CSJ - SL2263-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2263-2023 Radicación n.° 81732 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S. A. y la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 26 de abril de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró DIEGO FERNANDO CORTÉS BERNAL contra la primera sociedad recurrente y la ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO, trámite al que fue llamada en garantía la aseguradora antes mencionada.

I. ANTECEDENTES

Diego Fernando Cortés Bernal demandó a Protección S. A., y a la Asociación Deportivo Pasto, con el fin de que se

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 81732 impartieran las siguientes declaraciones: i) que entre la Asociación Deportivo Pasto y el señor Diego Fernando Cortés Bernal existieron tres contratos de trabajo a término fijo, así: el primero desde el 4 de julio hasta el 31 de diciembre de 2003, el segundo del 1 de marzo al 30 de junio de 2004, y el tercero, entre el 1 de febrero y el 18 de septiembre de 2006. ii) la Asociación Deportivo Pasto debe cancelar a Protección S. A. y a favor del actor el mayor valor dejado de

pagar a las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, por no haberlas efectuado sobre lo realmente devengado. iii) Protección S. A. no ejerció las acciones de cobro de los aportes a pensión del actor «que extemporáneamente canceló la Asociación Deportivo Pasto». iv) El actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sobre un ingreso base de liquidación «equivalente a lo devengado por contar con más de 50 semanas cotizadas del 18 de septiembre de 2003 al 18 de septiembre de 2006». Así mismo, deprecó se condene a la Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantía Protección S. A., y a la Asociación Deportivo Pasto, a pagarle la pensión de invalidez de manera vitalicia a partir del «1 de abril de 2009», junto con el retroactivo, los intereses moratorios y las costas del

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 81732 proceso. En respaldo de sus peticiones indicó que nació el 18 de marzo de 1976; que entre él y la Asociación Deportivo Pasto se celebraron tres contratos a término fijo para desempeñarse como futbolista profesional dentro de las fechas arriba indicadas, y que el salario básico mensual se pactó en la suma de $800.000 mensuales. Afirmó que adicionalmente estipularon tres documentos que denominaron «contrato de cesión de derechos por publicidad», los que rigieron durante los mismos términos de los contratos de trabajo aludidos; y que como

contraprestación la Asociación Deportivo Pasto se obligó a pagarle la suma de $3.200.000 por cada uno. Expuso que aun cuando en cada «contrato de cesión de derecho de publicidad» se dijo que las sumas pactadas no constituían salario para ningún efecto legal, la realidad difiere de lo acordado en los citados documentos publicitarios porque en verdad concurrieron tres contratos laborales «cada uno con una sola asignación mensual derivada de lo estipulado por sueldo y publicidad de $4.000.000»; y que los dos primeros terminaron por expiración del plazo estipulado y el último por un accidente de origen común que sufrió el 18 de septiembre de 2006. Adujo que entre los meses de enero y abril de 2005 prestó servicios a la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira), quien canceló los aportes a pensión

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 81732 al fondo Santander; que la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 83,95% estructurada el 18 de septiembre del 2006; y que la Asociación Deportivo Pasto le canceló los aportes a pensión de la siguiente manera:

FECHA DE PAGO DEL

MES CAUSADO IBL APORTE Agosto 2003 $800.000 26 septiembre/2003 Septiembre 2003 $800.000 22 octubre/2003 Octubre 2003 $800.000 17 marzo/2004 Noviembre 2003 $800.000 17 marzo/2004

Diciembre 2003 $373.333 17 marzo/2004 Junio 2004 $533.333 24 agosto/2004 Febrero 2006 $800.000 04 octubre/2006 Marzo 2006 $800.000 04 octubre/2006 Abril 2006 $800.000 04 octubre/2006 Mayo 2006 $800.000 04 octubre/2006 Junio 2006 $800.000 04 octubre/2006 Julio 2006 $800.000 04 octubre/2006 Agosto 2006 $800.000 04 octubre/2006 Septiembre 2006 $800.000 04 octubre/2006 Señaló que de los extractos referidos se desprende que los aportes de los meses de agosto a diciembre de 2003, junio de 2004 y de febrero a septiembre de 2006, fueron cancelados de forma extemporánea y «no sobre el salario que realmente devengó cuando estuvo a sus servicios, es decir, sobre la suma de $4.000.000». Afirmó que, si bien desde que se estructuró la invalidez, la Asociación Deportivo Pasto le empezó a pagar «a título de mesada pensional» la suma de $4.000.000 mensual, la cual incrementó a $5.000.000 a partir de enero de 2007, lo cierto es que solo lo hizo hasta el 31 de marzo de 2009, «a pesar de [haberse] comprometido a realizar dicho pago mientras

