CSJ - SL2165-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2165-2023 Radicación n.° 94111 Acta 031 Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARMEN ELISA LERMA CRUZ, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de octubre de 2021, en el proceso que instauró contra la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

I. ANTECEDENTES Carmen Elisa Lerma Cruz llamó a juicio a la Universidad Autónoma de Occidente, su empleadora, con el fin de que se declarara que, le efectuó un descuento ilegal al momento de su liquidación final de salarios y prestaciones sociales y que no le reconoció ni pagó los emolumentos que

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Radicación n.° 94111 le correspondían a la finalización del contrato de trabajo, actuando de mala fe. En consecuencia, reclamó el pago de su liquidación final con los conceptos ya mencionados, la prima de servicios para el año 2019 y las cesantías que corresponden al año 2018 junto a sus respectivos intereses; el reconocimiento de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 CST y la indexación de toda suma no sujeta a sanción moratoria. Subsidiariamente la reclamó respecto de las sumas a las que se llegara a condenar. En lo que interesa al recurso, fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue 4vinculada desde enero

de 2003 como docente de planta del departamento de Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de Occidente, aplicó para cursar estudios de maestría en psicología de la Universidad del Valle «durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y junio de 2011» y una vez admitida en dicho programa, solicitó a su empleadora le concediera «una comisión académica con apoyo institucional» la cual le fue reconocida con la Resolución 6211 del 28 de octubre de 2009. Explicó que esta consistía «en un préstamo especial condonable representado en 8 semanales de asignación laboral, […] recibió un total de 736» el cual monetariamente equivalía a la suma de $18.456.170, condicionado a la suscripción de un pagaré a favor de la institución lo cual cumplió el 29 de enero de 2010 mediante el identificado como

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Radicación n.° 94111 «B-564-2010 por valor de $22.488.133 […]» y a permanecer vinculada con la misma, «impulsando los desarrollos académicos, investigativos […] en el departamento de origen o en el que le designe el respectivo decano de facultad, por un periodo de tiempo por lo menos igual al doble de la duración de la comisión académica», lo que se estipuló además en la garantía referida. Afirmó haber cumplido los requisitos para obtener el título de la maestría el 6 de diciembre de 2012 y que permaneció vinculada a dicha universidad más de 6 años contados desde esa fecha y hasta el 14 de enero de 2019

cuando feneció el vínculo laboral, cumpliendo así el tiempo mínimo de permanencia requerido para que le fuera condonado en su totalidad el préstamo recibido por la comisión académica, por lo que al descontarse de su liquidación final, de manera unilateral y sin su consentimiento $11.500.359 por el presunto incumplimiento del referido tiempo pactado, dicha deducción resulta ilegal. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció el vínculo contractual, sus extremos temporales, la renuncia presentada por la casacionista así como la aceptación de aquella el 17 de enero de 2019; aclaró el monto del último salario devengado y explicó todo el procedimiento realizado para la postulación, reconocimiento y liquidación de la comisión académica concedida, para lo cual confirmó que las horas de descarga laboral que se tuvieron en cuenta para la misma fueron por un total de 736 representado en

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Radicación n.° 94111 $18.456.170, suma respaldada con el pagaré identificado en el proceso. Precisó que el tiempo exigido para el cumplimiento de la comisión fue superior al previsto, que se benefició de la prestación personal de los servicios de la recurrente, pero, por un término inferior al pactado y dijo que no era cierto que el descuento fuera ilegal ante las autorizaciones plasmadas en el título valor. En su defensa propuso las excepciones que denominó, petición de lo no debido frente a la indemnización del artículo 65 CST; existencia de la obligación y buena fe del empleador; deducciones realizadas en forma legal y con autorización

previa; incumplimiento de requisitos para condonación del crédito y; pago, compensación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de junio de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR probadas parcialmente las excepciones de petición de lo no debido, y buena fe del empleador, respecto de la pretensión de reconocimiento de la sanción establecida en el artículo 65 del CST, y no probadas las demás excepciones formuladas por la Universidad Autónoma de Occidente.

SEGUNDO: CONDENAR a la Universidad Autónoma de Occidente, a reconocer y pagar a la parte demandante la suma de $ 11.500.359, suma que deberá ser indexada al momento de su pago.

