CSJ - SL2260-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2260-2023 Radicación n.° 93578 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ MEIDELSO TORRES BELTRÁN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró la

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO S. A. FIDUAGRARIA S. A. y la SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR S. A. FIDUCIAR S. A. integrantes del CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM quien actúa como administrador y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO

DE REMANENTES DE TELECOM y TELEASOCIADAS EN

LIQUIDACIÓN – PAR.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 93578 La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria S. A. y la Sociedad Fiduciaria Popular S. A. Fiduciar S. A. integrantes del Consorcio de Remanentes Telecom quien actúa como administrador y vocero del PAR Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR, llamaron a juicio a José Meidelso Torres Beltrán, con el fin de obtener el reintegro de la suma de $240.303.604, conforme la sentencia CC SU377-2014 junto con los intereses moratorios.

Apoyaron sus peticiones, básicamente, en que i) el demandado fue trabajador oficial de la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM); ii) con posterioridad a su retiro incoó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba), solicitando su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada; iii) por sentencia del 1º de septiembre de 2009, el juez constitucional amparó sus derechos y ordenó incluirlo en dicho plan y a cancelarle las mesadas correspondientes desde su desvinculación real; iv) el 5 de octubre de 2009 dicha decisión fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica (Córdoba); v) Telecom dio cumplimiento al fallo de tutela, cancelando al accionado la suma de $240.303.604; vi) la Corte Constitucional en sentencia CC SU377-2014 revocó las determinaciones proferidas en favor del convocado; y vii) por lo anterior el llamado debe restituir dicho valor (f.º 2 a 10, del cuaderno principal). El demandado, al dar respuesta, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que laboró como trabajador oficial para Telecom; que instauró la acción

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Radicación n.° 93578 de tutela con el propósito de obtener su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada; las decisiones de los jueces constitucionales amparando su derecho; el acatamiento por parte del PAR Telecom del fallo de tutela, pero aclaró que solo recibió la suma de $127.174.999; y la expedición de la sentencia CC SU377-2014, proferida por la Corte

Constitucional por medio de la cual revocó aquellas determinaciones. Sobre los restantes señaló que no eran ciertas. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del enriquecimiento sin causa y prescripción (f.º 160 a 176, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de febrero de 2021, (f.º 191 a 192, en lo que respecta al CD y acta, del cuaderno principal), dispuso: PRIMERO: ORDENAR al señor JOSÉ MEIDELSO TORRES BELTRÁN que proceda a devolver la suma $240.303.604 que recibió del PAR TELECOM, en virtud del plan de pensión anticipada que había sido atendido vía constitucional.

SEGUNDO: ORDENARLE al señor JOSÉ MEIDELSO TORRES BELTRÁN que proceda a reconocer y pagar intereses moratorios sobre la suma anterior a partir del 12 de junio de 2014, conforme a los que estén vigentes para el momento en el que haga el pago efectivo de la obligación.

TERCERO: CONMINAR a la entidad accionante para que proceda en un plazo prudencial o permita que el demandado efectúe la devolución del dinero en cuotas o montos, sin que se llegue afectar su mínimo vital, salvo que el accionado tenga la capacidad económica para efectuar el pago de manera inmediata

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Radicación n.° 93578 y así lo manifieste, de lo contrario deberá el demandante permitirle el pago escalonado o periódico de dichos dineros.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de prescripción e inexistencia de enriquecimiento sin causa.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 25 de marzo de 2021, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el NUMERAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo (8º) laboral del Circuito de Bogotá D. C., audiencia pública celebrada el 3 de febrero de 2021, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES – TELECOM Y OTROS CONTRA JOSÉ MEIDELSO TORRES BELTRÁN, en el sentido de ordenar al demandado a reconocer y pagar los intereses por mora de que trata el artículo 1617 del Código Civil, sobre la suma dineraria objeto de reembolso, los cuales se causan desde la fecha de ejecutoria de la presente decisión hasta la data en que se efectúe el pago, conforme lo enunciado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia aquí estudiada.

