CSJ - SL2237-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2237-2023 Radicación n.° 96982 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso ordinario laboral que instauró MARÍA IRMA AGUDELO DÍAZ contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES La citada accionante convocó a juicio a Protección S.A. con el propósito de que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la garantía de la pensión mínima; que como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada a sufragar a su favor la pensión de vejez desde el

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Radicación n.°96982 «1 de noviembre de 2016», data en que contaba con 57 años de edad y «un capital ahorrado irrisorio e imposibilidad de continuar cotizando al Sistema por falta de ingresos»; así mismo, deprecó la cancelación del retroactivo pensional, la indexación de la primera mesada, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que nació el 24 de febrero del año 1959 y cumplió 57 años de edad el mismo día y mes de 2016; y que tenía un total de 1185 semanas

cotizadas. Relató que alquiló un local comercial para ubicar una pequeña cafetería que denominó «Tienda Frutijugos», identificada con NIT. 00000024806228-1, la cual le generó ingresos «por determinado periodo» y cumplió con la obligación de aportar a la seguridad social; no obstante, la difícil situación llevó a que el establecimiento funcionara hasta el 26 de octubre de 2016, como consta en el certificado de cancelación de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Indicó que el 1 de junio de 2016 solicitó al Fondo accionado el reconocimiento y pago de la pensión de garantía mínima, petición que fue resuelta desfavorablemente el 28 de septiembre de la misma anualidad, bajo el argumento de existir «imposibilidad para llegar a cumplir el número de semanas requerido».

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Radicación n.°96982 Señaló que, ante su carencia de recursos, el 25 de noviembre de la misma anualidad radicó una nueva petición con igual propósito; que el 23 de febrero de 2017 la accionada le informó «que se encuentra pendiente la decisión de la solicitud […] por contar con 1.185 semanas cotizadas»; que el siguiente 2 de mayo le comunicaron que se estaban realizando los respectivos trámites ante la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aseveró el 9 de junio de 2018 le negaron definitivamente el derecho pensional, «basados en una declaración juramentada de 2016 y reconociendo en subsidio la

devolución de saldos». Destacó que reunía los requisitos para ser acreedora de la garantía de pensión mínima; además, no cuenta con ingresos, rentas o auxilios económicos que le permitan subsistir y menos realizar aportes al Sistema de Seguridad Social. Al dar respuesta a la demanda, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. se opuso a las súplicas incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó las solicitudes pensionales que realizó la demandante y las respuestas dadas a las mismas. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no se trataban de tales. En su defensa, argumentó que la actora se trasladó de manera voluntaria y autónoma del RPM a Protección S.A. el

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Radicación n.°96982 4 de noviembre de 1994, como se evidencia en la solicitud de vinculación. Agregó que en virtud de la petición pensional que realizó, la accionante declaró bajo la gravedad de juramento, «que sus ingresos mensuales eran de $1.300.000 M/Cte.». Explicó que, como consecuencia de lo anterior, se analizó el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que el capital depositado en la cuenta de ahorro individual de la afiliada permitiera financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente; exigencia que no fue acreditada, pues para el 16 de septiembre de 2016 tan solo había en su cuenta la suma de $36.109.912.

Dijo que la AFP igualmente analizó la viabilidad del reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 832 de 1996, por ende, remitió a la OBP la solicitud pensional de la accionante. Puntualizó que en comunicación del 9 de julio de 2018 le informó a la promotora del juicio de la devolución de saldos, al evidenciar el no cumplimiento del requisito establecido en el citado artículo 3 del Decreto 832 de 1996, «debido a que, en virtud de su reclamación pensional, la demandante declaró devengar ingresos mensuales superiores a un salario mínimo legal mensual vigente».

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Radicación n.°96982 Formuló las excepciones previas de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Y de mérito las denominadas inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; ausencia del derecho sustantivo; responsabilidad exclusiva de un tercero; buena fe; prescripción; y la innominada o genérica. En audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio celebrada el 28 de junio de 2019 (f.°196), el juzgado de conocimiento profirió auto en el que declaró no próspera la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; providencia que fue confirmada el 27 de septiembre de la

misma anualidad por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia (f.°225).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 20 de enero de 2020, resolvió: Primero: DECLARAR que la señora MARÍA IRMA AGUDELO DÍAZ, tiene derecho a la pensión de vejez a través de la garantía de pensión mínima a partir del PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en consecuencia, se condenará a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. a pagar la prestación reconocida, en cuantía equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, para lo cual se deberá incluir en nómina y empezar a pagar la prestación a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicialmente con cargo a los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora y posteriormente a los dineros que ingresen frente al pago de la garantía de pensión mínima.

