CSJ - SL2261-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2261-2023 Radicación n.° 93792 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP como litisconsorte por pasiva, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que WALTER ARLEY QUICENO DAZA le instauró a INGENIERÍA COLOMBIANA DE TRAZADOS Y ESTUDIOS S. A. -INCOLTES S. A.- al que fue vinculada la recurrente y SEGUROS DEL ESTADO S. A. como llamado en garantía.

I. ANTECEDENTES Walter Arley Quiceno Daza llamó a juicio a Ingeniería Colombiana de Trazados y Estudios S. A. -Incoltes S. A.-, con

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Radicación n.° 93792 el fin de que se declarara la existencia de la diferencia salarial deficitaria tomada como base para el pago de las incapacidades de las que fue objeto y, la culpa patronal con ocasión del accidente de trabajo sufrido el «7 de noviembre de 2013». En consecuencia, se condenara al pago de las sumas diferenciales y la indemnización total y ordinaria de perjuicios en forma solidaria con los socios de la empresa demandada, a su favor y de su núcleo familiar, incluido el menoscabo material, moral, daños de relación y demás que

se demostraran y las costas. Fundamentó sus peticiones, en que para la presentación de la demanda se encontraba vinculado a la demandada, desempeñando el cargo de ayudante en el área de la construcción; que el 7 de octubre de 2012, cuando sufrió el accidente de trabajo, estando bajo la dirección, supervisión y órdenes del encargado de la obra en que laboraba, hacía perforaciones a una peña con un taladro, para llenarlas con cemento expansivo -cras-; que en la zona había agujeros previamente rellenados, siéndole indicado realizar otras adicionales cerca a los mencionados; que preguntó sobre la existencia del peligro de hacer nuevos hoyos junto a los anteriores, frente a lo cual, la respuesta fue, «hágale, no hay ningún problema, no le pasa nada» y ante la réplica «¿seguro?», el encargado de la obra contestó «seguro, hágale tranquilo». Afirmó que, no le fue dado ningún tipo de instrucción respecto al manejo del material cras y sus posibles peligros; que no le fueron entregados los elementos de seguridad que

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Radicación n.° 93792 describe la hoja de seguridad del producto, como son lentes de protección y máscaras de gas; que en el momento de hacer los huecos con el taladro, el material cras tuvo una reacción de ignición y explosión, lanzándolo por el aire, quemando sus ojos; que fue remitido al servicio médico con la hoja de seguridad del producto como guía; que perdió casi totalmente la visión por su ojo derecho y parcialmente la del izquierdo,

dado que ve nublado, consecuencia de severas quemaduras; que para la presentación de la demanda llevaba 300 días incapacitado, siendo objeto de varios procedimientos médicos, inclusive, injertos de células madre. Anotó, que para el 12 de septiembre de 2013 los especialistas le notificaron el dictamen de no recuperación; que su diagnóstico fue «secuela del traumatismo del ojo y la órbita fibrosis de fondo en saco o), trastornos inflamatorios crónicos de la órbita (ojo seco severo secundario a sj) y quemadura de otras partes del ojo y sus anexos (quemadura por álcalis ojo derecho); que la afectación del ojo derecho fue grado IV y del izquierdo grado II; que su grupo familiar está integrado por sus dos menores hijas y su esposa y que las incapacidades quincenales que le habían sido reconocidas eran inferiores a su salario real que correspondía a un SMLMV según su afiliación al sistema de salud (f.° 1 a 6 del cuaderno digital del juzgado). Ingeniería Colombiana de Trazados y Estudios S. A. - Incoltes S. A.- se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como cierta la ocurrencia del accidente, mas no que el encargado de la obra le haya asignado la labor, pues

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Radicación n.° 93792 el demandante era ayudante de construcción; que la perforación de peñas sólo la hace una persona calificada, no un ayudante; que los hoyos se hacen y se dejan hasta el día siguiente y, a las rocas ya agujeradas y rellenadas con cras

