CSJ - SL2163-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2163-2023 Radicación n.° 93944 Acta 27 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró MARÍA DUBARNOY CARDONA VÉLEZ, al que fue vinculada como litisconsorte necesaria LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA.

I. ANTECEDENTES María Dubarnoy Cardona Vélez llamó a juicio a Porvenir

S. A., para que se le condenara a reconocerle la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre del causante Oscar Emilio Cardona Vélez, a partir del 1° de octubre de 2015, reajustada anualmente con base en el IPC, los intereses

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Radicación n.° 93944 moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas. Narró que su descendiente falleció el 1° de octubre de 2015; que habitaban la misma residencia; que dependía económicamente de él; que solicitó la prestación ante la AFP el 15 de abril de 2016, pero se le informó que otra persona había pretendido la pensión, por lo que el conflicto debía resolverse en sede judicial (f.° 2 a 7 y 24 a 25, cuaderno del

juzgado). Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones. Admitió la existencia del conflicto entre pretensas beneficiarias y dijo que los restantes hechos no eran susceptibles de ser confesados. Propuso las excepciones de fondo de prescripción, «inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y falta de causa en las pretensiones de la demanda», «falta de legitimación en la causa por activa y existencia de beneficiarios con mejor derecho», inexistencia de dependencia económica, falta de legitimación en la causa por pasiva, «conflicto de intereses entre presuntos beneficiarios», «incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios», buena fe de la entidad demandada, compensación e innominada o genérica (f.° 41 a 58, ib). Luz Adriana Castaño Maya, vinculada como

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Radicación n.° 93944 litisconsorte necesaria mediante el auto admisorio1, se opuso a los pedimentos. Aceptó la fecha del deceso. Negó que el causante viviera con su progenitora y señaló que los restantes hechos no le constaban. No propuso excepciones. Solicitó en el mismo escrito, que se le reconociera la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente supérstite, a partir del 1° de octubre de 2015, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo probado más allá o fuera de lo pedido, la indexación de las sumas susceptibles de corrección monetaria y las

costas. Manifestó que Oscar Emilio Cardona Vélez murió el 1° de octubre de 2015 en Cali; que estaba afiliado a Provenir S.

A. y que convivieron en unión libre desde el 15 de marzo de 2009 hasta el día del deceso (f.° 119 a 124, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, el 29 de noviembre de 2017, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto de las pretensiones de la demandante y la litisconsorte necesaria. Absolvió a Porvenir S. A. de las rogativas y condenó en costas a la actora

(Acta de f.° 155, en relación con el CD de f.° 154, ib). 1 f.° 26 y 27, ibidem.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 16 de julio de 2021, al desatar el recurso de apelación de las reclamantes, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia APELADA. En su lugar se DECLARAN no probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, respecto de la integrada en el litisconsorcio necesario LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA, y se confirman respecto de MARÍA DUBARNOY CARDONA VÉLEZ.

SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S. A., a reconocer y pagar a la señora LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA, la pensión de

sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente OSCAR EMILIO CARDONA VÉLEZ, a partir del 1° de octubre de 2015, en cuantía inicial de 1 salario mínimo mensual legal vigente, retroactivo pensional que liquidado desde tal fecha y actualizado al 31 de mayo de 2021, asciende a $57’362.009, correspondiéndoles (sic) una mesada pensional a partir del 1° de junio de 2021 de $908.526 equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, monto que deberá reajustarse anualmente conforme lo establezca el gobierno nacional. La prestación se reconoce de manera temporal, hasta el 1° de octubre de 2035, conforme las consideraciones expuestas. Con cago a la pensión de sobrevivientes reconocida, deberá LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA, cotizar al sistema general de pensiones para obtener su propia pensión, correspondiéndole informar a PORVENIR S. A., a cuál administradora de pensiones deben destinarse sus cotizaciones, conforme las consideraciones expuestas […].

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S. A., a reconocer y pagar a la señora LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 20 de abril de 2016 y hasta que se haga el pago de las mesadas retroactivas adeudadas.

CUARTO: AUTORIZAR a PORVENIR S. A., para que del retroactivo liquidado y que se continúe generando, efectúe los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

QUINTO: CONFIRMAR la sentencia APELADA respecto de la

absolución por las pretensiones de MARÍA DUBARNOY

CARDONA VÉLEZ.

SEXTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de PORVENIR S.

