CSJ - SL2266-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2266-2023 Radicación n.° 96199 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LÁZARO CUBIDES CASTELLANOS, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), trámite en el que se ordenó la vinculación de CRISTALERÍA PELDAR S. A. como litisconsorte necesario por pasiva. De conformidad con la solicitud efectuada ante esta corporación, como consecuencia del deceso del actor, ocurrido el 8 de octubre de 2020, según el correspondiente registro civil de defunción, se tiene como sucesora procesal de este, en los términos del artículo 68 del CGP, a la señora

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Radicación n.° 96199 Teresa de Jesús Castellanos, identificada con la cédula de ciudadanía 27.968.646 en su calidad de cónyuge supérstite del promotor de la contienda, de conformidad con el registro civil de matrimonio allegado.

I. ANTECEDENTES Lázaro Cubides Castellanos demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se declare que es beneficiario del régimen de transición previsto en el Decreto 1281 de 1994 y en el artículo 36 de la

Ley 100 de 1993, y en esa medida, su situación pensional debía definirse bajo las directrices del artículo 15 del Decreto 758 de 1990. En consecuencia, solicitó que la convocada fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por exposición a altas temperaturas y sustancias comprobadamente cancerígenas a partir del cumplimiento de los 50 años de edad, es decir, desde el 15 de diciembre de 2001, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre; los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita. De manera subsidiaria deprecó el pago de los intereses de mora a la máxima tasa legal determinada por la Superintendencia Financiera. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació

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Radicación n.° 96199 el 15 de diciembre de 1951, de manera que a la calenda de presentación de la demanda inicial contaba con 66 años de edad; que cotizó al Sistema General de Pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, un total de 1319 semanas, de las cuales 1300 fueron en desarrollo de actividades de alto riesgo, por haberse encontrado expuesto a altas temperaturas y a sustancias comprobadamente cancerígenas al servicio de la sociedad Cristalería Peldar S. A. Señaló que su empleador cotizó del 25 de noviembre de 1975 al 1 de febrero de 2001 y que para el 1 de abril de 1994

reunía más de 18 años de aportes, por ello, mediante Resolución 105704 del 15 de marzo de 2012 se concedió a su favor una pensión de vejez. Indicó que a través de Resolución SUB 147848 del 3 de agosto de 2017 la demandada le negó el otorgamiento de una pensión especial de vejez; decisión que confirmó al resolver los recursos de reposición y de apelación interpuestos, bajo el argumento de que Cristalería Peldar S. A. no había realizado el pago de la cotización especial a que se refería el Decreto 1281 de 1994 ni a la que aludía el Decreto 2090 de 2003. Adujo que la historia ocupacional emitida por su empleadora da cuenta de que mientras se desempeñó en los cargos de labores varias, selector varios, y operador máquinas «cobradoras» y «operario procesos I» estuvo

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Radicación n.° 96199 expuesto a la sílice cristalina y a sustancias comprobadamente cancerígenas durante turnos de ocho horas. Acotó que el trabajo en altas temperaturas se dio mientras ejerció la labor de operador máquinas «quebradoras», mientras que la exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas fue cuando se desempeñó como operario de labores varias y selector varios. Afirmó que a las sustancias que estuvo expuesto fueron el asbesto y la sílice, «pues cuando las fibras de estas materias primas son desprendidas de las materias que las contienen, flotan en el aire indefinidamente, convirtiéndose

esta circunstancia en uno de los principales factores de riesgo ocupacional por EXPOSICIÓN incluso sin manipulación directa». Sostuvo que ni el ISS ni Colpensiones efectuaron las acciones de cobro de que trata la Ley 100 de 1993 para el evento de que el empleador esté en mora en el pago de aportes, como ocurrió en el asunto, en el que Cristalería Peldar S. A. no realizó las cotizaciones especiales ordenadas en los Decretos 1281 de 1994 y 2090 de 2003; de allí que la pasiva haya incurrido en negligencia y así le vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con el mínimo vital, salud y vida digna. Planteó que no existía sustento para no darle la razón, cuando a varios trabajadores de la «misma industria vidriera»

