CSJ - SL2258-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2258-2023 Radicación n.° 91575 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PEDRO JULIO MEDINA GARZÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

Reconócese personería al doctor Juan Camilo Cabrera Valencia, con T.P. 231435 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de Colpensiones, en la forma y para los efectos del poder otorgado, adosado en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 91575

I. ANTECEDENTES Pedro Julio Medina Garzón llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se declarara que tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez con un IBC equivalente al 90 % con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

En consecuencia, sea condenada al pago de la diferencia existente entre el valor otorgado y el que realmente se debió cancelar junto con los intereses moratorios. En subsidio, a que se le reliquide la prestación con un IBL de $4.687.875, conforme a la Resolución n.º GNR 6686

del 8 de enero de 2016 y no como fue liquidada mediante la Homologa n.º 08817 del 21 de abril de 2010, las diferencias del retroactivo y los intereses moratorios. Fundó sus peticiones, básicamente, en que i) nació el 22 de mayo de 1949; ii) se afilió al ISS el 29 de abril de1993; iii) su último aporte como trabajador privado fue en el ciclo 2009-06, para un total de 624.7 semanas; iv) cotizó a Cajanal, en los periodos del 17 de marzo de 1977 al 31 de julio de 1979, del 1.º de octubre de 1979 al 1.º de febrero de 1981, del 4 de marzo de 1981 al 2 de enero de 1983 y del 13 de enero de 1983 al 4 de junio de 1992, que corresponde a 5376 días, que equivale a 768 semanas; v) al 1º de abril de 1994, se encontraba cotizando al sector privado.

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Radicación n.° 91575 Dijo, que vi) es beneficiario del régimen de transición, vii) arribó a los 60 años el 22 de mayo de 2009; viii) el ISS, por Resolución n.º 008817 de 2010, le reconoció la pensión por aportes, en aplicación a la Ley 71 de 1988; ix) para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990; x) solicitó la reliquidación de su prestación, siendo negada a través del Acto Administrativo

n.º GNR 6686 de 2016; xi) en la citada decisión se estableció como IBL de los últimos 10 años $4.687.875, un monto de $3.515.906; xii) no obstante se obtuvo un valor más alto optó por no realizar el reajuste y xiii) pese a que interpuso el recurso de apelación contra aquella determinación esta se confirmó (f.º 2 a 6 y f.º 31 a 35, de la demanda y su escrito de subsanación, del cuaderno principal). La demandada se opuso a las pretensiones tanto principales como subsidiarias. En cuanto a los hechos los admitió, excepto que a través de la Resolución GNR 6686 de 2016 se hubiese obtenido un monto alto y advirtió de que se trataba de presunciones del demandante. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, prescripción, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas y la genérica o innominada (f.º 43 a 50, ib.)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 91575 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 14 de julio de 2020 (f.º 56 a 58, en relación al CD y acta, del cuaderno principal): PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de

INEXISTENCIA DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE INTERESES MORATORIOS, propuestas oportunamente por la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, según lo expuesto.

SEGUNDO: SE ABSUELVE a la demandada AMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el demandante PEDRO JULIO MEDINA GARZÓN identificado con C.C. No. 19.188.128 conforme lo motivado en el presente pronunciamiento.

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Tásense.

CUARTO: ENVIAR el proceso al superior en el evento de no presentarse recurso de apelación para surtir el grado jurisdiccional de CONSULTA. (Mayúsculas y resaltado en el texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 29 de septiembre de 2020, confirmó la del a quo.

Sin costas. El colegiado, conforme al artículo 66 A CPTSS, determinó como problemas jurídicos a definir si i) al actor le asistía el derecho a que su pensión fuera reliquidada aplicando para el efecto una tasa de reemplazo del 90 % conforme al Acuerdo 049 de 1990; ii) esta norma permite la sumatoria de tiempos públicos cotizados a otras cajas, en

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Radicación n.° 91575 caso negativo, y iii) existe la posibilidad de reliquidar la prestación con fundamento en el IBL establecido en la Resolución n.º GNR 6686 de 2016. Para definir el asunto como marco normativo y

jurisprudencia citó el Acuerdo 049 de 1990 y las providencias CSJ SL8853-2017, CSJ SL16810-2016, CSJ SL16081-2015 y CSJ SL16014-2014, sobre la imposibilidad de sumar tiempos de servicios en el sector público no cotizados al ISS con semanas efectivamente aportadas a dicha entidad. Reprodujo lo dicho en la CC C-258-2013 y CSJ SL71072015, así como lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el régimen de transición y lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005 para su conservación hasta el 2014. Indicó que el actor era beneficiario del régimen de transición conforme se desprendía de los actos administrativos allegados al plenario a través de los cuales se le otorgó la pensión por aportes en el marco de la Ley 71 de 1988. Refirió, que el accionante pretendía en este asunto la reliquidación de su prestación con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, acumulando a efecto los tiempos públicos laborados acorde con el recién pronunciamiento de la Corte. Advirtió, que tal pretensión no estaba llamada a prosperar en atención que conforme la CSJ SL1947-2020

