CSJ - SL2258-2021

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2258-2021 Radicación n.° 82061 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que le instauró GABRIEL CARVAJAL

VÉLEZ y DEYSI BASTIDAS ARDILA.

Reconócese personería al doctor Eulises Hernández Rodríguez como apoderado sustituto del doctor Carlos Julio Ramírez Martínez apoderado judicial de la parte demandante, en la forma y para los efectos del poder de sustitución conferido, que corre a folios 31 del cuaderno de la Corte.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 82061

I. ANTECEDENTES Gabriel Carvajal Vélez y Deysi Bastidas Ardila, llamaron a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, junto con las mesadas ordinarias y los intereses moratorios.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente en que su primogénito Gabriel Eduardo Carvajal Bastidas falleció el 15 de abril de 2012; que se encontraba afiliado al fondo

demandado para el cual cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte -IVM; que el 23 de julio de 2012 reclamaron ante la AFP demandada la pensión de sobrevivientes y el 10 de septiembre de esa misma anualidad, les fue negada por cuanto no dependían económicamente del asegurado; que el 8 de abril de 2013, a través de apoderado judicial nuevamente la reclamaron empero igualmente el 3 de mayo de ese año le fue denegada y que son personas de escasos recursos económicos (f.° 2 a 4, del cuaderno principal). La AFP privada se resistió a los pedimentos de los demandantes; frente a los hechos, aceptó la afiliación del causante al fondo, desde el 9 de abril de 2011 y las solicitudes elevadas por los actores, reclamando la pensión de sobreviviente, la primera, formulada directamente por ellos, y la otra a través de apoderado judicial y sus respuestas. Sobre los restantes señaló no ser ciertos o no constarle.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 82061 A su favor, excepcionó como meritorias las de prescripción, inexistencia de la obligación, falta de acreditación en las pretensiones de la demanda, falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de sobrevivencia, carencia de acción, ausencia de derecho sustantivo, inexistencia de dependencia económica, compensación, buena fe de la entidad demandada y la innominada genérica (f.° 60 a 70, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, por sentencia del 6 de octubre de 2014 (f.° 101 a 104, en relación al acta y CD, del cuaderno del Juzgado), decidió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito presentadas por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., representada legalmente por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ o por quien haga sus veces a pagar a los señores GABRIEL CARVAJAL VÉLEZ y DEYSI BASTIDAS ARDILA de condiciones civiles conocidas dentro del proceso la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del afiliado señor GABRIEL EDUARDO CARVAJAL BASTIDAS, en cuantía que no puede resultar inferior al salario mínimo legal vigente después de las liquidaciones que realice la administradora de fondo de pensiones aquí demandada de manera proporcional en el 50% a cada uno de los padres aquí demandantes desde el 15 de abril de 2012. Hasta la liquidación de la misma.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., representada legalmente por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ o por quien haga sus veces a pagar a los señores GABRIEL CARVAJAL VÉLEZ y DEYSI BASTIDAS ARDILA de condiciones civiles conocidas dentro del proceso los intereses moratorios de que

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 82061 trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre la totalidad de las mesadas causadas las cuales constituyen capital, pero solo a partir del 23 de septiembre de 2012 y hasta la fecha efectiva de pago.

CUARTO: CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., representada legalmente por el Doctor MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ o por quien haga sus veces. Se tasan por secretaria la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) como agencias en derecho a favor de los demandantes.

QUINTO: Dejar en libertad a la entidad ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. para realizar las acciones legales que considere pertinentes, a efectos de que le sea reintegrada el dinero pagado por concepto de devolución de aportes, si se llegaron a otorgar a los señores GABRIEL CARVAJAL VÉLEZ y DEYSI BASTIDAS. (Mayúsculas y resaltado en el texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por apelación de la parte demandada, en fallo del 27 de abril de 2018 (f.° 8 a 11, respecto del acta y CD, del cuaderno del Tribunal), resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia APELADA, en el sentido de: A) CONDENAR a AFP PORVENIR S.A. a reconocer a partir del 15 de abril de 2012, la pensión de sobrevivientes, en favor de

GABRIEL EDUARDO CARVAJAL y DEYSI BASTIDAS ARDILA, por su calidad de padres supérstites del afiliado GABRIEL

EDUARDO CARVAJAL BASTIDAS (Q.E.P.D.).