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 81732 existiera la condición de invalidez»; y que la razón por la cual se obligó fue por no haber pagado en forma oportuna los

aportes pensionales. Indicó que el Fondo de Pensiones y Cesantías Santander operó hasta el año 2007 porque pasó a ser ING Pensiones y Cesantías; y que a partir del 31 de diciembre del 2012 se denomina Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S. A.; que los tiempos laborados durante los últimos tres años anteriores a la fecha de invalidez suman 67,11 semanas, con las cuales estructuró el derecho a la prestación de invalidez. Agregó que el 16 de agosto de 2013 solicitó ante Protección S. A. el reconocimiento y pago de la pensión, entidad que mediante oficio 89006460 DS INV del 28 de noviembre de 2014 se la negó aduciendo que no cumplía con los requisitos, por contar con tan solo 46,5 semanas para el momento de su estructuración. Adujo que presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión adoptada por Protección S. A., entidad que mediante comunicado del 27 abril de 2015 resolvió confirmarla aduciendo que no tenía derecho por no contar con 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, exponiendo que «las semanas de la historia laboral aportada tienen períodos que no son válidos, pues el empleador realizó un pago extemporáneo de los mismos, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta para la definición de la prestación». (el subrayado es original).

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 81732 Finalmente, indicó que los pagos extemporáneos realizados se deben tener en cuenta; y que le asiste el derecho

a que le paguen los intereses moratorios causados desde la exigibilidad de cada una de las mesadas pensionales, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al dar respuesta a la demanda (f.° 139), la Asociación Deportivo Pasto se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, la existencia de los contratos de trabajo y sus extremos temporales y que los dos primeros terminaron por vencimiento de plazo pactado; que la labor para la cual lo contrataron fue la de futbolista profesional; que el 18 de septiembre del 2006 el actor sufrió un accidente de origen común; y que canceló los aportes a pensión al Fondo de Pensiones y Cesantías Santander. En cuanto a los demás supuestos fácticos, aseguró que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que el último contrato de trabajo terminó por justa causa cuando el demandante de manera irresponsable atentó contra su salud en hechos ajenos a su actividad laboral, sufriendo un percance que le dejó graves secuelas y lo incapacitó para seguir desempeñándose como futbolista; que el contrato de cesión de derechos de publicidad es netamente civil, en el que el actor anuncia «como instrumento de promoción del nombre, marcas, productos, etc, de los diferentes patrocinadores del equipo profesional de fútbol».

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 81732 Por consiguiente, no tenía razón al demandante para pretender un monto pensional tomando como referencia el valor de lo que se le canceló como compensación por la cesión

de sus derechos deportivos; que las responsabilidades derivadas del contrato de trabajo como futbolista difieren a las que emergen de la comercialización publicitaria del equipo de fútbol; que siempre realizó el pago de los aportes a pensión teniendo como base el salario pactado en el contrato de trabajo, esto es, la suma de $800.000 mensuales. Formuló la excepción previa de falta de jurisdicción o competencia; y las de mérito de inexistencia de la obligación, prescripción y la innominada o genérica. Así mismo, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S. A. se opuso a las pretensiones incoadas en su contra; y en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor; que Corpereira efectuó aportes a pensión entre los periodos de enero a abril de 2005; que el demandante sufrió un accidente de origen común el 18 de septiembre de 2006; y que la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. dictaminó que el señor Diego Fernando Cortés Bernal tiene una pérdida de capacidad laboral del 83,96%. estructurada el mismo día que sufrió el infortunio. Agregó que no desconocía que en su momento la Asociación Deportivo Pasto realizó aportes a pensión en favor del accionante, en la forma descrita en el hecho décimo sexto de la demanda inicial; las cotizaciones de los meses de agosto a diciembre de 2003, junio de 2004 y de febrero a septiembre

