CSJ - SL2233-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2233-2023 Radicación n.° 97030 Acta 33 Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA SAS, contra la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral instaurado por MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ RINCÓN, contra la empresa recurrente y CBI COLOMBIANA S. A. EN LIQUIDACIÓN, trámite al cual fue llamada en garantía LIBERTY SEGUROS

S. A.

I. ANTECEDENTES Miguel Enrique Sánchez Rincón llamó a juicio a la empresa Anderson Services de Colombia SAS y a CBI Colombiana S. A. en liquidación con el fin de que se declare que entre él y Andamios Anderson de Colombia (sic) existió

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Radicación n.° 97030 un contrato de trabajo a término indefinido que se ejecutó desde el 2 de diciembre de 2014 hasta el 3 de marzo de 2016, fecha en la que fue despedido injustamente. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a su empleador y solidariamente a CBI S. A. a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, junto con los salarios, prestaciones y cualquier tipo de emolumento dejado de percibir, al haberse violado su

derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que es sujeto en estado de debilidad manifiesta y que su despido ocurrió con ocasión de un accidente de trabajo ocasionado en las instalaciones de la empresa. En subsidio, reclamó el pago de la indemnización por despido injusto consagrada en el artículo 64 del CST. Entre los fundamentos de sus pretensiones, informó que el 2 de diciembre de 2014, fue vinculado a la empresa Andamios Anderson de Colombia SAS mediante un contrato de trabajo a «término fijo inferior a un año» (sic), para desempeñarse como andamiero A, devengando un salario mensual básico de $2.023.232, más una bonificación por asistencia y labor de $876.195. Precisó que el 22 de julio de 2015 sufrió un accidente de trabajo mientras desmontaba unos andamios, lo que le ocasionó un trauma-contracción en su hombro derecho y, posteriormente, un esguince de la articulación y bursitis, junto con fuertes dolores y consecuentes incapacidades médicas y restricciones para el desempeño de sus labores.

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Radicación n.° 97030 De hecho, el médico tratante le diagnosticó una limitación para la elevación de su brazo derecho por encima de los 120°; para la rotación externa superior a 30°; fue remitido a las especialidades de fisiatría y ortopedia, todo lo cual, anotó, lo pone en situación de debilidad física manifiesta generándole una secuela de tipo permanente. Aseguró que el 31 de agosto de 2015, su empleador le

informó que daba por finiquitado el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año y, en su lugar, suscribieron un otrosí, en el que se acordaba que el vínculo sería a término indefinido, precisando que, hasta el 30 de septiembre de 2015 conservaría las mismas condiciones salariales. Agregó que el 1 de octubre siguiente lo trasladaron a las bodegas de la empresa y le modificaron las reglas iniciales de su relación laboral, siendo excluido de los beneficios y la política salarial existente en la empresa, concretamente, dejó de recibir el bono de asistencia y labor, al igual que el beneficio de almuerzos. Todo lo cual evidenciaba la mala fe con que actuó la accionada. Finalmente, puso de presente que el 3 de marzo de 2016, su empleador le notificó la terminación de la relación laboral, alegando que la empresa estaba en un proceso de reestructuración y, por ende, no requerían más de sus servicios, ya que no existían más obras que ejecutar. Al contestar la demanda, Anderson Services de Colombia SAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

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Radicación n.° 97030 En relación con los hechos, aceptó la existencia de un contrato de trabajo con el accionante y la ocurrencia del accidente de trabajo; los demás, los negó o dijo que no tenían esa calidad. En su defensa, advirtió que si bien pactó el reconocimiento de una bonificación en favor del trabajador, ello correspondía a una mera liberalidad que, además, estaba condicionada a los términos impuestos por la empresa; que

dicho emolumento no tenía carácter salarial y no integraba la base de liquidación de algún tipo de acreencia; que con el actor suscribió tres contratos a término fijo, y posteriormente, uno a término indefinido, este último se ejecutó entre el 1 de agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016, pero indicó que se trató de una misma relación laboral; y que, si bien el vínculo finalizó, se reconocieron los salarios y prestaciones debidas, así como de la indemnización por el despido. Señaló que no cualquier limitación activa la garantía de estabilidad laboral reforzada, sino que requiere que aquella sea en grado severo y profundo, sin que en este asunto el actor presente ese tipo de discapacidad. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago de las acreencias laborales del demandante, prescripción y la genérica.

