CSJ - SL2290-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2290-2023 Radicación n.° 94471 Acta 34 Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ RODRIGO VÉLEZ ALZATE, contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 16 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró contra LOCERÍA

COLOMBIANA S.A.

I. ANTECEDENTES José Rodrigo Vélez Alzate demandó a Locería Colombiana S.A. (en adelante Locería S.A.), con el propósito de que, previo reconocimiento de la relación laboral que vinculó a las partes, se declarara que su enfermedad profesional se dio por el incumplimiento de la empresa, de sus obligaciones de prevención y protección en materia de

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Radicación n.° 94471 salud ocupacional; así como la ineficacia de la terminación de su contrato de trabajo por ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada prevista en la Ley 361 de 1997. En consecuencia, solicitó que condenara al pago de los perjuicios materiales, a título de daño emergente y lucro cesante; y de los extrapatrimoniales, morales y fisiológicos. También pidió su reintegro, sin solución de continuidad, junto con el desembolso de los salarios, las prestaciones sociales y las vacaciones dejadas de percibir, así como que le fuera cancelada la indemnización de 180 días de salario del

artículo 26 de la Ley 361 de 1997; todo debidamente indexado. Fundamentó sus peticiones, en que celebró contrato de trabajo a término indefinido con Locería S.A. desde el 15 de abril de 1991, en el cargo de «pulidor de obra cruda», con un salario de $1.085.040, estando afiliado a la ARL Sura. Manifestó que durante la ejecución de la relación laboral desarrolló síndrome del túnel del carpo, inicialmente en la mano derecha, el cual fue tratado con analgésicos por la EPS y con una cirugía de liberación que se le practicó en 1998. Agregó que en 2005 inició con «parestesias nocturnas en mano izquierda» que condujeron a tratamientos médicos por patología en ambas manos, razón por la cual, el 10 de mayo de 2006, la EPS envió concepto médico a la empresa informando del diagnóstico y recomendando «[…] evitar

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Radicación n.° 94471 motortool para limpiar piezas grandes; puede manipularlo para piezas pequeñas». Indicó que en 2010 y 2011 consultó nuevamente, confirmándose síndrome de túnel del carpo en la mano izquierda; que además de las secuelas físicas, la enfermedad le causó trastornos psicológicos que le impidieron desarrollar sus actividades laborales y personales con normalidad. El 14 de julio de 2012 se efectuó estudio de su puesto de trabajo donde se consignó la jornada, el cargo, las principales funciones y la descripción de los pesos que debía manipular; y que si bien el 6 de agosto de 2012 la ARL Sura

determinó que la enfermedad era común, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen n.º 1648-13 del 19 de marzo de 2013, consideró que era profesional dados los riesgos estudiados. Añadió que inicialmente la ARL Sura lo calificó con pérdida de capacidad laboral equivalente al 9.45%, porcentaje ajustado por el segundo dictamen de 30 de septiembre de 2013, que la definió en un 12.27%, con fecha de estructuración el 7 de mayo de 2013, «[…] la cual no fue (sic) controversia». Afirmó que, durante la ejecución de la relación laboral, la empresa no adoptó las medidas preventivas de seguridad industrial para el desempeño de sus actividades, a fin de protegerlo de la exposición a riesgos de cargas, posturas o ergonómicos y que de ello daba cuenta lo establecido por la

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Radicación n.° 94471 Junta Regional el 19 de marzo de 2013 que se basó en el estudio del puesto de trabajo. Narró que su contrato fue terminado sin justa causa el 10 de febrero de 2012 «[…] a sabiendas que para ese momento persistían sus problemas de salud», lo que tornaba discriminatorio e inconstitucional el despido, pues «Era preponderante que la demandada solicitara la previa autorización del Ministerio de la protección social». Al dar respuesta a la demanda, Locería S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral; los extremos y modalidad del contrato de trabajo; el salario y cargo, aclarando que eran los

correspondientes al momento de finalización del vínculo laboral y el despido sin justa causa. Precisó que la información médica del trabajador contaba con reserva legal, por lo que no le constaban los hechos señalados y se atenía al contenido de los documentos aportados con la demanda. Manifestó que la comunicación del 10 de mayo de 2006, remitida por la EPS, incluyó una recomendación temporal del profesional tratante, con vigencia de seis meses y que «[…] la patología del túnel del carpió (sic) se resuelve con el procedimiento quirúrgico que se afirmó en la demanda le fue practicado». Señaló que el estudio del puesto de trabajo, las definiciones del origen de la enfermedad y las calificaciones