TERCERO: ORDENAR a la Universidad Autónoma de Occidente para que en el término no mayor a seis (6) meses contados a

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Radicación n.° 94111 partir de la ejecutoria de esta providencia, expida una nueva reglamentación en lo atinente a la forma en que los docentes y directivos de la Universidad condonan con tiempo las licencias voluntarias remuneradas que otorga, respetando los principios de solidaridad, equidad, proporcionalidad y los derechos mínimos de los trabajadores.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 28 de octubre de 2021 al resolver los recursos de apelación

interpuestos por ambos extremos procesales, resolvió: REVOCAR la Sentencia No. 035 del 18 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Cali, para en su lugar: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de deducciones realizadas en forma legal, formulada por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, absolviéndola de las pretensiones incoadas en su contra por la señora CARMEN ELISA LERMA CRUZ. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó como problemas jurídicos a resolver, determinar (i) si el descuento efectuado por la Universidad Autónoma de Occidente en la liquidación definitiva de prestaciones a la demandante por valor de $11.500.359, devino ilegal o no, y, (ii) de ser el caso, «si procedía condenar a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria reglada en el artículo 65 CST.» Para tal efecto, analizó el contenido de las resoluciones de rectoría identificadas como 5666 del 11 de julio de 2005, 6211 del 28 de octubre 2009 y lo expuesto por la casacionista en su interrogatorio junto con lo declarado por Nelson

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Radicación n.° 94111 Mauricio Jiménez Rivas y Luz Karime Quiñonez, de lo que determinó que el asunto gravitaba en torno al segundo escenario en que puede operar el descuento censurado, según el artículo 149 del CST modificado por el 18 de la Ley 1429 de 2010. De igual manera, antes del estudio conjunto de

aquellos, definió como hechos fuera de discusión los siguientes:

1. Que la señora CARMEN ELISA LERMA CRUZ estuvo vinculada al servicio de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE mediante contrato a término fijo desde el 20 de enero de 2003, modalidad que cambió a término indefinido desde el 1 de julio de 2007, desempeñándose como docente adscrita al Departamento de Publicidad y Diseño (f. 7 a 9 Archivo 03 ED).

2. Que mediante Resolución de Rectoría No. 6211 del 28 de octubre de 2009, la Universidad demandada le concedió a la demandante comisión académica remunerada, a fin de que esta cursara Maestría en Psicología en la Universidad del Valle, durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y junio de 2011 (f. 11 a 13 Archivo 03 ED).

3. Que en cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 5666 de 2005, la demandante firmó como garantía en favor de la demandada, pagaré por valor de $22.488.133 adiado el 29 de enero de 2010 (f. 2 a 3 Archivo 13 ED).

4. Posteriormente, a través de la Resolución No. 6605 del 28 de marzo de 2012, la demandada prorrogó el periodo de comisión hasta el 30 de junio de 2012, sin asignación de tiempo laboral (f. 14 a 15 Archivo 03 ED).

5. Que la vinculación en comento culminó el 14 de enero de 2019 previa renuncia presentada por la demandante (f. 10 Archivo 03

ED).

6. Que, al liquidar las prestaciones definitivas de la demandante, la Universidad efectuó un descuento por la suma de $11.500.359, denominado “DESC. UNIV. COMISIÓN ESTUDIOS”

(f. 16 Archivo 03 ED).

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Radicación n.° 94111 Así las cosas, memoró que, conforme al evocado artículo 149, la Corte en sentencia CSJ SL860-2020 ha señalado que «las deducciones no autorizadas por el trabajador son ilegales mientras se hagan en vigencia de la vinculación, pero una vez finiquitada esta, no es posible predicar lo mismo, toda vez que justo en ese momento desaparece la garantía de crédito para empleador», y concluyó que, de las pruebas recaudadas — documentales y testimoniales— se tiene que «al beneficiarse con los apoyos institucionales ofrecidos por el alma mater, terminados los estudios, surge para el interesado, en retribución a dicho beneficio, el compromiso de reincorporarse a la Institución, a fin de prestar sus servicios por el doble de tiempo que duró la comisión». En tal virtud, precisó que, para el cálculo del apoyo universitario, el claustro establecía aquel «de acuerdo con el monto salarial percibido por año, la cuantía de la hora, la incidencia sobre las prestaciones sociales, todo exclusivamente del equivalente de días no laborados durante la comisión de estudios», por lo que no tuvo duda en que, conforme lo plasmado en la Resolución 6211 del 28 de octubre de 2009 se le concedió a la demandante comisión académica remunerada para cursar sus estudios de maestría

en otro establecimiento desde «agosto de 2009 hasta junio de 2011, prorrogada en Resolución 6605 del 28 de marzo de 2012 hasta el 30 de junio de 2012 (f. 11 a 15 Archivo 03 ED), lo que significó la suscripción del pagaré B-564-2010 que respaldó la obligación y en el que, de lo que le atañe al recurso, aceptó que:

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Radicación n.° 94111 […] La Universidad queda expresamente autorizada para la totalidad de la porción condonable, si fuere el caso, directamente de mis salarios, prestaciones sociales, honorarios o de cualquier otra suma de dinero que tenga a mi favor, directamente por nómina, autorización que desde ahora extiendo en forma irrevocable. Igualmente autorizo a la Universidad para que el registro de los abonos efectuados a este instrumento sea llevado en forma separada y confiable. Agregó que, la comisión se extendió hasta el 30 de junio de 2012 conforme se aceptó por la demandante en el minuto 17:13 al 34 del interrogatorio que absolvió, y que allí también se acordó no hacer efectivo el pagaré y, «[…] que se tuviera como fecha de culminación de sus estudios, para los efectos del cumplimiento del compromiso explicado, que iba hasta la fecha referida, el 6 de diciembre de 2012, calenda de sustentación de su tesis de grado» lo que a su vez confirmó el testigo Nelson Mauricio Jiménez Rivas. En dicho contexto, recordó que la política universitaria de la institución limitaba el beneficio académico otorgado

cuando se cursaba una maestría, a que el mismo fuera por un tiempo máximo de tres años, y dado el acuerdo realizado, la conferida a la demandante se mantuvo vigente «desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 6 de diciembre de 2012 (3 años, 4 meses y 5 días), el periodo de permanencia para entender condonado el beneficio concedido era de 6 años, 8 meses, y 10 días, contabilizado por la entidad para vencerse el 6 de agosto de 2019 […]», por lo que al fenecer el vínculo por la renuncia que la trabajadora presentó el 14 de enero de 2019, se activó la posibilidad del descuento de lo adeudado al no cumplirse el término doble acordado, aplicando a la liquidación una deducción de $11.500.359,oo.

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Radicación n.° 94111 Aunado a ello, determinó que del expediente no se desprendía prueba del constreñimiento pero «si de la adherencia libre y voluntaria de la demandante a las condiciones que revestían la posibilidad de acceder a los apoyos a la formación condonables, establecidos por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE», como tampoco del desconocimiento de las condiciones y compromisos que asumía con la postulación para el acceso de los apoyos como a sus prorrogas, «enmarcada, principalmente, en la culminación del programa académico, y la prestación del servicio por el doble de tiempo de duración de la comisión de estudios […]». Expresó que, aunque la legislación se caracteriza por su amplio carácter garantista lo cierto es que «no puede

anteponerse la barrera protectora de la normativa laboral para eximir al trabajador de las obligaciones y consecuencias pecuniarias a las que se obligó, en tanto que dicho ámbito surge de unos mínimos inviolables e irrenunciables (Art. 25, 48 y 53 CN), y como en el asunto no se discutió la validez o eficacia de lo acordado, la tesis propuesta por el a quo desconocía la noción conmutativa de lo pactado, como era que a la demandante le bastaba con «cumplir el tiempo de permanencia mínimo para que lo destinado en su apoyo fuese totalmente condonado, desligándose de cualquier compromiso o consecuencia económica. Y contrario sensu, también podía optar por reembolsar lo reconocido durante la comisión, y evitaba así el deber de permanecer durante el tiempo de estancia acordado».

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Radicación n.° 94111 Precisó el carácter retributivo del beneficio, la existencia de la autorización de descuento «en caso de hacerse efectivo», la cuantificación de este en el caso de la desvinculación anticipada al cumplimiento del doble tiempo, la cual «solo se contrae al valor de las ocho (8) horas descargadas semanalmente de su plan de trabajo, que en total fueron 736 horas, de las cuales se tomó su incidencia salarial y prestacional, sin que añada periodo adicional al brindado con fines académicos (f. 2 a 3 Archivo 20 ED)», y que, la entidad le concedió a la trabajadora «una prórroga para que pudiese