no se le hacen nuevas perforaciones, contrario a lo que se dice en la demanda; que lo ocurrido atendió a la imprudencia del trabajador que se metió a la pila que estaba ya cargada y tiene una profundidad de 6 o 7 metros, allí prendió un cigarrillo y con la llama, ocasionó la explosión que se presenta por los gases que se encontraban concentrados. Igualmente aceptó el no haber dado instrucciones para la labor, así como no suministrar los elementos de protección al no ser una tarea asignada, empero, sí entregó al demandante uniformes, botas, gafas, guantes, cascos, que correspondían a la labor para la que fue contratado como ayudante de construcción. Dijo que el cras es un elemento expansivo, no explosivo y que los pagos salariales no los hace quincenalmente, remunerando al demandante con un SMLMV más el subsidio de transporte y bonificación por el mismo rubro. En su defensa propuso las excepciones de mérito de culpa exclusiva de la víctima; prescripción y fuerza mayor (f.° 49 a 54, ibidem). Empresas Públicas de Medellín ESP, vinculada en audiencia del 8 de julio de 2014 (f.° 177 a 179 y 422), bajo la figura de «solidaridad laboral», contestó la demanda sosteniendo que al no mediar vínculo de su entidad con el

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Radicación n.° 93792 demandante, no le era posible afirmar o negar los hechos; que tuvo una relación comercial con la demandada a través del Contrato Civil CT-2012-000649, cuyo objeto fue la

«Reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas»; que el accidente del demandante, según el reporte de ARL Positiva, ocurrió no el 7 de octubre de 2012, sino el 7 de noviembre del mismo año; y, que el hecho fue comunicado por Incoltes S. A. informando que, al no utilizar las gafas de protección, que se le habían entregado, ocurrió el suceso por culpa exclusiva de la víctima. Presentó como excepciones, pago; buena fe; inexistencia total de la obligación; falta de legitimación en la causa para obrar tanto por activa como por pasiva; falta de causa y carencia de acción; inexistencia de culpa suficientemente comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo; culpa de la víctima; prescripción; e inexistencia de solidaridad (f.° 211 a 248, ibidem). Seguros del Estado S. A., quien fue llamado en garantía por Empresas Públicas de Medellín ESP (f.° 391), el que fue admitido por auto del 27 de abril de 2015 (f.° 411 a 412), expresó no constarle los hechos de la demanda y excepcionó de fondo, ausencia de responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín ESP, por cuanto no se encuentra probada su solidaridad con la empresa Incoltes S. A. y las funciones desarrolladas por el señor Walter Arley Quiceno Daza; inexistencia de la obligación de Empresas Públicas de Medellín ESP por no acreditarse el incumplimiento de la

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empresa Incoltes S. A.; y, buena fe e imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las sanciones laborales. En torno al llamamiento en garantía excepcionó, cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de seguro de cumplimiento a favor de la entidad estatal; imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento por las conductas contempladas en el artículo 65 del CST y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado S. A. si se declara relación laboral directa entre el señor Walter Arley Quiceno Daza y el asegurado Empresas Públicas de Medellín ESP; compensación; límite de la responsabilidad; y, la genérica (f.° 428 a 439, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, por sentencia del 14 de julio de 2016 (f.° 522 a 523 acta del

cuaderno digital del Juzgado), decidió: PRIMERO: Se CONDENA a INCOLTES S. A., representado legalmente por FERNANDO MONTOYA TAMAYO o por quien hiciere sus veces, a cancelar a favor del señor WALTER ARLEY

QUICENO DAZA la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($215.361.420.53) como indemnización total y ordinaria de perjuicios.

SEGUNDO: Se ABSUELVE de los cargos impetrados a

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP y SEGUROS DEL

ESTADO S. A. llamada en garantía.

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TERCERO: Las excepciones propuestas quedan implícitamente resueltas.

CUARTO: Costas a cargo de INCOLTES S. A., como Agencias en derecho se fija la suma de […].

QUINTO: Se absuelve a INCOLTES S.A de los restantes cargos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante y de Incoltes S.

A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 8 de octubre de 2021 (Cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el 14 de julio de 2016, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por WALTER ARLEY QUICENO DAZA contra INCOLTES S.A, al que fue integrado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, revocándola parcialmente para declarar solidariamente responsable -a esta última entidadde la condena impuesta a cargo de INCOLTES S. A., en favor del aquí demandante, y para extender el efecto de la presente decisión a la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S. A., de conformidad con la póliza 6544-101075398 hasta el tope asegurado en ella y, adicionándola en cuanto se ordena la indexación de la suma de dinero que se ordenó pagar en favor del referido demandante. SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de INCOLTES S. A.