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 81732 de 2006 fueron canceladas de forma extemporánea; y que el

actor solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, la que le fue negada por no cumplir con la densidad de semanas requerida, tal como se indicó en la demanda inaugural. En salvaguarda de sus intereses alegó que el actor no cumplió con las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, razón por la cual no había lugar al reconocimiento de la prestación; que no podía excusarse al empleador que ha faltado a su obligación de efectuar el pago al Sistema General de Pensiones, trasladando las consecuencias de dicha omisión a las administradoras de fondos de pensiones. Agregó que según se apreciaba en los extractos y movimientos de la cuenta de ahorro individual, la Asociación Deportivo Pasto había afectado la última cotización el 24 de agosto de 2004 por el periodo correspondiente a junio de ese mismo año; sin embargo: […] de manera posterior al accidente del señor Cortés Bernal y más exactamente en el mes de octubre de 2006 procedió a efectuar de manera extemporánea el pago de los aportes por los periodos de cotización de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de ese mismo año, tratando de sanear su omisión en el pago oportuno de los aportes y es que por ello las mencionadas cotizaciones no pueden tenerse como válidas para acreditar el requisito de las 50 semanas de cotización exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para la fecha de pago de las mismas ya había tenido lugar el siniestro que ampara la pensión de invalidez.

Al efecto, impetró las excepciones de responsabilidad de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, ausencia de los requisitos para acceder a la

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 81732 pensión de invalidez, buena fe, inexistencia de la obligación de reconocer la prestación, falta de causa que sustente las pretensiones de la demanda en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S. A. y la innominada o genérica. Por otra parte, la AFP accionada llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar S. A. (f.os 237-242), quien una vez notificada (f.os 273-295), se opuso a las pretensiones incoadas en contra de la administradora de pensiones y frente a los hechos dijo se acogía «a los argumentos planteados por la llamante». Expuso que se oponía por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez, el actor no contaba con el requisito de cobertura, toda vez que según el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003, debía acreditar por lo menos 50 semanas de cotización dentro de los tres años inmediatamente anteriores, esto es, entre el 18 de septiembre de 2003 y el mismo día y mes de 2006, pues sólo registraba un total de 48,43 semanas; que los aportes correspondientes a los periodos comprendidos entre febrero y «agosto» de 2006 no fueron tenidos en cuenta por la aseguradora debido a que los pagos se realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

En su defensa propuso las excepciones que denominó: cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la demandada y la llamada en garantía, falta de requisitos para acceder a la pensión de invalidez y por lo mismo inexistencia

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 81732 del derecho, inexistencia de la obligación, buena fe en la Compañía de Seguros, compensación, límite de responsabilidad, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de la Compañía de Seguros Bolívar para atender el amparo de la suma adicional, prescripción, responsabilidad de un tercero distinto al llamante en garantía, falta de legitimación en la causa por pasiva y la ecuménica o genérica. En audiencia del 21 de octubre de 2016, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia formulada por la Asociación Deportivo Pasto, razón por la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto avocó conocimiento del proceso mediante auto del 1 de marzo de 2017 (f.° 424).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, en audiencia de juzgamiento celebrada el 22 de febrero de 2018, resolvió: PRIMERO: aprobar la conciliación parcial frente al proceso 52001310500320170005601 respecto del demandante Diego Fernando Cortés Bernal, identificado con cédula de ciudadanía 89 006 460, como demandante, y el señor Oscar Armando

Casabón Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 98.384.763, en su calidad de representante legal de la Asociación Deportivo Pasto; SEGUNDO: el Juzgado ordena a la parte demandada Deportivo Pasto pagar al señor Diego Fernando Cortés Bernal las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: el valor total de $190.000.000, por concepto de retroactivo pensional de la siguiente manera: una primera cuota de $100.000.000 el día 30 de marzo de 2018, fecha que está

