CSJ - SL2265-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2265-2023 Radicación n.° 93266 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RUTH ALICIA MONTÚFAR DULCE y JUAN CARLOS DELGADO CORREAL quienes actúan en nombre propio y en representación de los hijos menores de edad AMDM, LSDM y DFDM, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes promueven en contra de la FUNDACIÓN SANTA FÉ DE BOGOTÁ y al que se vinculó como litisconsorte

necesario a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.

I. ANTECEDENTES Los accionantes solicitaron que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre Ruth

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93266 Alicia Montúfar Dulce con la Fundación Santa Fe de Bogotá, el cual inició el 2 de septiembre de 1996 y continuaba vigente a la data de presentación de la demanda inaugural. Asimismo, que se precise que la empleadora «desde antes y al momento de la enfermedad laboral» incurrió en el incumplimiento de las obligaciones de protección, pues no le realizó exámenes periódicos, ni observó las normas de higiene y seguridad industrial, como tampoco las de salud en el trabajo.

Por tanto, que se predique que la pasiva es responsable, a título de culpa empresarial, por la enfermedad laboral que ella adquirió denominada tendinitis del manguito rotador y bursitis del hombro derecho, la cual le ocasionó una PCL del 12,70% y, en consecuencia, solicitaron se condene a la llamada a juicio a pagarle a la trabajadora, a su cónyuge y a sus tres hijos menores de edad, la indemnización total y ordinaria de perjuicios, que incluya el daño emergente y el lucro cesante consolidados y futuros, con el salario real devengado. Pidieron también, en beneficio de la trabajadora, la cancelación de los daños morales objetivados y subjetivados, según el precio que se acredite al momento de la sentencia. Para el esposo y sus hijos, por el mencionado concepto el mayor valor entre 100 y 1000 salarios mínimos mensuales vigentes o el máximo que se establezca conforme a la jurisprudencia de esta corporación. Además, impetraron en favor de todos ellos, el

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 93266 reconocimiento de los perjuicios de la vida en relación, en lo correspondiente al goce de los placeres de la vida de pareja e hijos, los cuales son vitales para el ser humano, según se justiprecie al momento del pronunciamiento judicial. Por último, pretendieron la indexación de las condenas, los intereses corrientes, moratorios, las costas y agencias en derecho. Como apoyo de sus pedimentos narraron que la señora Montúfar Dulce el 2 de septiembre de 1996 suscribió un

contrato de trabajo con la Fundación accionada para desempeñar el cargo de terapeuta ocupacional. Indicaron que, al inicio de la relación laboral ella estaba en perfecto estado de salud, tanto física como mentalmente, momento en el que la entidad no le realizó ningún tipo de capacitación para el desempeño del cargo, ni le practicó exámenes periódicos. La empleadora tampoco desplegó medidas de protección, higiene y seguridad industrial, ni de salud ocupacional para el ejercicio de su actividad; pues las únicas que se aplicaron se enfocaron solamente en la protección contra el riesgo biológico generado por los pacientes, pero nunca le suministraron elementos para el ejercicio de la función de terapeuta ocupacional. Contaron que la trabajadora fue asignada al área de Rehabilitación Física y tuvo que atender pacientes hospitalizados y de consulta externa (ambulatorios), que comprendían desde neonatos hasta personas de la tercera

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 93266 edad. Señalaron que en los eventos en que dichos enfermos requirieran asistencia máxima o moderada, debía movilizarlos sin contar con el apoyo de otra persona para poder realizar la terapia. Si eran personas hospitalizadas, debía hacer el desplazamiento a las habitaciones y traslado del equipo terapéutico con un peso que variaba entre 3 a 5 kilogramos. Agregaron que en ocasiones no se hacía uso de los ascensores para optimizar el tiempo de atención al paciente. Describieron que cuando comenzó el nexo laboral, la señora Montúfar Dulce cumplía una jornada laboral de siete horas diarias de lunes a viernes, y un sábado al mes

