CSJ - SL2156-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2156-2023 Radicación n.° 78385 Acta 28 Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ FERNANDO ARROYAVE VALENCIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario que promovió en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES DEL ISS EN LIQUIDACIÓN, y de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES.

Téngase a la doctora Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo identificada con T.P. No. 212712, como apoderada del P.A.R del ISS Liquidado y cuyo vocero y administrador es

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Radicación n.° 78385 la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A.- Fiduagraria S.A., en los términos y para los efectos del memorial que reposa a folio 114 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES José Fernando Arroyave Valencia llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales en liquidación y a Colpensiones, para que se declarara que: entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de mayo de 1994 hasta 20 de noviembre de 2012; el ISS

en liquidación, ahora Colpensiones, dio por terminado su contrato de forma unilateral y sin justa causa y; como trabajador era beneficiario de las convenciones colectivas celebradas entre el ISS y Sintraiss. Por consiguiente, se condenara a las demandadas a: i) el reintegro al cargo desempeñado al momento del despido o a uno de mejor categoría junto con los salarios, aumentos legales y convencionales; ii) pago de prestaciones sociales legales y extralegales; iii) cancelación de los aportes al sistema general de seguridad social dejados de percibir entre la fecha de la desvinculación y la reinstalación; iv) indexación de todos los derechos reclamados y reconocidos en juicio; y v) costas procesales. En subsidio, requirió las mismas peticiones declarativas y en cuanto a las condenatorias deprecó el reconocimiento de: el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas y la sanción por no cancelación oportuna de

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Radicación n.° 78385 aquellos, primas de servicios y vacaciones por el tiempo laborado con base en el último salario, indexación de las sumas adeudadas en razón a prestaciones sociales, junto con las sanciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización convencional o legal por despido injusto, aportes a seguridad social, las prestaciones extralegales de origen convencional suscritas entre el ISS y Sintraiss, a la pensión sanción contenida en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y las

costas procesales. Fundamentó sus peticiones, en que prestó sus servicios al ISS, entre el 10 de mayo de 1994 al 20 de noviembre de 2012; desempeñó las funciones propias del cargo de abogado en el área jurídica de la entidad bajo la continua subordinación y dependencia de sus superiores al interior del Instituto; tenía como funciones el cumplimiento de metas en el desarrollo de sus actividades; durante toda la prestación del servicio ejecutó sus labores en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm; se le exigía trabajar en las instalaciones de la demandada ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.; semanalmente se le entregaba reparto para la resolución de recursos y prestaciones; debía rendir informes periódicos de gestión; no tenía autonomía pues se encontraba sujeto a las órdenes, directrices y reglamentos trazados por la entidad en relación al cumplimiento su horario de trabajo y funciones propias de su cargo al punto de rendir reportes periódicos, recibir memorandos y ser sujeto de investigaciones disciplinarias, como consta en el Memorando del 1º de agosto de 2012, los Oficios n.° 001423

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Radicación n.° 78385 del 16 de abril de 2004 y n.° 002676 del 19 de agosto de 2005. Añadió que se vinculó a través de sucesivos contratos de prestación de servicios personales; el último valor que recibió como retribución fue la suma de $1.842.000; que el ISS actuó de mala fe, pues nunca le pagó sus derechos laborales estipulados en las pretensiones.

Manifestó que el 20 de noviembre de 2012 por decisión unilateral del ISS fue despedido sin justa causa, hecho únicamente encaminado a desconocer la sustitución patronal con Colpensiones. Por último, expuso que reclamó administrativamente sus acreencias laborales el 26 de diciembre de ese mismo año y el 7 de noviembre de 2013 ante el ISS y Colpensiones respectivamente (f.° 44 a 84, cuaderno principal). El ISS en liquidación, se opuso a la prosperidad de las pretensiones principales y subsidiarias. Sobre los hechos, admitió que: el demandante cumplió las funciones señaladas en el certificado expedido por la entidad el 20 de enero de 2012, desarrolló dichas actividades en las instalaciones del ISS en la ciudad de Bogotá, se realizaba reparto semanal de trabajo, agotó la reclamación administrativa, no se reconoció ni pagó al actor prestaciones sociales de carácter legal y beneficios convencionales en razón a que no le asistían los derechos; frente a lo demás indicó que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 78385 En su defensa, formuló como excepciones de mérito que denominó pago, inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia de vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido, prescripción y caducidad, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe, la no utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la genérica (f.° 91 a 112 y 120, ibidem). Por su parte, Colpensiones al dar respuesta a la

