CSJ - SL2295-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2295-2023 Radicación n.° 96749 Acta 32 Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ VARGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 8 de julio de 2022, en el proceso que instauró contra SALUD TOTAL ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.

I. ANTECEDENTES César Augusto Ramírez Vargas demandó a Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S.A. (en adelante Salud Total S.A.), con el fin de que se declarara i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, con extremos laborales entre el

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Radicación n.° 96749 8 de agosto de 2011 y el 24 de octubre de 2016; ii) que Talentum Cooperativa de Trabajo Asociado y/o Gold RH S.A.S. actuaron como tercerizadoras y era la accionada quien se beneficiaba de sus servicios; iii) que Salud Total S.A. no canceló las cesantías y sus intereses, las primas de servicios, las vacaciones y los aportes correspondientes al régimen de seguridad social integral sobre el salario realmente devengado y iv) que el contrato terminó sin justa causa. En consecuencia, solicitó condenar a la demandada al

pago de las prestaciones sociales señaladas, las vacaciones y el reajuste de los aportes al Sistema General de Pensiones, causados durante la relación laboral, sobre un salario real de $3.548.655. Así mismo, pretendió el pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato y las moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, esta última a partir del 25 de octubre de 2016. Fundamentó sus peticiones, en que laboró con la demandada de manera directa e ininterrumpida desde el 8 de agosto de 2011 hasta el 24 de octubre de 2016, desempeñando el cargo de asesor profesional y/o en salud. Destacó que Salud Total S.A. utilizó a cooperativas de trabajo asociado como empresas tercerizadas, mediante las cuales le imponía la suscripción de «compromisos contractuales asociativos u (sic) contratos de trabajo». Por lo

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Radicación n.° 96749 anterior, celebró con Talentum un compromiso contractual asociativo desde el 8 de agosto de 2011 hasta el 13 de enero de 2014 y suscribió con Gold RH S.A.S. un contrato de trabajo a término indefinido desde el 14 de enero de 2014 que finalizó de forma unilateral sin justa causa el 24 de octubre de 2016. Aseguró que, durante toda la relación laboral, la empresa le impuso funciones, obligaciones y exigió el cumplimiento de un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así mismo, indicó que la labor que le fue

encomendada fue ejecutada de manera personal, atendiendo a las instrucciones de los superiores jerárquicos y con los instrumentos y herramientas que Salud Total S.A. proporcionó. Adujo que, para julio de 2016, recibía un ingreso de $3.548.655, que era discriminado por la demandada en «ingresos promedios», correspondientes a las comisiones habituales devengadas, y «sueldo nominal», referente al salario básico. Sin embargo, afirmó que los aportes al Sistema de Seguridad Social eran realizados por Salud Total S.A. tomando como ingreso sumas inferiores. Anotó que durante el vínculo laboral no recibió las vacaciones y las demás prestaciones de tipo legal de acuerdo con su salario devengado, pues la accionada las cancelaba incluso desde un mínimo legal mensual vigente.

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Radicación n.° 96749 Afirmó que después de la terminación del vínculo el 24 de octubre de 2016, la demandada no canceló adecuadamente los derechos laborales que le corresponden por ley. Por último, denunció que su liquidación fue contraria a derecho ya que no se tomó el salario realmente devengado. Al dar respuesta a la demanda, Salud Total S.A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, adujo que no era cierto que existió un contrato de trabajo con el demandante pues su vínculo fue con la CTA Talentum, donde aceptó y acató los regímenes de compensación, y posteriormente con Gold RH S.A.S. Por lo anterior, indicó que no le constaban las condiciones de tiempo, modo y lugar de la supuesta relación laboral en tanto no hubo intervención

alguna por parte suya. Agregó que bajo ninguna circunstancia impuso obligaciones ni un horario que cumplir al demandante, pues sus labores eran aquellas que realizaba como trabajador asociado a Talentum y Gold RH S.A.S. Frente a la remuneración, indicó que no le constaba y que, en tanto no ostentó la calidad de empleadora, no tenía ninguna obligación con el demandante. En su defensa propuso las excepciones que denominó falta de sustento fáctico para adelantar la acción, inexistencia de contrato de trabajo y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la accionada, mala fe y temeridad del demandante, compensación y prescripción.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 8 de marzo de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ VARGAS y SALUD TOTAL EPS S.A existió un contrato de trabajo a término indefinido, en el periodo comprendido del 8 de agosto de 2011 hasta el 24 de octubre de 2016.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada SALUD TOTAL EPS S.A, a pagar a favor del demandante CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ VARGAS, las siguientes sumas de dinero: a) $5.378.674 por cesantías b) $420.662 por intereses a las cesantías c) $3.848.453 primas de servicio d) $4.580.904 por vacaciones