culminar sus estudios en el marco de la comisión, y de paso, no afectarla con la materialización de las garantías extendidas por esta. […]», cuando aquella inicialmente era del año 2009 a 2011, luego hasta julio de 2012 y finalmente, llegó hasta diciembre de la última anualidad con la sustentación del trabajo de grado, es decir, por fuera de todo límite previsto. Finalmente, señaló que, es sumamente relevante indicar que el descuento materia de disputa, activado por la renuncia de la demandante a partir del 14 de enero de 2019, cuando el compromiso de permanencia iba hasta el mes de agosto de esa anualidad, situación no discutida en esta instancia, y de la cual estaba enterada desde 2012, según correo electrónico remitido y contestado por la accionante el 17 de diciembre de 2012 (f. 9 Archivo 10 ED), se hizo efectivo una vez culminado el contrato de trabajo, de conformidad con el criterio jurisprudencial vigente (f. 16 Archivo 03 ED), cuando las garantías propias de la relación laboral habían fenecido, contexto en el cual, solo quedan vigentes, como lo señaló la recurrente pasiva, las obligaciones en un ámbito civil, que de ningún modo tiene la connotación de exonerar a la actora de su pago frente a quien propició las condiciones para beneficiarla con el apoyo a la formación académica. Con base en todo lo expuesto, colige la Sala que el descuento

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Radicación n.° 94111 realizado por la demandante por valor de $11.500.359 era

totalmente viable, en virtud de las obligaciones contraídas por aquella durante la vigencia contractual, para cuyo cálculo, según se indicó, se tuvo en cuenta el periodo no laborado durante la comisión de estudios, el monto salarial percibido por año, valor hora, y la incidencia sobre prestaciones sociales, justiprecio que además, no fue el objeto de inconformidad por la parte actora. Por consiguiente, al decaer el reconocimiento efectuado en sede de primera instancia, no hay lugar a pronunciarse sobre la apelación del extremo activo, pues dependía en todo caso de mantener la decisión condenatoria. En consecuencia, habrá de revocarse la Sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepción de deducciones realizadas en forma legal, propuesta por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, absolviéndola de las pretensiones […].

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Carmen Elisa Lerma Cruz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, «SE REVOQUE PARCIALMENTE la decisión del Juez de Primera (sic) instancia que en su numeral primero declaró probadas las excepciones de buena fe del empleador y cobro de lo no debido respecto del reconocimiento de la sanción moratoria […] y se acceda a dichas condenas […]».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es objeto de réplica y se resuelve conforme fue planteado.

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VI. CARGO ÚNICO Denuncia la violación de la ley por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 149 del CST y el 53 de la CP, que afirma, conlleva a la infracción directa del 65 del CST.

Aduce que dicha afrenta se produce como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que la terminación de la relación laboral entre Carmen Elisa Lerma Cruz y la Universidad Autónoma de Occidente se dio de mutuo acuerdo.

2. No dar por demostrado estándolo que la comisión de estudios otorgada a Carmen Elisa Lerma Cruz se extendió desde enero de 2010 y hasta diciembre de 2011.

3. Dar por demostrado sin estarlo que la comisión de estudios otorgada a Carmen Elisa Lerma Cruz se extendió desde el 01 de agosto de 2009 y hasta el 30 de junio de 2012.

4. Dar por demostrado sin estarlo que la Resolución No. 6605 del 28 de marzo de 2012 extendía la comisión de estudios hasta el 30 de junio de 2012, cuando en verdad lo que extendió fue la fecha de cobro del pagaré No. B-564-2010.

5. No dar por demostrado estándolo que la actuación de la demandada estuvo revestida de mala fe.

Lo anterior por cuanto no se valoró la copia del escrito de aceptación de la renuncia al cargo y se apreciaron de forma indebida las resoluciones 5666 del 11 de julio de 2005, 6211 del 28 de octubre de 2009, 6605 del 20 de marzo de 2012 emanadas de la Universidad Autónoma de Occidente;

la contestación del hecho 11 que a la demanda dicha entidad presentó y lo contenido en el minuto 32:27 al 33:05 de su interrogatorio de parte. En sustento de lo anterior, asegura que la adecuada interpretación y análisis de las pruebas hubieran llevado al

