CSJ - SL224-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL224-2023 Radicación n.° 91280 Acta 03 Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró JAIME ERNESTO QUINTERO LEÓN, al que fue integrada LOGÍSTICA EMPRESARIAL TOTAL SAS, integrada como litisconsorte.

I. ANTECEDENTES Jaime Ernesto Quintero León llamó a juicio a Productos Químicos Panamericanos S. A. - PQP S. A., con el fin de que se declarara que ingresó a laborar para ella desde el 28 de septiembre de 2013; que estaba amparado por estabilidad

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Radicación n.° 91280 laboral reforzada desde el 29 de octubre de 2013 cuando sufrió un accidente de tránsito; que estaba afiliado a la subdirectiva Tocancipá del sindicato Sintraquim; que se hallaba amparado por fuero circunstancial desde el 28 de septiembre de 2013; que fue despedido sin justa causa el 28 de abril de 2014, encontrándose aforado por ambas circunstancias, esto es, fuero circunstancial y por estabilidad laboral reforzada y que devengaba un salario básico de

$616.000 al momento de su desvinculación. En consecuencia, se condenara a PQP S. A. al reintegro en el cargo de auxiliar de la químico tienda u otro de igual o superior jerarquía; pago de salarios, primas legales de servicio, vacaciones, intereses a las cesantías, cesantías, auxilio de transporte, aportes a seguridad social, primas extralegales de vacaciones, navidad y de junio; auxilio especial de alimentación, leche y gaseosa, recreación, transporte, auxilio en dinero y, prima extralegal de transporte desde el 29 de abril del 2014 hasta el momento del reinicio labor solicitado; costas y lo ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 4 de junio de 1977; ingresó a trabajar para la demandada PQP S. A. el 28 de septiembre de 2013 en la químico tienda de Tocancipá; que la entrevista se la hizo Productos Químicos Panamericanos S. A. y se le ordenó ir a Bogotá para firmar contrato con la empresa Logística Empresarial Total SAS; que el contrato se suscribió por obra o labor contratada; que el pago del salario y las afiliaciones a seguridad social se efectuaron por parte de Logística Empresarial Total SAS; que

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Radicación n.° 91280 laboraba en las instalaciones de PQP S. A. en la planta de Tocancipá y que recibía ordenes de trabajo de la demandada, cumplía horarios y ésta se beneficiaba de su trabajo. Afirmó que, Sintraquim presentó a PQP S. A. pliego de

peticiones el 5 de abril de 2013; que dicho sindicato era mayoritario; que sufrió un accidente de tránsito el 29 de octubre de 2013 que le generó fractura de la epífisis superior de la tibia; que la subdirectiva Tocancipá de Sintraquim notificó a la demandada su afiliación el 28 de abril de 2014; que como consecuencia de su afiliación a Sintraquim, fue despedido; que estuvo incapacitado entre el 29 de octubre de 2013 y el 23 de octubre de 2014; que su salario se obtenía del artículo 12 de la convención colectiva (categoría A) correspondiente a $42,225.97 diarios; que el conflicto colectivo entre la llamada a juicio y Sintraquim finalizó el 7 de mayo de 2014 con la firma de una nueva convención colectiva; que estaba afiliado a la EPS Cruz Blanca y aquella le pagó las incapacidades a Logística Empresarial Total SAS; que la planta de la empresa en Tocancipá dejó de existir pero la demandada tenía otras en Bogotá y en Sibaté en las que considera que puede ser reintegrado (f.° 1 a 13 del cuaderno digital de primera instancia). PQP S. A. se opuso a las pretensiones, con el argumento que no celebró contrato alguno con el demandante sino con Logística Empresarial Total SAS, empresa con la cual se pactó el suministro de servicios y de cosas y quien actuó con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, y, a su vez, le dio por terminado su contrato de trabajo por

