CSJ - SL2189-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2189-2023 Radicación n.° 95742 Acta 32 Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró GERMÁN DE JESÚS MEJÍA ARISMENDI contra la recurrente, trámite al que se vinculó como litisconsortes necesarios a la JUNTA

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE

ANTIOQUIA y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ.

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Radicación n.° 95742

I. ANTECEDENTES Germán de Jesús Mejía Arismendi llamó a juicio a Porvenir S. A., con el fin de que se declare que presenta una pérdida de la capacidad laboral (PCL) del 65,74%, de origen común, con fecha de estructuración del 16 de julio de 2015, por tumor benigno de meninges recidivante, ceguera del ojo derecho y trastorno adaptativo. En consecuencia, pidió que la AFP le reconozca la pensión de invalidez, el retroactivo desde el 16 de julio de 2015, la indexación y/o intereses de mora, lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso.

Para soportar sus peticiones relató que para el momento en que radicó la demanda inicial tenía 54 años de edad y que se desempeñó durante 22 años como conductor de bus urbano en la empresa Transporte Aranjuez Santa Cruz. Narró que, conforme a su historia clínica, presentó tumor benigno de meninges recidivante, ceguera del ojo derecho y trastorno adaptativo; que el 17 de enero de 2014, según concepto médico de aptitud laboral, le fue restringida la conducción como consecuencia del déficit de la agudeza visual y que el 16 de febrero de 2015 los médicos tratantes emitieron un concepto desfavorable de recuperación o de mejoría del diagnóstico del tumor cerebral. Indicó que Seguros de Vida Alfa S. A., mediante

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Radicación n.° 95742 dictamen del 27 de agosto de 2015 determinó que tenía una PCL del 36,07%, de origen común, estructurada el 16 de julio de 2015, según los diagnósticos antes indicados. Posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen del 29 de abril de 2016 estableció que su PCL era del 41,27%, con igual origen y fecha de estructuración, con fundamento en las patologías mencionadas. Tal dictamen fue confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 25 de octubre de 2016. Sin embargo, cuestionó que tales experticias no registraron ni calificaron el diagnóstico y manejo por psiquiatría para el trastorno adaptativo, además,

subvaloraron otros criterios, como el rol laboral, la deficiencia del crecimiento del tumor y su «irresecabilidad». Explicó que se sometió a una valoración del daño corporal, de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, por lo que mediante dictamen 1250 del 1 de febrero de 2017 se determinó una PCL del 65,74%, de origen común, con fecha de estructuración del 16 de julio de 2015, en relación con los diagnósticos del tumor benigno de meninges recidivante, ceguera del ojo derecho y trastorno adaptativo. Mediante auto del 16 de mayo de 2018, el juzgado de conocimiento, en atención a los hechos narrados por la parte demandante y a la documental aportada, resolvió vincular como litisconsortes necesarios por pasiva a las Juntas Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Nacional

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Radicación n.° 95742 de Calificación de Invalidez. Al dar respuesta a la demanda, Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó la edad del actor, lo expuesto en los dictámenes emitidos por Seguros de Vida Alfa S. A., las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Frente a los restantes supuestos fácticos dijo no constarle o no ser ciertos. Indicó que el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez -ente de carácter privado y especializado en la materia que cumple funciones públicas pero que no ejerce funciones jurisdiccionalescorrespondía a la culminación de un procedimiento administrativo, por lo

que, si la persona interesada tenía algún reparo de carácter técnico, médico o científico y consideraba que había sufrido un deterioro físico o mental apreciable con posterioridad a la experticia, no era viable reclamar la nulidad o la ineficacia del dictamen, sino solicitar una revisión, según los artículos 41 y 42 del Decreto 2463 de 2001. Destacó que las entidades habilitadas para hacer las valoraciones médicas, revisar los dictámenes y emitir los conceptos respectivos eran las establecidas en las normas que regulaban la calificación de la PCL. Agregó que «el examen y decisión de un punto tan neurálgico en desarrollo de la seguridad social en pensiones no puede dejarse en manos de opiniones de personas que, por muy calificadas que puedan ser, no pertenecen al sistema de seguridad social en