[…]. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver se centraría en establecer si medió culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por el actor y, de ser el caso, si Empresas Públicas de Medellín ESP era solidariamente responsable de las condenas impuestas a Incoltes S. A. en primera instancia y, si procedía ordenar el

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Radicación n.° 93792 pago de perjuicios en favor del grupo familiar del actor, constituido por su cónyuge e hijos. Descartó la inclusión del tema de la obligatoriedad de pago de indemnización por daño a la salud y/o vida de relación en favor del demandante al no ser previsto en la alzada.

Valoró que: - Walter Arley Quiceno Daza nació el 23 de septiembre de 19861. - Walter Arley Quiceno Daza y Maricela Ciro Ramírez, contrajeron matrimonio el 22 de julio de 20072. Procrearon a Yesica Lorena Quiceno Ciro nació el 20 de noviembre de 20063 y a Johan Arley Quiceno Ciro, quien nació el 11 de marzo de 20104. - INCOLTES S. A. y Empresas Públicas de Medellín ESP suscribieron contrato CT-2012000649 para la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas. La oferta se aceptó en comunicación del 25 de julio de 20125. - Hoja de seguridad CRAS6. - Formato de informe de accidente de trabajo radicado el 14 de

noviembre de 2012 en Positiva, en que se lee como descripción del accidente: “El miércoles 7 de noviembre a las 14:15 pm. El trabajador descendió a la pila N.° 9 a continuar con las perforaciones a la roca para su demolición. Estas perforaciones se llenan con una emulsión espesa de un mortero expansivo preparada mezclando litro y ½ de agua con 5 kilos de un talco de mortero. Cuando se encontraba en la ejecución de las perforaciones ocurrió una explosión arrojando material a la cara y ojos”7. 1 f.° 572 2 f.° 27 3 f.° 25 4 f.° 26 5 f.° 335-339 6 f.° 9-10 y 359-363 7 f.° 30

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Radicación n.° 93792 - INCOLTES S. A. reportó la ocurrencia del accidente del hoy demandante a Empresas Públicas de Medellín ESP, mediante correo electrónico enviado el 04 de diciembre de 20148. - El hoy demandante fue valorado por siquiatría el 17 de octubre de 2014 y el 16 de diciembre del mismo año, siendo diagnosticado con trastorno de la adaptación con ánimo triste, asociado a secuelas irreversibles de accidente laboral9. - Positiva emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Quiceno Daza el 28 de enero de 2015, determinando que asciende al 71.15% y fue estructurada el 12 de febrero de 201410. - Positiva Compañía de Seguros comunicó al demandante,

mediante documento fechado el 27 de abril de 2015, el reconocimiento de pensión de invalidez a partir del 14 de abril de 2014, en cuantía de la pensión mínima para cada año, por presentar una pérdida de capacidad laboral del 71.15%, estructurada el 12 de febrero de 201411. Indicó que, tal como lo advirtió el demandante en su alzada, en el empleador, radicó el deber de prevención de accidentes y enfermedades de sus trabajadores, pues, para cuando ocurrió el accidente en el año 2012, regía el Título III de la Ley 9 de 1979 (artículo 84 y 122) y el Decreto 1295 de 1994 (artículos 21, 58 y 62), que implicaban para la patronal la creación y materialización de una verdadera política preventiva de riesgos. Transcribe las normas antes mencionadas para decir que, de ellas se desprende que, entre las obligaciones del empleador se encuentra no solo la de proveer elementos de protección adecuados conforme a la labor desarrollada; así como equipos y herramientas de trabajo en buen estado de conservación; si no también, para lo que interesa al proceso, 8 f.° 357 9 f.° 505-506 10 f.° 493-504 11 f.° 92

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Radicación n.° 93792 las de suministrar capacitación sobre la actividad a desarrollar, en materia de prevención de accidentes y sobre el uso de herramientas, maquinarias y elementos de protección; así como supervisar que los trabajadores hagan uso adecuado de estos últimos, citando a esta Corporación conforme a las sentencias con radicado 16782 de 2001,

23489 de 2005 y 29644 de 2007, en el sentido que compete al empleador adoptar las medidas íntegramente, entregando elementos de protección, capacitando sobre su utilización y vigilando su uso; que lo entregado al trabajador sea óptimo, no defectuoso, pues el riesgo de la ocurrencia del accidente de trabajo persiste y, adicionalmente debe garantizarse al trabajador que el medio en el que desarrolla su actividad (la infraestructura, el espacio, los bienes sobre los que se labora) también esté en óptimas condiciones. Alude que, siendo así, la procedencia de la culpa patronal deprecada en la demanda, deriva de una responsabilidad subjetiva de aquel a quien se le endilga, por tanto, es del resorte del trabajador acreditar con suficiencia la referida responsabilidad, con miras a obtener una compensación económica con ocasión de la ocurrencia del accidente, distinta a las reguladas por el sistema de riesgos laborales. Analizando el alcance del artículo 216 del CST y la carga de la prueba, concluyó, en relación a la culpa patronal y el nexo de causalidad:

