CSJ - SL2212-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2212-2023 Radicación n.° 93109 Acta 33 Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS - ICOLLANTAS S.A. contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FERNANDO VÁSQUEZ RUEDA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, trámite al que se vinculó a la sociedad recurrente como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES Fernando Vásquez Rueda llamó a juicio a Colpensiones, a fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por exposición a altas

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Radicación n.° 93109 temperaturas, el retroactivo pensional, los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la ley 100 de 1993, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que trabajó para Icollantas S.A. entre el 19 de enero de 1988 y el 15 de marzo de 2013, tiempo durante el cual estuvo sometido a altas temperaturas y que las funciones desempeñadas tenían que ver con la construcción de llantas de bicicletas y «AYUDANTE CALANDER 26” 36” 60” y OPERADOR

CALANDER 60».

Mencionó que siempre estuvo afiliado al ISS, hoy Colpensiones; que el 24 de marzo de 2015 solicitó el reconocimiento de la pensión especial de vejez sin obtener respuesta por parte de la citada entidad de seguridad social, con lo cual quedó agotada la vía gubernativa. Colpensiones, al dar respuesta a la demanda se opuso a las súplicas incoadas. Aceptó los hechos referidos a la afiliación del demandante y las cotizaciones que la empleadora Icollantas S.A. le efectuó durante el periodo que fue su trabajador; y que presentó la respectiva reclamación administrativa en el año 2015. Sobre los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que debían probarse. En su defensa, argumentó que para tener derecho a la pensión de alto riesgo como la reclamada en el sub examine, el asegurado debía probar que era beneficiario del régimen

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Radicación n.° 93109 de transición y que durante su relación laboral había estado sometido a las altas temperaturas, en forma permanente, para que se le pueda aplicar el Decreto 758 de 1990, que establece en el inciso primero de su artículo 15 que las semanas que se acrediten con posterioridad a las 750, deberán ser «cotizadas en forma continua o discontinua en la misma actividad». Indicó que el literal b) del referido artículo determina qué clase de trabajadores se benefician con la reducción de la edad en virtud a las semanas cotizadas en la misma actividad; que para el caso los define como «trabajadores dedicados a actividades que impliquen exposición a altas

temperaturas» y agregó: Ahora, en concordancia con lo indicado anteriormente, el artículo 4 del Decreto 813 de 1994, modificado por el artículo 1 del Decreto 1160 de 1994, parágrafo 1, previó lo siguiente: "Cuando el régimen aplicable obedezca a la actividad u oficio desempeñado por el trabajador, dicho régimen se aplicará, siempre que, al momento de reunirse los requisitos para la pensión, el trabajador se encuentre desempeñando la misma actividad u oficio. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción trienal, improcedencia de los intereses moratorios, buena fe y la innominada. El juzgado de conocimiento, que lo fue el 13 Laboral del Circuito de Cali, a través de providencia del 10 de julio de 2015, vinculó a la empresa Icollantas S.A. como litisconsorte necesario.

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Radicación n.° 93109 La citada sociedad al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió los extremos del nexo contractual, las funciones desempeñadas por el actor, aclarando que no estuvo expuesto a altas temperaturas, e igual aceptó que desde el comienzo de la relación laboral fue afiliado al ISS, hoy Colpensiones. Sobre los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban. Como razones de defensa sostuvo que el demandante no estuvo expuesto a altas temperaturas, ya que: […] las actividades realizadas en ICOLLANTAS no fueron de alto

riesgo con exposición a las altas temperaturas. Muchos de los cargos se desempeñaron dentro de los límites de temperatura permitidos, lo que obviamente desvirtúa un trabajo permanente a altas temperaturas, no eran estáticos, y más aún cuando ejecutó distintas funciones, todos ellos con diferentes exposiciones de temperaturas y, en cuarto lugar, porque las labores se desarrollaban en tumos rotatorios diurnos y nocturnos, hecho que implica una exposición a diferentes temperaturas ambiente. Propuso como excepciones de fondo las de carencia o inexistencia de acción, causa, obligación y derecho; prescripción; pago de lo debido; compensación; y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, con sentencia del 16 de mayo de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, conforme lo manifestado en precedencia.