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Radicación n.° 91280 culminación de la obra. Negó que la organización sindical Sintraquim fuera sindicato mayoritario al interior de la compañía porque solo contaba con 147 afiliados de los 774 trabajadores vinculados a la compañía, lo que, en sus palabras, equivale al 19 % de ellos. Cuestionó que el contrato de trabajo se diera por terminado el 28 de abril de 2014 y ese mismo día se afiliara a la organización sindical y añadió que, en todo caso, la comunicación de afiliación a la organización sindical no estuvo dirigida a esa entidad sino directamente a su único empleador Logística Empresarial Total SAS. Afirmó que el demandante tampoco era beneficiario de la protección especial consagrada en la Ley 361 de 1997 porque no tener un carné que así lo determine, ni cuenta con una calificación que lo ubique en alguno de los porcentajes consagrados en el Decreto 2463 de 2001, rebatiendo la solicitud de reintegro por considerar que tampoco reunía los requisitos para ello consagrados en el Decreto 2351 de 1965 y la Ley 50 de 1990. Excepcionó de fondo, pago; compensación; ausencia de derecho sustantivo; falta de legitimación en la causa por activa; inexistencia de toda obligación; y, prescripción (f.° 166 a 188, ibidem). La sociedad Logística Empresarial Total SAS – LET SAS, integrada al proceso a través de la providencia del 7 de marzo de 2018 (f.° 191 ejusdem), intervinó a través de curador ad

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Radicación n.° 91280 litem, quien contestó atenerse a lo que se pruebe y no constarle los hechos de la demanda. Y, en su defensa, propuso las excepciones de mérito de cobro de lo no debido e inexistencia de las obligaciones, buena fe, pago, inexistencia de la relación laboral y prescripción (f.° 208, 209 y 212 a 225 del cuaderno digital de primera instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá, por sentencia del 1º de julio de 2020 (f.° 254 a 255 Acta y audio del cuaderno digital de primera instancia), decidió: PRIMERO: ABSOLVER a la sociedad demandada Productos Químicos Panamericanos S. A. de todas y cada una de las súplicas de esta demanda.

SEGUNDO: ABSOLVER a la sociedad integrada a la litis Logística Empresarial Total S.A.S. de todas y cada una de las súplicas de esta demanda.

TERCERO: CONDENAR al demandante señor Jaime Ernesto Quintero León, a pagar las cosas del proceso […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo del 26 de febrero de 2021 (Cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, para en su lugar declarar que entre el demandante Jaime Ernesto Quintero León y la sociedad Productos Químicos Panamericanos S. A., existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 28 de

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Radicación n.° 91280 septiembre de 2013 y el 28 de abril de 2014, acorde con lo aquí considerado.

SEGUNDO: DECLARAR que el demandante Jaime Ernesto Quintero León es beneficiario de la protección especial a la estabilidad laboral reforzada por el estado de salud consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo producida el 28 de abril de 2014 y, en consecuencia, condenar a Productos Químicos Panamericanos S.

A. a restablecer la relación laboral del demandante Jaime Ernesto Quintero León, sin solución de continuidad, mientras subsistan las causas que le dieron origen a la protección concedida.

CUARTO: CONDENAR a la sociedad Productos Químicos Panamericanos S. A. a pagar al demandante Jaime Ernesto Quintero León los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir y demás emolumentos laborales que se generan por la vigencia restablecida del contrato de trabajo a término indefinido y su afiliación a la organización sindical, tales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones y cotizaciones a seguridad social, siempre y cuando no resulten incompatibles con el reintegro, incluidas, por supuesto, los auxilios y primas extralegales derivadas de la convención colectiva de trabajo 2013-2015.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas de ambas instancias a Productos

Químicos Panamericanos S. A. En su liquidación, inclúyase la suma de 2 salarios mínimos legales vigentes mensuales a favor de la parte demandante.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, y sin necesidad de orden judicial adicional, devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a dilucidar consistió en establecer si existió entre el demandante y Productos Químicos Panamericanos S. A. un contrato de trabajo entre el 28 de septiembre de 2013 y el 28 de abril de 2014, para posteriormente entrar a resolver sobre

