CSJ - SL2298-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2298-2023 Radicación n.° 93257 Acta 35 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ ELENA TORRES MONTOYA contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Luz Elena Torres Montoya llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se condene al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Alberto Cardona Betancur, a partir del 2 de septiembre de

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Radicación n.° 93257 2007, con el retroactivo pensional, las mesadas adicionales, los reajustes anuales, los intereses moratorios o la indexación de las sumas adeudadas y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 30 de diciembre de 1989 contrajo matrimonio con Alberto Cardona Betancur en la Notaría Única de Bello; que de esa unión nació Juan Camilo Cardona, quien a la fecha de presentación de la demanda era mayor de edad; y que el 2 de septiembre de 2007 su cónyuge falleció por causas de origen común.

Expresó que el causante durante su vida laboral cotizó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones; que el 13 de septiembre de 2007 solicitó a la demandada el otorgamiento de la prestación pensional invocada, la cual fue denegada bajo el argumento que no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso y además porque la demandante no cumplió con el requisito de convivencia. Relató que, en su lugar, a través de la Resolución 02829 de 2008, se le otorgó la indemnización sustitutiva en cuantía de $6.146.404, únicamente al hijo del fallecido, Juan Camilo Cardona Torres. Mencionó que posteriormente, el 16 de agosto de 2016, pidió nuevamente la pensión, la cual fue negada con la Resolución GNR 302016-2016; que contra ese acto administrativo presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos en forma desfavorable a través de las Resoluciones GNR 379980-2016

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Radicación n.° 93257 y VPB3304-2017, por cuanto el afiliado no logró cumplir los requisitos para poder aplicar el principio de la condición más beneficiosa. Indicó que los argumentos esbozados por Colpensiones en la sede administrativa desconocieron la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional en reiteradas decisiones, tales como la CC T719-2014, CC T953-2014 y CC SU442-2016, en las cuales se admitió que es procedente confrontar regímenes jurídicos que no sean «inmediatamente

sucesivos para efectos de aplicar la condición más beneficiosa», en este caso acoger el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad. Finalmente, enunció que su calidad de beneficiaria de la prestación está plenamente demostrada, toda vez que convivió con el causante, al amparo del vínculo matrimonial, hasta el momento de su fallecimiento; que dependía económicamente de su cónyuge y que nunca se separaron. Al dar respuesta a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo conyugal entre el afiliado y la demandante, así como el nacimiento del hijo de dicho matrimonio; la fecha de fallecimiento del señor Cardona Betancur; la reclamación pensional y su respuesta negativa. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban.

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Radicación n.° 93257 En su defensa, advirtió que no había lugar a acceder a la pensión de sobrevivientes, pues el afiliado no sufragó las 50 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 en los tres años anteriores a su muerte y tampoco resultaba aplicable el principio de la condición más beneficiosa, dado que la jurisprudencia desarrollada por la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado que este postulado solo tiene cabida frente a la norma inmediatamente anterior y no respecto de disposiciones históricas, como lo pretende la promotora del litigio. Formuló las excepciones de mérito que denominó

inexistencia de la obligación, inexistencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación de cualquier suma pagada a la demandante y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de enero de 2020, decidió absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas de la instancia a la demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la actora, a través de la sentencia proferida

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Radicación n.° 93257 el 11 de junio de 2021, confirmó en su integridad la decisión del a quo y condenó en costas de la alzada a la impugnante. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el afiliado dejó consolidado el requisito de semanas para obtener la pensión de sobrevivientes, y en caso de resultar afirmativo, definir si la demandante en calidad de cónyuge supérstite, cumplió las exigencias legales para ser beneficiaria de esa prestación. Indicó que a la luz de la norma vigente y aplicable al momento del deceso del asegurado, lo cual ocurrió el 2 de septiembre de 2007, esto es, la Ley 797 de 2003, tal como lo

dedujo con acierto el a quo, se tiene que el causante no dejó consolidada la densidad de semanas, ya que de las 50 exigidas en los tres años previos a su fallecimiento solo alcanzó 38,58, como se desprendía de las múltiples historias laborales anexas al expediente. No obstante, advirtió que esta controversia pensional debía examinarse de cara a los postulados jurisprudenciales desarrollados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, acerca del principio de la condición más beneficiosa, a fin de determinar la viabilidad del derecho invocado. Inicialmente, dijo que la tesis sostenida por la Sala de Casación Laboral, entre otras, en las decisiones CSJ