TERCERO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS S.A, a reconocer

y pagar al demandante CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ VARGAS a título de indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T, la suma de $54.970.848, que corresponde al pago de los salarios diarios contabilizados desde el 25 de octubre de 2016 al 24 de octubre de 2018, esto es por 24 meses, y a partir del mes 25 deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los valores dejados de pagar por prestaciones sociales (cesantías y primas de servicios).

CUARTO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS S.A, a reconocer y pagar al señor CÉSAR AUGUSTO RAMIREZ VARGAS la suma de $7.655.666, por concepto de indemnización por despido sin justa causa prevista en el artículo 64 del C.S.T.

QUINTO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS S.A a reconocer y pagar al demandante los aportes a pensiones desde el año 2014 al 24 de octubre de 2016, atendiendo para tal final el real salario devengado por cada periodo, año 2014 $2.325.000, año 2015 $1.977.918 y año 2016 $2.290.452, con el fin de restablecer el derecho aludido a la seguridad social en pensiones por parte del empleador, y en esa medida se le condenará a pagar el mayor valor de lo resultante de lo pagado y debido pagar por aportes en pensiones en un 100%, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la ley 100 de 1993 en concordancia con del Decreto 1887 de 1994 más los intereses moratorios que refiere el artículo 23 de la

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Radicación n.° 96749 ley 100 de 1193. Dicha consignación deberá al fondo de pensiones que esté afiliado el demandante.

SEXTO: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por SALUD TOTAL EPS S.A

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 8 de

julio de 2022, decidió: PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO de la providencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 8 de marzo de 2021 en el proceso ordinario laboral promovido por CESAR (sic) AUGUSTO RAMIREZ (sic) VARGAS contra SALUD TOTAL EPS SA, para en su lugar ABSOLVER a la demandada de las condenas impuestas a título de reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones, reajuste de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y las indemnizaciones previstas en los artículos 64 y 65 del CST, conforme las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

CONFIRMAR EN LO DEMAS (sic).

Determinó que el problema jurídico a resolver se circunscribía a establecer si, a partir de las pruebas, era posible concluir el uso de la tercerización laboral por parte de la demandada, era ilegal. En caso de que la respuesta fuera negativa, indicó que se limitaría al estudio de los reproches formulados por la apelante, relativos a la procedencia de la indemnización establecida en el artículo 64

del Código Sustantivo del Trabajo y la incidencia salarial de los medios de transporte.

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Radicación n.° 96749 En lo que respecta al primer problema jurídico, recordó los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 167 del Código General del Proceso. A partir de la sentencia CSJ SL4479-2020, indicó que la tercerización laboral es legítima cuando tiene como objetivo permitir al empresario la cesión de actividades propias de su quehacer comercial para efectivizar sus procesos y aumentar su competitividad a través de contratistas que cuenten con una estructura empresarial eficiente y propia mediante la cual desarrollen el contrato. De esta manera, cuando el objetivo es eludir obligaciones patronales se tiene como único fin suministrar trabajadores al contratante, la independencia es aparente y deviene en una intermediación ilegal. Destacó que, en concordancia con su certificado de existencia y representación legal, el objeto comercial de Salud Total S.A. se refiere a actividades de promoción de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 100 de 1993, la entidad promotora tiene a su cargo la afiliación de usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras. A partir de los negocios jurídicos celebrados entre la demandada, Talentum y Gold RH S.A.S., así como de los testimonios de Henry Díaz Ladino, Nora Jerez y Olga Ximena Gómez Duarte, determinó que Salud Total S.A. descentralizó

