CSJ - SL2297-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2297-2023 Radicación n. ° 90421 Acta 34 Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide la revisión que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP interpuso contra las decisiones que el Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito Itinerante de Montería y la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad dictaron el 3 de abril de 2013 y el 19 de febrero de 2016, respectivamente, en el proceso ordinario laboral que JERÓNIMO AGUSTÍN CONEO MENDOZA adelantó contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA sucedido procesalmente por la hoy recurrente y el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA, representado por la

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

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Radicación n.° 90421 AUTO Se aceptan los impedimentos que los magistrados Gerardo Botero Zuluaga y Fernando Castillo Cadena manifestaron para conocer del presente asunto.

I. ANTECEDENTES Como hechos relevantes del proceso ordinario laboral se tiene que Zoila Leonor Bolaño de Coneo nació el «1.º de junio de 1951[sic]»; que trabajó para la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, primero como aprendiz y, después, vinculada a través de un contrato a término

indefinido como contadora de la gerencia regional de Córdoba desde el «26 de noviembre de 1973 hasta el 15 de noviembre de 1991» (f.os 22 a 22 del c. principal), última fecha en la cual renunció de manera voluntaria (f.os 141 a 145 del c. principal). Agregó que conforme a la liquidación de cesantía total de folio 146 el último salario promedio devengado ascendió a la suma de «$235.620.59»; que durante ese lapso nunca fue afiliada al ISS ni a ninguna administradora de pensiones, y que falleció el «4 de abril de 2004» data en la que contaba con 49 años de edad (f.º 59 del c. principal). Debido a su deceso, el 12 de mayo de 2010, Jerónimo Coneo Mendoza en calidad de cónyuge sobreviviente (f.º 60 del c. principal) solicitó al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con retroactividad a la muerte, por considerar

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Radicación n.° 90421 que su consorte la dejó causada al cumplir el tiempo de servicio (f.os 8 a 9 y 58 a 59 del c. principal). La entidad, mediante Resolución n.º 1649 de 3 de agosto de 2010 (f.os 10 a 12 y 63 a 66 del c. principal), la negó, al estimar que la extrabajadora no acreditó los requisitos del artículo 42 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1990 - 1992 suscrita entre la Caja Agraria y

Sintracreditario, pues para el momento del retiro del servicio no había laborado durante 20 años, ni cumplía 50 años de edad. Asimismo, tampoco era procedente su derecho bajo la Ley 33 de 1985. Contra la anterior determinación, Coneo Mendoza interpuso recurso de reposición (f.os 13 a 14 del c. principal), al referir que su esposa acreditó «casi 19 años al servicio de la entidad», y la prestación que reclamó era la contenida en la «Ley 171 de 1961», pues no fue afiliada a ninguna administradora de pensiones, a la fecha de su retiro voluntario contaba con más de 15 años de servicio, y solo estaba a la espera del cumplimiento de la edad. Sin embargo, dicha decisión fue confirmada a través de acto administrativo n.º 2556 de 2 de noviembre de 2010, en tanto «al momento del fallecimiento de la señora BOLAÑO DE CONEO esta no había causado el derecho pensional con base en la normatividad convencional o legal aplicable, que pudiera ser transmitido al recurrente» (f.os15 a 16 y 74 a 75 del c. principal). Dada tal negación, el 17 de enero de 2011, demandó a

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Radicación n.° 90421 través de un proceso ordinario laboral que fue admitido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Montería con proveído de 26 del mismo mes y año, y notificado al día siguiente (f.º 25 del c. principal) en el que pretendió (f.os 1 a 6 del c. principal): Primero: DECLARAR que entre la finada ZOILA LEONOR

BOLAÑO DE CONEO por una parte y la CAJA DE CREDITO [SIC] AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO […] existió un contrato de trabajo a término indefinido, en donde aquella ostentaba la calidad de trabajadora oficial.

Segundo: DECLARAR que la relación laboral citada en la pretensión inmediatamente anterior terminó por renuncia voluntaria y aceptada por la entidad.