COSTAS. Se confirma la decisión que sobre costas impartió el A quo. En segunda instancia las costas estarán a cargo de la parte apelante, para tal efecto se fijan como agencias en derecho la suma de $100.000, liquídense en la primera instancia. El Tribunal en atención al artículo 66A CPTSS, determinó como problema jurídico a definir si el demandado José Meidelso Torres Beltrán, estaba obligado a devolver a la

demandante la suma de $240.303.604, recibida por mesadas pensionales y, en caso positivo, si en este asunto operó la prescripción.

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Radicación n.° 93578

1. Del Reembolso de las mesadas pensionales Refirió, que el demandado junto con otras personas en el año de 2009, promovieron una acción de tutela en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de la extinta Telecom, conocimiento que le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba) en primera instancia, quien decidió tutelar y ordenó incluir al demandado en el plan de pensión anticipada, así como pagarle las mesadas correspondientes desde la fecha de su desvinculación real1; determinación que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica (Córdoba), mediante proveído del 5 de octubre de 20092, sin embargo, a través de la sentencia CC SU377-2014 se revocaron los fallos constitucionales emitidos por los juzgados antes mencionados y negó el amparo3.

Advirtió, que frente a esta decisión la demandante elevó escrito de aclaración, adición o corrección de la decisión, siendo resuelta por Auto 503 de 22 de octubre de 2015, en cuyos considerandos la Corte Constitucional indicó que: el PAR de Telecom, podía hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de obligación desapareció».

1 f.º 134 a 142 2 f.º 143 a 151 3 f.º 152 CD

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Radicación n.° 93578 Indicó, que el accionado recibió los dineros percibidos a título de pensión anticipada, pues de ello daba cuenta i) las consultas de pagos a terceros al Banco de Occidente, el comprobante de depósitos judiciales y la certificación emanada de la actora4 conforme los fallos de tutela emitidos por los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba) y Promiscuo de Familia de Lorica (Córdoba), pero perdieron fundamento jurídico en virtud de la sentencia CC SU377-2014, siendo lógica la devolución de los dineros, pues de no ser así, existiría un enriquecimiento sin justa causa, sustentado en un aumento patrimonial del accionado y un correlativo empobrecimiento de la entidad demandante, sin que medie una justa razón para ese enriquecimiento, en la medida en que la sentencia de tutela a través de la cual se dieron los pagos quedaron sin efecto, desapareciendo el soporte jurídico para que el demandado recibiera las mesadas producto de la sentencia anticipada. Determinó, que con ello se cumplía los presupuestos propios de esa figura, acorde a lo dicho por la Sala de Casación Civil de esta corporación, en providencia del 4 de abril de 2013 (sin indicar radicación), en la que explicó: En síntesis, la acerada jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como mercantil, que un individuo obtenga una ventaja patrimonial;

que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlación y correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que el desplazamiento 4 f.º 123 a 133

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Radicación n.° 93578 patrimonial se verifique sin causa jurídica que lo justifique, o lo que es igual, que la relación patrimonial no encuentre fundamento en la ley o en la autonomía privada; que el afectado no cuente con una acción diversa para remediar el desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acción no se pretenda soslayar una disposición legal imperativa. Refirió, que pese a que en la sentencia CC SU377-2014, la Corte Constitucional no dispuso expresamente la devolución de los dineros entregados al convocado, con sustento en lo previsto en la sentencia de tutela proferida el 1° de septiembre de 2009 por el Juzgado Primero Promiscuo de Lorica – Córdoba, era patente que con su revocatoria desaparecían los efectos jurídicos de esta y con ello la obligación del demandado a restituir los dineros percibidos a título de pensión anticipada por valor de $240.303.604, que fueron recibidos tal como lo dispuso el juez constitucional, y que daba cuenta la prueba atrás aludida5. Adujo, que no era atendible lo pretendido por el llamado a juicio, en punto a que aplicara a este asunto lo definido en

la sentencia CC T214-2018, en la cual no se accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados por el PAR Telecom al aducir una presunta vulneración por parte del Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia promovido contra el señor César Olmedo Triana Quiroz, en el cual dicha autoridad judicial no accedió a la devolución de las sumas de dinero que le fueron reconocidas y pagadas a este, ello porque, como lo estableció la propia Corte Constitucional en 5 f.º 123 a 133