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Radicación n.° 97030 Por su parte, CBI Colombiana S. A. indicó que las pretensiones de la demanda carecían de fundamento en lo que a ella se refiere, toda vez que estaban dirigidas en su totalidad a la codemandada y no en su contra. Precisó que los hechos no le constaban y, en relación con la solidaridad, consideró que no se reúne ninguno de los requisitos consagrados en el artículo 34 del CST, para lo cual no es suficiente con que Andamios Anderson de Colombia SAS hubiese sido su contratista, sino que exige contratar a precio determinado; asumiendo todos los riesgos; realizando la obra o labor con sus propios medios y con plena autonomía técnica y directiva.

Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica. Llamó en garantía a Liberty Seguros S. A. Liberty Seguros S. A. se opuso a dicho llamamiento en el entendido de que CBI Colombiana S. A. reclamaba el cumplimiento de la póliza, frente a acreencias laborales causadas con posterioridad al 3 de marzo de 2015, luego de que expirara el término de ejecución del contrato garantizado y, en todo caso, aquella no se refería expresamente a salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Invocó las excepciones de falta de cobertura de la póliza expedida, suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la aseguradora, improcedencia de

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Radicación n.° 97030 condena en costas, improcedencia al pago de la sanción moratoria y principio indemnizatorio. Respecto de la demanda inaugural, la llamada en garantía dijo que no le constaban los hechos narrados, oponiéndose a las pretensiones, pues, anotó, la finalización de la relación laboral se produjo dentro de los términos previstos en la ley y con el pago de la indemnización. Formuló las excepciones de inexistencia de solidaridad, improcedencia de la indemnización por despido injusto, falta de la prueba de la condición de debilidad física del demandante, improcedencia de la sanción moratoria, prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, mediante decisión del 6 de agosto de 2019, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor demandante MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ RINCÓN y la demandada ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA S. A. sí existió un contrato individual de trabajo bajo las modalidades que se han establecido en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA SAS de las demás pretensiones, referentes al reintegro, pago de prestaciones y seguridad social con ocasión a

(sic) la petición de reinstalación y la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

TERCERO: ABSOLVER a CBI COLOMBIANA S. A. la cual era de manera solidaria, bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

CUARTO: ABSOLVER a la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S. A., bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

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QUINTO: CONDENAR en costas al demandante por haber sido vencido en juicio, para lo cual se señala como agencias en derecho la suma de $400.000 a favor de las demandadas.

ADICIONAR EL NUMERAL SEGUNDO DE LA SENTENCIA y también agregar todas las demás pretensiones de la demanda salvo la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante decisión del 5 de agosto de 2022, resolvió:

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena el día 6 de agosto de 2019, para en su lugar disponer lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo del demandante y, por tanto, se condena a ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA SAS a reintegrar al señor MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ RINCÓN a un cargo acorde con sus capacidades y a su estado de salud, y a cancelarle los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social integral, desde el 4 de marzo de 2016 hasta que se materialice el reintegro, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA SAS a pagar la indemnización de 180 días de salario contenida en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: DECLARAR a CBI COLOMBIANA S. A. solidariamente responsable de las condenas aquí impuestas.

CUARTO: ABSOLVER a LIBERTY SEGUROS S. A. de todas las condenas impuestas.

COSTAS en primera instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a un 3% de las condenas impuestas en cada instancia.

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Radicación n.° 97030 Explicó que el problema jurídico que debía resolver consistía en establecer si el demandante tenía o no derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo, al gozar del fuero de

discapacidad contenido en la Ley 361 de 1997 y, de forma subsidiaria, si era procedente la indemnización por despido injusto. Para resolverlo, en primer lugar, reseñó los criterios jurisprudenciales que ha enseñado esta Sala en lo relativo al fuero de discapacidad, resaltando que, para que opere es necesario, ya sea que el trabajador presente una discapacidad moderada, severa o profunda, independientemente de su origen o, en otro evento, presentar una afectación de salud significativa, notoriamente sustancial que dificulte la prestación del servicio y que, por ende, impida el normal desarrollo de las actividades que ejecute el trabajador. También resaltó que dicha garantía cubría a aquellos trabajadores que tuvieran una discapacidad, pérdida de capacidad laboral o afectación de salud relevante, existiendo para su demostración libertad probatoria, ya que no se requería que, al momento de la terminación de la relación de trabajo, se contara con una calificación de PCL. Precisado lo anterior, advirtió que no había duda sobre la existencia de una relación laboral entre el actor y Anderson Services de Colombia SAS, la cual se ejecutó mediante la suscripción de dos contratos de trabajo, el primero, pactado