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Segundo: ORDENAR a la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSI0NES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., que inicie los trámites tendientes al reconocimiento de la pensión mínima aludida ante LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES.

Tercero. ORDENAR a la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., que pague de manera indexada el retroactivo pensional adeudado a la actora MARÍA IRMA AGUDELO DÍAZ, por las pensiones reconocidas a partir del PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS y hasta el mes de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, equivalente a TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($31.201.430), dineros que se pagarán una vez la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES reconozca la garantía de pensión mínima.

Cuarto: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por el ente pasivo de esta LITIS.

Quinto: CONDENAR en costas a la parte vencida, para el caso la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. se liquidarán a favor de la demandante por Secretaría y se incluirán como agencias en derecho una suma equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es $1.755.606.

Se complementa la parte resolutiva en el numeral:

Sexto: SE ABSUELVE a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. de la pretensión referente a los intereses moratorios por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Armenia, al conocer el recurso de apelación formulado por la demandada, por medio de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022, confirmó en todas sus partes el fallo del a quo y le impuso las costas de la alzada a la impugnante.

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Radicación n.°96982 La colegiatura definió como problema jurídico a resolver, establecer si la decisión de primer grado de reconocer a la actora la pensión de vejez con garantía mínima se encontraba ajustada a derecho. Refirió que el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 establecía que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal; por su parte, el artículo 65 ibidem, preveía que los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres, no hubieren alcanzado a generar una pensión mínima de vejez equivalente al SMLMV y hubiesen cotizado por lo menos 1150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha prestación. Indicó que el artículo 84 del mismo compendio, reglamentado por el artículo 3 del Decreto 832 de 1996, disponía que, «cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión

mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima» y que, si bien dichas disposiciones fueron derogadas por la Ley 1955 de 2019, lo cierto era que aplicaban al sub examen, toda vez que la accionante solicitó el derecho cuando aún estaban vigentes.

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Radicación n.°96982 Seguidamente citó en extenso la sentencia CSJ SL6412021, que reiteró la decisión CSJ SL4531-2020, en la que esta corporación definió que las exigencias de causación del derecho pensional reclamado únicamente eran: i) haber cumplido 62 años de edad si son hombres o 57 años si son mujeres, y ii) tener cotizadas por lo menos 1150 semanas; en tanto que el presupuesto relacionado con que la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado no sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, era un requisito de exigibilidad. Igualmente, aludió a la providencia CSJ SL5204-2021, que citó la CSJ SL, 20 feb. 2013, rad. 41993, donde se explicó que era responsabilidad de las administradoras de pensiones del RAIS, el pago de la pensión en estudio con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, mientras se efectuaba el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoOficina de Bonos Pensionales. Puntualizó que en sub judice la promotora del juicio el 1 de junio de 2016 suplicó el reconocimiento de la pensión

de vejez con garantía mínima, para lo cual suscribió declaración juramentada en la que afirmó que «mis ingresos mensuales son de $1.300.000.oo y NO poseo aportes voluntarios en ningún fondo de pensiones»; que el 28 de septiembre de 2016 la AFP demandada informó que procedería con la devolución de saldos; el 25 de noviembre de ese año la actora comunicó a la sociedad que no recibiría

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Radicación n.°96982 dicha devolución, pues requería de la pensión y precisó que ya no tenía el establecimiento de comercio denominado «Frutijugos», pues tuvo que venderlo por falta de rendimientos económicos; el 23 de febrero de 2017 la accionada informó que la solicitud de pensión estaba en análisis, manifestación que fue reiterada el 2 de mayo de esa anualidad; y que finalmente el 9 de julio de 2018 se le negó el derecho (f.°98 a 100, 113, 116, 120, 121, 123 a 125, 131, 132, 138 y 139). Aseveró que también se encontraba demostrado que la actora nació el 2 de febrero de 1959 (f.°31), por lo que cumplió 57 años de edad el mismo día y mes de 2016; igualmente, con la historia laboral expedida por Protección S.A. (f.° 34 a 37 y 184 a 191), se demostraba que para enero de 2016, fecha de la última cotización, tenía acreditadas 1185 semanas; en consecuencia le asistía el derecho al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, dado que

cumplió con los dos requisitos previstos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para su consolidación, esto es, haber arribado a los 57 años de edad y tener cotizadas más de 1150 semanas. La colegiatura precisó que no fue objeto de controversia que la afiliada no contaba con un capital en su cuenta de ahorro individual que le permitiera financiar una pensión superior al 110% del salario mínimo legal, pues así lo aseguró la sociedad accionada en la contestación de la demanda en el acápite «de hechos, fundamentos y razones de derecho de la defensa» (f.°79).