B) CONDENAR a AFP PORVENIR S.A. a reconocer una mesada pensional en cuantía inicial para el año de 2012 de $609.080,97, pagadera en trece mesadas anuales y en un 50% para cada uno de los beneficiaros. Mesada que para el año de 2018 asciende al salario mínimo mensual vigente y deberá actualizarse por efecto del reajuste ordenado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de enero 1° de 2019. C) CONDENAR a AFP PORVENIR S.A. a pagar en favor de GABRIEL CARVAJAL VÉLEZ el retroactivo pensional generado

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 82061 en su favor a partir del 15 de abril de 2012 y hasta la fecha en que se haga efectiva la inclusión en nómina de pensionados. Correspondiendo pagar la suma de $29.870.519,15 por retroactivo parcialmente generado entre el 15 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2018. D) CONDENAR a AFP PORVENIR S.A. a pagar en favor de DEYSI BASTIDAS ARDILA el retroactivo pensional generado en su favor a partir del 15 de abril de 2012 y hasta la fecha en que se haga efectiva la inclusión en nómina de pensionados. Correspondiendo pagar la suma de $29.870.519,15 por

retroactivo parcialmente generado entre el 15 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2018. E) AUTORIZAR a la AFP PORVENIR S.A. para que del retroactivo pensional causado y que se siga generando realice las deducciones con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud, salvo los que correspondan a la mesada adicional.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: SIN COSTAS dada la prosperidad del recurso.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que en virtud del artículo 66 A del CPTSS, se circunscribiría a los reproches de la demandada y determinó como problema jurídico a definir i) si a los demandantes les asistía el derecho o no a la pensión de sobrevivientes; en caso de resultar favorable ii) examinaría la procedencia de los intereses moratorios e igualmente iii) los descuentos por aportes a salud sobre el retroactivo, y por último, iv) la imposición de costas procesales. Expuso, que no fue materia de discusión: a) que Gabriel Eduardo Carvajal Bastidas, nació el 17 de mayo de 1994 (f.° 22, del cuaderno del Juzgado); b) que cotizó al RAIS, con los empleadores, Asociación Cesar Conto, entre los meses de abril a septiembre de 2011 y Asociación Antonio Maceo y Grajales desde septiembre de 2011 a abril de 2012 (f.° 71 a

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 82061 73, ib.); c) que los actores en calidad de padres del causante

solicitaron inicialmente, el 23 de julio de 2012 y luego el 8 de abril de 2013, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siendo negada mediante Respuestas del 10 de septiembre de 2012 y 3 de mayo de 2013, respectivamente, informándoles el derecho a la devolución de saldos (f.° 29 a 35 y 76 a 91, ib.); d) que el afiliado falleció el 15 de abril de 2012, producto de un cáncer (f.° 17 y 76, ib.); e) que no dejó esposa, ni compañera, ni hijo, por lo que los padres de aquel tienen en principio vocación de acceder al derecho pensional, en tanto tal condición no fue objeto de disenso por parte de la demandada. Refirió, que en razón a la data del deceso del asegurado, el conflicto planteado se resolvería bajo los cauces del literal d), del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuyo texto reprodujo. Advirtió, que tampoco fue objeto de discusión que el afiliado cotizó más de 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte, requisito exigido por el artículo 46 de la citada Ley 100, aplicable por remisión del artículo 73 de la misma codificación, siendo exclusivamente negado el derecho pensional, por considerar la AFP que los reclamantes no acreditaron la dependencia económica respecto del hijo fallecido. Adujo, que el precepto mencionado no reclama la dependencia económica en términos absolutos, pues tal exigencia fue declarada inconstitucional en la sentencia CC

