CSJ - SL2269-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2269-2023 Radicación n.° 95785 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN, GERARDO CANAL

PERDOMO, RAMÓN ALBERTO CHINCHILLA ARENAS,

JOSÉ HÉCTOR SALAS CHACÓN, VÍCTOR MANUEL

VILLAMIZAR CARRILLO, OMAR CABALLERO OMAÑA, EDUARDO VILLÁN y LUIS ALFREDO PABÓN RINCÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 12 de junio de 2019 en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE

DE SANTANDER S. A. ESP.

Se reconoce personería adjetiva al abogado José Roberto Herrera Vergara, con T.P. 18.316 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en este proceso

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95785 como apoderado de la sociedad demandada, en los términos y para los fines en que fue conferido el poder que obra en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Juan Bautista Fuentes León, Gerardo Canal Perdomo, Ramón Alberto Chinchilla Arenas, José Héctor Salas Chacón, Víctor Manuel Villamizar Carrillo, Omar Caballero Omaña, Eduardo Villán y Luis Alfredo Pabón Rincón llamaron a juicio

a Centrales Eléctricas de Norte de Santander S. A. ESP, con el fin de que se reconozca «el excedente pensional hasta completar el 75% de la pensión», por haber sido mal jubilados y por cumplir los dos requisitos previstos en la convención colectiva; junto con el retroactivo pensional por la diferencia entre el porcentaje reconocido y el 75% que les correspondía, desde el otorgamiento hasta la fecha de pago, incluidas las 14 mesadas; la indexación de las diferencias, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso . En respaldo de sus pretensiones relataron que, en el parágrafo tercero del artículo 63 de la CCT 2004-2008 se incorporó la posibilidad de que, mediante acta extra convencional, se concedieran pensiones a los trabajadores; por su parte, el parágrafo tercero del artículo 63 de la CCT 2002-2004 previó la posibilidad de pensionarlos a través de acta extra convencional cuando fueran desplazados por el desarrollo tecnológico o por circunstancias de salud.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95785 Narraron que desde 2004 la demandada pensionó a un grupo de servidores que fueron incluidos en la supresión de cargos por la automatización de sus actividades y otros por enfermedad, lo que se hizo a través de un acta convencional suscrita por el gerente de la empresa y el presidente de la organización Sintraelecol. Afirmaron que la jubilación anticipada por enfermedad se otorgó así: Nombre Decisión empresarial Tasa de Salario promedio

reemplazo devengado último año Víctor Manuel Villamizar Carrillo 005 del 31 de enero del año 68% $ 1.871.142 2005 José Héctor Salas Chacón 057 de 13 de septiembre de 68% $ 2.169.482 2004 Juan Bautista Fuentes León 056 de 13 de septiembre de 71% $1.162.942 2004 Ramon Alberto Chinchilla Arenas 111 de 24 de octubre de 2006 70% $ 2.405.894 Omar Caballero Omaña 076 del 30 de noviembre de 54% $1.553.958 2004 Gerardo Canal Perdomo 058 del 17 de agosto de 2010 60% $5.300.473 Luis Alfredo Pabón Rincón 004 del 31 de enero de 2005 71% $2.007.502 Eduardo Villán 074 del 30 de noviembre de 47% $2.034.928 2004 Dijeron que, a pesar de que las convenciones dispusieron que para ello se debía celebrar un acta extra convencional solo se hizo a través de un acta convencional para cada trabajador; que el artículo 69 de la CCT preveía de forma taxativa el procedimiento que se seguiría sin que se pudiera modificar unilateralmente; así, se consignó que tenía que crearse una mesa de deliberación, debatirse con dos representantes de los trabajadores y uno designado por el presidente de Sintraelecol de la directiva nacional y uno de la empresa y por un lapso de tres meses.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95785 Indicaron que las actas convencionales que se suscribieron en sus casos no respetaron los lineamientos de

