliación se entiende que la decisión del afiliado fue libre y voluntaria, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Arguye que, si en gracia de discusión, se estimara que era procedente aplicar el Decreto 2241 de 2010 que intensificó las características de la información que se debía suministrar a los asegurados, lo cierto era que, ellos también tienen unos deberes mínimos. Alude a los artículos 1495, 1503 y 1509 del CC y expone que se creó una situación ventajosa para el demandante, pues no se le exigió allegar algún elemento probatorio que soportara sus pretensiones, generando de contera una desventaja para Colpensiones, quien no participó en el traslado de régimen pensional y, pese a ello, debe responder por una pensión de vejez, lo cual genera un riesgo al principio de la sostenibilidad financiera del Sistema previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que estudios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público estiman que la postura en mención tiene un impacto fiscal para la Nación; y alude a las sentencias de la Corte Constitucional CC T489 de 2010 y CC SU130 de 2013.

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IX. LA RÉPLICA El accionante esgrime que el juez colegiado aplicó las disposiciones vigentes para el momento del traslado de régimen pensional; y que tampoco se desconoció el principio de sostenibilidad financiera, al punto que por la ineficacia del

traslado al RAIS se ordenó a las AFP la devolución de todas las sumas recibidas debidamente indexadas, de modo que no existe un detrimento económico.

X. CONSIDERACIONES Conforme a lo planteado por la censura en ambos cargos, emerge que el problema jurídico a resolver en casación consiste en determinar, si erró el juez de la alzada al estimar que en el plenario no se acreditó haber cumplido en este asunto con el deber de información vigente para el momento del cambio pensional y, por consiguiente, declarar la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS.

Previo a resolver tal reproche se precisa que, en razón a la orientación de ambos cargos, esto es, por la senda jurídica, no se discute que el accionante se trasladó del RPM al RAIS en octubre de 1997. Ahora bien, a efectos de dar solución a los cuestionamientos esgrimidos por la recurrente, la Sala debe abordar el estudio de los temas consistentes en: i) si el fallador de alzada desconoció las normas vigentes al momento de la vinculación del demandante al RAIS, las cuales únicamente

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Radicación n.° 92598 exigían que los afiliados conocieran las implicaciones de pertenecer a cada sistema, pero sin requerirse de los fondos una información calificada; ii) si el ad quem se alejó de los preceptos que regulan la carga de la prueba, al invertirla en forma injustificada, imponiéndole a la AFP demandada el deber de probar que ofreció suficiente ilustración sobre las

características de los dos sistemas pensionales; iii) si la suscripción del formulario de afiliación es suficiente para tener por eficaz el cambio de régimen pensional; iv) si el paso del tiempo convalida ese traslado al RAIS; y v) si avalar la declaratoria de la ineficacia de traslado quebranta el principio de sostenibilidad financiera.

1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones.

Sobre este punto inicial, la Corte ha establecido que, desde la data de su creación, las administradoras de pensiones se encuentran obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir un juicio claro que permita elegir dentro de las alternativas pensionales existentes la que más favorezca al afiliado. Lo anterior, se encuentra en armonía con lo consagrado en el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, el cual prescribió en el numeral 1 del citado artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios

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Radicación n.° 92598 que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado». A través de la sentencia CSJ SL1452-2019, se explicó que, para garantizar una afiliación libre y voluntaria, debe estar demostrado que se brindó una información suficiente y

transparente que permita al potencial afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. Así mismo, se ha estimado que esta labor informativa no solo corresponde a la enunciación de las características del RAIS y a sus beneficios, sino que impone una descripción de las particularidades, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, es decir, un cotejo entre las peculiaridades, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los modelos o sistemas vigentes, al igual que de las consecuencias jurídicas del traslado, pues así lo establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Debe tenerse en cuenta que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad del aludido deber ha cambiado y se ha ido transformando, ha pasado de brindar una información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Ello impone a los jueces del trabajo, la necesidad de evaluar el cumplimiento de dicho deber de

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Radicación n.° 92598 información de acuerdo con el momento histórico en que se hizo el traslado de régimen, sin perder de vista en ningún caso, que esta obligación desde un inicio ha existido y es ineludible para las AFP. Por ello, encuentra la Sala que en el caso bajo examen no le asiste razón a la censura en su reproche jurídico en este punto, pues el Tribunal en su decisión tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993,

normativa vigente a la fecha del traslado que se produjo en octubre de 1997, disposición de la que se derivaba el deber de brindar ilustración suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias de dicho traslado. Ciertamente, la norma, se itera, establecía que: Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. Ese mandato implicaba una descripción de cada uno de los regímenes; pero también la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, en un lenguaje claro, simple y comprensible, que aluda tanto a las ventajas como a las desventajas de los modelos pensionales. Sobre el contenido y alc