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Radicación n.° 94471 de pérdida de la capacidad laboral, fueron hechas con posterioridad a la finalización del vínculo. En todo caso, dijo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez no hizo suyas las consideraciones del análisis del puesto de trabajo, sino meramente las referenció; y que, sin perjuicio de ello, era claro que el dictamen se encontraba en firme, resaltando que la estructuración de su estado se dio más de un año después del despido, período durante el cual no tuvo injerencia o control sobre las actividades que hubiera podido desarrollar el demandante. Negó que no hubiera implementado sistemas de vigilancia epidemiológica para controlar los factores de riesgo asociados a las actividades del trabajador y afirmó que contaba con un programa de salud y seguridad laboral, que cumplía los estándares legales. Informó que al señor Vélez Alzate le fue reconocida una

indemnización por incapacidad permanente parcial por $37.575.629 y sostuvo que para la fecha de terminación del contrato el trabajador se encontraba laborando en condiciones normales, no tenía vigentes restricciones ocupacionales u órdenes de reubicación y ya se había practicado el procedimiento quirúrgico para solucionar su patología, por lo que no era beneficiario de estabilidad laboral reforzada que le impusiera a la empresa la obligación de acudir a la autoridad administrativa para solicitar la autorización de despido.

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Radicación n.° 94471 En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, compensación, cumplimiento de las obligaciones del empleador, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de Caldas, mediante fallo del 10 de diciembre de 2018, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 16 de noviembre de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia.

Consideró como problemas jurídicos determinar i) si existió culpa comprobada del empleador en la ocurrencia de la enfermedad laboral del demandante y ii) si al momento de la terminación del contrato aquel se encontraba amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada previsto en el artículo 26 la Ley 361 de 1997. Anticipó que había lugar a confirmar la decisión de primera instancia e inició su explicación por el asunto de la

culpa patronal. Dio por probada la existencia del contrato de trabajo, los extremos laborales, el despido sin justa causa, el cargo de «Pulidor de obra Cruda», el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano «[…] a raíz del cual se le realizó

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Radicación n.° 94471 procedimiento quirúrgico en el año de 1994», el origen laboral de la enfermedad, la pérdida de capacidad laboral calificada en un 12,27% y la fecha de estructuración de la patología el 7 de mayo de 2013. Explicó el contenido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el precedente de esta Sala según el cual, para que proceda la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal, debe probarse suficientemente esta, además del daño ocasionado al trabajador y su nexo con el actuar negligente del empleador respecto de sus obligaciones de protección y cuidado del personal. Citó varias sentencias de esta Corporación, así como los artículos 56, 57 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo y 84 de la Ley 9 de 1979 y las Resoluciones 1016 de 1989 y 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo. Recordó que el demandante tenía la carga de probar la culpa del empleador, salvo en los casos donde le imputara una actitud omisiva como causante del accidente o enfermedad, pues en dichos eventos, era este último el responsable de demostrar que no incurrió en la negligencia, acreditando que adoptó las medidas pertinentes para proteger la salud e integridad física de sus trabajadores.

A continuación, acotó, Se aduce por la parte actora, respecto del trabajador demandante, que la sociedad empleadora, no adoptó oportunamente medidas preventivas de seguridad industrial requeridas para desempeñar sus labores y protegerlo a riesgos de cargas y posturas o riesgos ergonómicos; encontrando está (sic)

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Radicación n.° 94471 Sala de Decisión Laboral, de acuerdo a la prueba documental y testimonial obrante en el proceso, que no existió negligencia de la demandada, en cuanto a incumplir su obligación de protección al trabajador, pues si bien se acreditó que la patología de síndrome del túnel carpiano tuvo origen laboral, no se logra establecer que existiera culpa imputable al empleador en la ocurrencia de dicha enfermedad, ni que actuara con negligencia en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección del demandante. Afirmó que con la prueba testimonial se demostró que la empresa contaba con un departamento de salud ocupacional que realizaba programas de medicina preventiva y laboral; que suministraba elementos de protección; que el demandante tuvo revisiones periódicas y que se acataron las recomendaciones que fueron emitidas. Reprodujo el detalle de las declaraciones de Janeth Isney Martínez Flórez, Luz Patricia López Lopera, Luis Albeiro Holguín Valencia, Jorge Iván Córdoba Botero y José Ramiro Vélez Alzate, así como lo manifestado por el demandante en su interrogatorio de parte. Luego, se refirió la prueba documental y concluyó: […] encuentra esta Sala de Decisión Laboral que no se

