CSJ - SL2248-2022

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2248-2022 Radicación n.° 79857 Acta 23 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por LUIS CARLOS SANTAMARÍA SARMIENTO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 1 de marzo de 2017, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, la

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA y la

COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA

NACIONAL.

I. ANTECEDENTES Luis Carlos Santamaría Sánchez llamó a juicio a las demandadas con el fin de que se declare que existió un contrato de trabajo a término indefinido con la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual se desarrolló del 10 de julio

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Radicación n.° 79857 de 1998 al 28 de junio de 2013, mediante vinculaciones hechas a través de las cooperativas accionadas; y que dicho vínculo terminó de manera unilateral y sin justa causa, por parte del empleador. En consecuencia, pide que se condene a la Universidad Cooperativa de Colombia a reconocer y pagar prestaciones sociales y vacaciones causadas en vigencia de la relación de trabajo, en cuantía de $204.371.612; las indemnizaciones por no consignación de cesantías, moratoria y despido sin justa causa; la indexación de las condenas; lo ultra y extra

petita y las costas del proceso. Como soporte de sus peticiones informó que, mediante Resolución No. 183 del 30 de julio de 1997, se realizaron ajustes al esquema de funcionamiento de la Universidad Cooperativa de Colombia; que el 10 de julio de 1998 fue designado por dicha universidad como director del Centro de Investigaciones, informándole que su vinculación se haría a través de convenio de trabajo asociado con la Cooperativa Comuna, la cual se encargaría de pagar sus salarios y seguridad social, lo que lo obligó a ostentar la condición de afiliado. Anotó que prestó servicios bajo esa modalidad hasta diciembre de 2000, ejerciendo conjuntamente los cargos de director y evaluador de tesis de grado. Desde el año 2011 se desempeñó como director administrativo de la mencionada universidad, igualmente, mediante contrato asociativo, pese a que, precisó, era el ente universitario el que aceptaba o no la respectiva postulación.

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Radicación n.° 79857 Agregó que el 16 de enero de 2004, entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, se suscribió un pacto para el suministro de personal de trabajadores asociados docentes y no docentes; que el cargo de director administrativo y financiero hacía parte de la estructura organizativa del ente educativo; que sus labores las ejecutaba en las dependencias de la universidad; que le precisaban las funciones que debía desempeñar y le imponían órdenes, que recibió circulares

informativas y memorandos; que se le pedía cumplir un horario de trabajo y que se le concedieron comisiones y viáticos; precisando que, incluso, durante los años de vinculación, se otorgaron descuentos a las matrículas de sus hijos, autorizados por el rector de dicho claustro. Indicó que también se desempeñó como miembro de varios consejos y como representante legal de la universidad, de modo que también atendió requerimientos de orden administrativo. Finalmente, puso de presente que, a partir del 10 de enero de 2012, la Universidad Cooperativa de Colombia lo vinculó directamente para desempeñar el cargo de Director Administrativo, el cual venía ejerciendo, con idénticas funciones, desde el año 2011 a través de su condición de cooperado; que el 28 de junio de 2013 le fue comunicada la terminación de dicha relación, de manera unilateral por dicho ente y que, en el tiempo en que prestó sus servicios en los cargos mencionados, no le fueron reconocidas ni pagadas prestaciones sociales y vacaciones.

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Radicación n.° 79857 Al contestar la demanda, la Universidad Cooperativa de Colombia se opuso a las peticiones allí contenidas. En relación con los hechos, admitió los reajustes organizacionales que se hicieron al interior de ese ente; los demás, los negó. En su defensa, argumentó que el actor no fue designado por la universidad, sino que tuvo una relación de afiliado con la Cooperativa Comuna, acto que se realizó de forma libre y voluntaria, sin que hubiera hecho alguna solicitud o petición de aclaración sobre su forma de vinculación. Indicó que, no

es de recibo, que después de haber sido asociado en dos cooperativas por más de 13 años, aceptando sin reparos el pago de las compensaciones, la afiliación a seguridad social, la contribución con sus aportes, entre otros actos, pretenda desconocer esa circunstancia y soportar con ello la presente demanda, actuar que califica de mala fe. Advirtió que suscribió un convenio con las cooperativas accionadas para la contratación de los procesos educativos y administrativos al interior de la universidad, como son la docencia, la investigación, la proyección social, compras e inventarios, entre otros, prestando servicios a través de sus trabajadores asociados en forma autogestionaria, sin que esa institución adquiriera algún vínculo con los cooperados. En ese sentido, explicó, la cooperativa no efectuaba labores de intermediación laboral, sino de tercerización, ya que, a través del trabajo autogestionario de sus asociados, desarrollaba la totalidad de los procesos de los diversos