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Radicación n.° 91280 las pretensiones de la demanda que derivan de ese vínculo contractual. Aclaró que, en términos del artículo 24 del CST, la presunción de la existencia de la relación de trabajo previa demostración de la prestación personal del servicio, debe abordarse desde el punto de vista de que, ella consiste en dar por demostrado un hecho hasta tanto no se acredite lo contrario, o no se presente un hecho base que la elimine. De allí que encontró equivocación en la decisión del a quo por partir de la reflexión de que no podía acceder a las pretensiones de la demanda al no advertirse subordinación del actor a Productos Químicos Panamericanos SAS, invirtiendo así la carga de la prueba. Precisó que el elemento de prestación personal del servicio se tuvo por demostrado con las siguientes pruebas: Del folio 66 al 70 obra el contrato individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada celebrado entre el

demandante y Logística Empresarial Total SAS, con fecha del 27 de septiembre de 2013, en el que se observa que aquel prestaría sus servicios personales como ‘auxiliar logístico de químico tienda en Tocancipá «hasta por un número total de 768 horas del contrato suscrito entre la empresa PRODUCTOS QUÍMICOS

PANAMERICANOS S. A. Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL TOTAL SAS».

El contrato TOCAN 001-2012 que corresponde al contrato de prestación de servicios celebrado entre Productos Químicos Panamericanos S. A. y Logística Empresarial Total SAS, celebrado el 13 de agosto de 2012, confirma que esta última entidad se comprometió a ejecutar la operación logística y manejo de báscula en la planta de Tocancipá que la contratante requiere, con el suministro de una persona para cubrir las necesidades de ese lugar, a cambio de una remuneración. La certificación expedida el 28 de abril de 2014 suscrita por Luz Mireya Viasus, en su calidad de gerente general de Logística

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Radicación n.° 91280 Empresarial Total SAS, corrobora que el demandante laboró desde el 28 de septiembre de 2013 y hasta la fecha de elaboración de este documento en el cargo de «AUXILIAR LOGÍSTICO DE QUÍMICOTIENDAS» a cambio de un salario de $616.000 (fl. 148). La fecha de culminación de labores del demandante el 28 de abril de 2014 se ratifica con la carta de terminación del contrato por duración de la obra o labor contratada suscrita por Liliana Paola Galindo, en su calidad de Coordinadora Administrativa y

Financiera de Logística Empresarial Total S. A., con fecha del 28 de abril de 2014, con fundamento en la causal consagrada en el literal d) del numeral 1º del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y con la liquidación de acreencias laborales adeudadas (fls. 143 y 145). La declaración del representante legal de PQP, Horacio Alexander Palomino, es fundamental porque, a pesar de que negó que la actividad laboral de las personas suministradas por el operador logístico fueran dirigidas por esa entidad, sí comentó que la entidad que representa obtenía una serie de servicios para la logística relacionada con la colocación de productos en la bodega o para su venta y, a continuación, que el personal que estaba en la químico tienda de la planta de Tocancipá era «personal de mercadeo de la compañía» e, incluso que allí se comercializaban productos propios y de terceros, con lo cual prácticamente se refuerza más que esa entidad sí se beneficiaba del servicio prestado (Resaltado del texto original). Explicó que, probada la prestación de los servicios personales del accionante como auxiliar logístico en la químico tienda ubicada en las instalaciones de PQP S. A. en Tocancipá, debía establecer si quien se benefició de los mismos, logró desvirtuar la presunción legal para desligarse de responsabilidad, enfatizando que ello no se logra con la simple negación de la demandada. Mencionó que, la contestación de la demanda se acompañó con el contrato de prestación de servicios celebrado entre la PQP S. A. y Logística Empresarial Total SAS -contrato TOCA 001-2012-, respecto del cual no podía

