CSJ - SL21868-2017

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL21868-2017 Radicación n.° 52204 Acta 16 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

MARÍA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, TATIANA

MANRIQUE ZULUAGA, ADRIANA MANRIQUE ZULUAGA, PAOLA MANRIQUE ZULUAGA y VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA, en su calidad de cónyuge supérstite y herederas del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión, el 16 de diciembre de 2010, en el proceso que instauraron

contra CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS LTDA –

INCCO LTDA.

I. ANTECEDENTES

María Fernanda Zuluaga de Manrique, Tatiana Manrique Zuluaga, Adriana Manrique Zuluaga, Paola

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Radicación n.° 52204 Manrique Zuluaga y Viviana Manrique Zuluaga, demandaron a Construcciones e Interventorías Ltda. – Incco Ltda., para que se declare: «Que entre el señor Rafael Manrique Naranjo, y la sociedad demandada, existió un contrato de trabajo, cuyos extremos temporales fueron de 01 de julio de 1974 al 26 de enero de 1996», que terminó por muerte del trabajador el 26 de enero de 1996, en

consecuencia, se condene a la demandada a pagarles: el valor de salarios, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima legal y vacaciones causadas y no pagadas; un día de salario, por cada día de retardo en el pago de las cesantías y salarios causados y no pagados desde el 27 de enero de 1996, hasta cuando realice su pago; la sanción por el no pago de los intereses a las cesantías; el valor correspondiente a la pensión de sobrevivientes y demás prestaciones de seguridad social a las que hubiere tenido derecho, si hubiera estado afiliado al ISS, desde el comienzo de la relación laboral, y; «Las sumas de dinero y prestaciones que el juzgador en desarrollo de sus facultades extra-petita y ultrapetita encuentre demostradas, con fundamento en los hechos probados». Como fundamento de sus peticiones, expusieron, que el señor Rafael Manrique Naranjo prestó sus servicios personales en forma ininterrumpida a la sociedad demandada, desde el 16 de julio de 1974 hasta el 26 de enero de 1996, fecha en que murió estando a su servicio, por causa de una enfermedad profesional, agregaron que la demandada desde el comienzo de la relación laboral no lo

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Radicación n.° 52204 tenía afiliado al ISS y solo lo hizo a partir del 10 de julio de 1995, cuando se acentúo su enfermedad. Dijeron que el trabajador se desempeñó como ingeniero residente de la demandada en construcciones y repavimentaciones de carreteras, entre otras, en 1974 en

Chiriguaná, la Loma Km 65; de 1978 a 1979 en Sahagún – La Ye – Sampués; desde 1985 en varias obras en Sincelejo; que a partir de 1994 se hizo evidente la mengua de su salud por razón de su trabajo; que el 10 de julio fue afiliado por la demandada al ISS y el 26 de enero murió, sin que hasta la fecha la accionada le haya pagado a la viuda y herederas, la pensión de sobrevivientes y demás derechos prestacionales y salariales, los cuales fueron solicitados por las demandantes a la demandada el 18 de enero de 1999 mediante correo certificado. Al dar respuesta a la demanda, la sociedad accionada se opuso a las pretensiones propuestas en su contra. Respecto de los hechos, admitió los siguientes: lo relacionado con la terminación de la relación laboral por muerte del trabajador; que desde 1985, siguió prestando sus servicios para la demandada con lo cual se acepta la no vinculación ininterrumpida; que fue internado en abril 16 de 1995 asumiendo la demandada todos los gastos, dineros que fueron entregados en forma de anticipo a la señora María Fernanda Zuluaga; que fue afiliado el 10 de julio de 1995 al ISS por la demandada; que Rafael Manrique ingresó nuevamente de urgencia a la clínica Santafé y murió el 26 de enero de 1996; que no ha pagado suma alguna a las actoras por concepto de pensión de