C-111-2006. Expuso, que como bien lo sostuvo el a quo, el

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 82061 criterio de la dependencia absoluta como requisito para la pensión de sobrevivientes fue excluido del ordenamiento jurídico y en este orden este factor no puede interpretarse sino dentro de un contexto relacional que mida la incidencia del aporte realizado por el fallecido al núcleo familiar al cual pertenece. Señaló, que similares conclusiones ha llegado la Corte, que ha entendido que la dependencia no se opone a que los padres puedan recibir alguna ayuda o entrada siempre que no les otorgue suficiencia económica, recordó entre otras, las sentencias CSJ SL, 7 mar. 2005, rad. 24141, CSL SL 32102015, y la CSJ SL 125562017, en el sentido que se deja expuesto a que la dependencia no puede ser interpretada de manera literal deshumanizada y mecánica, no, la norma jurídica surte sus efectos dentro de un conglomerado social cuya realidad no pueden ser ignoradas por el fallador y esta realidad nos demuestran que en efecto un salario equivalente a casi su salario mínimo pueda jamás representar una independencia económica o una suficiencia para subsistir como pretende plantearlo el recurrente al indicar que Gabriel Carvajal, sostuvo por 26 años a su pareja y sus dos hijos con dicho ingreso. Expresó, que de ahí que la ayuda que permanentemente recibían los demandantes de su hijo sea poco o mucho y por un lapso que para el caso en concreto fue de un año, en las condiciones particulares de los accionantes significaba la

mejoría de su vida misma, su subsistencia, la atención de las necesidades vitales. Dijo, que el concepto de subordinación

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 82061 económica no tiene una definición legal y específica, por lo cual requiere de una alta dosis de ponderación práctica que pasa necesariamente por valorar la contribución que el afiliado proporciona a sus progenitores a fin de lograr con algún grado de certeza la importancia que tiene para el mantenimiento de los niveles de subsistencia que el núcleo familiar tenía a la fecha de su muerte. Aludió, que por lo anterior no resulta de recibo los argumentos de la alzada encaminados a desvirtuar la dependencia económica, por el hecho de existir una unión marital entre los padres demandantes, pues de considerarse ello válido sería tanto como limitar la calidad de beneficiario únicamente a los padres que no cuentan con pareja, ya que serían solo estos los que no tendrían constituida una sociedad patrimonial, interpretación restringida de la norma; como tampoco la de medir la dependencia económica según el lapso temporal de beneficio que el afiliado proporcionó ayuda a sus ascendientes, toda vez que la preceptiva no exige un periodo de tiempo mínimo para acreditar dependencia económica sino que exista al momento del deceso del afiliado. Adicionó, que no interesan las circunstancias económicas anteriores ni el tiempo que perduraron estás sino que lo pertinente es verificarse si existió una mejora pecuniaria por el aporte del afiliado fallecido previa a la muerte. Agregó, que tampoco se puede desvirtuar con meras

suposiciones como lo pretende la apelante cuando infiere que Ana María Carvajal Bastidas, debió frente al deceso de su hermano haber dejado de estudiar para trabajar, pues en el

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 82061 proceso no se demostró que estuviera becada en la Universidad del Valle, o por ejemplo que no existía prueba de que los accionantes no tuvieran casa propia y pagarán arriendo, es decir, la parte pasiva pretendía trasladar a los actores la carga probatoria que le incumbía, en tanto que, si quería desvirtuar o controvertir la dependencia económica que lograron demostrar los reclamantes era la llamada a presentar pruebas que contrarrestara lo por ellos acreditados. Estimó, que en el caso de autos era Porvenir S. A. quién ineludiblemente debía comprobar que los demandantes eran propietarios de bienes y que su hija no estaba becada para poder estudiar o cualquier otra razón con la que procuraran disminuir la fuerza de las pruebas allegadas por la parte activa respecto a su calidad de arrendatarios y que contaba con otros ingresos superiores a los declarados por el padre de familia. Consideró, que la dependencia económica de los promotores del proceso, quedó plenamente acreditada con las declaraciones rendidas ante Porvenir S.A. por Sara Helen Palacios y Estiben Solano Arboleda (f.° 77 a 80, ib.), los extrajuicios y testimoniales aportadas de los señores Dalia Rojas y Ezequiel Carvajal Vélez (f.° 24 a 25, ib.), ya que son

coincidentes todos en advertir que al fallecido Gabriel Carvajal Bastidas comenzó a laborar en escuelas como Coordinador para ayudar a su núcleo familiar, porque su padre era el único que trabajaba y devengaba un salario mínimo; que el causante percibió un ingreso superior al

