CSJ - SL221-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL221-2023 Radicación n.° 93448 Acta 004 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLAUDIA AYDEÉ GONZÁLEZ MORENO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de septiembre de 2020, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) y de las

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN SA - PROTECCIÓN y

PORVENIR SA.

Se reconoce personería para actuar a la sociedad Soluciones Jurídicas de la Costa SAS, identificada con NIT 900.616.392-1, como apoderada de Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder conferido, a la cual la representa en el proceso, el abogado Carlos Rafael Plata

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Radicación n.° 93448 Mendoza, titular de la cédula de ciudadanía 84.104.546 y de la tarjeta profesional 107.775 del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES Claudia Aydeé González Moreno llamó a Colpensiones, a Protección y a Porvenir SA —en adelante Porvenir—, pretendiendo que se declarara la «nulidad» del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida —en adelante RPM—, al Régimen de Ahorro Individual con

Solidaridad —RAIS—, con fecha de efectividad al 1° de noviembre de 2001. Consecuencialmente, que se condenara a Porvenir SA, a restituir a Colpensiones los valores obtenidos en virtud de su vinculación, como cotizaciones y bonos pensionales, con todos los rendimientos causados; y a Colpensiones a tenerla como afiliada, así como a recibir los valores obtenidos mientras estuvo en el RAIS, y a contabilizar para efectos de la pensión, las semanas cotizadas. En forma subsidiaria pidió que se declarara la ineficacia e inoperancia de los efectos del traslado realizado al RPM, al RAIS, en cabeza de Protección. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que estuvo afiliada al ISS, hoy Colpensiones, desde el 7 de junio de 1985 hasta el 30 de octubre de 2001; que luego se trasladó al RAIS a través de Protección, con fecha de efectividad el 1.°

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Radicación n.° 93448 de noviembre de 2001; que al momento de su traslado al fondo privado no fue asesorada o informada de manera transparente, completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y cierta, respecto a las diferencias entre uno u otro régimen de pensiones, las prestaciones económicas que obtendría, ni los beneficios, riesgos, desventajas o inconvenientes, y en general, las implicaciones sobre sus derechos pensionales; que Protección al momento del traslado no la asesoró respecto del régimen que más le convenía, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su historia

laboral, la edad, y el tiempo que llevaba laborando y cotizando, tampoco cuánto debía ser el capital que debía acumular en su cuenta de ahorro individual, y con qué monto o cuánto necesitaba tener para pensionarse en una determinada edad, ni sobre el derecho del retracto, entre otros aspectos; que Protección al momento del traslado de régimen tenía a su cargo una responsabilidad de carácter profesional, que le imponía el deber de asesorarla eficazmente de manera rigurosa, transparente, adecuada y completa, con diligencia y prudencia, con respecto a la decisión de traslado de régimen; que el 17 de agosto de 2018 le solicitó a Colpensiones el traslado del RAIS al RPM; y que actualmente se encuentra vinculada y cotizando para pensiones en Porvenir SA. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En lo concerniente a los hechos, aceptó los concernientes a la afiliación de la demandante al ISS y las fechas en que ocurrió, así como la solicitud de traslado

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Radicación n.° 93448 realizada a Porvenir SA; expresó que los demás no le constaban. En su defensa propuso las excepciones que denominó prescripción y caducidad, inexistencia de la obligación y del derecho por falta de causa y título para pedir. Porvenir SA al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En lo referente a los hechos, aceptó la afiliación actual de la actora; y dijo que los demás no le constaban. Como medios exceptivos planteó los que denominó prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las

obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo y enriquecimiento sin causa. Protección al responder la demanda se opuso a las pretensiones. Tratándose de los hechos, expresó que no es cierto que la señora González Moreno se haya trasladado a la AFP Colmena, hoy Protección SA, con fecha de efectividad del 1.° de marzo de 2001. Que todos sus asesores cuentan con toda la preparación, el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para asesorar en debida forma a los posibles afiliados, como fue el caso de la demandante, a quien se le informó de manera oportuna, clara, suficiente y comprensible todas las características del RAIS, como lo son la construcción de un capital en una cuenta de ahorro