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sobrevivientes y demás derecho de seguridad social por no estar afiliado al ISS; adujo que corresponde al Instituto el reconocimiento de dicha pensión, que los demás derechos INCCO los pagó íntegramente; el envío de la solicitud de pago por correo certificado el 18 de enero de 1999; la audiencia de conciliación fallida celebrada el 7 de abril de 1999 en la Inspección 12 del Trabajo; las atenciones médicas que recibió el trabajador en la clínica Santafé. Negó los demás hechos de la demanda. Propuso como excepciones las que denominó: Prescripción, pago, cobro de lo no debido, compensación, inexistencia de las obligaciones demandadas, cosa juzgada y buena fe del empleador. La demandada presentó demanda de reconvención para que se declarara que Rafael Manrique Naranjo fue responsable de la omisión de su afiliación al ISS y en consecuencia declarar en cabeza de las demandantes la obligación de pagar todos los perjuicios que se le ocasionaron y los que se le llegaren a ocasionar; que las sumas pagadas por INCCO por gastos médicos por valor de $21.337.628, y gastos funerarios por $5.270.018, , sean 00 00 reembolsados a la empresa debidamente indexados. Como fundamento de sus pretensiones dijo que entre la empresa y Rafael Manrique existieron varios contratos de trabajo con los siguientes extremos laborales: desde octubre de 1975 hasta julio de 1976; de agosto de 1976 hasta abril de 1978, finalizado este período contractual la accionada le pago todas sus prestaciones sociales; desde julio de 1978 a octubre de 1980, concluido el período

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Radicación n.° 52204 contractual se le pagaron sus prestaciones, dinero con el cual obtuvo del socio Gustavo Plata Cordero 1.500 cuotas sociales de Innco; desde noviembre de 1980 y durante los años, 1981, 1982 y 1983 hasta enero de 1984, no laboró en Incco; desde febrero de 1984 y hasta julio de 1985, desde agosto de 1985 a junio de 1986, de septiembre 1° de 1986 a marzo de 1995, finalmente desde abril de 1995, estuvo incapacitado por enfermedad hasta su muerte, contrato por el que se le pago todos los conceptos laborales y prestacionales a que tenía derecho; una vez fallecido, los pagos fueron realizados a las demandantes. Adujo, que entre las funciones de Rafael Manrique, estaba la de afiliar el personal al ISS y pagar mensualmente los aportes, su no afiliación se debió a su exclusiva negligencia. Las reconvenidas se opusieron a las pretensiones y en su defensa señalaron que Rafael Manrique trabajó desde 1975 en forma continua y permanente, sin existir pago de prestaciones sociales durante la relación laboral. Propusieron las excepciones que denominaron cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, prescripción y toda excepción que enerve las pretensiones de la demanda de reconvención. Las demandantes aclararon y adicionaron la demanda solicitando condenas subsidiarias, pidieron en caso de reconocimiento por parte del ISS de la pensión de sobrevivientes que se condene a la demandada al pago en la proporción legal el valor de la pensión faltante. En

cuanto a los hechos manifestaron que Eduardo Manrique Naranjo, representante legal de Incco Ltda. y hermano de

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Radicación n.° 52204 Rafael Manrique, les realizó pagos por prestaciones y salarios en una cuantía total de $10.873.656, . Incco Ltda. 00 se opuso a las condenas subsidiarias y en cuanto a los hechos dijeron que adicionalmente al pago reconocido por las demandantes también se les entrego la suma de $19.460.605, correspondiente a una liquidación 00 extralegal producto de un acto de mera liberalidad y adicionalmente el valor de $21.337.628, , por concepto de 00 gastos hospitalarios.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá D.C., dictó sentencia el 31 de octubre de 2008, que fue aclarada y adicionada, mediante sentencia complementaria del 21 de noviembre de 2008 quedando así: PRIMERO: DECLARAR que entre la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO y el señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO existió (sic) dos contratos laborales que tuvieron unos extremos laborales, la primera del 16 de julio de 1974 hasta el día 16 de junio de 1982 y la segunda desde el 1 de febrero de 1984 hasta el día 26 de enero de 1996, desempeñando la función de ingeniero civil y devengando la suma de $ 2.000.000 mensuales como último salario recibido.