considerar desvirtuada la presunción de laboralidad que se

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Radicación n.° 91280 activó porque ello sería darle prevalencia a la formalidad sobre la realidad. Empero, al valorar el contenido del documento encontró que con todo, de analizarse, se halla que allí solo se delimita el objeto contractual a la «operación y manejo de báscula en planta de Tocancipá», su forma de pago, su plazo de ejecución, una cláusula de exclusión de relación laboral, de suspensión del contrato, y se plasma en la cláusula cuarta, que, «EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y riesgo, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago por la prestación del servicio» (f.° 183 a 188 de primera instancia). Sostuvo que, desde tal perspectiva, para entender desvirtuado el contrato de trabajo, correspondía a Productos Químicos Panamericanos S. A. probar que el demandante no estuvo sometido a sus órdenes e instrucciones, sino directamente a las de las terceras personas que aparecen en el expediente como quienes lo vincularon y que esos terceros tenían una estructura organizacional sólida y debidamente forzada, o se trataban de contratistas independientes porque actuaban por su propia cuenta y riesgo y absoluta autonomía. Aseguró que de la declaración del demandante no podía extraerse confesión alguna que permitiera concluir que

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Radicación n.° 91280 Logística Empresarial Total SAS se comportara como un contratista independiente, por lo siguiente: - Cuando al demandante se le preguntó quién lo había contratado, él contestó que PQP, pero estuvo con una temporal llamada LET. - Indicó que se había enterado de la vacante por medio de un amigo, quien le había comentado que se necesitaba un auxiliar de almacén, por lo que decide acudir a PQP, y allí una persona de apellido Sabogal lo envía a Logística a hacer los trámites de documentación. Sobre este relato, no encuentra la sala cómo puede entenderse desvirtuada la presunción del contrato de trabajo, si el enfoque que ha tenerse es básicamente cómo se ejecutó el servicio, y no como formalmente inició. - Expresó que los encargados de la químico tienda eran Cesar Muete y Elizabeth, quienes, a su vez, estaban vinculados a PQP. - A la pregunta de en qué consistían sus labores, contestó que organizar el producto «allí se vendía detergente, cuando llegaba un proveedor, sacar el producto y así los productos que se vendían (...) ingresaba a la planta a sacar productos de gran envergadura, cuando no había el producto en almacén, tocaba ingresar a una bodega grande que había a despachar». Con esta respuesta tampoco puede entenderse desvirtuada la subordinación porque como se lee solo hace alusión al servicio prestado que, como se dijo con antelación, se encuentra demostrado con otras pruebas aportadas al expediente. - Cuando se le preguntó qué herramientas utilizaban, el

demandante en ningún momento descartó que no fueran suministradas por PQP. Lo que hizo fue aclarar que recibía tanto de esa entidad como de LET y, a continuación, procedió a individualizar qué herramientas le daba una y otra entidad. Respecto de la primera indicó que recibía tapa oídos y una máscara para no aspirar los productos químicos en la planta de producción, y de la segunda recibía tapabocas y guantes. Es decir, no es cierto como lo alega la entidad demandada PQP y lo concluyó la jueza a quo que el demandante confesara algo en este sentido. - Si bien el demandante señaló que las incapacidades médicas eran pagadas por LET, esta simple aseveración no puede considerarse como una confesión que desvirtúe el contrato de trabajo, sencillamente porque ese hecho fue precisamente lo que sucedió. Concluir algo en contrario es casi como desconocer los efectos del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. Lo importante, se insiste, no es ventilar aquí como