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 81732 sujeta a una condición y es la trasferencia de unos recursos por la venta de derechos deportivos de un jugador; en caso de que no se pudiera hacer el 30 de marzo Deportivo Pasto se compromete que inmediatamente ingresen esos derechos se hará el pago respectivo al demandante; una segunda cuota de $ 45.000.000 el día 31 de julio de 2018; y una última cuota de $ 45.000.000 el día 31 de diciembre de 2018, esto por concepto de retroactivo pensional y respecto de la mesada pensional el Deportivo Pasto reconoce una mesada pensional de $2.800.000 a partir del mes de marzo de 2018 la cual será incrementada automáticamente en enero de cada año de acuerdo al incremento del SMLMV. Igualmente, Deportivo Pasto cancelará en caso de fallecimiento del pensionado Diego Fernando Cortés Bernal el valor de la pensión de sobrevivientes a nombre de su hijo Juan Diego Cortés hasta que cumpla la edad de 25 años; e igualmente la pensión de

sobrevivientes a favor de su cónyuge Diana Yulieth Acevedo Cruz hasta su fallecimiento, se aclara que el pago de la segunda cuota por $ 45.000.000 es el 30 de junio del año 2018; igualmente se deja constancia que el pago de la pensión respecto del hijo menor del demandante será por el valor acordado inicialmente es decir de la mesada de $2.800.000 y respecto de la señora Diana Yulieth Acevedo Cruz será de 1 SMLMV; TERCERO el Juzgado advierte a las partes que la presente conciliación hace tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, el demandante no podrá iniciar otro proceso por los mismos hechos ni por las mismas pretensiones; igualmente esta acta presta merito ejecutivo, lo cual indica que si el Deportivo Pasto incumple con el pago de las cuotas y los valores aquí acordados podrá iniciarse el cobro ejecutivo correspondiente; CUARTO el Juzgado ordena la terminación y archivo del presente proceso respecto del demandado Asociación Deportivo Pasto. Después de aprobada la conciliación y de escuchar los alegatos de conclusión, decidió: PRIMERO: DECLARAR que DIEGO FERNANDO CORTÉS BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía 89 006 460, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por la ocurrencia de un accidente de origen común acaecido el 18 de septiembre de 2006, por estar afiliado válidamente a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S. A.

SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora de FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A., a pagar la pensión

de invalidez antes indicada en cuantía equivalente al 54 % del valor correspondiente al ingreso base de cotización utilizado para la fecha de estructuración de la invalidez que para estos efectos legales equivale a un salario mínimo legal mensual vigente, con los incrementos automáticos anuales según lo establecido por el

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 81732 gobierno nacional previo el descuento al porcentaje que corresponde a las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud.

TERCERO: CONDENAR: a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., a pagar por concepto de retroactivo pensional las mesadas no prescritas, esto es desde el 16 de agosto de 2010, hasta el 28 de febrero de 2018 por un valor indexado total de $59.898.526

CUARTO: DECLARAR: que la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR tendrá responsabilidad en el reconocimiento de la pensión que se ha decretado con base en la póliza que tiene el contrato suscrito con PROTECCIÓN S.A., para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivientes.

QUINTO: el Juzgado condena en costas a las demandadas en una cuantía total de 3 SMLMV por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia del 26 de abril de 2018, al desatar los recursos de apelación interpuestos por Protección S. A. y la Compañía de Seguros Bolívar S. A., resolvió: PRIMERO: confirmar la sentencia del 22 de febrero de 2018

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto objeto de apelación, por las razones insertas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: condenar en costas procesales a Protección S A y a Seguros de Vida Bolívar S.A, entidades que deben asumir por concepto de agencias en derecho el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de $1.562.484 por cada una de ellas en favor del demandante.

En lo que en rigor interesa al recurso extraordinario, el juez plural formuló como problemas jurídicos, los siguientes: i) determinar cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez?; ii) qué consecuencias trae la mora del empleador

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 81732 en el pago de aportes a seguridad social en pensiones; y iii) qué alcances tiene la conciliación, para luego proceder a analizar el caso concreto y establecer si la empleadora Asociación Deportivo Pasto afilió al actor al sistema de seguridad social en pensiones; de ser así, si ante la mora de la Asociación Deportivo Pasto, Protección efectuó el cobro de los aportes, de no haberlo hecho, sí hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del fondo de pensiones; y por último si la conciliación judicial efectuada entre el señor Diego Fernando Cortés Bernal y la Asociación D Pasto libera a Protección S. A. y a la llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar del pago de la pensión de invalidez de origen común.