SL14842-2014, CSJ SL13883-2014, CSJ SL7275-2015, CSJ

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Radicación n.° 93257 SL7205-2015, CSJ SL6362-2015 y CSJ SL6727-2015, se otorgó la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 bajo las prerrogativas del régimen que antecede más favorable a quienes fallecen en vigencia de la Ley 797 de 2003, aclarando que ello solo procedía cuando a la entrada en vigor de la nueva normativa, el trabajador hubiese cumplido con las exigencias de la disposición derogada y que la condición más beneficiosa únicamente puede invocarse respecto del precepto inmediatamente anterior. En ese orden, mencionó que como el afiliado al momento del fallecimiento se encontraba inactivo, debía acreditar 26 semanas cotizadas en el año precedente a la

fecha de su deceso y otras 26 semanas dentro del año que antecede a lo entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2003), para que sea aplicable la Ley 100 de 1993. Indicó que al revisar las historias laborales incorporadas al plenario se encontró que, si bien el afiliado cumplía con el primer presupuesto, esto es, tenía 38,58 semanas cotizadas en el año anterior a su fallecimiento, entre el 2 de septiembre de 2007 y el mismo día y mes de 2006; lo cierto era que no satisfacía las 26 semanas en el año que antecede a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, ya que en dicho periodo no tenía semanas reportadas; de manera que no era posible acudir a la normativa anterior a la luz de la jurisprudencia desarrollada por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral.

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Radicación n.° 93257 De otro lado, manifestó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha edificado una tesis diferente en relación al postulado de la condición más beneficiosa, ya que ha considerado que esta figura puede tener cabida más allá de la disposición anterior, pues, particularmente, desde la sentencia CC SU005-2018 se sostuvo que es dable aplicar, frente a una persona que muerte en vigencia de la Ley 797 de 2003, tanto la Ley 100 de 1993 en su redacción original como el Decreto 758 de 1990 o de otra disposición anterior, siempre y cuando a la fecha de entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral el afiliado acredite una

densidad de 300 semanas cotizadas. Aseveró que al tenor del precedente constitucional mencionado, el cual el Tribunal manifestó que acogía como aplicable al asunto, se tenía que el señor Alberto Cardona Betancur, al fallecer en vigencia de la Ley 797 de 2003, logró acreditar 674,25 semanas en vigor del Decreto 758 de 1990, como se infiere de la historia laboral (f.° 63); situación que, en principio, ubicaban el asunto en el presupuesto de la sentencia de unificación; no obstante, resaltó que la misma Corte Constitucional también estableció un test de procedencia para aplicar la figura de la condición más beneficiosa, siendo necesario que las personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, debiendo acreditar necesariamente las siguientes cinco condiciones: i) pertenecer a un grupo de especial protección o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como: analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza

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Radicación n.° 93257 de familia o desplazamiento; ii) demostrar una afectación directa al mínimo vital y, en consecuencia, a una vida en condiciones dignas; iii) acreditar la dependencia económica del solicitante frente al causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobrevivientes sustituya el ingreso; iv) la existencia de circunstancias de imposibilidad para hacer aportes y reunir la densidad de semanas previstas en el Sistema General de Pensiones; y v) que el accionante o sus beneficiarios hayan tenido una actuación diligente al adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para el

reconocimiento de la prestación. Aseguró que al analizar en su totalidad las exigencias del test de procedencia para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, era dable concluir que en este asunto no se cumplieron a cabalidad los presupuestos segundo y tercero, dado que la promotora del litigio no demostró una afectación directa al mínimo vital y tampoco acreditó la dependencia económica frente al causante; lo cual resultaba suficiente para negar el derecho. Bajo esos argumentos, confirmó la decisión del a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque íntegramente el fallo dictado por el a quo y acceda a las pretensiones incoadas en la demanda inaugural.

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales no están replicados y se estudiará, por cuestiones de método, inicialmente el segundo ataque, con el que se persigue la aplicación del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y, en caso de ser necesario, se analizarán los cargos primero y tercero, que persiguen la aplicación de la sentencia CC SU05-2018.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley

sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas: […] del parágrafo primero del artículo 46 de la Ley 100 de 1997 (SIC) (reformado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003), en relación con los artículos 6, 25, 26 y 27 del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990); artículos 2, 3, 11, 13, 47, 141, 272, 288 de la Ley 100 de 1993; artículos 19 y 21 del C.S.L.; artículo 48, 53 y 83 de la Carta Política. Sostiene que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

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1. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecido era beneficiario del régimen de transición pensional por tener más de 40 años de edad en abril de 1994.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el causante cotizó 500 semanas en los 20 años anteriores a la muerte.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecido dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes de la demandante según la Ley 797 de 2003.