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Radicación n.° 93578 el Auto 503 de 2015, que aclaró y corrigió la sentencia SU 377 de 2014, que: Las sentencias de los jueces de tutela tienen efectos inter partes. Es decir, que solo definen o modifican las circunstancias jurídicas de las personas que fueron parte del proceso constitucional, sin que puedan asignarle un derecho o crearle una obligación a algún tercero que no ha sido convocado. Los efectos de la decisión se limitan al caso que se estudia, y todas las órdenes que se emitan deben estar dirigidas para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo (art. 86, CP). Excepcionalmente la Corte Constitucional emite sentencias con efectos inter comunis, cuya implicación es extender las órdenes que en ella se imparten hacia personas que no son accionantes, pero se encuentran en condiciones comunes a las de los afectados que sí son parte en el proceso. Manifestó, que esa clase de decisiones «inter comunis»

hace alusión a sentencias de unificación proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, que no se corresponde con la sentencia de tutela que la parte convocada pretende le sea aplicada a su caso particular. Dijo, que en lo que incumbía a los principios de buena fe y confianza legítima, se entendía que una vez se presenta el cumplimiento de la obligación y se recibían los dineros, venía la impugnación y luego la revisión de la sentencia de tutela, como aconteció en este asunto, destacando que una vez la decisión este en sede de revisión ya no podía hablarse que mediaba buena fe, pues se concebía que al estar en cuestionamiento la decisión, era posible que hubiese sentencia y que la Corte Constitucional revocara la decisión como en efecto lo hizo, por tanto, esa confianza legítima no podía ser considerada como definitiva ante la posibilidad de

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Radicación n.° 93578 que se fallara en contrario y quien recibió el dinero estaba ante el evento de que podía revocarse la decisión, como sucedió; de manera que estos principios no son escudo suficiente para considerar que los dineros no debían ser devueltos. Estimó que avalaba la decisión del a quo en este aspecto no así frente a los intereses moratorios, puesto que estos estaban sustentados en la tardanza en el pago de la obligación debida por el deudor, respecto de los cuales no podía pretenderse en el sub examine desde la fecha en que fue emitida la sentencia CC SU377-2014, ya que solo hasta la data en que se profiere tal decisión, se dan las condiciones

para la procedencia del reembolso reclamado, con sustento en la verificación de un enriquecimiento sin justa causa por parte de extremo pasivo. En ese entendido, modificó el fallo del juez singular, en punto a que los intereses moratorios corrían a partir de la fecha de ejecutoria de la presente decisión, que corresponden a los legales, dada la naturaleza jurídica de la obligación, en tanto no le resultaban aplicables los previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ni los intereses comerciales de que trata los artículos 884 y 1163 del Código de Comercio, quedando como única posibilidad acudir al interés legal previsto en el artículo 1617 del Código Civil equivalente al 6 % anual.

2. De la prescripción

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Radicación n.° 93578 Rememoró que la excepción de prescripción es la figura jurídica mediante la cual se perdía el derecho por no haber ejercido la acción, por regla general, en el término de tres años contados a partir del momento en que se consolida o se hace exigible el derecho, según lo reglado en el artículo 488 del CST y el art. 151 del CPTSS. Adujo, que de esa perspectiva, el término para el recobro de las mesadas de la pensión anticipada, canceladas en virtud del fallo de tutela proferido el 1º de septiembre de 2009 por el Juzgado Primero Promiscuo de Lorica - Córdoba, no corría a partir de la expedición de la sentencia CC SU3772014, emitida el 12 de junio de esa anualidad, como lo pretendía el apelante, sino desde que se profirió el Auto 503

del 22 de octubre de 2015, mediante el cual se aclaró y corrigió la sentencia de unificación en mención. Explicó lo anterior, porque la misma Corte Constitucional lo indicó en el auto referido, en punto a que se ha admitido, con carácter excepcional, la procedencia de la aclaración o adición de sentencias de tutela proferidas en sede de revisión, cuando la solicitud sea presentada dentro del término de ejecutoria del fallo, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación, por una persona legitimada para tal fin, que haya sido parte en el proceso; solicitud que debía versar sobre conceptos o frases que objetivamente ofrezcan duda, siempre que estén ubicadas en la parte resolutiva, o en la motiva si influyen en aquella; precisando que en el caso de la adición, ella procede ante la omisión de la Corte de resolver cualquiera de los extremos de la litis o de