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Radicación n.° 93792 Estando acreditada que la función del demandante era la de perforar las pilas, misma que estaba desarrollando cuando se presentó el accidente, es claro que la demandada debió aportar al debate probatorio, la documental o la testimonial que dieran cuenta puntual de las capacitaciones recibidas por éste, que siendo campesino, usualmente dedicado a las labores de agricultura -hecho no discutido en esta instancia-, requería para adelantar su gestión, así como la que demostrara el conocimiento

impartido al trabajador sobre el manejo del cras, no porque fuera él quien lo aplicara, si no por la prohibición de ingresar a las pilas a continuar perforando una vez éste fuera aplicado, el uso de los elementos de protección y el seguimiento constante al cumplimiento del uso debido de estas herramientas para garantizar la salud del trabajador o la disminución de efectos ante la ocurrencia de un accidente, se tiene que Incoltes S. A. no aportó caudal probatorio documental que forme el convencimiento de la judicatura en ese sentido. Asimismo, las declaraciones recibidas afirman i) que se hizo una inducción en torno a las labores a desempañar, pero ninguno de los declarantes estuvo cuando se afirma que se brindó la misma al señor Quiceno Daza; ii) que se entregaron los elementos de protección, sin individualizar los mismos, ni haber declarado la persona que hizo la entrega; iii) que se puso en conocimiento del trabajador la prohibición de ingreso a las pilas luego de la aplicación del cras, más no se precisó en qué momento se le dio a conocer la prohibición o quién lo hizo; iv) que los trabajadores, incluido el demandante, estilaban no usar los elementos de seguridad asignados para su protección, más no expresaron si hubo o no llamados de atención o la adopción de sanciones como consecuencia de ello. Se desprende de lo anterior que INCOLTES S. A. no acreditó el cumplimiento de sus deberes, según lo anteriormente explicado, pues no se anexaron planillas, ni declaraciones que dieran cuenta clara e indubitable de su satisfacción, como tampoco satisfizo la demandada la carga de demostrar siquiera la

implementación del sistema de salud ocupacional diseñado al interior de la empresa, con controles en el medio, la fuente y la persona dirigidas a minimizar la potencialidad de ocurrencia del riesgo, ni la adopción de mecanismos estructurales para evitar lo ocurrido o haber ejercido vigilancia continua sobre el cumplimiento de estos controles, ni las medidas de corrección pertinentes, desconociéndose no sólo la existencia y periodicidad, si no el contenido y el nivel de comprensión de los trabajadores, en especial del demandante. c) El nexo de causalidad entre el daño y la culpa No hay duda para la Sala, sobre la existencia del nexo causal entre el daño padecido por el demandante, correspondiente a su pérdida de capacidad laboral ocasionada por la ocurrencia del

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Radicación n.° 93792 accidente, con la culpa de Incoltes S. A.; pues de haber mediado el comportamiento obligatorio de un empleador diligente, no sólo habrían suministrado al demandante los elementos necesarios para ejecutar su función, si no también, instruido sobre la necesidad de utilizarlos y habría sido constante la capacitación y supervisión requeridas a fin de evitar en lo posible accidentes o siquiera, disminuir al máximo el riesgo que finalmente se materializó, y que de haberlas cumplido hubiera generado consecuencias menos adversas para la salud del señor Quiceno Daza. Dicho análisis conduce a confirmar en este aspecto, la sentencia conocida en apelación, porque, estando invertida la carga de la prueba, la demandada no formó el convencimiento judicial en torno al cumplimiento de su diligencia y cuidado en la ejecución

del contrato del demandante y por tanto incurrió en la culpa deprecada en la demanda, que conlleva el pago de perjuicios correspondientes. Declaró la responsabilidad solidaria de Empresas Públicas de Medellín ESP en razón al contrato que la ató con Incoltes S. A. en cuyo marco de ejecución se presentó la vinculación laboral del trabajador Quiceno Daza, mencionando que en casos similares como en la CSJ SL3244-2020 reiterando la CSJ SL, 2 jul. 2002, rad. 17044, esta Sala condenó a la misma, por considerar que la solidaridad se produjo frente a contratos pactados para la construcción, mantenimiento o mejoramiento de obras ligadas a la prestación del servicio público de energía. Acotó que en la sentencia CSJ SL3244-2020 se dijo que «la actividad contratada consistente en la construcción, mantenimiento o adecuación de una instalación o infraestructura física de la empresa contratante, genera la responsabilidad solidaria cuando esta sea imprescindible y fundamental en la consecución del fin u objeto social para el que fue constituida la beneficiaria o dueña de la obra», y en la