esas disposiciones y les dieron una pensión inferior al 75%, vulnerando los derechos de estabilidad, igualdad y asociación sindical. Agregaron que por el incumplimiento del artículo 69 convencional y dado que a la fecha de la radicación de la demanda satisfacían los requisitos, la pensión de jubilación debía incrementarse en un 75% sobre el ingreso base de liquidación (f.° 114 a 125 y 128 a 138). Al dar respuesta al escrito inicial, la demandada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió lo previsto en los parágrafos tercero de los artículos 63 de las convenciones colectivas 2004-2008 y 2002-2004, así como el reconocimiento a los actores de pensiones de jubilación anticipada por enfermedad, mediante decisiones empresariales, el porcentaje aplicado y el último salario promedio devengado. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no corresponder a supuestos fácticos. Adujo que los promotores de la litis solicitaron la pensión de jubilación por condiciones de salud, la cual les fue otorgada a cada uno sin que tuvieran para ese momento los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos para la pensión del artículo 260 del CST ni la regulada por la CCT vigente para la época. Antepuso que ha cumplido con reconocer y pagar las pensiones voluntarias, extra convencional y extralegal según lo convenido, y no tiene

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95785 responsabilidad alguna frente a las obligaciones que se le endilgan en la demanda inaugural, teniendo en cuenta que los convocantes, al momento del retiro, no reunían las

exigencias convencionales para que se les diera la pensión ordinaria de jubilación. En su defensa formuló las excepciones de fondo que denominó validez y eficacia del reconocimiento pensional a los demandantes, validez y eficacia del acogimiento de los accionantes al plan voluntario de jubilación anticipada, extralegal y extra convencional ofrecido, inexistencia de las normas convencionales en que se amparan en la demanda para la época en que se pensionaron, pago, cumplimiento de la demandada de las obligaciones que sí existieron, buena fe, inexistencia de las obligaciones que se demandan, cobro de lo no debido, prescripción e improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 21 de marzo de 2017, resolvió:

1. ABSOLVER a la entidad Demandada CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., de todas las pretensiones instauradas en su contra por los señores

VÍCTOR MANUEL VILLAMIZAR CARRILLO, JOSÉ HÉCTOR

SALAS CHACÓN, JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN, RAMÓN

ALBERTO CHINCHILLA ARENAS, OMAR CABALLERO OMAÑA,

GERARDO CANAL PERDOMO, LUIS ALFREDO PABÓN RINCÓN,

EDUARDO VILLÁN.

2. Condenar en costas a los demandantes.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95785

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante fallo del 12 de junio de 2019, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas a los actores.

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el colegiado consideró que le correspondía determinar si era viable condenar por el acrecentamiento de las pensiones extralegales otorgadas a los actores hasta el 75% del salario promedio devengado. Precisó que la pensión que la demandada les reconoció a los demandantes conforme al parágrafo 3 del artículo 63 de la CCT por antecedentes médicos y de salud, se otorgó de la siguiente manera: Nombre Decisión Fecha de la solicitud Tasa de Fecha de disfrute Acta extra empresarial de del trabajador reemplazo convencional en la reconocimiento con la que que se autorizó el pensional se reconocimiento reconoció la pensión Víctor Manuel Villamizar 005 del 31 de enero 4 de noviembre de 68% 1 de diciembre 19 de noviembre de Carrillo del 2005 2004 2004 2004 José Héctor Salas 057 de 13 de 15 de abril del 2004 68% 3 de agosto de 2004 25 de mayo de 2004 Chacón septiembre de 2004 Juan Bautista Fuentes 056 de 13 de 3 de mayo de 2004 71% 1 de agosto de 2004 25 de mayo de 2004 León septiembre de 2004 Ramon Alberto 111 de 24 de 2 de mayo de 2006 70% 17 de octubre de 2 de octubre de 2006