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Radicación n.° 93448 individual donde se depositan todos los aportes pensionales, la cual genera rendimientos financieros de acuerdo al comportamiento del mercado; la garantía de pensión mínima; la posibilidad de pensionarse en forma anticipada, siempre que se cuente con un capital suficiente para financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal vigente al 23 de diciembre de 1993, reajustado de acuerdo al IPC, tal como lo estipula el art. 64 de la Ley 100 de 1993. Que se informaron también los factores de los cuales dependía el monto de la pensional, señalando además sus diferencias con el RPM, por lo que no puede decirse que aquella no fue asesorada, se le dio la información oportuna, clara, suficiente y comprensible de todas las características del RAIS, y sus

diferencias con el RPM, conforme a la normatividad de la época, sin que pudiera prever los cambios normativos. En su defensa formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 30 de junio de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR LA INEFICACIA de la afiliación de la señora CLAUDIA AYDEÉ GONZÁLEZ MORENO identificada con la C.C. No. 51.819.828, realizada por la demandada PROTECCIÓN SA, el 1 DE FEBRERO DE 2000, por los motivos expuestos. En consecuencia DECLARAR que para todos los

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Radicación n.° 93448 efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada PORVENIR SA a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante CLAUDIA AYDEÉ GONZÁLEZ MORENO, como cotizaciones, rendimientos, sin lugar a descuento alguno, para lo cual se le condene el término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a recibir de PORVENIR SA todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, rendimientos que se hubieren causado y actualizar la historia laboral.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 4 de septiembre de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir SA, y el grado de consulta a favor de Colpensiones, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, la seguridad social es un derecho autónomo y las normas de su estatuto contenidas en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, regulan íntegramente el acto de afiliación a un régimen pensional, las competencias y sanciones en caso de infracción a la libertad de selección.

SEGUNDO: DECLARAR que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, las normas reguladoras del acto de afiliación deben aplicarse integralmente, sin posibilidad de fraccionarse, ni tomar parte de una y otra para dar paso a una tercera que se ajuste al caso.

TERCERO: DECLARAR que la ineficacia del acto de afiliación a un régimen pensional a causa de la deficiencia en el deber de información debe sujetarse integralmente a lo dispuesto en el artículo 271 de la ley 100 de 1993.

CUARTO: DECLARAR que el deber de información está a cargo de las administradoras de pensiones, en la forma en que se

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Radicación n.° 93448 establecido (sic) en las normas citadas en los precedentes jurisprudenciales en sus diferentes etapas y, que su aplicación tiene efecto general inmediato y no retroactivo.

QUINTO: DECLARAR que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales administrados por sujetos de derecho privado, en el caso de las AFP y público de carácter especial en el caso de Colpensiones, que compiten libremente en la captación de afiliados y son excluyentes.

SEXTO: DECLARAR que no hay presupuestos procesales para dar aplicación a la ineficacia del acto de afiliación demandado, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, en virtud de que su aplicación debe hacerse integralmente, atendiendo al principio de inescindibilidad y son las autoridades administrativas allí señaladas las competentes.

SEPTIMO (sic): DECLARAR que el juzgamiento de validez del acto de afiliación y sus consecuencias, debe hacerse a la luz del estatuto de seguridad social contenido en la ley 100 de 1993 y sus modificaciones, en atención al principio de integración normativa.

OCTAVO: DECLARAR que el acto de afiliación al sistema pensional nace de una obligación legal, es unilateral de adhesión y sometimiento a las condiciones impuestas por el legislador y a las modificaciones que este imponga en leyes posteriores.

NOVENO: DECLARAR que el acto de afiliación a un régimen pensional no tiene carácter contractual y en consecuencia sus requisitos y efectos no nacen de la voluntad de los sujetos que en el (sic) intervienen sino de las disposiciones contenidas en la ley.

DECIMO (sic): DECLARAR que Colpensiones y las AFP PORVENIR y PROTECCIÓN S.A. son sujetos de derecho que administran dos regímenes pensionales que coexisten, compiten entre sí, son excluyentes y sus obligaciones son autónomas frente a los actos del afiliado en materia de elección y afiliación libre a cualquiera de los dos.