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Radicación n.° 96749 el objeto de su actividad comercial y existió una ausencia de la libertad, independencia, autogestión y autogobierno. Remarcó que no se comprobó durante el curso procesal que Talentum y Gold RH S.A.S. contaran con una estructura propia, capacidad directiva y técnica autónoma, y fueran dueñas de los medios de producción. En consecuencia, acreditó la existencia de un contrato de trabajo, pues el demandante prestó sus servicios profesionales a favor de Salud Total S.A. en el que desarrolló labores propias de su objeto social, dentro del marco de sus operaciones y lineamientos. De otro lado, frente al despido sin justa causa, afirmó que es el trabajador quién tiene la carga de demostrarle al juzgador «el hecho del despido mismo» en aras de invertir la carga de la prueba sobre el empleador y sea este quien tenga que probar una justa causa detrás de la terminación del vínculo. Reconoció que en los contratos realidad, cuando se prueba la terminación a manos del intermediario o supuesto empleador, lo consecuente es ordenar la sanción del artículo 64 del estatuto laboral. Sin embargo, a su juicio: […] en el caso de autos, dicha tesis no resulta válida porque no se demostró por el demandante que GOLD RH SAS hubiese decidido terminar en forma unilateral el contrato de trabajo suscrito, dado que no se trajo al plenario elemento de convicción que así lo exponga por parte de CESAR (sic) AUGUSTO RAMIREZ (sic) VARGAS hecho que era de su carga, razón por la cual se

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Radicación n.° 96749 revocará la condena impuesta a título de indemnización por

despido sin justa causa. Con respecto a la incidencia salarial de los medios de transporte, recordó la demanda e indicó que, Revisada el texto demandatorio se advierte que en la pretensión 5ta declarativa se solicitó declarar que la EPS demandada no pagó entre el 8 de agosto de 2011 y el 24 de octubre de 2016 las prestaciones sociales y vacaciones del actor sobre el salario realmente devengado. Así mismo, en la pretensión 6ta se procuró igual declaración respecto de los aportes al SGSS y en las pretensiones y en las condenatorias principales se peticionó (folio 6 archivo 01 expediente digital): Primera: el pago de las cesantías por el periodo laborado obre un IBL de $3’548.655.

Segunda: El pago de los intereses a las cesantías entre el 8 de agosto de 2011 y el 24 de octubre de 2016 sobre la base salarial de $3’548.655 .

Tercera: El pago de primas de servicios en los mismos términos.

Cuarto: El pago de vacaciones en dinero por el tiempo causado con un ingreso salarial de $3’548.655.

Quinta: El pago del reajuste de los aportes para los riesgos de IVM sobre los salarios promedio devengados siendo el último

$3’548.655.

Sexta: El reconocimiento de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST desde el 25 de octubre de 2016 hasta que se haga efectivamente el pago sobre una base salarial de

$3’548.655. Adujo que las pretensiones del demandante se basaron en que, de acuerdo con los desprendibles de nómina, para julio de 2016 devengaba una suma de $3.548.655; salario

que era discriminado en «ingresos promedios», referentes a comisiones habituales devengadas y «sueldo nominal», correspondiente al básico. Por lo que en los hechos del escrito inicial, indicó que Salud Total S.A. no pagó las prestaciones

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Radicación n.° 96749 sociales y las vacaciones de acuerdo con el efectivamente devengado. Por ello, determinó que: […] la razón está de parte del apelante, dado que, en efecto la Juez de Instancia asumió el análisis y estudio de la incidencia salarial del denominado medio de transporte sin que el mismo hubiese hecho parte de las aspiraciones del promotor del juicio, pues éste claramente solicitó la reliquidación de sus derechos laborales con fundamento en el pago de unas “comisiones habituales”, conceptos que incluso adujo fueron denominados “ingresos promedios”, pero nada se procuró respecto del auxilio pagado a título de medios de transporte, beneficio que se pactó a través de otro sí suscrito entre el trabajador y TALENTUM CTA y así también en el contrato celebrado con GOLD RH SAS como gastos de transporte. No resultaba entonces procedente que la Juez de la causa asumiera el análisis de los mentados auxilios de medios de transporte porque los mismos no fueron tildados siquiera como las pretendidas comisiones, máxime porque de acuerdo con los desprendibles de nómina aportados con la demanda, se advierte que dichos beneficios no eran los únicos que se pagaban al trabajador sin incidencia salarial, habida cuenta que también existían auxilio no salarial para reconocimiento de equipos productivos y auxilio no salarial premio; véase que el interesado

simplemente se conformó con señalar que el salario devengado para el último año ascendió a la suma de $3’548.655. Aseguró que el juez no podía asumir el análisis de pretensiones que no se encontraban en la demanda y, por tanto, no fueron discutidas. Manifestó que, si bien el trabajador solicitó una reliquidación salarial, esta tuvo como fundamento el pago de comisiones, que fue un aspecto que no se debatió en el juicio más allá de lo atestiguado por Olga Ximena Gómez Duarte, quien indicó «de manera somera» que correspondían a los medios de transporte. Incluso, como no se pretendió, no se debatió su existencia y, por tanto, no podían tener el alcance que la sentencia de primera instancia le brindó.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las limitaciones y alcances que otorga este recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito.