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Radicación n.° 97030 a término fijo inferior a un año que se desarrolló entre el 2 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015; el segundo, a término fijo, desde el 2 de abril de 2015 y modificado mediante otrosí a la modalidad indefinida y que fue terminado el 3 de marzo de 2016 por decisión unilateral de

la empresa empleadora y sin justa causa. Estimó que el demandante se encontraba en situación de debilidad manifiesta al momento en que ocurrió esta desvinculación pues, por una parte, a folio 85 del plenario, obraba la historia clínica en la que constaba que el 22 de julio de 2015 ocurrió el accidente de trabajo que le produjo a aquel una lesión, inicialmente diagnosticada como «torcedura en hombro derecho», luego, secuelas, tales como «contusión del hombro y del brazo (f.° 66), bursitis acromiclavicular derecha + colección muscular en brazo derecho posteriori a accidente laboral» (f.° 69), aunado a que el 19 de enero de 2016 le fue hallada una masa de 5.1 cm 2.3 cm en el brazo derecho (f.° 198). Así mismo, refirió que en el proceso obraban reiteradas consultas del actor a las especialidades de ortopedia, fisiatría y medicina del dolor, en las que se relacionan los múltiples dolores crónicos padecidos a causa del accidente laboral; la prescripción de sesiones de terapias físicas para el hombro e incapacidades (f.° 274 a 282) que evidenciaban que los padecimientos no cedían con la medicación prescrita.

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Radicación n.° 97030 Igualmente, en los folios 96, 124 y 125 del plenario era posible observar las recomendaciones ordenadas por los profesionales de salud, específicamente, evitar trabajos en alturas y cargar objetos con peso mayor a 10 kg; actividades repetitivas con impacto en el hombro afectado, que

implicasen vibración e incluso, se sugirió proporcionar un puesto de trabajo que permitiera que los brazos estuvieran siempre en posición de apoyo. Añadió que a folio 235 reposaba una comunicación del 3 de diciembre de 2015, en la que el empleador demandado le recalcó al accionante la importancia de cumplir con las recomendaciones que la ARL Sura había hecho a efectos de su recuperación. Refirió las declaraciones de Iván Cristo Oliveros y Carlos Alberto Salazar Gómez, compañeros de trabajo del actor, quienes relataron lo relativo a la reubicación de éste en una bodega de la compañía junto con los demás trabajadores amparados por la estabilidad laboral reforzada, asignándoles trabajos que implicaran un mínimo esfuerzo. Lo anterior, señaló, demostraba el conocimiento de la empresa del estado de salud de su trabajador, previo a su desvinculación. Todo ello, puntualizó, permitía inferir que el actor estuvo sufriendo un constante y progresivo deterioro de su estado de salud, lo que le impidió realizar su trabajo en condiciones normales y eficientes, teniendo en cuenta que su labor se desarrollaba en el sector de la construcción.

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Radicación n.° 97030 Aparte de lo anterior, en el dictamen de calificación emitido por ARL Sura (folios 127 y 128), se le fijó un 11,25% de PCL por accidente de trabajo, junto con el proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, la cual determinó que el actor presentaba una PCL del 16,58% estructurada el 22 de febrero de 2016 y de origen laboral.

Indicó que el juez de primera instancia se equivocó al no darle validez a este último dictamen, supuestamente porque para tales efectos debía ser emitido antes de que terminara la relación de trabajo, esto es, previo al 3 de marzo de 2016, sin percatarse de que la discapacidad se estructuró en vigencia del contrato laboral. Pero, en todo caso, recordó que la jurisprudencia no requiere que antes del despido, se cuente con una calificación de PCL. Citó extractos de las decisiones CSJ SL4632-2021 y CSJ SL3144-2021. Así las cosas, concluyó que en este caso estaba probado que el demandante presentaba una disminución física al momento de su despido, y que tal situación era conocida por el empleador a su retiro, por lo que aplicaba la presunción de despido discriminatorio. En consecuencia, dijo, el empresario tenía la carga de demostrar que la relación de trabajo finiquitó por una justa causa o a una causal objetiva, sin que ello hubiera ocurrido, pues lo único que invocó es que la desvinculación se presentó por una reestructuración interna que tampoco fue acreditada.