ONCE: DECLARAR que el acto de afiliación determina la forma de financiamiento de la pensión y no de su monto, razón por la cual no involucra un derecho subjetivo del afiliado sobre este último.

DOCE: DECLARAR que el deber de información está sometido en su contenido a las normas vigentes al momento en que se realizó la afiliación al régimen pensional y no pueden aplicarse normas posteriores, en virtud del principio de irretroactividad de la ley.

TRECE: DECLARAR que cualquier daño que se ocasione al afiliado por incumplimiento en los deberes de la AFP o de sus

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Radicación n.° 93448 funcionarios, debe ser resarcidos por estas en atención a lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994.

CATORCE: DECLARAR que los efectos legales de la afiliación a un régimen pensional no surgen de acuerdos entre el afiliado y la administradora escogida sino de la ley y, en consecuencia, los mismos no pueden tornarse en perjuicios a cargo de la administradora.

QUINCE: DECLARAR que Colpensiones es ajena al acto de afiliación del demandante y al deber de información a cargo de las AFP, a la luz de las normas vigentes para el mes de enero de

2000, fecha del traslado a COLMENA S.A. y, no pueden aplicarse las disposiciones posteriores que establecieron la doble asesoría.

EN CONSECUENCIA: PRIMERO: SE REVOCAN las condenas impuestas a la AFP PORVENIR S.A. y se absuelve de las mismas por no haberse probado perjuicio alguno a su cargo de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, sin que las obligaciones establecidas en la ley puedan tornarse en tales.

SEGUNDO: SE REVOCAN las condenas impuestas a Colpensiones, en razón a que la afiliación de la actora al RAIS y cualquier posible perjuicio derivado de la misma, son producto de la voluntad y decisión unilateral de la demandante, que optó por cambiar la forma de financiación de su pensión, sin su intervención; constituyéndose un derecho ajeno en el que no participó Colpensiones, por lo que ningún perjuicio pudo causar y, en consecuencia, ningún daño debe reparar.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, partió de que el problema jurídico se orientaba a examinar si resultaba procedente declarar la «nulidad» de la afiliación de la demandante del RPM al RAIS, y en caso afirmativo, si eran atendibles las soluciones de volver al primero, administrado por Colpensiones, y las demás condenas solicitadas, atendiendo los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso.

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Radicación n.° 93448 Indicó que el acto jurídico de afiliación al Sistema

General de Pensiones nace de la ley, que impone al trabajador dependiente e independiente vincularse al régimen pensional que libremente escoja, con el objeto de atender la forma en que se financiará la pensión de vejez, en las condiciones previamente establecidas por el legislador, a las que se somete el afiliado, según el régimen elegido. Por ello advirtió, que se trata, en consecuencia, de un acto condición, libre y voluntario, sometido a las normas previamente establecidas por el legislador y a los cambios que se introducen a partir de la expedición de nuevas leyes, sin la posibilidad de negociarlas, ni al momento de la afiliación ni cuando se producen aquellos, por lo que se descarta la naturaleza contractual asignada por algunos. Luego adujo, que sobre las ventajas de uno u otro régimen pensional, y la posibilidad de dar a conocer al afiliado una expectativa referida al monto pensional, se ha establecido desde el nacimiento de aquellos, que no existe, pues uno y otro ofrecen beneficios diferentes, sin que pueda predicarse que unos son mejores o superiores; y que igualmente se ha sentado que ambos regímenes coexisten, son excluyentes y compiten entre sí por la captación de afiliados; al respecto referencia las sentencias CC C956-2001 y C082-2002. En cuanto a las limitaciones al traslado de régimen pensional, afirmó que la permanencia y el traslado de régimen no solo es un acto que impacta al afiliado en la forma

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Radicación n.° 93448 como se financia su pensión, pues esa decisión también afecta en conjunto las finanzas de uno y otro régimen, por

ello el legislador previó que estabilizar el número de afiliados en un tiempo prudente previo al de la fecha de causación de la pensión, era indispensable para la sostenibilidad financiera, en consecuencia, limitó la posibilidad de traslado, correspondiendo según la Ley 797 de 2003, a diez años o menos de cumplir la edad pensional, quedando consignadas las razones en la sentencia CC C1024-2004. Precisó que, sobre la ineficacia del traslado de régimen pensional, la jurisprudencia de la Corte ha interpretado las normas que se refieren al deber de información de las AFP, definiendo que su incumplimiento imposibilita la libertad de elección a uno en específico, determinando tres etapas en la regulación, que se traducen en los deberes de información, de asesoría y buen consejo, y doble asesoría, contenidos en la sentencia CSJ SL1452-2019.