trabajaba cuatro horas para completar el tiempo faltante, y en caso de que la Fundación lo requiriera, laboraba horas extras. Destacaron que a principios del año 2004 la actora comenzó a sentir molestias musculares a nivel lumbar y dolores en el miembro superior derecho; que el 29 de noviembre de 2005, la ARL Colpatria, hoy AXA Colpatria, calificó la enfermedad que padece que denominó tendinitis de supraespinoso definiendo que era de origen profesional. Que el 19 de octubre de 2007 se rindió nuevo dictamen que reiteró la causa profesional de los padecimientos y procedió a fijar las recomendaciones pertinentes; así en enero de 2008 la ARL Colpatria S. A. advirtió que la actora:

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 93266 […] puede laborar, absteniéndose de manipular, es decir, alzar, empujar, halar o arrastrar objetos que pesen 5 kg. con el brazo derecho; realizar actividades del hombro derecho por debajo de 60°; evitar movimientos repetitivos del hombro derecho; realizar pausas activas cada dos horas. Señalaron que a pesar de que las anteriores recomendaciones las recibió la Fundación demandada el 20 de febrero de 2008, no las acató, por el contrario, entre los años 2008 a 2013, le incrementó las horas de trabajo. Añadieron que el 18 de diciembre de 2013 se dio una revaloración de la enfermedad por parte de la ARL Colpatria bajo el número 23338, en la que se denominó la enfermedad

como síndrome de manguito rotador y bursitis en el hombro derecho, de origen profesional y se estableció un porcentaje de PCL de 2,92 %. Que en el mes de octubre de 2013 se le modificó la jornada laboral quedando de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes, y sin que se le asignara trabajo los sábados, ni tampoco en horas extras. En el año 2014 le disminuyeron otra hora de trabajo y la jornada se fijó de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., aunque le aumentaron el número de pacientes y le asignaron turnos los sábados. Enfatizaron en que, según las recomendaciones de la ARL Colpatria S. A., el ritmo de trabajo de la señora Montúfar Dulce debía ser moderado y que las cargas físicas no podían ser superiores a 5 kg; se le aconsejó ejecutar ejercicios calisténicos antes de iniciar el trabajo, tener pausas activas, se le entregó un programa de pausas saludables de

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 93266 estiramiento y fortalecimiento de miembro superior derecho, a realizar durante y al finalizar la jornada laboral. Reiteraron que las sugerencias de la administradora de riesgos profesionales no se atendieron por la Fundación; que el ritmo de trabajo continuó siendo alto y nunca se le concedió el tiempo necesario para la ejecución de los estiramientos y fortalecimientos del miembro superior derecho, lo cual generó que la salud de la empleada continuara deteriorándose, e incluso empezó a tener compromiso en la espalda. Adicionalmente, se ha afectado su

vida personal y familiar, ya que no puede realizar las actividades cotidianas de madre y esposa (f.os 5 a 23 y 241 a 259). Al dar respuesta a la demanda inicial, la Fundación Santa Fe se opuso al éxito de las pretensiones, salvo en lo relativo a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo y su duración. En cuanto a los hechos, admitió el vínculo de trabajo desde el 2 de septiembre de 1996 y que estaba vigente a la fecha en la que se presentó la demanda inaugural; asimismo el cargo que ocupa la señora Montúfar Dulce, las funciones asignadas y que al inicio del nexo subordinado estaba en perfecto estado de salud, según el examen de ingreso que se le realizó el 20 de mayo de 1997. También aceptó la existencia de los dictámenes de calificación del origen de los padecimientos de la promotora del juicio y el porcentaje de PCL, la modificación de los horarios laborales debido a que

