CSJ - SL2203-2020

República de Colombia Code Sorna de Justicia Sala te Casación ~tal 3ala de Deseemeslitm 111: 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente 5L2203-2020 Radicación n.° 74644 Acta 23 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., primero (1) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LIMA VERÓNICA PÁEZ GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 3 de marzo de 2016, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Lilia Verónica Páez González, demandó para que se declarara que como beneficiaria del régimen de transición

(artículo 36 de la Ley 100 de 1993), tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988), a partir del 1° de agosto de 2006, al

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Radicación n.° 74644 retroactivo causado y las diferencias pensionales que surjan a partir del 1" de julio de 2011 (fecha en que se reconoció inicialmente la pensión), los intereses moratorios, la indexación, extra y ultra petita, además de las costas. Como fundamento de las pretensiones, afirmó que: nació el 2 de enero de 1944 y cumplió 55 arios en la misma

fecha del ario 1999, que como beneficiaria del régimen de transición causó el derecho a la pensión a la luz de lo dispuesto en el Ley 71 de 1988. Dijo que el 29 de junio de 2006, radicó la solicitud de pensión por cumplir con los requisitos legales, no obstante la demandada por Resolución 0031344 de 19 de julio de 2007, negó la prestación «por no reunir los requisitos de la ley 797 de 2003», que presentados los recursos de «reposición y apelación» se reclamó el reconocimiento a la luz de la Ley 71 de 1988, pero a través de la Resolución 030040 de 15 de julio de 2008, se resuelve el primero de los recursos con sustento en que no es beneficiaria de la referida disposición, luego, mediante la Resolución 004427 de 4 de agosto de 2009, se pronunció sobre la apelación con el mismo argumento inicial. Expuso que «Nuevamente» el 15 de marzo de 2010, por intermedio de apoderado solicitó el «desarchivo» del expediente y el reconocimiento de su pensión a partir del 31 de julio de 2006, la demandada a través de la Resolución 021762 de 29 de junio de 2011, reconoce la pensión de vejez a partir del 1 de julio de 2011, por acreditar los requisitos de la Ley 797 de 2003, contra la citada decisión presentó los

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Radicación n.° 74644 recursos de reposición y apelación, para que la prestación se reconociera a partir del 31 de julio de 2006 bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988, pues equivocadamente se

le obligó a seguir cotizando, pero tales recursos fueron negados por Resoluciones No. 28886 de 27 de agosto de 2012 y VPB 000578 de 24 de abril de 2013. Agregó que el 27 de septiembre de 2013, reiteró la solicitud de reconocimiento pensional a partir del 31 de julio de 2006, el retroactivo causado y los intereses moratorios, la demandada mediante Resolución GNR 253465 de 12 de julio de 2014, ordenó la reliquidación y dispuso reconocer la pensión en cuantía de $585.711 a partir del 1 de julio de 2011, otorgó la prestación bajo el régimen establecido en la Ley 71 de 1988, sin ordenar retroactivo ni intereses moratorios, en tal acto le comunicó los recursos que procedían «los cuales no son necesario interponerlos ya que la entidad en numerosas oportunidades se ha negado a reconocer el retroactivo y los intereses motivo de esta acción» (f.° 6 a 14 cuaderno de las instancias). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la fecha de nacimiento de la actora, las diversas solicitudes que le presentó la demandane reclamando la pensión de jubilación y los actos administrativos en que les dió respuesta. Propuso las excepciones de prescripción y compensación así como las que denominó, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, inexistencia de la

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Radicación n.° 74644 obligación de pagar intereses moratorios, imposibilidad de indexación, y la genérica. En su defensa adujo, que: i) la pensión fue concedida a

la actora en su momento, con sustento en las disposiciones legales que le eran aplicables, fi) para su disfrute era necesario, además del cumplimiento de los requisitos legales, la desafiliación del régimen, y, iii) como lo había expuesto la Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ 5L3270-2014, en este caso no procedían los intereses moratorios reclamados (f.° 62 a 68 cuaderno de las instancias).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Concluido el trámite, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, profirió fallo el 15 de diciembre de 2015