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 82061 millón de pesos; que aportaba tanto en dinero como en especie y que esto lo hizo por el tiempo que contó con capacidad laboral, pues se vio debilitado en su salud por un cáncer que le produjo la muerte tan solo un año después de iniciar su vida laboral. Discurrió, que lo dicho por los testigos es concurrente con lo informado por los demandantes en sus interrogatorios de partes, sin que se divise incongruencia alguna que conduzca la desacreditación de la dependencia económica que acudieron a demostrar los reclamantes con las pruebas ya indicadas. Agregó, que en lo que respecta a la declaración de Dalia Rojas, no la halló contradictoria, pues explica los largos lapsos de amistad que la unen con la parte activa y el fallecido, también indicó porqué y cómo este inició su vida laboral y de la misma manera refiere saber por lo que le contaban tanto el afiliado como los accionantes que ese nuevo trabajo les permitía solventar mejor los gastos de la casa; asimismo advirtió que en algunas ocasiones estuvo de visita los fines de semana a dicho hogar y vio al asegurado llegar con la remesa o el mercado para su familia y dio razón de que ésta vivía en arriendo en la propiedad de un hermano

del actor. Por su parte, el testigo Ezequiel Carvajal Vélez hizo referencia a los mismos hechos concordando en un todo, pero siendo más específico, en razón a ser el hermano del promotor del juicio y tío del causante, pues conocía los pormenores de la familia, indicando que la casa donde viven en arriendo es de su propiedad, y que por los ingresos de su

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 82061 pariente decidió ayudarle con un alquiler económico, en una propiedad humilde en el barrio Ciudad Córdoba; explicó también que su sobrino entró en el mundo de los colegios porque él es docente y le colaboró ubicándolo para que comenzara a laborar porque su familia lo requería. Acotó, que respecto de este declarante, el Juez singular no encontró procedente la tacha formulada por la pasiva, pues pese al grado de consanguinidad presentado, no era suficiente para considerar sospechosa su versión, en tanto se trata de una persona que en razón de su parentesco y tener la misma profesión del fallecido conoció los aspectos que atañen tanto a su actividad laboral como a la dinámica económica de su núcleo familiar, por lo que desde tal perspectiva, desestimó lo solicitado en el recurso en punto a restarle valor probatorio. Anotó, que tampoco podía considerarse lo expuesto por la impugnante, en cuanto a que tiene interés en las resultas del proceso, pues dicho declarante no es parte en el juicio y por el simple hecho de ser hermano del actor y de existir la

posibilidad de ser indirectamente beneficiado en caso de una eventual sentencia favorable, no es una razón capaz de lograr su desestimación o tacha, ya que de pensarse así toda amistad o pariente de un demandante guardaría siempre un interés en el éxito de quién reclama dados los lazos que los unen y bajo dicha óptica los únicos testigos idóneos serían las personas poco allegadas y casi desconocidas de los reclamantes, que resulta ser poco razonable cuando lo que se busca es la versión de quienes por su cercanía pueden dar información más específica.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 82061 Adujo, que por lo precedente, los testimonios son coincidentes y veraces en cuanto las circunstancias fácticas relacionados con la pertenencia del fallecido al núcleo familiar de los accionantes y su aporte considerable al sostenimiento de estos y concluyó que de dichas declaraciones se extrae que si bien el padre del causante labora, este evento no desvirtúa que los promotores del proceso si dependían económicamente de su hijo fallecido. Así mismo, estimó el quantum de la mesada pensional, pues el a quo incumplió el deber del inciso 1° del artículo 283 del CGP, para tal efecto, aplicó lo previsto en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, por remisión expresa del artículo 73 ibídem y el artículo 21 de la misma normativa, los cuales acopio y precisó que el ingreso base de liquidación -IBLobtenido asciende a $1.353.513.27, que al aplicar la tasa se reemplazó del 45 %, arroja una mesada inicial de

$609.080.97, para el año 2012. Refirió, que en lo que concierne al número de mesadas, estas corresponden a 13 mesadas, pues se causó con posterioridad al 31 de julio de 2010, por lo que no hay lugar a la mesada adicional número 14 conforme al A. L. 01 de 2005. Determinó, que actualizada la mesada pensional para el año de 2018, esta corresponde a $781.242,oo, equivalente al salario mínimo mensual de ese año, ya que de acuerdo con el artículo 14 de la citada Ley 100 las mesadas pensionales se reajustan anualmente de oficio el 1° de enero de cada año, según la variación porcentual del IPC certificado por el Dane,