A. […]

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Radicación n.° 93944 Dijo que determinaría a cuál de las solicitantes le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del afiliado Oscar Emilio Cardona Vélez. Tuvo por indiscutido que i) el causante nació el 1° de julio de 1990 y falleció el 1° de octubre de 2015 (f.° 8, 70, 71 y 139); ii) era hijo de María Dubarnoy Cardona Vélez; iii) Luz Adriana Castaño Maya fue beneficiaria en salud del afiliado, en calidad de compañera permanente, desde 1° de junio de 2012 hasta el 20 de octubre de 2015 (f.° 127); iv) ambas solicitaron la prestación ante Porvenir S. A. y se les resolvió negativamente (f.° 14, 43, 59, 61 y 63) y, v) el afiliado cotizó 154,43 semanas en los tres años anteriores al deceso. Precisó que la norma que gobernaba el asunto es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que, al tenor del literal b) de dicho precepto, era pertinente estudiar primero si existía derecho en cabeza de la pretensa compañera permanente, pues solo a falta de ella, podría analizarse la petición de la madre supérstite. Explicó que, según el criterio reciente de la Corte (CSJ

SL1730-2020 y CSJ SL1388-2021), cuando se produce la muerte de un afiliado, la compañera debe acreditar que convivía con él al momento del deceso, mientras que, cuando quien fenece es un pensionado, lo que corresponde demostrar es una convivencia mínima de 5 años inmediatamente anteriores al óbito, siendo el primer escenario el acaecido en este asunto.

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Radicación n.° 93944 Memoró que, además del certificado de afiliación en salud de la señora Castaño Maya, se recibieron los testimonios de Luz Amparo Perea Mosquera, María Luz Dary Ceballos, Luis Ángel Burgos Henao, Pedro Nel Hortúa Gómez, Caterine Jimena Quiñones y Berta Quiñones, así como los interrogatorios de parte de ambas petentes, pruebas de las cuales era dable concluir que, entre Luz Adriana Castaño Maya y el afiliado fallecido, existió convivencia en los términos exigidos en la ley, por lo menos desde el 13 de abril de 2012, fecha de afiliación como beneficiaria en salud, hasta el 1° de octubre de 2015, fecha de la muerte. Resaltó que la vocación de permanencia del vínculo era tal que, no solo vivieron juntos en diferentes lugares, sino que obtuvieron el acompañamiento de ambos grupos familiares, que les permitieron cohabitar las viviendas maternas; que se evidenció el deseo de amparar a la compañera permanente con los servicios de salud, «sin contar con la condición de jóvenes que ostentó la pareja (de 25 y 24

años cada uno), que hace que su proyecto de vida en común se viera truncado por el accidente que segó la vida del causante»; que ante la demostración de la existencia de una compañera permanente del afiliado, quedaba excluida la progenitora del afiliado, por lo que sería inocuo analizar el requisito de dependencia económica de ésta. Puntualizó que el derecho debía reconocerse de forma provisional, hasta el 1° de octubre del 2035, en tanto la beneficiaria tenía menos de 30 años (f.° 64 y 126) y no procreó hijos con el causante; que por ese motivo y en

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Radicación n.° 93944 observancia de la exigencia del mismo literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, debía seguir cotizando a pensión, con cargo a la prerrogativa por sobrevivencia, en aras de obtener su propia pensión. Calculó la prestación tomando como IBL $835.044,12, que al aplicarle una tasa de remplazo del 45 %, concretaba una mesada de $376.219,85, inferior al salario mínimo mensual legal vigente para el 2015 ($644.350), por lo que debía equipararse a este valor; que requerían pagarse 13 de aquellas en atención a que la prestación se causó con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; que la prescripción no afectó ningún pago mensual, puesto que la reclamación se efectuó el 19 de febrero de 2016 (f.° 63) y la demanda se radicó el 26 de octubre de ese año (f.° 7); que

el retroactivo causado entre el 1° de octubre de 2015 y el 31 de mayo de 2021, ascendía a $57’362.009; que la mensualidad a pagar a partir del 1° de junio de 2021, era de $905.3526 (1 SMMLV). Condenó al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque al tenor del artículo 1° de la Ley 717 de 2002, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debe efectuarse a más tardar dos meses después de radicada; que el derecho se solicitó el 19 de febrero de 2016 y la demandada incurrió en mora al iniciar el tercer mes, es decir, el 20 de abril de esa anualidad. Agregó que, a la luz del artículo 157, así como del inciso 2° del 204 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 3° del art. 42 del Decreto 692 de 1994 y al precepto 69 del

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Radicación n.° 93944 Decreto 2353 de 2015, Porvenir S. A. podría descontar los aportes al subsistema en salud (f.° 9 a 18, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case totalmente» la decisión impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la inicial y se provea sobre costas.