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Radicación n.° 91280 aparentemente sucedían los hechos, sino escudriñar su trasfondo toda vez que ello se respalda en la presunción de existencia del contrato. Adicional a lo anterior, riñe con toda lógica que se alegue que PQP fuera quien le pagara las incapacidades o las reportara a la EPS, si formalmente el trabajador estaba vinculado con LET SAS. Lo mismo sucede con el pago de salarios y cotizaciones sociales, sencillamente porque si desde el punto de vista formal estaba vinculado a LET SAS, no había justificación para que PQP

asumiera tal gestión. Aun así, estos razonamientos son para determinar la formalidad, y no aterrizar en la realidad que, como se sabe, consiste en aquella fisura entre lo contractual y lo que se dio en el terreno de los hechos sobre la prestación personal del servicio. - Cuando se le indagó sobre qué elemento de trabajo utilizaba, el demandante informó que una «zorra» y cuando se le preguntó de quién era dijo no saber, solo que estaba en la químico tienda. Por ningún lado mencionó que fuera de propiedad de LET SAS. - Si bien, a continuación, sostuvo que no hacía parte del proceso productivo de PQP, esta respuesta debe ser valorada con lo que verdaderamente quiso decir. Él siempre alegó que prestó sus servicios personales en la químico tienda, y no propiamente en el proceso de producción -entiéndase alguna labor operativa e industrial de la planta de Tocancipá-. Pero destacó que la químico tienda quedaba en las mismas instalaciones de esa planta, lo cual no puede ser distorsionado para suplir una deficiencia probatoria que no cumplió PQP. - Cuando se le preguntó sobre las capacitaciones, en ningún momento especificó que las hubiera recibido durante la prestación del servicio. Lo que narró fue que las recibió antes de la contratación en LET SAS. Esto no es suficiente para entender desvirtuada la presunción de existencia del contrato de trabajo porque corresponde a un aspecto meramente formal. Aun así, más adelante declaró que algunas capacitaciones sobre el manejo de químicos las había recibido de parte de una empresa de salud ocupacional, lo cual tampoco puede servir para darle razón a la teoría del caso de la entidad demandada porque usualmente este

tipo de actividades pueden ser realizadas por otras personas y no necesariamente por ello quiere decir que se acepte o confiese una vinculación formal con aquellos. - Si bien relató que Diego, una persona adscrita a LET SAS, era su jefe inmediato, solo describió esa situación como un aspecto netamente formal porque recuérdese que, más adelante, aclaró que nunca le rendía cuentas, y que esa persona solo iba al lugar 1ª vez cada 2 meses y solo llegaba a preguntar cómo iban las ventas, cuánto había entrado salido y demás. Es decir, en ningún momento aceptó estar sometido a subordinación de persona

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Radicación n.° 91280 diferente a PQP, que es lo que verdaderamente interesa porque, se repite, si demostró el servicio personal en su beneficio, la ley entiende que el contrato de trabajo fue con esta última entidad, correspondiéndole entonces, se reitera, entrar a quebrar ese silogismo con la prueba de que la subordinación la ejercía otra persona, y no ella. Acentuó que, desde otro punto, la declaración de Marco Iván Tinjacá Canasto no es que sea del todo relevante; primero, porque el testigo incurrió en varias imprecisiones al hablar de la prestación personal del servicio que desdicen su credibilidad, en particular, cuando aseguró haber visto al demandante durante 8 meses, mientras este último manifestó encontrarse incapacitado desde el mes de octubre de 2013 a raíz de un accidente de tránsito. En ese modo, recordó que, si ese testigo no aportaba nada como prueba, ello no quería decir que se desvirtuara la

presunción del contrato de trabajo, porque el servicio estuvo demostrado con la prueba documental y el interrogatorio de parte del representante legal de PQP S. A.; por tanto, lo que debía constatarse era que la presunción se encontrara destruida, lo que no se cumplió por parte de la accionada. Consideró que, la declaración del demandante no constituyó confesión porque no versó sobre algún hecho que beneficiara a su contraparte, o que lo perjudicara a él, manteniéndose incólume la presunción. Concretó, que así las cosas hubo error de la primera instancia al invertir las cargas probatorias y no tener en cuenta que al haberse activado la presunción tantas veces