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Radicación n.° 93578 otro aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento; todo ello, con sustento en los artículos 286 y 287 del CGP, siendo igualmente aplicable lo que al respecto ha previsto el 302 ejusdem en relación con la ejecutoria de las providencias, en el sentido de que estas quedaran ejecutoriadas y por ende cobraban firmeza, una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación que sobre ellas formule. Precisó, que tal como lo entendió el a quo, la sentencia CC SU377-2014, cobro firmeza una vez fue resuelta la solicitud de adición, aclaración y corrección, que lo fue a través del Auto 503 del 22 de octubre de 2015, y como la

demanda se formuló 23 de noviembre de 20176, no trascurrió el término de los tres años y por tanto no operó el fenómeno de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por José Meidelso Torres Beltrán, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de a quo y en su lugar se le absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra. 6 f.º 153

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Radicación n.° 93578 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se pasan a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, […] la sentencia impugnada de conformidad con la causal primera de casación prevista en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Ser la sentencia violatoria de la Ley sustancial, por infracción directa, por falta de aplicación del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, con referencia a los arts. 4°, 29, 243 de la Constitución Política. y arts. 21 y 23

Decreto 2067 de 1991. En el desarrollo del ataque dice que el ad que debió aplicar el artículo 19 del CST, en razón a que en este asunto se fundamentó en el enriquecimiento sin causa, tema que no se encuentra regulado en materia laboral. Indica, que es amplia la jurisprudencia de esta Corte que establece los requisitos y elementos estructurales de la

«Actio in rem verso», que el juez de alzada no la tuvo en cuenta debido a la no aplicación del mencionado precepto, pues simplemente consideró que ante la revocatoria del fallo de tutela a través de la sentencia CC SU-3772014, se produjo automáticamente el enriquecimiento. A efecto, trae lo expuesto por la Sala de Casación Civil de esta Corte, en la sentencia del 18 de julio de 2005, Exp. No. 1999-0335-01.

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Radicación n.° 93578 Insiste, en que, si el colegiado hubiese aplicado correctamente la norma denunciada habría tenido en cuenta el desarrollo jurisprudencial de la acción de enriquecimiento sin justa causa y otra sería la decisión, esto es, negar las pretensiones de la demanda. Refiere, que en la sentencia CC T214-2018 se adoctrinó que las sentencias de tutela decaídas en la revisión generan efectos jurídicos mientras estuvieron vigentes y que en este asunto las sentencias tutelares de los jueces de primera y segunda instancia, de Lorica, decaídas en la revisión, al decir de la misma Corte, son la fuente y causa jurídica del desplazamiento patrimonial entre los dos sujetos, que desvirtúa el enriquecimiento sin causa justa (Demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa, […] la sentencia impugnada de conformidad con la causal primera de casación prevista en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Ser la sentencia violatoria

de la Ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 243 de la Constitución Nacional y artículos 21 y 23 del Decreto 2067 de 1991. Arguye, que la sentencia criticada quebrantó la ley sustancial por la no aplicación de los preceptos denunciados, puesto que el juez tiene el deber legal de mantener el respeto a la integridad de la Constitución y su supremacía sobre toda clase de leyes, así como el deber de acatar la jurisprudencia

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Radicación n.° 93578 constitucional, como bien lo ha adoctrinado esa Corporación. Al respecto, reproduce la sentencia CC T009-2019. Reitera, que si el ad quem, hubiere dado aplicación a los preceptos denunciado y a la sentencia CC ST214-2018, que resolvió un caso de similar y en la que aduce se aclaró lo dicho en la CC SU-377-2014, en relación a la devolución de dineros pagados en cumplimiento de las decisiones de tutelas, la Corte Constitucional no la hubiera revocado en sede de revisión. Reproduce lo ahí expuesto. Expresa, que si el Tribunal hubiese aplicado correctamente las normas acusadas y tenido en cuenta la sentencia CC T214-2018, en la que se precisó «En efecto, las prestaciones por él percibidas se derivaron de una orden judicial proferida por el juez de tutela que, no obstante haber sido revocada por este Tribunal, produjo efectos jurídicos en el interregno en que estuvo vigente», habría revocado el fallo del a quo y ordenado la absolución de las pretensiones incoadas

en su contra (Demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO TERCERO Acusa, […] la sentencia impugnada de conformidad con la causal primera de casación, prevista en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial por infracción indirecta, Artículos 4, 25 y 83 de la Constitución Política, artículo 9 C.S.T. Artículos 1603 y 2319 C.C.