(f.° 85 a 94 cuaderno de las instancias), en el cual resolvió: PRIMERO: DECLARAR que a la señora LIMA VERÓNICA PÁEZ GONZÁLEZ se le debió reconocer por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES a partir del 29 de junio de 2006 en una suma de $679.445,74 su pensión de jubilación, e igualmente que tiene [derecho a] que se le reconozca y pague retroactivo pensional comprendido entre el 29 de junio de 2006 y el 30 de junio de 2011, así corno los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre los mismos a partir del 10 de octubre de 2006 y hasta el pago de esta obligación y al pago del retroactivo de la reliquidación de la mesada pensional.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar en favor de la señora LILIA VERÓNICA PÁEZ GONZÁLEZ las sumas de

$54.041.870, correspondiente al retroactivo pensional, $96.740.497 por concepto de intereses moratorios, liquidados hasta el 30 de noviembre de 2015, intereses que seguirán causando hasta que se pague el retroactivo pensional y sobre el mismo, y $18.996.825 por concepto de retroactivo de la reliquidación de la pensión.

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TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones presentadas por COLPENSIONES en lo atinente al retroactivo y los intereses y probadas con respecto a las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada y las agencias en derecho se fija en el 20% de las condenas impuestas.

QUINTO: Remítase en Consulta a la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y comuníquese a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo.

Inconforme, la demandada impugnó la decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso y en virtud del grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, la Sala

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., profirió sentencia el 3 de marzo de 2016 (f.° 105 a 107 cuaderno de las instancias), a través de la cual dispuso: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero y segundo de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2015, en el sentido que la pensión reconocida a la demandante es a partir del 10 de julio

de 2006 en cuantía inicial de $677.768,10. Que el retroactivo adeudado desde el 20 de abril del 2012 y el 30 de noviembre de 2015 asciende a la suma de $35.459.515.99. Y se revoca la condena impuesta por concepto de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

SEGUNDO: SE REVOCA el numeral tercero de la sentencia apelada y consultada y en su lugar se declaran prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de abril de

2012.

TERCERO: Se adiciona la sentencia en cuanto al condenar a la entidad demandada a pagar al actor cada una de las mesadas adeudadas de manera indexada desde el momento en que cada una de ellas se hizo exigible hasta el momento en que se efectúa el pago.

CUARTO: SE CONFIRMA en lo demás.

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Radicación n.° 74644

QUINTO: COSTAS. No se causan en esta instancia.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal empezó por concretar que la demandante era beneficiaria de la pensión de jubilación en los términos dispuestos por la Ley 71 de 1988. Para efectos de resolver la excepción de prescripción, el colegiado aseguró que la demandante solicitó el reconocimiento de su pensión el 29 de junio del 2006, cómo da cuenta la Resolución No. 31344 el 19 de julio de 2007, acto administrativo que negó la prestación reclamada, que contra la misma se interpusieron los recursos de reposición y apelación, los cuales le fueron resueltos, el último en la

resolución 4427 del 4 de agosto del 2009, sin embargo, dijo, que entre esta última fecha y la de presentación de la acción judicial, transcurrieron más de 3 arios, por lo que se entendía interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda el 20 de abril del 2015, cómo daba cuenta el acta individual de reparto (f. 57), en consecuencia declaró prescritas las mesadas que se causaron con anterioridad al 20 de abril del 2012: A continuación, concretó el retroactivo pensional adeudado, entre el 20 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2015, en la suma de $35.459.515,99, teniendo en cuenta que desde el 1 de julio de 2011 la entidad demandada le reconoció una pensión, por lo cual señaló que en adelante solo pagaría el mayor valor que llegase a resultar.