demostró culpa por negligencia del empleador en la enfermedad síndrome del túnel, padecida por el demandante y muy por el contrario se acreditó que daba cumplimiento a las obligaciones relativas a la implementación, vigilancia y seguimiento de los programas de salud ocupacional, medicina laboral, programas de salud, medicina preventiva y de medicina laboral, encaminados a proteger la salud e integridad física de todos sus trabajadores; constatándose en la historia de salud ocupacional del demandante que era revisado por parte del médico de salud ocupacional de la empresa demandada; realizándose y acatándose recomendaciones de reubicación, tal como lo reconoce el mismo demandante en su interrogatorio de parte y se informa además con la prueba testimonial reseñada; de igual forma, la patología síndrome del túnel carpiano solo vino a ser definida como de origen laboral del 19 de marzo de 2013, esto es, luego de terminado el contrato de trabajo y por tanto durante el vínculo fue considerado como de

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Radicación n.° 94471 origen común y si bien se acreditó una pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la enfermedad fue el 7 de mayo de 2013, esto es, en fecha muy posterior a la terminación del contrato de trabajo, que lo fue el 10 de febrero de 2012. El demandante recibió toda la atención del empleador a través del médico laboral, quien instó al demandante para que consultara ante la EPS, obrando prueba sólo de la recomendación dada por médico ortopedista de la EPS Susalud el 10 de mayo de 2006, consistente en “evitar motortool para limpiar piezas

grandes; puede manipular para pulir piezas pequeñas” precisando que “esta recomendación debe mantenerse por un período de seis (6) meses”, lo cual, conforme a la prueba testimonial fue cumplido por su empleador, sin que se aduzca o demuestre prórroga de la misma, ni otras recomendaciones o restricciones médicas, así como tampoco la existencia de incapacidades médicas. En lo referente al recurso de Apelación y que con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia se acredita la culpa del empleador por evidenciarse que hay una deficiencia de la empresa para prevenir los riesgos, pues se indica que el análisis del puesto de trabajo da cuenta que durante la ejecución del vínculo laboral su mandante estuvo sometido a movimiento por fuera del ángulo del confort corporal para muñeca; demostrándose que el empleador estaba evadiendo los presupuestos normales de una función laboral; que de igual manera el dictamen señala que hay una alta concentración de movimiento para los miembros superiores; manipulación de cargas que superan los límites recomendados y unas posturas inadecuadas, repetitivas con agarres, estando ahí probada la culpa patronal; encuentra esta Sala de Decisión Laboral, no le asiste razón en sus inconformidades, toda vez que con el referido dictamen se buscaba era establecer el origen de la enfermedad, lo cual se fundamentó en un informe de estudio del puesto de trabajo, que se realizó el 4 de julio de 2012, fecha para la cual ya no labora (sic) el actor en la demandada y el hecho de declararse la enfermedad como de origen laboral, no implica en absoluto que

exista culpa patronal por ese solo hecho, pues se requiere la demostración de negligencia y falta de cuidado del empleador en la causación de la enfermedad del trabajador, que como ya se indicó no ocurrió en este caso y en cuanto a que el estudio del puesto de trabajo del actor, da cuenta de manipulación de 50 kilos, lo cual considera supera los límites recomendados; no le asiste razón al recurrente, pues la restricción establecida para los trabajadores en el artículo 392 de la Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979 de sólo levantar un peso máximo de 25 kilogramos, es para una “carga compacta” y en el caso del demandante se indica tanto por él en su interrogatorio de parte, como por su hermano, que manipulaba bultos, caso en el cual se aplica el artículo 390 que establece que “En ningún caso un trabajador podrá cargar en hombros bultos u objetos con peso superior a los 50 kilos”; indicándose en el dictamen técnico de

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Radicación n.° 94471 la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que en el puesto de trabajo del Horno 1 “el peso comúnmente manipulado es de 13 Kg para los estuches llenos … entre 6 y 8 Kg para estuches vacíos”; no obrando prueba que de cuenta de levantamiento de pesos superiores 50 kilos y además de lo anterior, no se aduce o demuestra que existieran requerimientos o recomendaciones médicas, respecto a un límite de peso a manejar por el demandante. De igual forma, respecto al referido dictamen técnico, en el que se hace un estudio técnico del puesto de trabajo en el Horno 1; debe indicarse que si bien se señala