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SEGUNDO: DECLARAR que el señor FERNANDO VASQUEZ RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.400.753, consolida el derecho a la pensión de vejez especial por exposición al riesgo, con una cotización de 1.596 semanas en toda la vida laboral, de las cuales 1.300 lo fueron en altas temperaturas; desde el 16 de marzo del año 2009, cuando cumple con los 52 años de edad; con derecho a disfrutarla, a partir del 16 de marzo del año 2013, con IBL favorable de $2.774.725,29, para una mesada inicial de $2.072.997,26, a

partir del 16 de marzo del año 2013, durante 13 mesadas al año.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, a pagar al señor FERNANDO VASQUEZ RUEDA, arriba identificado, la suma de $130.842.723, por concepto del retroactivo de su pensión especial de vejez, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo del año 2013, debidamente indexado mes a mes desde el 16 de marzo del año 2013, hasta el momento que realice el pago del retroactivo pensional que a ese momento haya causado.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, a incluir en nómina del pensionado por vejez y continuar pagando mensualmente al señor FERNANDO VASQUEZ RUEDA, ya identificado, a partir del 1 de mayo del año 2017, con una mesada de $2.733.218, durante 13 mesadas al año, sin perjuicio de los reajustes periódicos anuales que a futuro correspondan conforme a derecho.

QUINTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, de las demás pretensiones de la acción incoadas en su contra por el señor FERNANDO VASQUEZ RUEDA; en especial los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; según las razones exteriorizadas en las consideraciones que anteceden.

SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, a descontar del retroactivo pensional a pagar al señor FERNANDO VASQUEZ RUEDA, sin

tener en cuenta las mesadas adicionales, los valores correspondientes a los dineros de la seguridad social integral en salud […], para que sean trasladados a la EPS a la cual se encuentre afiliado o a la que tenga pendiente por afiliarse.

SEPTIMO: CONDENAR a ICOLLANTAS S.A., o a quien haga sus veces, a pagar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, los puntos adicionales de la calificación (sic) en alto riesgo que le correspondía, respecto del demandante, FERNANDO VASQUEZ RUEDA; según liquidación que haga la entidad de seguridad social, con los intereses y sanciones que correspondan.

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OCTAVO: REMITIR la presente sentencia a la Sala Laboral del HTS del DJC, a través de la Oficina Judicial de Cali, por resultar adversa a una entidad de seguridad social, de la cual el estado colombiano es garante.

NOVENO: CONDENAR en costas a la demandada, en favor del demandante, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de 10 SMLMV. Tásense oportunamente por la secretaria del juzgado.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud de los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la litisconsorte necesaria Icollantas S.A. y al surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada Colpensiones, conoció la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Cali, la cual, mediante sentencia del 16 de julio de 2019, decidió: Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia n.° 165

proferida el 16 de mayo de 2017 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de precisar que el valor de la mesada para el 16 de marzo de 2013 asciende $2.063.852; conforme lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia. Segundo. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia citada, en el sentido de precisar que el valor del retroactivo causado a partir del 16 de marzo de 2013 hasta el 30 de junio de 2019 asciende a la suma de $188.844.033; conforme lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia. Tercero. REVOCAR parcialmente el ordinal tercero de la sentencia recurrida y consultada, en lo que concierne a la condena por indexación, y en su lugar se Absuelve a Colpensiones de dicho concepto. Cuarto. MODIFICAR el ordinal cuarto, se precisa que el valor de la mesada a continuar pagando a partir del 1° de julio de 2019 corresponde a $2.644.652. Quinto. REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia citada, y en su lugar se CONDENA a Colpensiones a pagar a favor del señor Fernando Vásquez Rueda, los intereses moratorios que se causen a partir del 25 de julio de 2015 hasta el momento en que haga efectivo el pago de la obligación.

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Radicación n.° 93109 Sexto. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. Séptimo. COSTAS a cargo del litisconsorte necesario, se incluyen como agencias en derecho la suma de un SMLMV.