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Radicación n.° 96199 que han promovido demandas en similares circunstancias si se les ha reconocido las pensiones especiales de vejez por exposición ocupacional ambiental a sustancias comprobadamente cancerígenas, las que relacionó en 13 numerales. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del promotor de la contienda, que a 1 de abril de 1994 contaba con más de 18 años de cotizaciones, que a través de Resolución 105704 del 15 de marzo de 2012 le reconoció una pensión de vejez; que mediante el acto administrativo SUB 147848 de 2017 le negó la concesión de

la pensión especial de vejez; y que decidió de manera adversa al actor los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de tal determinación. De los restantes dijo que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran hechos. En su defensa señaló que las peticiones del promotor de la contienda carecían de soporte jurídico y fáctico, por lo tanto, no era dable disponer el otorgamiento de la prestación pensional deprecada, pues, a pesar de que conforme a la certificación expedida por Cristalería Peldar S. A. la actividad desempeñada por el trabajador correspondía a una de las catalogadas de alto riesgo, una vez revisada la historia laboral, no se acreditaban 700 semanas en ejercicio de dichas labores; ya que en el periodo comprendido entre el 22 de junio de 1994 y el 16 de noviembre de 1998, la ejecución de dichas actividades de alto riesgo lo fue solo durante 227.

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Radicación n.° 96199 Se refirió al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y destacó que, en el presente asunto, se resolvió de manera negativa la solicitud del demandante debido a que no cumplía los requisitos legales previstos para ello y, por tanto, no podía imponerle una consecuencia desfavorable a sus intereses lo que respaldó en la decisión CSJ SL, 12 may. 2005, rad. 22605. Formuló como excepción previa la que denominó falta de integración del litisconsorcio necesario y de fondo las de carencia de causa para demandar; prescripción; buena fe;

inexistencia de intereses moratorios e indexación; compensación y, la innominada o genérica. A través de auto de fecha 11 de septiembre de 2018 (fo. 251) el juez de conocimiento dispuso vincular y hacer comparecer al proceso al empleador del actor, Cristalería Peldar S. A., como litisconsorte necesario por pasiva, con el fin de que ejerciera su derecho a la defensa y contradicción. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente Cristalería Peldar S. A. dio contestación a la demanda inicial oponiéndose a las pretensiones y, frente a los hechos afirmó que no eran ciertos o que no le constaban. En defensa de sus intereses adujo que el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad consagró en el parágrafo 1 del artículo 15 que, para el reconocimiento de las pensiones especiales de vejez, las dependencias de salud ocupacional del ISS debían calificar,

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Radicación n.° 96199 en cada caso, la actividad desarrollada, previa investigación sobre su habitualidad, equipos utilizados e intensidad de la exposición. Precisó que con la expedición de la Ley 100 de 1993 y concretamente el Decreto 1281 de 1994 surgió la obligación legal para los empleadores de efectuar cotizaciones adicionales para pensión especial de vejez, por aquellos trabajadores que realizarán actividades consideradas como de alto riesgo, lo que se modificó posteriormente con el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2090 de 2003 que en su artículo 2 definió las aludidas

actividades. Arguyó que en el asunto en concreto el actor prestó sus servicios en los cargos de labores varias, del 20 de diciembre de 1976 al 14 de agosto de 1977 en el área de decoración de envases; como selector varios, desde el 15 de agosto de 1977 hasta el 13 de septiembre de 1999 en el área de selección de envases; como operador de máquinas quebradoras entre el 14 de septiembre de 1999 y el 14 de febrero de 2001 en el área de formación de vidrio plano, última actividad en la que estuvo expuesto a altas temperaturas y con ocasión a la cual se efectuaron las cotizaciones por los puntos adicionales previstos en la ley. Agregó que durante la vinculación laboral el promotor del litigio no estuvo expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas, en tanto las materias primas no representaban un riesgo para la salud de los trabajadores conforme lo

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Radicación n.° 96199 habían ratificado las evaluaciones e informes técnicos que sirvieron de soporte al Ministerio de Trabajo para confirmar, mediante Resolución 5268 del 13 de diciembre de 2016, el archivo de las diligencias adelantadas por la organización sindical Sintravidricol. Propuso como excepciones de mérito las que enlistó como inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 26 de agosto de 2019 resolvió:

PRIMERO: ABSOLVER a las demandadas ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y CRISTALERÍA PELDAR SA de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante LÁZARO CUBIDES CASTELLANOS, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al demandante LÁZARO

CUBIDES CASTELLANOS.