En consecuencia, a las anteriores declaraciones solicitó: Primero: CONDENAR a la parte demandada a reconocer y a pagar la pensión sanción establecida en el artículo 8 de la ley 171 de 1.961 a que tiene derecho a partir del cumplimiento de los setenta años de edad a la finada Zoila Leonor Bolaño de Coneo, y la pensión sustitutiva a su cónyuge sobreviviente Jerónimo Coneo Mendoza a partir del momento en que aquella llegue a la edad exigida por la ley.

Segundo: CONDENAR a la entidad demanda pagar la indexación DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL e intereses causados y que se lleguen a causar por el tiempo de duración de la presente acción liquidados aquellos hasta la fecha en que por ley debe reconocerse y pagar la pensión sustitutiva como pensión sanción, hasta cuando se verifique el pago de la misma.

Tercera: CONDENAR asi [sic] mismo en caso de no acceder a petición principal de la pensión sanción a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente debidamente indexada.

Así como la condena en costas y gastos de la presente acción. Con providencia de 6 de marzo de 2012, el referido juez de conocimiento se declaró impedido para conocer del asunto

por «enemistad profunda» con el profesional del derecho que representa al actor (f.º 36 del c. principal) correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, quien continuó con el trámite, hasta que el

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Radicación n.° 90421 Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito Itinerante de Montería asumió su conocimiento el 14 de noviembre de 2012 (f.º 128 del c. principal). Al contestar la demanda, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como sucesor procesal de la accionada, se opuso a las pretensiones que el demandante incoó. De los hechos, admitió los relativos a la vinculación como aprendiz del 3 de julio de 1972 al 21 de julio del mismo año y, después, a través de un contrato a término indefinido, desde esa última fecha hasta el 16 de noviembre de 1991 como trabajadora oficial; asimismo que no fue afiliada a ninguna entidad pensional durante ese lapso, el día de su deceso; la negativa de la reclamación del derecho por parte de su cónyuge sobreviviente, los recursos interpuestos, y aclaró que conforme el registro civil aportado, la demandante nació el «1.º de julio de 1954» y no en la data que adujo en el escrito inicial. Como excepciones de mérito, propuso las de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia del nexo causal, incapacidad para ser sujeto procesal, inexistencia de la obligación, «pensión sanción – improcedencia por falta de

requisitos legales, carencia de prueba de los supuestos fácticos por ausencia de conducencia e idoneidad de la prueba», y prescripción, pues entre la fecha de retiro y la reclamación transcurrieron más de tres años (f.os 41 a 52 del c. principal).

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Radicación n.° 90421 Mediante sentencia de 3 de abril de 2013, el Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito Itinerante de Montería resolvió (f.° 152 del c. principal): PRIMERO: Declarar [sic] Probada [sic] la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el PAR REMANENTE DE CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN, REPRESENTADO POR LA FIDUPREVISORA S.A., y por lo tanto, se ABSUELVE de toda pretensión en su contra.

SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones planteadas por

el FONDO DE PASIVOS SOCIALES DE FERROCARRILES

NACIONALES DE COLOMBIA.

TERCERO: Declarar que la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO, [sic] laboró con la CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN, del 03 de julio a 21 de julio de 1972 y de noviembre 26 de 1973 a noviembre 15 de 1991, cuando se retiró voluntariamente.

CUARTO: Declarar que la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO tenía derecho a la PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN contenida en el art. 8 de la Ley 171 de 1961, la cual

era exigible del demandado FONDO DE PASIVOS SOCIALES DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a partir del 1° de julio de 2014.

QUINTO: Declarar que el señor JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA […] es beneficiario de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes, como cónyuge sobreviviente de la

fallecida ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO.

SEXTO: CONDENAR al FONDO DE PASIVOS SOCIALES DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, a reconocer a favor de la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO, una pensión restringida de jubilación, a partir de julio 1° de 2014, y en esa misma fecha, sustituir y pagar dicha pensión al señor JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA, […], la cual deberá ser liquidada conforme se indica en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Condenar al FONDO DE PASIVOS SOCIALES DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a que la primera mesada será indexada […] OCTAVO: Absolver al demandado de las demás pretensiones.