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Radicación n.° 91575 tales tiempos solo son para el reconocimiento de la pensión de vejez más no para lograr la reliquidación de la prestación y, por cuanto los reglamentos de la convocada, no existe disposición que autorice tal sumatoria de tiempos públicos

con las semanas a dicha administradora. Señaló, que no desconocía la CSJ SL2557-2020, en la que se consideró la reliquidación de la pensión del Acuerdo 049 de 1990 con la acumulación de tiempos de servicios públicos cotizados a otras cajas de previsión, sin embargo, al ser una única decisión no constituía doctrina probable y recordó lo expuesto en el artículo 4° de la Ley 169 de 1896 y en la CC C-836-2001. Hizo alusión a las decisiones CC SU769-2014, CC SU057-2018 y CC SU090-2018, sobre la posibilidad de reconocimiento de la pensión con semanas cotizadas al ISS con el tiempo público más no para efectos de una reliquidación pensional, con lo cual reafirmó la improsperidad del recurso de apelación. Rememoró la providencia CC C-258-2013, en la que se precisó las situaciones que pueden generar abuso del derecho, entre ellas la de aprovecharse de una interpretación de las normas o reglas para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico, como sería dar aplicación a una disposición para obtener una tasa de reemplazo no contenida en la norma que le permite adquirir el derecho.

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Radicación n.° 91575 En suma, concluyó que en este asunto no procedía la reliquidación pretendida. De cara a las pretensiones subsidiarias, destacó que una vez que realizó las operaciones aritméticas tampoco había lugar a las mismas, habida consideración que obtuvo un IBL de los últimos 10 años de $4.296.603.58 que al

aplicar la tasa de reemplazo del 75 % arrojó un quantum de primera mesada de $3.222.452,68, que es inferior a la reconocida por otrora oportunidad por el ISS, a través de la Resolución n.º 008817 de 2010, que ascendió a $3.231.795 en atención a un IBC de $4.309.060. Adujo, que revisada la homologa GNR 6686 de 2016, la demandada estimó un IBL de $4.687.875 que al aplicar la tasa de reemplazo del 75 % se obtuvo una mesada pensional de $3.515.906 para el año de 2012; calenda para la cual se estudió la solicitud de reliquidación, «en virtud del fenómeno de la prescripción que se analizó en aquella oportunidad, cuantía que corresponde a la mesada que devengaría el actor para ese año, luego de aplicar a la primera mesada, el correspondiente incremento anual, tal y como a continuación se refleja»: fecha fecha final incremento % valor mesada inicial calculada 01/07/09 31/12/09 7.67 % $3.222.453 01/01/10 31/12/10 2.00 % $3.286.902 01/01/11 31/12/11 3.17 % $3.391.097 01/01/12 31/12/12 3.73 % $3.517.585

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Radicación n.° 91575 Determinó, que no existía ninguna diferencia a favor del demandante del IBL que la demandada tuvo en cuenta para liquidar la pensión de vejez, pero si la incursión de un error

aritmético en la tabla de liquidación, en punto a que se señaló «VALOR DEL IBL: $4.687.875.OO x 75 % = 3.805.946.00, pues dicha operación arrojó una cuantía de $3.515.906.25, error del que no podría beneficiarse el demandante para que su petición saliera avante».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Pedro Julio Medina Garzón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primera instancia, y se declare que: […] tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez con un ingreso base de cotización del 90 en aplicación del Decreto 758 de 1990, como consecuencia de la anterior declaración, se condenara a la parte demandada a: (i) cancelar la diferencia existente entre el valor reconocido y lo que realmente se debió pagar, (ii) Condenar la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a los Intereses moratorios, (iii) Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y, (iv) a los derechos que resulten probados y el juzgador reconozca por las facultades EXTRA y ULTRA PETITA..

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se pasan a

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Radicación n.° 91575 estudiar inicialmente los dos primeros y si es del caso los

restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, la decisión recurrida, por la vía directa, por: […] ser violatoria de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, infracción legal que condujo a que el Tribunal, dejara de aplicar el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12, 13, 20 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1.° del Decreto 758 de1990, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo..

