CSJ - SL226-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL226-2023 Radicación n.° 92786 Acta 03 Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS BÁEZ VALDERRAMA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró contra el

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

I. ANTECEDENTES Carlos Báez Valderrama, llamó a juicio al Departamento de Boyacá, con el fin de que, […] en consideración a que el acta de la conciliación 138 del 15 de abril de 2003, suscrita por mi procurado y la demandada es inexistente e ineficaz absolutamente, en especial en cuanto a la invocación de inaplicación convención colectiva de trabajo celebrada el 12 de noviembre de 2002 con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas del ente

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Radicación n.° 92786 territorial, y fue un acto de adhesión por parte del demandante a los términos propuestos por la demandada» Se declarara que adquirió el derecho a la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario prevista en la CCT celebrada el 12 de noviembre de 2002 con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Púbicas del ente territorial. Como consecuencia de la anterior declaración, se

condenara al reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario prevista en la CCT celebrada el 12 de noviembre de 2002 con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaria de Obras Púbicas del ente territorial, con una mesada inicial para el año 2003 de $739.184 equivalente a la tasa de reemplazo determinada por la CCT (90 %) sobre la asignación básica devengada en el último año de servicio de $821.316; correspondiendo pagar el mayor valor de la pensión especial de jubilación anticipada en compartibilidad con la de vejez reconocida por el ISS a partir del 20 de agosto de 2008 en monto inicial de $313.803, así como el retroactivo con aplicación de los reajustes anuales del salario mínimo legal, además de la mesada 14 anual desde la causación de la prestación y los intereses moratorios (f.° 30 a 32 del cuaderno principal). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios al Departamento de Boyacá secretaria de obras, actual secretaria de infraestructura, como trabajador

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Radicación n.° 92786 oficial sindicalizado, en el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 1984 al 15 de abril de 2003. Manifestó, que la CCT del año 2002 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, en su artículo segundo regula la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario. Relató, que en la CCT, las partes acordaron

expresamente la incompatibilidad de la pensión convencional con la pensión legal de vejez. Indicó, que se retiró voluntariamente, efectuando la manifestación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tunja. Informó, que están acreditados los presupuestos para el reconocimiento de la pensión especial convencional. Destacó, que demandada le hizo suscribir un acta de invocación de inaplicabilidad de la CCT que se reclama y por ello se negó la prestación solicitada. Acotó, que mediante Resolución n.° 218 del 27 de octubre de 2003, se sancionó al Departamento de Boyacá, por incumplimiento a lo determinado en la CCT invocada. La accionada se opuso a las pretensiones y precisó que no le asistía derecho al demandante, porque las partes

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Radicación n.° 92786 suscribieron el 15 de abril de 2003, Acta de Conciliación n.° 138, en la que éste manifestó de manera libre y voluntaria la «inaplicación de la convención colectiva de trabajo celebrada el 12 de noviembre de 2002 con el sindicato de Trabajadores Oficiales de Obras Públicas del Departamento», expresión de voluntad que nunca estuvo viciada por error, fuerza o dolo, entonces al renunciar a la aplicación de la CCT, lo aquí solicitado hizo tránsito a cosa juzgada. En cuanto a los hechos, aceptó la prestación del servicio por parte del actor en calidad de trabajador oficial sindicalizado, por el periodo del 28 de mayo de 1984 al 15 de abril de 2003, que la CCT del año 2003, celebrada entre el

Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, en su artículo segundo, regula la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario. Respecto de los restantes señaló que no eran ciertos. En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción, cosa juzgada, inexistencia de la obligación, compensación, inexistencia de perjuicios de cualquier orden y la genérica (f.° 56 a 62 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante fallo del 4 de marzo de 2020, decidió:

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Radicación n.° 92786

PRIMERO: DECLARAR que el señor CARLOS BAEZ VALDERRAMA en su condición de trabajador oficial en la secretaria de obras públicas de Boyacá le asiste el derecho a ser beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre

el SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DE LA

SECRETARIA DE OBRAS DE BOYACÁ y el DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ.

SEGUNDO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a reconocer, liquidar y pagar en favor del señor CARLOS BAEZ VALDERRAMA, la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario, a partir del 16 de abril de 2003 con una mesada equivalente a la suma de $739.184, junto con los reajustes anuales equivalente al incremento que se haga al salario mínimo legal mensual y hasta el día 19 de agosto de 2008.

TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a reconocer, liquidar y pagar en favor del señor CARLOS BAEZ VALDERRAMA, sobre cada una de las mesadas de la pensión de jubilación especial por retiro voluntario, la indexación desde el momento de su causación y hasta cuando se haga efectivo el pago de las mismas.

CUARTO: No acceder a las demás pretensiones solicitadas por el demandante.

QUINTO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

SEXTO: Condenar en costas a la parte demandada. Liquídense por secretaria. Fíjense como agencias en derecho la suma de

$2.000.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes y en grado de consulta a favor del departamento, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a través de proveído del 14 de diciembre de 2020, resolvió (cuaderno del Tribunal): PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la decisión impugnada con el siguiente inciso: ORDENAR imputar al pago derivado de los derechos aquí reconocidos la suma de $38.559.196 debidamente indexada.

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Radicación n.° 92786

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión impugnada en todo lo demás.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problemas jurídicos a resolver, determinar i) si el actor tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones convencionales; ii) la incompatibilidad pensión convencional

con la de vejez; iii) compartibilidad de la pensión complementaria y, iv) compensación. Refirió que, en lo atinente al i), el reconocimiento de derechos convencionales, si bien se suscribió por las partes Conciliación n.° 138 el 15 de abril de 2003, ante el Ministerio de la Protección Social, en virtud de la cual se acordó la terminación del contrato de trabajo, el acogimiento al plan de retiro voluntario con indemnización y la inaplicación de las cláusulas convencionales, no es menos cierto que se debe desestimar tal instrumento de autocomposición, porque allí se desconocieron derechos convencionales ciertos, irrenunciables e indiscutibles, que ya se habían consolidado a favor del actor, dado que el acuerdo convencional consagraba una vigencia de (un)1 año, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2003, lapso dentro del cual se debían acreditar los requisitos de tiempo de servicio consagrados en el artículo 2° así como el retiro efectivo, acorde con el parágrafo primero del artículo 2°, presentándose el retiro del servicio con la suscripción del acta de conciliación, esto es el 15 de abril de 2003 y contando para esa fecha con 18 años, 10 meses y 17 días de servicio, situación que lo convierte en

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Radicación n.° 92786 acreedor de la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario consagrada en el numeral 3° del artículo 2° del acuerdo convencional, en un 90 % de la asignación básica mensual.

Concluyó que, frente a este tema y de acuerdo a lo expuesto, el citado derecho pensional no se encontraba afectado por la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que la causación de este se dio de forma previa, siendo viable el reconocimiento del derecho pensional, como lo indicó el juez de instancia. Acotó frente a, ii) la incompatibilidad entre la pensión convencional y la pensión de vejez, que revisada la CCT y de acuerdo a las pruebas, al demandante le fue reconocida pensión de jubilación por parte del ISS a partir del 20 de agosto de 2008; sin embargo, ello no es impedimento para negar el reconocimiento del derecho convencional pretendido, pues lo que ocurre con este y tal como lo señala el artículo precedente, es que cesa ante el reconocimiento de la pensión de jubilación. Decidió en lo pertinente al iii), la pensión complementaria-compartibilidad, que no existe duda de que a partir del 17 de octubre de 1985, entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, la regla general es que las pensiones voluntarias o de origen convencional, tienen el carácter de compartidas con la de vejez otorgada por el ISS hoy Colpensiones, cuya excepción a la misma solo se aplica cuando por acuerdo de las partes o por haberse pactado de