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Radicación n.° 94111 colegiado a concluir que la comisión que le fue autorizada, inició el 1 de enero de 2010 y finalizó el 31 de diciembre de 2011; que la terminación del contrato laboral conforme a la aceptación de la renuncia voluntaria que presentó a la universidad fue de mutuo acuerdo mas no por causa injusta, omitiendo pronunciarse frente a la prueba de ello y en consecuencia, de la aplicación del artículo 65 del CST Para tal efecto, desarrolla uno a uno los citados errores y con relación al primero, sostiene que, dadas las falencias probatorias ya anunciadas, se olvidó implementar el criterio de la Corte para entender como de mutuo acuerdo la terminación contractual, para lo cual memoró que conforme a la sentencia «con radicación No. 34986 del 10 de noviembre de 2009 Magistrado Ponente Luis Javier Osorio López», frente al tema se estableció: “Al respecto, es bueno recordar que uno de los modos de terminación del contrato de trabajo es por decisión de una de las partes, que para el trabajador se traduce en la renuncia que surge de su voluntad libre y espontánea, que cuando su empleador la acepta, ese acto que en principio es unilateral, se convierte en mutuo consentimiento de cesación del vínculo contractual, que resulta siendo una forma diferente de extinción

del contrato que exime de responsabilidad a quien renuncia con respecto a eventuales perjuicios a su cargo por la voluntaria dejación del trabajo, en los casos en que hubiera sido intempestiva o ilegal.” (Subraya por fuera del texto) Por lo tanto, aduce que la Resolución 6211 del 28 de octubre de 2009 prevé en el literal B del artículo 4, la configuración de una causa no justificada para requerir la devolución inmediata del valor del apoyo concedido, empero del escrito de aceptación de la renuncia que presentó y de la jurisprudencia mencionada, se desprende que dicha

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Radicación n.° 94111 terminación corresponde a una de mutuo acuerdo y no a la que entiende el sentenciador, lo que consecuencialmente acarrea la ilegalidad del descuento implementado en la liquidación final de salarios y prestaciones sociales que solicita, en los términos de los artículos 59 y 149 del CST. Ahora bien, con relación al segundo, expone que se confunden la duración de la carrera educativa y la de la comisión de estudios, como quiera que la primera es atribuible a la etapa formativa de la maestría y la segunda se limita al tiempo en que se entregó el apoyo institucional; que de la lectura de las resoluciones, entiende que al hablar de la evocada encomienda «se hace referencia al apoyo institucional que la Universidad Autónoma de Occidente ofrece a sus trabajadores», el cual se otorga máximo por un periodo de 3 años y que en tal contexto, aunque inició su proceso educativo para el 1 de agosto de 2009, dicho beneficio se

activó en enero de 2010, por lo que, al transcurrir «durante enero de 2010 y diciembre de 2011, es decir, durante 2 años, por lo cual conforme el Literal C del Artículo 3º. de la Resolución No. 6211, Carmen Elisa Lerma Cruz debía permanecer en la institución por 4 años y no por […] 6 años, 8 meses y 10 días». Lo anterior en el entendido que la misma universidad acepta al contestar la demanda que la comisión inició sólo hasta la evocada data, ya que «comenzó a hacerse efectivo el apoyo institucional consistente en el otorgamiento de 8 horas semanales»; y, por tanto, se comprobaba el cumplimiento del requisito de permanencia por el doble de tiempo, siendo

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Radicación n.° 94111 improcedente la revocatoria de la condena impartida primigeniamente. Con relación al tercero, aduce que, «en ninguna parte se señala que el apoyo institucional otorgado a Carmen Elisa Lerma Cruz se extendió hasta el 30 de junio de 2012», y, por el contrario, en el hecho 11 de la contestación a la reforma de la demanda, se reconoce que fue otorgada hasta diciembre de 2011, dado que no hubo beneficio alguno entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de la evocada anualidad, por lo que yerra el sentenciador en su argüir. Frente al cuarto, refiere que se erró al considerar como extensión de la comisión, lo señalado en la Resolución 6605 de marzo de 2012 cuando en realidad lo que se prolongó fue

la exigibilidad del pagaré B-564-2010, habilitando el análisis de su interrogatorio de parte en los minutos 32:27 a 33:05 y la resolución en que se «establece claramente que no se otorga más apoyo institucional», para determinar que la permanencia doble exigida como condición era hasta diciembre de 2015 como se cumplió y no como se concluyó por un tiempo superior a los 4 años ya mencionados. En cuanto al quinto, sostiene que se da la indebida apreciación de las resoluciones y el hecho 11 de la contestación de la demanda, transgrediendo de forma directa el artículo 65 CST respecto de la indemnización moratoria pues los errores que fueron presentados previamente llevaron a que el colegiado revocara la orden de pago por concepto de la suma ilegalmente retenida y a su vez, a que

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Radicación n.° 94111 no se diera por acreditada la mala fe de la universidad, cuando de los aspectos fácticos en que ha insistido, considera probado el «actuar de la demandada estuvo revestido de mala fe» y por tanto, que procede la condena requerida.