Para tomar su decisión, el fallador de alzada precisó que las controversias a resolver eran las siguientes: i) determinar si estaba ajustada a derecho la decisión del a quo que condenó a la demandada al pago de la pensión especial de vejez por exposición a altas temperaturas; ii) definir si Icollantas S.A. tenía la obligación de pagar las cotizaciones adicionales, tal como lo concluyó el juez de primera instancia; y iii) establecer si resultaba viable imponer los intereses moratorios a cargo de Colpensiones. Señaló que la pensión especial de vejez reclamada por el actor estaba regulada por los artículos 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003, los cuales reprodujo. Luego advirtió que, el demandante nació el 16 de marzo de 1957 y que en total tenía más de 1500 semanas de cotización. Consideró que le correspondía al trabajador demostrar que estuvo expuesto a condiciones laborales que desmejoraran su calidad de vida, es decir, para el caso bajo estudio que estuvo en permanente exposición a temperaturas superiores a los límites legales permitidos. Sobre el particular, manifestó que el demandante informó que laboró al servicio de Icollantas S.A. desde 1988 hasta el 15 de marzo 2013 cumpliendo funciones de «construir llanta bicicleta,

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Radicación n.° 93109 ayudante Calander 26”, 36” y 60” grados y operador Calander 60 grados». Explicó que la parte actora, para demostrar que se desempeñó en altas temperaturas, allegó varios documentos expedidos por el responsable de los programas de higiene y

seguridad en la planta de Cali, que informaban los puestos con mayor exposición, entre los que se encontraban las prensas de vulcanización de llantas, donde se indica que las calderas no fueron objeto de un estudio adicional. Igualmente, que se acompañaba la «tabla de datos prueba de tamizaje» (f.° 2 y 3); además aportó el certificado de tiempo de servicios y de los cargos desempeñados por el accionante, detallando las funciones realizadas en cada uno de ellos, tales como «construir llantas, enrollar y almacenar el producto y fabricar perfiles planos de productos semi terminados» (f.° 15 y 83). Puso de presente que el a quo, a solicitud de la parte demandante, decretó una prueba pericial, a efectos de establecer si el promotor del proceso estuvo expuesto a altas temperaturas, designando al auxiliar de la justicia Elmer Castillo Vergara, quien rindió la experticia correspondiente (f.° 172 y ss.), la cual por petición expresa de Icollantas S.A. fue aclarada y complementada (f.° 316 a 334). Manifestó que el dictamen fue debidamente sustentado por el perito en audiencia celebrada por el juez de primer grado (f.° 331). Precisó que el experto mencionado en la citada audiencia manifestó que pudo obtener información del

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Radicación n.° 93109 entorno y la época en que el demandante prestó sus servicios a la demandada. Con todo, aclaró que así la empresa funcionara en la actualidad, era improcedente tomar registros, porque no guardaría relación con la época antigua.

Explicó que existen algunos estudios que realizó la compañía para efectos de la seguridad social, los cuales fueron anexados a la experticia y que una vez evaluado los que competen al asunto, arrojaron las conclusiones de la exposición a altas temperaturas del actor. Esgrimió que el perito refirió igualmente a los estudios realizados en el año 1997, 2004 y 2005 por Suratep, de donde infirió que todos los cálculos le arrojaron que el trabajador estuvo expuesto a altas temperaturas. Finalmente, adujo que dicho auxiliar de la justicia especificó en el citado dictamen, que también se tuvo en cuenta la norma americana, que es anterior a la ISO, la cual recogió las disposiciones anteriores, por tanto, que no existía diferencia alguna; además, que esa experticia se basó en su propio conocimiento, en tanto él fue contratista de Icollantas S.A. En ese orden, el juez plural, al apreciar el dictamen y la declaración rendida por el perito, advirtió que en la experticia se estudió la exposición al riesgo en cada uno de los cargos que ejecutó el accionante, es decir, constructor de llanta bicicleta (f.° 183 a 185), ayudante de calander 26, 36 y 60 grados (f.° 186 a 187) y operador calander 60 grados (f.° 188 a 189), concluyendo que en cada una de sus labores «sí hubo

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Radicación n.° 93109 exposición altas temperaturas», pues el auxiliar de la justicia tuvo en cuenta la evaluación de estrés calórico realizada en

