CSJ - SL2172-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2172-2023 Radicación n.° 96101 Acta 28 Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RICARDO JOAQUÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2022, en el proceso ordinario que promueve contra CARBONES DEL

CERREJÓN LIMITED.

I. ANTECEDENTES Ricardo Joaquín Vázquez Martínez demandó a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, pretendiendo (i) la reliquidación de la pensión de jubilación, a partir del 22 de mayo de 1998, a la cantidad mensual de $7.261.188, junto con los reajustes legales a partir del 1º de enero de 1999; (ii) subsidiariamente, a partir del 22 de mayo de 2003, al

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Radicación n.° 96101 equivalente de 25 salarios mínimos legales mensuales, junto con los reajustes legales a partir del 1º de enero de 2004 y (iii) al pago, en cualquier caso, de la diferencia entre las mesadas pensionales debidas y las que ha venido pagando, con la indexación correspondiente. En respaldo de sus aspiraciones, señaló que prestó sus servicios para la sociedad Esso Colombia Limited, antes denominada International Petroleum Colombia Limited, desde el 11 de febrero de 1971 hasta el 30 de junio de 1995, entidad

que asumió «[…] directamente la seguridad social en pensiones», quien a la terminación del contrato de trabajo, se comprometió a reconocerle la pensión de jubilación cuando cumpliera 50 años de edad, lo que aconteció el 22 de mayo de 1998. Advirtió que luego de terminado el contrato de trabajo, la Esso Colombia Limited se escindió y posteriormente fue absorbida por la sociedad International Colombia Resourses Corporation, quien le comunicó, el 2 de junio de 1998, el reconocimiento a su cargo de la pensión de jubilación, a partir del 22 de mayo del mismo año. Refirió que el salario promedio mensual devengado en su último año de servicios fue de $5.849.128, ; que entre la 41 fecha de terminación del contrato y la del reconocimiento, el IPC tuvo un incremento del 65.50%. Al actualizar el salario base de liquidación IBL, la prestación ascendería a $9.681.584 mensuales, de forma tal

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Radicación n.° 96101 que al liquidarle el 75% sobre esa suma, el monto sería de $7.261.188. Sin embargo, el valor reconocido fue de $4.076.520, a partir del 22 de mayo de 1998, es decir, en el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Agregó que la Ley 100 de 1993 eliminó el tope máximo de las pensiones que había establecido la Ley 71 de 1988, en tanto que la pensión extralegal y voluntaria que se le reconoció no fue sometida a ninguno de ellos y que los límites de cotización para el riesgo de vejez fueron ajenos a su prestación.

Expuso que, al no estar sometida a los referidos máximos, su cuantía inicial fue inferior a la que realmente le correspondía y, por ello, los reajustes anuales también han sido inferiores a los ordenados por la ley. Por otra parte, sostuvo que cumplió 55 años el 22 de mayo de 2003, fecha en que se causó su pensión «legal» y, como para ese momento el límite máximo de las pensiones del Régimen de Prima Media había sido elevado por la Ley 797 de 2003, a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debía calcularse que la pérdida de poder adquisitivo entre la fecha de retiro y la de cumplimiento de los 55 años, según la variación del IPC era del 148.89%, de forma tal que el 75% debió aplicarse sobre la suma de $14.559.433, , lo 31 que arrojaba como valor actualizado a esa fecha el de $10.919.575.

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Radicación n.° 96101 Manifestó que cuando cumplió la edad, el tope era de $8.300.000, y enseguida expresó: 28° - El 75% del salario devengado por mi representado durante su último año de servicios, actualizado a la fecha en que cumplió 55 años de edad, fue superior al límite máximo de las pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida durante el tiempo comprendido desde el 22 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2003. 29° - A partir del 22 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2003, la demandada continuó reconociendo como cuantía de la pensión del actor la misma que le venía pagando desde el mes de enero