TERCERO: Si esta decisión no es apelada en su oportunidad, CONSÚLTESE con el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de

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Radicación n.° 96199 apelación interpuesto por el apoderado del actor, a través de proveído del 30 de noviembre de 2021 confirmó la decisión de primer grado e impuso las costas al recurrente. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico determinar si el demandante acreditó haber estado expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas durante la vigencia de su vínculo laboral con Cristalería Peldar S. A. Refirió como premisas normativas el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 en atención a la calidad de beneficiario del régimen de transición del actor de los Decretos 2090 de 2003 y 1281 de 1994 y, como sustento jurisprudencial, la

sentencia CSJ SL716-2021. Adujo que en el trámite de la primera instancia se había encontrado respaldo probatorio respecto de que el demandante laboró para Cristalería Peldar S. A. entre el 20 de diciembre de 1976 y el 14 de febrero de 2001 en los siguientes cargos: i) Labores varias del 20 de diciembre de 1976 al 14 de agosto de 1977, siendo responsable de trabajos sencillos como ayudante de otros o de tareas de aseo, limpieza, movimiento de materiales con el uso de sus manos, escobas, traperos, papel, movimientos de cajas, en el área de decoración de envases, en donde se encontraban ubicadas bandas transportadoras de envases, envases de vidrio, cajas

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Radicación n.° 96199 de cartón, estibas de madera, máquinas de decoración y pinturas para decoración. ii) Selector varios del 15 de agosto de 1977 al 13 de septiembre de 1999, lapso en que desarrolló labores de selección y empaque de producción, armado, pegado y etiquetado de cajas para colocarlas en «conveyor o arrumarlas», en el área de selección de envases, sitio en donde se encontraban envases de vidrio, archas, cajas y estibas de madera. iii) Operador de máquinas quebradoras entre el 14 de septiembre de 1999 y el 14 de febrero de 2001, cargo en el que se encargó de evacuar el vidrio producido por las máquinas de vidrio plano, a través de la operación del

rayador automático, quebrado automático, carrusel y empapeladora e incluso de manera manual; de transportar láminas de vidrio manual o sistema de ventosa; revisar el estado y calidad de la producción y de solicitar la reparación de los equipos y cambio de rodajas. Todo ello con el uso de guantes, delantal de carnaza, polainas, «magas de lona», gafas, casco y botas de seguridad, en el salón de quebrado, perteneciente al área de formación de vidrio plano. Según la certificación emitida por la gerente de recursos humanos de la demandada (fo. 63). Puso de presente que la ARL Seguros Bolívar S. A. certificó que la sociedad empleadora estaba afiliada a dicha administradora, clasificada bajo el riesgo principal IV y su tasa de cotización correspondía al 4,35%; y que en estudio

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Radicación n.° 96199 realizado por el Grupo Guillermo Fergusson entre septiembre de 1991 y abril de 1992, denominado «materia prima utilizada en PELDAR y su relación con la salud obrera en general y el cáncer en particular» se concluyó que sobresalían los riesgos ocasionados por el empleo de materias primas peligrosas en un ambiente laboral que no estaba diseñado para limitar la exposición de los trabajadores a dichas sustancias en los diferentes momentos de su procesamiento y que, el grupo de trabajadores estudiado, presentaba múltiples molestias y enfermedades relacionadas con el panorama laboral descrito. Indicó que en el mes febrero de 1988 el ISS realizó un

estudio ambiental de polvo que arrojó como resultado que en todas las secciones objeto de muestra, se superaban los límites permisibles, corregidos con un grado de riesgo comprendido entre el 4,19% y el 7,80%; posteriormente, específicamente en diciembre de 1994, se efectuó un estudio de polvos totales y respirables por parte del Instituto de Higiene Ambiente y Salud Ltda. y, finalmente en diciembre de 1996, la ARL Suratep hizo un informe de evaluaciones ambientales de material particulado. Destacó que Cristalería Peldar S. A. realizó las cotizaciones al sistema general de pensiones a favor del actor con los puntos adicionales previstos por los Decretos 1281 de 1994 y 2090 de 2003 en el periodo que transcurrió entre el 14 de septiembre de 1999 y el 14 de febrero de 2001 por exposición a altas temperaturas como operador de máquinas quebradoras en la sección formación vidrio plano, como se apreciaba de la comunicación dirigida por dicha sociedad a