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 82061 para el año inmediatamente anterior, situación que se hizo para los años 2012 a 2017 y que de acuerdo a las operaciones aritméticas anexas, la actualización conforme al IPC para el año 2018, arroja una mesada de $774.888.23 inferior al salario mínimo legal ($781.242), por lo que obligó su ajuste y a disponer la actualización de las mesadas subsiguientes; y que efectuadas las operaciones aritméticas pertinentes, precisó como retroactivo entre el 15 de abril de 2012 actualizado hasta el 31 de marzo de 2018, ascendió a $59.741.038,50, correspondiendo a cada uno de los demandantes el 50% de dicho valor, que equivalente a la suma de $29.870.519,15. Frente a los intereses moratorios, refirió que la apelante

pretendía su exoneración, pues adujo actuó de buena fe y conforme a la normatividad vigente para cuando negó la prestación y que en caso contrario se ordenen desde la ejecutoria. Trajo lo dicho por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema, sobre el tema y no accedió a lo perseguido por la demandada en la alzada. Igualmente, autorizó a la AFP convocada a descontar del retroactivo el valor de la contribución obligatoria al sistema general de seguridad en salud y los que se sigan generando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la mentada Ley 100 y halló justeza en la imposición de costas en los términos del artículo 365 del CGP, y en lo que hace al monto fijado por el a quo, estableció su falta de competencia sobre la materia, pues corresponde debatirlo en la oportunidad procesal que señala el numeral 5° del artículo 366 de la referida codificación procesal.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 82061

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (f.° 9 a 24, del cuaderno de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y la absuelva de las pretensiones en su contra Subsidiariamente, solicita que se case parcialmente la sentencia del Tribunal, […] en cuanto condenó a pagar un retroactivo calculado al 31 de

marzo de 2018 de $29.870.519,15 para cada padre ($59.741.038,30 en total); luego se pide que revoque en forma parcial la decisión de primer grado en lo que atañe al retroactivo causado y, en sede de instancia, y a esa misma fecha, lo fije en $25.955.192,56 para cada uno de los padres ($51.910.385,12 en total). Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar los tres primeros en forma conjunta, al estar dirigidos por la misma vía, estar fundado en similar cuerpo normativo, perseguir igual cometido y que la solución para para ellos es idéntica (f.° 10 a 24, del cuaderno de la Corte).

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 82061

VI. CARGO PRIMERO Acusa, […] el fallo por la vía del derecho, por la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso y 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, 7° de la Ley 1149 de 2007 y 29 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

En el desarrollo del cargo, trae un fragmento del proveído fustigado e indica algunos apartes de la sentencia CSJ SL, 2 mar. 2016, rad. 49277, para luego mencionar que el Tribunal realizó una aplicación indebida del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues pese a que la

subordinación monetaria no debe ser total de acuerdo con la providencia CC C111-2006, una cosa es suponer que esa sujeción financiera no tiene que ser absoluta y otra muy diferente es que para que esta se dé la contribución del finado tiene que ser fundamental para que los padres puedan asegurar una vida digna. Acorde con lo precedente, señala que es un disparate estimar como lo hizo el ad quem que los padres son legítimos acreedores de la pensión, pues era suficiente con que se viesen privados de la hipotética ayuda económica del fallecido, la cual no generaba una dependencia económica, ya que para eso se requiere una sujeción financiera imprescindible y que el socorro suministrado sea significativo, según las sentencias CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 35351 y CSJ SL, 18 sept. 2001, rad. 16598. Añade, que en

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 82061 el sub examine no quedó demostrado a cuanto ascendía los gastos de los progenitores ni cuál era el monto de la ayuda que éstos recibían de su hijo, y por ende la imposibilidad de determinar que en realidad había una subordinación monetaria de los papás frente al vástago. Plantea, que el Tribunal no cumplió con su deber de analizar si se cumplían los parámetros de la CSJ SL, 5 nov. 2014, rad 45919, en cuanto a que si la ayuda económica del causante era real, periódica y significativa. Agrega, que en este asunto brillan por su ausencia prueba alguna que acredite una sujeción económica de los padres frente al

difunto, en la medida en que en el juicio no se probó a cuanto ascendía el valor de auxilio ni que el fallecido lo entregara a sus padres ni la cuantía de los gastos y en cambio sí se acreditó que el señor Carvajal Vélez percibía un SMLMV con el cual podía sufragar sus necesidades y cita lo expuesto en la sentencia CSJ SL, 14 may. 2008, rad. 32813 (f.° 11 a 17 del cuaderno de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa, «La sentencia por la vía directa, por la interpretación errónea del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003».