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L11 , Radicación n.° 74644 En lo que corresponde a los intereses moratorios, el Colegiado consideró que el a quo se equivocó al concederlos, en el entendido de que, en criterio de la posición mayoritaria de esa Sala, expuesto en sentencia CSJ SL, 2 nov. 2015, rad. 53041, el art. 141 de la Ley 100 de 1993 no aplicaba en casos de pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 71 de

1988. En su lugar, teniendo en cuenta que la demandante solicitó la indexación de las mesadas adeudadas, por encontrar evidenciada su devaluación condenó a pagarlas debidamente indexadas, desde cuando se hizo exigible cada una, hasta la fecha del pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La censura busca que se case totalmente la sentencia recurrida «en cuanto modificó los numerales primero y segundo, y revocó el numeral tercero de las condenas que impartió al a quo, para que una vez convertida en sede de instancia, proceda a CONFIRMAR la decisión de primer grado».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, la Sala examinará conjuntamente los dos primeros, pues, aunque se

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Radicación n.° 74644 orientan por vías distintas, denuncian similar cuerpo normativo y buscan el mismo objetivo.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial, «por interpretación errónea, del artículo 489 del

CST». En lo que denomina desarrollo de la acusación, expresa: El tribunal al considerar el momento de la interrupción de la prescripción, declaró prescritas las mesadas pensionales sin tener en cuenta que dichas sumas corresponden a lo que se denomina prestaciones periódicas, las cuales se causan en el tiempo, siendo distinto el momento en que cada una se hace exigible, y por lo tanto siendo también distinto el momento en que se interrumpe la prescripción por cada mesada, cuando el Tribunal (sic) un alcance a la norma que no corresponde, totalmente contraria a su espíritu en cuanto a prestaciones periódicas se refiere.

Por lo tanto declarar la prescripción de todas las mesadas, tomando como fecha de la interrupción de la prescripción una fecha única para todas las mesadas, como lo señaló que lo era el día de la presentación de la demanda, es dar un sentido contrario al artículo 489 del CST. Si se hubiera dado a la tarea el Tribunal, de aplicar la interrupción de la prescripción como lo ordena el artículo 489 del CST facial (sic) habría concluido, que no se encontraban prescritas ningunas de las mesadas, y que por lo tanto se debían reconocer a partir de la fecha de su causación como se pidió en la demanda.

VII. RÉPLICA Asegura que son acertados los argumentos del colegiado para declarar probada la excepción de prescripción, pues de las fechas establecidas en la sentencia atacada, que son aceptadas por la censura, es claro que así debió declararlo

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Ar Radicación n.° 74644 respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 20 de abril de 2012, llegándose a la misma conclusión así se tomara mesada por mesada, toda vez que lo relevante para este caso es determinar la fecha en la cual la demandada resolvió los recursos y luego sí corroborar si entre dicha calenda y la presentación de la demanda pasaron más de los tres arios, por ende se configuró la prescripción extintiva.

VIII. SEGUNDO CARGO Culpa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida «del artículo 489 del CST».

Como errores ostensibles de hecho en que incurrió al definir la /itis, son:

I. No dar por demostrado, estándolo, que las mesadas pensionales que [la] demandante reclama, siempre fueron reclamadas de manera continua, con reclamaciones efectuadas a la demanda, sin que existiera un tiempo superior a tres años que se dejara de reclamar.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que las mesadas pensionales se encontraban prescritas, por existir más de tres años entre [la] fecha en que se hicieron exigibles y el momento en que se interrumpió la prescripción de cada una de ellas.

En el desarrollo, dice que el tribunal para declarar la prescripción solamente menciona la fecha en que se solicitó por primera vez la pensión (29 de junio de 2006), y la fecha en que se radicó la demanda (20 de abril de 2015), sin detenerse a apreciar los recursos de la vía gubernativa y las reclamaciones permanentes que continuó haciendo sobre su retroactivo pensional.

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Radicación n.° 74644 Expresa que si bien la solicitud radicada el 29 de junio de 2006, se resolvió negativamente por Resolución 31344 del 19 de julio de 2007 y los recursos de la vía gubernativa se solucionaron con la Resolución 4427 del 4 de agosto de 2009, el 15 de marzo de 2010, presentó otra reclamación, que considera es la fecha en que verdaderamente se interrumpe la prescripción, sin que transcurrieran más de tres arios entre la respuesta de la institución (4 de agosto de 2009) y la reclamación (15 de marzo de 2010), que esta última suspendió los términos en virtud de los recursos de la vía gubernativa,

que sólo se resolvieron con la «Resolución VPB 00578 del 24 (sic) de 2013, no existiendo entre esta fecha y la presentación de la demanda, 20 de abril de 2015, un tiempo superior a los tres años», así las cosas, estima que no operó la prescripción, razón por la que ha debido reconocer las mesadas desde el 31 de julio de 2006.