“deben tomarse acciones para mejorar las condiciones de trabajo”, también lo es que se trata de una recomendación, sin que en el mismo se indique o se desprenda negligencia o falta de cuidado del empleador; máxime teniendo en cuenta, como ya se indicó en la demandada se daba cumplimiento a las obligaciones relativas a la implementación, vigilancia y seguimiento de los programas de salud ocupacional, medicina laboral, programas de salud, medicina preventiva y de medicina laboral, encaminados a proteger la salud e integridad física de todos sus trabajadores. Abordó el segundo problema jurídico, referido a la existencia o no de estabilidad laboral reforzada por salud, citando los artículos 26 de la Ley 361 de 1997; 7º del Decreto 2463 de 2001; 2º, numeral 1º, de la Ley 1618 de 2013 y sentencias de esta Corporación y de la Corte Constitucional sobre la materia. Con base en esa normativa y en las pruebas del caso, determinó: […] encuentra esta Sala de Decisión Laboral que la terminación del contrato de trabajo del señor José Rodrigo Vélez Alzate, no se encontraba amparado por el fuero de la estabilidad laboral reforzada, previsto en el artículo 26 la Ley 361 de 1997, toda vez que: -Si bien es cierto que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen del 30 de septiembre del mismo año, estableció que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 12,27%, no deja de ser menos cierto que la fecha de estructuración de la enfermedad fue el 7 de mayo de 2013, esto es, en fecha muy posterior a

la terminación del contrato de trabajo, que lo fue el 10 de febrero de 2012.

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Radicación n.° 94471 -No obra prueba documental o testimonial que demuestre que al momento de la terminación del contrato de trabajo, el señor José Rodrigo Vélez Alzate, se encontrara incapacitado o en tratamiento médico, tampoco gozaba de algún tipo de recomendación o restricción médica; solo se demostró recomendación dada por médico ortopedista de la EPS Susalud del 10 de mayo de 2006; sin acreditarse prorrogas de la misma, ni otras recomendaciones o restricciones. -Si bien la sociedad empleadora tenía conocimiento del diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, también lo es que al momento del despido no se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que le impidiera o dificultara de alguna manera el desempeño de sus labores, en las condiciones regulares en que las prestaba, anotándose que el hecho de tenerse una enfermedad o patología, no hace ipso iure discapacitado a alguien, ni activa la protección consagrada en la Ley 361 de 1997, sino la limitación que esta produce en la salud del trabajador, con incidencia en el desarrollo de sus labores, máxime en este caso en que no presenta una discapacidad relevante, esto es, según la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, igual o superior al 15%, ya que la pérdida de capacidad laboral fue del 12,27% y recuérdese que la fecha de estructuración es posterior a la terminación del contrato. Así las cosas, de acuerdo a lo precisado en la jurisprudencia

antes referida y a las circunstancias fácticas y documentales demostradas en este proceso, en el asunto debatido, no se configuró la estabilidad laboral reforzada, prevista en el artículo 26 la Ley 361 de 1997, respecto al señor José Rodrigo Vélez Alzate al estar desvirtuado presentara un estado debilidad manifiesta y que el despido fue en razón a su estado de discapacidad.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el señor Vélez Alzate, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 94471 Pretende que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y estudiados en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, […] en la modalidad de error de hecho en concordancia con los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, violación que condujo a la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 57, ordinal 1° y 2° del mismo código, lo dispuesto en los artículos 21, 56, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994, Resolución 1409 del 2012, 84 de

la Ley 9 de 1979; 188 a 191 de la Resolución n.° 2400 de 1979 63, 1613, 614 del Código Civil. […]. Por la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que la enfermedad síndrome del túnel del carpio (sic) sufrido por Jose (sic) Rodrigo Velez (sic) Alzate ocurrió por culpa suficientemente comprobada de su empleador.

2. Dar por demostrado sin estarlo que el demandado daba cumplimiento a las obligaciones relativas a la implementación, vigilancia y seguimiento de los programas de salud ocupacional, medicina laboral, programas de salud, medicina preventiva y de medicina laboral, encaminados a proteger la salud e integridad física de todos sus trabajadores.