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 93266 tenía restricciones medicas ý que atendiera solo pacientes ambulatorios y no hospitalizados. Expresó que la parte actora no especificó en qué consistieron las supuestas faltas en que incurrió la empleadora, ni precisó cuándo ni cómo ocurrieron, por lo que se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa de la enjuiciada. Las demás situaciones fácticas las negó o dijo que no le constaban. Adujo que suministró capacitación a la trabajadora, le realizó exámenes periódicos y le proporcionó todas las medidas de protección, higiene, seguridad industrial y salud

ocupacional para el desempeño del cargo. Adicionalmente, le hizo seguimientos a su situación de salud como se registró en la historia clínica ocupacional. Señaló que para el uso y manejo de los equipos y autocuidado personal se le realizaron a la convocante capacitaciones periódicas como son el circuito orientado de acciones seguras – COAS y formación del manejo de elemento de trabajo y autocuidado y que ella suscribió las constancias de asistencia. Añadió que suministró a la trabajadora los elementos de protección como uniforme en material antifluidos, tapabocas, mascarillas, guantes, camas eléctricas según el caso. Que, asimismo, se le facilitaron vehículos para el

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 93266 transporte y se le redujo la jornada laboral que desde el 2014 fue de seis horas diarias de lunes a sábado, por lo que no es cierto que tuvo una carga adicional de trabajo, que le impidiera atender las recomendaciones de la ARL o que las contrariaran. Aseveró que para la movilidad de los pacientes la accionante podía solicitar ayuda de un asistente y que en consulta externa los familiares de la persona prestan colaboración. Añadió que la clínica también cuenta con ascensores y el peso del equipo terapéutico oscila normalmente entre 3 y 5 kg., y de acuerdo con las recomendaciones de la ARL, la accionante estaba habilitada para soportar esas cargas. Manifestó que el 25 de junio de 2008 se le notificó a la empleada que debía participar en el programa de

acondicionamiento físico, en el que le enseñaron actividades de higiene de las estructuras osteomusculares, con énfasis en manejo de cargas y posturas para fortalecimiento muscular, manejo del dolor, ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular y pausas activas. Igualmente, el 18 de agosto de 2011 se le invitó a participar en el programa de movimiento y salud, y ella no asistió. Propuso como excepción previa la de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y como de mérito, las de cumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones en materia de salud y protección con la demandante; inexistencia de incumplimiento de la

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 93266 demandada de las recomendaciones dadas a la empleada para realizar sus labores; inexistencia de las obligaciones que se reclaman; cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (f.os 272 a 286). El juzgado de conocimiento mediante proveído de 28 de octubre de 2016 (f.° 379), dispuso vincular al proceso a la ARL Colpatria en calidad de litisconsorte necesario. Al responder el escrito introductorio esta última entidad admitió que la actora era su afiliada desde el 2 de septiembre de 1996 y que desempeñaba el cargo de terapeuta ocupacional; las funciones que cumplía; que calificó el origen de los padecimientos como laborales; las recomendaciones que formuló, aunque precisó que iban orientadas a la accionante y no a la Fundación. Los demás hechos los negó o dijo que no le contaban. Precisó que en la demanda inicial no se presentaron

pretensiones en su contra y que ha cumplido con todas las obligaciones administrativas, asistenciales y económicas que se le imponen como ARL frente a la demandante. Esgrimió como medios defensivos los de cumplimiento de las obligaciones y prescripción (f.os 403 a 407).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 93266 mediante providencia del 22 de agosto de 2019, (f.° 502 y CD), decidió absolver a la Fundación Santa Fe de Bogotá de todas las pretensiones incoadas por los demandantes y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación. Condenó en costas a los actores y fijó las agencias en derecho en la suma de $1.000.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación de la parte actora, con fallo de 30 de julio de 2020, confirmó la decisión de primer grado y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal indicó que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si la empleadora incurrió en culpa patronal en relación con la enfermedad profesional que padece la trabajadora. Señaló que de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales referentes a la interpretación del artículo 216 del CST, para que proceda la indemnización plena y

ordinaria de perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo y/o enfermedad laboral, la culpa del empleador en la ocurrencia de aquellos debe estar suficientemente comprobada. Agregó que además del daño por la afectación a la