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Radicación n.° 95742 pensiones ni están habilitadas por la ley para ello». En su defensa formuló la excepción previa de falta de integración de la litis por pasiva y de fondo las que denominó petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, incompatibilidad entre el auxilio por incapacidad pagado por la EPS o por la AFP y la pensión de invalidez, prescripción y la innominada (págs. 243 a 266 del PDF del cuaderno de primera instancia). La Junta Nacional de Calificación de Invalidez manifestó estarse a lo que apareciera probado dentro del proceso y solicitó que no se le impusieran las costas por no oponerse a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió el diagnóstico de tumor

cerebral, así como los dictámenes emitidos por Seguros de Vida Alfa S. A., las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; frente a los restantes dijo no constarle o no ser ciertos. Adujo que la decisión que emitió a través del dictamen 71635846-15696 del 25 de octubre de 2016 estaba cabalmente soportada en el acervo probatorio aportado al proceso de calificación, la historia clínica, la valoración médica y el Manual de Calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional (Decreto 1507 de 2014); precisó que el porcentaje asignado correspondía exactamente

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Radicación n.° 95742 al valor que la norma preveía, sin que existiera un margen de graduación. Agregó que la opinión de un médico particular, pagado por el paciente, no era prueba suficiente para contradecir la legalidad y legitimidad del dictamen proferido. Explicó que, conforme al artículo 142 del Decreto 19 de 2012, los órganos competentes para avocar el conocimiento de las controversias en contra de los conceptos emitidos por las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y para calificar el origen de las contingencias ocurridas a sus afiliados eran las Juntas de Calificación de Invalidez. Formuló las excepciones de legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia de petitum; inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen

– carga de la prueba a cargo del contradictor; inexistencia de la obligación; improcedencia de las pretensiones respecto de la Junta Nacional de Calificación – competencia del juez laboral; buena fe y la genérica (pág. 171 a 188 del PDF de primera instancia). La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia se opuso a las pretensiones por carecer del fundamento fáctico y jurídico necesario para su prosperidad, adujo que el dictamen emitido se ciñó a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento en

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Radicación n.° 95742 los antecedentes médicos y clínicos aportados por el demandante. En cuanto a los hechos únicamente admitió la existencia de su experticia; los demás supuestos fácticos los negó o dijo que no le constaban. En su defensa adujo que, conforme al Decreto 1072 del 2015, contra los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez en firme no procedían recursos legales, por lo que solo podían controvertirse por la vía judicial. Agregó que el promotor del proceso perseguía la modificación del dictamen, con base en un concepto emitido por una persona diferente a las facultadas por la ley. Planteó las excepciones de inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones (págs. 310 a 312 del PDF de primera instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 26 de enero de 2022, resolvió:

Primero: Declarar que el señor Germán de Jesús Mejía Arismendi […] tiene pérdida de capacidad laboral del 65,47%, de origen común, con fecha de estructuración de 17 de julio de 2015.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a Porvenir S. A. que a partir del 1 de febrero del año 2022 incluya en nómina de pensionados al señor Germán de Jesús Mejía

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Radicación n.° 95742 Arismendi, para que le continue pagando pensión de invalidez de origen común, en una suma de dinero equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo la mesada extraordinaria de diciembre de cada año y sin perjuicio de los incrementos anuales de ley.

Tercero: Ordenar a la AFP PORVENIR S.A. pagar al demandante Germán de Jesús Mejía Arismendi a título de retroactivo pensional desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2022 la suma de $64.985.867, suma de dinero que debe ser indexada mes tras mes cuando real y efectivamente se pague al demandante.