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Radicación n.° 93578 Precisa, que el quebranto de tales normas dio lugar a errores de hecho, manifiestos y evidentes, cometidos por el ad quem, al dar por probado sin estarlo que el demandado, aquí recurrente en casación, actúo de mala fe, pese a que en el plenario no obra prueba de ello y en la que en la sentencia CC SU377-2014, decantó que las actuaciones de los accionantes no se enmarcaron en aquél tipo de conducta. Expresa, que el colegiado erró al suponer que no tenía derecho al plan de pensión anticipada, pues tal manifestación no aparece inserta en la pluricitada sentencia. Agrega, que aunque dicha providencia revocó los fallos de tutelas de instancia, ello obedeció a la ausencia del requisito de inmediatez más no efectúo ningún análisis de fondo sobre la viabilidad de dicha prestación. Reitera, que la decisión fustigada no efectúo un debido análisis del asunto, que lo condujo a confirmar la decisión del juez singular (Demanda de casación, del cuaderno digital

de la Corte).

IX. RÉPLICA Advierte el Consorcio Fiduciario de Remanentes de Telecom, que el Tribunal no incurrió en los desatinos de inteligencia que propone la censura, que impide que se case la sentencia amén de que los ataques formulados presentan deficiencias de orden técnico.

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Radicación n.° 93578 Precisa, que en los dos primeros ataques no expone argumentos dirigidos a acreditar el yerro jurídico del colegiado, además de imputar la infracción directa de normas que sí fueron soporte de la decisión impugnada; y, en el tercero, que dirigió por la vía indirecta, carece de la argumentación requerida en arras de acreditar los eventuales errores de hecho y cómo estos se causaron. Refiere, que el ad quem fundó su determinación en el hecho que, en sede de revisión, la Corte Constitucional revocó las providencias de tutela que ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión del demandado y, no obstante, este no debatió tal argumentación, por tanto, el fallo fustigado debe mantenerse incólume . Destaca, que el recurrente eligió erróneamente cargos directos para proponer la crítica formulada, siendo que la decisión fustigada está soportada eminentemente en sucesos de tipo fáctico, por ende, la formulación extraordinaria, necesariamente, debía encausarse por la vía de los hechos, señalando, claro está, los yerros de naturaleza protuberante, proceder que, sorprendente, también omitió la impugnación, y respecto de las consideraciones que realmente estudió el

Tribunal. Recalca, que, un cargo jurídico, implica una correcta formulación y provoca que se deben admitir previamente los sucesos fácticos a los que sentenciador les ofreció total credibilidad, de donde se sigue que, si la impugnación aprobó tales soportes, esas inferencias probatorias están trabajando

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Radicación n.° 93578 y tienen toda la capacidad para mantener incólume el fallo acusado. Indica, que el recurrente no precisó el precepto sustancial de alcance nacional que establece el derecho que reclama, por ende, los ataques deben desestimarse (Escrito de oposición, del expediente digital de la Corte).

X. CONSIDERACIONES Frente a los reparos de orden técnico que hace la opositora, corresponde decir que no impide a la Corte adentrarse en el estudio de fondo de los cargos, puesto que de las acusaciones en conjunto se logra extraer los reproches del censor contra el fallo fustigado en tanto que i) desde el , punto de vista jurídico el ad quem no tuvo en cuenta la institución jurídica «actio in rem verso» y la fuerza vinculante de las decisiones de tutela de la Corte Constitucional y ii) a partir del pórtico de lo fáctico, se equivocó al examinar la sentencia de unificación y concluir que el demandado actúo de mala fe y no tenía derecho a percibir la prestación pensional que reclamó a través de la acción constitucional.