Enlista como pruebas indebidamente apreciadas las siguientes: - Registro de matrimonio. Folio 21. En los datos del contrayente se indica como fecha de nacimiento el 17 de abril de 1951, hecho registrado en el Tomo 12, folio 468 de la Notaría Única de Bello. - Resolución 028299 de 2008. Folios 28. Expedida por el ISS.

Expresamente indica que en la entidad demandada reposa el registro civil de nacimiento del fallecido: “Así mismo, obra Registro Civil de Nacimiento en el cual consta que nació el 17 de abril de 1951. - Resolución GNR270804 de 2013. Folios 31. Indica la fecha de nacimiento del causante. - Resolución GNR302016 de 2015. Folios 41. Indica la fecha de nacimiento del causante. - Historia laboral de agosto de 2016. Folio 63. Indica la fecha de nacimiento del causante. - Historia laboral. Folio 97, 98 y 99. Indica la fecha de nacimiento del causante. - Historia laboral. Folio 100. Indica la fecha de nacimiento del causante. Y como medio de convicción no apreciado denuncia la copia de la cédula de ciudadanía del afiliado (f.° 19), que acredita que nació el 17 de abril de 1951.

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Radicación n.° 93257 En el desarrollo del ataque, la censura plantea que los medios de prueba enumerados en la acusación, cuya autenticidad no tiene duda, coinciden en demostrar que el causante Alberto Cardona Betancur nació el 17 de abril de 1951, lo que significa que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, para el 1 de abril de 1994, tenía cumplidos 42 años de edad y tal presupuesto lo hacía beneficiario del régimen de transición en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Aduce que como consecuencia de ello tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990 para efectos de definir su pensión de vejez, en virtud de la norma transicional desarrollada por la Ley 100 de 1993; lo que significa que podía configurarse el derecho pensional con 500 semanas en los 20 años anteriores al óbito. Destaca que tal circunstancia tenía gran relevancia en este asunto, pues de haber apreciado correctamente los documentos mencionados, el juez plural habría concluido que el afiliado, al ser beneficiario del régimen de transición y al haber cumplido con los requisitos de semanas exigido por la norma aplicable para la pensión de vejez, dejó causado el derecho a la prestación de sobrevivientes al tenor del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en razón a que sufragó más de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores a su deceso, tal como lo exigía el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad.

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Radicación n.° 93257 Por lo expuesto, dijo que debía casarse la sentencia impugnada.

VII. CONSIDERACIONES Como quedó visto al historiar el proceso, el Tribunal decidió confirmar la sentencia absolutoria del a quo, al considerar que en este asunto no se cumplieron los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes, por las siguientes razones: (i) el causante no dejó cotizadas 50 semanas en los tres años que anteceden a su muerte, que se produjo el 2 de septiembre de 2007, exigidas por la norma

aplicable, la Ley 797 de 2003; (ii) tampoco se reunieron las previsiones para poder acoger la denominada condición más beneficiosa, ello conforme al criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, dado que si bien el afiliado tenía las 26 semanas que prevé el precepto inmediatamente anterior, esto es, la Ley 100 de 1993, por contar en el último año con 38,58, lo cierto era que, no sufragó un número igual de aportes (26 semanas) en el año que precede a la vigencia de la citada Ley 797 de 2003; y (iii) no era posible tomar lo adoctrinado por la Corte Constitucional en la decisión CC SU005-2018, que alude a un test de razonabilidad, toda vez que la solicitante no lo aprobó satisfactoriamente. En este cargo, orientado por la senda de los hechos, la censura afirma que el colegiado incurrió en un error fáctico, al no haber advertido que de la valoración de las historias laborales; los actos administrativos expedidos por el ISS, hoy Colpensiones; y los documentos de identificación del afiliado;

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Radicación n.° 93257 estaban acreditados los presupuestos del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual establece el otorgamiento de una pensión de sobrevivientes cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo para vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida– RPM. Así las cosas, la controversia que debe resolver la Corte

en este asunto, consiste en determinar si el Tribunal, desde el punto de vista fáctico, se equivocó al no aplicar el aludido parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dado que, en decir de la censura, las pruebas enlistadas en el ataque demuestran que el fallecido dejó acreditados los requisitos exigidos en dicha disposición. Si bien la acusación está encaminada por la vía de los hechos, la recurrente no expone inconformidad frente a las siguientes conclusiones probatorias obtenidas por el Tribunal: i) que la demandante Luz Elena Torres Montoya y Alberto Cardona Betancur contrajeron matrimonio el 30 de diciembre de 1989 (f.° 21); ii) que su cónyuge murió el 2 de septiembre de 2007; iii) que aquel estaba afiliado a Colpensiones; y iv) que en los tres años anteriores a su fallecimiento había cotizado 38,58 semanas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte debe comenzar por advertir que como el deceso del señor Cardona Betancur se produjo el 2 de septiembre de 2007, momento para el cual se encontraba en vigencia la Ley 797 de 2003, tal como lo dedujo el ad quem, es bajo esa disposición que se impone