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Radicación n.°96982 Arguyó que cuando la actora acreditó las exigencias establecidas en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, quedó garantizado el financiamiento de la prestación con el capital de la cuenta de ahorro individual y con los recursos que debía asumir la Nación conforme lo prevé el Decreto 832 de 1996; pero su disfrute solo era posible reconocerlo desde cuando dejó de recibir los ingresos salariales que superaban el valor de la referida prestación, según lo estatuía el artículo 84 ibidem, vigente para la data en que la promotora del juicio cumplió con los requisitos para hacerse acreedora del derecho pensional. Insistió en que, como lo ha reiterado esta corporación, lo dispuesto en el artículo 84 de la referida Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 3 del Decreto 832 de 1996, vigentes para el año 2016, en modo alguno corresponde a un

requisito para la consolidación del derecho, pues se trata de una exigencia para su disfrute, la cual luego de satisfecha permitía el pago de la prestación económica. Dijo que, si bien para el 1 de junio de 2016 la señora Agudelo Díaz manifestó que percibía ingresos superiores al salario mínimo mensual legal vigente, por lo que no podía recibir la pensión con garantía mínima, lo cierto era que el 25 de noviembre de la misma anualidad informó a la sociedad accionada que vendió el negocio del que obtenía los recursos, por lo que al no tener ingresos cumplió con la exigencia para el disfrute, situación que también fue acreditada en el plenario sin protesta de las partes.

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Radicación n.°96982 Concluyó el juez de la alzada que, como acertadamente lo determinó el a quo, era del caso ordenar el pago del derecho pensional a partir de la fecha en que la demandante demostró que carecía de pensiones, rentas y remuneraciones superiores al SMLMV, por lo que en este aspecto se debía confirmar la sentencia de primer grado. Anotó que en relación con lo alegado por la apelante, relativo a que la AFP estaba imposibilitada para efectuar el reconocimiento hasta tanto la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales otorgara la garantía mínima; no le asistía razón, pues conforme lo ha precisado la Sala de Casación Laboral, una vez acreditados los requisitos para la consolidación de la garantía de pensión mínima, el afiliado debe ser pensionado provisionalmente por las AFP con cargo a los dineros que

posea en la cuenta de ahorro individual, hasta tanto se efectúe el reconocimiento de la garantía por parte del ente ministerial.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la impugnante que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria del a quo y, en su lugar, absuelva a

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Radicación n.°96982 Protección S.A. de todas las pretensiones de la demanda inaugural, proveyendo en costas como corresponda. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia por la vía directa, la interpretación errónea de los artículos 46, 60, 65, 83, 84 y 90 de la Ley 100 de 1993; 7 y 9 del Decreto 832 de 1996; 2 del Decreto 142 de 2006; y la infracción directa de los artículos 4, 21 del Decreto 656 de 1994 y 68 de la Ley 100 de 1993.

Indica el censor que las inconformidades con el fallo fustigado se centran en: i) que se haya concluido que la demandante tiene derecho a la garantía de la pensión mínima; ii) que no se hubiera tenido en cuenta que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad

encargada de conceder tal beneficio; iii) que se ignoró que sin el efectivo reconocimiento de tal garantía no es posible considerar causada la pensión de vejez en casos como el presente; y iv) que se haya estimado, como regla general, que las administradoras de pensiones del RAIS deben sufragar temporalmente las prestaciones mientras se reconoce el referido subsidio. En la demostración, aduce que la colegiatura entendió equivocadamente que la garantía de pensión mínima de vejez

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Radicación n.°96982 de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 es una modalidad a cargo de las administradoras de pensiones, con lo que interpretó erradamente ese precepto legal y, además, infringió directamente el artículo 60 ibidem, que da cuenta de la naturaleza y del objetivo de ese beneficio. Luego de hacer cita textual de las mencionadas disposiciones, asevera que de ellas se desprende que la «garantía de la pensión mínima», esto es, el pago de parte de los recursos para financiar una pensión, no es una prestación que atienda el riesgo de vejez y, por esa razón, no corresponde a una modalidad pensional que deba pagarse en forma mensual a los afiliados que cuenten con 1150 semanas de cotización, sino un aporte, un auxilio, subsidio o beneficio estatal necesario para financiar la prestación económica; vale decir, es un mecanismo de subvención de la pensión respecto de ciertos afiliados, por lo que el cumplimiento de los requisitos para acceder a ella no da lugar a su reconocimiento inmediato, pues así se dijo en la sentencia

CSJ SL4252-2021.