Cuarto: Absolver a la entidad demandada de la pretensión del pago de los intereses moratorios, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

Quinto: No prospera la excepción de inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez en favor de la demandante alegada por Porvenir S. A. AFP. Las demás excepciones quedan resueltas como se indica en la parte motiva de esta sentencia.

Sexto: Absolver a las demandadas Junta Nacional de Calificación

de Invalidez y Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia. Costas procesales a cargo de Porvenir S. A. Agencias en derecho en favor de Germán de Jesús Mejía Arismendi en la suma de $4.000.000 (pág. 438 del PDF de primera instancia).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación formulado por Porvenir S. A., mediante fallo del 25 de marzo de 2022 resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral reconocido en primera instancia del 65,74%, para en su lugar DECLARAR que el demandante tiene pérdida de capacidad laboral del 63,5%, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, pero por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. en la suma de $500.000 al salir avante parcialmente el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte

Suprema de Justicia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de alzada consideró que el problema jurídico se centraba en

determinar: i) si el diagnóstico de tumor benigno de meninges cerebral se debía calificar tomando la clase 1 de la Tabla 1.3 del Decreto 1507 de 2014, con el porcentaje del 6% determinado por Seguros de Vida Alfa S. A., la Junta Regional y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o si se debía calificar con clase 4 de la Tabla 1.3 con el porcentaje del 65%; ii) si había lugar a tener en cuenta dentro de las deficiencias calificadas el trastorno adaptativo y iii) con base en lo anterior, establecer si el demandante tenía una PCL superior al 50%, para obtener la pensión de invalidez. Precisó que estaban probados en el plenario y no eran objeto de discusión los siguientes aspectos: i) que el demandante fue calificado por la sociedad Seguros de Vida Alfa S. A. el 27 de agosto de 2015, con PCL del 36,07%, de origen común, estructurada el 16 de julio de 2015; ii) que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió su dictamen el 29 de abril de 2016 en el que determinó una PCL del 41,27%, estructurada el 16 de julio de 2015; iii)

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Radicación n.° 95742 que la anterior experticia fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y iv) que el «dictamen» del 26 de enero de 2017, emitido por el Dr. Luis Armando Cambas Zuluaga, estableció una PCL del 65,74%,

estructurada el 16 de julio de 2015. Frente a la calificación dada al tumor benigno de meninges cerebral indicó que se emitió el dictamen por Seguros de Vida Alfa S. A. en el 6%, teniendo en cuenta la clase 1 de la Tabla 1.3 del Decreto 1507 de 2014, porcentaje que fue confirmado por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. De otro lado, en «el dictamen emitido el 26 de enero de 2017 por el perito Luis Armando Cambas Zuluaga», se calificó dicha patología utilizando la clase 4 de la Tabla 1.3, a la cual le asignó el 65%. Puntualizó que el juez de primera instancia consideró que desde el año 2014 el actor sufrió la pérdida de visión total del ojo derecho, quedando incapacitado para conducir vehículos de transporte público, actividad que desempeñaba en la empresa Transportes Aranjuez Santa Cruz, por lo que él estaba real y efectivamente imposibilitado para seguir laborando dentro de su oficio. Sustentó su decisión en lo establecido en la sentencia CC T561-2010. Narró que el a quo, con soporte en el dictamen del doctor Luis Armando Cambas Zuluaga, encontró que el demandante tenía una PCL del 65,74%, con fecha de estructuración del 17 de julio de 2015. Explicó que esa decisión fue apelada por Porvenir S. A. al considerar que no era posible calificar el

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Radicación n.° 95742 tumor benigno de meninges cerebrales en clase 4 de la tabla