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Radicación n.° 93257 definir el reconocimiento de la prestación pensional de sobrevivientes reclamada por Luz Elena Torres Montoya; lo que significa que sí resulta procedente el estudio del invocado parágrafo 1 del artículo 12 ibidem. Acorde con lo dicho, cabe señalar que, si bien el fallador

de alzada se ocupó de establecer de cara a la norma aplicable el cumplimiento o no del requiso de las 50 semanas en los tres años que anteceden al fallecimiento, no reparó en lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 12 de la citada Ley 797 de 2003, que reza: PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. Entonces, allí se consagra que tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes el afiliado que hubiera cotizado el número de semanas mínimo para la pensión de vejez y que no hubiera recibido la indemnización sustitutiva de esa prestación o la devolución de saldos, y que en caso de encontrarse satisfechos estos requisitos, el monto de la mesada sería equivalente al 80% del que habría correspondido por vejez al afiliado. En ese orden, para acceder a la pensión de

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sobrevivientes, bajo la hipótesis del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la Sala examinará, según los medios de convicción denunciados en el ataque, si en este asunto se cumplen los presupuestos referidos. Pues bien, para efectos de definir el primer punto de análisis, es decir, el número de semanas mínimo requerido para la pensión de vejez, resulta necesario establecer cuál es el régimen pensional que cobijaba al causante en materia de vejez. De acuerdo con la fotocopia de la cédula de ciudadanía aportada al plenario (f.° 19), el señor Alberto Cardona Betancur nació el 17 de abril de 1951, de manera que para el 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía 43 años de edad; lo que significa que era beneficiario del régimen de transición y, por tanto, a la fecha de su muerte, que acaeció el 2 de septiembre de 2007, aun lo cobijaba el régimen anterior a la expedición de la Ley 100 de 1993, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. En las Resoluciones 028299 de 2008, GNR 2708042013, GNR270804-2013 y GNR302016-2015, el ISS, hoy Colpensiones, al examinar en la sede administrativa las solicitudes pensionales, ratificó y aceptó que el causante se afilió al RPM a partir del 31 de marzo de 1981 y cotizó en forma continua a esa administradora, presupuesto que, sumado a que ostentaba la calidad de beneficiario de la

transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de

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Radicación n.° 93257 1993, hacía aplicable para el riesgo de vejez las previsiones del Acuerdo 049 de 1990. Aquí es importante recordar que la Sala ha establecido que el número mínimo de semanas que a alude el referido parágrafo 1, cuando el finado sea beneficiario de la transición pensional, será el que corresponda al régimen al cual se encontraba afiliado a 1 de abril de 1994, en este caso, el Acuerdo 049 de 1990. Así se estimó desde la sentencia CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 42628, en la cual se precisó: Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003. Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1 de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 049 de 1990, en particular

su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional. (Subraya la Sala). En tales condiciones, se pasa a verificar si el difunto alcanzó el número mínimo de semanas para causar una pensión de vejez, al tenor del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que exige acreditar 1000 semanas en toda la vida

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Radicación n.° 93257 laboral o, en su defecto, 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; todo ello con miras a obtener la prestación de sobrevivientes reclamada por su cónyuge supérstite al amparo del mencionado parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Para tal efecto y al valorar las historias laborales denunciadas (f.° 63 y 97 a 100), se observa que el afiliado en toda su vida laboral cotizó 840,29 semanas, de manera que, si bien no cumplió con el primer presupuesto de las 1000 en toda su vida, sí se ubicó en el segundo escenario normativo, dado que, en los 20 años previos a su muerte, esto es, entre el 2 de septiembre de 1987 y el mismo día y mes de 2007,

sufragó 510 semanas, superando las 500 exigidas, tal como se detalla a continuación:

FECHAS N° N°

EMPLEADOR DESDE HASTA DIAS SEMANAS OP TICA UNIVERSAL Y C 31/03/1981 9/04/1987 2.201 314,43

OPTICA UNIVERSAL Y C 14/05/1987 1/09/1987 111 15,86

OPTICA UNIVERSAL Y C 2/09/1987 31/12/1994 2.678 382,57

OPTICA UNIVERSAL Y C 1/01/1995 31/12/1995 360 51,43

OPTICA UNIVERSAL Y C 1/01/1996 31/07/1996 210 30,00 - 1/08/1996 10/10/1996 0 0,00 510,00 Semanas OPTICA UNIVERSAL Y C 11/10/1996 31/12/1996 80 11,43 En los 20 años - 1/01/1997 31/12/2006 0 0,00 anteriores a la ALBERTO CARDONA BETANCUR 1/01/2007 31/01/2007 30 4,29 muerte.