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Radicación n.° 97030 En relación con la solidaridad reclamada frente a CBI Colombiana S. A. respecto de las condenas impuestas a Anderson Services de Colombia SAS consideró que no había duda de que el trabajador laboró en favor de esta última empresa, debido al contrato que celebró con CBI Colombiana

S. A., para el suministro, montaje, modificación y desmontaje de andamios (f.° 479-484).

Citó el artículo 34 del CST y puntualizó que bastaba con

revisar el objeto social de CBI Colombiana S. A. para advertir la pretendida solidaridad, toda vez que se estaba ante una empresa dedicada a la fabricación y construcción de estructuras para entidades que ejerzan actividades relacionadas con la producción y explotación de recursos naturales, de manera que las labores para las que se contrató al accionante sí pertenecían al giro ordinario de las tareas propias de CBI S. A. Frente al llamamiento en garantía, puso de presente que las pólizas relacionadas por CBI S. A. amparaban los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista, pero solo respecto del contrato 166000-SC-1629, distinto al que generó la contratación del actor -166000-SC-1645-, razón por la cual Liberty Seguros S. A. no estaba llamada a responder por las condenas impuestas. Finalmente, dijo que las excepciones propuestas por las demandadas no prosperaban dado el sentido de la decisión y, puntualmente, afirmó que tampoco procedía la de

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Radicación n.° 97030 prescripción, ya que la relación laboral terminó el 3 de marzo de 2016 y la demanda fue interpuesta el 28 de abril de 2017, no habiendo transcurrido el término trienal previsto en el artículo 488 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Anderson Services de Colombia SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La empresa recurrente pretende que la Sala case totalmente la sentencia del ad quem, para que, en sede de

instancia, confirme el fallo de primer grado. Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado por el demandante y Liberty Seguros S. A.

VI. CARGO ÚNICO La censura acusa el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores fácticos:

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Radicación n.° 97030 Dar por demostrado, de forma equivocada, que el trabajador estuvo sufriendo un constante y progresivo deterioro de su salud durante la vigencia del contrato de trabajo y hasta el momento de su terminación. Dar por establecido, de forma equivocada, que el despido del demandante tuvo como verdadero propósito su exclusión del empleo dada la deficiencia física que padecía. No dar por demostrado, estándolo, que al momento del despido el estado de salud del trabajador presentaba notoria mejoría. Precisa que tales equívocos se cometieron por la apreciación errónea de los folios 40, 88, 107, 108, 124, 125, 127, 128, 194, 210, 211, 219, 220, 235, 236, 237 y 246. Reprocha que, aunque el Tribunal señaló que al actor le fue hallada una masa en el brazo derecho, el 19 de enero de 2016, dio a entender que ello ocurrió en fecha cercana a su despido, omitiendo precisar que, en realidad, ese hallazgo se produjo el 3 de agosto de 2015, cuando a aquél se le hizo una

resonancia magnética. Considera que se trataba de la misma patología detectada con ocasión del tratamiento que le fue suministrado al trabajador cuando se presentó el accidente de trabajo y, por ende, no era prueba de un constante y progresivo deterioro de su salud. Precisa que con el folio 108 se puede ver que, para el 19 de enero de 2016, el actor había sido dado de alta por la especialidad de ortopedia al no ser necesaria la práctica de alguna cirugía. Igualmente, en folio 246 se observa que el 16 de septiembre de 2015, el médico ortopedista Jesús Alberto Acosta Morón le había dado de alta, ordenándole 145