demanda se opuso a la prosperidad de las súplicas. Frente a los hechos admitió la reclamación, respecto de los demás dijo no constarle o no ser verdaderos. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación y de pagar intereses moratorios, imposibilidad de indexación, buena fe, prescripción, compensación, excepción de pago, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica (f.° 126 a 137, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 23 de agosto de 2016 (f.° 273

CD a 272 acta, ibidem) resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción, propuesta por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES.

TERCERO: DECLARAR que entre el señor JOSÉ FERNANDO

ARROVAYE VALENCIA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

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Radicación n.° 78385 hoy liquidado, existió un contrato de trabajo, entre el 16 de enero de 2012 y el 30 de noviembre del mismo año.

CUARTO: CONDENAR a la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. – única y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR ISS liquidado a pagar al

accionante: A. $2.026.580 por prima técnica.

B. $1.612.052 por primas de servicios convencionales.

C. $1.746.390 por cesantías convencionales.

D. $183.371 por intereses a las cesantías de orden convencional.

E. $806.333 por vacaciones convencionales.

F. $3.070.550 por indemnización por despido sin justa causa.

G. La indexación de las sumas adeudadas desde el momento en que se hicieron exigibles y hasta cuando se produzca el pago efectivo.

QUINTO: ABSOLVER al extremo demandado de las demás pretensiones formuladas en su contra y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-, de todas ellas.

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARÍA S.A. – única y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR ISS liquidado. Para su liquidación debe incluirse la suma de $1.500.000 como agencias en derecho (mayúsculas y negrillas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 19 de enero de 2017, al conocer los recursos de apelación por ambas partes y en grado jurisdiccional de consulta revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolvió a las convocadas de todas las pretensiones incoadas (f.° 284 CD y 285 acta, ibidem).

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Radicación n.° 78385

Precisó como problema jurídico, establecer la calidad que ostentaba el promotor de la acción ante el Instituto accionado, teniendo en cuenta la solicitud de reconocimiento de un contrato de trabajo fundamento de las pretensiones. Recordó que con posterioridad a la sentencia CC C-5791999 que declaró la inexequibilidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, se expidió el Decreto 416 del 20 de febrero de 1997 que aprobó el Acuerdo n.° 145 del 4 del mismo mes y año, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguridad Social, según el cual los trabajadores del ISS se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales; de acuerdo con el literal a) del canon 1º de la referida normativa son empleados públicos, las personas que prestan su servicio como profesionales en «ciertas dependencias», para colegir que, […] el demandante fue contratado para prestar servicios profesionales de abogado en la gerencia de pensiones del ISS, y que el control y vigilancia del cumplimiento de los contratos sería a través del gerente seccional de Cundinamarca, lo que aparece en certificaciones visibles a folios 106 a 122 del expediente. Así las cosas, la mayoría de la Sala colige que, si bien existió prestación personal de servicio por parte del señor José Fernando Arroyave al ISS en liquidación y pudo haber existido una relación laboral, no tiene el demandante la calidad de trabajador oficial, sino de empleado público, pues se encontraba dentro de los servidores profesionales adscritos al servicio de la gerencia del ISS, como lo señalan las pruebas documentales; lo que desvirtúa, conforme al organigrama de servidores públicos de la entidad, la

calidad de trabajador oficial que pretende le sea reconocida.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 78385 Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Procura que la Corte case la sentencia impugnada y en consecuencia, en sede de instancia, CONFIRME la sentencia dictada por el Juez de Primera instancia de fecha 23 de agosto del año 2016, en cuanto accedió parcial y favorablemente a las pretensiones de la demanda y REVOQUE lo pertinente en cuanto absolvió a las demandadas de las restantes pretensiones de la demanda, tales como continuidad del contrato de trabajo sin solución de continuidad, las prestaciones legales y extralegales derivadas de ellos, la indemnización por despido injusto y la indemnización moratoria (f.°10, cuaderno de la