SEGUNDO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar a las herederas señoras MARÍA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, en calidad de cónyuge sobreviviente y TATIANA MANRIQUE ZULUAGA, ARIANA PAOLA MANRIQUE ZULUAGA Y VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA en su calidad de demandantes e hijas del trabajador fallecido del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO por prestaciones sociales la siguiente liquidación:

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PRIMA 6.005.555,56

CESANTÍAS 6.005.555,56

INTERESES A LAS CESANTÍAS 2.164.001,85

VACACIONES 4.002.777,78

TOTAL 18.177.890,75

TERCERO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar a las herederas señoras MARÍA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, en calidad de cónyuge sobreviviente y TATIANA MANRIQUE ZULUAGA, ARIANA PAOLA MANRIQUE ZULUAGA Y VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA en su calidad de demandantes e hijas del trabajador fallecido del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO por salarios dejados de cancelar por el periodo comprendido entre abril de 2005 al 26 de enero de 2006 tal como se especifica en la siguiente liquidación:

SALARIOS VALOR

ABRIL DE 2005 2.000.000,00

2.000.000,00

MAYO DE 2005

2.000.000,00

JUNIO DE 2005

2.000.000,00

JULIO DE 2005

AGOSTO DE 2005 2.000.000,00

2.000.000,00

SEPTIEMBRE DE 2005

2.000.000,00

OCTUBRE DE 2005

NOVIEMBRE DE 2005 2.000.000,00

2.000.000,00

DICIEMBRE DE 2005 26 DE ENERO DE 2006 1.733.331,60

TOTAL SALARIOS ADEUDADOS 19.733.331,60

Suma que deberá ser cancelada reconociéndola con la debida indexación teniendo en cuenta el IPC de la fecha de la terminación de la relación laboral y la fecha en que se verifique su cancelación total.

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Radicación n.° 52204 CUARTO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar a las herederas señoras MARÍA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, en calidad de cónyuge sobreviviente y TATIANA MANRIQUE ZULUAGA, ARIANA PAOLA MANRIQUE ZULUAGA Y VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA en su calidad de demandantes e hijas del trabajador fallecido del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO por LA SANCIÓN POR EL NO PAGO DE LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS a cancelar la suma de $

2.164.001.85. QUINTO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar los aportes a pensión debidos al señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO para lo cual ordenará que el demandado cancele estos aportes, previo a que se realice un cálculo por parte de la entidad del monto que deberá ser cancelado por los periodos: ·La primera del 16 de julio de 1974 hasta el día 16 de junio de 1982. ·La segunda desde el 1 de febrero de hasta el día 26 de enero de 1996 Teniendo en cuenta el salario devengado por el demandante que asciende a la suma de $ 2.000.000., constituyendo para ello título pensional que en efecto debe emitir el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES.

SEXTO. ABSOLVER a la parte demandante de las pretensiones incoadas en la demanda de reconvención. SEPTIMO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar a las herederas señoras MARIA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, en calidad de cónyuge sobreviviente y TATIANA MANRIQUE ZULUAGA, ARIANA PAOLA MANRIQUE ZULUAGA y VIVIANA MANRIQUEZ ZULUAGA en su calidad de demandantes e hijas del trabajador fallecido del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO a cancelar la indemnización por falta de pago contemplada en el artículo 65 del C.S.T., por una suma igual al

último salario diario por cada día de retardo, que en el presente caso este valor asciende a la suma de $66.666.6, hasta por 24 meses, por haber pasado este tiempo a la fecha de la sentencia, más exactamente el día 26 de enero de 1998, se tiene que la suma a cancelar es por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 47.999.952„ y a partir de esta fecha deberá cancelar al trabajador los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, o sea a partir del mes 25 hasta cuando se verifique el pago.