1.3 del Decreto 1507 de 2014, sino en la clase 1, siendo correcto asignarle el «6%» como se hizo en los dictámenes de Seguros de Vida Alfa S. A. y de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Refirió lo plasmado en la tabla 1.3 del Decreto 1507 de 2014, así: Procedimiento para calificar el cáncer: Aplican los criterios establecidos en la Tabla 1.3: Tabla 1.3. Evaluación de la deficiencia concerniente a las enfermedades neoplásicas a Factor principal, estos estadios son definidos por el oncólogo con base en el TNM propio de cada neoplasia o para los casos en que el cáncer no tenga un sistema de calificación definido se tomará el que reporte el médico oncólogo tratante. Dijo que teniendo claros los parámetros establecidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez, y después de valorar conjuntamente la prueba allegada al plenario, con base en las reglas de la sana crítica y la «libre formación del convencimiento» (artículo 61 del CPTSS), concluía que el tumor benigno de meninges cerebrales no debió ser calificado con base en la clase 1 de la Tabla 1.3, pues tal y como claramente fue explicado por el «perito», el demandante en

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Radicación n.° 95742 ningún momento presentó un periodo libre de enfermedad superior a dos años. Lo anterior con fundamento en la historia clínica aportada, en la que obraban: - Concepto médico aptitud laboral del 27 de enero de 2014 se

plasmó que en exámenes diagnósticos de optometría se determinó que en optometría de Santa Lucía se reporta que presenta atrofia óptica ojo derecho, la cual no mejora con corrección óptica y según con resolución 12336 de 2012 del Ministerio de Transporte, no cumple para conducir servicio público (fl. 96 a 97); - De la historia clínica del demandante se extrae que fue visto por medicina general el 10 de abril de 2014, oportunidad que fue remitido a neurocirugía y oncología y a partir de esa fecha fue incapacitado por 30 días (fl. 91); - Cita por oftalmología el 21 de abril de 2014, oportunidad en que se diagnosticó tumor maligno de la órbita (fl. 89 y 90); - En historia clínica del 8 de noviembre de 2014 se le diagnostica tumor comportamiento incierto o desco. meninges cerebrales (en estudio) (fl. 75); el 14 de enero de 2015 al revisar la RM, se plasma que en dicha oportunidad tenía amaurosis y el médico tratante sugirió continuar el tratamiento médico con observación (fl. 70); el 16 de julio de 2015 le diagnostican tumor de comportamiento incierto o desconocido de otras partes específicas del sistema nervioso central y ceguera de un ojo (fls. 56 a 59); - En evaluación de optometría del 13 de agosto de 2015 se dejó como observación “No mejora más agudeza visual por ojo derecho…” (fls. 49 a 50). - Cita neurocirugía del 30 de diciembre de 2016 se plasmó “la

lesión tumoral continúa sin crecimiento con respecto a resonancia previa, por este motivo y los expuestos anteriormente, considero que continúa sin requerir manejo quirúrgico. Seguimiento clínico e imagino lógico…” (fls. 20 a 21); en cita del 25 de octubre de 2017 se indicó “resonancia magnética cerebral contrastada de control, creatinina, cita por neurología con resultados de resonancia. Lesión con alto riesgo quirúrgico, se ha considerado no quirúrgico (fl. 19). Indicó que, frente a los estadios de la enfermedad, en la

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Radicación n.° 95742 tabla 1.3 se determinó: «Factor principal, estos estadios son definidos por el oncólogo con base en el TNM propio de cada neoplasia o para los casos en que el cáncer no tenga un sistema de calificación definido se tomará el que reporte el médico oncólogo tratante». Al respecto, precisó que en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez se hizo referencia a una calificación de estadio 1, en la historia clínica no existía cita con médico oncólogo que determinara en qué estadio se encontraba la patología, pero de la historia clínica se podía determinar que la enfermedad del actor se situaba en clase 4, en vista de que se encontraba «sin posibilidades médicas de tratamiento», dado que el neurocirujano tratante, el 25 de octubre de 2017, señaló «Lesión con alto riesgo quirúrgico, se ha considerado no quirúrgico». Por lo anterior, anunció que confirmaría la decisión de

primer grado, aceptando el 65% calificado por el tumor benigno de meninges cerebrales según el dictamen emitido por el «perito de parte», advirtiendo que los extremos de valoración de dicha deficiencia se extendían entre el 65% y el 85% y el experto tomó el menor grado de severidad (65%). De otro lado, en lo referente al trastorno adaptativo explicó que a la luz de la tabla 13.4 del Decreto 1507 de 2014 se exigía que «Las alteraciones del humor o del comportamiento se han presentado en el trascurso del último año hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona. La evolución total del trastorno es hasta de 5 años.