de ese mismo año, es decir la cantidad de $ 6'469.574. 30° - El 75% del salario promedio devengado por el actor en su último año de servicios, actualizando con la variación del IPC a la fecha en que cumplió 55 años de edad, fue superior al tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los años 2004, 2005, 2006 y 2007. 31° - Para los años 2004 a 2007, la sociedad demandada se abstuvo de reajustar la pensión de jubilación de mi representado a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes en cada uno de esos años. 32° - El límite máximo de las pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida para el año 2008 (25 salarios mínimos legales mensuales) fue de $11.537.500. 33° - Para el año 2008 el 75% del salario devengado por mi representado durante su último año de servicios, actualizado a la fecha en que cumplió 55 años de edad ($ 10'919.575), dio una cuantía inferior a los 25 salarios mínimos, de modo que desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de ese año su pensión quedó limitada al 75% de dicho salario. 34° - Desde el 1° de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, la demandada le pagó al actor la cantidad de $8'415.356 mensuales por concepto de pensión de jubilación. 35° - Como desde el 22 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2003 la sociedad demandada no reajustó la pensión del actor a los 25 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de esos años, ni a partir del 1° de enero de 2008 al 75% del salario promedio

que devengó durante su último año de servicios, le ha venido pagando desde entonces por esa prestación cantidades inferiores a las que legalmente, correspondían.

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Radicación n.° 96101 Finalmente, aseguró que el 19 de noviembre de 2002, la sociedad International Colombia Resources Corporation cambió su nombre por el de Carbones del Cerrejón LLC y el 28 de junio de 2007, cambió a denominarse Carbones del Cerrejón Limited. Al contestar la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió como ciertos los relativos a la existencia de la relación laboral, sus extremos temporales, el último salario devengado por el demandante, su fecha de nacimiento y la del reconocimiento de la pensión de jubilación, lo relacionado con las escisiones, absorciones y cambios de razón social de la empresa, el tope pensional en el año 2003 y el valor del salario mínimo en esa anualidad. Respecto a los demás, dijo que no eran ciertos o no eran hechos. Adujo que, por tratarse de una empresa petrolera, a quienes se llamó a inscribirse al ISS sólo con la expedición de la Ley 100 de 1993, el trabajador no pudo ser afiliado a ese instituto, lo cual significó que en materia pensional «[…] debían aplicarse las normas consagradas en el artículo 260 del C.S.T., las cuales contemplaba (sic) el derecho a la pensión de aquellos trabajadores que cumplieran con 20 años de servicios a la empresa y 50 años mujer y 55 años hombre». Expuso que los argumentos esgrimidos por el

demandante para afirmar que su pensión no estaba sometida a un tope no eran valederos, por cuanto el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo no podía interpretarse de

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Radicación n.° 96101 manera autónoma y con independencia del resto del ordenamiento jurídico, que históricamente había consagrado topes máximos para pensiones de jubilación o de vejez, cualquiera que fuera su origen o entidad pagadora, a menos que las partes acordaran un límite mayor al legal, o incluso sin él, que no era el caso. En este caso, agregó, que el establecido para la fecha de causación efectiva de la pensión (año 1998), en aplicación del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el 2º del Decreto Reglamentario 314 de 1994, era de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Elaboró un recuento normativo de aquellas disposiciones referidas al tope máximo pensional, desde la Ley 4ª de 1976, y transcribió apartes de la sentencia CSJ SL, 12 de agosto de 2014, radicación 52989, antes de concluir que como la pensión fue reconocida el 22 de mayo de 1998, fecha del cumplimiento de los 50 años, la ley aplicable en este asunto no era la 797 de 2003, sino la 100 de 1993, que fijó el límite máximo en «20 S.M.M.L.V». En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido, pago, compensación y buena fe. Como previa, propuso la de

prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 96101 El Juez Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 13 de mayo de 2021 decidió: PRIMERO: ABSOLVER a Carbones del Cerrejón Limited, de todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda por parte de Ricardo Joaquín Vázquez Martínez, conforme las motivaciones de la sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, formuladas por la parte demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver la apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 28 de febrero de 2022 dispuso: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 33