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Radicación n.° 96199 Colpensiones (fo. 301) y en el reporte de semanas de cotización (fos. 242 a 247). Por otro lado, aclaró que no era dable tener en cuenta los estudios y evaluaciones aportados por la demandada por haber sido realizados con posterioridad a la fecha en que se desvinculó el promotor de la contienda. Se refirió a las declaraciones rendidas por los señores Luis Jorge Triviño Moreno, Gabriel Antonio Robayo Díaz y Julián Horacio Montañez Africano quienes laboraron para la

misma empleadora del actor y resaltó que la decisión absolutoria del sentenciador unipersonal fue acertada. Lo anterior en consideración a que de las pruebas aportadas al expediente no emergía que el demandante hubiese estado expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas durante toda la vigencia de su vínculo de trabajo; ya que en ninguna de estas se analizó de manera específica los cargos desempeñados por aquel y ni siquiera las áreas en las que la prestación de servicios tuvo lugar y, si bien entre el 14 de septiembre de 1999 y el 14 de febrero de 2001 laboró como operador de máquinas quebradoras y, en consecuencia estuvo expuesto a altas temperaturas, las cotizaciones se realizaron a su favor con los puntos adicionales correspondientes. Enfatizó en que en el estudio realizado por el Grupo Guillermo Fergusson entre septiembre de 1991 y abril de 1992 se analizaron las materias primas utilizadas en las

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Radicación n.° 96199 secciones de mina de arena, planta de arena, planta térmica, materias primas, alfarería, hornos, molduras, decoración y espejos de la planta de Zipaquirá y, en aquel llevado a cabo en febrero de 1998 por ISS a pesar de que aludió a «secciones muestreadas» no se indicó cuáles fueron. Por otro lado, aseveró que el estudio de polvos totales y respirables se elaboró con las muestras tomadas en la planta de arena, materias primas envases, mezclas envases, mezclas de vidrio plano, sótanos, mina de arena, tolva de

materias primas envases, recepción materias primas vidrio plano, bodegas de feldespato y caliza. Y, el informe de evaluaciones ambientales de Suratep realizado en diciembre de 1996 correspondió a las áreas de materias primas, alfarería, molduras envase, molduras cristalería, planta de arena y planta térmica. Expuso que esta corporación a través de la sentencia CSJ SL716-2021, al analizar un caso de similares contornos en el que el trabajador demandante laboró en las áreas de decoración y selección envases y se aportaron los mismos estudios, indicó que de los medios de prueba allegados no se podía inferir que el actor hubiera estado expuesto realmente a sustancias comprobadamente cancerígenas por razón de las tareas desempeñadas o que estas estuvieran catalogadas como actividades de alto riesgo de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990. Así las cosas, afirmó que no eran suficientes las declaraciones rendidas por parte de Luis Jorge Triviño

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Radicación n.° 96199 Moreno y Gabriel Antonio Robayo Díaz para concluir que el demandante siempre estuvo expuesto a sustancias cancerígenas durante su relación laboral con Cristalería Peldar S. A., en tanto sus manifestaciones «no son más que conjeturas forzosas de la exposición a material particulado al referirse a que ese era el ambiente de su sitio de trabajo y que en toda la empresa siempre se veía la nube de polución», pues contrario a lo aseverado por estos, lo que se advierte es que el promotor de la contienda «nunca estuvo en contacto con las

materias primas ni con el proceso de elaboración del vidrio propiamente dicho» sino con el producto terminado y, que de los residuos o material particulado no se demostró que fueran sustancias cancerígenas; unido a que solo estaban presentes en el proceso de aseo que no se realizaba todos los días. De tal forma que no podía colegirse, de las manifestaciones de los testigos, que el actor hubiese estado expuesto a sustancias cancerígenas y menos, en forma permanente o continua durante la existencia de la relación laboral cuando desempeñó los cargos de labores varias y selector varios; motivo por el que confirmó la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión especial de vejez consagrada en el Decreto 1281 de 1994 y a su vez en el artículo 15 de Acuerdo 049 de 1990, a partir de sus 50 años de edad, en un 90% del salario devengado, junto con el pago de la mesada adicional del mes de junio.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los que fueron replicados por Cristalería Peldar S. A. y Colpensiones; los cuales se resolverán a continuación en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 respecto de los artículos 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; 36 y 50 de la Ley 100 de 1993; 1, 2 y 8 del Decreto 1281 de 1995; 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003; 117 del Decreto 2150 de 1995; 21 del CST; 5 de la Ley 57 de 1887; y 53 de la CP. Para dar desarrollo al cargo arguye que objeta las consideraciones esgrimidas por Tribunal en torno al artículo 15 del Decreto 758 de 1990 (sic), específicamente en lo que concierne a los requisitos «para demostrar y acceder la