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 93266 integridad o salud del trabajador, se debía acreditar que ello se dio como consecuencia de la negligencia o culpa del empresario en el cumplimiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores, en los términos del artículo 56 del estatuto sustantivo laboral, para lo que citó en su apoyo, las providencias CSJ SL4665-2018 y CSJ SL633-2020. Expresó que la regla general era que al empleado le correspondía la carga de demostrar las circunstancias de hecho que generan la culpa del empleador, y a este último, para liberarse, debe acreditar con arreglo a los artículos 157 del CGP y 1604 del CC, que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud e integridad de sus trabajadores. En respaldo de sus argumentaciones refirió las providencias CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656; CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23489; CSJ SL, 10 may. 2006, rad. 26126; CSJ SL7056-2016; CSJ SL2168-2019 y CSJ SL40192019, entre otras. Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral lo anterior no significa que al trabajador le sea suficiente con plantear el incumplimiento

de las obligaciones de cuidado, seguridad y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria. Esto debido a que por no tratarse de una responsabilidad objetiva como la que rige en materia de riesgos laborales, para que opere la mencionada inversión de la carga de la prueba, el trabajador debe acreditar las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente o en las que se generó la enfermedad de

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93266 origen laboral, al igual que la causa eficiente del infortunio fue la conducta activa u omisiva del encargado de prevenir esa situación. Para ilustrar esas argumentaciones aludió a los proveídos CSJ SL7513-2016 y CSJ SL2206-2019. Más adelante manifestó que en el sub lite, se probó que la promotora del proceso está vinculada a la Fundación Santa Fe, en calidad de terapeuta ocupacional, desde el 2 de septiembre de 1996 (f.os 93 y 476 a 479); que desde esa data está afiliada a la ARL Axa Colpatria Seguros de Vida S. A. (f.° 405); que el 20 de mayo de 1997 se le practicó examen de ingreso y fue calificada como apta para trabajar sin restricciones (f.° 287); y que sufre de unas dolencias que se definieron como de origen profesional. Pese a la constatación referente a que los padecimientos de la convocante tenían como causa la actividad laboral, anotó que no se había configurado la culpa suficientemente comprobada del empleador y, por tanto, no había lugar a endilgarle responsabilidad alguna.

Destacó que a folio 288 reposaba el acta de Prevención Integral de Lesiones Osteomusculares, Fase Diagnóstica, Prueba Tamiz Morbilidad Sentida para Segmento Cervicobraquial y Dorsolumbar, de la Fundación y la ARL, diligenciada por la demandante el 21 de marzo de 2006, como terapeuta ocupacional, y en la que identificó las principales molestias osteomusculares que sufría y planeó las actividades tendientes a minimizar los efectos secundarios en su salud.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 93266 Luego se remitió al análisis del puesto de trabajo de la demandante (f.os 289 a 292), realizado en febrero de 2007, por la Fisioterapeuta especialista en Salud Ocupacional de la ARL Colpatria, en virtud de la solicitud que se presentó por la EPS. Dijo que, en abril de 2007 la jefe de administración de personal, compensación y beneficios de la demandada le entregó a la actora la descripción del cargo de terapeuta ocupacional, la cual se realizó en colaboración con el superior inmediato de esta y que contiene la información actualizada de las áreas bajo su responsabilidad. Señaló que el mencionado documento contiene la firma de recibido de la demandante (f.° 327), lo cual ratifica las afirmaciones que las partes surtieron en el interrogatorio que absolvieron. Expuso que el 10 de abril de 2007 la coordinadora de salud ocupacional de la Fundación demandada solicitó a la coordinación de procesos P.O.S. de Colpatria EPS, la calificación del origen del diagnóstico padecido por la

trabajadora Montúfar Dulce, denominado tenosinovitis y artrosis acromioclavicular derecha «con el fin de determinar la responsabilidad en la organización de la prestación de los servicios de salud derivados de su patología» (f.° 293). Añadió que en los folios 34 a 39 y 294 a 298, obra calificación del origen de la patología, expedida el 19 de octubre de 2007 por la ARP Colpatria S. A., en la que se estableció que la enfermedad denominada tendinitis del supraespinoso derecho, diagnosticada en diciembre de 2006,