Chinchilla Arenas octubre de 2006 2006 Omar Caballero Omaña 076 del 30 de 22 de octubre de 2004 54% 2 de noviembre de 27 de octubre de noviembre de 2004 2004 2004 Gerardo Canal Perdomo 058 del 17 de agosto 21 de julio de 2010 60% 30 de julio de 2010 30 de julio de 2010 de 2010 Luis Alfredo Pabón 004 del 31 de enero 16 de noviembre de 71% 1 de diciembre de 19 de noviembre de Rincón de 2005 2004 2004 2004 Eduardo Villán 074 del 30 de 20 de octubre de 2004 47% 2 de noviembre de 27 de octubre de noviembre de 2004 2004 2004

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95785 Puntualizó que el artículo 63 de la CCT 20042008 suscrita entre la demandada y el sindicato previó las condiciones normales para acceder a la pensión de jubilación con el 75% del salario promedio, tras cumplir más de 20 años de servicio y reunir 75 puntos en un sistema de punto por año de edad y otro por cada año de trabajo. Sin embargo, se agregaron tres parágrafos: el primero, condicionó que, si la pensión no se solicitaba al año siguiente de cumplir los requisitos, se perdería el derecho convencional; el segundo, estableció que si el trabajador ingresó a la demandada después del 1 de marzo del año 1992 requeriría 80 puntos; y, el tercero dispuso: «Cuando por desarrollo tecnológico y

optimización de procesos resulten eliminados cargos, o por antecedentes médicos y de salud de trabajadores, las partes establecerán mediante Acta extra convencional las condiciones de jubilación». Indicó que, si entre los trabajadores y el empleador se convino un esquema para obtener la pensión de jubilación con reglas claras y precisas, las partes debían cumplir ese compromiso, a través del cual se garantizaba el acceso a los derechos laborales. Señaló que la sentencia CSJ SL8768-2015 no era aplicable a este asunto ya que allí se analizó un conflicto diferente relativo a una reliquidación pensional y no el reconocimiento de la pensión de quienes llevaban años disfrutándola, como ocurría en el sub lite. Agregó que la interpretación propuesta por la parte actora no era admisible porque el artículo 63 convencional exigía dos presupuestos:

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95785 cumplir más de 20 años de trabajo y reunir 75 puntos en un sistema de: punto por año de edad y otro por cada año de servicios. Explicó que la parte demandante estimaba que la última expresión debía interpretarse como «servicio activo o pasivo ante la ausencia de calificativo correspondiente»; no obstante, encontraba que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española «se apreciaba específicamente la sección servicio activo para definir una situación laboral en donde una persona desempeña efectivamente el puesto que le corresponde, siendo claro que no se puede prestar un servicio si el trabajador no está activo».

Por consiguiente, rechazó la lectura hecha por la convocada a juicio, pues el artículo utilizaba la expresión año «de servicios» y no otras, como año de vinculación. De otro lado, indicó que el capítulo octavo de la convención correspondía a las disposiciones finales, el cual regulaba temas que no se relacionaban entre sí. Señaló que «para evaluar si existía la dependencia reclamada por el actor entre el artículo 63 sobre la pensión de jubilación y el artículo 69 titulado acuerdo nacional de restructuración, componentes de un capítulo de asuntos variados y sin aparente relación», debía revisar la última disposición mencionada, el cual preveía que: En la eventualidad en que CENS S.A ESP considere a consideración (sic) del gobierno u organismos competentes adelanten un proceso de restructuración con el propósito de elevar la productividad, la eficacia y la eficiencia para beneficio de la comunidad, conformarán una mesa de trabajo con

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95785 participación de representantes de la administración y hasta 2 por parte de los trabajadores afiliados a Sintraelecol en la respectiva entidad para que previo estudio y evaluación entre las partes elaboren propuestas sobre el sentido, la dirección, la aplicación y lineamientos que deben tenerse en cuenta en la implementación y ejecución de proceso de restructuración. Destacó que los parágrafos 2 y 4 del artículo 69 convencional regulaban el funcionamiento de las mesas de trabajo frente a la desvinculación de trabajadores, por políticas de privatización o movimientos bruscos en cambios de personal, así como el plazo para presentar resultados y la