[…] Lo anterior, al considerar que:

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Radicación n.° 90421 […] se dan los presupuestos de la norma, arriba resaltados, por lo que señora Zoila Bolaños Cabello o de Coneo, tendría derecho a la pensión restringida de jubilación a partir del momento en que cumpliese 60 años de edad. Habiendo nacido en Julio [sic]

1º de 1954, cumpliría la edad en el mismo día y mes de 2014. Se tiene por probado por así aceptarlo el demandado, que la ex trabajadora falleció en Abril [sic] 04 de 2004 (ft. 10), cuando contaba con 49 años. Ahora bien, lo que se solicita consecuencialmente, es la sustitución de dicha pensión o pensión de sobrevivientes a su cónyuge, aqui [sic] demandante. Para demostrar su derecho aporta copia del certificado de registro de matrimonio (f1.23). Conforme se tiene dicho, el derecho a la pensión sanción se consolida una vez se produce el retiro voluntario con más de 15 años de servicio. Y el cumplimiento de la edad no es más que el presupuesto para su disfrute. Por lo tanto, la fallecida trabajadora debía acceder al disfrute de la pensión restringida a partir de Julio [sic] 1 de 2014 y asi [sic] se declarará. ¿Resulta procedente la petición de sustitución de dicha pensión que depreca el señor Coneo?. [sic]. Si [sic]. Según ha dicho la Corte, el derecho a dicha pensión ingresa en el patrimonio del trabajador cuando cumple al servicio de la empresa el tiempo requerido por la ley y se retira voluntariamente. Pero si fallece antes de comenzar a recibir las mesadas pensionales, por no tener la edad, transmite ese derecho a sus beneficiarios, conforme lo indica la ley, quienes deberán empezar a disfrutar del mismo en la fecha en que hubiese llegado a la edad exigida (2014). En Sentencia [sic] proferida por la Sala Laboral de la H.

Corte Suprema, radicado 25891 de Octubre [sic] 19 de 2005, se dijo […]. Luego entonces, resulta procedente la sustitución pensional solicitada, pero, a partir de la fecha en que se cumple el presupuesto de la edad (julio 1 de 2014). El monto de la pensión será proporcional, conforme lo explica la jurisprudencia transcrita. Según el documento a folio 146, el salario promedio último devengado por la trabajadora (+), era de $235.620.59. Como la pensión aquí causada lo es desde noviembre de 1991, es decir, bajo el amparo de la nueva Constitución, tiene derecho a que se indexe la primera mesada pensional. Por lo tanto, al momento de iniciar el pago, la entidad demandada deberá indexar el salario arriba señalado a julio 1 de 2014 y de allí liquidar proporcionalmente la pensión, conforme se explicó en la jurisprudencia transcrita. En todo caso, no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente para el 2014.

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Radicación n.° 90421 Se negarán los intereses moratorios solicitados, pues por sabido se tiene que se está en presencia de una prestación restringida, excepcional, respecto de la cual el legislador privilegiadamente estableció sus requisitos, cuantia [sic] y limitaciones, y no consagró el pago de intereses. En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN, reiteradamente la Corte ha dicho que el derecho pensional no prescribe, sino sus mesadas. En este caso, como quedó claro, el presupuesto de la edad se cumple en julio 1 de 2014, por lo tanto, no se encuentra

cobijado con el fenómeno de la prescripción ninguna mesada. De lo expuesto en precedencia se infiere que la excepción de no reunirse los requisitos para la pensión sanción resulta impróspera. Por apelación de la convocada a juicio, al estimar que había lugar a declarar la prescripción del derecho, aunado a que la Ley 171 de 1961 fue derogada y la causante no cumplió la edad requerida para su obtención (f.os 163 a 167 del c. principal), el 19 de febrero de 2016, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería aceptó la sustitución procesal que la UGPP solicitó, y confirmó la anterior decisión (f.os 16 a 28 del c. del Tribunal). Para el efecto, estableció como problemas jurídicos a resolver: (i) si la prescripción afectaba el derecho a acceder a la pensión restringida de jubilación a la fallecida Zoila Bolaños Cabello de Coneo, y la sustitución de la misma a su cónyuge por presentarse la reclamación administrativa después de tres años a la terminación del contrato, y (ii) si la Ley 171 de 1961 estaba derogada para los trabajadores oficiales que al momento de la renuncia voluntaria contaban con más de 15 años de servicio.