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Radicación n.° 79857 programas académicos y administrativos de la universidad que le habían sido contratados. En todo caso, puntualizó, en virtud de la entrada en vigencia del Decreto 2025 de 2011, el cual prohibió la contratación de procesos misionales con cooperativas de trabajo asociado, luego de diversas consultas con el Ministerio de la Protección Social, la universidad tomó la determinación de migrar al sistema laboral ordinario, lo que demuestra su buena fe, en virtud de lo cual, el accionante ejecutó dos contratos de trabajo. En consecuencia, explicó: la universidad tuvo dos

relaciones de trabajo con el accionante, desde el 10 de enero de 2012 hasta el año 2013, vigencia en la cual pagó todos los derechos, prestaciones y cesantías debidos al trabajador por valor de $97.412.815, de donde se discrimina el pago de la indemnización respectiva por la terminación unilateral de ese contrato, en cuantía de $68.991.000. Propuso las excepciones de fondo de prescripción, compensación, inexistencia de contrato laboral, existencia de la prestación de servicio regida por convenio de trabajo asociado, pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones pretendidas, mala fe del demandante y buena fe de la demandada. La Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, al contestar la demanda, se opuso a las peticiones del actor, puntualizando que, cada vez que se advierta un convenio de

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Radicación n.° 79857 trabajo asociado, no debe pensarse que siempre oculte una relación laboral subordinada, pues las cooperativas son entes autorizados por la ley. Frente a los hechos, dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Precisó que con el actor tuvo diversos acuerdos de trabajo asociado para que prestara sus servicios como director administrativo en la Universidad Cooperativa de Colombia, en forma autogestionaria, inferiores a un año, con solución de continuidad, cuyas compensaciones fueron liquidadas y pagadas íntegramente en cada caso, relaciones que se ejecutaron entre el 16 de enero de 2004 y el 19 de diciembre de 2010. Indicó que la ley otorga a las partes, la

posibilidad de acogerse a diferentes modalidades de contratación y todas ellas están amparadas por el principio de estabilidad laboral. Por lo demás, añadió que todos los contratos fueron independientes y resulta válida la contratación a término fijo que se celebró de manera sucesiva con posterioridad a los primeros contratos. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la Comuna y el trabajador asociado, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones pretendidas, terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado, pago y nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Por su parte, la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna se opuso a la prosperidad de las

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Radicación n.° 79857 pretensiones del actor. Precisó que lo que existió fueron diversos y discontinuos convenios de trabajo asociado a término fijo, modalidad que tiene respaldo legal y jurisprudencial; que los contratos fueron independientes, los cuales finalizaron el 19 de diciembre de 2003, esto es, ha transcurrido más de una década, por lo que los derechos eventuales ya estarían prescritos.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 5 de octubre de 2016, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor LUIS CARLOS SANTAMARÍA SARMIENTO y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA existió un contrato de trabajo a término indefinido enmarcado desde el día 10 de julio del año 1998 al día

28 de junio del año 2013, tal y como se expuso en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Y CTA LA COMUNA son solidariamente responsables del pago de las acreencias laborales ordenadas en esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMUNA Y CTA LA COMUNA a pagar solidariamente por concepto de cesantías del año 1998 al año 2011 en suma de SESENTA Y OCHO MILLONES

CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.426.450), suma esta que deberá ser debidamente indexada.

CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMUNA Y CTA LA COMUNA a pagar solidariamente por concepto de dos periodos de VACACIONES en

suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE NUEVE MIL

PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.929.000).

QUINTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE

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Radicación n.° 79857 COLOMBIA COMUNA Y CTA LA COMUNA a pagar solidariamente por concepto de DESPIDO INJUSTO insoluto en suma de $73.871.850, tal y como se expuso en la parte motiva.

SEXTO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMUNA Y CTA LA COMUNA al pago por concepto de indemnización por no pago de las prestaciones en un fondo de cesantías y a la indemnización establecida en el artículo 99 de la

Ley 50 de 1990, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, declararla igualmente exenta del pago de las indemnizaciones por el art. 65 por no ser probado.