Arguye que tampoco se percató el juez de segundo grado que el otorgamiento de la garantía de la pensión mínima no le corresponde a la AFP, sino que está sujeto a un trámite y debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización sin la cual no se puede hacer uso de los dineros del fondo destinado a garantizar ese tipo de pensiones y, por lo tanto, no es dable que se comience a cancelar la prestación; así se colige de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 832 de 1996, directamente infringido.

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Radicación n.°96982 Después de reproducir la referida normativa, afirma que «precisa con claridad» que esa garantía no está a cargo de las administradoras, sino del Ministerio de Hacienda, y «la circunstancia de que esa entidad no deba pagar la garantía no significa que no tenga ninguna responsabilidad en su reconocimiento, ni, mucho menos, que este quede a cargo de las administradoras de pensiones, como lo dio a entender el ad quem». Dice que similar conclusión se obtiene de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2 del Decreto 142 de 2006, «normas también mal entendidas», ya que de éstas se desprende que solamente después de que se reconozca la «garantía de la pensión mínima de vejez» se comenzará a pagar por la administradora la prestación, con cargo a la cuenta individual. Lo cual significa que, si esa garantía no se ha concedido por el Ministerio de Hacienda, no podrá pagarse la pensión.

Precisa que la pensión mínima no puede otorgarse ni surgir a la vida jurídica tan pronto se cumplen los requisitos de densidad de cotizaciones y la edad, toda vez que es necesario e ineludible que se obtenga el reconocimiento de la garantía por parte del Ministerio Hacienda, como se desprende de una correcta interpretación del aludido artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2 del Decreto 142 de 2006, el cual es «sumamente claro» al indicar que el pago de la pensión solo se hará «[…] una vez reconocido el derecho a la garantía de pensión mínima […]».

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Radicación n.°96982 Señala que la misma inferencia surge del mencionado artículo 7 del Decreto 832 de 1996, pues la garantía de pensión mínima está sujeta a un trámite y su reconocimiento es requisito indispensable para que una administradora pueda otorgar la prestación, como aparece claramente expuesto en la sentencia CSJ SL4252-2021. Explica que la conclusión del juez plural, relativa a que «es responsabilidad de las administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, el pago de la pensión en estudio, con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual» mientras «se efectúa el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDAOFICINA DE BONOS PENSIONALES», se origina por la infracción directa del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, que permite

el otorgamiento de pensiones previsionales, pero solo en aquellos casos en los que el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora; «en concreto, en casos como el presente, la falta de presentación oportuna de la solicitud de la garantía mínima estatal, lo cual supone, desde luego, un análisis de la conducta de la administradora que demuestre su negligencia. Ese análisis que no fue efectuado por el fallador de segundo grado». Esgrime que, si bien la afirmación del ad quem corresponde con lo dicho en la sentencia que citó en su

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Radicación n.°96982 apoyo, lo cierto es que hay un entendimiento errado del artículo 9 del Decreto 832 de 1996, pues aunque en tal norma se establece que la administradora deberá hacer el pago de la pensión mínima inicialmente con cargo a los recursos de la cuenta individual del afiliado, lo hará siempre y cuando se cumpla un supuesto ineludible consistente en el «previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del derecho a la garantía de pensión mínima, reconocimiento que se efectuará en un plazo no superior a cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud». Anota que la cancelación de una prestación sin el otorgamiento de la garantía de pensión mínima únicamente es posible cuando haya un incumplimiento de obligaciones de la administradora, lo cual no se presenta en este caso, por cuanto:

[…] la accionada consideró que, dado que la actora contaba con ingresos superiores a un salario mínimo mensual, de una interpretación de buena fe del original artículo 84 de la Ley 100 de 1993, aplicable en ese momento, se podía concluir que no tenía derecho a la garantía de pensión mínima. Y se afirma que esa interpretación que hizo la accionada es razonable por cuanto del texto de la norma se puede concluir que no es posible solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima si se tienen ingresos como los que aceptó tener la actora, en cuanto establecía que “…cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que correspondería como pensión mínima , no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima”. Concluye que las equivocaciones jurídicas del fallador de segundo grado incidieron en la decisión cuestionada, ya que lo condujeron a reconocer un derecho a pesar de que no

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Radicación n.°96982 se cumplen las exigencias legales, por ende, incurrió en los quebrantos normativos que se le imputan en el cargo.