intervención del Ministerio de Minas. Encontró que de una lectura literal y sistemática de estos artículos de la CCT: […] no se encuentra una relación inescindible en los términos que reclama la parte demandante sobre la solicitud anticipada de la pensión de jubilación por salud y la mesa de trabajo en casos de restructuración; lo único en común entre esos artículos es el parágrafo tercero del artículo 63, además de cuestiones de salud, plantea la jubilación anticipada por cargos eliminados ante el desarrollo tecnológico, optimización de procesos, al tiempo que uno de los criterios que debe evaluar la mesa de trabajo es “La optimización de los recursos humanos y técnicos, económicos y operativos para mejorar la productividad y prestación del servicio y la implementación de planos de capacitación y actualizaciones tecnológicas”. Así, aclaró que se trataba de dos situaciones distintas: de un lado, el parágrafo tercero del artículo 63 convencional establecía que los trabajadores y la empresa podían, mediante acta extra convencional, modificar las condiciones de jubilación por razón de eliminación de cargos o por asuntos médicos o de salud; y por otro, se determinó que, en casos de restructuración dispuesta por el Gobierno nacional u organismos competentes, se debían conformar mesas de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95785 trabajo para evaluar las propuestas sobre la implementación y ejecución de la reorganización, incluyendo un parágrafo en donde se señaló que esos procesos no necesariamente implicaban el aumento o disminución de las plantas de personal. Explicó que, según la CCT, un trabajador podía solicitar

anticipadamente su pensión para ser evaluada por la empresa y llegar a un acuerdo extra convencional o, que la empresa, por su cuenta, durante un proceso de restructuración podía llegar a plantear medidas de optimización para disminuir las plantas de personal, dentro del cual se proponía la jubilación anticipada a un trabajador para alcanzar un acuerdo en acta extra convencional. Sin embargo, no se evidenciaba en qué medida la mesa de negociación era necesaria o fundamental para el trámite de la pensión anticipada, pues las partes, al suscribir la convención, impusieron como única limitante las causales y que evaluarían las condiciones en que podían darse para cada jubilación de manera particular. Encontró que, en este caso en concreto, desde la demanda inicial se establecía con claridad que los demandantes fueron quienes iniciaron el trámite de pensión anticipada, al solicitarle a la empresa que aplicara el parágrafo 3 del artículo 63 convencional. Así, resaltó que los actores Villamizar, Fuentes, Chinchilla, Canal y Pabón pidieron la pensión anticipada por motivos de salud; los señores Salas y Villán por razones de salud mental y afectaciones por el conflicto armado en la zona y el señor

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95785 Caballero la pidió por restructuración de la sucursal de Tibú y riesgos de labor en esa área de conflicto armado. Recalcó que las pensiones anticipadas de los reclamantes se concedieron por la petición de cada uno de ellos y no por el resultado o las conclusiones de la empresa tras un proceso de restructuración. De ahí que, el único

parámetro aplicable para tramitar la prestación anticipada de los solicitantes era, según lo pactado en el parágrafo 3 del artículo 63 extralegal, que las partes establecieran unas condiciones en acta extra convencional y que ambas las aceptaran, tal y como efectivamente sucedió. Así, estimó que no les asistía razón a los actores cuando referían que, demostrada la existencia de un proceso de restructuración se evidenciaba un derecho vulnerado y la necesidad de subsanarlo con un acrecentamiento del porcentaje reconocido, pues la actuación de la empresa se ajustó al único parámetro convencional aplicable, esto es, una vez solicitada la pensión anticipada por el trabajador, dispuso en la respectiva acta con el representante sindical, las condiciones a ofrecer al servidor y este manifestó su aceptación al ser notificado de la decisión empresarial; «circunstancia esta que controvierte abiertamente lo afirmado en la apelación» en cuanto a que «los trabajadores no pudieron oponerse, pues de estar inconformes con lo reconocido, la convención garantiza la estabilidad laboral para seguir trabajando hasta alcanzar los 75 puntos». Por lo anterior, consideró que cualquier debate sobre la