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Radicación n.° 96199 actividad de alto riesgo» y en cuanto se aseguró que «no está contaminado por las sustancias comprobadamente cancerígenas que se aseguran se utilizan en Peldar, y que como consecuencia de la inexistencia de la contaminación, no existe alguna enfermedad diagnosticada» a efectos de concluir que sí laboraba de manera continua y permanente bajo el uso de sustancias comprobadamente cancerígenas. Transcribe el mencionado artículo 15 y señala que de dicho precepto no emerge como requisito «que el trabajador deba tener una enfermedad de origen laboral para que la rama judicial solo así pueda reconocer la actividad de alto riesgo»; que la cotización especial haya sido efectuada a su

favor por parte de su empleador, ni que tuviera que allegarse un estudio, a él realizado, para así constatar la existencia de una actividad de alto riesgo desempeñada. Destaca que la Corte «ha dejado muy en claro» que no es necesaria la existencia de la cotización para que el juez valore íntegramente si la actividad desempeñada por el trabajador es o no de alto riesgo, en tanto, establecerla lleva a que la administradora de pensiones despliegue las gestiones administrativas correspondientes con el propósito de realizar el cobro coactivo a que haya lugar en el evento de haberse omitido total o parcialmente el pago de los aportes especiales. Agrega así mismo que el precepto relacionado no impone como requisito «la valoración del puesto de trabajo de (sic) trabajador» a efectos de constatar que las funciones ejecutadas implicaron la exposición a alto riesgo consistente

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Radicación n.° 96199 en la manipulación de sustancias comprobadamente cancerígenas, dado que ello equivaldría a «tarifar la prueba», y por ello, ir en contra de la jurisprudencia de esta corporación. Concluye su reparo indicando que el «conjunto de desatinos» producto de un análisis superficial y fraccionado de la normatividad aplicable dio lugar a soslayar las consecuencias propias de la normatividad llamada a gobernar la materia de estudio, así como adicionar requisitos inexistentes para acceder a la prestación económica perseguida.

VII. RÉPLICA Cristalería Peldar S. A. se opone a la prosperidad del cargo destacando que desde el punto de vista técnico la

censura incurre en deficiencias técnicas consistentes en que i) en la proposición jurídica se le atribuye al sentenciador la violación por aplicación indebida de un número plural de disposiciones, no obstante, en el desarrollo no se alude a la mayoría y, en esa medida, no se explica cómo se incurrió en el yerro jurídico enrostrado; ii) a pesar de que el cargo se dirige por la senda directa se incluyen elementos fácticos y; iii) aun cuando se hace énfasis en el artículo 15 del Decreto 758 de 1990, el mencionado artículo no existe como quiera que dicho decreto solo tiene dos artículos. En cuanto al fondo de la acusación argumenta que se cuestionan dos argumentos que el Tribunal no utilizó, pues

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Radicación n.° 96199 no aludió que para acceder a la pensión especial pretendida fuera necesario que el promotor de la contienda padeciera una enfermedad ni que el empleador hubiera efectuado las cotizaciones especiales previstas en la ley. Por otro lado, con relación a la exposición a sustancias cancerígenas que puedan dar lugar al derecho a la pensión especial de vejez, destaca que las normas pertinentes y conforme se ha sostenido en la jurisprudencia de la Corte, debe ser permanente y directa, lo que no ocurrió en el asunto, pues tal como lo coligió el juez plural y no se discute en el cargo, no se encuentra probado que el demandante hubiera estado sometido a tal exposición. Por su parte Colpensiones plantea su oposición señalando que el juez plural no exigió ninguna de las premisas a las que alude el censor, de manera que

corresponde a un reproche infundado, de ahí que lo que proceda es que este no salga avante.