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Radicación n.° 90421 Para resolver el primer cuestionamiento, acudió a la sentencia de esta Sala CSJ SL5984-2014, y concluyó que: […] como la relación laboral terminó por renuncia voluntaria de la causante el 15 de noviembre de 1991 y la reclamación

administrativa se presentó en diciembre del año 2010 […] muy a pesar de que entre este lapso trascurri[era] un periodo de más de 3 años, no [se] afecta[ba] el derecho de la pensión, pues establecido que tienen derecho y que cumplen con los requisitos establecidos en la ley, éste no prescribe y de ser así sólo afectarían las mesadas pensionales. Agregó que tal como la juez de primer grado lo anotó, estas solo se causaron «en el momento de que la de cujus cumpliera los 60 años de edad, que lo fue en el año 2014, pues esta nació en el 1 de junio de 1954 por lo que al 1 de junio de 2014 cumplía con el requisito de la edad, pues a la fecha de su retiro voluntario tenía más de 17 años de servicios, hechos éstos que no fueron objeto de controversia en el proceso». Frente al segundo problema, indicó que para la data de retiro aún no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, y si bien bajo aquella fue que la trabajadora satisfizo la edad, causó la prestación con el tiempo de servicio, en tanto tenía más de 17 años, de modo que la norma aplicable era la Ley 171 de 1961, que permitía «que las personas que cumplieran con este requisito tuvieran una expectativa legitima de pensionarse, [y] solo a partir de los 60 años de edad puede disfrutar del beneficio pensional». Resaltó que, esto último no pudo llevarse a cabo porque «la de cujus murió a los 49 años de edad, el 4 de abril de 2004, por lo que ni siquiera alcanzó a generar una sola mesada

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Radicación n.° 90421 pensional, siendo negada de forma injustificada tanto la pensión inicial como la sustitución mediante resolución 1649 de 3 de agosto de 2010 y confirmada mediante resolución 2556 de 2 de noviembre de 2010 (folio 11 al 12)». Contra esta última determinación, la UGPP presentó recurso de casación (f.º 29 del c. del Tribunal) que fue concedido por el Tribunal el 13 de abril de 2016 (f.os 26 a 27 del c. del Tribunal), y que esta Sala declaró desierto el 3 de agosto de la misma anualidad mediante auto CSJ AL4959-2016 (f.os 5 y 6 del c. de la Corte). Ahora, conforme dan cuenta los anexos adosados a la revisión, se extrae que el 11 de octubre de 2016, el apoderado de Jerónimo Coneo Mendoza solicitó que se adelantara proceso ejecutivo a continuación del ordinario a fin de que se profiriera mandamiento de pago contra la UGPP por lo siguiente (f.os 187 a 188 del c. principal): a. Por la suma de $51.033.172 que corresponden a las mesadas retroactivas de 1 de julio de 2014 al mes de octubre de 2016. b. Por las mesadas que se acusen hasta el día que se ordene seguir adelante con la ejecución. c. Por lo intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia. d. Por las costas que se acusen en este proceso en caso de haber oposición. […]. Así, el 20 de enero de 2017 el Juzgado Segundo Laboral

del Circuito de Montería a quien correspondió el proceso ejecutivo resolvió (f.os 264 a 268 del c. del proceso ejecutivo): PRIMERO: LIBRESE [sic] MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor JERÓNIMO CONEO MENDOZA y en contra de [sic]

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Radicación n.° 90421 UNIDAD ADMINISTRADORA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, como sucesora procesal de la extinta FONDO DE PASIVO SOCIALES DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, por la suma de $39.840.359 como capital por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el 1º de julio de 2014 hasta diciembre de 2016, debidamente indexado y las costas de primera instancia del proceso ordinario, más los intereses moratorios vigentes al momento de liquidar el crédito, acorde con la certificación expedida por la SUPERFINACIERA DE COLOMBIA, a partir del 26 DE OCTUBRE DE 2016 y hasta que se produzca el pago total de la obligación; costas y gastos del presente proceso.