Laboral del Circuito de Bogotá el día 13 de mayo de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que el estatus de pensionado del demandante se establece a partir de la comunicación de fecha 2 de junio de 1998, mediante la cual Internacional Colombia Resources Corporation le informó que le reconoció la pensión de jubilación, a partir del 22 de mayo de 1998, en cuantía de $4.076.520. De la reclamada reliquidación, y de la pretensión subsidiaria de incrementarla a partir del 22 de mayo de 2003, al monto equivalente a 25 salarios mínimos mensuales

legales vigentes, consideró que lo primero a resolver era lo relacionado con el régimen aplicable a las empresas de

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Radicación n.° 96101 petróleos, pues fue a partir del Decreto Ley 1650 de 1987 y el Decreto 3063 de 1989, que se ordenó la afiliación obligatoria de los trabajadores nacionales y extranjeros de la industria del petróleo, hasta que finalmente, con la Resolución 4250 de 1993, se fijó como fecha definitiva de inscripción en el régimen de seguros sociales obligatorios, el 1º de octubre de 1993. En esa dirección, consideró que «[…] el régimen jurídico general establecido para el pago de pensión de jubilación a los trabajadores del sector privado, como es el caso en estudio, con anterioridad a la Ley 100 de 1993 era la Ley 6 de 1945, que reglamentaba las relaciones entre empleadores y trabajadores, entre ellas la pensión de jubilación», y procedió a transcribir el artículo 14 de la citada ley, que prescribía como obligación de las empresas cuyo capital excediera de un millón de pesos. Además, advirtió que el artículo 12 de la misma disposición prescribió que esta obligación iría hasta la creación del seguro social, momento a partir del cual se sustituiría al empleador y asumiría el ISS, lo cual no sucedió en este caso, pues el trabajador no fue afiliado a seguridad social, por lo que era responsabilidad del primero el pago de las pensiones del segundo. Refirió que en la comunicación de la empresa no se hizo mención al cumplimiento de requisitos convencionales, ni se

indicó que se tratara de una pensión voluntaria, por lo que no podía concluirse que se tratara de una de estas últimas,

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Radicación n.° 96101 «[…] sino que se debe entender se trata de una pensión legal, que se rige por las normas vigentes sobre la materia y a cargo del empleador por cuanto el riesgo no fue asumido por el ISS, acorde con el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 259». En conclusión, señaló que la pensión se reconoció al amparo de la Ley 6ª de 1945 y que, por tratarse de una pensión legal, se encontraba sujeta a los topes máximos establecidos en la Ley 100 de 1993, norma vigente al momento en que le fue reconocido su derecho pensional. Finalmente aseguró, en lo relacionado con la reliquidación de la pensión: Ahora, conforme a la liquidación final de prestaciones sociales aportada al proceso y que obra a folio 27, el demandante devengó durante el último año de servicios la suma de $70.189.541 es el valor que se indica allí como valor matriz, es decir que para el año 1998 devengó un promedio de $5.849.128,41 y en consecuencia el 75% equivalía a $4.386.846,31; sin embargo, como para el momento el tope para el reconocimiento de pensiones era de 20 salarios mínimos que equivalían a $4.076.520, la demandada le otorgó la pensión en dicho tope por cuanto conforme a la Ley de 1993 la pensión a reconocer no podía superar dicho tope, como se observa en la comunicación de fecha 2 de junio de 1998 (fl.29), pues si bien en la comunicación no

indicó la norma que aplicaba, revisadas las documentales aportadas se concluye que aplicó la norma vigente para ese momento, esto es la Ley 100 de 1993. Sobre el tema del valor de la pensión, concluyó: En cuanto al tope máximo a reconocer, se tendrá en cuenta lo indicado en la sentencia C-078 de 2017 según la cual el tope máximo para el reconocimiento pensional se aplica tanto al sector público como al sector privado y señaló que “el límite de 25 SMLMV al IBC introducido con el inciso 4 del artículo 5 de la Ley 797 de 2003, se enmarca dentro del margen de libertad de configuración legislativa y responde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al asegurar de manera general la correspondencia entre el valor de la cotización y el monto de la