IX. RÉPLICA Asegura que la actora por la vía escogida debía determinar claramente si los errores se derivan de valorar mal alguna prueba documental o de no haberla valorado, pues la Corte no tiene facultades oficiosas sobre ese punto.

Estima que el Tribunal no incurrió en los yerros que endilga la censura, toda vez, que en forma acertada consideró que «la PRIMERA reclamación elevada por el demandante interrumpía la reclamación, y entendió que mientras la entidad demandada no decidía los recursos se mantenía en suspenso la prescripción», lo que no ocurrió en este caso, pues es claro SCLAPT-10 V.00 lo 14/A‘N Radicación n.° 74644 que la primera reclamación se presentó el 29 de junio de 2006 y los recursos fueron resueltos, el último en la Resolución 4427 del 4 de agosto de 2009, que la demanda sólo fue radicada hasta el 20 de abril de 2015. Dice que la recurrente hace referencia a otra reclamación presentada el 15 de marzo de 2010, respecto de la cual se resolvieron los recursos en el 2013, no existiendo entre esta fecha y el 2015, un tiempo superior a tres años; de lo descrito, entiende se deriva que la recurrente pretende

que una segunda reclamación y un segundo trámite en la vía gubernativa, vuelva a interrumpir la prescripción, lo cual no es viable conforme al artículo 489 del CST.

X. CONSIDERACIONES Para comenzar, recuerda la Sala que no fue objeto de discusión, por el contrario, la convocada a juicio desde la contestación a la demanda aceptó, tanto las varias reclamaciones a ella elevadas por la afiliada hoy recurrente como las diversas respuestas que le dio y, las fechas de unas y otras.

De otro lado, se advierte que no lo asiste razón a la opositora en las glosas de técnica que hace al segundo cargo pues, de su desarrollo se entiende que los yerros fácticos que atribuye al Tribunal devienen de la falta de apreciación de las documentales que reseña, correspondientes a las reclamaciones presentadas y las respuestas emitidas por la SCIA1PT-10 V.00 II Radicación n.° 74644 Administradora Colpensiones entre la primera solicitud pensional y la fecha de presentación de la demanda que dio origen al proceso. La inconformidad de la censura en ambos cargos, desde los puntos de vista jurídico y fáctico se centra, de una parte, en que para declarar la prescripción el fallador de segundo grado no tuvo en cuenta que el derecho reclamado es de tracto sucesivo por lo cual, el momento en que cada mesada pensional se hace exigible es independiente, y del mismo modo, la contabilización del término para su extinción; de otro lado, porque para el mismo fin únicamente consideró las fechas de la primera solicitud y de la presentación de la demanda, sin apreciar las demás reclamaciones que elevó

entre esos dos extremos, las que fueron respondidas por la Administradora convocada al juicio. En punto al debate planteado, esta Sala de la Corte en innumerables fallos ha enseriado, que el derecho pensional es imprescriptible, contrario a lo que ocurre con las mensualidades, las que, por tratarse de pagos periódicos, son susceptibles de extinguirse por falta de reclamación dentro del término de prescripción trienal legalmente establecido, cuyo cómputo corre de manera independiente para cada mesada a partir de su exigibilidad individual. En esa temática, en sentencia CSJ 5L4340-2019 esta Corporación precisó como opera la prescripción extintiva de

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Radicación n.° 74644 las mesadas pensionales, cuando se presentan varias reclamaciones administrativas, en los siguientes términos: Al margen de tales falencias, dado el desarrollo argumentativo que expone la recurrente, para la Corte es diáfano que la discusión gravita en torno a la prescripción de mesadas declaradas por el ad quem, pues a juicio de la actora, tiene derecho a su pago retroactivo desde la fecha de causación del derecho. Como quiera que el ataque en casación se circunscribe al fenómeno extintivo de la prescripción, queda po-rfuera de debate: (i) que Mary Villegas Rivera goza de una pensión de Ley 71 de 1988; (ii) que 0 obtuvo su status pensional el 1. de noviembre de 2001, según Resolución n.° VPB25558 de 30 de diciembre de 2014; (iii) que el disfrute de la prestación quedó condicionado a que se acreditara