Luego expresó: La sentencia citada analiza el contenido del deber de información en cada una de las etapas, dejando en evidencia su evolución, pasando de uno menos concreto a uno con la puntualidad de comparar valores de la mesada pensional, lo cual tiene una razón lógica: Una cosa es suministrar información sobre expectativas pensionales durante los primeros diez años de desarrollos legales y económicos que acompañaron la aplicación de la Ley 100 de 1993 y, otra muy diferente, suministrar información después de veinte años, cuando entre otras cosas el afiliado ya tiene cumplido el tiempo y las cotizaciones o el capital para acceder al goce de la pensión por vejez, porque en este momento las variables que no eran determinables en el año de 1994 (o para el

caso el año 2000), se convierten en variables determinadas tanto por los cambios introducidos en la ley 797 de 2003, como por la verificación ya en concreto de las variables económicas que

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Radicación n.° 93448 incidieron sobre los rendimientos financieros de los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, que determinan el monto de la pensión en forma concreta. Sobre la aplicación de la Ley en el tiempo, ha reiterado la jurisprudencia Sala de Casación Laboral, que las normas bajo las cuales se juzgan los actos jurídicos son las vigentes al momento de su ocurrencia, que en el caso del demandante corresponden a las vigentes en el año 2000 en que realizó su afiliación al RAIS (folio 144), siendo las aplicables las contenidas en los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, el artículo 97 del Decreto n° 663 de 1993; los artículos 4, 14 y 15 del decreto 656 de 1994, que dan marco al deber de información, en lo que se ha denominado la primera etapa. Posteriormente relacionó las normas correspondientes a la primera etapa del deber de información, a saber, los arts. 13 y 271 de la Ley 100 de 1993; el 97 num. 1.° del Decreto 663 de 1993; el 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994. Y señaló que de estas salta a la vista, que la relacionada con el presente caso, es el art. 4 del Decreto 656 de 1994, que hace responsables a las AFP en el grado de culpa levísima, por los

daños que se puedan causar a los afiliados, y las del literal j) del art. 14 ibidem, que impone un deber de asesoría, cuando así lo requiera el afiliado para la contratación de rentas vitalicias. Agregó que en cuanto a la aplicación del estatuto orgánico del sistema financiero —Decreto 663 de 1993— como fuente del deber de información, resulta forzada su aplicación, porque para entonces no existían las AFP, como lo evidencia la fecha de su expedición y lo confirma su art. 1.°, por lo que no puede esperarse encontrar un contenido material del deber de información sobre asuntos pensionales, o no al menos en la forma descrita por la jurisprudencia para esta primera etapa, al señalar que debe incluir referencias

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Radicación n.° 93448 claras, precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión, y la pérdida del régimen de transición, porque no existían ni las administradoras ni la Ley 100 de 1993. En lo concerniente a la naturaleza y aplicación de las normas sancionatorias en materia de afiliación al régimen pensional, expresó que como lo ha reiterado la Corte, la consecuencia jurídica o sanción al incumplimiento en el deber de información, es la ineficacia del acto de afiliación, prevista en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, al interpretar que su incumplimiento atenta contra la libertad de elección prevista en el art. 13 ibidem, porque en síntesis, no puede ser libre una decisión desinformada.