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 93266 es de origen profesional; sin embargo, no se asignó porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Agregó que el diagnóstico que obra en el plenario lo realizó el ortopedista de la Fundación Santa fe de Bogotá, los días 11 y 16 de diciembre de 2006 (f.os 104, 171 y 172). Posteriormente se refirió a los testimonios de Andrea Ballén y Diana Riveros, terapeutas de la demandada y compañeras de trabajo de la accionante, quienes señalaron que periódicamente se realizan evaluaciones de salud ocupacional, lo que se confirmaba con la documental de folios 94 a 103; 105, 298 vto. a 301; 303; 308; 309 y vto.; 313 vto.; 325, donde reposan conceptos médicos de aptitud laboral realizados a la demandante por parte de la ARP Colpatria, hoy ARL Axa Colpatria, así como de Medilaboral, los días 28 de enero, 7 de mayo, 12 de junio, 21 de noviembre

de 2008, 14 de enero de 2011, 30 de enero, 25 de julio, 2 de octubre, 29 de noviembre, 18 de diciembre de 2013; 10 de enero, 12 de marzo, 27 de octubre de 2014, y el 19 de mayo de 2015. En ellos se informa que, debido a los anteriores diagnósticos se inició manejo por fisiatría; igualmente, que se emitieron recomendaciones laborales y extralaborales para toda la actividad que realizara la trabajadora inicialmente por 6 meses, pero después se volvieron permanentes. Anotó que esa documental acredita que la accionante

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 93266 era apta, con recomendaciones, para desempeñar el cargo de terapeuta ocupacional en la Fundación, aunque debía continuar con los controles periódicos por fisiatría, ortopedia y medicina laboral. También se consignó en ella que la demandante es «un ser integral responsable único de su bienestar y salud», por lo que «de su autocuidado depende su futuro en la mejoría y rehabilitación de su enfermedad (...)». Manifestó que no obraba en el plenario prueba de que con anterioridad al año 2008 la demandante hubiera sido objeto de recomendaciones por parte de la ARL, como se indicaba en el recurso de apelación. Aseveró que las atenciones, medicamentos, órdenes de imágenes diagnósticas e incapacidades por parte de las áreas de Salud Ocupacional, Ortopedia y Traumatología, Emergencias, Medicina Interna, Apoyo Terapéutico y

Medicina General de la Fundación a la señora Montúfar Dulce, en virtud del convenio con la ARL Axa Colpatria para empleados, obran a folios 173 a 177; 179 a 186; 195 a 197; 206 a 221; 223 a 234 y 304 a 307 las cuales fueron realizadas el 15 de marzo de 2004; 8 de agosto de 2005; 2 y 16 de junio de 2006; 21 de diciembre de 2007; 19 y 22 de febrero, 10, 14 y 15 de julio y 1 de octubre de 2008; 2 de julio de 2010; 7 de junio de 2012; 8 de julio de 2014; 3 de marzo, y 2 y 23 de julio de 2015. Especificó que esos elementos probatorios contradicen lo afirmado por algunos testigos y por la misma demandante, en el sentido de indicar que los padecimientos comenzaron

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 93266 en el año 1997. Enfatizó en que los controles, la prescripción de medicamentos e incapacidades por Fisiatría, Ortopedia y Traumatología, Medicina Laboral, Fisioterapia efectuados por parte de Axa Colpatria, que obran a folios 178, 187 a 194, 198 a 205, 222, 232 y 323 se realizaron el 4 de febrero de 2008, 12 de septiembre de 2013, 16 de julio, 19 de noviembre de 2014, y el 15 de enero y 15 de febrero de 2015. Indicó que la trabajadora en el interrogatorio de parte