Aduce que el Tribunal gestionó indebidamente las siguientes:

PRUEBAS CALIFICADAS QUE SE DEJARON DE APRECIAR

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Radicación n.° 94471 1) Documento denominado informe de estudio de puesto de trabajo del 14 de julio de 2012 (fls 16 a 23 del cuaderno 1 principal). 2) Confensión (sic) en la contestación de la demanda (fls 98 del cuaderno 1 principal). 3) Interrogatorio de parte al representante legal del demandado

(CD FOLIO 311).

PRUEBAS CALIFICADAS INDEBIDAMENTE APRECIADAS: 1) Actas de reuniones realizadas, entre otras personas, con ergónomo, salud ocupacional y médico, en las cuales se analizaba (sic) posibles soluciones frente a la evaluación medica

(sic) y las diferentes patologías (sic) que afectan a los trabajadores relacinados (sic) con desórdenes de trauma acumulativo y factores de riesgo ergonómico, (Folios 156 a 173 del cuaderno 1 principal), 2) Historia de salud ocupacional (Folio 3 a 86 del cuaderno 2 de pruebas de oficio). 3) Programa de salud ocupacional Locería Colombiana S.A. 4) Documento denominado “Implementación del Subprograma de pausas activas en Vajillas Corona (Folios 231 a 295 del cuaderno 1 principal), 5) Documento denominado “Subprograma para prevensión (sic) de enfermedades ocasionadas por trauma acumulativo (Folios 174 a 230 del cuaderno 1 principal) PRUEBAS NO CALIFICADAS INDEBIDAMENTE APRECIADAS 1) Testimonio de Janeth Isney Martínez Flórez, (CD folio 396) 2) Testimonio de Luz Patricia López Lopera, (CD folio 396) 3) Testimonio de Luis Albeiro Holguín Valencia, (CD folio 396) 4) Testimonio de Jorge Iván Córdoba Botero, (CD folio 396) 5) Testimonio de José Ramiro Vélez Alzate. (CD folio 396) 6) Interrogatorio de parte al demandante. (CD FOLIO 311) 7) Documento denominado dictamen (sic) de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, del 19 de marzo de 2013 (Folios 6 a 9 del cuaderno 1 principal). 8) Dictamen de la facultad de salud pública denominado evaluacion (sic) ergonómica del puesto de trabajo del

demandante Rodrigo Velez (sic) Alzate (Folios 370 a 379 del cuaderno1 principal). Como fundamento del cargo, se ocupa de analizar las pruebas así:

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1. Sostiene que el «informe de estudio de puesto de trabajo del 14 de julio de 2012» acredita que estuvo expuesto a los siguientes factores de riesgo:  Exposición a factores de riesgos por carga física como descargador de horno y pulidor durante 168 meses.  Jornada laboral de 8 horas diarias con 30 minutos de alimentación y un tiempo laboral efectivo de 441 minutos  No se realizan pausa (sic) de descanso articular  Trabajo bimanual, el ritmo de trabajo es dado por la máquina, se presenta ciclos cortos de trabajo  Movimientos por fuera de ángulos de confort postural para muñecas, especialmente en desviación cubital de 0 a 10°, en la actividad de pulir se presenta extensión de 20° de muñeca derecha. Estos movimiento (sic) los realiza sobre agarres a manos llenas y con pinza tripoide al manipular herramienta para pulir  Alta concentración de movimientos para miembros superiores.  Posturas inadecuadas, repetitiva (sic) con agarres.  Manipulación de cargas que superan los límites recomendados cuyo peso oscila entre 50 kilogramos.  Manipulación de pesos del tarro era aproximadamente de 30 a 32 kg  Descarga de hornos, el trabajador asume una posición bípeda,

flexiona el tronco para alcanzar un estuche cuyo peso oscila entre 12 y 40 kg, el cual toma de los lados con ambas manos usando agarre a mano llena y lo transporta desde la altura del piso. (véase imágenes de la operación contenidas en el documento). Manifiesta que manipulaba cargas compactas en una combinación de fuerza, postura, repetitividad y vibración por fuera de los límites recomendados, lo que no fue advertido por el Tribunal; que la Resolución n.º 2440 de 1979 del Ministerio de Trabajo, en su artículo 392, establece que «La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de carga compacta» y que hubo negligencia y omisión del empleador a los deberes que le impone el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que no impuso las