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Radicación n.° 97030 sesiones de terapias físicas para el hombro, pero que, en realidad, tal como se observa en el folio 211, no fueron 145, sino 15 sesiones, las cuales las recibió entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre de 2015. Y, aunque según los folios 219 y 220 se infiere que estas no fueron exitosas, lo cierto es que no fueron prescritas en ese número del que habló el ad quem. Sostiene que los documentos de folios 107, 124 y 125 muestran que el paciente presentaba mejoría en el hombro para el 15 de enero de 2016 y había sido dado de alta por ortopedia y fisiatría, de modo que no es cierto que su estado de salud estuviera en retroceso. Así, considera que es claro que, para la fecha del despido había evolucionado en su estado de salud, lo que descarta que estuviese en situación

de debilidad manifiesta o discapacidad relevante. Añade que el Tribunal también incurrió en error al sostener que el empleador planteó diferentes versiones sobre el motivo del despido del trabajador pues, por una parte, dijo que se trató de un proceso de reestructuración y, de otro, que se debía a la culminación de actividades comerciales en favor de CBI S. A. Estima que esto último está plenamente demostrado con el otrosí al contrato de trabajo (folio 194), en el que se puso de presente que, a partir del 1 de octubre de 2015, el trabajador laboraría en las oficinas de la sucursal Cartagena, ubicada en la vía Mamonal, teniendo en cuenta que el contrato 166000-SC-1645 que dio origen a su vinculación, ya había finalizado.

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Radicación n.° 97030 Ello, en su criterio, demuestra la razón objetiva de terminación del nexo de trabajo, por ausencia de objeto. Sin embargo, como para ese momento, el estado de salud del trabajador sí podía considerarse como discapacitante decidió mantenerlo en la empresa. Argumenta que el comunicado del 3 de diciembre de 2015 y que el Tribunal usó para tener por probado el conocimiento del empleador del estado de salud del actor, lo que en realidad acredita, es el compromiso que el empresario tenía en la recuperación de aquél. Esa preocupación se refuerza con los documentos de folios 236 y 237, en los que se le insiste sobre la importancia de acudir a las sesiones de fisioterapia, y agrega: Como puede observarse, a partir de la suscripción del otro si del 1 de octubre de 2015, la única razón, la única prioridad, del

contrato de trabajo fue la de la recuperación de la salud del trabajador. Gracias a ello, como pudimos ver en la primera parte de este cargo, para la fecha del despido el estado de salud del trabajador presentaba notoria mejoría, al punto de no ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada. A esa conclusión se llegaba no solo por las altas médicas ordenadas tanto por ortopedia como por fisiatría, ya mencionadas en la primera parte de este cargo, sino también por el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad 10 laboral obrante a folios 127 a 128, de fecha 24 de febrero de 2016, que declaraba una pérdida del 11.25%, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la época, no lo hacía beneficiario de la estabilidad laboral reforzada. Y aquí es donde se llega al proceso de reestructuración que se menciona en la carta de despido obrante a folio 40 y en el interrogatorio de parte de la parte demandada, el cual no es en realidad un motivo diferente al de la finalización de actividades comerciales a favor de CBI COLOMBIA. Es simplemente la constatación de que, debido a la finalización de actividades comerciales a favor de CBI COLOMBIA, resultaba imposible económicamente seguir manteniendo personal trabajando en la ciudad de Cartagena. Es por ello que la razón objetiva de la

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Radicación n.° 97030 finalización del contrato de trabajo del demandante fue la terminación del contrato No. 166000-SC-1645 con CBI COLOMBIA. Solamente que los efectos de dicha terminación se

difirieron en el tiempo por más 5 meses, hasta cuando la salud del trabajador presentó una notoria mejoría.

VII. RÉPLICA La parte demandante se opone al único cargo formulado por la recurrente. Dice que desde 2015 sufría de la misma patología y a partir de allí es que le diagnosticaron síndrome de aducción del hombro; que en 2016 le encontraron una masa considerable y que el dolor que padece es persistente.

Estima que el Tribunal no erró al afirmar que se trataba de una misma patología que lo deterioraba de manera constante, pues, desde ese accidente no mostró mejoría o cambios después de la aparición de esa esa masa localizada entre los planos musculares de la región posterolateral del brazo en su tercio superior. Es más, resalta que su condición es progresiva, hasta el punto de que la sensación de dolor se convirtió en un síndrome de aducción de hombro, tal como lo respalda la historia clínica de folio 108. Así mismo, indica que con ese registro médico se demuestra que no toleró las terapias físicas; que fue necesario suspender esa atención con el ortopedista por intolerancia y que su caso se remitió a las especialidades de medicina del dolor y fisiatría por lo que no se puede aseverar que hubiera tenido una mejoría constante y progresiva.