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Y hallazgo actual: presencia de síntomas ansiosos, depresivos o alteraciones de comportamiento». Sin embargo, encontró que en la historia clínica del actor no se advertía la evolución referida por la norma frente a la patología tomada por el «perito de parte», y tampoco se evidenciaba que presentara síntomas ansiosos, depresivos o alteraciones en el comportamiento. Por ende, señaló que no tendría en cuenta para la calificación de la PCL la patología de trastorno de adaptación.

A continuación, señaló: En ese sentido, al realizarse el cálculo de las deficiencias con base en el 65% correspondiente al tumor benigno de meninges cerebrales y 36% correspondiente a la ceguera ojo derecho, y tomando para la liquidación la fórmula establecida en la Ley 1507 de 2014, que es: Deficiencia combinada = A + (100 – A) x B

100 Y dicho resultado final multiplicado por 0,5. Al aplicar la fórmula se determina el siguiente porcentaje de deficiencia: = A + (100 – A) x B 100 = 65+ (100 – 65) x 36 100 = 65+ (35) x 36 100 = 65+1.260 100 = 65+12.6 = 77.6% x 0.5 = 38.8% por deficiencia Y al reemplazar la deficiencia determinada por el perito de parte de 41,04% por el porcentaje de deficiencia que le da a la Sala que es del 38,8%, se logra encontrar que el demandante cuenta con un total de pérdida de la capacidad laboral del 63,5% conforme a la siguiente tabla:

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DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

DEFICIENCIA 38.8%

ROL LABORAL 20.00%

AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA 1.00%

EDAD 2.00%

OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES 1.70% TOTAL 63.5% Por lo anterior, manifestó que modificaría el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral reconocido en primera instancia (65,74%), para en su lugar declarar que el actor tenía una PCL del 63,5%, con lo que superaba el 50% exigida por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual confirmaría la decisión de primer grado frente al reconocimiento pensional.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a

resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y se le absuelva de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que es replicado por el actor.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 1, numeral 1, de la Ley 860 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005), 1, 29 y 230 de la Constitución Política y el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En la demostración del cargo cita la decisión CSJ SL1021-2019 e indica que la determinación del porcentaje de PCL es potestad de las entidades a las que la ley les asignó tal facultad (artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005) y, por lo tanto, debe ser con base en el concepto de una de ellas que el juez deba soportar su decisión. De ahí que, no era posible que el colegiado desconociera el porcentaje establecido en algunos de los dictámenes allegados al proceso (Seguros de Vida Alfa

S. A., Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Junta Nacional de Calificación de Invalidez), ni siquiera al amparo de la libre apreciación de las pruebas.

Sostiene que el fallador de segunda instancia no podía desconocer lo previsto por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 respecto de la necesidad de fundarse en una experticia que le produjera mayor certeza, pero siempre que proviniera de una de las entidades previstas en tal decreto; sin embargo, soslayó los dictámenes aportados al juicio, emitidos por quienes están legitimadas para determinar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral.

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Radicación n.° 95742 Transcribe la decisión CC T094-2022, de la cual destaca que el ordenamiento jurídico impone que el estado de calificación de invalidez se determine a través de una valoración que lleve a una calificación de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional realizada por las entidades autorizadas por la ley. Reproduce apartes de la decisión CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42625, según la cual, el juicio de progresividad no responde a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social debe atender la dimensión colectiva de los derechos. Al respecto, puntualiza que el principio más importante de la Carta Política corresponde al interés general sobre el particular, lo que adquiere mayor preponderancia en asuntos de la seguridad social conforme al artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 que compele al Estado a garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, la que se lesiona si se reconocen pensiones no previstas en el ordenamiento al no contar con las provisiones necesarias para atenderlas.