SEGUNDO: DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que tenga o llegare a tener en cuentas corrientes o de ahorros la UGPP […] en los siguientes bancos de esta ciudad: […]

LÍMITE DE EMBARGO $55.000.000. […].

La UGPP propuso como excepciones a dicho mandamiento, las de falta de identidad entre la persona obligada a pagar y la ejecutada judicialmente, caducidad de la acción o prescripción y buena fe (f.os 303 a 307 del c. del

proceso ejecutivo). El Juez de conocimiento del ejecutivo, a través de proveído de 19 de julio de 2017 «tuvo por contestada la demanda y propuestas las excepciones en legal forma y dentro del término de ley» y ordenó correr traslado a la otra parte a fin de que presentara las pruebas pertinentes (f.os 326 a 327 del c. del ejecutivo). El 20 de octubre de 2017 (f.os 347 a 348 del c. del ejecutivo), declaró no probadas las excepciones propuestas y siguió adelante la ejecución contra la UGPP. Decisión frente a la cual esta última interpuso recurso de apelación. El 17 de junio de 2019, la Sala Civil Familia Laboral del

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Radicación n.° 90421 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó la anterior determinación (f.os 11 a 12 del c. del Tribunal del proceso ejecutivo). El 25 del mismo mes y año, el apoderado de Brayan Coneo solicitó la adición de tal decisión, a fin de que fuera reconocido como sucesor procesal, comoquiera que afirmó que, pese a que lo requirió previamente el 28 de noviembre de 2018, el memorial no se adjuntó al expediente (f.os 21 a 22 del c. del Tribunal del proceso ejecutivo). No obstante, el 26 de junio de 2019, pidió su retiro por considerarlo extemporáneo (f.° 23 del c. del Tribunal del proceso ejecutivo), solicitud que fue aceptada en igual data (f.º 25 del c. del Tribunal del proceso ejecutivo). El 14 de agosto de 2019, el mandatario de la UGPP

informó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería que mediante Resoluciones RDP 034860 de 6 de septiembre de 2017 y ADP 008365 de 15 de noviembre de 2018 (f.os 358 a 364 del c. del ejecutivo) dio cumplimiento al fallo que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Superior de esa ciudad profirió el 19 de febrero de 2016. Enfatizó que en los mencionados actos otorgó «la pensión restringida de jubilación postmorten [sic] a partir del 1 de julio de 2014 conforme al fallo objeto de cumplimiento», en cuantía de «$1.623.917» a favor de Zoila Leonor Bolaño de Coneo, así como la sustitución a su cónyuge sobreviviente, el pago del retroactivo a cargo del FOPEP y las costas del proceso en cabeza de la UGPP (f.os 354 a 364 del c. del ejecutivo).

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Radicación n.° 90421 Sin embargo, resaltó que revisada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil halló que el cónyuge Jerónimo Coneo había fallecido. Además, que en el expediente no obraba ningún requerimiento de los herederos del causante, a fin de que la UGPP ejecutara las sumas derivadas del acto administrativo. Por tales motivos, solicitó requerir al mandatario de aquel para que allegara el registro civil de defunción y los documentos tendientes a acreditar la calidad de heredero de quienes manifestaran ser acreedores de la pensión. Así las cosas, mediante Resolución n.° ADP008365 de

15 de noviembre de 2018 (f.º 356 del c. del proceso ejecutivo), dejó demostrada la anterior circunstancia, y determinó que para proceder al pago en el ejecutivo debía remitir copia auténtica de la escritura o sentencia de sucesión dentro de la cual se indicaran los herederos del fallecido, «en la medida que aquel perdió el interés jurídico en razón al deceso conforme a las normas civiles». Sin embargo, afirmó que como no lo demostró era necesario ordenar al actor que allegara tales documentos. En atención a ello, el 22 de octubre de 2019 (f.os 366 a 367 del c. del ejecutivo) el apoderado Francisco Meléndez Loraquien adujo actuar en representación de Brayan Coneo Mendozapidió al juez de conocimiento del ejecutivo su admisión como «parte demandante dentro del proceso», para lo cual recordó que «esta petición ya la había efectuado ante el superior jerárquico una vez [como apoderado] tu[vo] noticias por casualidad del fallecimiento del señor JERÓNIMO CONEO MENDOZA y no se dio trámite por cuanto el memorial se