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Radicación n.° 93792 CSJ SL4100-2019, afirmó que para que exista solidaridad se requiere «que exista relación, conexidad, o complementariedad entre las actividades propias y ordinarias del empresario beneficiario del servicio y las ejecutadas por el contratista y sus trabajadores»; condiciones que dijo se cumplían en esta oportunidad, porque Empresas Públicas de Medellín ESP requirió de la labor encomendada a la contratista, esto es, la

reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas12, a fin de garantizar la prestación de servicios a la comunidad. Conjeturó, en relación a Seguros del Estado S. A. en calidad de llamado en garantía que, amparándose en la Póliza 65-44-101075398 cuya copia fue glosada en folios 415 y ss., y 532 y ss., el amparo de la indemnización por culpa patronal contaba con cobertura, por lo cual, el riesgo se hallaba cubierto por la suma de $46.754.222.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Empresas Públicas de Medellín ESP, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación, 12 f.° 335 a 339

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Radicación n.° 93792 CASE PARCIALMENTE, la sentencia fustigada solo en cuanto condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, a responder solidariamente por las condenas impuestas en la primera instancia, para que, en su lugar, y una vez constituida en sede de instancia, CONFIRME TOTALMENTE la sentencia proferida por el juez a-quo, en cuanto absolvió a EPM ESP, por encontrar no probada la solidaridad. Sobre costas decidirá lo pertinente. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y se pasan a estudiar de manera conjunta por dirigirse en contra de

similar cuerpo normativo, complementarse en sus argumentos y dirigirse a un mismo fin (Cuaderno digital).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de, […] violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965; en relación con el art. 6 del Decreto 2127 de 1945.

Como consecuencia de haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1. No obstante haber dado por demostrado que “el objeto del contrato que vinculó a Incoltes S. A. con Empresas Públicas de Medellín ESP fue la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas”, no dar por demostrado, estándolo, que tales actividades de obras civiles, (en el horizonte de una reconstrucción de un tramo de la banca de una vía), se trataban de actividades extrañas, coyunturales, meramente ocasionales, tangenciales, indirectas y de simple apoyo en la reparación de una infraestructura física (vía) que permitían el acceso a una subestación de la empresa, que evidentemente no hacían parte de las actividades normales de EPM ESP.

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2. No dar por demostrado, estándolo, que el objeto o actividades normales y propias de EPM ESP, están referidas es a la “prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía

fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras”, y en manera alguna, están referidas a obras civiles coyunturales y meramente ocasionales y de simple apoyo en la reconstrucción de la banca de una vía, y por tal razón, no dar por establecido, estándolo, que las mismas eran ajenas o extrañas a las actividades normales de EPM ESP.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que EPM ESP, debía responder solidariamente por las obligaciones laborales insatisfechas por el empleador del demandante.

Fundados en la falta de apreciación de las siguientes pruebas: - Acuerdo Municipal Nro. 12 de 1998 del Consejo de Medellín, por el cual se adoptan los Estatutos de la Empresa Industrial y Comercial Empresas Públicas de Medellín ESP., (obrante a folios 315 a 322 del cuaderno principal). - Certificado de existencia y representación de la accionada (contratista) INCONTEL S. A., (obrante a folios 167 A 173 del cuaderno principal). Y, la errónea valoración del: Contrato CT-2012000649, celebrado entre INCOLTES S. A. y Empresas Públicas de Medellín ESP, para la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas, (obrante entre folios 335-339). Indica que, no se alude a otras pruebas que el Tribunal

dijo haber valorado, pues son estériles o inanes para los efectos que este cargo propone.