SÉPTIMO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCION en favor de CTA LA COMUNA y COMUNA y las demás excepciones NO PRÓSPERAS por las resultas del presente proceso.

OCTAVO: CONDENAR al pago de las costas de este proceso a las demandadas UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA Y CTA LA COMUNA, de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto del año 2016, a lo cual el despacho procede a fijar el valor de agencias en un porcentaje del 5% que equivale a la suma de OCHO

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO

CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.279.156).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de todas las partes, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 1 de marzo de 2017, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados, en el sentido de declarar que entre el demandante y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA existieron (sic) pluralidad de contratos de trabajo los que se enmarcaron en los lapsos de tiempo que se relacionan a continuación:

1. Del 10/07/1998 al 18/12/1998

2. Del 01/07/1999 al 21/12/1999

3. Del 17/01/2000 al 30/06/2000

4. Del 04/07/2000 al 22/12/2000

5. Del 22/01/2001 al 29/06/2001

6. Del 03/07/2001 al 21/12/2001

7. Del 17/01/2002 al 28/06/2002

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8. Del 20/01/2003 al 27/06/2003

9. Del 01/07/2003 al 19/12/2003

10. Del 16/01/2004 al 26/06/2004

11. Del 06/07/2004 al 18/12/2004

12. Del 11/01/2005 al 25/06/2005

13. Del 25/06/2005 al 17/12/2005

14. Del 16/01/2006 al 02/12/2006

15. Del 18/01/2007 al 15/12/2007

16. Del 16/12/2007 al 22/12/2007

17. Del 14/01/2008 al 21/12/2008

18. Del 13/01/2009 al 20/12/2009

19. Del 12/01/2010 al 19/12/2010

20. Del 11/01/2011 al 18/12/2011

21. Del 10/01/2012 al 15/12/2012

22. Del 08/01/2013 al 21/12/2013

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO en el sentido de

declarar que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA es la obligada al pago de las declaraciones y condenas que aquí resulten derivadas de esta sentencia y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA es solidariamente responsable del pago de las mismas por haber incurrido en intermediación, conforme lo expuesto en la motiva.

TERCERO: MODIFICAR los ordinales TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO de la sentencia apelada, para en su lugar condenar a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y solidariamente a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA a cancelar al demandante las siguientes sumas de

dinero:

CESANTÍAS: $6.908.669

INTERESES A LAS CESANTÍAS: $1.547.541

PRIMAS DE SERVICIOS: $6.908.669

VACACIONES: $750.000, valor que no podrá modificarse por haberse condenado a una suma inferior.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA:

$3.454.334. INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ART. 65 DEL CST: se condena al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la SUPERBANCARIA sobre las condenas por prestaciones sociales aquí emitidas desde el 18 de diciembre de 2011 y hasta el momento en que se satisfagan dichas obligaciones.

CUARTO: MODIFICAR el ordinal OCTAVO de la sentencia apelada, para en su lugar condenar en costas de primera instancia a las demandadas UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y solidariamente a la COOPERATIVA DE TRABAJO

ASOCIADO LA COMUNA a favor del demandante.

QUINTO: CONDENAR en costas de ambas instancias en costas

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Radicación n.° 79857 del demandante a favor de comuna (sic).

SEXTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados.

SÉPTIMO: SIN COSTAS en esta instancia ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación.

Como soportes de tal determinación indicó que se referiría al fenómeno de la desnaturalización contractual, explicando que en el plano de la realidad, entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia existió una relación que rigió como si se tratase de un contrato de trabajo en tanto se reunieron los elementos que lo configuraban, pues aquél estaba sujeto a órdenes e instrucciones, con elementos del ente educativo y desempeñando funciones propias del objeto misional de la universidad, de modo que no era posible acceder a la petición de la demandada, al sostener que existió un vínculo simplemente asociativo y no de trabajo. Así mismo, descartó, como lo proponían las accionadas, que el demandante no pudiera alegar su propia torpeza, en la medida en que había suscrito los contratos de trabajo asociado, precisando que esa sola circunstancia no enervaba el interés que tiene una persona de demandar los derechos que considere que el ordenamiento ampara, aparte de que las normas que regulan el contrato de trabajo son de orden público y, por ende, no son susceptibles de renuncia. Concluyó que lo que existió fue un contrato de trabajo,

simulado como si fueran de asociado.