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Radicación n.° 91280 mencionada, PQP no logró derruirla y, menos aún, probó que LET SAS se comportara como un contratista independiente, citando la sentencia de esta Corte CSJ SL, 3 nov. 1960, sin radicado, en relación al artículo 34 del CST. Aludió, que al beneficiarse PQP S. A. de la labor del demandante, ejercía el poder de subordinación y, además, al no demostrarse la autonomía e independencia del operador logístico, necesariamente este último se transforma en un simple intermediario a la luz de los artículos 32 y 35 del CST, trascribiendo las normas y, haciendo hincapié en que la jurisprudencia sobre la indebida tercerización que desencadena en una intermediación irregular, que impone que la empresa beneficiaria del servicio sea catalogada como el verdadero empleador, memorando las sentencias CSJ SL, 27 oct. 1999, rad. 12187 y CSJ SL868-2013.

Declaró la relación de trabajo de Jaime Ernesto Quintero León y la llamada a juicio desde el 28 de septiembre de 2013 mediante un contrato indefinido en aplicación del principio de la primacía de la formalidad sobre las formas, rechazando los argumentos de una modalidad de duración de obra, al no quedar delimitada aquella a la cual se hizo aparentemente alusión. Indicó en lo concerniente a la protección foral, que según el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones no pueden ser despedidos sin justa causa desde la fecha de la presentación del pliego y durante

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Radicación n.° 91280 los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Y, por su parte, los artículos 10 del Decreto 1373 de 1966 y 36 del Decreto 1469 de 1978, actualmente compilados en el artículo 2.2.2.1.9. del Decreto 1072 de 2015 preceptúa que la protección a que se refiere el artículo inicial comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones desde el momento de su presentación al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral si fuere el caso, mencionando la sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 39453. Precisó que la presentación del petitorio por parte de la

junta directiva nacional de Sintraquim ocurrió el 5 de abril de 2013 (f.° 45 a 53) y la afiliación del actor a la organización se dio el 28 de abril de 2014, es decir, cuando el empleador aparentemente dio por terminado el contrato de trabajo, tal como consta en el formato de afiliación que obra a folio 77. Acotó que la iniciación del conflicto colectivo fue un hecho aceptado por el representante legal de la compañía en su interrogatorio y, que, incluso, aclaró que pese a que el pliego se presentó en 2013, las conversaciones se mantuvieron abiertas hasta 2014 en que se suscribió la convención colectiva de trabajo. Recalcó, que así las cosas y aceptado por el accionante en su interrogatorio de parte que la afiliación fue un mecanismo para evitar el despido, aquél incurrió «sin lugar a

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Radicación n.° 91280 dudas, [en] una indebida utilización de la figura para obtener ventajas sobre las garantías dispuestas para un sector de trabajadores» o abuso del derecho (CSJ SL1983-2020), además de no existir forma de establecer que, para el momento del despido el empleador tuviera modo de conocer la inscripción al sindicato, pese al escrito del presidente de la junta directiva nacional sindical en folios 78 y 79 que corrobora el hecho en la data ya descrita, reflexionando que «no hay forma de establecer qué fue primero, si el despido o la afiliación del sindicato. Por lo tanto, ante este aspecto, el demandante es quien ha debido demostrar que su afiliación

ocurrió primero al acto de desvinculación» (CSJ SL, 17 sep. 2008, rad. 34185), absolviendo así de la pretensión. Frente a la estabilidad laboral reforzada por estado de salud conforme al inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, remitiéndose al criterio de esta Sala en relación a la evolución del concepto de discapacidad, concluyó que el demandante se encontraba en una situación relevante y significativa que afectaba su salud y le dificultaba sustancialmente el desempeño regular y ordinario de sus actividades como auxiliar de químico tienda porque estuvo incapacitado por 6 meses hasta el 28 de abril de 2014 cuando se produjo su retiro e incluso, continuó así al menos hasta octubre del mismo año, según los certificados médicos aportados, enfatizando que tal circunstancia fue de conocimiento del empleador porque en la liquidación de prestaciones sociales del operador logístico, se pudo verificar que aparecía como concepto en folio 162 «134 INCAPACIDAD

ENFERMEDAD AMBULATORIA <180 DÍAS».