que absolvió admitió que recibió terapias para su enfermedad profesional; por tanto, dijo, no se observaba desidia o negligencia de la empleadora en la atención y seguimiento de las dolencias de aquella. Aludió igualmente al documento del 25 de junio de 2008 con firma y nota de recibido por parte de la actora, visible al folio 301 vto., mediante el cual la coordinadora de salud ocupacional de la accionada le comunicó a aquella que luego de la valoración médica que realizó el galeno Carlos Sabogal de la ARL Colpatria: […] usted va a participar en un programa de acondicionamiento físico con una terapeuta ocupacional, durante el cual se le enseñarán actividades de higiene de las estructuras osteomusculares, con énfasis en manejo de cargas y posturas para fortalecimiento muscular y manejo del dolor, ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular y las pausas activas. Adicionalmente, recibirá una nota remisoria para valoración por Ortopedia y Fisiatría de su EPS. Afirmó que, a folio 302 y vto., se observaba el programa de seguimiento de lesiones osteomusculares hecho a

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 93266 Montúfar Dulce el 6 de noviembre de 2009, por parte de la Fundación y la ARL convocadas, en el que se consignó que la evolución de la sintomatología de la trabajadora fue positiva después de las recomendaciones de la última de las entidades mencionadas, pese a que en ocasiones reaparecía el dolor. Asimismo, que mejoraron las actividades de la vida diaria (AVD) y que hacía un año no se le incapacitaba, desde

que se le suprimió la actividad de movilizar pacientes. Mencionó los folios 344 a 364 y 367, que contienen la invitación dirigida a la demandante por parte de la Coordinadora de Salud Ocupacional de la llamada a proceso, así como la constancia de la participación de esta última en su condición de paciente con diagnóstico de tendinitis del supraespinoso hombro derecho, en los programas Movimiento y Salud, Vida Activa y Reeducación Muscular, del 18 de agosto de 2011, promovidos por la convocada y la litisconsorte, en los que se le hizo entrega de los respectivos cronogramas. Advirtió que en las planillas de asistencia se podía verificar que la señora Montúfar Dulce, en algunas ocasiones, no concurrió. El juez plural estimó, que esos medios de prueba desvirtuaban las aseveraciones de la promotora del litigio en el interrogatorio de parte, atinentes a que estos programas se ofrecían únicamente a personas externas a la Fundación o que no tenían enfermedades; y dijo que, ella en todo caso, admitió tener conocimiento de estos programas. Seguidamente se refirió a los folios 46 y 482, en los que

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93266 aparece la notificación a la convocante por parte de la ARL Colpatria S. A., relativa a que, el diagnóstico de las patologías de síndrome del manguito rotatorio y bursitis del hombro que se realizó el 8 de octubre de 2013 arrojó que eran de origen laboral.

También acudió a los folios 50 a 52, 58, 310, 311, 406 a 415, 480 y 481 alusivos a la evaluación de pérdida de capacidad laboral que se le practicó a la trabajadora el 23 de diciembre de 2013 por parte de la ARL vinculada, en la cual se registró que los diagnósticos de síndrome del manguito rotatorio y bursitis del hombro derecho son de origen laboral; se determinó como fecha de estructuración el 7 de noviembre de 2013 y se fijó la PCL en el 2,92% «sin secuelas calificables». Precisó que el 17 de diciembre de 2018, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, aumentó la PCL al 12.70% con fecha de estructuración 3 de diciembre de 2018 (f.os 458 a 461). Adicionó que, en diciembre de 2014, la Fisioterapeuta de la ARL Axa Colpatria asignada a la Fundación y la Coordinadora de Salud Ocupacional de esta, implementaron el programa de pausas saludables y ejercicios terapéuticos para minimizar el riesgo de ocasionar lesiones o los síntomas de las mismas, como plan de trabajo de higiene postural y terapias caseras, en las cuales se presentó una tabla de estiramientos y de ejercicios de movilidad articular (f.os 59 a 69). Explicó que el 24 de diciembre de 2014 la Coordinadora