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Radicación n.° 52204 OCTAVO. CONDENAR a la empresa INCCO LTDA representada legalmente por el Dr. EDUARDO MANRIQUE NARANJO a cancelar a las herederas señoras MARIA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE, en calidad de cónyuge sobreviviente y TATIANA MANRIQUE ZULUAGA, ARIANA PAOLA MANRIQUE ZULUAGA y VIVIANA MANRIQUEZ ZULUAGA en su calidad de demandantes e hijas del trabajador fallecido del señor RAFAEL MANRIQUE NARANJO a cancelar la sanción contemplada en el artículo 292 del C.P.C. en una suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($2.174.731) correspondiente al valor del 20% del monto de las

obligaciones contenidas en los documentos tachados. NOVENO. CONDENAR en costas a la parte demandada por resultar vencida en el presente proceso. Tásense.

DÉCIMO. DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE

PAGO, COBRO DE LO NO DEBIDO, COMPENSACIÓN, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, COSA JUZGADA Y BUENA FE y declara parcialmente probada la excepción de prescripción. Conforme se estudió en la sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., resolvió la apelación, interpuesta por la demandada, mediante fallo de 16 de diciembre de 2010, revocó la sentencia y en su lugar absolvió a la demandada. Para llegar a esta decisión, en lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal, consideró lo siguiente: Cumple advertir que en la demanda introductoria del presente diligenciamiento se afirmó que RAFAEL MANRIQUE NARANJO, se vinculó mediante un único contrato de trabajo con la sociedad denominada CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. - INCCO-, desde el 1 de julio de 1974 hasta el 26 de enero de 1996 (ver, declaración 1, folio 15 en concordancia con el hecho primero de la demanda, folio 16). En la réplica a la demanda la sociedad accionada por conducto de apoderado judicial negó la existencia de un único contrato de trabajo alegado en la demanda, y advirtió que entre las partes

contendientes en litis, medió la existencia de varios contratos de trabajo diferentes, así: […]

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Radicación n.° 52204 […] Definido el conflicto propuesto por las partes en contienda, se desciende al análisis del acervo probatorio. Interesa advertir que el antagonismo propuesto por las partes no se esclareció advirtiendo que en el juicio se acreditó con la certificación visible a folio 593 que la sociedad demandada afilió a RAFAEL MANRIQUE (+) en el año 1995 por los periodos de enero de a julio; en declaración jurada FRANCISCO MANRIQUE NARANJO, hermano del trabajador fallecido afirmó que el antes citado se vinculó con INCCO LTDA, desde antes de graduarse como estudiante y después del grado como Ingeniero Civil en el año 1967, pero no determinó los extremos de la relación laboral (folios 657 a 663). En declaración jurada el señor RAFAEL GUILLERMO MALAGON TORRENTE jefe de personal y auxiliar de contabilidad de la Empresa accionada afirmó que el causante "estuvo con la empresa" del 91 a 95, pero afirmó que no sabe si la vinculación se produjo en forma continua. Adujo que con anterioridad al periodo inicial referido no tiene conocimiento de los hechos (folios 669 a 676); MAGDALENA MANRIQUE NARANJO, hermana del trabajador fallecido afirmó que RAFAEL MANRIQUE (+) se vinculó con INCCO LTDA, a mediados de 1974 hasta el año 1996 en forma continua como ingeniero residente en diferentes obras, pero se advierte que el relato de la testigo carece de credibilidad

teniendo en cuenta que la antes citada no suministró la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que entró en conocimiento del hecho de acuerdo con lo normado por el artículo 228 del CPC, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1, numeral 105, modificado por la Ley 794 de 2003, artículo 23. (706 a 708) A folio 699 corre la liquidación final del contrato de trabajo con registro de la temporalidad del nexo desde el 1 de septiembre de 1986 a enero 26 de 1996, firmado por la demandante MARIA FERNANDA ZULUAGA DE MANRIQUE sin constancia de inconformidad. De lo expuesto se concluye que en el juicio no se acreditó la existencia de un único contrato de trabajo alegado en la demanda desde el 1 de julio de 1974 hasta el 26 de enero de 1996, pues la parte actora en ejercicio de la carga probatoria consagrada en el artículo 177 del CPC, en concordancia con lo normado por el artículo 1757 del CC; no desplegó actividad probatoria tendiente a probar la existencia de la unicidad del vínculo laboral deficiencia que impide el análisis de las súplicas de la demanda, advirtiendo que las pretensiones de la demanda derivan de la definición de la existencia de un único contrato de trabajo no demostrado en el juicio, situación que genera la improsperidad de las reclamaciones de la demanda porque el interés de la parte demandante fue la de obtener la definición judicial del contrato único de trabajo determinado en la demanda con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago