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Radicación n.° 97030 En cuanto a las terapias mencionadas señala que no es que solo se le hubieran prescrito 15 sesiones, sino que esas fueron las que fue capaz de resistir, de las 145 que le fueron ordenadas después del accidente. Igualmente, resalta que en la valoración final de su

condición el informe consigna que no hay una gran mejoría, ya que seguía padeciendo dolores crónicos en el área afectada tras el accidente laboral, y que, al contrario, le ocasionó un bajo rendimiento en el trabajo, pues su funcionalidad no era la misma. De lo anterior, sostiene que fue por recomendación médica que tuvo que cambiar su manera de laborar, pues no podía cargar peso mayor a 15 kg ni realizar funciones que requirieran movimientos de rotación en los brazos; que estaba impedido para ejecutar ciertas actividades en los equipos y que debía hacer pausas activas cada cinco minutos. Con base en lo anterior, sostiene que no se puede afirmar que el ad quem incurriera en un error de hecho, pues lo cierto es que las pruebas se analizaron debidamente, sin que la casacionista demostrara que las conclusiones probatorias del colegiado fueran equivocadas, por lo que solicita no casar la sentencia.

VIII. CONSIDERACIONES Lo que la empresa recurrente pretende demostrar es que en este asunto no era procedente la garantía de estabilidad laboral reforzada en favor del trabajador demandante, con el consecuente reintegro y pago de los

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Radicación n.° 97030 salarios y prestaciones sociales dejados de reconocer desde el momento en que ocurrió su despido. Su argumento se centra en señalar que, para ese momento, el actor presentaba una considerable mejoría en su estado de salud y que, no es cierto, como se derivó de lo que califica como una errada apreciación de algunos medios de prueba, que aquél presentara un constante y progresivo deterioro que lo hicieran beneficiario de dicha protección.

En ese orden de ideas, a la Sala le compete establecer si el juez de segundo grado hizo una lectura equivocada y relevante de los elementos de juicio denunciados y sí, es cierto, como lo afirma la censura, que la condición de salud del trabajador no era de aquellas que le permitían acceder al fuero de discapacidad que dispone la ley en estos eventos, y en tales condiciones, si erró al considerar que el despido fue discriminatorio con el consecuente reintegro del trabajador. Previo a asumir el estudio de los medios de convicción, debe precisarse que no es objeto de debate que Miguel Enrique Sánchez Rincón laboró al servicio de Anderson de Colombia SAS, entre el 2 de diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2016, fecha última en que el empleador dio por terminado, de forma unilateral y sin que mediara justa causa con el pago de la respectiva indemnización, que dicho vínculo de trabajo por acuerdo de las partes, se estipuló como un contrato de trabajo a término indefinido. Tampoco se discute por la recurrente en casación, los fundamentos jurídicos y fácticos que conllevaron la condena solidaria a la empresa CBI Colombiana S. A., como tampoco la absolución

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Radicación n.° 97030 impartida en favor de la llamada en garantía, Liberty Seguros. Debe recordarse que para el Tribunal estaba demostrado que el demandante presentaba una disminución física al momento de su despido, y que tal situación era conocida por el empleador a su retiro, por lo que procedía la presunción de despido discriminatorio. Para resolver lo que es objeto de debate, la Corte debe

poner de presente cuál es el estado actual de la jurisprudencia en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada en atención a las condiciones de salud de trabajador, pues será a partir de ese marco jurídico y jurisprudencial que se analizarán las pruebas denunciadas y se determinará si existió un error en el ejercicio valorativo hecho por el juez de segundo grado. Al respecto, debe recordarse que, en un comienzo, la jurisprudencia tenía precisado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no era suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debía acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implicara un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 (CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020,

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Radicación n.° 97030 CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021). A partir de ese porcentaje era que se definía si la situación de discapacidad era o no relevante y prolongada en el tiempo, de modo que supusiera una afectación en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y de allí se definía si era o no procedente la protección legal.

En todo caso, se sostenía que no era necesario una prueba solemne y con