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Radicación n.° 79857 Explicó que no estaba de acuerdo con la unidad laboral o el contrato único que había declarado el juez de primer grado -aduciendo que, para ello, el a quo empleó su convencimiento privadocuando lo cierto es que era carga de la parte demandante demostrar que, durante los interregnos entre los diversos vínculos de trabajo, siguió prestando el servicio, de modo que pudiera entenderse su unicidad, pero ello, anotó, no ocurrió en este evento. Encontró que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que entre el actor y las cooperativas accionadas existieron 20 contratos presentándose interrupciones superiores a 15 días, incluso, algunos de meses, indicando, para cada caso, el tiempo que había transcurrido entre uno y otro, siendo el menor de 4 días y el mayor de 6 meses. Al respecto, precisó: Fueron 20 contratos, entre el primero y segundo existió una interrupción de 6 meses, 13 días; entre segundo y tercero, 27 días; entre tercer y cuarto, 4 días; entre el cuarto y quinto, 1 mes; entre el quinto y el sexto, 4 días; entre sexto y séptimo, 27 días, entre el séptimo y el octavo, 6 meses, 23 días; entre el octavo y el noveno, 28 días, entre el décimo y el once, 11 días; en el siguiente once y doce, 24 días; entre el doce y trece, 1 día; entre trece y catorce, un mes; el catorce y quince, 47 días; entre el quince y

dieciséis, 1 día; entre dieciséis y diecisiete, 23 días; entre diecisiete y dieciocho, 23 días; entre dieciocho y diecinueve, 23 días y entre diecinueve y veinte, 23 días. Desde el año 98 hasta el año 2011, que culminaron el 18 de diciembre 2011, que fueron los contratos celebrados a través de Comuna y La Comuna, pero que se desnaturalizaron, hubo interrupciones superiores a 15 días, la mayoría de ellas, que permiten señalar que hubo interrupciones en todos esos contratos, y si el demandante quería que se declarara una relación única, debió haber probado la prestación continua del servicio, en todas esas interrupciones de meses, de días, de mes y medio, y no lo hizo. No desconoce la Sala que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las interrupciones que no sean amplia relevantes, o de gran envergadura, no desvirtúa la unidad contractual, pero ello ha

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Radicación n.° 79857 sido bajo otros supuestos en los que se ha estimado que las interrupciones por uno, dos o tres días e incluso la mayor de apenas seis días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo (…) Se apoyó en las decisiones cuyo radicado citó así: «del 15 de febrero 2011, 40273 y 45303 del 25 de marzo 2015». En esa medida, concluyó que, contrario a lo resuelto por el juez de primer grado, sí existió solución de continuidad en las diversas contrataciones que ameritaba modificar la

sentencia apelada. En relación con la prescripción dijo que, como la demanda se presentó el 5 de marzo de 2014 (f.° 199), todos los derechos laborales causados con anterioridad al 5 de marzo de 2011 estaban prescritos. Señaló que, en consecuencia, las condenas se liquidarían del 11 de enero, 5 de marzo, 5 de enero de 2011 (sic) y hasta el 18 de diciembre de 2011 -cuando terminó el contrato 20. Resaltó que aquellos celebrados a partir del 10 de enero de 2012 -contratos 21 y 22fueron suscritos de manera formal, esto es, fueron relaciones de trabajo, que, además, se liquidaron y pagaron en debida forma. En consecuencia, dijo: El 18 diciembre 2011 fue la fecha en que terminó la última contratación que se declara en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues como ya se dijo, a partir del 10 de enero 2012 se formalizó la contratación o se regularizó la contratación entre la universidad y el demandante, sobre estos derechos no hay discusión ni deuda alguna, entonces, se liquidarán los derechos, como ya se dijo, frente al último contrato realidad, esto es, el contrato 20, este que fue del 11 enero 2011 al 18 de diciembre 2011, que obra a folio 221 y que fue de desnaturalizado, conforme ya se dijo.