En el desarrollo del cargo trae lo expuesto en el fallo fustigado y dice que el Tribunal incurrió en el quebranto de las normas enlistadas, al considerar que no es posible la reliquidación de su pensión fundada en la sumatoria de tiempos públicos con las semanas efectivamente cotizadas a Colpensiones por cuanto no tenía contemplado dentro de sus reglamentos una disposición que así lo dispusiera, dando por sentado que el único régimen que lo contempla es la Ley 71 de 1988. Añade que, contrario a lo dispuesto por el colegiado, la Corte en la CSJ SL1947-2020, consideró la posibilidad de sumar tiempos públicos con semanas efectivamente cotizadas a Colpensiones, para consolidar la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, la cual reprodujo en extenso, siendo reiterada en las providencias CSJ SL2557-2020 y CSJ SL2061-2021.

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Radicación n.° 91575 Aduce, que siendo beneficiario del régimen de transición y habérsele reconocido la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, el criterio adoptado por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral le resultaba aplicable, por lo que se le debió reconocer la reliquidación perseguida y que en razón a la densidad de semanas cotizadas la tasa de reemplazo corresponde al 90 %. Destaca que el yerro que incurrió el Tribunal fue el de abstenerse de aplicar el nuevo cambio de criterio jurisprudencial al señalar la inexistencia de una doctrina probable, sin embargo, olvidó que si bien para esa época no «existía doctrina probable» si se encontraba obligado acatar el precedente judicial y se optaba por apartarse del mismo debió señalar en el fallo las razones de su decisión y acopió lo expuesto en la CC T459-2017, sobre la obligatoriedad del acatamiento del precedente vertical y lo propio hizo con la CSJ SC010304-2014 (Demanda de casación, expediente digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Atribuye, a la sentencia recurrida, por la vía directa, por ser: […] violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a excepción de su parágrafo 1, infracción legal que condujo a que el Tribunal, dejara de aplicar el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1° del artículo 33, parágrafo 1° del

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12, 13, 20 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1.° del Decreto 758 de1990, y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 91575 Para sustentar el cargo, trae varios de los argumentos expuesto en el cargo anterior y lo apoya nuevamente en las decisiones de la Corte Constitucional y en la de la Sala de Casación Civil de la Corte. Aduce, que era obligatorio dar aplicación a su situación del precedente judicial señalado en las CSJ SL1947-2020 y CSJ SL2557-2020, de las que acopio la parte pertinente. Reitera que era procedente la reliquidación pretendida, máxime que es beneficiario del régimen de transición y rememora la providencia CSJ SL, 27 may. 2009, rad. 33140 (Demanda de casación, del expediente digital de la Corte). .

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia recurrida, por ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, debido a: […] aplicación indebida del 281 del Código General del proceso

(aplicables en virtud del Art. 145 del C.P.T. y S.S.) como violación medio, la cual llevó igualmente a la falta de aplicación, del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1° del artículo 33, parágrafo 1° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos

12, 13, 20 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1.° del Decreto 758 de1990, y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice, que el colegiado desatendió el artículo 281 del CGP que lo condujo a no aplicarel literal f) del artículo 13, el parágrafo 1° del artículo 33, parágrafo 1° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12, 13, 20 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros

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Radicación n.° 91575 Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1° del Decreto 758 de1990 y 21 del CST, al considerar que: […] entre las situaciones que pueden generar un abuso del derecho, se encuentra la de aprovecharse de una interpretación de las normas o reglas para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico, como lo sería dar aplicación a una norma para obtener una tasa de reemplazo no contenida en la disposición que le permite adquirir el derecho a la pensión. Advierte, que a pesar de la vía que seleccionó resultaba pertinente remitirse a la demanda, al fallo del a quo y al recurso de apelación, pues acorde con la lectura que le dio el Tribunal, incurrió en protuberantes yerros al fijar el problema jurídico y dejó de estudiar su situación a la luz del nuevo cambio jurisprudencial plasmado en la CSJ SL19472020. Señala que, era claro que lo que perseguía era el

reconocimiento de la pensión de vejez con el 90% de su IBC, en aplicación al Decreto 758 de 1990 y el pago de las diferencias entre el valor reconocido y el que realmente se le concedió con fundamento en la sumatoria de tiempos públicos y semanas cotizadas al ISS como se estableció en la providencia mencionada y en la CSJ SL2557-2020, de las cuales nuevamente acopio los fragmentos correspondientes. Recuerda lo expresado en la CSJ SL14022-2015, sobre el principio de congruencia y dice que la falta de estudio de su situación pensional acorde aquel criterio, llevó al colegiado a dar un entendimiento equivocado de la demanda y de las actuaciones surtidas en primera instancia y trae lo