VIII. CONSIDERACIONES Aun cuando la acusación se refiere al artículo 15 del Decreto 758 de 1990 que, en estricto sentido, como la censura lo destaca, no existe, es fácil advertir que ello se debió a un lapsus calami, pues del desarrollo del cargo se entiende que se alude al artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Precisado lo anterior ha de señalarse que la

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Radicación n.° 96199 inconformidad de la censura gravita en que el Tribunal, según su criterio, haya considerado que para que el promotor de la contienda pudiera acceder a la pensión especial de vejez, debía haber sido diagnosticado con una enfermedad originada en la exposición continua y permanente a sustancias comprobadamente cancerígenas; que a su favor se hubieran realizado cotizaciones especiales; y que se allegara un estudio específico, en torno a las labores por él ejecutadas, y así constatar la actividad de alto riesgo desempeñada. Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si el fallador de segundo grado exigió como presupuesto de causación de la pensión especial de vejez deprecada, que el actor padeciera de una enfermedad, se hubieran realizado aportes especiales a su favor y se allegara un estudio específico de los puestos de trabajo ocupados en vigencia del vínculo, como únicos medios para determinar la exposición permanente y real a sustancias comprobadamente

cancerígenas, todo lo cual hubiera generado el equívoco de negar el derecho pretendido. Pues bien, de entrada, ha de señalarse que no le asiste razón a la censura, pues el sentenciador de la alzada en manera alguna requirió para conceder la prestación reclamada que el trabajador demostrara el padecimiento de una enfermedad de tipo cancerígeno. El colegiado lo que dijo fue que de las pruebas aportadas al expediente no emergía que el demandante

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Radicación n.° 96199 hubiese estado expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas durante la vigencia de su vínculo de trabajo; ello, toda vez que en ninguna de las que se analizó, se precisaba de manera específica los cargos desempeñados por aquel, ni las áreas en las que tuvo lugar la prestación del servicio. El Tribunal se ocupó de estudiar los medios de convicción que consideró relevantes para determinar el hecho en que se fundaban las pretensiones del actor, y que, justamente fueron allegadas por este con tal fin; situación distinta es que ese análisis lo haya llevado a concluir que ninguna de ellas evidenciaban el fundamento fáctico sustento de las pretensiones; ejercicio de valoración racional de la prueba cuyo resultado no puede discutirse o verificarse en una acusación dirigida por la senda jurídica, la cual parte de la conformidad del censor con las conclusiones de hecho del fallador de segundo grado. Al punto es menester resaltar que la exigencia de que en el proceso quede acreditada la exposición a sustancias cancerígenas en el desarrollo de las labores particulares que

ejerció el accionante y en su sitio de trabajo, no puede entenderse como el requerimiento que este por fuera de aquello que prevé el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, sino que corresponde al presupuesto esencial en que se funda la pensión especial de vejez que se reclama, en tanto su procedencia pende del efectivo ejercicio de actividades de alto riesgo.

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Radicación n.° 96199 En relación con la argumentación esbozada por el censor debe destacarse que de nada le sirve para los propósitos de la casación, exponer reparos jurídicos en torno a la improcedencia de exigirle un estudio de los puestos de trabajo por él ejecutados en vigencia del vínculo de trabajo, para probar su verdadera exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, cuando este razonamiento no fue efectuado por el Tribunal, quien tampoco exigió que a su favor se realizaran las cotizaciones especiales ni, como ya se destacó, que se le hubiera diagnóstico una enfermedad para a partir de allí dar paso a la pensión especial solicitada. Además, surge evidente que en el ejercicio demostrativo la censura deja libre de ataque los verdaderos soportes de la decisión de segundo grado, esto es, que las pruebas aportadas por el demandante no demostraban el ejercicio de una actividad catalogada como de alto riesgo, como es aquella desarrollada con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. A este respecto es importante enfatizar que tal y como lo ha adoctrinado la Corte, quien pretenda el

quebrantamiento de un fallo a través del recurso extraordinario de casación tiene la carga de controvertir y derruir todos los soportes sobre los que está edificado el pronunciamiento que se cuestiona, pues de lo contrario la providencia continúa sustentada con las inferencias no controvertidas. Así lo ha sostenido esta corporación, entre otras, en la

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Radicación n.° 96199 sentencia CSJ SL12298-201