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Radicación n.° 92786 manera expresa en la convención, se determina la compatibilidad de dichas pensiones; es decir, la incompatibilidad de las dos pensiones; además que con posterioridad en el Decreto 758 de 1990, se indicó que no se

aplica la figura de la compartibilidad cuando expresamente así se haya acordado por las partes y de acuerdo al texto convencional, en forma clara, se excluyó tanto la compatibilidad como la compartibilidad pensional aquí reclamada. Pues, se dijo puntualmente que, una vez reconocida la pensión legal por parte de los fondos de pensiones, automáticamente se extinguiría la pensión anticipada de jubilación, por ello la convencional se tendrá hasta el momento en que se causó la de vejez (20 de agosto de 2008), por parte del ISS, sin que en el texto convencional se pactara que el Departamento de Boyacá, continuaría asumiendo el mayor valor respecto de la pensión extralegal, lo que exceptúa el reconocimiento de la solicitada compartibilidad pensional. Adujo, que en punto a iv), la compensación, no se cumplen los presupuestos legales para declarar tal excepción, porque claramente los artículos 1714 y 1716 del Código Civil indican, como requisito principal para ella, que las dos partes sean recíprocamente deudoras, situación que claramente no se presenta en este asunto, pero señaló que no era posible desconocer el pago que al suscribir el acta de conciliación recibió el demandante; por ello con el ánimo de evitar un enriquecimiento sin causa, dado que en el acta de conciliación se ordenó el pago de $41.031.196 como indemnización, de los cuales en efecto se cancelaron

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Radicación n.° 92786 $38.559.196 una vez descontado el valor de la estampilla, se ordenará que tal suma se impute al pago derivado de los derechos aquí reconocidos, debidamente indexada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corporación case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, confirme la de primer grado en cuanto ordenó el reconocimiento pensional y la adicione en el punto de condenar a la demandada a la actualización monetaria de las sumas que resulten a su favor al momento del pago, más los intereses a la tasa moratoria desde su causación y hasta cuando se verifique el pago; y la revoque en cuanto dispuso la extinción de la pensión convencional por el reconocimiento de la legal de vejez desde el 19 de agosto de 2008.

En subsidio solicitó que se profiera sentencia de reemplazo accediendo a las pretensiones formuladas, cualquiera que sea la denominación que se le dé al derecho. Con tal propósito formula dos cargos, que no fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente, pues a pesar de encaminarse por vías diferentes comparten normas

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Radicación n.° 92786 en la proposición jurídica, argumentos de sustentación y finalidad (f.° 7 a 9 del cuaderno de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acuso a la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por infracción indirecta, en violación de medio, el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y [de[ la Seguridad Social lo que condujo a la infracción directa de la Ley 100 de 1993, en especial su artículo 13; el artículo 7 de la Ley 71 de 1988; los artículos 48, 53, 83,

95, 230, 241 y 243 de la Constitución Política; generada por la interpretación errónea, indebida e inicua de los artículos 35 del Decreto 1406 de 1999 y del 28 del Decreto 692 de 1994, lo que condujo a la inaplicación del artículo 2° de la Ley 797 de 2003; del artículo 7° del Decreto 3085 Señala que la violación de las normas se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo que la Convención Colectiva del año 2003 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, establece el pago de [la] indemnización por retiro en favor de los trabajadores que se acojan a sus previsiones.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante acudió a la inspección de trabajo para consolidar según el parágrafo primero de la cláusula segunda de la convención colectiva del año 2003 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, desde el 16 de abril de 2003 y para beneficiarse de la indemnización por retiro voluntario.

3. Tener por demostrado, sin estarlo, que el título que genera la prestación pensional convencional es el mismo que generó la indemnización por terminación voluntaria del contrato.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la obligación pensional y la indemnización por terminación voluntaria del contrato de trabajo están contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo

para el año 2003 suscrita entre el Sindicato de Trabajadores oficiales de la Secretaría de infraestructura y el Departamento de Boyacá.

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5. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento de Boyacá y el sindicato de trabajadores oficiales de las obras públicas de esa entidad para el año 2003 se pactó expresamente la NO COMPATIBILIDAD y LA NO COMPARTIBILIDAD DE LA PENSIÓN CONVENCIONAL Y LA LEGAL DE vejez y «ni la convención colectiva ni la excepción de prescripción de mesadas está debidamente fundada y formulada por la demandada». 6.Negar los derechos adquiridos.

Manifiesta que los errores de hecho que se le atribuyen a la sentencia tuvieron origen en: La falta de apreciación de las siguientes pruebas:

1. Copia con constancia de depósito de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento de Boyacá y el sindicato de trabajadores oficiales de las obras públicas de esa entidad para el año 2003 cuya aplicación se invoca.