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Radicación n.° 91575 dicho en la decisión CSJ SL2808-2018 (demanda de casación, del expediente digital de la Corte)

IX. CARGO CUARTO Acusa, […] la sentencia impugnada de violación indirecta de la ley, y por aplicación indebida del 281 del Código General del proceso

(aplicables en virtud del Art. 145 del C.P.T. y S.S.) como violación medio, la cual llevó igualmente a la falta de aplicación, del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1° del artículo 33, parágrafo 1° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12, 13, 20 del Acuerdo 049 de 1990 del 19 Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1.° del Decreto 758 de1990, y 21 del Código Sustantivo del Trabajo..

Señala, como errores de hecho, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estando, que en la pretensión primera declarativa visible a folio 31 del expediente, se solicita el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante, contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1° del Decreto 758 de 1990.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo solicitado en la demanda era la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, aplicando para ello la tasa de remplazo contemplada en el Decreto 758 de 1990.

3. No dar por demostrado, estando, que el señor Pedro Julio Medina Garzón, tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1° del Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio de favorabilidad y por ser beneficiario del régimen de transición y en aplicación del nuevo cambio jurisprudencial establecido por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la cual permite sumar los tiempos públicos con las semanas efectivamente cotizadas a Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez

4. No dar por demostrado estándolo, que al demandante le era aplicable el nuevo cambio jurisprudencial establecido por la H.

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Radicación n.° 91575 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1947 de 2020 o SL 2557 de 2020. Indica, como pruebas apreciadas con error i) la demanda (f.º 31 a 36) y ii) la contestación a la misma (f.º 50 y ss.) A efecto, trae las mismas argumentaciones vertidas en el ataque anterior (demanda de casación, del cuaderno digital de la Corte).

X. RÉPLICA Colpensiones, pide que no se case la sentencia puesto que si bien es cierto la Corte varió su criterio a través de la CSJ SL1947 -2020, sobre la posibilidad de sumas tiempos públicos con cotizaciones al ISS para optar a la pensión del Decreto 758 de 1990, lo cierto es que en este asunto lo que se pide es la reliquidación de la pensión con el fin de mejorar el monto de la mesada pensional, en atención a que se le reconoció la pensión por aportes reconocida bajo la egida de la Ley 71 de 1988 y trae lo dicho al respecto de la mencionada decisión, por lo que no le es aplicable.

Recuerda la finalidad del régimen de transición y lo dicho en la CC C228-2011. Dice, que el recurrente es beneficiario del mismo, y traer los tiempos cotizados al sector público como al ISS, exaltando que estos fueron menores para esta entidad administradora y dice que para el caso de la reliquidación con tiempos públicos y privados se debe tener en cuenta i) el propósito legislativo perseguido con la

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Radicación n.° 91575 Ley 100 de 1993; ii) las razones que constituyeron y condujeron a la unificación del sistema pensional; iii) la inaplicación del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema; iv) la exposición de motivos del Acto Legislativo 01 de 2005; v) los factores que conllevaron a la incorporación de la sostenibilidad financiera como principio constitucional y vi) enfoque diferente al de equidad. Concluye, diciendo, que: Todas las decisiones judiciales, especialmente aquellas que cambian de precedente y cumplen una función unificadora de la jurisprudencia amén de que imprimen un alcance extensivo a la interpretación de las normas, para dirimir la controversia sometida a escrutinio judicial deben ponderar el principio de sostenibilidad financiera del sistema por mandato establecido en el acto legislativo 01 de 2005, so pena de hacer nugatorios los fines perseguidos con dicha reforma constitucional, especialmente, en cuanto se buscó solucionar los problemas financieros del sistema que lo proyectaban como insostenible hacia el futuro. Al ponderar el principio de sostenibilidad financiera del Sistema con los demás derechos en que entra en tensión, el resultado no es igual tratándose de casos en que el afiliado ya tiene cubierta o protegida la contingencia de vejez y sólo busca un mayor beneficio económico, como pasa cuando se pretenden reliquidaciones o cuando se cumplen requisitos bajo otros regímenes pensionales como ley 71/88 o ley 797/03 en virtud de las cuales se permiten la acumulación de tiempos públicos y

privados. Se debe hacer un estudio de la expectativa legítima de la demandante, situación que no se presente en el caso particular, puesto que como quedó evidenciado, para la entrada en vigencia del Decreto 758 de 1990 y de la Ley 100 de 1993 no se encontraba afiliada al ISS puesto que se encontraba cotizando en CAJANAL (Escrito de oposición, del cuaderno digital de la Corte).