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Radicación n.° 96101 pensión (salvo los casos regulados por el Gobierno Nacional), sin que ello desconozca el artículo 48 Superior, razón por la cual la expresión acusada será declarada exequible”. […] En cuanto a que por haber entrado en vigor la Ley 797 de 2003, se aplique el tope de 25 salarios mínimos a la pensión del actor, no puede accederse a la pretensión subsidiaria, toda vez para el momento en que se reconoció la pensión al demandante la norma que se encontraba en vigencia era la Ley 100 de 1993 y el derecho fue reconocido bajo los parámetros allí establecidos sin que se pueda aplicar una norma posterior, pues no existía para el momento en que se otorgó la prestación. Ahora conforme a la sentencia citada por la recurrente en la

demanda, es decir, la sentencia C-155 de 1997, es necesario resaltar que allí se indicó en la parte resolutiva que “El límite máximo de las pensiones sólo será aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de esta ley”. En este orden de ideas, se puede concluir que el límite de 25 salarios mínimos solo es aplicable a las pensiones que se causen a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003 y no a la del demandante que se causó en el año 1998 cuando estaba en vigencia la Ley 100 de 1993 que establecía un límite de 20 salarios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y conforme a las limitaciones y alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente manifiesta que como el Tribunal consideró que la pensión de jubilación es una «Pensión Legal», si se reconoce al trabajador que ha cumplido los requisitos establecidos en el precepto aplicable, y es una «Pensión Extralegal o Voluntaria» si el trabajador no los ha cumplido,

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Radicación n.° 96101 se impone, para la debida precisión de esta demanda, formular un alcance de la impugnación independiente frente a cada uno de los cargos presentados. Con tal propósito, por la causal primera de casación formula cuatro cargos, replicados, de los cuales se resuelven de manera conjunta los dos primeros, porque a pesar de estar dirigidos por vías diferentes, contienen una

proposición jurídica similar, están relacionados con la pretensión principal del proceso, presentan argumentos que se complementan y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Como alcance de la impugnación, persigue que se case totalmente la sentencia del Tribunal y, que en sede de instancia se revoque la del juzgado, condenando, en su lugar: PRIMERO: A RELIQUIDAR la pensión de jubilación de RICARDO JOAQUÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ a partir del 22 de mayo de 1998 a la cantidad mensual de $7'261.188 y a reajustarla anualmente, a partir del 1º de enero de 1999, de conformidad con la Ley.

SEGUNDO: A PAGAR a RICARDO JOAQUÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ las diferencias entre las mesadas pensionales debidas y las que le ha venido pagando con la actualización monetaria o indexación correspondiente a cada diferencia desde de su causación hasta el día en que se realice su pago efectivo.

Acusa la sentencia impugnada de ser directamente violatoria, por infracción directa, de las siguientes normas: […] artículos 19, 490, 491 y 492 del C.S.T. (Decretos 2663 y de 1950), 1 0 y 20 de la Ley 141 de 1961, 118-8 y 121 de la Constitución Política de 1886 y 71 del C.C. y, consecuentemente, por aplicación indebida de los artículos 12 y 14 de la Ley 6a de 1945, 72 de la Ley 90 de 1946, 13, 259 y 260 del C.S.T., 14 y 18