VII. LA RÉPLICA La opositora demandante afirma que el fondo recurrente hace una interpretación aislada de los pronunciamientos que ha efectuado esta corporación, pues si bien es cierto de la lectura de los artículos que regulan el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a través de la figura de la garantía de pensión mínima, se requiere la participación del Estado colombiano pagando la porción a la

administradora, también lo es que el afiliado no puede correr «con la carga de los trámites administrativos que retrasan el 100% el acceso al derecho fundamental garantizado por ley y complementado y reforzado jurisprudencialmente». Indica que no puede desconocerse que se trata de un sujeto de especial protección por su edad, una persona que cumplió con todos sus requisitos para acceder a esa prestación, y que ahora es el turno de la administradora y, por supuesto, del Estado de cumplir con su parte, que no es otra que proteger a una ciudadana.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, no son objeto de discusión los siguientes fundamentos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que la accionante nació el 2 de febrero de 1959, por ende, cumplió

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Radicación n.°96982 57 años de edad el mismo día y mes de 2016; ii) que para enero de 2016, fecha de la última cotización, tenía acreditadas 1185 semanas aportadas; iii) que la afiliada no cuenta con un capital en su cuenta de ahorro individual que le permita financiar una pensión superior al 110% del salario mínimo legal; y iv) que si, bien la señora María Irma Agudelo Díaz, el 1 de junio de 2016, manifestó que percibía ingresos superiores al mínimo, el 25 de noviembre de igual anualidad «informó a la sociedad accionada que vendió el negocio del que obtenía los recursos», por tanto, ya no tenía ese ingreso. Como se recordará, el juez de apelaciones avaló la decisión que impuso el pago de la pensión de vejez con

garantía de pensión mínima a partir del 1 de diciembre de 2016, toda vez que la actora había llegado a la edad 57 años, acreditó más de las 1150 semanas cotizadas, además no estaba incursa en la excepción del artículo 84 de la Ley 100 de 1993, pues el negocio del cual obtenía los recursos para su sostenimiento lo vendió, conforme a la información que se brindó a la sociedad accionada el 25 de noviembre de 2016, careciendo a partir de ese momento, por virtud de ello, de ingresos superiores al mínimo. Por su parte, la inconformidad de la censura gira en torno a que no era procedente el reconocimiento de la prestación bajo la garantía de pensión mínima, por cuanto, para la aplicación del tal subsidio del Estado, se requiere de la aprobación previa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Radicación n.°96982 Así, el problema jurídico que la Corte debe elucidar, consiste en determinar si el juez de segundo grado incurrió en equivoco jurídico al ordenar el pago de la pensión de vejez con garantía de pensión mínima a favor de la actora, sin que previamente se hubiera materializado dicha garantía por parte del referido ente ministerial. Para resolver lo planteado, conviene recordar que el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, dispone: Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos

mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión. PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley. Conforme a lo reseñado, es dable colegir que la aludida garantía de pensión mínima se constituyó para que aquellos vinculados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS que contaran con al menos 57 años de edad, en el caso de las mujeres, y 62, en el de los hombres, que hubieren aportado un mínimo de 1150 semanas, no obstante, no hubieran reunido el capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tuvieran derecho a que se les completaran los recursos para poder acceder a tal prestación, en cumplimiento del artículo 48 de la CP. En ese orden, la garantía de pensión mínima se constituye en un subsidio o un beneficio, a través del cual se

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Radicación n.°96982 logran satisfacer las necesidades de un grupo de personas que están en riesgo de vulnerabilidad y que, si bien no consiguen satisfacer el capital necesario para financiar la pensión de vejez, sí han reunido el número de semanas de cotización para ello. En la sentencia CSJ SL5701-2021, en relación a esta temática la Corte explicó: Pues bien, al respecto debe indicarse que la garantía estatal de pensión mínima de vejez está prevista como una excepción al esquema de ahorro individual que administran los fondos

privados de pensiones. En efecto, el legislador previó que, debido a la dinámica económica y fluctuante propia de este régimen, la cuenta pensional no siempre alcanzaría a tener un capital necesario para financiar una pensión de vejez en los términos previstos en el citado artículo 64, pero sí podría representar un importante tiempo de semanas que, a determinada edad, justifican un derecho mínimo pensional. El legislador lo predefinió en una cantidad de 1150 semanas y unas edades mínimas de 57 años si es mujer o 62 si es hombre, tal y como lo establece el artículo 65 ibidem. (Subrayas fuera del texto). En este punto, cabe señalar que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando afirma que el juez plur