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95785 existencia de un proceso de reorganización y la necesidad de una mesa de negociación resultaba inane. Por consiguiente, la única situación que podría evidenciar alguna irregularidad suficiente para controvertir la validez de las actas extra convencionales que avalaron la solicitud de pensión anticipada y las decisiones empresariales, es que se hubieran desconocido los derechos mínimos e irrenunciables porque

los accionantes hubieran adquirido legal o convencionalmente la pensión. En ese sentido, citó la decisión CSJ SL, 29 jun. 2012, rad. 39744, reiterada en providencia CSJ SL889-2014, y dijo que, lo que hacía que un derecho fuera indiscutible era la certeza sobre el cumplimiento de las exigencias para su causación. Así, precisó que las condiciones con las que se pensionaron los actores correspondían a las siguientes: Nombre Edad a la que Tiempo de Puntos Tasa de reemplazo Mesada se pensionó servicios aplicada reconocida Víctor Manuel Villamizar Carrillo 45 23 años 68 68% $1.871.142 José Héctor Salas Chacón 47 21 años 68 68% $2.169.482 Juan Bautista Fuentes León 51 20 años 71 71% $1.161.945 Ramon Alberto Chinchilla Arenas 47 23 años 70 70% $2.405.894 Omar Caballero Omaña 39 15 años 54 54% $1.553.958 Gerardo Canal Perdomo 55 15 años 60 60% $5.300.473 Luis Alfredo Pabón Rincón 46 25 años 71 71% $2.007.502 Eduardo Villán 34 12 años 47 47% $2.034.928 Destacó que los señores Villamizar, Salas, Fuentes,

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95785 Chinchilla, Caballero y Pabón ingresaron antes de 1994 y necesitaban 75 puntos para pensionarse con el 75% del salario promedio; así mismo, los actores Canal y Villán que

ingresaron después de 1994 necesitaban 80. Resaltó que ninguno de ellos alcanzó esa cantidad y, aun así, por motivos de salud, se les otorgó la pensión anticipada con una tasa de reemplazo equivalente a los puntos acumulados. Explicó que, como ninguno de los demandantes cumplió los requisitos, no era posible afirmar que hubieran adquirido el derecho mínimo e irrenunciable para acceder a la pensión reclamada, no obstante, la empresa les reconoció esa prestación en unas condiciones equivalentes a la edad y tiempo de servicio. De esa manera dijo que coincidía con el criterio del a quo en cuanto a que no se desconocieron las garantías mínimas de los demandantes derivadas del sistema convencional ni mucho menos del legal, para lo cual tuvo en cuenta que en el régimen de prima media, para pensionarse exigía un tiempo de 1300 semanas (25,3 años) y una edad para los hombres de 62 años, y en esas condiciones se daba una tasa de remplazo del 65%, en cambio, en el sub lite, la persona con más tiempo de servicio era Pabón Rincón, quien se jubiló con 46 años de edad y con 25 de servicio, con una tasa de reemplazo del 71%, la que era notoriamente más favorable que la del sistema legal. Desde otra perspectiva y teniendo en cuenta que las razones para jubilarse fueron asuntos de salud, resaltó que

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95785 conforme al artículo 40 de la Ley 100 de 1993 las tasas de reemplazo para pensiones de invalidez equivalían al 45% para pérdidas de capacidad laboral del 50% y 66% y 54%

para PCL superiores, sin que ninguna de las pensiones reconocidas hubiera sido inferior a tales porcentajes. De ese parangón concluyó que no era posible considerar que se les hubieran desconocido los derechos a los demandantes. Precisó que, respecto de Gerardo Canal, quien solicitó la pensión anticipada por sus condiciones de salud al tener una PCL del 57,25% y con 15 años, 7 meses y 18 días de servicio, esto es 804 semanas, su caso podía asimilarse más al de una posible pensión de invalidez y, conforme literal del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la tasa de reemplazo en este caso alcanzaría un 54%, el que resultaba notoriamente inferior al 60% que le fue reconocido, por lo que tampoco se avizoraba una afectación al derecho mínimo irrenunciable. Por último, en cuanto a la alegada vulneración del derecho a la igualdad, consideró que las reclamaciones sobre este tópico exigían necesariamente demostrar la existencia de un trato injustificadamente diferenciado, pero en este caso ninguno de los actores alcanzó los 75 puntos requeridos para cumplir con el parámetro del artículo 63 convencional, razón por la que no podría predicarse un trato desigual. Por todo lo anterior concluyó que debía confirmar la decisión de primer grado que negó la reliquidación de las pensiones convencionales otorgadas.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95785