Por último, afirma que el Tribunal emitió una condena desconociendo unas pruebas que debía tener en cuenta por disposición de la ley, en las que la pérdida de capacidad laboral del actor nunca superó el 50% para que el actor pudiera acceder a la pensión de invalidez.

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VII. RÉPLICA El demandante se opone al cargo para lo cual señala que el ataque se vale de un argumento que no tiene relevancia frente al recurso de apelación, pues en su inconformidad ante la decisión de primer grado no se reprochó la idoneidad del dictamen presentado por la parte demandante, sino, su peso probatorio. En efecto, la AFP en su apelación aceptó de manera tácita la aptitud de este peritaje, pues lo que cuestionó fue que la calificación realizada por el doctor Luis Armando Cambas debió ser de tal entidad que permitiera vislumbrar cuáles fueron los errores de las tres calificaciones anteriores, lo que no se cumplió.

Agrega que erradamente se plantea que solo las Juntas de Calificación tienen la potestad de realizar este tipo de dictámenes de pérdida de capacidad para laborar, o que por lo menos, solo estas experticias tienen el valor probatorio para acreditar dicho suceso. Relieva que el artículo 227 del CGP señala que el dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado, sin que exista una prohibición para que las instituciones o personas diferentes a las juntas efectúen la calificación, por el contrario, habilita a personas naturales que cumplan con los requisitos para rendirlo. Dice que admitir la tesis de la recurrente en cuanto a

que solo es potestad de las Juntas Regional y Nacional de

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Radicación n.° 95742 Calificación de la Invalidez determinar el porcentaje, implicaría establecer un límite al órgano judicial, y se le estaría atribuyendo una calidad judicial a las juntas, en tanto que solo ellas podrían tomar decisiones sobre la PCL. Resalta que en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, no se encuentra una prohibición a otras entidades o personas para realizar estas experticias, y de existir, atentaría contra el derecho de defensa y contradicción de los usuarios, pues la Junta Nacional no es un órgano de cierre y cualquier documento o dictamen elaborado por ellos o por cualquier entidad está sometido a una prueba en contrario.

VIII. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la réplica en torno a que en sede de casación no es viable controvertir la idoneidad del dictamen proferido por el doctor Luis Armando Cambas Zuluaga, dado que en la apelación no se reprochó tal aspecto sino su peso probatorio. Se hace esa afirmación por cuanto lo planteado en el cargo corresponde precisamente a uno de los argumentos expuestos por la demandada desde la contestación al escrito inaugural, en tanto manifestó que las únicas entidades habilitadas para realizar las valoraciones médicas, revisar los dictámenes y emitir los conceptos respectivos eran las establecidas en las normas que regulaban la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

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Radicación n.° 95742 Además, el Tribunal emitió su decisión teniendo en

cuenta las explicaciones ofrecidas por el referido médico las cuales estimó que no fueron consideradas por Seguros de Vida Alfa S. A. y las Juntas Regional y Nacional de Calificación, de ahí que Porvenir S. A. podía cuestionar tal decisión controvirtiendo la idoneidad de la prueba pericial decretada y practicada en el juicio para desvirtuar los conceptos emitidos por los órganos o entidades señaladas en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. Puntualizado lo anterior, el problema jurídico fundamental que plantea la censura consiste en determinar si el colegiado podía apartarse del porcentaje del PCL fijado por Seguros de Vida Alfa S. A. y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y soportar su decisión en el dictamen pericial aportado en la demanda inicial por la parte actora. Pues bien, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, prevé lo siguiente: CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, a las

Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar

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Radicación n.° 95742 en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. […] Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad, corres