Dijo que los citados efectos sancionatorios requieren para su imposición, de la declaración de una autoridad administrativa (el Ministerio de Salud, o el de Trabajo y Seguridad Social, o la Superintendencia de Salud), que son las competentes para que se declare la violación, se imponga la multa y surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación para dar paso a una nueva, si lo desea el afectado. Recordó que siendo el art. 271 de la Ley 100 de 1993, la fuente invocada para dejar sin efecto la afiliación al RAIS, debe considerarse que los regímenes sancionatorios solo pueden establecerse en leyes, siendo de su esencia, que solo el Congreso pueda adoptarlos en virtud del principio denominado reserva de ley, lo que implica que las correspondientes sanciones solo puedan ser impuestas por

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Radicación n.° 93448 las autoridades competentes, acatando el debido proceso, dentro del plazo previsto por la ley y con la dosificación señalada en ella. Añadió que la jurisprudencia ha señalado que la ineficacia del traslado de régimen pensional, cuando emana del deber de información por parte de las AFP, transgrede el derecho a la libre elección prevista en los arts. 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, y conduce a la ineficacia de la afiliación, la cual debe entenderse en sentido estricto, por lo que deberá en consecuencia producirse el restablecimiento previsto en el art. 1746 del CC. Realizó algunas disquisiciones en torno a la seguridad social, así como los efectos de la ineficacia del acto de

afiliación y la afectación a Colpensiones, y concluyó que: las normas de seguridad social son suficientes para juzgar las pretensiones de ineficacia de la afiliación, y deben ser aplicadas conforme a los mandatos del debido proceso, en especial, los principios de inescindibilidad, irretroactividad de la ley, integración y remisión, contenidos en las normas y jurisprudencia; la ineficacia de dicho acto produce efectos a cargo de quien incurrió con su acción u omisión en la causación de un perjuicio, en este caso de la respectiva AFP; no puede atribuirse efecto ni resarcimiento alguno a cargo de un sujeto que no intervino ni en la decisión del afiliado de trasladarse de régimen, ni en el acto mismo, ni mucho menos en la deficiente información invocada; y que resulta trascendente juzgar el acto de afiliación de manera oportuna, ya que el aporte de la cotización en un sistema de reparto

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Radicación n.° 93448 simple, cumple su objetivo de contribuir al pago de las pensiones ya causadas. Por último, en lo concerniente al caso concreto, expresó: Las pruebas que se practicaron dan sustento fáctico a las conclusiones anteriores en la medida en que demuestran la fecha de afiliación del demandante, la ausencia de participación de Colpensiones en el acto de traslado, y la falta de demostración de perjuicios a cargo de PORVENIR S.A., como resulta evidente de los siguientes medios: Del documento visible a folio 144, se evidencia formulario de afiliación a COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A., a partir del 28 de

enero de 2000. Igualmente se corrobora que el 26 de septiembre de 2001, la accionante procedió a cambiarse al Fondo Privado PORVENIR S.A. (folio 114). Del interrogatorio de parte, absuelto por la señora CLAUDIA AYDEE GONZÁLEZ, se establece que trabaja en una Institución Educativa. Aseguró que se afilió al RAIS, porque unos asesores de un fondo privado le brindaron una charla que tuvo una duración entre 30 y 40 minutos, y en la que le informaron que el ISS se iba a liquidar, que uno a los cuales iba acceder era que los aportes podían ser heredables a sus hijos, que el dinero que entregaba iba a una cuenta a su nombre, que este iba a generar unos rendimientos, y que su pensión dependía del ahorro efectuado: “Pues en la medida en que ese dinero que yo estaba aportando iba a ser para mí, pues obviamente lo que yo aportará era para mi pensión”; que nunca solicitó información adicional, ni se acercó a las instalaciones de PORVENIR S.A., y que en la reunión que efectuaron los asesores-previo a la afiliacióntuvo la oportunidad de realizar preguntar (sic), pero que no las efectuó Adicionalmente, el traslado se efectuó en el año 2000 y solo hasta el 2018, la actora se interesó por su situación pensional (folio 4 y 144), lo que da cuenta que la solicitud no se realizó oportunamente y dentro de los plazos previstos, y acceder a las suplicas (sic) de traslado o retorno al RPM desfiguraría el sentido

de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema. De las pruebas citadas se evidencia tanto la fecha de la afiliación del demandante (sic), como la ausencia de demostración de perjuicios a cargo de la AFP PORVENIR S.A., además de determinarse que Colpensiones, no participó en el acto de afiliación al RAIS, porque ni patrocino (sic) su traslado, ni intervino en dichas diligencias.