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Radicación n.° 96101 de la Ley 100 de 1993, 8º de la Ley 153 de 1887 y 1494, 1602, 1613, 1614 y 1615 del C.C., en relación con los artículos 1º y 5º del Acuerdo 257 de 1967 expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 1993 de 1967 y con los artículos 13, 14 y 15 del Decreto Ley 1650 de 1977, 27 del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el artículo 1º 3063 (sic) de 1989. Transcribe algunos apartes de la sentencia acusada, especialmente relacionados con las consideraciones que hace el Tribunal sobre la aplicación de la Ley 6ª de 1945, antes de explicar que los precedentes verticales establecidos por la Corte, tienen dispuesto que las pensiones «voluntarias» no están sometidas a límites máximos, que solo se aplican a las pensiones «legales». Manifiesta que, en el afán de convertirla en una de las primeras, para poder absolver a la sociedad, no tuvo inconveniente en aplicar normas que dejaron de existir hace más de setenta años, pues ignoró que las leyes 6ª de 1945 y 90 de 1946, en cuanto reguladoras de las relaciones individuales del sector privado, dejaron de regir a partir del 1º de enero de 1951, primero por la suspensión decretada por los artículos 490, 491 y 492 del Código Sustantivo del

Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950) y luego por su derogatoria, a partir del 16 de diciembre de 1961, por disposición de los artículos 1º y 2º de la Ley 141 de 1961. Afirma que las pensiones legales de jubilación o de vejez de los trabajadores particulares, a partir del 1º de enero de 1951, fueron las reguladas por los artículos 260 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con lo

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Radicación n.° 96101 establecido por el 118 (ord. 8º) y 121 de la Constitución de 1886 y por el artículo 71 del Código Civil. Agrega que, cuando las partes acordaron terminar el contrato de trabajo, no estaban vigentes para los trabajadores del sector privado ni el artículo 14 de la Ley 6ª de 1945, ni el 72 de la Ley 90 de 1946, pues habían sido suspendidas por el Código Sustantivo del Trabajo y, luego, derogadas por la Ley 141 de 1961, «[…] que el Tribunal acusado ignoró por completo». Asegura que la pensión acordada a la terminación del contrato (1995) para empezar a pagar tres años después (1998), cuando cumpliera los 50 años de edad, no fue entonces la pensión «legal» del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, que había desaparecido del ordenamiento, ni la del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que para los varones se causaba a los 55 de edad, sino una «extralegal y voluntaria». Aduce que la infracción directa (inaplicación por

ignorancia) de las normas citadas del Código Sustantivo del Trabajo, de la Ley 141 de 1961, de la Constitución Política de 1886 y del Código Civil, condujo a la aplicación indebida de los artículos 12 y 14 de la Ley 6ª de 1945 y 72 de la Ley 90 de 1946 y de las demás normas indicadas en la proposición jurídica del cargo.

Concluye de la siguiente forma:

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Radicación n.° 96101 Si el Tribunal no hubiera ignorado lo dispuesto por las normas legales que transgredió por infracción directa, tampoco había aplicado indebidamente las disposiciones legales que tuvo en cuenta para concluir que la pensión reconocida por la demandada al actor, para empezar a pagársela cuando cumpliera los 50 años de edad, había sido una pensión "legal", es decir prevista en la Ley vigente cuando se efectuó su reconocimiento. No siendo la pensión del actor una pensión "legal" sino una extralegal, "voluntariamente" convenida por común acuerdo de las partes para, en virtud de ese reconocimiento, dar por terminado el contrato, sin que se le hubiera fijado tope máximo a su valor, la aplicación del límite establecido para las pensiones legales era en consecuencia impertinente. Así lo tiene dispuesto la jurisprudencia de la H. Sala de Casación Laboral y asimismo debe ratificarlo para decidir este proceso en instancia la H. Corte revocando, como juzgador de instancia, la decisión del a-quo, previa la casación de la sentencia impugnada, y condenando, en cambio, a la sociedad demandada a reliquidar la pensión de

jubilación del actor a la cantidad mensual de $ 7'261.188 a partir del 22 de mayo de 1998 y a reajustarla anualmente, a partir del 10 de enero de 1999, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, así como a pagarle las diferencias entre las mesadas pensionales debidas y las que le ha venido pagando con la actualización monetaria o indexación correspondiente a cada diferencia desde la fecha de su causación hasta el día en que se realice su pago efectivo, de conformidad con lo solicitado en el alcance de la impugnación del presente cargo.