De manera subsidiaria solicita: […] se CASE parcialmente la sentencia proferida por la sentencia de fecha el ocho (08) de julio de dos mil veintidós (2022), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en cuanto a que la misma revoca el ordinal

CUARTO de la providencia proferida por el Juzgado Sexto (06) Laboral del Circuito de Bucaramanga. Como consecuencia de lo anterior, se solicita que la Honorable Sala se constituya en Tribunal de Instancia y en reemplazo de la sentencia acusada, confirme la sentencia proferida por el Juzgado Sexto (06) Laboral del Circuito de Bucaramanga, en aquellos numerales. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta, pues a pesar de dirigirse por distintas vías, contienen proposiciones jurídicas similares, se complementan en sus argumentos y persiguen el mismo fin.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia del Tribunal de transgredir por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, […] los artículos 281 aplicable por remisión del artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo, y 328 del Código General del Proceso, 50 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 29 y 228 de la Constitución Política lo cual sirvió como medio de violación de los artículos 29 y 53 de la Constitución Nacional; los artículos 22, 23, 24, 23, 24, 65, 127, 181, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo de Trabajo, todo ello debido a que el Tribunal realizó un uso ilegítimo a la facultad ultra y extra petita contenida en el artículo 50 del Código Procesal

del Trabajo y de la Seguridad Social. En la demostración del cargo, manifiesta que el Tribunal se rebeló contra los principios de consonancia y congruencia e hizo un uso ilegítimo de las facultades ultra y extra petita pues, de acuerdo con el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, este carece de facultades para ejercerlas, en tanto se encuentran reservadas para la primera instancia. Cita los principios de irrenunciabilidad y del derecho sustancial consagrados en la Carta Política, así como el artículo 281 del Código General del Proceso, e indica que los fallos deben guardar coherencia entre el fondo de la decisión, los hechos, las peticiones de la demanda y su contestación. Posteriormente, aduce que en aquella y en las pruebas aportadas, se pretendió establecer una relación laboral con Salud Total S.A., tema que fue reiterado en la fijación del litigio. Por ello, el juez reconoció los beneficios mínimos e

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Radicación n.° 96749 irrenunciables a los que tenía derecho el trabajador que fueron debatidos y probados en el curso procesal. Agrega que, el recurso de apelación de la entidad se limitó al estudio de la procedencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, y no se hizo mención al análisis del salario realmente devengado. Por lo anterior, la sentencia, […] decidió una pretensión que se encontró debatido (sic) en el debate procesal, transgrediendo los límites de la congruencia y comprometiendo la legalidad de la sentencia al ignorar las

facultades ultra y extra petita exclusiva de los jueces de primera instancia, afectando el derecho de defensa del accionante. Transcribe hechos y declaraciones de la demanda inicial y afirma que, aunque el juez se centró en establecer la existencia del contrato de trabajo y las prestaciones sociales que hubiere lugar, […] la absolución del Tribunal versó sobre lo que entendió de las pretensiones de la demanda, de las que no incluyó la incidencia salarial del denominado medio de transporte omitiendo que se solicitó el reconocimiento del salario realmente devengado, lo que incluye lo pagado a título de medios de transporte, que fue una de las razones y fundamentos de derecho invocados en el escrito inicial, como soporte de las pretensiones.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de vulnerar, […] los artículos 281 aplicable por remisión del artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo, y 328 del Código General del Proceso, 50 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 29 y 228 de la Constitución Política lo cual sirvió como medio de violación de los artículos 29 y 53 de la Constitución Nacional; los artículos 22, 23, 24, 23, 24, 65, 127, 181, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo de Trabajo.