el retiro del servicio público; (iv) que la actora demostró haber laborado para el Concejo de Bogotá hasta el 30 de junio de 2001; (y) que Colpensiones reconoció el retroactivo pensional a partir del 4 de abril de 2011, teniendo en cuenta que la actora elevó su última reclamación el 4 de abril de 2014, por tanto, las mesadas de los 3 años anteriores están prescritas. Sin desconocer el terreno fáctico de la acusación, como esta conmina a la Sala a determinar el momento a partir del cual comienza a contar el término de prescripción de las mesadas pensionales adeudadas, resulta pertinente recordar lo estatuido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres arios, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo (sic) por un lapso igual. A su vez, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo reza: Artículo 488. Regla General. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) arios, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. Esta Corporación ha sido enfática en cuanto a que el derecho pensional no prescribe, contrario a lo que sucede con las mesadas,

toda vez que al tratarse de importes que se hacen exigibles periódicamente, admiten prescripción trienal, cuyo cómputo corre

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Radicación n.° 74644 de manera independiente para cada período, desde que se hace exigible la mensualidad: La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho. En cambio, en relación con cada una de las mesadas pensionales, en tanto expresiones económicas de la situación jurídica de pensionado, sí puede sostenerse su exigibilidad, para, a partir de allí, empezar a contar el término trienal de prescripción (CSJ SL 0052, 26 may. 1986). En consecuencia, si bien el Tribunal encontró que: i) la actora reclamó la pensión el 29 de junio del 2006, ü) el último de los recursos frente a la negativa de esta primera solicitud fue decidido en la Resolución 4427 del 4 de agosto del 2009, y, iii) entre esta fecha y la de la presentación de la demanda - 20 de abril de 2015 -transcurrieron más de 3 arios, razón por la cual declaró prescritas las mesadas causadas con

anterioridad al 20 de abril de 2012, también es cierto, que ningún análisis efectuó a las demás reclamaciones que presentó la demandante con posterioridad, tendientes a obtener el pago de su pensión así como el retroactivo de las mesadas y sus respuestas, que como antes se dijo, no fueron desconocidas por Colpensiones, que se limitó a exponer que no podía interrumpirse el término de la prescripción sino por una vez. De lo que viene de analizarse, es claro que el Tribunal infringió la norma reseñada por la recurrente, al incurrir en SCLA3PT-10 V.00 14 •\b Radicación n.° 74644 el yerro jurídico y, los fácticos que con carácter de ostensibles, evidentes y protuberantes le atribuyó la censura, por desconocer que dada la naturaleza vitalicia de la pensión y su pago en mensualidades sucesivas, sí existía la viabilidad interrupir el término de prescripción de manera independiente para las mesadas pensionales mediante más de una reclamación, consecuentemente, la de contabilizar el lapso para su extinción de manera separada a partir de la exigibilidad individual. En consecuencia, sin mas consideraciones los cargos prosperan, por lo que se casará el fallo censurado, en cuanto declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de abril de 2012.

XI. CARGO TERCERO Atribuye a la sentencia la violación directa, en el concepto de interpretación errónea de los artículos 36 y 141

de la Ley 100 de 1993. Expresa que no es posible que el colegiado desconozca que la «Ley 71 de 1988, al igual que el acuerdo 049 de 1990, fueron derogados por la ley 100 de 1993, y que por virtud de la transición dichos regímenes fueron incorporados al sistema pensional, reconociendo sus efectos aún bajo la nueva ley»; que fue la misma Ley 100 de 1993 la que incorporó los regímenes anteriores al nuevo sistema pensional, el que sólo respeta de la norma anterior, la edad, el tiempo y el monto,

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Radicación n.° 74644 las demás condiciones son las establecidas en la mentada disposición. Se cuestiona la recurrente, por qué «a los de la ley 71 bajo el régimen de transición se les aplica el artículo 34 y 35 sobre el monto máximo y mínimo, el artículo 50 sobre la mesada catorce, sobre el reajuste anual, sobre los descuentos en salud, y muchas otras normas de la ley 100 y no se le aplica el artículo 141», asegura que no es argumento que la prestación de la Ley 71 de 1988 no es una prestación del sistema, que lo que trata de resarcir y compensar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es el mismo sufrimiento que padece cualquier pensionado sin importar su régimen.