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Radicación n.° 52204 de una la cesantía causada durante la vigencia del vínculo laboral, una sola indemnización moratoria, además de otros derechos prestacionales que al menos en su cuantía dependían de la existencia de un único contrato no probado en el proceso. Por lo anterior, y ante la indemostración de la existencia de un único contrato de trabajo, resulta obligado proferir la absolución de la demanda, advirtiendo que en el caso sub judice no resulta dable la aplicación del artículo 50 del CPTS, advirtiendo que la facultad de condenar extra y ultra petita, es exclusiva del juez de primera instancia, poder del que no dispone el juez de apelación, en virtud de la conservación que se ha hecho de la figura procesal conocida por el nombre de la "reformatio in pejus"; sin embargo, resulta obligado mencionar que el juez de primera instancia no tiene el poder de fallar extra y ultra petita frente a las pretensiones de la demandada, de acuerdo con la acreditación de los diferentes contratos acreditados en el proceso como lo ha adoctrinado la jurisprudencia' que se transcribe en lo pertinente texto siguiente: "El artículo 50 del C.P.L. dice que el juez puede ordenar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que lo originan hayan sido discutidos en el juicio o estén debidamente probados. La facultad que consagra esta norma no es absoluta, pues exige la discusión y prueba de los hechos que pueden dar lugar a una condena no pedida o por más de lo pedido. Si la condena no

pedida resulta fundada en hechos contrarios u opuestos a los que propone el propio demandante, la facultad de resolver ultra y extra petita también resulta irregular, pues entonces el juez estaría actuando en contra del querer del accionante e incluso, según el caso, limitándose a la posibilidad de promover otro proceso. en este juicio el fallo de primer grado se adoptó irregularmente. Pues es evidente que el Juzgado actuó en contra de la declaración judicial que el demandante le propuso al órgano judicial, ya que su interés jurídico, claramente expresado en su demanda, fue el de obtener que el juez definiera la existencia de una relación laboral única para obtener de ahí el pago de una sola cesantía, una sola indemnización moratoria, una sola indemnización por despido y la pensión sanción, además de otros derechos prestacionales que, al menos en su cuantía, dependían de la existencia de un solo contrato. En esas condiciones y si se observa el texto 50 del C.P.L. el juez actuó en contra de lo discutido en juicio, y por ello la decisión del Tribunal, que corrigió el error judicial de la primera instancia, fue acertada. Siguiendo el lineamiento determinado por la jurisprudencia reproducida y, ante la falta de acreditación de los supuestos de hecho alegados por el actor conforme a lo ordenado por las normas del debido proceso, en especial por el artículo 177 del C.P.C., se adviene como obligada consecuencia la absolución de la Empresa demandada de acuerdo con el entendimiento de la

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Radicación n.° 52204 jurisprudencia relacionada con las consecuencias adversas