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Radicación n.° 96749 Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado a pesar de estarlo que dentro de las pretensiones se encontraba el reconocimiento de factor salarial

de los medios de transporte cuando se enunció el pago del real salario devengado.

2. El Tribunal incurrió en dar por establecido sin estarlo que no se encontraba la pretensión encaminada a la reliquidación de prestaciones sociales con fundamento a emolumento.

3. El Tribunal incurrió en no dar por establecido estándolo que se cumplió con el debido proceso respecto de los medios de transporte como salario en las pruebas allegadas al proceso.

4. El Tribunal no dio por establecido estándolo que dentro de las pruebas allegadas se acreditaba la reliquidación de prestaciones sociales con fundamento en el emolumento denominado medios de transporte.

5. No dio por establecido estándolo que dentro de las pruebas allegadas se acreditaba la falta de buena fe de la demandada en el reconocimiento y pago de acreencias laborales y así determinar la indemnización moratoria.

6. No dio por demostrado estándolo que dentro de las pruebas allegadas se acreditaba el real salario devengado por el demandante para ser aportado en seguridad social en pensiones.

7. Dar por demostrado sin estarlo no haberse acreditado la terminación del contrato de trabajo y de contera la indemnización por despido sin justa causa.

Indica que fueron erróneamente apreciados los hechos de la demanda, los desprendibles de nómina aportados y la declaración de Olga Ximena Gómez Duarte. Frente a esta afirma que lo solicitado en las pretensiones se enmarcó sobre el salario efectivamente devengado, abarcando cualquier denominación que tengan y que fuera retribución directa de su servicio, como lo es el auxilio de transporte.

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Radicación n.° 96749 Referente a los desprendibles de nómina, adujo que el Tribunal consideró que no eran los únicos beneficios que se pagaban sin incidencia salarial y de ello «[…] se infiere que a pesar de reconocer que de aquellos medios probatorios se extractaba la existencia de esos emolumentos salariales y otros no les dio el valor probatorio que era tener como cierto que aquellos eran constitutivos de salario». Con respecto al testimonio de Olga Ximena Gómez Duarte, asegura que el Tribunal lo calificó como somero con respecto a los medios de transporte y, a su juicio, la testigo fue enfática en asegurar que eran cancelados con ocasión de la prestación del servicio. Por último, denuncia como pruebas no valoradas el otrosí suscrito entre las partes en el que pactaron el pago de transporte.

VIII. CARGO TERCERO Denuncia infringir por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, […] los artículos 9, 10, 13, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 37, 38, 45, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 127, 132, 133, 134, 140, 143, 144, 158, 160, 162, 186, 193, 249, 250, 306, 307 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 3, 5 y 7 del Decreto 2351 de 1965; 1, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 1502, 1508, 1513 y

1514 del Código Civil; 1, 2, 6, 14, 18, 20, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 y 8 de la Ley 153 de 1887; en relación con los artículos 51, 54, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral; y 165, 176, 221, 243, a 246 y 260 del General del Proceso.

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Radicación n.° 96749 A su juicio, el Tribunal incurrió en los siguientes desaciertos fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, la fecha en que terminó la relación laboral que se dio entre las partes procesales.

2. No dar por demostrado, estándolo que de la misma existencia y probanzas del contrato realidad se establece el extremo final de la relación laboral.

3. Afirmar que el demandante, no logró demostrar la fecha en que terminó, no obstante, la existencia de prueba documental y testimonial que impone concluir lo contrario.

4. Negar, en consecuencia, los derechos sociales demandados con fundamento en dicha relación laboral siendo que debió de haberlos reconocido.

5. No dar por acreditado, estando demostrado, que el día 24 de octubre de 2016 el demandante fue despedido del cargo sin justa causa y por tanto, es acreedor a la indemnización por despido sin justa causa.