julio de 1997 por Suratep (f.° 227 a 255), así como los informes de evaluación ambiental y de estrés térmico llevadas a cabo por el laboratorio de higiene industrial de la misma entidad de seguridad social en los años 2004 y 2005 (f.° 256 a 266 y 267 a 277). Del mismo modo, consideró la declaración extra juicio del actor (f.° 197 a 199) y las certificaciones de afiliaciones de las ARL Sura, Colpatria y Colmena (f.° 201 a 203). Puntualizó que el análisis de tal dictamen y «el restante material probatorio» llevaron al Tribunal a establecer que el demandante estuvo expuesto «a calor por encima del umbral de exposición permitido durante el tiempo que laboró al servicio y Icollantas». Agregó que para la colegiatura las alegaciones de la empresa empleadora en punto a restarle credibilidad a la experticia, en tanto, si bien es cierto en la actualidad no existen las instalaciones físicas de la empresa en la cual se pudieran hacer las respectivas mediciones de temperatura, lo cierto era que tal ausencia se suplía con las evaluaciones de los informes realizadas en las diferentes anualidades por Suratep que «conforman las condiciones medioambientales de Icollantas S.A». Por todo ello, concluyó que el promotor del proceso sí estuvo expuesto a altas temperaturas, durante el tiempo que trabajó para su empleadora, que fue desde el 19 de enero de 1988 hasta el 15 de marzo 2013.

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De otra parte, manifestó que si bien la apoderada de Icollantas S.A. argumentó que no había lugar al pago de los puntos adicionales en los términos del artículo 5 del Decreto 2090 del 2003, en razón a que la mayoría del tiempo en que se desarrolló el vínculo laboral con el actor se remontaba a antes de la expedición de la ley que exigía la «cotización adicional»; el colegiado infirió que no le asistía la razón en tal planteamiento, ya que si bien el empleador subrogó los riesgos cuando afilió a sus trabajadores a las entidades de seguridad social, no se puede pasar por alto las obligaciones que debe cumplir como es la cancelación de las cotizaciones adicionales, que en este caso no se pagaron, así la norma que los consagró fuera ulterior. Así las cosas, estimó la colegiatura que el demandante completó las 700 semanas con cotizaciones especiales exigidas para tener el derecho a la pensión por alto riesgo, dado que sufragó un total de 1596,20 semanas en toda su vida laboral (f.° 500), de las cuales 1300 fueron en alto riesgo, resultando claro que tuvo 600 semanas adicionales a las primeras 700, por ende, tenía derecho a la pensión especial a partir del día en que completó los 50 años de edad, conforme el inciso final del artículo 4 del Decreto 2090 de 2003, esto es, a partir del 16 de marzo de 2007. Explicó que, si bien el accionante efectuó cotizaciones hasta el 15 de marzo 2013, dijo que era procedente el reconocimiento desde el día siguiente, tal y como lo concluyó el a quo, teniendo en cuenta que no operó el fenómeno

jurídico de la prescripción, pues la reclamación

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Radicación n.° 93109 administrativa se presentó el 24 de marzo 2015 y la demanda inaugural se radicó el 5 de junio del mismo año, es decir, dentro del término trienal que consagra el artículo 488 del CST. Determinó que la mesada inicial para tal anualidad, teniendo en cuenta un IBL de $2.778.477, ascendía a la suma de $2.063.852, lo que, a su vez, a 30 de junio 2019 generaba un retroactivo pensional de $188.844.033. Aclaró que también era procedente el pago de los intereses moratorios a partir del 25 de julio de 2015, hasta el momento en que se hiciera efectiva la cancelación del retroactivo objeto de condena, pues es claro que la entidad incurrió en mora en el reconocimiento de la pensión, lo que de contera conducía a la revocatoria de la indexación. En los anteriores términos, el sentenciador de segundo grado desató los recursos de apelación formulados por la parte demandante e Icollantas S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta surtida en favor de Colpensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el litisconsorte necesario Icollantas S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque en su totalidad la decisión condenatoria de primer

grado y, en su lugar, se absuelva a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra. Con tal propósito, formula tres cargos, que son replicados por la parte demandante y por Colpensiones, los que se proceden a estudiar en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 1281 de 1994, 3, 4, 5, 9 del Decreto 2090 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Expone que el juzgador de alzada incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que el demandante estuvo afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad en el periodo de tiempo comprendido entre el mes de abril de 1997 y el mes de mayo de 2007.

2. Dar por probado sin estarlo que al demandante le son aplicables 1300 semanas de cotización bajo el régimen de cotización de alto riesgo por trabajo en altas temperaturas.