VII. CARGO SEGUNDO Como alcance de la impugnación, persigue que se case la sentencia del Tribunal, y que en sede de instancia se revoque la del juzgado, para en su lugar: PRIMERO: A RELIQUIDAR la pensión de jubilación de RICARDO JOAQUÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ a partir del 22 de mayo de 1998 a la cantidad mensual de $7'261.188 y a reajustarla anualmente, a partir del 1º de enero de 1999, de conformidad con la Ley.

SEGUNDO: A PAGAR a RICARDO JOAQUÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ las diferencias entre las mesadas pensionales debidas y las que le ha venido pagando con la actualización monetaria o indexación correspondiente a cada diferencia desde de su causación hasta el día en que se realice su pago efectivo.

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Radicación n.° 96101 Acusa la sentencia impugnada de ser indirectamente

violatoria, por aplicación indebida, de: […] los artículos 12 y 14 de la Ley 6ª de 1945, 72 de la Ley 90 de 1946, 13, 19, 259, 260, 490, 491 y 492 del C.S.T. (Decretos 2663 y 3743 de 1950), 1º y 2º de la Ley 141 de 1961, 118 - 8 y 121 de la Constitución Política de 1886, 14 y 18 de la Ley 100 de 1993, 8º de la Ley 153 de 1887 y 71, 1494, 1602, 1613, 1614 y 1615 del C.C., en relación con los artículos 1º y 5º del Acuerdo 257 de 1967 expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 1993 de 1967 y con los artículos 13, 14 y 15 del Decreto Ley 1650 de 1977, 27 del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el artículo 1º 3063 (sic) de 1989. Le endosa al Tribunal incurrir en los siguientes errores de hecho: 1º - Dar por establecido, contra la evidencia, que la pensión de jubilación reconocida por la demandada al actor fue la pensión "legal", establecida en el artículo 12 de la Ley 6a de 1945. 2º - No dar por establecido, estándolo evidentemente, que la pensión reconocida por la demanda (sic) al actor fue una pensión "voluntaria", extralegal y mutuamente convenida para poner término, por mutuo acuerdo, el (sic) contrato de trabajo.

Manifiesta que ellos ocurrieron porque el Tribunal apreció equivocadamente «[…] la demanda inicial del proceso, la contestación de la demanda y el documento de folio 29 del expediente físico (62 del archivo PDF "01. EXPEDIENTE" del expediente digital), y porque dejó de apreciar el documento de folio 27 del expediente físico (60 del archivo PDF "01. EXPEDIENTE" del expediente digital)». Para demostrar el cargo, afirma que el Tribunal no se dio cuenta de que la pensión de jubilación fue una prestación extralegal y voluntaria convenida para dar por terminado el contrato de trabajo, por mutuo consentimiento, que la

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Radicación n.° 96101 demandada acordó empezar a pagarle cuando cumpliera 50 años y no una prevista en alguna norma. Argumenta que en el hecho 3º de la demanda se afirmó que, a la terminación del contrato, la sociedad Esso Colombia Limited reconocería al demandante «[…] la pensión de jubilación cuando el demandante cumpliera 50 años de edad. Y en la contestación de la demanda la demandada, pura y simplemente, se confesó «ES CIERTO». Entonces, sobre la errada apreciación de la demanda y su contestación, concluye que: Si el sentenciador acusado hubiera leído menos irresponsablemente la contestación de la demanda habría advertido que jamás, por ninguna parte, la sociedad demandada indicó o insinuó siquiera que la pensión del actor se hubiera reconocido de conformidad con la Ley 6ª de 1945. Es verdaderamente inexplicable, y preocupante además, que el Tribunal se haya inventado semejante argumento de defensa en