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Radicación n.° 94471 medidas adecuadas tendientes a evitar el menoscabo de su salud e integridad. ii. Afirma que, en la contestación al hecho décimo tercero de la demanda, la empresa se atiene al contenido del informe de estudio del puesto de trabajo, lo que supone confesión que no fue valorada por el Tribunal. iii. Agrega que, en el interrogatorio de parte practicado a la demandada, su representante legal declaró que desconocía las medidas de seguridad y prevención que le fueron aplicadas, cuestión en la que tampoco se reparó. iv. Asegura que el cumplimiento de la obligación de seguridad no se acredita con la sola presentación de actas de

posibles soluciones a la situación médica, de constancias de la implementación de pausas activas, de programas para la prevención de enfermedades ocasionadas por trauma acumulativo, de la existencia de uno de salud ocupacional o de su historia clínica laboral. Dice que el Tribunal se equivocó al eximir de responsabilidad al empleador con base en tales documentos, ya que era necesario probar su materialización, Y en el presente asunto no se acredito (sic) su ejecución, identificación, evaluación y control de los riesgos, encaminados a proteger la salud e integridad física del trabajador aquí demandante. Es decir no se llevo (sic) a cabo acciones correctivas para reducir riesgos, como, capacitación sobre la actividad a desarrollar, planificación de manipulación de cargas y movimiento repetitivos.

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Radicación n.° 94471 Cita como respaldo, la sentencia CSJ SL1734-2022.

1. Señala que las testigos Janeth Isney Martínez Flórez y Luz Patricia López Lopera afirmaron que conocían de su patología, que no recordaban que tuviera restricciones laborales o sintomatología; mientras que Jorge Iván Córdoba Botero declaró que fue su jefe, pero que no sabía de limitaciones o que padeciera del síndrome alegado.

Considera que los testimonios no se corresponden con su historia clínica ocupacional y con ellos se infiere que el riesgo que generó su enfermedad profesional no fue identificado, evaluado ni controlado por el empleador, pues no tomó las medidas de seguridad pertinentes. Agrega: Por consiguiente, el ad quem yerra al considerar que la prueba

testimonial allegada por la sociedad accionada, da cuenta que allí existía un departamento de Salud Ocupacional, el cual realizaba programas de salud, medicina preventiva y de medicina laboral; suministrando elementos de protección, teniendo el demandante revisiones periódicas, acatándose las recomendaciones que se efectuaron respecto del mismo. Ahora bien, como se dijo, el cumplimiento de la obligación de seguridad con el trabajador no se extingue con la sola acreditación de programas, medicina laboral, departamentos de salud ocupacional y el caso concreto los jefes no conocieron la patología de trabajador y la jefe de del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tenia (sic) concimiento (sic) de las restricciones lo que da cuenta que no se tomaron acciones para evitar o mitigar el riesgo. Respecto del testimonio de José Ramiro Vélez Alzate y su interrogatorio de parte, reitera que el Tribunal no valoró que ejerció sus actividades por encima de los límites regulados, equivocándose al concluir que le era aplicable la normativa sobre manipulación de bultos.

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Radicación n.° 94471 vi. Dice que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de 19 de marzo de 2013, consignó las conclusiones del estudio de puesto de trabajo explicadas en el numeral «i» y reitera los argumentos allí expuestos. Añade que el empleador no garantizó que el medio en el que desarrollaba su actividad estuviera en óptimas condiciones y libre de factores de riesgo. vii. Por último, alega que el dictamen de la Facultad de

Salud Pública, denominado «evaluación ergonómica del puesto de trabajo», estableció que debían tomarse acciones para mejorar sus condiciones laborales, de lo que se deduce que no se implementaron todas las medidas correctivas para reducir los riesgos o prevenirlos.

VII. RÉPLICA Locería S.A., se opone al recurso de casación, y señala que tiene errores que impiden su análisis, siendo estos i) que el recurrente no repara en todas las pruebas que fundaron la decisión del Tribunal, pues deja sin atacar las comunicaciones del 10 de mayo de 2006 y por el médico ortopedista de la EPS Susalud y la respuesta de la ARL Sura, donde indicó que para febrero de 2012, no se encontraba adelantando ningún proceso de calificación, ni de origen ni de pérdida de capacidad laboral y ii) que el ataque se funda, prevalentemente, en pruebas que no son hábiles en casación.

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Radicación n.° 94471 Además, iii) tiene el estilo de un alegato de instancia, pues se limita a repetir el listado de pruebas y lo que sobre ellas se concluyó, sin profundizar en los errores que supuestamente cometió el fallador; iv) estos no se muestran con la calidad de protuberantes y v) que no existió equivocación en atención a la legítima aplicación de la facultad de libre formación del convencimiento del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

VIII. CONSIDERA