6. No dar por acreditado, estando demostrado, que la demandada obró con mala fe patronal al negarse a pagar las prestaciones sociales a que tenía derecho, durante y a la terminación del contrato realidad, siendo procedente las indemnizaciones por

despido y moratoria del art. 65 del C.S.T. Denuncia como pruebas no valoradas: ▪ Compromiso contractual asociativo suscrito por CESAR (sic) AUGUSTO RAMÍREZ VARGAS y TALENTUM CTA para prestar servicios como asesor novato a partir del 8 de agosto de 2011 por un término indefinido pactando entre sus funciones las actividades de asesor de ventas en la unidad estratégica de negocios de la CTA en SALUD TOTAL EPS (folios 19-34 archivo 01 expediente digital). ▪ Otro sí suscrito en la misma fecha las partes modificaron el compromiso contractual asociativo en el sentido de pactar que se le pagaría al demandante a título de medios de transporte los gastos de transporte que en gestión de la afiliación efectiva realizara (folios 3648 archivo 01 expediente digital). ▪ Contrato de trabajo a término indefinido firmado por el accionante con GOLD RH SAS el 14 de enero de 2014 para

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Radicación n.° 96749 desempeñarse como asesor profesional (folios 49-56 archivo 01 expediente digital). ▪ Certificación laboral que demandante prestó sus servicios a GOLD RH SAS hasta el 24 de octubre de 2016 (folio 58 archivo 01 expediente digital). ▪ certificación de Salud Total EPS SA que acredita haber realizado operaciones comerciales con el proveedor TALENTUM CTA entre el 1º de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2015 (folios 44-55 archivo 02 expediente digital). ▪ Oferta mercantil irrevocable de prestación de servicios para el manejo y administración total de los procesos y subprocesos

asistencial, operativo, comercial y jurídico por TALENTUM CTA a SALUD TOTAL EPS SA el 30 de julio de 2008 (folios 56-102 archivo 02 expediente digital). ▪ Contrato de comodato de la demandada con la CTA TALENTUM para efectos de entregarle los bienes de su propiedad a efectos de su uso exclusivo en el manejo y administración total de los procesos y subprocesos asistencial, operativo, jurídico y comercial contratados en virtud de la aceptación de la oferta mercantil presentada por la cooperativa (folios 103-106 archivo 02 expediente digital). ▪ Contrato de mandato de SALUD TOTAL EPS SA con GOLD RH SAS cuyo objeto fue el encargo de promocionar las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, la venta de servicios y productos derivados del mismo y en general el ofrecimiento del portafolio de la EPS (folios 114-127 archivo 02 expediente digital). ▪ Contrato de comodato de SALUD TOTAL EPS SA con GOLD RH SAS con el objeto de entregar al comodatario los bienes muebles para la ejecución del contrato de mandato suscrito con exclusividad en su uso, estableciendo la permanencia de los mismos en la sede del comodante (folios 128-133 archivo 02 expediente digital). ▪ Contrato de comodato de Salud Total EPS SA y GOLD RH SAS mediante el cual la entidad promotora de salud entregó al contratista distintos inmuebles ubicados en el país, entre ellos en el Municipio de Bucaramanga en la calle 53 No 29-26 (folios 134143 archivo 2 expediente digital). Para fundamentar el cargo, afirma que el Tribunal no valoró «[…] los contratos y acuerdos enunciados» que

acreditan que suscribió un contrato con Gold RH S.A.S., que

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Radicación n.° 96749 Salud Total S.A. desconoció su contenido, y llegó a la conclusión de que no se encontraba probado el despido. Recuerda los aciertos que, a su parecer, tuvo el juez y afirma que, en tanto la terminación de la relación laboral fue producto de la voluntad de Salud Total S.A., fue injusta y por ende es titular de la indemnización. De otro lado, reproduce apartes del otrosí que modificó el convenio cooperativo celebrado con Talentum, para indicar que se incurrió en un error al dar por demostrado que los incentivos de medios de transporte no constituyen factor salarial, en tanto fueron concebidos para retribuir directamente el servicio prestado al tener como referente la cantidad de afiliaciones que conseguía. Cita la sentencia CSJ SL1430-2018 y aduce que tenía naturaleza salarial por la habitualidad y frecuencia recibida, al tiempo como fundamento de la contraprestación directa del servicio pues «[…] no se acreditó que en verdad dicha suma la recibiera no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para ejercer a cabalidad sus funciones». Además, memora los artículos 17, 18 y 33 de la Ley 100 de 1993, el 20 del Decreto 692 de 1994 y 5° de la Ley 797 de 2003 para asegurar que el Tribunal incurrió en un error al revocar la condena referente a la complementación del pago del aporte pensional al Sistema Integral de Seguridad Social.

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También, indica que procede la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo pues no se acreditó la buena fe del empleador. A su juicio, el Tribunal erró ya que no siempre que se encuentre en discusión la existencia de una relación laboral, se debe dejar de aplica