favor de la demandada, con el propósito de absolverla, argumento que nunca se le ocurrió obviamente proponer a la demandada que sí sabía, como lo sabe cualquier colombiano con la excepción de los magistrados que profirieron y suscribieron la sentencia impugnada, que la mencionada Ley 6ª dejó de regir para el sector privado hace más de 70 años. No vio en cambio el Tribunal, y ello resulta de veras incomprensible, que lo argumentado por la demandada para oponerse a las pretensiones del actor fue su creencia de haber reconocido "al demandante la pensión de jubilación en los términos consagrados en el artículo 260 del C.S. T." (folio 114 del expediente físico), afirmación que repite a todo lo largo de la contestación de la demanda, reiterando, por ejemplo, que el hecho de que el actor sólo hubiera podido ser afiliado al I.S.S. después de la Ley 100 de 1993 “no significó que tuviera un régimen excepcional, simplemente debían aplicarse las normas consagradas en el artículo 260 del C.S. T., las cuales contemplaba el derecho a la pensión de aquellos trabajadores que cumplieran 20 años de servicio a la empresa y 50 años mujer y 55 años hombre” (folio 120 del expediente físico); que “... si bien el artículo 260 del C.S.T. no señaló un límite máximo, incluso tampoco un mínimo, para la pensión de jubilación, ello no significa que esa

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Radicación n.° 96101 norma deba interpretarse de manera autónoma y con independencia del resto del ordenamiento jurídico...” (ibídem); que

“… es evidente que a pesar de que el artículo 260, no contempla en su articulado un tope, el mismo es inexistente, esta disposición debe ser interpretada de manera armónica con el resto del ordenamiento jurídico, específicamente en lo que hace a los topes mínimo y máximos de las mesadas pensionales...” (folios 120 y 121 del expediente físico). En lo relativo al documento del 30 de junio de 1995, que contiene la liquidación final de prestaciones sociales y aparece a folio 27 del expediente físico, elaborado por la empresa y suscrito tanto por las partes, indica que el Tribunal inexplicablemente pretermitió que la terminación del contrato ocurrió «POR MUTUO ACUERDO CON PENSIÓN»; y que ignoró que, a continuación, en forma abreviada, pero inequívoca, se hizo constar que la pensión comenzaría a pagarse a los 50 años. Explica que, si se hubiera examinado ese documento, habría bastado para concluir que la prestación fue extralegal, voluntaria, convenida «por mutuo acuerdo» y que esa fue la razón por la cual terminó el contrato de trabajo. Y en cuanto a la comunicación de folio 29 del expediente, fechado el 2 de junio de 1998, tres años después de la terminación del contrato, no contiene el «reconocimiento» de la pensión como dedujo equivocadamente el Tribunal, pues se había producido a la terminación del contrato; y, segundo, porque el «reconocimiento», es el del «valor mensual de la pensión» que se le pagaba a partir del 22 de mayo de 1998.

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Radicación n.° 96101 Añade que de ninguna manera el documento de folio 29 puede entenderse como el reconocimiento de una pensión legal y menos de la prevista en el artículo 14 de la Ley 6ª de

1945. Y concluye: Le bastaba al Tribunal, para evitarse la conclusión absurda a la que llegó, con simplemente observar que esa comunicación, en la que se informó al actor del valor de la pensión, tuvo una fecha posterior al día en que comenzó a devengar la pensión que venía reconocida desde hacía ya tres años.

Tampoco observó el Tribunal que el valor de la pensión indicado en la comunicación de folio 29 no correspondía a las “dos terceras partes del promedio de los salarios devengados” que en su momento había fijado como cuantía de la prestación el artículo 14 de la Ley 6ª de 1945 y que, en cambio, sí correspondía al 75% del promedio mensual devengado en el último año de servicios establecido en el artículo 260 del C.S.T., aunque sin aplicarle la actualización del valor de la moneda por la variación del I.P.C., prevista en la Ley 100 de 1993, entre la terminación del contrato y la fecha en que comenzó a pagarse la prestación. Las falencias en la apreciación de las pruebas que se han demostrado produjeron que el Tribunal incurriera en los ostensibles errores de h