Corte). Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica oportunamente y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, […] en la modalidad de infracción directa por falta de aplicación concretada en la violación de los artículos 1º, 13, 25, 29, 39, 48, 53, 55 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1º, 2º,

5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, y 11 de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Decreto 2127 de 1945, artículo 5º, 6º y 7º del Decreto 3135 de 1968, artículo 1º del Decreto 797 de 1949, artículos 68, 69, 85, 89 de la Ley 489 de 1998» (f.° 11 a 22, ibidem).

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Radicación n.° 78385 Para sustentar el cargo, luego de reproducir la sentencia de segunda instancia, refiere que la naturaleza jurídica del ISS como empresa industrial y comercial del Estado, no fue objeto de debate dentro del proceso como tampoco la calidad de trabajador oficial que tenía con aquella, por lo que le sorprendió haberlo considerado empleado público y constituyó un hecho nuevo, toda vez que dicho tópico no se planteó por las partes, lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, causándole un agravio injustificado. Memora que fue vinculado al ISS en condición de trabajador oficial, para lo que reprodujo los artículos 1º y 3º de los Decretos 1651 de 1977 y 2148 de 1992; 1º y 33 de los Acuerdos 003 de 1993, 235 y 275 de la Ley 100 del mismo año, 063 del 1994 y 145 de 1997; y apartes de la sentencia

CC C-579-1996, para señalar que, no tenía la calidad de empleado público, porque como profesional no dependía del área de gerencia a nivel nacional, sino seccional, cuando los empleados vinculados a la primera son clasificados como públicos, conforme el numeral 13 del literal A del artículo 1º del Acuerdo 145 de 1997 aprobado por el Decreto 416 del mismo año, y los de la segunda, como es su caso, son trabajadores oficiales según lo dispuesto en el literal B de la norma antes referida.

VII. RÉPLICA Fiduagraria S. A.argumenta que se debe desestimar la acusación, ya que desconoce la técnica del recurso

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Radicación n.° 78385 extraordinario, cuando en el alcance de la impugnación, omite señalar a la Corte de forma clara, precisa y concreta cuál es el sentido de la decisión que, a su juicio, debe tomar como juez de instancia, siendo este un requisito ineludible que permite el pronunciamiento de la Sala sobre el particular, sin que pueda subsanarlo de manera oficiosa. Manifiesta que, el actor se vinculó al ISS mediante diferentes contratos de prestación de servicios en el marco de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, suscritos de manera libre y voluntaria junto con la propuesta de servicios presentada unilateralmente, pólizas, aportes a seguridad social, la liquidación administrativa de cada uno de los convenios, los que perfeccionaron su atadura como contratista independiente en calidad de abogado, por lo que ambas partes ajustaron su conducta al hecho de que la

naturaleza de la relación contractual no era de índole laboral.

Expone que: el Tribunal, revocó el fallo de primera instancia, por considerar que el accionante no acreditó su calidad de trabajador oficial, por lo que no resulta procedente ninguna condena de tipo laboral incluida la indemnización moratoria pretendida por el recurrente; la entidad cumplió todas las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos con sustento en lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; los honorarios pactados siempre fueron cancelados; no quedaron obligaciones pendientes por resolver en los términos del artículo 60 de la referida legislación, por lo que las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto sin que hubiesen