2. Acta de conciliación de abril de 2003, manifestación de retiro.

3. Resolución 218 de 2003 que sancionó al ex empleador Departamento de Boyacá por incumplir la convención colectiva de 2003, folios 21 a 26 del cuaderno de primera instancia.

4. Actuación procesal. En especial la demanda y su contestación y la fijación del litigio.

Para la demostración del cargo, señala que el Tribunal,

por fuera del litigio fijado y de manera sorpresiva, realizó pronunciamiento sobre un instituto que denominó imputación de pagos y al efecto adicionó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, a pesar de que ese asunto no se contempló ni en la demanda, ni en la contestación y menos en la fijación que el juzgado y las partes hicieron del litigio en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS.

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Radicación n.° 92786 Refiere, que se presentó desbordamiento del marco de las facultades y que tal imputación resultó ni más ni menos la imposición de una verdadera condena pecuniaria que supera con creces el monto de la prestación ordenada inicialmente en su favor, requiriéndose para ello de una demanda de reconvención para obtener tal declaración, lo que no se presentó en este caso. Alega, que no se tuvo la misma consideración y condescendencia con la pérdida del poder adquisitivo de la prestación periódica reconocida. De otro lado, asegura, que el error de hecho proviene de la indebida apreciación e interpretación de la cláusula segunda de la CCT año 2003, específicamente en cuanto a la estipulación sobre no compatibilidad ni compartibilidad del derecho pensional y del acta de conciliación, así como de la manifestación de terminación voluntaria allí contenida, pues desacertadamente consideró el Tribunal que el actor únicamente terminó voluntariamente el contrato de trabajo para acceder a la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario, pero que no lo hizo para acceder a la

indemnización por retiro voluntario ofrecida por el ex empleador y que por eso había lugar a la imputación de pagos, pasando por alto que se trata de dos títulos independientes que no se pueden confundir ni aunar, la primera contemplada en la CCT y la otra ofertada por el ex empleador.

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Radicación n.° 92786 Advierte, que el Tribunal no tuvo en cuenta la Resolución n.° 218 de 2003, mediante la cual se impusieron sanciones a la demandada por incumplir la convención generadora de la pensión con maniobras como la de por vía de acuerdo individual, derogar uno extralegal. Arguye, que mientras el derecho convencional a la pensión de jubilación anticipada está vigente, se consolidó y es actualmente exigible, la restitución de las sumas entregadas a título de indemnización no es exigible, carece de título y no está determinada, por lo que sería a lo sumo una obligación natural. Anota, que la acción de declaración de compensación se encuentra prescrita y no puede la jurisdicción por vía de excepción tomar una decisión de reconocimiento de un derecho del demandado y en todo caso aquella como excepción está regida por el principio dispositivo, al punto que no se puede reconocer de oficio, ni en grado jurisdiccional de consulta. Precisa, que la fuente del derecho pensional reclamado, que es la cláusula segunda de la CCT, es lo suficientemente clara para dilucidar la mutua intención de los contratantes y frente a textos nítidos, debe acudirse al tenor literal que en este caso aplica, en absoluta armonía con la voluntad interna

o querer genuino de las partes, pero nunca en sentido contrario, porque las estipulaciones del canon segundo convencional son simples y diáfanas, desconociendo la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria de dicha

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Radicación n.° 92786 cláusula y las reglas de interpretación, y a cambio de interpretarla la sustituyó y reglamentó, e incurrió en los errores fácticos y de derecho denunciados en la interpretación de la convención colectiva y de otras pruebas e incluso si se presentaba algún tipo de duda esta debía resolverse en favor del trabajador, siempre aplicando el principio pro operario. En lo que al punto de la conservación del monto pensional, analiza que el Tribunal también interpretó y aplicó mal el parágrafo tercero de la cláusula segunda convencional, sobre el cese de la obligación pensional, recalcando que, en el presente caso, se da la figura del derecho adquirido, porque se trata de unas condiciones especiales en las que se enfrenta una situación jurídica consolidada. Por los mismos mandatos del Acto Legislativo 01 de 2005, su articulado no afectó en nada los derechos adquiridos antes de su vigencia. Fundamenta, que no se puede comprender que el querer de las partes buscaba desconocer la garantía de no disminución del valor de la pensión consagrada constitucionalmente en el artículo 48 y entonces la cláusula convencional debe entenderse en seguimiento de dicho postulado. Expresa, que entonces queda claro que, al momento de convenir la pensión extralegal, las partes acordaron determinadas condiciones que hicieron factible una eventual