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Radicación n.° 79857 Se tendrá en cuenta lo que devengaba mensualmente en ese momento el demandante $7.402.146 pesos, como obra en la

certificación obrante a folio 221 y la liquidación será de la siguiente forma: por cesantías $6.908.669, por interés de las cesantías $1.547.541, por prima de servicio $6.908.669, por vacaciones $750.000 y por indemnización por despido sin justa causa $3.454.334 pesos. Añadió que, aunque las cooperativas de trabajo asociado habían aducido que las prestaciones sociales y vacaciones sí fueron reconocidas, aunque bajo otras denominaciones, ello no era de recibo, bajo el entendido de que los pagos efectuados se hicieron con ocasión de una relación jurídica sustancial muy diferente a la del contrato de trabajo declarado; al igual que la universidad no podía alegar en su favor la cancelación que hizo en su momento un tercero en ejecución de un vínculo simulado, para relevarse de la carga prestacional naturaleza laboral. Además, la cancelación de compensaciones no es equiparable a la de prestaciones sociales y demás prerrogativas propias del contrato de trabajo. Respecto de la solidaridad, puntualizó que, habiendo prosperado parcialmente la excepción de prescripción, concretamente, respecto de los derechos laborales causados con anterioridad al 5 de marzo de 2011, no era posible imponer condena alguna contra la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, la cual sólo sirvió de intermediaria hasta el 19 de diciembre de 2003, por lo que esa solidaridad sólo recaería en la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, absolviendo de cualquier condena a la primera de ellas.

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Radicación n.° 79857

En lo que tiene que ver con la indemnización moratoria, puso de presente que no es una condena automática, pues debe analizarse si la conducta del empleador estuvo o no amparada por la buena fe. Explicó que en este asunto no podía tenerse como comportamiento justificado y atendible, el hecho de que la universidad, durante muchos años, hubiera empleado a la Cooperativa para encubrir verdaderas relaciones laborales y burlar los derechos mínimos y garantías del trabajador. Por ende, impondría condena a ese título, precisando que, como la demanda inicial no se interpuso dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo -que culminó el 18 de diciembre de 2011solo ordenaría el pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta que se haga el pago respectivo. Por último, añadió: Es claro que no puede haber, en este caso entonces, y en razón de las modificaciones que aquí se observa, ninguna condena por indemnización moratoria por el no pago de cesantías, ya que el contrato que finalizó el 18 diciembre 2011, la universidad no tenía la obligación de consignarlo antes de 15 de febrero 2012, sino, a la terminación del contrato, luego, aquí, la indemnización moratoria es la que reemplaza a la indemnización por el no pago de cesantías. Mediante decisión del 12 de septiembre de 2017, el colegiado negó la aclaración del fallo referido, en la que se pedía precisar los montos impuestos por indemnización sin justa causa y vacaciones, pues los reparos se soportaban en

los fundamentos de hecho o de derecho expuestos en la parte motiva de la decisión, específicamente, en cuanto a la

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Radicación n.° 79857 modalidad del contrato declarado y la cuantificación de la condena, pretensiones sobre las que no era viable dicha solicitud.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, modifique el numeral tercero de la decisión impugnada, en los literales vacaciones e indemnización por despido sin justa causa y, en su lugar, se realicen las liquidaciones correspondientes.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado por todas las accionadas.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 46 a 48, 64, 186, 187, incisos 2 y 3 del 189

(modificado por la Ley 995 de 200), 249 y 306 del CST; Ley 52 de 1975; 53 de la Constitución Política y 167 del CGP.

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Radicación n.° 79857 Indica que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho: Dar por demostrado, un contrato de trabajo a término fijo desde el día 11 de enero del 2011 al 18 de diciembre de 2011, con un

salario de $7.200.000, sin tener en cuenta la prórroga contractual. Dar por demostrado, sin estarlo, que el valor de la indemnización de $3.400.000 estando demostrado que el valor de la indemnización es de $81.840.000. Dar por demostrado que el valor de las vacaciones corresponde a la suma de $750.000 siendo que el valor a pagar es de $7.929.000 sin tener en cuenta que esta fue la condena del despacho en primera instancia y se modificó por el Tribunal, sin argumento alguno. Aduce que el juez de segundo grado acertó al declarar la existencia de varios contratos de trabajo, en la medida en que no hubo una única relación laboral a término indefinido, sino una relación en la que se celebraron varios vínculos, no obstante, erró al definir la modalidad que en el plano de la realidad tenían cada uno de los negocios pues, no la definió, obviando que por voluntad de las partes tenían una duración definida. Tal dislate, refiere, lo llevó a que, al momento de materializar el derecho sustancial previsto en el artículo 64 del CST, a título de indemnización por la resolución unilateral del contrato de trabajo, impusiera una condena propia de los vínculos a término indefinido y no a término fijo, señalándose que la última relación se ejecutó entre el 11 de enero y el 18 de diciembre de 2011, con un salario de $7.200.000 y, por lo tanto, como no existió una justa causa para su finalización ni tampoco preaviso, se infringió