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los demandantes (f.° 15 del cuaderno de segunda instancia), concedido por el Tribunal a cada uno de ellos (f.° 28-30 del cuaderno de

segunda instancia) y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los recurrentes pretenden que esta corporación case la sentencia de segunda instancia que confirmó el fallo de primer grado, para que, en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión absolutoria.

Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y que se resolverán en ese orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la decisión del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, a través de la infracción de medio respecto del Acto Legislativo 01 de 2005 parte final del parágrafo transitorio tercero, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia por la Ley 27 de 1976; los artículos 467, 468, 469, 471, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 4 de la Ley 169 de 1896, 7 del CGP 50, 60 y 61 del CPTSS;

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95785 infracción de medio o puente que determinó quebrantar indirectamente por aplicación indebida los derechos sustanciales contenidos en los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, 1, 13, 15 y 21 del CST; 1494, 1530, 1531, 1536, 1538, 1540, 1541 y 1542 del CC, 3, 14, 15, 21 y 143

de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; 41 y 42; 467, 468, 469, 470, 471 del CST, 66 A del CPTSS, 1627, 1628, 1634 y 1645 del CC; 13, 21, 53, 67 y 72 de la Carta Política. Señalan que el colegiado cometió los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por probado, sin estarlo, que los demandantes no tenían derecho a una PENSIÓN CONVENCIONAL.

2. Dar por establecido sin estarlo, que en el artículo 63 de la recopilación de normas convencionales (convención colectiva 2004-2008) exige para el derecho a la pensión de jubilación cumplir de forma simultánea y en servicio activo 75 puntos de los cuales uno es por edad y otro por tiempo de servicio, siempre y cuando se hubieren prestado 20 años de servicio.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la edad es un requisito de cumplimiento y no de exigibilidad para la pensión convencional del artículo 63 de la recopilación de normas convencionales (convención colectiva 2004-2008).

4. No dar por demostrado, estándolo, que la recopilación de normas convencionales (convención colectiva 2004-2008), en su artículo 63 admite más de una interpretación.

5. No dar por demostrado estándolo, que la interpretación más favorable del artículo 63 de la recopilación de normas convencionales (convención colectiva 2004-2008), permite que el derecho a la pensión convencional nazca con el cumplimiento de

los 20 años de servicios.

6. No dar por demostrado, estándolo, que al demandante se le debe aplicar la interpretación más favorable del artículo 63 de la recopilación de normas convencionales, (convención colectiva

2004-2008).

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95785

7. No dar por demostrado, estándolo, que el derecho a la pensión de jubilación convencional se concretó con el cumplimiento de los 20 años de servicios.

8. Dar por probado, sin estarlo que la recopilación de normas convencionales 2004-2008 perdió vigencia en fecha distinta al 31 de julio del año 2010.

9. No dar por probado estándolo, que la recopilación de normas convencionales 2004-2008 al momento del retiro del recurrente de CENS SA ESP había cumplido con el requisito de estructuración del derecho a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL, al tener 20 años o más de servicio.

10. No dar por demostrado estándolo que el texto convencional en el artículo 63, establece como requisito de estructuración del derecho el requisito de la edad de los 20 años, sin que se establezca un requisito concreto de edad para la sumatoria de los 75 puntos, siendo evidente que solo se requiere estando vigente la relación jurídico contractual del cumplimiento del tiempo de servicio, siendo posible cumplir la edad después del retiro.