Yerros que asevera se cometieron por no haber valorado correctamente los reportes de semanas cotizadas emitidos

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Radicación n.° 93109 por Colpensiones con fechas 14 de agosto de 2014 y 16 de abril de 2016 (f.° 16 a 21 y 152 a 164). En la demostración del cargo, manifiesta que el primer error evidente consiste en no haberse percatado, a pesar de ser observable a simple vista, que el demandante estuvo

afiliado al sistema de seguridad social en pensiones a través del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS en el periodo comprendido entre abril de 1997 y mayo de 2007, hecho del cual dan cuenta los reportes visibles a folios 16 a 21 y 152 a 164. Indica que como el demandante en dicho periodo estuvo afiliado al RAIS, así posteriormente se hubiese regreso a Colpensiones: […] no hay duda de que los reportes de cotización del demandante al sistema de seguridad social fueron mal apreciados por el Tribunal de Cali, pues se limitó a verificar las semanas cotizadas por el demandante al sistema de seguridad social pero no se percató que cerca de diez años de cotización se realizaron ante el Régimen de Ahorro individual al que el demandante se encontraba afiliado. Este error de apreciación de la prueba es de relevancia absoluta dentro de la controversia derivada del presente proceso si se tiene en cuenta que con la expedición del Decreto 2090 de 2003 en su artículo 3 circunscribe la obligación de pago de aportes especiales por actividades de alto riesgo a los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, de manera que mi representada no se encontraba en la obligación legal de realizar aportes especiales durante el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2003 cuando entró a regir el Decreto 2090 de 2003 y mayo de 2007 cuando el demandante se trasladó de vuelta al régimen de prima media con prestación definida. En consecuencia, resulta a todas luces equivocada la afirmación del despacho en el sentido de que en tan solo 6 de los 6 años de vinculación del actor con la demandada no aplicaba la obligación

de realizar aportes especiales por trabajo en altas temperaturas,

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Radicación n.° 93109 pues se encuentra acreditado que a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 el demandante se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y permaneció en dicho Régimen cerca de 4 años más tras la entrada en vigencia del precitado Decreto, por lo que contrario a lo afirmado por el despacho fueron cerca de 10 años de vigencia de la relación laboral aquellos en los que por sustracción de materia normativa no resultaba aplicable al demandante régimen de cotizaciones especiales para pensiones de alto riesgo. Arguye que el citado equívoco impacta no solo de manera directa en el pago de aportes a los que se condenó a Icollantas S.A., sino también en la determinación misma de la existencia del derecho pensional que se ordena reconocer en la sentencia, pues la obligación de realizar cotizaciones adicionales en pensiones por actividades de alto riesgo nació en junio de 1994 con la expedición del Decreto 1281, de ahí que mal puede entenderse que el demandante hubiera podido llegar a completar 700 semanas en el Régimen de Prima Media - RPM. Argumenta que es un imposible fáctico y jurídico concluir, como lo hace la sentencia censurada, que el demandante habría cotizado 1300 semanas bajo el sistema de alto riesgo, pues entre junio de 1994, cuando se profiere el citado Decreto 1281, y el 15 de marzo de 2013, cuando finaliza la relación contractual del actor con Icollantas S.A.,

transcurre un poco menos de 19 años, que en semanas representan cerca 950, siendo entonces imposible hablar de 1300 bajo la vigencia del régimen de pensiones especiales de alto riesgo. Estima que a esas 950 semanas hay que restarle los cuatro años que el demandante estuvo afiliado al RAIS, pues

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Radicación n.° 93109 el periodo comprendido desde la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 hasta el retorno del demandante al RPM, representa aproximadamente 200 semanas, sin que el actor a la fecha haya manifestado si desea cotizarlas o no con cargo a su propio patrimonio, como lo dispone la sentencia CSJ SL2555-2020, de la cual cita algunos apartes.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones expone que le asiste razón a la censura al sostener que la afiliación del actor al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad afectó su derecho a percibir una pensión de vejez de alto riesgo a cargo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en tanto no satisface la densidad de semanas cotizadas para acceder a dicha prerrogativa, pues el interregno en el cual se encontraba afiliado al RAIS no puede ser computado para tales efectos, así haya estado expuesto a alto riesgo o no, ya que, se reitera, dicha prestación es propia del RPM.

A su turno, la parte demandante se opone a la prosperidad de la acusación, bajo el argumento de que constituye un hecho nuevo en casación la temática referida a que el actor no tiene derecho a la pensión por alto riego a causa de haberse traslado al RAIS, ya que en momento

alguno ese tema fue planteado en el trámite de la presente litis y menos al formularse el recurso de apelación, razón por la cual el juez plural no se pronunció al respecto, es por esto que no podía cometer un dislate fáctico sobre el particular.