Acota que con el segundo cargo persigue que se case parcialmente la decisión, en cuanto impuso condena por el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, en sede de instancia, se confirme la decisión inicial que la absolvió por ese concepto. (f.° 3, archivo «Recursos_Extraordinarios_Casacion_Memorial_202309103787 9», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados únicamente por Luz Adriana Castaño Maya, los cuales se pasan a estudiar.

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VI. CARGO PRIMERO Denuncia la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el 13 de la Ley 797 de 2003 y los artículos 230 y 271 de la CP, así como la infracción directa de los preceptos 13 y 58 de la Carta.

Aclara que no cuestiona las premisas fácticas de la decisión, sino que, desde lo jurídico, lo debatido es que no se exigiera que la convivencia perdurara por más de 5 años anteriores al fallecimiento del afiliado; que no desconoce que las conclusiones del Tribunal están acordes con la postura actual de la Corte, plasmada en la decisión CSJ SL13882021, pero pretende una revisión de tal razonamiento para que se regrese al criterio anterior. Acentúa que si bien los argumentos de esta Corporación

son respetables, no se corresponden con una correcta intelección de los artículos de la Ley 100 denunciados en la proposición jurídica, pues emerge en literal y descontextualizada, en tanto aquellos preceptos no establecen una diferenciación entre afiliado y pensionado respecto del requisito de convivencia, habida cuenta que la circunstancia de que la disposición aluda al pensionado, no implica que la exigencia de 5 años de convivencia no pueda predicarse de quien no ha alcanzado ese estatus. Decanta de las consideraciones plasmadas en la sentencia CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, reiteradas en la

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Radicación n.° 93944 CSJ SL14068-2016, que la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el literal b) que reguló la forma como se distribuye la pensión en caso de concurrencia en la convivencia simultánea o cuando ha habido separación de hecho, claramente alude a los cinco años de convivencia, siendo evidente que estas dos regulaciones se aplican tanto a la muerte del afiliado como a la del pensionado, por lo que existen supuestos del citado artículo que exigen dicho lapso de cohabitación de la beneficiaria con el afiliado para que se pueda generar una pensión de sobrevivientes. Añade que de la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993 no se extrae la diferenciación efectuada por la Corte frente al requisito de convivencia; que la actual postura desconoce el principio de igualdad previsto del artículo 13 de la CP, como lo asentó la Corte Constitucional en la sentencia

CC SU149-2021; que la hermenéutica adoptada por el fallador de segunda instancia atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema pensional (artículo 48 ibidem); que la CC C1094-2003 no es un precedente de obligatorio cumplimiento en la actualidad, porque, si bien allí se dijo que la convivencia de 5 años solo era exigible para los pensionados, lo cierto es que tal afirmación hizo parte de la obiter dicta (dichos de paso) y así lo ha reiterado el alto Tribunal Constitucional en la providencia de unificación mencionada (f.° 3 a 14, ib).

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VII. RÉPLICA Luz Adriana Castaño Maya hace notar que el cargo pretende justificar la inconformidad de la recurrente sobre un asunto ya decantado por la Corte; que la propia exposición de motivos de la ley, citada por la acudiente en casación, deja ver la razón de la distinción entre la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, puesto que la exigencia de un término de convivencia mínima evita peticiones fraudulentas, respecto de un pensionado.

Defiende que la decisión de segunda instancia aplicó correctamente la ley sustancial, así como el precedente del órgano de cierre; que lo que resultaría discriminatorio sería negar que algunas convivencias inician a temprana edad y por ese simple hecho no tendrían derecho al amparo por sobrevivencia; que incluso el sistema solo exige 26 semanas cotizadas para aquellos afiliados que tengan hasta 26 años;

que el Tribunal no desconoció el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones; que, además, la prestación no la reconoce Porvenir S. A., sino que, en virtud de los reaseguros, es la compañía aseguradora contratada por esta la que responde por las mesadas (f. ° 1 a 4, archivo «Recursos_Extraordinarios_Casacion_Memorial_2023092322 318», ib).