VII. RÉPLICA La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se opone al reproche y para el efecto, sostiene que en el recurso se incurre en una mixtura de vías, inapropiada, ya que «incluye aspectos jurídicos al basar su acusación en jurisprudencia de esa Honorable Corporación […]»; junta dos géneros de violación excluyentes entre sí y además, trae a

colación medios nuevos, como fuera el planteamiento de que la finalización de la relación se dio de mutuo acuerdo y que, «la Resolución No. 6211 Artículo 4 Literal B establece que para que la institución educativa pueda exigir la devolución del apoyo institucional otorgado el beneficiario debe incurrir en la “desvinculación de la institución por cualquier causa no justificada antes de terminar el periodo de compensación”», dado que esto no se expuso con la demanda y por tanto, no se discutió en instancia. Asimismo, afirma que no se controvierten los razonamientos probatorios esenciales y principales del juez de alzada para revocar la decisión primigenia, comoquiera que, según los testigos, al momento de la renuncia de la actora, le enviaron correo electrónico a la demandante notificando la

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Radicación n.° 94111 liquidación del pagaré debido al incumplimiento de la permanencia; que desde el año 2012, Vicerrectoría le confirmó que, una vez aprobada su tesis, el periodo de tiempo a permanecer en la entidad era hasta agosto de 2019, a lo que ella respondió, con un simple “perfecto” y que si bien la comisión se extendió hasta el 30 de junio de 2012, según explicó la misma demandante en su interrogatorio de parte (Min. 17:13 a 34: Archivo 19 ED), en ese momento logró acordar con la demandada que no se hiciera efectivo el pagaré, y adicionalmente que se tuviera como fecha de culminación de sus estudios, para los efectos del cumplimiento del compromiso explicado, que iba

hasta la fecha referida, el 6 de diciembre de 2012, calenda de sustentación de su tesis de grado, aspecto corroborado por el

testigo NELSON MAURICIO JIMÉNEZ RIVAS […].

Expone que la sentencia del juez plural no resulta desacertada, toda vez que se basa en lo acreditado al interior del proceso, como es que el descuento realizado se soporta en las regulaciones universitarias establecidas para ello y, el otorgamiento del apoyo allí previsto significaba para el beneficiario la asunción de varios compromisos plasmados en el artículo 14 de la Resolución 5666 del 11 de julio de 2005, aceptando incluso que en caso de no cumplir con aquellas, se declararía el plazo vencido exigiendo inmediatamente el pago del valor total del pagaré suscrito como garantía. Lo anterior trayendo a colación apartes del fallo confutado, de donde el colegiado resaltó lo declarado por Nelson Mauricio Jiménez y Luz Karime Quiñónez frente a cómo se otorgaban los apoyos financieros, se ejecutaban las condonaciones, se pactaron las condiciones para el disfrute del mismo, la forma de calcular las 736 horas que a la final se descargaron del plan de trabajo de la recurrente y el requerimiento que se le remitió a aquella para la ejecución del pagaré debido al incumplimiento de la permanencia.

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Radicación n.° 94111 Finalmente, advierte que, al ser la indemnización moratoria de carácter eminentemente sancionatorio y tener la creencia ante la terminación del vínculo, de que no se debía nada adicional por cuanto se dio el incumplimiento de

la permanencia para la condonación del préstamo por parte del trabajador, se configura un eximente de la responsabilidad que se le endilga.

VIII. CONSIDERACIONES Cierto es que la recurrente incurre en dislates técnicos que, de entrada, provocan la impropiedad del ataque que dirige contra el fallo del Tribunal, por lo que se impone a la Corte recordar el carácter extraordinario y, por ende, estricto, del recurso de casación.

Sobre este punto, debe decirse, tal y como ya ha tenido oportunidad la Sala de hacerlo, que le corresponde al censor de forma preliminar identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el embate por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Sobre este aspecto en particular en la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132, reiterada en la decisión CSJ SL 30492022, expresó: […] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con

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Radicación n.° 94111 estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de

ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria. Con el fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede invocar razones como si fuera un alegato de instancia. Así, quien la formula debe reunir, no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con su propósito. En ese orden, por la seriedad de los fines que persigue