Para la demostración del cargo, esboza que no discute las conclusiones fácticas del Tribunal sino la interpretación que le dio al concepto de dependencia económica, contenido

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 82061 en la norma acusada, lo que lo conllevó a asumir que los demandantes dependían económicamente del fallecido. Señala, que los argumentos del ad quem respecto a la dependencia económica de la norma acusada fueron equívocos, en razón a que no valoró si el aporte económico del causante brindaba a los demandantes las condiciones dignas para sobrevivir; que no se puede suponer que cualquier aporte permite generar la dependencia exigida por la ley. Critica, que no es correcta la afirmación del Juzgador de segundo grado en tanto dijo que se pueden tener unos ingresos sin que por ellos las personas dejen de estar sujetas en materia monetaria del occiso, dado que esta Sala ha

sostenido que el aporte económico recibido por los padres del fallecido debió ser suficiente para configurar la dependencia financiera exigida por la ley, de suerte que cualquier ayuda que recibieron los actores del fallecido se pueda considerar subordinada como arbitrariamente lo asentó el Tribunal. Precisa, que se debe entender la dependencia financiera como la contribución realizada por el causante en vida a sus padres, elemento esencial para la manutención de los progenitores; de modo que, si dicho aporte era parcial o no era suficiente para garantizar el modus vivendi, se descartaría la configuración de la supeditación monetaria. En ese orden, dice que no se puede pasar por alto que es indispensable que el aporte del finado sea real y no

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 82061 presunto y por ende debe quedar plenamente establecido que el causante contaba con los medios requeridos para prodigar un auxilio, que su cuantía sea significativa y que los recursos propios de los accionantes no superaban el valor de esa subvención, examen que el Colegiado estaba compelido a llevar a cabo y que brilla por su ausencia en el juicio. Por último, menciona nuevamente algunos apartes de la sentencia CSJ SL, 5 nov. 2014, rad 45919 (f.° 17 a 20 del cuaderno de la Corte).

VIII. CARGO TERCERO Acusa, […] el fallo por la vía de derecho, por la aplicación indebida de los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 145 y 147 (modificado por el artículo 19

de la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo y 29 y 230 de la Constitución Política. Sostiene, que si bien esta Sala ha señalado que cuando el fallo del Tribunal está fundamentado en criterios jurisprudenciales debe alegarse interpretación errónea, en el sub lite es adecuada la denuncia de violación de la ley por aplicación indebida, pues la intelección del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 fue clara y correcta, en cuanto no se puede exigir una dependencia total para que los padres sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes Aduce, que el Tribunal tenía que negar el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, dado que se reconoció que el demandante percibía un salario mínimo mensual para el

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 82061 momento del fallecimiento de su hijo. Precisa, que a partir de la ley se puede entender que un salario mínimo mensual es una remuneración que permite a una persona costear su propia manutención y la de su familia y más aún cuando es un hecho público y notorio que el salario y la pensión mínima es lo que recibe la mayoría de los trabajadores y pensionados del país. Refiere, que la decisión del Juez colectivo infringe las disposiciones de orden constitucional y legal consignadas en la proposición jurídica, que fue errado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con base en la norma mencionada (f.° 20 a 23, del cuaderno de la Corte).

IX. RÉPLICA Aduce, que contrario a lo afirmado por la recurrente en el primer cargo, el Tribunal, de los medios de convicción

allegados (declaraciones rendidas ante Porvenir S. A., las extrajuicios, testimonios e interrogatorios de parte), los cuales echa de menos, determinó la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, situación distinta es que no la haya desvirtuado a través de las pruebas regular y oportunamente aportados al proceso. Agrega, que incursiona en especulaciones e imprecisiones, en el segundo de los embates, pues se duele de una interpretación errónea del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuando en virtud del artículo 27 del CC le dio una hermenéutica adecuada a la norma acusada y tuvo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 82061 en cuenta para ello lo expuesto en la sentencia CC C1112006 y la CSJ SL, 1.° jul. 2015, rad. 47695. Añade, que el Tribunal aplicó la disposición que se ajustaba al asunto con la solvencia jurisprudencial que le otorga las Altas Cortes sobre la materia (f.° 27 a 27, del cuaderno de la Corte).

X. CONSIDERACIONES Desde la óptica de puro de derecho, que fue la orientación escogida en las tres acusaciones, se destaca como aspectos relevantes del proceso, que fueron acreditados en la decisión recurrida y no controvertidos en sede de casación: i) que Gabriel Eduardo Carvajal Bastidas era hijo de los dem