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Radicación n.° 90421 extravió en esa dependencia». Para tal efecto, adjuntó el poder (f.º 372 del c. del ejecutivo), el registro de nacimiento de Brayan Coneo en el que evidenció que nació el «17 de abril de 1999», que su madre es Arelis del Carmen Mendoza Martínez, y su padre Jerónimo Agustín Coneo Mendoza; asimismo, el registro civil de defunción de

su progenitor que da cuenta de que falleció el «25 de agosto de 2011» (f.º 369. del c. del ejecutivo), y el memorial que adujo fue extraviado, en el que pidió ser reconocido como sucesor procesal el 28 de noviembre de 2018 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería (f.os 370 a 371 del c. del ejecutivo). El 25 de octubre de 2019, la Jueza Segunda Laboral de ese Circuito aceptó a Brayan Coneo Mendoza como sucesor procesal del causante «en su carácter de parte demandante dentro del proceso» (f.os 141 y 142 del c. de anexos). En el mes de enero de 2020, el abogado de Brayan Coneo Mendoza solicitó a la UGPP el otorgamiento de las mesadas pensionales causadas y no pagadas. La cual fue desestimada con Resolución RDP 010245 de 24 de abril de 2020, en la que indicó que con ocasión del deceso de Zoila Leonor Bolaño de Coneo se presentó «a reclamar las mesadas causadas y no cobradas Fabian Ricardo García Ardila en calidad de heredero» y, revisada la página de la Registraduría, halló que Jerónimo Coneo Mendozabeneficiario de la prestaciónmurió.

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Radicación n.° 90421 Por esta razón estimó necesario, para dar cumplimiento a la orden que el Tribunal profirió que, «los herederos se acreditaran correctamente quienes por delación de la herencia sustituyen al difunto en sus relaciones jurídicas y adquieren un derecho real y la posesión legal sobre ese patrimonio».

En ese sentido, aseguró que como el reconocimiento pensional hace parte del conjunto de bienes de derechos patrimoniales del causante, que constituye una garantía universal denominada herencia, debía «singularizarse a favor de quienes acrediten la calidad de herederos a través del procedimiento correspondiente, señalado en las normas civiles del ordenamiento jurídico», sin que fuera posible que la entidad lo decidiera de manera discrecional, pues para su pago era indispensable el proceso de sucesión. En consecuencia, requirió la escritura pública que «solemnice o perfeccione la partición o adjudicación de la herencia en el caso que se haya adelantado ante notario público en la que se indique a título general una partida exclusiva para el pago de mesadas causadas y no cobradas con ocasión del fallecimiento del causante beneficiario» o, en su defecto, la sentencia de sucesión. Además, adujo que, aunque Brayan Coneo señaló que fue admitido como sucesor procesal dentro del proceso ejecutivo, no aportó la providencia que así lo declaró (f.º 89 del c. anexos). El 25 de junio de 2020, el mandatario de este último interpuso recurso de apelación contra dicho acto administrativo al reiterar que era sucesor procesal en el