subrogación futura del riesgo amparado (el pago de aportes),

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Radicación n.° 92786 con lo cual se guarda correspondencia entre la voluntad de los contratantes y el marco constitucional que ordena el mantenimiento del valor y del poder adquisitivo de las pensiones, con lo que queda eventualmente a cargo del ex empleador el mayor valor, si lo hubiere. Concluye, que conforme al artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, como en el texto convencional las partes no acordaron ni establecieron la compatibilidad pensional, ello genera la obligación de asumir el mayor valor a cargo del ex empleador.

VII. CARGO SEGUNDO Acuso a la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por infracción directa, en violación de medio, del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social lo que condujo a la infracción directa de la Ley 100 de 1993, en especial su artículo 13; el artículo 7° de la Ley 71 de 1988; los artículos 48, 53, 83, 95, 230, 241 y 243 de la Constitución Política; generada por la interpretación errónea, indebida e inicua de los artículos 35 del Decreto 1406 de 1999 y del 28 del Decreto 692 de 1994, lo que condujo a la inaplicación del artículo 2° de la Ley 797 de 2003; del artículo 7° del Decreto 3085.

Para la demostración del cargo, reitera varios de los argumentos expuestos para el anterior, señalando que no procede la imputación declarada en favor de la demandada,

por cuanto no se formuló la excepción de compensación, así como la de prescripción no se pueden decretar de oficio por estar en contravía de la clara orden dada en el artículo 282 del CGP aplicable por remisión del artículo 145 del CPT y SS y menos se puede disponer y sentenciar por fuera de las previsiones de los artículos 55A del CPT y SS y el artículo 281

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Radicación n.° 92786 del CGP, pues la imputación no fue materia de la demanda, de la contestación ni de la fijación del litigio. Aduce, que en todo caso para que opere la compensación se deben reunir las siguientes calidades:

1. Que las dos partes estén obligadas recíprocamente con carácter principal.

2. Que las dos obligaciones consistan en entregar dinero o cosas fungibles de la misma especie y calidad. Lo que quiere decir que las cosas sean "fungibles entre sí", recayendo la obligación sobre el mismo género.

3. Que las dos obligaciones sean líquidas: esto es, que se conozca con exactitud su existencia y su monto sea fácilmente liquidable con simples operaciones aritméticas de acuerdo con el soporte respectivo.

4. Que ambas obligaciones sean exigibles. Es decir, que cada acreedor pueda hacer efectivo el cumplimiento de cada obligación. Por ello no es posible aplicar la compensación cuando ambas obligaciones o una de ellas no son exigibles; o cuando la ley prohíbe aplicarla; o cuando se trata de obligaciones naturales; o las obligaciones sometidas a plazo o condición.

Manifiesta, que mientras el derecho convencional a la pensión de jubilación anticipada está vigente, se consolidó y

es actualmente exigible, la restitución de las sumas entregadas a título de indemnización no es exigible, carece de título y no está determinada, por lo cual sería a lo sumo una obligación natural, por lo que no existe una obligación a cargo del demandante que sea clara expresa y exigible. Anota que, en virtud del principio de congruencia, la sentencia que dicta el juez debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como en las demás oportunidades previstas procesalmente, debe observar igualmente las excepciones que aparezcan probadas, las cuales puede declarar de oficio, salvo que se

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Radicación n.° 92786 necesite alegación expresa del medio exceptivo por la parte interesada, por lo que aquél está obligado también a no condenar al demandante y menos si no se ha pedido por nadie, en aras de los principios de defensa y contradicción. Resalta, que la facultad decisoria en el grado jurisdiccional de consulta, se deriva necesariamente de lo discutido en el proceso y de las pruebas que lo demuestren, teniendo la oportunidad de ejercer los actos propios de defensa y contradicción. De cara a la conservación del monto pensional, asegura que el Tribunal entendió mal el parágrafo del artículo18 del Acuerdo 049 de 1990, en el sentido de tener por ausente la exigencia de pactar expresamente la no compartibilidad pensional en el instrumento convencional, soslayando que si en el texto convencional no hay una expresa estipulación de no compartibilidad pensional, la consecuencia normativa no