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Radicación n.° 91280 Lo anterior, expresamente manifestó: Elucidado lo anterior, se verificará si el demandante se encontraba en estado de debilidad manifiesta al momento de no renovársele el contrato de trabajo. Los documentos de las páginas 119 a 132 del archivo 01.pdf, demuestran que el demandante sufrió un accidente de tránsito que le produjo un trauma contundente en pierna derecho,

«DOLOR (...) EQUIMOSIS, DOLOR Y LIMITACIÓN EN ARCOS DE

MOVIMIENTO» por lo que fue hospitalizado desde el 29 de octubre de 2013. Los documentos de las páginas 104 a 118 ibídem de fecha 31 de octubre de 2013 acreditan la evolución de medicina general al igual que el diagnóstico «CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES Y LAS

NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA FRACTURA DE LA EPIFISIS

SUPERIOR DE LA TIBIA».

A raíz de ese episodio el demandante estuvo incapacitado hasta el 28 de abril de 2014 cuando Logística Empresarial Total S. A., como empleador aparente, le dio por terminado el contrato de trabajo. Así se afirma porque de los controles de ortopedia periódicos en los que, a su vez, se le formulaban incapacidades de 15 a 30 días, una tras otras, se prueba ese hecho. En detalle, son varios controles médicos, entre ellos, los del 8 y 23 de noviembre de 2013; los del 17 y 28 de diciembre del mismo año – con incapacidad hasta el 28 de enero de 2014; el del 15 de enero, 18 y 26 de febrero, 27 de marzo y 19 de abril de 2014 (págs. 96 a 103 – archivo 01.pdf). En cada uno de ellos se reitera que el

control por «POR REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA DE

PLATILLO MEDIAL DE LA TIBIA DERECHA + OSTEOSÍNTESIS

DE LA FRACTURA DEL PLATILLO MEDIAL DE LA TIBIA DERECHA (...) MARCHA EN COJERA, DOLOR TOLERABLE» producto de un «ACCIDENTE DE TRÁNSITO».

Adicional a lo anterior se verifica que en la liquidación de prestaciones sociales elaborada por el operador logístico con fecha del 28 de abril de 2014 aparece como concepto «134 INCAPACIDAD ENFERMEDAD AMBULATORIA <180 DÍAS» (pág. 162 – archivo 01.pdf). Lo que refuerza que la incapacidad del demandante comprendió una duración de por lo menos 6 meses desde el 29 de octubre de 2013. Es más, después de la terminación del vínculo contractual, al demandante se le siguieron otorgando incapacidades como la que consta en el control de ortopedia del 30 de abril de 2014 (pág. 95,

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Radicación n.° 91280 archivo 01); del 28 de mayo del mismo año (págs. 91 a 94); del 10 de julio siguiente (pág. 90) y del 18 de octubre de la misma anualidad (pág. 85 a 89), momento hasta el cual obran incapacidades médicas. De acuerdo con tales pruebas, es claro que el demandante se encontraba en una situación relevante y significativa que afectaba su salud y le dificultaba sustancialmente el desempeño regular y ordinario de sus actividades como auxiliar de químico tienda porque, como se vio, presentaba una deficiencia física producto de las incapacidades médicas que perduraron aproximadamente por 6 meses (Resaltado del texto original). Sintetizó que, así las cosas, el trabajador se hallaba en un estado de debilidad manifiesta que le impedía y dificultaba su participación plena y efectiva dentro del ámbito empresarial en igualdad de condiciones -auxiliar de

químico tiendasin que fuera necesario, algún dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por los organismos científicos competentes, en la medida en que, en cada caso concreto, puede ocurrir que la discapacidad se infiera no de un dictamen, sino de la valoración de los elemen