En ese orden se resolverán los cuestionamientos reseñados, no sin antes precisar que en el sub examine no se discute, que: i) el convocado incoó una acción de tutela

contra el PAR Telecom con el fin de logar su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada; ii) el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba), concedió el amparo, mediante sentencia de 1° de septiembre de 2009; iii) dicha decisión fue

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Radicación n.° 93578 confirmada en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, el 5 de octubre de esa anualidad; iv) el accionado en esa época, acató la orden constitucional y pagó al convocado la suma de $240.303.604, por concepto de mesadas pensionales, y v) mediante sentencia CC SU-3772014, aclarada en auto 503 del 22 de octubre de 2015, la Corte Constitucional revocó dichas providencias. Pues bien, de cara a las críticas que trae el recurrente en casación, la Corte ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto de similares contornos al presenten, en el que la demandante es la misma y la pasiva es uno de los trabajadores que también pertenecían al igual que el aquí convocado al mismo grupo de accionantes que pretendieron beneficiarse del Plan de Pensión Anticipada, cuyos fallos de tutela, fueron emitidos por los mismos jueces constitucionales que desataron la controversia. A efecto, la sentencia CSJ SL 305-2022, analizó los siguientes temas: i) los elementos de la «actio in rem verso» institución jurídica, sobre la cual el impugnante destacó su no aplicación por el Tribunal para definir el asunto; al respecto

se precisó: Razón le asiste a la censura al afirmar que en materia laboral no existe norma expresa que regule la citada acción; no obstante, no acierta al alegar que cuando un asunto no está expresamente regulado en el ordenamiento laboral, el deber del juez se circunscribe a aplicar la jurisprudencia del trabajo que se haya ocupado de aquel.

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Radicación n.° 93578 Lo anterior, toda vez que conforme el artículo 230 de la Constitución Política, «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley», y «la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial». En concordancia con tal norma Superior, los artículos 8.º de la Ley 153 de 1887 -declarado exequible en sentencia CC C-0831995-, 19 del Código Sustantivo del Trabajo -que el censor acusa por infracción directay 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social -en materia procesalestablecen que en los casos en que no exista norma exactamente aplicable a un asunto determinado, el juez debe optar por la aplicación analógica de la ley. Precisamente, en la citada sentencia de exequibilidad, la Corte Constitucional estableció que dicho método de integración jurídica tiene como fundamento el principio de igualdad y se expresa mediante la aplicación de disposiciones normativas o principios generales a situaciones que pese a no tener una regulación expresa, solo difieren de aquellas que sí lo están en

aspectos jurídicamente irrelevantes; es decir, los que no explican la razón de ser de la norma. Y, según la doctrina y la jurisprudencia, la analogía ocurre por vía legis en aquellos casos en los que el juez aplica una ley a una situación fáctica no contemplada explícitamente en aquella, pero esencialmente igual; o por vía iuris, en los casos en que, a partir de diversas disposiciones normativas, el operador judicial extrae los principios generales que las componen y por vía de inducción aplica dichos preceptos a situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada (CC C-083-1995). En esa perspectiva, y en contraste a lo expuesto por el censor, cuando un asunto que le corresponda resolver al juez laboral no cuente con una normativa expresa que le sea aplicable, le corresponderá acudir, en principio, a la aplicación analógica de la ley. Ahora, al margen de la anterior precisión, lo cierto es que el Tribunal fundó su decisión en los efectos jurídicos de la sentencia CC SU-377-2014, al considerar que esta eliminó la fuente de la obligación del PAR Telecom de reconocer la pensión al demandado, en la medida que revocó las decisiones de los jueces constitucionales de instancias que así lo ordenaron, y que aun cuando en aquella no se analizó de fondo el derecho pensional del demandado, a este le corresponde reintegrar los valores que le pagaron, pues no demostró que le asistiera derecho a recibir la prestación. Con fundamento en lo anterior concluyó que el accionado «se enriqueció sin justa causa».

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Radicación n.° 93578 Pues bien, para la Sala, esta última mención del Tribunal significó la aplicación de un principio general del derecho, según el cual nadie puede incrementar su patrimonio sin razón justificada en detrimento de otro. Así, el juez de segundo grado no se ocupó de analizar los elementos constitutivos de la actio in rem verso, entendida como aquel remedio judicial que el ordenamiento jurídico prevé, en materia civil y comercial, como conducente para obtener la restitución o compensación de aquello que disminuyó, sin causa justa, el haber financiero de un sujeto en favor de otro; luego, obviamente tampoco r