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VIII. CONSIDERACIONES Los dos supuestos fácticos que la censura le atribuye al fallador de segundo grado están construidos sobre el hecho de no haber evidenciado el Tribunal, a pesar de estarlo, que el actor estuvo afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el periodo comprendido entre el mes de abril de 1997 y el mes de mayo de 2007, lo que de contera impactaría, no solo en el pago de los puntos adicionales impartidos como condena en contra de Icollantas S.A., sino también en la contabilización de las semanas mínimas exigidas para obtener la pensión de alto riesgo en el Régimen

de Prima Media. En consecuencia, el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar, desde el punto de vista fáctico, si la colegiatura se equivocó al condenar a la pensión especial de vejez por alto riesgo en el RPM, encontrando satisfecha la densidad de semanas requerida, sin percatarse, según la sociedad recurrente, que el tiempo aportado al RAIS no podía sumarse para efectos de la contabilización de cotizaciones a fin de obtener tal prestación, lo cual igualmente incidiría en el pago de los aportes adicionales. Al respecto, esta corporación advierte que el juez plural no pudo incurrir en los errores de hecho endilgados por la

censura, pues la afiliación del demandante al RAIS durante el lapso habido desde abril de 1997 hasta mayo de 2007, como quedó visto al historiar el proceso, en momento alguno fue puesto a consideración de los jueces de instancia como

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Radicación n.° 93109 supuesto de hecho fundante de alguna de las excepciones formuladas por Icollantas S.A. y menos por Colpensiones. Además, tampoco fue materia del recurso de apelación por la hoy recurrente, es por ello que el fallador de alzada no tenía competencia para pronunciarse sobre una temática ajena a la litis y que, de manera novedosa, tardía e infructuosa, se introduce con la formulación el recurso extraordinario. En ese orden, como lo pone de presente el opositor, los planteamientos que trae la censura constituyen un medio nuevo, el cual está proscrito en casación, sin que sea dable en esta sede extraordinaria su estudio, puesto que de hacerlo se estaría vulnerando el derecho de defensa, contradicción y el debido proceso de la parte demandante, al sorprenderla con supuestos fácticos distintos y novedosos a los que sirvieron de soporte, no solo al contestar la demanda inaugural, sino también al interponer el recurso de apelación, con lo cual de manera evidente se altera la relación jurídico procesal definida en las instancias. Respecto del medio nuevo en casación laboral, la línea de pensamiento de la Corte es pacífica en señalar que, ni el juez de conocimiento, como tampoco el Tribunal o esta corporación, puede «corregir el rumbo del proceso» trazado por

el accionante o la demandada al trabarse la litis, para con ello alterar «la causa petendi» o las razones y/o hechos en que la pasiva afinca su defensa, de hacerlo, se insiste, conllevaría la violación del debido proceso y con ello el derecho de defensa (CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36922, reiterada en las

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Radicación n.° 93109 decisiones CSJ SL5179-2019, CSJ SL3443-2021, CSJ

SL1202-2022 y CSJ SL4278-2022).

Conforme a lo anterior, para la Sala es claro, se insiste, que el ad quem no pudo incurrir en alguno de los supuestos yerros fácticos que le enrostra Icollantas S.A., relacionados con la afiliación del actor al RAIS y el impacto que tal circunstancia podía tener tanto en el pago de los puntos adicionales, como en la contabilización de las semanas para obtener el derecho a la pensión por alto riesgo. Por lo visto, el cargo se desestima.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía directa, bajo la modalidad de aplicación indebida (violación medio), de los artículos 220, 226, 232 y 235 del CGP; vulneración que condujo a la aplicación indebida del artículo 9 de la ley 797 de 2003, 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003, 29 y 48 de la CP y 14 del CGP.

En la demostración del cargo comienza por precisar que propone la existencia de una «violación medio» que está

«relacionada con la aducción de algunos medios de prueba»; en consecuencia, no cuestiona la valoración del medio de convicción que es propio de la vía indirecta, sino que se reprocha la validez de las pruebas en que se fundó la decisión y la consecuente violación de la ley sustancial.

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Radicación n.° 93109 En ese sentido, la censura reproduce el contenido de los incisos 4 y 6 del artículo 226 del CGP, para poner énfasis en que tales disposiciones son claras en exigir expresamente que los documentos que demuestren la experticia de quien la rinde deben ser adjuntados o anexados a su dictamen y c