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal consideró que, al tenor artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el entendimiento dado por

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Radicación n.° 93944 la Corte sobre el requisito de convivencia, vertido en las decisiones CSJ SL1730-2020 y CSJ SL1388-2021, cuando se produce la muerte de un afiliado, como en este asunto, la compañera debe acreditar que convivía con él al momento del deceso, habida cuenta que solo se exige que la cohabitación se extienda por 5 años o más cuando quien muere es un pensionado. En contraposición, la AFP recurrente solicita que se aplique la sentencia CC SU149-2021, es decir, se vuelva al anterior criterio, según el cual, la convivencia mínima de 5 años se exigía sin consideración al estatus que tuviera el fallecido respecto del sistema pensional. Atendido el perfil del cargo, no es objeto de discusión que: i) Oscar Emilio Cardona Vélez falleció el 1° de octubre de 2015; ii) al momento del deceso era afiliado al sistema y había cotizado 154,43 semanas en los tres años a su muerte;

1. convivió con su compañera permanente, Luz Adriana Castaño Maya, desde el 13 de abril de 2012, hasta el momento de su deceso; iv) la prescripción no incidió en ninguna mesada, habida cuenta que la pensión fue reclamada por la consorte el 19 de febrero de 2016 (f.° 63) y la demanda se radicó el 26 de octubre siguiente (f.° 7); v) para el momento del perecimiento, la opositora contaba con menos de 30 años y no había procreado hijos con el fallecido y, vi) el IBL fue de $835.044,12, que al aplicarle una tasa de remplazo del 45 %, entregaba una mesada de $376.219,85.

Ahora, sobre el conflicto de legalidad planteado, esta

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Radicación n.° 93944 Corporación reevaluó el criterio según el cual, la convivencia mínima de 5 años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, de cónyuge o compañero permanente, era exigible con independencia de si el causante era un afiliado o un pensionado, acorde con lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En efecto, la Sala precisó que el razonamiento expuesto en la sentencia CC SU149-2021 era válido para el caso allí resuelto y que se mantendría la posición que fijó en la providencia CSJ SL1730-2020, pese a que, por orden de tutela, fue reemplazada por la CSJ SL4318-2021. Así, la tesis actual de esta Corporación sobre el punto

de debate, expuesta en la decisión CSJ SL5270-2021, asienta que: […] luego de analizar minuciosa y detenidamente el citado supuesto normativo, en armonía con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad referidos al mismo, esta Corporación concluyó, sin dubitación alguna, que su intelección adecuada, la que se acompasa con la Constitución y el espíritu de la ley, así como con los fines y principios del Sistema Integral de Seguridad Social, y en particular, del Sistema Pensional, lleva a concluir que, en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que cónyuge o compañero o compañera permanente, ostenten la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue instituido para el caso de muerte del pensionado, por motivos que resultan constitucionalmente válidos, como en más de una oportunidad lo analizó la Corte Constitucional. Y es que, el Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida dignas, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con

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Radicación n.° 93944 sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con la finalidad específica de amparar de las

contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, por lo que, para definir el contenido constitucional del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios, condensados en la sentencia CC C-1035-2008, así:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante: Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”. Por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados: En el mismo sentido, la Corte ha concluido que la sustitución pensional busca impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes”

3. Principio material para la definición del beneficiario: En la

sentencia C-389 de 1996 esta Corporación concluyó que: “(...) la legislación colombiana acoge un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muertecomo elemento central para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido” Providencia en la que también se precisó que la Corte Constitucional, en el fallo CC C1094-2003, al analizar la exequibilidad del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en lo referido al requisito de convivencia de no menos

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Radicación n.° 93944 de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante, señaló: 2.3. Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la sentencia C-1176 de 2001, es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a

matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada. La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social. En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones de causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13). […] 2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797 Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la

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Radicación n.° 93944 edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante. Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta Corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar”. En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes. Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la

convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (Subraya y negrilla fuera de texto). Para la Sala, las anteriores consideraciones permanecen incólumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C336-2014, en la que tangencialmente se equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado y acto seguido se citó la providencia CC C1176-2001 y la CC C1094-2003, en cuanto al límite temporal exigido a los beneficiarios del pensionado y su legítimo fin; empero, el análisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa

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Radicación n.° 93944 oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en el fallo CC C1094-2003. De ahí que de la redacción del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la prestación se cause por muerte del pensionado, por lo que una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que no puede desconocerse tal distinción, que fue

expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto) Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que: […] Se regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

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Radicación n.° 93944 estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes (subraya y negrilla fuera de texto). Además, en la ya citada CSJ SL5270-2021, la Sala dijo: Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la

intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de afiliados al sistema no pensionados, y la de pensionados, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión. La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el entendido de la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia, que ya sea constituida por vínculos naturales o jurídicos, que en todas sus modalidades se e