derivadas de la inactividad probatoria de la parte interesada en la prosperidad de las pretensiones, según el planteamiento fáctico de la demanda de acuerdo con el texto siguiente: […] Por lo expuesto, y con fundamento en las jurisprudencias reproducidas en precedencia, se adviene la absolución de la Empresa accionada indemostrada la existencia del único contrato de trabajo alegado en demanda, advirtiendo que a pesar de que el a quo encontró la existencia de dos contratos diferentes, fundamentó el fallo en hechos contrarios a los expuestos por el propio demandante, de modo que se infiere que el juzgador de primera instancia actuó abiertamente en contra de lo discutido en juicio y, por ende, corresponde en sede de esta instancia corregir el error judicial de primer grado como lo solicita el recurrente en el recurso de alzada, pues el fallo gravado se adoptó irregularmente en hechos que originaron una, condena no pedida en el introductorio de la demanda. De lo expuesto, se adviene la absolución de la Empresa accionada, aclarando que la decisión desestimatoria se hace extensiva a la sanción derivada de la tacha de documento, advirtiendo que la indemostración de la existencia de la unicidad del contrato de trabajo impide efectuar el análisis probatorio de la documental de pago aducida por la accionada como requisito que permita derivar la sanción consagrada en el artículo 292 del CPC. Como el a quo llegó a la conclusión contraria, se dispondrá la revocatoria del fallo de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden las recurrentes que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de primera instancia y su adición.

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Radicación n.° 52204 Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, para cuyo estudio pidió que se tenga en cuenta el contenido del artículo 51 del D. 2651 de 1991. Cargos que no fueron replicados.

VI. CARGO PRIMERO Lo formula el casacionista de la siguiente manera: Acuso la sentencia por haber incurrido en violación INDIRECTA, en la modalidad de aplicación indebida, por causa de ostensibles errores de hecho originados en la apreciación errónea de prueba calificada, y no calificada unas, y falta de apreciación de otra, respecto del contrato de trabajo en cuanto a su vigencia, duración, sucesión y término, por lo cual se violó el artículo 5 del Decreto 2351 de 1965 que subrogó el 47 del C.S. del T, lo que condujo a aplicar indebidamente el artículo 50 del C. de P.L. y de la S.S. que obligan a la aplicación del principio ultra y extra petita; 20 y 78 del mismo estatuto referente a la conciliación.

Las tres (3) últimas disposiciones como violación de medio que llevaron al Tribunal a dejar de aplicar como modalidad sui generis reconocida por la jurisprudencia, las normas del CST, 1°, 11, 13 a 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 43, 45, 55, 55, 56, 57-4, 591, 61 subrogado por el Artículo 5°-1 de la ley 50 de 1990, 65 modificado por el Artículo 29 de la ley 789 de 2002, 127 subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990, 186, 189, 249 reformado por los artículos 98 y 99 de la ley 50 de l990, 306,307, 308, artículo 1° de la ley 52 de 1975, Artículos 1°, 3° y 5° de la ley 116 de 1976, 17, 18, 20 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 4°, 5° y 7° de la ley 797 de 2003, artículo 8° de la ley 153 de 1887, 1602 y 1818 del CC, artículo 292 del C. de P.C, dándose igualmente la aplicación indebida de las normativas constitucionales 1, 4, 13 25, 29, 53,83, 228 y 230. Los errores de hecho imputados al Tribunal los hizo consistir en: 1°. No dar por demostrado estándolo que en derecho, entre el finado y la demandada se convino dos contratos sucesivos, siendo el último el celebrado entre febrero 10 de 1984 y enero 26 de 1996, como así se aceptó por las partes, acorde

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Radicación n.° 52204 con los hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial del litigio alegados y demostrados cabalmente conforme a la ley. 2°. Dar por evidente sin estarlo, que los demandantes sólo pretendieron demostrar la existencia de un único acto jurídico, y

no de varios o de uno entre varios, aceptando como por renunciados los derechos sociales correspondientes a una sucesión contractual o los correspondientes al último contrato deducido por el juez a. quo. 3°. No dar por establecido, estándolo, que en la demanda se solicitó la aplicación del principio de la condena ultra y extra petita, que fue lo demostrado y definido por el Juez de primera instancia. 4°. No dar por demostrado estándolo, que las condenas tienen soporte tanto en la confesión libre y espontánea de la demanda y su contestación, como en la conciliación celebrada entre las partes. Como pruebas erróneamente apreciadas enlistó:

1. La pieza procesal de la demanda inicial. Fs.16 y ss

Cuaderno No. 1.

2. La pieza procesal de la contestación de la demanda. Fs.28

y ss. del cuaderno No. 1.