ALBERT O CARDONA BETANCUR 1/02/2007 2/09/2007 212 30,29

ALBERTO CARDONA BETANCUR 3/09/2007 30/09/2007 - -

TOTAL SEMANAS COTIZADAS 840,29

Acorde con ello, las pruebas enlistadas en el ataque dejan al descubierto que el causante dejó acreditado el número de semanas requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación DefinidaRPM, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990; es por esto que se cumple con el

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Radicación n.° 93257 primer presupuesto para dar aplicación al invocado parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. De otro lado, referente a la exigencia para acceder a la prestación de sobrevivientes de no haber «tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley», debe indicarse que tal situación no ocurrió en el sub lite, pues el afiliado falleció con antelación al cumplimiento de la edad mínima que se exigía para obtener la pensión de vejez, dado que para la fecha de su deceso contaba apenas con 56 años, de allí que no pudo haber tramitado la aludida «indemnización sustitutiva de la pensión de vejez». En todo caso, la Sala considera necesario destacar que el hecho de que a uno de los causahabientes, al hijo menor para la época, se le hubiera otorgado la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, según Resolución 028299 de 2008 (f°.28 y 29), no impide acceder al derecho reclamado judicialmente por la cónyuge, en primer lugar, porque la misma le fue negada a la hoy demandante y, en segundo término, porque dicho parágrafo se refiere a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y no a la de sobrevivientes. Así se explicó en sentencia CSJ SL9484-2017, reiterada recientemente por esta Sala en la decisión CSJ SL373-2023, en la que se dijo: Para negar la prosperidad del cargo basta con advertir que el

parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 establece que

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Radicación n.° 93257 no será posible conceder la pensión de sobrevivientes, bajo sus especiales reglas, cuando se hubiera «…tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley…», lo que nunca sucedió en este preciso caso, en el que, como lo reconoce el propio censor, lo que se verificó fue el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes (fol. 12 y 13). Ahora bien, admitir una tesis como la que sugiere el censor, en virtud de la cual el reconocimiento formal de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes impide el pago de la pensión a los beneficiarios, haría totalmente nugatoria la garantía establecida en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues le bastaría a la entidad de seguridad social con negar el otorgamiento de la pensión y conceder su indemnización sustitutiva, para que ya no procediera su pago, lo que no puede ser admisible para la Sala, ya que la prestación en discusión no puede quedar sometida al mero arbitrio de las entidades pagadoras. (Subrayas propias del texto y negrilla de la Sala). Por todo lo expresado se infiere que el ad quem, a pesar de acertar en la norma vigente para el momento del óbito, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, incurrió en el

yerro denunciado, al valorar erradamente las pruebas acusadas, que lo llevó a no examinar el parágrafo primero de la misma disposición, dado que no verificó si el causante había cumplido con las exigencias establecidas para la pensión de vejez del RPM, que abriera el camino para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación de sobrevivientes, pese a no tener las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores al deceso. De suerte que el cargo prospera. Dadas las resultas de esta acusación, la Sala se abstiene de examinar los cargos primero y tercero, por

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Radicación n.° 93257 cuanto los mismos persiguen igual cometido, esto es, quebrar la sentencia impugnada, lo que se logra con la acusación que se acaba de estudiar. En consecuencia, habrá de casarse la sentencia impugnada, sin costas en casación.

VIII. SENTENCIA DE INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, con fallo del 23 de enero de 2020, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas de la instancia a la demandante.

Para arribar a esa decisión, el a quo estimó que en este asunto el causante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por tanto, la pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge demandante se podía definir conforme lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, pues adujo que era

viable aplicar la tesis de favorabilidad desarrollada por la Corte Constitucional al amparo del artículo 53 de la CP y, como quiera que el afiliado tenía más de 300 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994, el derecho invocado estaba acorde a los reglamentos del ISS. Sin embargo, el fallador de primer grado advirtió que lo precedente no conducía necesariamente a proferir un fallo favorable a la promotora del litigio, toda vez que al analizar los t