En primer lugar, indicó que la pensión de invalidez es una prestación económica que tiene como finalidad amparar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida como consecuencia de una enfermedad o un accidente de origen común o laboral, que les impide tener acceso a una fuente de ingresos para solventar una vida en condiciones dignas. Refirió que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, consagra el derecho a la pensión en favor del afiliado que acredite la pérdida de capacidad laboral, es decir, el 50 % o más y haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o al hecho causante de la misma. En segundo término, con relación a las consecuencias de la mora en los aportes de seguridad social en pensiones, expuso que si el empleador cumple con el deber de afiliar a los trabajadores al Sistema General de Pensiones, las administradoras están autorizadas para emprender las acciones de cobro en los términos establecidos en el literal h)

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 81732 del artículo 14 del Decreto 656 de 1994, norma que faculta a la AFP para liquidar el valor adeudado y promover el correspondiente cobro, usando como título dicha liquidación, la cual presta mérito ejecutivo, según lo disponen los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 5 del Decreto 2633 de 1994. Advirtió que el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994

prevé que esas acciones de cobro deben iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la mora; por tanto, si la administradora de pensiones no cumple con su obligación legal de efectuar el cobro de aquellos, no puede negar la pensión de invalidez al afiliado activo al momento de su estructuración, si este reúne los requisitos para acceder a la misma bajo la normatividad vigente para ese instante. Por consiguiente, las administradoras de fondos de pensiones, insistió, no pueden trasladar al afiliado su negligencia, y si el empleador paga de manera extemporánea los aportes dejados de realizar, deben tenerse en cuenta en el momento de realizar el correspondiente conteo de semanas para acceder a la pensión solicitada, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la vida digna y al mínimo vital del cotizante. En tercer lugar, indicó que la conciliación celebrada entre las partes en litigio hacía tránsito a cosa juzgada, por tanto, no era posible discutir sobre los acuerdos allegados en dicha diligencia, pues se busca darle certeza al derecho y

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 81732 proteger a las partes. Al descender al estudio del caso concreto, adujo que no era motivo de controversia que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral de del 83,95 % estructurada el 18 de septiembre de 2006; que la Asociación Deportivo Pasto lo afilió al sistema de seguridad social en pensiones (f. os 231236); que se efectuaron cotizaciones por 567,29 semanas, de

las cuales 82,43 correspondían a los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, es decir, durante el período comprendido entre el «19 de septiembre 2003» al 18 del mismo mes de 2006. Asimismo, advirtió que las cotizaciones correspondientes a los meses de octubre a diciembre 2003, marzo a junio de 2004 y de febrero a agosto de 2006 habían sido pagadas de manera extemporánea (f.os 233-234), «sin que se encuentre en el expediente trámite realizado por fondo de pensiones destinado a adelantar las acciones de cobro en los términos de literal H del artículo 14 del decreto 656 de 1994 antes señalado, es decir, en los 3 meses siguientes a la mora». Indicó que los elementos probatorios allegados advertían que el accionante, no obstante el incumplimiento del empleador en el pago oportuno de las cotizaciones, se encontraba afiliado a Protección S. A. y mantuvo su condición de activo; por tanto, dichas cotizaciones, independientemente de la fecha del pago, permitían concluir que el actor estuvo efectivamente vinculado y alcanzó 82,43