XII. RÉPLICA Expresa que el tema de los intereses moratorios de las pensiones concedidas bajo la Ley 71 de 1988, es una reiteración jurisprudencial en la que se ha expresado que para estos casos no proceden; para corroborar lo dicho se

soporta en las sentencias que identifica, «41491 de 2011» y «53041 de 2015», de las que copia algunos apartes, para concluir que el Colegiado procedió acertadamente al revocar esa condena.

XIII. CONSIDERACIONES De lo señalado por la censura y la opositora, debe resolver la Sala si el Colegiado de instancia erró al revocar la

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Radicación n.° 74644 condena que por intereses moratorios impuso el a quo a Colpensiones, en favor de la demandante hoy recurrente. Si bien desde la sentencia CSJ SL, 28 nov. 2002, rad. 18273, reiterada entre otras en las CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19424, CSJ SL, 19 feb. 2004, rad. 20951, CSJ SL, 9 sep. 2005, rad. 24257, CSJ SL, 13 dic. 2007, rad. 30602, CSJ SL, 11 mar. 2008, rad. 32043, CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 36022, CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 41137, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 50681, CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 40387, CSJ SL, 30 en. 2013, rad. 39662, 5L1851-2014, 5L13649-2015, 5L49592016, 5L12962-2017, 5L4404-2018, se tenía definido que los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de

1993, procedían únicamente para los casos de mora en el pago de las pensiones reconocidas integralmente con base en las normas del sistema general de pensiones, y luego, aquellas del régimen de transición otorgadas con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de la misma anualidad, dentro de las cuales no se encuentra la establecida en la Ley 71 de 1988, que se demanda en este caso, también es cierto que a partir de reciente pronunciamiento contenido en la sentencia CSJ 5L1681-2020, esta Sala de Casación abandonó el anterior criterio jurisprudencial y, en su lugar, postuló «que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones», con fundamento en las siguientes

consideraciones:

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Radicación n.° 74644

1. El pago oportuno de las mesadas pensionales es un derecho de todos los pensionados, sin importar el tipo de pensión legal adquirida El pago puntual de la pensión es un derecho que cuenta con sustento constitucional. Al respecto, el artículo 53 de la Carta Política enuncia dentro de los principios mínimos de la legislación social «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales».

La pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales. Dada su conexión con el

mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial en dos direcciones: primero, obliga al Estado y a las entidades de previsión, a reconocer y cancelar puntualmente la pensión, sin dilaciones o retardos injustificados; y, segundo, obliga a las entidades de seguridad social a reajustar las pensiones según el aumento en el costo de vida y la inflación. El mandato constitucional de garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales», no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. En consecuencia, tanto un pensionado con base en las previsiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como uno que lo fue en virtud del régimen de transición, tiene el poder jurídico de reclamar los intereses moratorios por el pago impuntual de su mesada pensional a la entidad que se atrase en su cancelación. Aunque existen notables diferencias normativas en los tipos prestacionales (L. 33 de 1985, L. 71 de 1988, A. 049 de 1990, art. 33 de la L. 100 de 1993, entre otras), ello no significa que solo los pensionados de un régimen legal especifico sufran los perjuicios derivados de la mora en el pago de las mesadas, mientras que otros no. Para todos ellos, la pensión representa su fuente de subsistencia y, desde este punto de vista, deben contar con un mecanismo legal que permita la reparación de los perjuicios ocasionados por el retardo en el pago de las mismas. Precisamente en aras de desarrollar a nivel legal el mandato constitucional de pago a tiempo de las pensiones legales, el artículo

141 de la Ley 100 de 1993 señala que, en caso de mora de las mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Al analizar la constitucionalidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en sentencia C-601-2000, la Corte Constitucional sostuvo que el citado precepto no creaba privilegios entre grupos de SCLAJPT-10 V.00 18 % Radicación n.° 74644 pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, pues «la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1.0 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después d