11. No dar por probado estándolo que dentro de la recopilación de normas convencionales particularmente la 2004-2008 no se exige que el cumplimiento del requisito de la edad sea como

trabajador activo en razón a que en el artículo 63 nunca se establece dicho condicionamiento, ni mucho menos que el cumplimiento de ambos deba darse en un mismo momento.

12. No dar por probado, estándolo que ante la petición elevada por los recurrentes del reconocimiento de PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL en cumplimiento del artículo 63 de la CCT y al haberse cumplido el requisito de la edad antes del 31 de julio de 2010, debe reconocerse la pensión convencional debiendo reliquidar y aumentar la tasa de reemplazo al 75% convencional por cumplir posteriormente y antes de la entrada en vigor del acto legislativo 001 de 2005 con el requisito de la edad.

Dicen que esos equívocos fueron producto de la errada apreciación y falta de valoración de las siguientes pruebas y piezas procesales:

PRUEBAS INDEBIDAMENTE APRECIADAS:

1. DECISIONES EMPRESARIALES, por medio de la cual

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER SA ESP,

reconoce PENSIÓN EXTRACONVENCIONAL Y EXTRALEGAL a

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95785 mis mandantes, en donde consta el TIEMPO DE SERVICIO Y LA

EDAD PARA CADA FECHA. FL 9-47 EXPEDIENTE PRIMERA

INSTANCIA.

2. LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR

JUBILACIÓN, emitido por CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE

DE SANTANDER SA ESP, a folios 9-47 EXPEDIENTE PRIMERA

INSTANCIA.

3. MEMORIAL AGOTAMIENTO VÍA ADMINISTRATIVA, formulado

por los accionantes.

4. Constancia JEFE DE SERVICIOS CORPORATIVOS, CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER SA ESP, del valor de las mesadas pensionales canceladas a los demandantes, fl. 247 a 255 del EXPEDIENTE PRINCIPAL.

5. Acta EXTRA CONVENCIONAL Y EXTRA LEGAL, firmada por representante del empleador y por el presidente SINTRAELECOL, a folios 178-197 del expediente principal.

6. Recopilación de normas convencionales, (Convención Colectiva 2004-2008), expediente digital.

PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: La demanda junto con el componente fáctico y las demás pruebas aportadas con la contestación de la acción en donde aparecen acreditados los presupuestos de causación del derecho pensional convencional en lo referente al tiempo de servicio y de allí la correspondencia del derecho conforme la legislación y la jurisprudencia relativa al particular. (Las mayúsculas son originales).

En la demostración del cargo, estiman que es equivocado considerar que para acceder a la pensión prevista en el artículo 63 de la CCT 2004-2008 era necesario encontrarse al servicio activo para cumplir la edad necesaria, cuando tal disposición establece como exigencia el cumplimiento de 75 puntos, en el cual cada año de servicio equivale a un punto y de edad otro, siempre que hubiera completado 20 años de servicios, sin que la norma, en forma alguna hubiera previsto que ambos requisitos debieran cumplirse de forma coetánea, sincrónica o que no pudiera

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95785

arribarse a la edad necesaria luego del retiro del servicio. Indican que para el momento de la desvinculación tenían más de 20 años de servicios cumplidos antes de la pérdida de la vigencia de la pensión convencional por el Acto Legislativo 01 de 2005. Además, el texto extralegal -el cual transcribenno especifica un número determinado para el cumplimiento de la edad, de ahí que no implica que el trabajador deba encontrarse activo en la empresa. Así, estiman que el tiempo de servicios es el requisito de causación y el de la edad, es de disfrute. Consideran que es procedente otorgarles la prestación regulada en el artículo 63 de la CCT una vez cumplida la edad de forma posterior al retiro, por lo que, en este caso, resultaba viable el incremento de la tasa de reemplazo a la prevista en tal disposición (75%), por lo que, al negarles esta súplica se violaron los artículos 15 y 53 del CST. Transcriben la decisión CSJ SL3407-2020 y dicen que, en ella, con apoyo en la jurisprudencia, se estimó que la edad es una mera condición de exigibilidad para obtener la pensión. Señalan que el tiempo