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Radicación n.° 79857 directamente el artículo 46 del CST, subrogado por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990, cuyo texto transcribió. Agrega que el literal c) del artículo 61 del CST prevé, como una de las causales de terminación del contrato de trabajo, la expiración del plazo fijo pactado. A su vez, la Corte Constitucional en decisión CC-588-1995 explicó que tales vínculos no son, por sí mismos inconstitucionales y no contradicen el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Dice que la labor la prestó de manera adecuada, que incluso obtuvo reconocimiento por la forma en la que lo desarrolló y que en este caso no medió ninguna causa justa que mediara en la terminación, lo que supone que la liquidación que le corresponde asciende a la suma de $81.840.000, teniendo en cuenta los 341 días laborados y un salario de $7.200.000, en los términos del inciso segundo del artículo 64 del CST, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, resaltando que, como no existió preaviso, el último de los contratos fue prorrogado por el término de duración del mismo. En cuanto a la liquidación de las vacaciones, explica que el juez de segundo grado se equivocó al modificar dicho valor a $750.000, supuestamente porque no podía reformarse dicho monto, al existir condena inferior. Encuentra que esa afirmación no es cierta porque el a quo condenó a las accionadas a pagar solidariamente, por ese concepto, la suma de $7.929.000. Así, el Tribunal varió «el

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Radicación n.° 79857 reconocimiento de las vacaciones, indicando que no puede modificar dicha suma de dinero y no trascribe el valor realmente condenado en primera instancia, por la suma de $7.929.000 y no por la suma de $750.000» (f.° 13, cuaderno de la Corte). Por lo anterior, solicita que se confirme el numeral cuarto del fallo de primer grado, que condenó a título de vacaciones la suma de $7.929.999 y no como erradamente lo hizo el ad quem.

VII. RÉPLICA

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna solicitan desestimar el recurso interpuesto: precisan que el alcance de la impugnación está indebidamente formulado, en tanto pide que se quiebre la sentencia del Tribunal respecto de la condena impuesta a título de vacaciones e indemnización y, al mismo tiempo, solicita que se realice la liquidación correspondiente, queriendo revivir el debate en torno a la naturaleza del contrato; tampoco dice qué debe hacerse con la providencia de primera instancia. Además, se denuncian normas que no regulan el asunto que se cuestiona y no es posible abrir un nuevo debate relativo a la modalidad contractual, cuando ello no fue objeto de apelación por la parte interesada. En relación con el fondo del asunto, considera que tanto el Tribunal como el recurrente se equivocaron en la

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 79857 interpretación que hicieron del artículo 64 del CST, pues no es congruente que, habiéndose declarado la existencia de un

contrato a término fijo del 11 de enero al 18 de diciembre de 2011, se hubiera liquidado la indemnización por terminación unilateral con base en la existencia de un vínculo indefinido, sin que tampoco fuese posible aceptar la tesis de que el contrato se prorrogó, por cuanto lo que aceptó el juez de segundo grado y no es atacado por la censura, es que a partir del año 2012 la relación de trabajo se regularizó y se suscribieron dos nuevos vínculos, diferentes y autónomos a término fijo, que terminaron en debida forma, de modo que no es cierto que se hubiera inobservado la norma respecto de la prórroga, ya que el contrato finiquitado en 2011, culminó por vencimiento del término. Ello, en su criterio, conllevaba la revocatoria en su integridad de la condena impuesta por el a quo. Frente al tema de las vacaciones, señala que debió formularse por la vía indirecta, por apreciación errónea de los medios de convicción, individualizando las pruebas del ataque, lo que, como no se hizo en esta oportunidad, dicha acusación también debe desestimarse. Por su parte, la Universidad Cooperativa de Colombia pide que no se tenga en cuenta la acusación, no sólo porque presenta defectos de técnica, sino porque la decisión impugnada no infringió norma legal