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93266 de Salud Ocupacional de la accionada le remitió a la jefe Administrativa de Servicios de Rehabilitación el seguimiento

a las recomendaciones emitidas por la ARL a la señora Montúfar Dulce, así como a las que internamente le hizo la Fundación (f.° 321). Constató que el 5 de marzo de 2015 el Equipo de Trabajo de Rehabilitación Física de la Fundación demandada realizó la revisión de recomendaciones médicas de varios trabajadores incluida la demandante (f.° 324), a lo que se procedió nuevamente el 23 de mayo de 2016 (f.° 365). En esos escritos se recalcó la importancia de asistir a las sesiones de estiramientos de los martes y los jueves, así como de realizar pausas activas y el autocuidado con las recomendaciones extralaborales. Además, anotó, se le cambiaron a la trabajadora los esquemas de atención de pacientes con prueba piloto y se le asignaron solo neonatos y aquellos con rehabilitación cognitiva, sin que le atribuyeran enfermos ambulatorios. Asimismo, se evaluó la posibilidad de tener un auxiliar de rehabilitación, con la alternación de actividades administrativas cada dos horas, y se enfatizó en que la Fundación estaba cumpliendo las recomendaciones con el programa de prevención de lesiones osteomusculares y seguimiento por parte de fisioterapeutas. Acotó que la testigo Andrea del Carmen Bailón, quien también era terapeuta en la Fundación, sostuvo que quienes desempeñaban esa ocupación no estaban como tal a cargo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 93266 de la movilización de los pacientes, pues para esos efectos podían acudir a los cuidadores, o al personal de enfermería como auxiliares o jefes, cuando se trababa de personas altas

de peso. Por tanto, no necesariamente los terapeutas eran los encargados de hacer la movilización, e incluso, en situaciones extremas, la Fundación proveía unas grúas con arneses especiales, para trasladar a los pacientes pesados y con difícil movilidad de una cama a una silla y viceversa. Estimó que las anteriores afirmaciones se corroboran con el documento que la Coordinadora de Salud Ocupacional de la Fundación le remitió a la demandante en calidad de fisioterapeuta, el 31 de marzo de 2015, sobre la evaluación de la situación de trabajo para acompañamiento laboral que se llevó a cabo en la visita del 12 de noviembre de 2014, por parte de la Fisioterapeuta especialista en higiene y salud ocupacional de la ARL Axa Colpatria. Destacó que allí se analizaron las condiciones del empleo y se estableció que dentro de la jornada de 6 horas diarias de lunes a sábado de 7 a. m. a 1 p. m. sin horas extras (horario fijo que tiene desde noviembre de 2014), para la movilización de 10 a 13 pacientes diarios, de distintas edades cuenta con el apoyo de un auxiliar de piso o de un familiar del mismo paciente y que, algunas veces debe hacerlo sola, aunque no todos los pacientes requieren ser movilizados. Se anotó que cuando el peso del enfermo supera los 40 kg, la demandante no lo moviliza completamente. Asimismo, que los desplazamientos al área de hospitalizados los realiza

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 93266 por el ascensor, pero que, dependiendo la demora de este,

accede a dicha área a través de las escaleras. Indicó además que se registró que la Fundación tiene establecido un período de descanso de quince minutos en la jornada laboral. Sin embargo, la demandante no hace uso de este, por lo que concluyó la funcionaria de la ARL, que: […] se evidencia el cumplimiento de las recomendaciones médico laborales, excepto en lo que se refiere a ritmo moderado de trabajo debido al ritmo de trabajo alto de la atención terapéutica de pacientes que implica manipulación manual de los mismos para traslados. Por ello, emitió una serie de recomendaciones laborales que se encuentran en el capítulo 7 de la evaluación (f.os 74 a 87 y 314 a 320). Analizó que, el 28 de julio de 2015 hubo una reunión en la oficina de administración de la Fundación demandada, que contó con la presencia de la convocante, otros terapeutas ocupacionales y la jefe Administrativa de Recursos Humanos en la cual se trataron temas relacionados con los horarios, protocolos, entre otros (f.° 326). Especificó que entre el 16 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, se efectuó un seguimiento al plan