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Radicación n.° 90421 ejecutivo a continuación del ordinario para lo cual adjuntó proveído de 25 de octubre de 2019 en el que la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Montería indicó lo pertinente. Sin embargo, la UGPP al resolver la alzada, confirmó la

determinación de negar las mesadas causadas y no pagadas a Brayan Coneo mediante Resolución RDP 020590 de 10 de septiembre de 2020, por lo siguiente (f.os 138 a 142 del c. de anexos): […] si bien se aportó el auto proferido por el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE MONTERIA [sic] de fecha 23 de diciembre de 2019, donde se designo [sic] como sucesor procesal al señor BRAYAN CONEO MENZOZA, también lo es que no es procedente el reconocimiento de mesadas causadas y no cobradas con ocasión del fallo proferido por el JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE MONTERIA [sic] CORDOBA [sic] de fecha 03 de abril de 2013, fallo confirmado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERÍA SALA CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN de fecha 19 de febrero de 2016, toda vez que el señor JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA, falleció el 02 de agosto de 2011 y en el fallo judicial reconoce la pensión restringida de jubilación a favor de la causante la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO, a partir del 01 de julio de 2014, fecha que es posterior a la fecha del fallecimiento de quien pretendía ser el beneficiario de la prestación. Que de acuerdo con lo anterior se puede establecer que en el fallo proferido por el JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE MONTERIA [sic] CORDOBA [sic] de fecha 03 de

abril de 2013, se incurrió en error judicial, por cuanto en su decisión no tuvo en cuenta que el demandante había fallecido, obligación que le correspondía informar por parte del apoderado de la parte demandante de acuerdo con los artículos 68 y 78 del Codigo general [sic] del proceso [sic]que establecen: […]. Que esta entidad no desconoce que por fallo judicial se reconoció una pensión post mortem de jubilación de carácter restringida a favor de la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO, pero, no puede pasar por alto que en el mismo fallo se incurrió en error al establecer como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al señor JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA, cuando este ya había

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Radicación n.° 90421 fallecido en el transcurso del proceso ordinario, por lo cual esta entidad se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al fallo proferido por el JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE MONTERIA [sic] CORDOBA [sic] de fecha 03 de abril de 2013, toda vez que no hay beneficiarios sobrevivientes

de la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE CONEO.

Igualmente, el señor BRAYAN CONEO MENDOZA, quien se presenta como heredero hijo del señor JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA, no presenta a esta entidad registro civil de nacimiento como tampoco se aporto [sic] copia de Identificación [sicel solicitante, por lo que no se podría establecer el vínculo consanguíneo con la señora ZOILA LEONOR BOLAÑO DE

CONEO. Que no habiendo mesadas causadas y no cobradas de acuerdo con la parte motiva de este acto administrativo, se procederá a confirmar la resolución recurrida y se remitirá el presente acto administrativo a la Subdirección de Defensa judicial de esta entidad para que inicie las acciones pertinentes a que hubiese lugar. Contra esta última actuación, el mandatario de Brayan Coneo elevó revocatoria directa de tales actos administrativos (f.os 150 a 153 del c. de anexos), al estimar que, si bien su padre falleció y, por ende: […] no había mesadas retroactivas que reclamar, aunque podía alegar que como hijo de crianza podía tener derecho a ella. Lo cierto es que «[su] apoderado solo estableció el cobro de las costas o agencias en derecho por cuanto [su] padre ya había accionado el proceso actuando de buena fe en este derecho que es legal. Que [fue] reconocido como tal dentro del proceso como sucesor procesal, por el juzgado y por ende al ser considerado como tal [tiene] derecho a ese reconocimiento y pago sin necesidad de otro requisito o por sucesión, ya que se da en estrados judiciales (Resaltado fuera del texto). El 16 de octubre de 2020, el mencionado abogado presentó la liquidación del crédito ante el juez de conocimiento del proceso ejecutivo así: Como quiera que el finado JERONIMO [sic] CONEO MENDOZA (q.e.p.d.) su muerte acaeció sin que la pensión de sobreviviente a

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Radicación n.° 90421 pesar de haber sido declarada se hiciera efectiva en su cabeza,

no tiene derecho a las mesadas retroactivas. Pero el fallo de primera instancia fue a su favor y en el recurso de alzada se produjo su muerte. Como quiera que la acción laboral del ordinario cumplió su fin de declarar el derecho de la sustitución pensional en cabeza del demandante si [sic] tiene derecho a las costas procesales que se causaron al poner en funcionamiento la administración judicial, y cuyo mandamiento de pago incluyo [sic] las costas judiciales. Por ello, entro a presentar la liquidación de las costas procesales