XI. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 91575 Pese a que el recurso de casación no es modelo a seguir, en tanto que, i) señaló como quebrantadas normas adjetivas, sin indicar su violación medio1; ii) mezcló las vías directa e indirecta, toda vez que de manera indistinta introdujo aspectos de derecho y de hecho, siendo excluyentes2; y iii) acusó la aplicación indebida3 del artículo 281 del CGP, y luego su infracción directa4, cuando estos modos de trasgresión quebranto son excluyentes, lo cierto es que, se logra extraer un claro juicio de legalidad contra la decisión fustigada y prescindir de aquellos defectos técnicos advertidos5, puesto que le enrostra al juez de alzada, el haber i) interpretado erróneamente la disposición que contemplan el régimen de transición, que permite la acumulación del tiempo de servicios público y privado, con el fin de obtener una mesada, en aplicación al Acuerdo 049 de 1990, apoyado en el precedente judicial que se tiene en estos casos, y que no aplicó el Tribunal y ii) entendido que se estaba solicitando la reliquidación de la pensión con apoyo en la aplicación de

la tasa de reemplazo del 90 % el Decreto 758 de 1990, cuando se pidió fue el reconocimiento de la pensión de vejez con apoyo en esa normativa. 1 SL22169-2017 y CSJ SL1379-2019 2 CSJ SL1695-2019 3 Se presenta cuando, entendida adecuadamente la norma sustantiva en sus alcances y significado, como consecuencia de una hermenéutica apropiada, se aplica a un hecho no previsto por ella, se le hace producir efectos distintos a los contemplados, se extralimita el ámbito de su vigencia temporal o se restringe su alcance y contenido CSJ SL4537-2018 4 Se presenta cuando «existiendo una norma que regula el caso, por rebeldía o ignorancia deja de aplicarse a su solución» CSJ SL3660-2022

5 CSJ SL7267-2015; CSJ SL1548-2018; CSJ SL033-2018; CSJ SL2223-2019; CSJ

SL5401-2019 y CSJ SL840-2020

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Radicación n.° 91575 En tales condiciones, se tiene que el ad quem advirtió que en este asuntó no procedía la sumatoria de tiempos públicos y privados para efectos de obtener la reliquidación de la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el precedente judicial fijado por la Corte en la CSJ SL1947-2020, solo puede ser exclusivo para el reconocimiento del derecho y, además, porque no constituía doctrina probable, toda vez que para cuando se profirió la sentencia recurrida solo existía un solo pronunciamiento al respecto. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el

juez de alzada se equivocó al entender que i) el precedente judicial fijado por la Corte en la referida sentencia6, no procede para obtener la reliquidación de la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 de 1990 sino solo es para su reconocimiento, (cargos primero y segundo) y ii) si lo perseguido por el impugnante fue el otorgamiento de la prestación bajo la egida de dicha disposición (cargos tercero y cuarto), y no la reliquidación de la pensión con apoyo en esta preceptiva. Resulta pertinente precisar que en el sub examine se excluye del debate probatorio i) la calidad de beneficiario del régimen de transición del actor, ii) la edad7; iii) el número de semanas cotizadas, que en este caso asciende a 13928; iv) afilió al ISS, el 29 de abril de 1993; v) la última cotización que 6 Sumatoria de tiempos públicos cotizados en otras entidades de previsión social con los aportados al sector privado. 7 60 años los cumplió el 22 de mayo de 2009, su natalicio ocurrió en el año de 1949. 8 624.71 al ISS y 768 al sector público.

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Radicación n.° 91575 realizó fue en el ciclo 2009-06; vi) el reconocimiento por parte de la convocada de la pensión por aportes, en aplicación a la Ley 71 de 19889 y vii) la solicitud de la reliquidación de la pensión, el 12 de agosto de 2015, siendo negada10. Al respecto y de cara al primer cuestionamiento, esta

Corporación a partir de las decisiones CSJ SL1981-2020 y CSJ SL1947-2020, recogió el criterio jurisprudencial que venía exponiendo, que con arreglo al régimen pensional de esa normativa, en favor de los beneficiarios de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo era posible computar semanas cotizadas exclusivamente al ISS. En la primera de ellas, explicó: No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas. Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin [de] que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador. Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de 9 Resolución n.º 008817 de 12 de abril de 2010

10 Resolución n.º GNR 6686 del 8 de enero de 2016.

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Radicación n.° 91575 transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador. Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de [las] condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993. De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social. En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público,

cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas. Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió qu