3. La Conciliación administrativa de abril 7 de 1999. Fs. 13 a

15 del cuaderno No. 1,

4. Testimonios del Sr: RAFAEL GUILLERMO MALAGÓN T.

folio 699 del cuaderno No. 2. Como pruebas dejadas de apreciar, señaló el testimonio de «MAGDALENA MANRIQUE N. folio 206 del cuaderno No. 2». DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Abordó el estudio de los errores en conjunto porque consideró que se comunican entre sí a través de la causa petendi y los elementos de convicción.

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Radicación n.° 52204 Arguyó que erró el Tribunal al interpretar la demanda y su contestación, cuando consideró que la parte

demandante fundó sus pretensiones en «un único contrato de trabajo», pues lo que se solicitó fue que: «[…] con base en los hechos, se declarara el haber existido “un” (no único) contrato de trabajo bien entre el 1° de julio de 1974 y el 26 de enero de 1996, u otro desarrollado dentro de ese mismo extremo […] en el hecho primero se apuntó fue, el haberse prestado “servicios laborales personales en forma ininterrumpida”, no con un “solo o único contrato” como con error lo entendió el ad quem, por cuanto sabía que fueron varios los actos jurídicos, en la forma como lo acotó la demandada al responder el libelo de folios 28 a 36.» Manifestó el recurrente que habiéndose impetrado en la demanda la aplicación de la condena ultra o extra petita conforme al artículo 50 CPTSS incurrió en yerro la Colegiatura cuando sentenció que el juez de primera instancia no tenía el poder de hacerlo por haberse acreditado frente a las pretensiones de los accionantes la existencia de varios contratos, porque en la demanda en el numeral 5° del acápite de las condenas se pretendió el pago de las sumas de dinero y prestaciones que el juzgador en desarrollo esas facultades encontrara demostradas con fundamento en los hechos probados, en el proceso se alegó, se demostró y debatió la existencia de varios contratos de trabajo, y con base en ello el a quo profirió las condenas con base en «[…] un último contrato con extremos entre Febrero 1° de 1984 y enero 26 de 1996 […]», apoyado en lo que se confesó en la demanda y en su contestación, dio

por aceptado un contrato entre las varias relaciones laborales.

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Radicación n.° 52204 Se equivocó el ad quem cuando concluyó que el juez de primera instancia no estaba facultado para resolver de manera ultra o extra petita, porque en el proceso «[…] se cumplió con los requisitos o elementos axiomáticos del aludido principio contemplado en el artículo 50 del C. de P.L. y de la S.S.» Sobre la conciliación celebrada el 7 de abril de 1999, dice: […] el apoderado de la parte demandada en el folio 13 declaró que el contrato se inició en agosto de 1975 y se extendió hasta 1984, reiniciándose en 1986, para concluir en enero de 1996. Más adelante en el folio 14 admite que sólo se le hizo una liquidación parcial de prestaciones en 1980 o 1981, lo que indica que durante el desarrollo de la relación de trabajo, solo una vez se le hizo una liquidación parcial, hecho indicativo de la existencia de dos contratos sucesivos que en ningún momento fueron liquidados o al menos el último. De la conciliación y los testimonios de Rafael Guillermo Malagón T y Magdalena Manrique Naranjo, concluye que el contrato se inició en 1975, extremo temporal que como mínimo coincide con el deducido por el juez de primera instancia, el cual comenzó en febrero de 1984, y, además, que no se le pagaron sus prestaciones sociales.

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Radicación n.° 52204

VII. CONSIDERACIONES Como quiera que el cargo se encuentra debidamente

formulado se adentrará la Corte a estudiar el fondo del asunto planteado, con el fin de determinar si el Tribunal incurrió en los errores que le endilga el recurrente, cuando concluyó que por no acreditarse «[…] la existencia de un único contrato de trabajo alegado en la demanda desde el 1 de julio de 1974 hasta el 26 de enero de 1996 […]», estaba impedido para analizar las súplicas de la misma porque ellas derivaban de la definición de la existencia de un único contrato de trabajo no probado en el proceso, a pesar que el a quo