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Radicación n.° 78385 reclamaciones posteriores y siempre actuó de buena fe, con el convencimiento de que el nexo contractual tenía connotación administrativa. Pone de presente que la jurisprudencia de esta Sala ha señalado la improcedencia la condena por indemnización moratoria ante la buena fe del Instituto, así como la vinculación regida por la Ley 80 de 1993 para lo que reprodujo apartes de la providencia CSJ SL, 19 oct. 2006, rad. 27371. Señala, que el accionante no podía ser beneficiario de la convención colectiva de trabajo, puesto que no tuvo vínculo laboral con el ISS, no canceló cuota sindical alguna al tiempo que no logra demostrar la condición de sindicato mayoritario de Sintraseguridad social. Finalmente, aduce que el cargo presentado no está

llamado a prosperar dado que el recurrente se equivoca en la elección de la senda para su formulación, toda vez que le es vedado cuestionar de los elementos de prueba arrimados al proceso de las cuales se sirvió el sentenciador de segunda instancia para declarar que se encontraba dentro de los servidores profesionales adscritos al servicio de la gerencia del entonces ISS, de acuerdo a su organigrama oficial (f.° 69 a 74, ibidem). Por su parte, Colpensiones adujo que el sub examine no versa sobre un tema pensional del RPMPD, sino sobre un asunto de índole laboral, pues se discute la existencia de un

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Radicación n.° 78385 contrato de trabajo, razón por la cual, le corresponde a la Fiduagraria S. A. obrado como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales (f.° 64 a 67, ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES Comienza la Corte por advertir, que respecto al cuestionamiento técnico del alcance de la impugnación no le asiste razón a Fiduagraria S. A., toda vez que se evidencia del mismo el propósito perseguido por el demandante en el recurso extraordinario.

En este orden de ideas la labor de la Corte se centrará en dilucidar si erró el colegiado al concluir que la vinculación del actor como profesional abogado, le daba el carácter de empleado público. No son materia de discusión en sede de casación los siguientes aspectos del proceso: i) que el accionante estuvo vinculado a través de contratos administrativos de prestación

de servicios regulados por la Ley 80 de 1993; ii) que la labor era desarrollada en las instalaciones de la entidad, en el mismo horario que el personal de planta y con elementos que le suministró la accionada; iii) que prestó sus servicios como abogado adscrito al departamento de pensiones de la seccional Cundinamarca del ISS y, iv) que el ISS es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional.

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Radicación n.° 78385 Esta Corporación ha instruido, verbigracia, en sentencias CSJ SL2584-2019, CSJ SL4345-2020, CSJ SL2614-2021 y, recientemente, en CSJ SL1018-2022 que el Decreto 3135 de 1968 dispuso la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. En concreto, en su inciso 2º del artículo 5° del Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 del mismo año, se reglamentó que: ARTÍCULO 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. […] Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos (subrayado fuera del texto original). Según lo precedente se tiene que, por regla general, aquellas personas que prestaban sus servicios al ISS eran trabajadores oficiales y, excepcionalmente, era empleados

públicos, siempre y cuando ejercieran funciones de dirección o confianza. Ahora, las normas antes citadas deben leerse en perspectiva a lo dispuesto en el Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 de ese mismo año, en el que el consejo directivo del ISS clasificó a sus servidores del ISS y puntualizó en su canon 1°: Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

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Radicación n.° 78385

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:

1. Presidente del Instituto.

2. Secretario General y Seccional.

3. Vicepresidente.

4. Gerente.

5. Director.

6. Asesor.

7. Jefe de Departamento.

8. Jefe de Unidad.

9. Subgerente.

10. Coordinador Clase 1, ll , III, IV y V.

11. Jefe de Sección.

12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de

Servicios de Salud.

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o

Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos. (subrayado fuera del texto original).

Igualmente, el Acuerdo 76 de 1994, aprobado por el

Decreto 337 de 1995, modificó el Acuerdo 62 de 1994 que había adoptado la estructura interna del ISS, en cuyo artículo 3º señaló: Artículo 3°. El artículo 5°del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura específica de los niveles. La estructura específica de las distintas dependencias y unidades organizacionales del Instituto de Seguros Sociales en sus Niveles Nacional, Seccional, Zonal y Local, se determina con base en las siguientes reglas:

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Radicación n.° 78385 En la estructura interna del Nivel Nacional, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencias y Gerencias. Las de Asesoría se denominan Direcciones y Unidades. Las ejecutivas son Departamentos, Coordinaciones y Secciones. En la estructura interna del Nivel Seccional, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Gerencias y Secretarías Seccionales. Las de asesoría se denominan Direcciones y/o Unidades, y las ejecutivas, Departamentos, Coordinaciones, Secciones o Centros. En la estructura interna del Nivel Zonal y Local, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Gerencias. Las de asesoría se denominan Direcciones y/o Unidades, y las ejecutivas, Subgerencias, Departamentos, Coordinaciones, Secciones o Centros. Vicepresidencias. Funcionan a Nivel Nacional en número de seis (6) y corresponden a las cuatro (4) áreas de servicio a los afiliados del Instituto, Promotora de Salud, Prestadora de Servicios de Salud, Pensiones, Protección de Riesgos Laborales y a las dos

áreas de apoyo, Administrativa y Financiera. Gerencias seccionales. De acuerdo con el volumen de afiliados, la complejidad de sus actividades y grado de desarrollo las Seccionales contarán con una o varias gerencias, así: (subrayado fuera del texto original) […] Y su precepto 4º concretó que: Artículo 4°. El artículo 7° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura Interna. El Instituto de Seguros Sociales en sus Niveles Nacional, Seccional y Zonal, tendrá la siguiente estructura interna:

NIVEL NACIONAL

[…]

6. Vicepresidencia de Pensiones 6.1 Gerencia Nacional de Atención al Pensionado

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Radicación n.° 78385 6.2 Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados 6.3 Gerencia Nacional de Mercadeo de Pensiones. […] Así, siguiendo la clasificación de los empleos del ISS en conjunto con la estructura de la entidad prevista en el Decreto 337 de 1995, se advierte que el colegiado erró al aseverar que las funciones que ejecutó el petente eran las previstas en el Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 de la misma anualidad, pues no realizó una aplicación del artículo 3º del Acuerdo 76 de 1994, aprobado por el Decreto 337 de 1995 de la organización interna del ISS y considerar únicamente que en los contratos quedó establecido, que «fue contratado para prestar servicios profesionales de abogado en la gerencia de pensiones del ISS, y que el control y vigilancia del cumplimiento de los contratos sería a través del gerente seccional de Cundinamarca», y por

tanto adscrito «al servicio de la gerencia del ISS». En efecto, para que se discurriera que el demandante era empleado público a la luz del numeral 13 del canon 1° del Acuerdo 145 mencionado, era indispensable que: i) «el cargo que desempeñ[aba] se en[contrara] adscrito a los despachos de presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director»; ii) «prest[ara] sus servicios en forma directa a los titulares de dichos despachos» y, iii) «sus actividades est[uvieran] inmersas en la excepción prevista en el inciso 3° del artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968» (CSJ

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Radicación n.° 78385 SL1018-2022); presupuestos de derecho que en su totalidad tampoco analizó el ad quem, pues solo se hizo alusión a este último. Frente al alcance de las normas antes transcritas resulta oportuno traer a colación la providencia CSJ SL SL4345-2020 reiterada en la CSJ SL4866-2021, en la que al respecto se indicó: Entonces, de acuerdo con la clasificación de los empleos del ISS prevista en el Decreto 416 de 1997, en armonía con la estructura de la entidad consagrada en el Decreto 337 de 1995, para que los servidores profesionales o secretarias ejecutivas a que se refiere el numeral 13 del primero de los citados puedan considerarse como empleados públicos, es indispensable que el cargo que desempeñen se encuentre adscrito a los despachos

de presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director; que presten sus servicios en forma directa a los titulares de dichos despachos, y que sus actividades estén inmersas en la excepción prevista en el inciso 3.° del artículo 5.° del Decreto Ley 3135 de 1968.(subrayado fuera del texto). De igual forma, en providencia CSJ SL5545-2019, en donde se reclamaba el reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo con el ISS. En dicha oportunidad la Corte explicó: De acuerdo con los antecedentes, le corresponde a la Sala determinar si erró o no el Tribunal al concluir que la demandante «se encontraba dentro de los profesionales de la gerencia del ISS, lo que desvirtúa, dentro del organigrama de los servidores públicos de esa entidad, la calidad de trabajadora oficial». Sobre el particular, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia CSJ SL2584-2019 que resolvió un conflicto similar, en el que se demandó la existencia de un contrato realidad con el ISS de un profesional que se vinculó para apoyar en sus funciones misionales al departamento de pensiones de la seccional Cundinamarca, bajo las reglas de la Ley 80 de 1993.