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Radicación n.° 93448 Por las razones expuestas, se declarará la falta de presupuestos procesales para aplicar el artículo 271 de la Ley 100 de 1993; se revocarán las condenas impuestas a PORVENIR S.A., por ausencia de la demostración de perjuicios causados con ocasión de la afiliación, a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 y, y se revocaran las condenas impuestas a Colpensiones, por ser ajena a la decisión de traslado de régimen tomada por el afiliado, ajena a las invocadas deficiencias en el deber de información, y por no participar en acto contractual alguno, que le pueda imponer restituciones de ninguna clase a la luz del artículo 1746 del Código Civil, habida cuenta que el acto de afiliación no tiene carácter contractual y la norma en cita no aplica a la regulación de actos de la seguridad social que tienen regulación propia, sin que pueda acudirse a un estatuto ajeno.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censora que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «se sirva revocar íntegramente el fallo del Ad-quem, y en su lugar, en condición o sede subsiguiente de instancia, se sirva declarar la prosperidad de las pretensiones expuestas en el libelo introductorio».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Colpensiones, los cuales se resolverán en forma conjunta, en la medida en que acusan normas similares, la argumentación se complementa y persiguen la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, las siguientes normas: […] los artículos 817, segundo inciso, 1604, tercer inciso, del Código Civil; los artículos 13 (modificado parcialmente por el artículo 2' de la Ley 797 de 2003), 60, 61, 64, 97 y 271 de la Ley 100 de 1993; el artículo 4 del Decreto Ley 656 de 1994; los artículos 1232, 1233 y 1244 del Código de Comercio y el artículo 1 del Decreto 1049 de 2006, mediante el cual fueron reglamentados los artículos 1232 y 1233 de dicho código; el artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 y el artículo 2 del Decreto 2241 de 2010. Para la violación final del antedicho

conjunto normativo medió la aplicación indebida del artículo 48 de la Constitución Política, norma constitucional según la cual el derecho a la seguridad social es irrenunciable y del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, pues, de conformidad con este precepto legal, "tendrán plena validez y eficacia" en el sistema integral de seguridad social creado por dicha ley los principios mínimos estatuidos en el artículo 53 de la Constitución Política; principios entre los que se hallan relacionados la " situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho" y la "primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales". Para la violación final del antedicho compendio normativo medió la aplicación indebida del artículo 48 de la Constitución Política, norma constitucional según la cual el derecho a la seguridad social es irrenunciable y del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, pues, de conformidad con este precepto legal, "tendrán plena validez y eficacia" en el sistema integral de seguridad social creado por dicha ley los principios mínimos estatuidos en el artículo 53 de la Constitución Política; principios entre los que se hallan relacionados la " situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho" y la "primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales". Señala que ello tuvo lugar, por la configuración de los siguientes errores de hecho:

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Radicación n.° 93448 a. No haber dado por probado, estándolo, que en la demanda con la que se inició el proceso de forma sobremanera clara se pidió declarar la ineficacia del traslado de Claudia Aydee (sic) González Moreno del régimen de prima media con prestación definidarégimen pensional que se le aplicaba por estar afiliada al lnstituto de Seguros Sociales y el cual es administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensionesal régimen de ahorro individual con solidaridad cuya administración está a cargo de la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. b. No haber dado por probado, estándolo, que la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A incumplió respecto de Claudia Aydee (sic) González Moreno el deber que la ley le impone de suministrar verazmente a sus afiliados toda la información que les permita "tomar decisiones que consulten sus mejores intereses". c. Haber dado por probado, sin estarlo, que por haber firmado el formulario de afiliación Claudia Aydee (sic) González Moreno, este solo hecho acreditaba concluyentemente que a ella le había sido suministrada "información cierta, suficiente, clara y oportuna" por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Proteccion (sic); información que le permitió conocer " adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones" establecidas entre ambas. Como pruebas erróneamente apreciadas, referencia las siguientes: el formulario de afiliación de traslado del régimen; la cédula de ciudadanía; el interrogatorio absuelto; y el libelo

genitor. En forma preliminar afirma que la Constitución Política no permite que alguien renuncie al derecho a la