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 81732 semanas en los tres años anteriores, cumpliendo así con los requerimientos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez que reclama a cargo de la administradora traída a juicio. Acto seguido expuso lo siguiente: Ahora, como los recurrentes aducen que la conciliación efectuada

entre el demandante y la Asociación Deportivo Pasto respecto del pago de una pensión de invalidez, libera automáticamente al fondo de pensiones subsumiendo la pensión del sistema de seguridad social y, por ende, la posibilidad de una condena, para la Sala ello no es así, toda vez que en el acto de la conciliación el empleador en parte alguna manifestó su intención de liberar a la entidad realmente obligada a pagar la pensión de invalidez y asumir la misma, pues la conciliación se tornó en un acto de mera liberalidad de la asociación empleadora, que incluso traspasó los límites de vida probable del demandante al obligarse al reconocimiento anticipado de la pensión de sobrevivientes en cabeza de la cónyuge e hijo menor del señor Cortés Bernal en caso de un eventual fallecimiento del citado, en virtud de ello no puede pretender liberarse el fondo de pensiones demandado de su obligación de pagar la pensión generada como consecuencia de la invalidez bajo el argumento que la empleadora asumió un pago superior por el mismo concepto, debiendo en consecuencia confirmar lo decidido en tal sentido por la a quo. (Subrayado de la Sala) De otra parte, con relación a la póliza de seguros tomada por Protección S. A. discurrió: Encuentra la Sala que entre folios 243 a 251 del expediente reposa copia de la póliza número 5030000001105 tomada por la compañía de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander, hoy Protección S.A., con la Compañía de Seguros Bolívar S.A, con vigencia del 1 de abril de 2006 al 1 de abril de 2007 y con los amparos descritos a folio 245. El seguro lo ha definido el Código

de Comercio como “un contrato consensual bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva que se plasma en un documento denominado póliza, y su responsabilidad se limita a los términos y condiciones estipulados en ella. Para la Sala tal como lo manifestó la llamada en garantía

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 81732 Compañía de Seguros Bolívar en su escrito de contestación (folio 292), la cobertura de sus obligaciones están condicionadas a lo pactado en la póliza de seguros, la condena en caso de darse no puede ir más allá de los valores garantizados en la póliza y en todo según la suma adicional que sea necesaria para completar el capital requerido para financiar el monto de la pensión de invalidez reconocido por la sociedad administradora en favor del afiliado al fondo, todo lo anterior siempre y cuando la invalidez estructure dentro de la cobertura de la póliza” En ese orden de ideas, la Compañía de Seguros Bolívar responde por la condena impuesta a su asegurado Protección S A, en las condiciones pactadas en la referida póliza, tal como lo indicó el a quo, por ende, habrá de confirmarse en este punto la sentencia apelada.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Frente a la anterior decisión interpusieron recursos extraordinarios la demandada Protección S. A. y la llamada

en garantía Compañía de Seguros Bolívar S. A. Por razones de método, la Sala abordará el estudio del único cargo presentado por la AFP de manera conjunta con el cargo primero del recurso impetrado por la Compañía de Seguros Bolívar S. A., por cuanto acusan similares

disposiciones, persiguen el mismo fin y la argumentación se complementa. Luego se analizarán los cargos segundo y tercero que propuso la aseguradora.

V. RECURSO DE PROTECCIÓN S. A.

Una vez impetrado fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 81732

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante un cargo por la causal primera, el cual fue oportunamente replicado por el actor, Protección S. A. pretende que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.

VII. CARGO ÚNICO Por vía directa imputa la aplicación indebida de las siguientes disposiciones: […]artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003, 24 de la Ley 100 de 1993, 14 literal h) del Decreto 656 de 1994 y 13 del Decreto 1161 de 1994 (compilado en el artículo 2.2.3.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016) y por la infracción directa los artículos 1°, 13 literal d), 15, 17, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 (que son aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, según jurisprudencia de la H. Sala), 39 (compilado en el artículo 3.2.1.9 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016) y 53

(compilado en el artículo 3.2.1.13 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016) del Decreto 1406 de 1999, del Decreto 692 de 1994 los artículos 19 (compilado en el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 27, 28 (compilado en el artículo 2.2.3.3.1 del Decreto Único 4 Reglamentario 1833 de 2016) y 36 (compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 7° de la Ley 828 de 2003, 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 8° de la Ley 153 de 1887, 63 y 1609 del Código Civil, 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y 1°, 29 y 230 de la Constitución Política. Frente a las consecuencias de la mora en el pago de los aportes a pensión, afirma la AFP demandada que la legislación laboral desde sus inicios dejó en cabeza del empleador el deber de pagar las prestaciones patronales comunes (artículo 259 del CST), dado que aquellas dejarían

SCLAJPT-10 V.00