es otra que su existencia y la subrogación que la seguridad social hace de la pensión en la parte de su liquidación legal. Expone, que si el empleador cumplió con el pago de aportes, cesa el deber de pagar plenamente la pensión jubilatoria de origen convencional, ya que la administradora de la prestación la libera de la obligación de atender la extralegal en el monto cubierto por la legal asumida por la seguridad social. Pero como el de una y otra no siempre es igual, suele suceder que la reconocida por el empleador es mayor a la otorgada por la seguridad social y es precisamente respecto de este mayor valor que opera la figura de la

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Radicación n.° 92786 compartibilidad, tratándose de un derecho adquirido, máxime si se tiene en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 en nada afecto los derechos adquiridos antes de su vigencia. Acota, que no fue deseo de las partes disminuir el valor de la prestación pensional, quedando entonces a cargo del ex empleador el mayor valor, conforme al artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, porque en el texto convencional las partes no acordaron ni establecieron la compatibilidad pensional, lo que genera dicha obligación de mayor valor.

VIII. CONSIDERACIONES Aunque los cargos no son un modelo por seguir, su estudio deja ver que plantean un cuestionamiento de legalidad a la sentencia de segundo grado, bien definido, concerniente con el derecho a la pensión de jubilación por retiro voluntario del recurrente, pactada en la cláusula 2ª de la CCT 2002-2003 y su afectación por lo acordado en el Acta

de Conciliación que suscribieron las partes el 15 de abril de 2003, ante el Ministerio de la Protección Social. Previo a adentrarse en el estudio de los argumentos sustento de los cargos, advierte que en el alcance de la impugnación el recurrente solicita que se case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirme la de primer grado en cuanto ordenó el reconocimiento pensional. Al punto, es de señalar que el colegiado confirmó dicho

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Radicación n.° 92786 reconocimiento, efectuando una adición al numeral segundo del resuelve de la sentencia de primer grado y la avaló en lo demás, encontrándose allí el reconocimiento pensional efectuado por el a-quo. Igualmente pretende que se adicione la sentencia del juez unipersonal en el tópico de condenar a la demandada a la actualización monetaria de las sumas que resulten a su favor al momento del pago. Se observa que en la decisión de primera instancia que fue confirmada por la segunda, se ordenó: TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a reconocer, liquidar y pagar en favor del señor CARLOS BAEZ VALDERRAMA, sobre cada una de las mesadas de la pensión de jubilación especial por retiro voluntario, la indexación desde el momento de su causación y hasta cuando se haga efectivo el pago de las mismas. De donde se deriva que la indexación de las mesadas pendientes de pago, desde su causación y hasta su pago efectivo, fue ordenada por el a quo y confirmada en segundo grado, por lo que en este aspecto no hubo omisión alguna del

Tribunal. Claro lo anterior, de acuerdo con los planteamientos de los cargos que se estudiaran conjuntamente, como se señaló en precedencia, el problema jurídico se centra en determinar, si no obstante que el ISS – hoy – Colpensiones, reconoció al actor la pensión legal de vejez a partir del 20 de agosto de 2008, el Departamento de Boyacá debe continuar pagando,

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Radicación n.° 92786 en su mayor valor, la ‹‹pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario›› o si, como lo entendió el juzgador plural, se extinguió dicha obligación, como consecuencia de lo consagrado en el parágrafo tercero, del artículo 2°, de la Convención Colectiva de 2003; establecer si hay lugar a descontar del valor adeudado al demandante por concepto de mesadas pensionales la suma pagada al suscribir el acta de conciliación por concepto de indemnización por retiro voluntario y, por último, si se causaron intereses moratorios. Así las cosas, se precisa que no son objeto de controversia las siguientes conclusiones fácticas: i) que la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la demandada y el Sindicato de Obras Públicas de Boyacá, vigente desde el 1° de enero de 2003, contempló en su artículo 2º una pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario; ii) que el Departamento de Boyacá ofreció a los trabajadores un plan de retiro voluntario, a través del pago de una indemnización, al cual se acogió el demandante, por

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