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Radicación n.° 78385 Para resolver la litis, precisó la Corporación que de conformidad con el inciso 2.º del artículo 5.º del Decreto Ley 3135 de 1968 los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, son trabajadores oficiales y, excepcionalmente,

de acuerdo con sus estatutos, empleados públicos cuando ejerzan funciones de dirección y confianza. Ilustró, que de acuerdo con los criterios orgánico y funcional previstos en el citado decreto extraordinario, el Consejo Directivo del ISS estableció en el artículo 1.º del Acuerdo 145 de 1997 aprobado por el Decreto 416 del mismo año -norma cuya violación acusa en el sub lite la censurala clasificación de sus servidores, así: Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:

1. Presidente del Instituto.

2. Secretario General y Seccional.

3. Vicepresidente.

4. Gerente.

5. Director.

6. Asesor.

7. Jefe de Departamento.

8. Jefe de Unidad.

9. Subgerente.

10. Coordinador Clase I, II , III, IV y V.

11. Jefe de Sección.

12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario

General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos. (Resaltado fuera del texto).

(…). Explicó también que, por su parte, el Acuerdo 76 de 27 de diciembre de 1994 aprobado por el Decreto 337 de 20 de febrero

de 1995 -vigente hasta la expedición del Decreto 2012 de 2012-, modificó la estructura anterior del ISS y adoptó otra nueva a nivel nacional, seccional, zonal y local que, en lo que concierne al tema en estudio, consagró:

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Radicación n.° 78385 Artículo 3°. El artículo 5° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: (…) En la estructura interna del Nivel Seccional, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Gerencias y Secretarías Seccionales. Las de asesoría se denominan Direcciones y/o Unidades, y las ejecutivas, Departamentos, Coordinaciones, Secciones o Centros. (…) Las Seccionales de Cundinamarca-Santafé de Bogotá, Valle, Antioquia y Atlántico en su estructura contarán con: Gerencia Administrativa, Gerencia de Pensiones, Gerencia de Protección Riesgos Laborales, Gerencia de EPS y Gerencias de Clínicas (IPS). Artículo 4°. El artículo 7° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura Interna. El Instituto de Seguros Sociales en sus Niveles Nacional, Seccional y Zonal, tendrá la siguiente estructura interna: (…)

NIVEL SECCIONAL

(…) 6.4 Gerencia Seccional de Pensiones 6.4.1 Departamento de Atención al Pensionado 6.4.2 Departamento de Historia Laboral y Nómina de Pensionados (…) Previo tal análisis, concluyó: [D]e acuerdo con la clasificación de los empleos del ISS

prevista en el Decreto 416 de 1997, en armonía con la estructura de la entidad consagrada en el Decreto 337 de 1995, para que los servidores profesionales o secretarias ejecutivas a que se refiere el numeral 13 del primero de los citados puedan considerarse como empleados públicos, es indispensable que el cargo que desempeñen se encuentre adscrito a los despachos de presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director; que presten sus servicios en forma directa a los titulares de dichos despachos, y que sus actividades estén inmersas en la excepción prevista en el inciso 3.° del artículo 5.° del Decreto Ley 3135 de 1968.

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Radicación n.° 78385 De ese modo, las funciones de los profesionales adscritos a los niveles ejecutivos del ISS (inc. 3.° del art. 3.° del Decreto 337 de 1995) tales como el Departamento de Pensiones de la Seccional Cundinamarca, no pueden incluirse dentro del catálogo de actividades exceptuadas del régimen de los trabajadores oficiales, como quiera que los departamentos, coordinaciones, secciones o centros no pertenecen a los niveles directivo y asesor de la entidad, en la medida que entre sus funci