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Radicación n.° 93792 Sostiene que el ad quem, en síntesis, para encontrar acreditada la solidaridad, señaló que existía relación o conexidad entre las actividades propias de EPM ESP, y las ejecutadas por el contratista, pues, -en su sentir-, eran imprescindibles en la consecución del objeto social del beneficiario de la obra a fin de garantizar la prestación de servicios a la comunidad, transcribiendo el aparte pertinente de la decisión. Asevera que no discute y acepta la conclusión fáctica del fallador en el sentido que:

1. El objeto del contrato que vinculó a Incoltes S. A. con Empresas Públicas de Medellín ESP, fue la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la Subestación Playas.

2. El demandante se desempeñaba como "ayudante en el área de construcción" de la obra civil contratada en el horizonte de la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía.

Empero, reprocha el que no se hubiere dado por demostrado que las actividades de «reconstrucción de un tramo de la banca de la vía, evidentemente», no hacen parte de las actividades normales o propias del negocio de EPM ESP, esto es, que las actividades específicas materia del Contrato CT-2012000649, celebrado entre Incoltes S. A. y Empresas Públicas de Medellín ESP, para la reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a la

Subestación Playas, (obrante entre folios 335-339), constituían una actividad simplemente coyuntural, ocasional e indirecta, extraña a las actividades normales y propias de la empresa.

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Radicación n.° 93792 Desarrolla que a efectos de determinar cuáles son las labores normales de la empresa, bastaba con revisar su objeto social señalado en el Acuerdo Municipal 12 de 1998, del Consejo de Medellín, por el cual se adoptan los estatutos de la empresa, (obrante a folios 315 a 322 del cuaderno principal), reproduciendo el artículo 30 in extenso, para decir que, sus actividades cotidianas están circunscritas a prestación de servicios públicos domiciliarios, por lo que resulta lógico concluir que las simples actividades contratadas dentro de una obra civil, para efectos de realizar específicamente la «reconstrucción de un tramo de la banca de la vía» no hace parte de las actividades normales del contratante (prestación de servicios públicos domiciliarios), sino que corresponden a una actividad ajena, indirecta, coyuntural y meramente ocasional, frente a las normales desarrolladas, situación que ha debido constituir el punto de partida indispensable para que el Tribunal, examinara si era factible o no que operara la responsabilidad solidaria. Resalta que, incluso, las actividades normales del contratista Incoltes S. A. están encaminadas a las obras civiles, tal como se desprende del certificado de existencia y representación legal de la empresa cuando se señala a folios 167 del expediente:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD

CONSISTE EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE

INGENIERÍA EN TODAS SUS RAMAS DISEÑOS, ESTUDIOS,

PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE

OBRAS CIVILES, DENTRO Y FUERA DEL PAÍS CON TODO TIPO

DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

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Radicación n.° 93792 Plante que, adicionalmente, no se discute el hecho concluido por el colegiado e incluso aceptado desde la primera instancia, en el sentido de que el demandante se desempeñaba como «ayudante en el área de construcción» de la obra civil contratada en el horizonte de la «reconstrucción de un tramo de la banca de la vía», aspecto que dice, no es de menor importancia, pues, tratándose de la figura de la solidaridad, también cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador del contratista, de tal suerte que es obvio concluir, inclusive, que si bajo la subordinación del contratista independiente, el trabajador adelantó un trabajo que es extraño, coyuntural y meramente ocasional a las actividades normales del beneficiario de la obra, no nace la solidaridad; situación fáctica que precisamente fue la acaecida en el sub examine, pues quedó demostrado que el trabajador realizó una labor especifica de simple reconstrucción dentro de las obras civiles contratadas en la banca de un tramo de una vía afectada; actividades estas, insiste, evidentemente ajenas, coyunturales y meramente ocasionales, a las normalmente ejercidas por EPM ESP, como entidad dedicada a la prestación de servicios públicos domiciliarios, por lo que

deviene como manifiestamente errada la conclusión del fallador. Razona que, desde el punto de vista puramente fáctico, el hecho de que se contrate una necesidad puntual de una reconstrucción de un tramo de la banca de la vía que conduce a una Subestación de la empresa, es un requerimiento de simple apoyo que cubre una necesidad

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Radicación n.° 93792 especifica, indirecta y tangencial en cuanto a la funcionalidad de una estructura física (vía de acceso), pero en manera alguna, puede considerarse como una actividad normalmente desarrollada por la contratante directamente relacionada con su objeto o actividad misional; pues, pensar lo contrario, sería tanto como concluir que dentro de las actividades p